Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rosario Perales v. Departamento de Corrección y Rehabilitación
2025 TSPR 145
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rosario Perales v. Departamento de Corrección y Rehabilitación
MC-2025-0048
19 de diciembre de 2025 · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Ángel Rosario Perales
Peticionario
2025 TSPR 145
v.
217 DPR ___
Departamento de Corrección y
Rehabilitación
Recurrido
Número del Caso:
Fecha:
MC-2025-0048
19 de diciembre de 2025
Materia: Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Ángel Rosario Perales
Peticionario
v.
MC-2025-0048
Departamento de Corrección y
Rehabilitación
Recurrido
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2025.
Examinado el escrito presentado por el Sr. Miguel Ángel
Rosario Perales, se declara no ha lugar.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez
emitió un Voto particular disidente al cual se unieron la
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor
Colón Pérez. El Juez Asociado señor Martínez Torres emitió
la siguiente expresión a las que se une la Jueza Asociada
señora Pabón Charneco:
El Art. 11 del Plan de Reorganización Núm.
2-2011, conocido como el Plan de Reorganización
del Departamento de Corrección y Rehabilitación,
según enmendado por la Ley Núm. 66-2022, 3 LPRA
Ap. XVIII, es bien claro al establecer que las
personas
elegibles
a
las
bonificaciones
dispuestas allí son las que estén "disfrutando
de libertad bajo palabra..." y no a las que en
el pasado la disfrutaron pero perdieron el
beneficio. El texto de la ley es diáfano. No es
necesario que este Tribunal repita o aclare lo
que la ley dispone expresamente. Tampoco podemos
cambiar su significado. El peticionario nunca ha
aclarado cuándo disfrutó del beneficio de la
MC-2025-0048
2
libertad bajo palabra, pero sí afirma que al
presente está encarcelado cumpliendo una condena
de 99 años de prisión. Eso le da derecho a
bonificaciones conforme a la Ley Núm. 27-1989 y
no a las dispuestas en la Ley Núm. 66-2022. Eso
fue lo que el Departamento de Corrección y
Rehabilitación resolvió y lo que luego confirmó
el Tribunal de Apelaciones. Por eso, voto para
denegar la expedición del auto de certiorari.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Miguel Ángel Rosario
Perales
Peticionario
v.
MC-2025-0048
Departamento de Corrección
y Rehabilitación
Recurrido
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado
Señor ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se unen la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 19 de diciembre de 2025.
A pesar de este mandato expreso de la
Asamblea Legislativa en torno a que los
convictos
que
estén
disfrutando
de
libertad
bajo
palabra
también
son
acreedores de las bonificaciones, estas
no
se
están
concediendo.
Según
información que ha trascendido, esto es
así al haberse interpretado por la Rama
Ejecutiva que los programas son distintos
y mutuamente excluyentes. Además, se ha
manifestado que existe un asunto de
carácter administrativo que hasta el
presente ha impedido que se concedan las
referidas bonificaciones: que la Junta de
Libertad Bajo Palabra no tiene dentro su
estructura
administrativa
comités
de
clasificación y tratamiento como existen
en las instituciones correccionales.
.
.
.
.
.
.
.
.
Entender lo contrario no solo es un
absurdo, pues quien puede lo más puede lo
menos, sino que también impide reducir
eficientemente
los
gastos
por
confinamiento.
Si
una
persona
está
disfrutando del privilegio de libertad
bajo palabra es porque ha cumplido con
todos los requisitos exigidos para ello y
con las condiciones dispuestas en su
mandato de liberación. Es insostenible
MC-2025-0048
2
que muchos convictos prefieran quedarse
recluidos dentro de alguna institución
correccional en lugar de extinguir su
sentencia en la libre comunidad, buscando
su máxima rehabilitación, solo por razón
de poder extinguir más rápido su sentencia
haciendo
uso
del
mecanismo
de
las
bonificaciones. Exposición de motivos de
la Ley Núm. 66-2022. (Negrilla suplida).
En esta ocasión, este Tribunal tuvo la oportunidad de
atender las divergencias interpretativas que existen entre
los
foros
jurídica
administrativos
y
la
sociedad
y
en
judiciales,
la
general,
torno
en
comunidad
a
las
disposiciones relacionadas con las bonificaciones a las
rebajas
de
sentencia
de
una
persona
que
se
encuentra
confinada al amparo del Plan de Reorganización Núm. 2-2011,
infra,
y
sus
particular,
la
respectivas
enmiendas.
interpretación
de
la
Ello
Ley
incluía,
Núm.
en
87-2020,
infra, así como de la Ley Núm. 66-2022, infra; esta última
ley,
en
lo
concerniente
a
la
aplicación
de
tales
bonificaciones a las personas que participan del Programa
de Libertad Bajo Palabra.
Nos encontramos, por tanto, ante un asunto de estricto
derecho que exige aclarar el marco normativo aplicable y
así evitar inconsistencias en su futura aplicación. No
obstante, una mayoría de este Tribunal decidió no expedir
el recurso de epígrafe. Al no estar de acuerdo con ese curso
de acción, respetuosamente disiento.
Con este breve trasfondo, procedo a exponer los hechos
procesales que enmarcan la controversia.
MC-2025-0048
3
I
Como trasfondo del asunto ante nuestra consideración,
el 3 de abril de 2024, el Sr. Miguel Ángel Rosario Perales
(señor Rosario Perales o peticionario) presentó ante el
Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR o parte
recurrida) una solicitud de remedio administrativo para que
se le aplicaran las bonificaciones de rebaja de sentencia
que, a su entender, le corresponden al amparo de la Ley
Núm. 66-2022, infra, por el tiempo en el que estuvo en el
Programa de Libertad Bajo Palabra, al considerar que estas
no
se
les
adjudicaron
en
su
hoja
de
liquidación
de
sentencia.
En respuesta, el DCR determinó que, de acuerdo con la
Ley
Núm.
66-2022,
infra,
las
personas
convictas
que
disfrutan de los beneficios concedidos por la Junta de
Libertad Bajo Palabra (JLBP) tienen el derecho a recibir
las
bonificaciones
establecidas
por
concepto
de
buena
conducta, asiduidad, trabajo, estudio, entre otros. Señaló,
además,
que
estas
bonificaciones
serían
aplicables
retroactivamente a toda convicción emitida bajo la vigencia
de cualquier Código Penal, así como bajo leyes especiales,
en beneficio de la población liberada por la JLBP. A tales
efectos, concluyó que, como el peticionario no cumplió con
el requisito de encontrarse en libertad bajo palabra, no
era elegible para recibir las bonificaciones que dispone
la Ley Núm. 66-2022, infra, y que, en su lugar, se le
MC-2025-0048
aplicarían
4
aquellas
previstas
en
la
Ley
Núm.
27-1989,
infra.
Inconforme con esta determinación, el señor Rosario
Perales
acudió
recurso
de
al
Tribunal
revisión
de
judicial
Apelaciones
mediante
un
en
reiteró
los
el
cual
planteamientos que presentó ante el DCR.
De
igual
manera,
el
foro
apelativo
intermedio
determinó que el peticionario es elegible para recibir las
bonificaciones por buena conducta bajo la Ley Núm. 27-1989,
infra, no bajo la Ley Núm. 66-2022, infra. Fundamentó que
esta
última
disposición
legal
no
constituye
una
bonificación adicional a las ya concedidas a través del
Plan
de
Reorganización
Núm.
2-2011,
infra.
Por
el
contrario, precisó que la Ley Núm. 66-2022, infra, es una
enmienda de carácter aclaratorio al Plan de Reorganización
Núm.
2-2011,
infra,
con
el
fin
de
reconocer
que
sus
beneficios también aplican a las personas que disfrutan de
libertad bajo palabra. Por tales fundamentos, confirmó el
dictamen del DCR.
En
ese
contexto,
el
4
de
agosto
de
2025,
el
peticionario presentó, por derecho propio, una petición de
Certiorari ante este Tribunal. En síntesis, alegó que el
DCR no tomó en consideración que desde el 1980 cumple una
sentencia de noventa y nueve (99) años de cárcel impuesta
bajo el Código Penal de 1974, y que resulta evidente que
la Ley Núm. 66-2022, infra, le es aplicable de forma
MC-2025-0048
5
retroactiva. Además, argumentó que, conforme al principio
de favorabilidad, esta ley le aplica, por entrar en vigor
luego de los hechos que dieron lugar a su condena y serle
favorable.
Por todo ello, el señor Rosario Perales solicitó que
se le ordenara a la parte recurrida bonificarle el tiempo
que
estuvo
en
libertad
bajo
palabra.
Sin
embargo,
su
petición de Certiorari fue denegada por una mayoría de este
Tribunal.
Como señalé previamente, al no coincidir con el curso
de
acción
adoptado
por
este
Tribunal,
respetuosamente
disiento. A mi juicio, correspondía expedir el presente
recurso y atender un asunto de estricto derecho. Veamos.
II
En
cuanto
importante
a
la
mencionar,
Reorganización
Núm.
Reorganización
del
controversia
en
primer
2-2011,
de
término,
conocido
Departamento
autos,
el
Plan
de
el
Plan
de
Corrección
y
como
de
resulta
Rehabilitación, 3 LPRA, Ap. XVIII et seq. En esencia, esta
disposición legal constituye la nueva ley orgánica vigente
del DCR. Mientras tanto, la Ley Núm. 27-1989, 4 LPRA ant.
secs. 1161-1162, a la que hacen referencia tanto la parte
recurrida
como
el
Tribunal
de
Apelaciones
en
sus
respectivos dictámenes, consistió en una enmienda a la
anterior ley orgánica del DCR del año 1974, la cual estuvo
vigente hasta el 2011: la Ley Núm. 116 de 22 de julio de
MC-2025-0048
6
1974, anteriormente conocida como la Ley Orgánica de la
Administración de Corrección, 4 LPRA ant. sec. 1101 et seq.
(derogada).
El
Plan
de
Reorganización
Núm.
2-2011,
supra,
establece, entre otras cosas, el modo en que deben aplicarse
las
bonificaciones
asiduidad,
trabajo,
por
concepto
estudio
y
de
buena
otros
conducta,
servicios
a
la
población correccional de Puerto Rico. A continuación,
procedo a analizar las disposiciones legales que resultan
pertinentes al asunto bajo consideración.
En
lo
aquí
material,
el
Art.
11
del
Plan
de
Reorganización Núm. 2-2011, supra, contempla lo siguiente
en relación con las bonificaciones por buena conducta y
asiduidad:
Toda persona sentenciada a cumplir término de
reclusión en cualquier institución, antes de la
vigencia del Código Penal de Puerto Rico de
2004, que esté disfrutando de un permiso
concedido a tenor con lo dispuesto en este Plan
o que se encuentre recluida en cualquier
entidad gubernamental o privada como parte de
un programa de rehabilitación, o disfrutando de
libertad bajo palabra concedida por la Junta de
Libertad Bajo Palabra, y que observare buena
conducta y asiduidad, tendrá derecho a las
siguientes rebajas del término de su sentencia,
las cuales se computarán desde su admisión a la
institución de que se trate o desde que se
concede la libertad bajo palabra:
[…]
(b) por una sentencia de 15 años o más, 13 días
por cada mes.
[…]
MC-2025-0048
Toda persona sentenciada a cumplir término de
reclusión
en
cualquier
institución,
con
posterioridad a la vigencia del Código Penal de
Puerto Rico de 2004, que esté disfrutando de un
permiso concedido a tenor con lo dispuesto en
este Plan, o que se encuentre recluida en
cualquier entidad gubernamental o privada como
parte de un programa de rehabilitación, que
observare buena conducta y asiduidad, tendrá
derecho a las siguientes rebajas del término de
su sentencia, las cuales se computarán desde su
admisión a la institución de que se trate:
(d) por una sentencia de 15 años o más, 7 días
por cada mes.
[…]
Se excluye de las bonificaciones que establece
este Artículo toda condena que apareje pena de
reclusión de noventa y nueve (99) años…
conforme establecen el Código Penal de 1974, de
2004 y el Código Penal vigente, la condena
impuesta en defecto del pago de una multa y
aquella que deba cumplirse en años naturales.
Toda persona sentenciada a cumplir término de
reclusión de noventa y nueve (99) antes del día
20 de julio de 1989… conforme al Código Penal
derogado, será bonificado como lo estipula el
inciso (b) de este Artículo…
[…]
Queda excluida de los abonos que establece este
Artículo,
toda
convicción
por
[delitos
sexuales]… según han sido tipificados en el
Código Penal de Puerto Rico.
Las
rebajas
de
términos
de
sentencias
dispuestas en este Artículo por buena conducta
y
asiduidad,
aplicarán
a
toda
persona
sentenciada a cumplir término de reclusión bajo
cualquier Código Penal de Puerto Rico o delito
cometido bajo cualquier ley penal especial que
en
sus
disposiciones
no
las
excluya,
independientemente se encuentre dentro de una
institución correccional o esté cumpliendo el
restante de su sentencia de reclusión a través
de un permiso concedido a tenor con lo
dispuesto en este Plan o que se encuentre
recluida en cualquier entidad gubernamental o
7
MC-2025-0048
8
privada
como
parte
de
un
programa
de
rehabilitación o se encuentre disfrutando de
libertad bajo palabra.
[…] (Negrilla suplida). Art. 11 del Plan de
Reorganización Núm. 2-2011, supra.
Por su parte, el Art. 12 del Plan de Reorganización
Núm.
2-2011, supra,
regula
la
aplicación
de
las
bonificaciones por trabajo, estudio y otros servicios,
disponiendo expresamente que:
A toda persona sentenciada a cumplir pena de
reclusión por hechos cometidos con anterioridad
o bajo la vigencia del Código Penal de Puerto
Rico vigente, en adición a las bonificaciones
autorizadas en el Artículo anterior, el
Secretario o el Presidente de la Junta de
Libertad Bajo Palabra, según aplique, podrán
conceder bonificaciones a razón de no más de 5
días por cada mes en que el integrante de la
población correccional o liberado por la Junta
de Libertad Bajo Palabra esté empleado en
alguna industria o que esté realizando estudios
como parte de un plan institucional, bien sea
en la libre comunidad o en el establecimiento
penal donde cumple su sentencia, y preste
servicio a la institución correccional durante
el primer año de reclusión. Por cada año
subsiguiente, podrá abonarse hasta 7 días por
cada mes.
[…] (Negrilla suplida). Art. 12 del Plan de
Reorganización Núm. 2-2011, 3 LPRA, Ap. XVIII,
Art. 12.
De acuerdo con lo antes citado, del Art. 11 del Plan
de Reorganización Núm. 2-2011, supra, se desprende que las
bonificaciones por buena conducta aplican a toda aquella
persona que: (1) haya sido sentenciada a un término de
reclusión antes o después de la vigencia del Código Penal
de 2004 —es decir, esencialmente, a cualquier persona que
esté cumpliendo condena de cárcel bajo cualquier código
MC-2025-0048
penal—;
(2)
9
se
encuentre
disfrutando
de
un
permiso
concedido con arreglo al Plan de Reorganización Núm. 2-2011
o se encuentre recluida en una institución gubernamental o
privada como parte de un programa de rehabilitación o se
encuentre disfrutando de libertad bajo palabra concedida
por la JLBP; y (3) mantenga buena conducta y asiduidad.
Bajo estas condiciones, la persona tiene derecho a recibir
rebajas en el término de su sentencia.
Ahora bien, al examinar el historial de enmiendas al
Art. 11 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra,
resulta especialmente relevante la Ley Núm. 87-2020, 3
LPRA, Ap. XVIII, Art. 11. Esta disposición legal enmendó
el Art. 11 con el propósito de “extenderle a toda la
población penal de Puerto Rico, sin considerar el Código
Penal bajo el cual fueron sentenciados y cumplen condena,
la oportunidad de recibir las bonificaciones por buena
conducta
y
asiduidad,
sujeto
a
las
excepciones
y
porcentajes de acumulación preceptuados en dicho Artículo”.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 87-2020, supra.1
En concreto, la Exposición de motivos de la Ley Núm.
87-2020, supra, precisa que, en materia de bonificaciones,
coexistían en nuestras instituciones penales dos categorías
de personas condenadas: (a) aquellas sentenciadas bajo el
Código
Penal
de
1974,
quienes
tienen
derecho
a
bonificaciones por buena conducta y asiduidad; y (b)
aquellas sentenciadas bajo los Códigos Penales de 2004 y
2012, quienes no contaban con ese derecho. Con el propósito
de fomentar la rehabilitación de las personas privadas de
libertad y de evitar un trato desigual en nuestras
instituciones carcelarias, se aprobó la referida ley.
1
MC-2025-0048
10
En la misma línea, cabe destacar la Ley Núm. 66-2022,
3 LPRA, Ap. XVIII, Arts. 3, 11 y 12, la cual enmendó
nuevamente el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra,
para
aclarar
que
todo
tipo
de
bonificaciones
también
aplican a las personas sentenciadas que se encuentran en
libertad bajo palabra. Específicamente, el propósito de
esta ley fue enmendar los Arts. 3, 11 y 12 del Plan de
Reorganización Núm. 2-2011, supra, a fin de aclarar su
redacción y eliminar cualquier duda de que las personas
convictas que estén disfrutando de los beneficios otorgados
por
la
JLBP
también
tienen
derecho
a
recibir
las
bonificaciones establecidas por concepto de buena conducta,
asiduidad, trabajo, estudio y otros servicios.2
A modo de resumen, la Ley Núm. 87-2020, supra, dispuso
que las bonificaciones por buena conducta son aplicables a
toda persona sentenciada bajo cualquier código penal, salvo
las exclusiones expresamente establecidas, con el fin de
garantizar un trato uniforme a la población correccional y
extender los beneficios de buena conducta sin distinción
del código penal aplicable. Posteriormente, la Ley Núm. 662022, supra,
incluyendo
precisó
las
y
aclaró
bonificaciones
que
por
este
trabajo
beneficio,
y
estudio,
también aplica a las personas que se encuentran en libertad
De lo consignado en la Exposición de motivos de la
Ley Núm. 66-2022, supra, las bonificaciones por buena
conducta no se les estaban otorgando a las personas en
libertad bajo palabra, razón por la cual se introdujo esta
enmienda.
2
MC-2025-0048
11
bajo palabra, para asegurar que quienes cumplen con los
requisitos del Programa de Libertad Bajo Palabra tengan
derecho
a
los
mismos
beneficios
que
las
personas
internamente recluidas en una institución carcelaria, en
consonancia
con
los
fines
de
rehabilitación
social
previstos en el Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra.
En consecuencia, con estas enmiendas, los Arts. 11 y
12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, se leen
actualmente
según
los
textos
citados
y
debieron
ser
interpretados conforme al mandato legislativo.
III
Del análisis de los hechos de este caso se desprende
que el peticionario, desde 1980, fue sentenciado a cumplir
una pena de reclusión de noventa y nueve (99) años bajo el
Código Penal de 1974. Por consiguiente, y considerando la
totalidad del Art. 11 del Plan de Reorganización Núm. 22011, supra, junto con sus enmiendas, todo apunta que le
resulta aplicable el inciso (b) de ese artículo. En atención
a ello, satisface el primer requisito, esto es, haber sido
sentenciado antes de la vigencia del Código Penal de 2004
y, en su caso, antes del 20 de julio de 1989.3
En
encuentra
segundo
lugar,
recluido
en
el
la
señor
Rosario
institución
Perales
se
correccional
de
Guayama, por lo que cumple con el requisito de estar en una
De los documentos ante nos, no se desprende que el
peticionario haya sido convicto por un delito excluyente.
3
MC-2025-0048
12
institución gubernamental. No obstante, sería necesario
evaluar si, durante su permanencia en ese lugar, participó
en algún programa de rehabilitación, o si ha estado en
libertad bajo palabra concedida por la JLBP, según nos
afirma. Adviértase que el Programa de Libertad Bajo Palabra
no constituye el único programa de rehabilitación; es uno
entre
varios,
ya
que
dentro
del
sistema
correccional
existen otros. Ahora bien, lo que variará será la cantidad
de días a abonarse, según el año del Código Penal aplicable.
Por
último,
también
habría
mantenido
buena
conducta.
De
cumplirse
requisitos,
a
entender,
le
serían
mi
bonificaciones
por
buena
que
conducta
examinar
si
con
ha
estos
aplicables
las
del
de
Plan
Reorganización Núm. 2-2011, supra.
Nótese que se privó al peticionario de constatar si
cumplió
con
los
mencionados
requisitos,
dado
que
la
negativa del DCR obedeció a una interpretación sobre la
aplicabilidad de los estatutos y no a un incumplimiento con
algún requisito específico. Como cuestión de hecho, en
respuesta a la petición del señor Rosario Perales de que
se
le
adjudicaran
las
bonificaciones
a
su
hoja
de
liquidación de sentencia, el DCR concluyó que, al no cumplir
con el requisito de encontrarse en libertad bajo palabra,
no era elegible para recibir las bonificaciones que dispone
la Ley Núm. 66-2022, supra, y que, en su lugar, se le
aplicarían las previstas en la Ley Núm. 27-1989, supra.
MC-2025-0048
13
Por demás, el penúltimo párrafo del Art. 11, supra, es
claro y resume lo dispuesto desde el inicio del artículo,
al señalar que “las rebajas de términos de sentencias
dispuestas en este Artículo por buena conducta y asiduidad
aplicarán a toda persona sentenciada a cumplir término de
reclusión bajo cualquier Código Penal de Puerto Rico”.
(Subrayado suplido). De igual forma, el Art. 12, relativo
a las bonificaciones por trabajo y estudio, resulta aún más
claro.
Por lo anterior, soy del criterio de que todo tipo de
bonificaciones aplican a todas las personas confinadas,
independientemente del Código Penal bajo el cual hayan sido
sentenciadas, sin que sea obligatorio ni necesario que se
encuentren en libertad bajo palabra concedida por la JLBP,
como
parece
sugerir
la
Sentencia
del
Tribunal
de
Apelaciones. Claro está, la eventual concesión dependerá
de que se cumplan los demás requisitos. Ante ese cuadro,
debimos pautar la controversia de derecho traída ante nos
por el peticionario y devolver al foro administrativo.
En igual sentido, nótese que tanto el DCR como el
Tribunal de Apelaciones se remitieron a la Ley Núm. 271989, supra, en sus respectivos dictámenes. Asimismo, no
estimo correcto que la parte recurrida afirmara que las
bonificaciones aplicadas al peticionario se concedieron
conforme a la precitada ley ya que, a mi juicio, lo correcto
era remitirse y aplicar únicamente lo dispuesto en los Arts.
MC-2025-0048
14
11 y 12 del Plan de Reorganización Núm. 2-2011, supra, por
ser estas las disposiciones legales vigentes. En efecto,
opino que ni siquiera cabe citar como marco normativo
aplicable
la
Ley
Núm.
27-1989,
supra,
por
encontrarse
derogada, y porque los Arts. 11 y 12 del Plan Núm. 2-2011,
supra,
regulan
expresamente
la
aplicación
de
las
bonificaciones a toda la población correccional en Puerto
Rico desde su entrada en vigor.
Por último, considero acertado lo expresado por el
Tribunal de Apelaciones en su Sentencia sobre el caso de
epígrafe,
respecto
a
que
la
Ley
Núm.
66-2022,
supra,
constituye una ley aclaratoria. Especialmente, me resulta
correcta su afirmación en los términos siguientes:
Más bien, la Ley Núm. 66-2022 es una enmienda
aclaratoria al Plan Núm. 2-2011 con el fin de
reconocer y acreditar que sus beneficios
también aplican a personas que disfrutan de
libertad bajo palabra. (Negrilla suplida).
Véase Sentencia del caso identificado como
KLRA202500198.
Sin
embargo,
bonificaciones
resulta
no
preocupante
aplican
al
concluir
que
las
peticionario
bajo
el
fundamento de que no se encuentra en libertad bajo palabra,
cuando esa disposición legal es, en realidad, una ley
aclaratoria que no descarta lo siguiente, según adelanté:
las bonificaciones proceden independientemente de no haber
estado en libertad bajo palabra, siempre que la persona
cumpla con los demás requisitos. Estos incluyen participar
en algún programa de rehabilitación provisto por el propio
MC-2025-0048
15
DCR, mantener buen comportamiento y trabajar o estudiar.
Además, de haber estado el peticionario en libertad bajo
palabra concedida por la JLBP, como asegura, le aplicarían
las bonificaciones por el período en que estuvo en libertad.
Finalmente,
bonificaciones
las
son
un
controversias
asunto
en
torno
recurrente
que
a
estas
muestra
divergencias de cómputos en otros casos, incluso entre el
DCR y la JLBP.
Ello también abona a la necesidad de pautar
el derecho aplicable.
Como resultado de lo expuesto, considero que el curso
más adecuado era expedir el recurso de Certiorari que
presentó el señor Rosario Perales y pautar el derecho
aplicable. Por ello, respetuosamente disiento del curso de
acción adoptado por este Tribunal.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado