LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rosario Perales v. Departamento de Corrección y Rehabilitación

2025 TSPR 145

Poder Judicial de Puerto Rico

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Rosario Perales v. Departamento de Corrección y Rehabilitación

MC-2025-0048

19 de diciembre de 2025 · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Ángel Rosario Perales

Peticionario

2025 TSPR 145

v.

217 DPR ___

Departamento de Corrección y

Rehabilitación

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

MC-2025-0048

19 de diciembre de 2025

Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Ángel Rosario Perales

Peticionario

v.

MC-2025-0048

Departamento de Corrección y

Rehabilitación

Recurrido

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2025.

Examinado el escrito presentado por el Sr. Miguel Ángel

Rosario Perales, se declara no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

emitió un Voto particular disidente al cual se unieron la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor

Colón Pérez. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió

la siguiente expresión a las que se une la Jueza Asociada

señora Pabón Charneco:

El Art. 11 del Plan de Reorganización Núm.

2-2011, conocido como el Plan de Reorganización

del Departamento de Corrección y Rehabilitación,

según enmendado por la Ley Núm. 66-2022, 3 LPRA

Ap. XVIII, es bien claro al establecer que las

personas

elegibles

a

las

bonificaciones

dispuestas allí son las que estén "disfrutando

de libertad bajo palabra..." y no a las que en

el pasado la disfrutaron pero perdieron el

beneficio. El texto de la ley es diáfano. No es

necesario que este Tribunal repita o aclare lo

que la ley dispone expresamente. Tampoco podemos

cambiar su significado. El peticionario nunca ha

aclarado cuándo disfrutó del beneficio de la

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2

libertad bajo palabra, pero sí afirma que al

presente está encarcelado cumpliendo una condena

de 99 años de prisión. Eso le da derecho a

bonificaciones conforme a la Ley Núm. 27-1989 y

no a las dispuestas en la Ley Núm. 66-2022. Eso

fue lo que el Departamento de Corrección y

Rehabilitación resolvió y lo que luego confirmó

el Tribunal de Apelaciones. Por eso, voto para

denegar la expedición del auto de certiorari.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Miguel Ángel Rosario

Perales

Peticionario

v.

MC-2025-0048

Departamento de Corrección

y Rehabilitación

Recurrido

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado

Señor ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se unen la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2025.

A pesar de este mandato expreso de la

Asamblea Legislativa en torno a que los

convictos

que

estén

disfrutando

de

libertad

bajo

palabra

también

son

acreedores de las bonificaciones, estas

no

se

están

concediendo.

Según

información que ha trascendido, esto es

así al haberse interpretado por la Rama

Ejecutiva que los programas son distintos

y mutuamente excluyentes. Además, se ha

manifestado que existe un asunto de

carácter administrativo que hasta el

presente ha impedido que se concedan las

referidas bonificaciones: que la Junta de

Libertad Bajo Palabra no tiene dentro su

estructura

administrativa

comités

de

clasificación y tratamiento como existen

en las instituciones correccionales.

.

.

.

.

.

.

.

.

Entender lo contrario no solo es un

absurdo, pues quien puede lo más puede lo

menos, sino que también impide reducir

eficientemente

los

gastos

por

confinamiento.

Si

una

persona

está

disfrutando del privilegio de libertad

bajo palabra es porque ha cumplido con

todos los requisitos exigidos para ello y

con las condiciones dispuestas en su

mandato de liberación. Es insostenible

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2

que muchos convictos prefieran quedarse

recluidos dentro de alguna institución

correccional en lugar de extinguir su

sentencia en la libre comunidad, buscando

su máxima rehabilitación, solo por razón

de poder extinguir más rápido su sentencia

haciendo

uso

del

mecanismo

de

las

bonificaciones. Exposición de motivos de

la Ley Núm. 66-2022. (Negrilla suplida).

En esta ocasión, este Tribunal tuvo la oportunidad de

atender las divergencias interpretativas que existen entre

los

foros

jurídica

administrativos

y

la

sociedad

y

en

judiciales,

la

general,

torno

en

comunidad

a

las

disposiciones relacionadas con las bonificaciones a las

rebajas

de

sentencia

de

una

persona

que

se

encuentra

confinada al amparo del Plan de Reorganización Núm. 2-2011,

infra,

y

sus

particular,

la

respectivas

enmiendas.

interpretación

de

la

Ello

Ley

incluía,

Núm.

en

87-2020,

infra, así como de la Ley Núm. 66-2022, infra; esta última

ley,

en

lo

concerniente

a

la

aplicación

de

tales

bonificaciones a las personas que participan del Programa

de Libertad Bajo Palabra.

Nos encontramos, por tanto, ante un asunto de estricto

derecho que exige aclarar el marco normativo aplicable y

así evitar inconsistencias en su futura aplicación. No

obstante, una mayoría de este Tribunal decidió no expedir

el recurso de epígrafe. Al no estar de acuerdo con ese curso

de acción, respetuosamente disiento.

Con este breve trasfondo, procedo a exponer los hechos

procesales que enmarcan la controversia.

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3

I

Como trasfondo del asunto ante nuestra consideración,

el 3 de abril de 2024, el Sr. Miguel Ángel Rosario Perales

(señor Rosario Perales o peticionario) presentó ante el

Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR o parte

recurrida) una solicitud de remedio administrativo para que

se le aplicaran las bonificaciones de rebaja de sentencia

que, a su entender, le corresponden al amparo de la Ley

Núm. 66-2022, infra, por el tiempo en el que estuvo en el

Programa de Libertad Bajo Palabra, al considerar que estas

no

se

les

adjudicaron

en

su

hoja

de

liquidación

de

sentencia.

En respuesta, el DCR determinó que, de acuerdo con la

Ley

Núm.

66-2022,

infra,

las

personas

convictas

que

disfrutan de los beneficios concedidos por la Junta de

Libertad Bajo Palabra (JLBP) tienen el derecho a recibir

las

bonificaciones

establecidas

por

concepto

de

buena

conducta, asiduidad, trabajo, estudio, entre otros. Señaló,

además,

que

estas

bonificaciones

serían

aplicables

retroactivamente a toda convicción emitida bajo la vigencia

de cualquier Código Penal, así como bajo leyes especiales,

en beneficio de la población liberada por la JLBP. A tales

efectos, concluyó que, como el peticionario no cumplió con

el requisito de encontrarse en libertad bajo palabra, no

era elegible para recibir las bonificaciones que dispone

la Ley Núm. 66-2022, infra, y que, en su lugar, se le

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aplicarían

4

aquellas

previstas

en

la

Ley

Núm.

27-1989,

infra.

Inconforme con esta determinación, el señor Rosario

Perales

acudió

recurso

de

al

Tribunal

revisión

de

judicial

Apelaciones

mediante

un

en

reiteró

los

el

cual

planteamientos que presentó ante el DCR.

De

igual

manera,

el

foro

apelativo

intermedio

determinó que el peticionario es elegible para recibir las

bonificaciones por buena conducta bajo la Ley Núm. 27-1989,

infra, no bajo la Ley Núm. 66-2022, infra. Fundamentó que

esta

última

disposición

legal

no

constituye

una

bonificación adicional a las ya concedidas a través del

Plan

de

Reorganización

Núm.

2-2011,

infra.

Por

el

contrario, precisó que la Ley Núm. 66-2022, infra, es una

enmienda de carácter aclaratorio al Plan de Reorganización

Núm.

2-2011,

infra,

con

el

fin

de

reconocer

que

sus

beneficios también aplican a las personas que disfrutan de

libertad bajo palabra. Por tales fundamentos, confirmó el

dictamen del DCR.

En

ese

contexto,

el

4

de

agosto

de

2025,

el

peticionario presentó, por derecho propio, una petición de

Certiorari ante este Tribunal. En síntesis, alegó que el

DCR no tomó en consideración que desde el 1980 cumple una

sentencia de noventa y nueve (99) años de cárcel impuesta

bajo el Código Penal de 1974, y que resulta evidente que

la Ley Núm. 66-2022, infra, le es aplicable de forma

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5

retroactiva. Además, argumentó que, conforme al principio

de favorabilidad, esta ley le aplica, por entrar en vigor

luego de los hechos que dieron lugar a su condena y serle

favorable.

Por todo ello, el señor Rosario Perales solicitó que

se le ordenara a la parte recurrida bonificarle el tiempo

que

estuvo

en

libertad

bajo

palabra.

Sin

embargo,

su

petición de Certiorari fue denegada por una mayoría de este

Tribunal.

Como señalé previamente, al no coincidir con el curso

de

acción

adoptado

por

este

Tribunal,

respetuosamente

disiento. A mi juicio, correspondía expedir el presente

recurso y atender un asunto de estricto derecho. Veamos.

II

En

cuanto

importante

a

la

mencionar,

Reorganización

Núm.

Reorganización

del

controversia

en

primer

2-2011,

de

término,

conocido

Departamento

autos,

el

Plan

de

el

Plan

de

Corrección

y

como

de

resulta

Rehabilitación, 3 LPRA, Ap. XVIII et seq. En esencia, esta

disposición legal constituye la nueva ley orgánica vigente

del DCR. Mientras tanto, la Ley Núm. 27-1989, 4 LPRA ant.

secs. 1161-1162, a la que hacen referencia tanto la parte

recurrida

como

el

Tribunal

de

Apelaciones

en

sus

respectivos dictámenes, consistió en una enmienda a la

anterior ley orgánica del DCR del año 1974, la cual estuvo

vigente hasta el 2011: la Ley Núm. 116 de 22 de julio de

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6

1974, anteriormente conocida como la Ley Orgánica de la

Administración de Corrección, 4 LPRA ant. sec. 1101 et seq.

(derogada).

El

Plan

de

Reorganización

Núm.

2-2011,

supra,

establece, entre otras cosas, el modo en que deben aplicarse

las

bonificaciones

asiduidad,

trabajo,

por

concepto

estudio

y

de

buena

otros

conducta,

servicios

a

la

población correccional de Puerto Rico. A continuación,

procedo a analizar las disposiciones legales que resultan

pertinentes al asunto bajo consideración.

En

lo

aquí

material,

el

Art.

11

del

Plan

de

Reorganización Núm. 2-2011, supra, contempla lo siguiente

en relación con las bonificaciones por buena conducta y

asiduidad:

Toda persona sentenciada a cumplir término de

reclusión en cualquier institución, antes de la

vigencia del Código Penal de Puerto Rico de

2004, que esté disfrutando de un permiso

concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan

o que se encuentre recluida en cualquier

entidad gubernamental o privada como parte de

un programa de rehabilitación, o disfrutando de

libertad bajo palabra concedida por la Junta de

Libertad Bajo Palabra, y que observare buena

conducta y asiduidad, tendrá derecho a las

siguientes rebajas del término de su sentencia,

las cuales se computarán desde su admisión a la

institución de que se trate o desde que se

concede la libertad bajo palabra:

[…]

(b) por una sentencia de 15 años o más, 13 días

por cada mes.

[…]

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Toda persona sentenciada a cumplir término de

reclusión

en

cualquier

institución,

con

posterioridad a la vigencia del Código Penal de

Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un

permiso concedido a tenor con lo dispuesto en

este Plan, o que se encuentre recluida en

cualquier entidad gubernamental o privada como

parte de un programa de rehabilitación, que

observare buena conducta y asiduidad, tendrá

derecho a las siguientes rebajas del término de

su sentencia, las cuales se computarán desde su

admisión a la institución de que se trate:

(d) por una sentencia de 15 años o más, 7 días

por cada mes.

[…]

Se excluye de las bonificaciones que establece

este Artículo toda condena que apareje pena de

reclusión de noventa y nueve (99) años…

conforme establecen el Código Penal de 1974, de

2004 y el Código Penal vigente, la condena

impuesta en defecto del pago de una multa y

aquella que deba cumplirse en años naturales.

Toda persona sentenciada a cumplir término de

reclusión de noventa y nueve (99) antes del día

20 de julio de 1989… conforme al Código Penal

derogado, será bonificado como lo estipula el

inciso (b) de este Artículo…

[…]

Queda excluida de los abonos que establece este

Artículo,

toda

convicción

por

[delitos

sexuales]… según han sido tipificados en el

Código Penal de Puerto Rico.

Las

rebajas

de

términos

de

sentencias

dispuestas en este Artículo por buena conducta

y

asiduidad,

aplicarán

a

toda

persona

sentenciada a cumplir término de reclusión bajo

cualquier Código Penal de Puerto Rico o delito

cometido bajo cualquier ley penal especial que

en

sus

disposiciones

no

las

excluya,

independientemente se encuentre dentro de una

institución correccional o esté cumpliendo el

restante de su sentencia de reclusión a través

de un permiso concedido a tenor con lo

dispuesto en este Plan o que se encuentre

recluida en cualquier entidad gubernamental o

7

MC-2025-0048

8

privada

como

parte

de

un

programa

de

rehabilitación o se encuentre disfrutando de

libertad bajo palabra.

[…] (Negrilla suplida). Art. 11 del Plan de

Reorganización Núm. 2-2011, supra.

Por su parte, el Art. 12 del Plan de Reorganización

Núm.

2-2011, supra,

regula

la

aplicación

de

las

bonificaciones por trabajo, estudio y otros servicios,

disponiendo expresamente que:

A toda persona sentenciada a cumplir pena de

reclusión por hechos cometidos con anterioridad

o bajo la vigencia del Código Penal de Puerto

Rico vigente, en adición a las bonificaciones

autorizadas en el Artículo anterior, el

Secretario o el Presidente de la Junta de

Libertad Bajo Palabra, según aplique, podrán

conceder bonificaciones a razón de no más de 5

días por cada mes en que el integrante de la

población correccional o liberado por la Junta

de Libertad Bajo Palabra esté empleado en

alguna industria o que esté realizando estudios

como parte de un plan institucional, bien sea

en la libre comunidad o en el establecimiento

penal donde cumple su sentencia, y preste

servicio a la institución correccional durante

el primer año de reclusión. Por cada año

subsiguiente, podrá abonarse hasta 7 días por

cada mes.

[…] (Negrilla suplida). Art. 12 del Plan de

Reorganización Núm. 2-2011, 3 LPRA, Ap. XVIII,

Art. 12.

De acuerdo con lo antes citado, del Art. 11 del Plan

de Reorganización Núm. 2-2011, supra, se desprende que las

bonificaciones por buena conducta aplican a toda aquella

persona que: (1) haya sido sentenciada a un término de

reclusión antes o después de la vigencia del Código Penal

de 2004 —es decir, esencialmente, a cualquier persona que

esté cumpliendo condena de cárcel bajo cualquier código

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penal—;

(2)

9

se

encuentre

disfrutando

de

un

permiso

concedido con arreglo al Plan de Reorganización Núm. 2-2011

o se encuentre recluida en una institución gubernamental o

privada como parte de un programa de rehabilitación o se

encuentre disfrutando de libertad bajo palabra concedida

por la JLBP; y (3) mantenga buena conducta y asiduidad.

Bajo estas condiciones, la persona tiene derecho a recibir

rebajas en el término de su sentencia.

Ahora bien, al examinar el historial de enmiendas al

Art. 11 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra,

resulta especialmente relevante la Ley Núm. 87-2020, 3

LPRA, Ap. XVIII, Art. 11. Esta disposición legal enmendó

el Art. 11 con el propósito de “extenderle a toda la

población penal de Puerto Rico, sin considerar el Código

Penal bajo el cual fueron sentenciados y cumplen condena,

la oportunidad de recibir las bonificaciones por buena

conducta

y

asiduidad,

sujeto

a

las

excepciones

y

porcentajes de acumulación preceptuados en dicho Artículo”.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 87-2020, supra.1

En concreto, la Exposición de motivos de la Ley Núm.

87-2020, supra, precisa que, en materia de bonificaciones,

coexistían en nuestras instituciones penales dos categorías

de personas condenadas: (a) aquellas sentenciadas bajo el

Código

Penal

de

1974,

quienes

tienen

derecho

a

bonificaciones por buena conducta y asiduidad; y (b)

aquellas sentenciadas bajo los Códigos Penales de 2004 y

2012, quienes no contaban con ese derecho. Con el propósito

de fomentar la rehabilitación de las personas privadas de

libertad y de evitar un trato desigual en nuestras

instituciones carcelarias, se aprobó la referida ley.

1

MC-2025-0048

10

En la misma línea, cabe destacar la Ley Núm. 66-2022,

3 LPRA, Ap. XVIII, Arts. 3, 11 y 12, la cual enmendó

nuevamente el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra,

para

aclarar

que

todo

tipo

de

bonificaciones

también

aplican a las personas sentenciadas que se encuentran en

libertad bajo palabra. Específicamente, el propósito de

esta ley fue enmendar los Arts. 3, 11 y 12 del Plan de

Reorganización Núm. 2-2011, supra, a fin de aclarar su

redacción y eliminar cualquier duda de que las personas

convictas que estén disfrutando de los beneficios otorgados

por

la

JLBP

también

tienen

derecho

a

recibir

las

bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta,

asiduidad, trabajo, estudio y otros servicios.2

A modo de resumen, la Ley Núm. 87-2020, supra, dispuso

que las bonificaciones por buena conducta son aplicables a

toda persona sentenciada bajo cualquier código penal, salvo

las exclusiones expresamente establecidas, con el fin de

garantizar un trato uniforme a la población correccional y

extender los beneficios de buena conducta sin distinción

del código penal aplicable. Posteriormente, la Ley Núm. 662022, supra,

incluyendo

precisó

las

y

aclaró

bonificaciones

que

por

este

trabajo

beneficio,

y

estudio,

también aplica a las personas que se encuentran en libertad

De lo consignado en la Exposición de motivos de la

Ley Núm. 66-2022, supra, las bonificaciones por buena

conducta no se les estaban otorgando a las personas en

libertad bajo palabra, razón por la cual se introdujo esta

enmienda.

2

MC-2025-0048

11

bajo palabra, para asegurar que quienes cumplen con los

requisitos del Programa de Libertad Bajo Palabra tengan

derecho

a

los

mismos

beneficios

que

las

personas

internamente recluidas en una institución carcelaria, en

consonancia

con

los

fines

de

rehabilitación

social

previstos en el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra.

En consecuencia, con estas enmiendas, los Arts. 11 y

12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, se leen

actualmente

según

los

textos

citados

y

debieron

ser

interpretados conforme al mandato legislativo.

III

Del análisis de los hechos de este caso se desprende

que el peticionario, desde 1980, fue sentenciado a cumplir

una pena de reclusión de noventa y nueve (99) años bajo el

Código Penal de 1974. Por consiguiente, y considerando la

totalidad del Art. 11 del Plan de Reorganización Núm. 22011, supra, junto con sus enmiendas, todo apunta que le

resulta aplicable el inciso (b) de ese artículo. En atención

a ello, satisface el primer requisito, esto es, haber sido

sentenciado antes de la vigencia del Código Penal de 2004

y, en su caso, antes del 20 de julio de 1989.3

En

encuentra

segundo

lugar,

recluido

en

el

la

señor

Rosario

institución

Perales

se

correccional

de

Guayama, por lo que cumple con el requisito de estar en una

De los documentos ante nos, no se desprende que el

peticionario haya sido convicto por un delito excluyente.

3

MC-2025-0048

12

institución gubernamental. No obstante, sería necesario

evaluar si, durante su permanencia en ese lugar, participó

en algún programa de rehabilitación, o si ha estado en

libertad bajo palabra concedida por la JLBP, según nos

afirma. Adviértase que el Programa de Libertad Bajo Palabra

no constituye el único programa de rehabilitación; es uno

entre

varios,

ya

que

dentro

del

sistema

correccional

existen otros. Ahora bien, lo que variará será la cantidad

de días a abonarse, según el año del Código Penal aplicable.

Por

último,

también

habría

mantenido

buena

conducta.

De

cumplirse

requisitos,

a

entender,

le

serían

mi

bonificaciones

por

buena

que

conducta

examinar

si

con

ha

estos

aplicables

las

del

de

Plan

Reorganización Núm. 2-2011, supra.

Nótese que se privó al peticionario de constatar si

cumplió

con

los

mencionados

requisitos,

dado

que

la

negativa del DCR obedeció a una interpretación sobre la

aplicabilidad de los estatutos y no a un incumplimiento con

algún requisito específico. Como cuestión de hecho, en

respuesta a la petición del señor Rosario Perales de que

se

le

adjudicaran

las

bonificaciones

a

su

hoja

de

liquidación de sentencia, el DCR concluyó que, al no cumplir

con el requisito de encontrarse en libertad bajo palabra,

no era elegible para recibir las bonificaciones que dispone

la Ley Núm. 66-2022, supra, y que, en su lugar, se le

aplicarían las previstas en la Ley Núm. 27-1989, supra.

MC-2025-0048

13

Por demás, el penúltimo párrafo del Art. 11, supra, es

claro y resume lo dispuesto desde el inicio del artículo,

al señalar que “las rebajas de términos de sentencias

dispuestas en este Artículo por buena conducta y asiduidad

aplicarán a toda persona sentenciada a cumplir término de

reclusión bajo cualquier Código Penal de Puerto Rico”.

(Subrayado suplido). De igual forma, el Art. 12, relativo

a las bonificaciones por trabajo y estudio, resulta aún más

claro.

Por lo anterior, soy del criterio de que todo tipo de

bonificaciones aplican a todas las personas confinadas,

independientemente del Código Penal bajo el cual hayan sido

sentenciadas, sin que sea obligatorio ni necesario que se

encuentren en libertad bajo palabra concedida por la JLBP,

como

parece

sugerir

la

Sentencia

del

Tribunal

de

Apelaciones. Claro está, la eventual concesión dependerá

de que se cumplan los demás requisitos. Ante ese cuadro,

debimos pautar la controversia de derecho traída ante nos

por el peticionario y devolver al foro administrativo.

En igual sentido, nótese que tanto el DCR como el

Tribunal de Apelaciones se remitieron a la Ley Núm. 271989, supra, en sus respectivos dictámenes. Asimismo, no

estimo correcto que la parte recurrida afirmara que las

bonificaciones aplicadas al peticionario se concedieron

conforme a la precitada ley ya que, a mi juicio, lo correcto

era remitirse y aplicar únicamente lo dispuesto en los Arts.

MC-2025-0048

14

11 y 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, por

ser estas las disposiciones legales vigentes. En efecto,

opino que ni siquiera cabe citar como marco normativo

aplicable

la

Ley

Núm.

27-1989,

supra,

por

encontrarse

derogada, y porque los Arts. 11 y 12 del Plan Núm. 2-2011,

supra,

regulan

expresamente

la

aplicación

de

las

bonificaciones a toda la población correccional en Puerto

Rico desde su entrada en vigor.

Por último, considero acertado lo expresado por el

Tribunal de Apelaciones en su Sentencia sobre el caso de

epígrafe,

respecto

a

que

la

Ley

Núm.

66-2022,

supra,

constituye una ley aclaratoria. Especialmente, me resulta

correcta su afirmación en los términos siguientes:

Más bien, la Ley Núm. 66-2022 es una enmienda

aclaratoria al Plan Núm. 2-2011 con el fin de

reconocer y acreditar que sus beneficios

también aplican a personas que disfrutan de

libertad bajo palabra. (Negrilla suplida).

Véase Sentencia del caso identificado como

KLRA202500198.

Sin

embargo,

bonificaciones

resulta

no

preocupante

aplican

al

concluir

que

las

peticionario

bajo

el

fundamento de que no se encuentra en libertad bajo palabra,

cuando esa disposición legal es, en realidad, una ley

aclaratoria que no descarta lo siguiente, según adelanté:

las bonificaciones proceden independientemente de no haber

estado en libertad bajo palabra, siempre que la persona

cumpla con los demás requisitos. Estos incluyen participar

en algún programa de rehabilitación provisto por el propio

MC-2025-0048

15

DCR, mantener buen comportamiento y trabajar o estudiar.

Además, de haber estado el peticionario en libertad bajo

palabra concedida por la JLBP, como asegura, le aplicarían

las bonificaciones por el período en que estuvo en libertad.

Finalmente,

bonificaciones

las

son

un

controversias

asunto

en

torno

recurrente

que

a

estas

muestra

divergencias de cómputos en otros casos, incluso entre el

DCR y la JLBP.

Ello también abona a la necesidad de pautar

el derecho aplicable.

Como resultado de lo expuesto, considero que el curso

más adecuado era expedir el recurso de Certiorari que

presentó el señor Rosario Perales y pautar el derecho

aplicable. Por ello, respetuosamente disiento del curso de

acción adoptado por este Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado