Tribunal Supremo de Puerto Rico
Tricoche Matos y otra v. Luis Freire Div. of K.M.A. Associates of PR, Inc.
2025 TSPR 92
Poder Judicial de Puerto Rico
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Tricoche Matos y otra v. Luis Freire Div. of K.M.A. Associates of PR, Inc.
CC-2024-0548
1 de octubre de 2025 · Hon. Rafael L. Martínez Torres · Derecho Administrativo – Facultad del Departamento de Asuntos del Consumidor para atender querellas presentadas electrónicamente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Michael Tricoche Matos y
Nordelys Rivera Carmona
Certiorari
Recurridos
2025 TSPR 92
v.
216 DPR ___
Luis Freire Div. of K.M.A.
Associates of PR, Inc.
Peticionarios
Número del Caso:
Fecha:
CC-2024-0548
1 de octubre de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel V
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. Guillermo F. De Guzmán Vendrell
Materia:
Derecho Administrativo – Facultad del Departamento de
Asuntos del Consumidor para atender querellas presentadas
electrónicamente.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Michael Tricoche Matos y
Nordelys Rivera Carmona
Recurridos
v.
CC-2024-0548
Luis Freire Div. of K.M.A.
Associates of PR, Inc.
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2025.
A
propósito
de
esta
ocasión,
tenemos
la
oportunidad de examinar el poder de la judicatura para
sustituir por su propio criterio los pronunciamientos
no legislativos de una agencia. En específico, debemos
resolver si el Tribunal de Apelaciones erró al concluir
que no tenía jurisdicción para atender un recurso de
revisión judicial bajo el fundamento de que una moción
de reconsideración presentada a través del servicio en
línea del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo)
no interrumpió el término para recurrir del dictamen de
la agencia. Adelantamos que el DACo cuenta con ciertas
directrices no legislativas que orientan al público
sobre
la
tramitación
electrónica
de
querellas.
CC-2024-0548
En
efecto,
2
estas
facilitaron
que
la
parte
peticionaria
presentara su solicitud de reconsideración. Por los fundamentos
que proceden, revocamos la sentencia del foro recurrido.
I
El 9 de junio de 2023, el Sr. Michael Tricoche Matos y la
Sra. Nordelys Rivera Carmona presentaron una querella ante el
DACo contra la corporación Luis Freire Div. of K.M.A. Associates
of PR, Inc. (Freire). En síntesis, adujeron que Freire incumplió
con un contrato de fabricación e instalación de gabinetes de
cocina. Por no estar satisfechos con la labor realizada, el
señor Tricoche Matos y la señora Rivera Carmona solicitaron en
su querella la devolución total del dinero pagado por la obra.
Luego de varios incidentes procesales, el 29 de abril de
2024 el DACo notificó una resolución en la cual ordenó a Freire
corregir las deficiencias de la obra y realizar un pago a favor
de los querellantes. Además, advirtió a las partes de su derecho
a solicitar reconsideración del dictamen. En lo pertinente, la
Resolución consigna lo siguiente: “Si la parte interesada opta
por solicitar una Reconsideración, su solicitud DEBERÁ SER POR
ESCRITO. Se recomienda incluir la palabra “Reconsideración”
como título del documento, el cual podrá presentarse de modo
presencial, o enviarse por correo postal”. Ap. del certiorari,
pág. 138.
Ante estas circunstancias, el 17 de mayo de 2024 Freire
solicitó oportunamente la reconsideración de la resolución a
través de la página de internet del DACo, la cual promueve una
plataforma
electrónica
adjudicativos.
Ese
mismo
para
fines
de
procedimientos
día,
Freire
recibió
un
correo
CC-2024-0548
3
electrónico de parte del DACo para confirmar el registro en el
sistema de la moción de reconsideración y notificó una copia de
dicha moción al señor Tricoche Matos y a la señora Rivera
Carmona. Antes bien, el 7 de junio de 2024 Freire acudió a las
oficinas de la agencia para indagar sobre el estatus de su
solicitud de reconsideración, puesto que se percató de que el
expediente electrónico del caso no reflejaba la radicación de
la moción. Allí, los empleados de la agencia le confirmaron que
la moción no constaba en el sistema. Así pues, los empleados
del DACo le requirieron a Freire que dejara una copia de la
moción de reconsideración y que incluyera una nota a mano para
explicar la situación. De inmediato, Freire procedió a cumplir
con lo instruido. No obstante, el foro administrativo no emitió
ninguna
resolución
relacionada
con
la
solicitud
de
reconsideración.
Insatisfecho, el 1 de julio de 2024 Freire acudió ante el
Tribunal
de
Apelaciones
mediante
un
recurso
de
revisión
judicial. Empero, el foro intermedio desestimó el recurso por
falta de jurisdicción, ya que, según apreció, se presentó fuera
del término de treinta (30) días contados desde la notificación
de la resolución del 29 de abril de 2024, según dispone la ley.
El foro apelativo fundamentó su decisión en que la moción de
reconsideración presentada electrónicamente no tuvo el efecto
de
interrumpir
judicial.
Al
el
término
respecto,
para
sostuvo
recurrir
que
mediante
Freire
no
revisión
siguió
la
instrucción impartida por el DACo en su Resolución, la cual
exigía que solicitara la reconsideración de modo presencial o
vía correo postal.
CC-2024-0548
4
Inconforme con el dictamen, el 6 de septiembre de 2024
Freire acudió ante nos mediante un recurso de certiorari. En
esencia, sostuvo que erró el foro intermedio al desestimar el
recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. Por
ello, nos solicita que revoquemos la decisión del Tribunal de
Apelaciones y declaremos que la presentación de la solicitud de
reconsideración
a
través
del
servicio
en
línea
del
DACo
interrumpió el término para recurrir al foro intermedio.
El 6 de diciembre de 2024, expedimos el auto discrecional
y el 7 de febrero de 2025 Freire presentó su alegato. Sin
embargo, la parte recurrida no radicó el suyo. Expuesto este
trasfondo, procedemos a resolver.
II
A.
Delegación del poder de reglamentación
La Asamblea Legislativa puede encomendar a las agencias
administrativas
implementar
cierta
política
pública
y
delegarles los poderes necesarios para lograr ese objetivo. R&B
Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, 213 DPR 685, 700 (2024);
Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95, 119
(2011). Este poder se fundamenta en la Sec. 16 del Art. III de
la Constitución de Puerto Rico, la cual concede a la Asamblea
Legislativa la facultad de crear, consolidar o reorganizar
departamentos ejecutivos y definir sus funciones. Art. III,
Sec. 16, Const. PR, LPRA, Tomo 1, pág. 416. En virtud de la
delegación legislativa, las agencias ostentan dos facultades
esenciales, a saber: el poder de reglamentar y el poder de
adjudicar controversias. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas
CC-2024-0548
5
ASG, supra, pág. 700; Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR
203, 211 (2002).
En suma, la ley es “el medio o [la] fuente legal que
establece los límites del poder y de las facultades de las
agencias administrativas”. Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR
230, 247 (2009). A esos fines, si la ley exige la promulgación
de reglamentos para ejercer los poderes administrativos, la
agencia tiene la obligación de adoptarlos. J. A. Echevarría
Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 5ta ed., San
Juan, SITUM, 2023, pág. 27. Sin embargo, antaño afirmamos que
el decreto de un reglamento no es un requisito jurisdiccional
para que las agencias ejerzan el poder delegado por ley.
Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 45 (2004); ELA et als.
v. Malavé, 157 DPR 586 (2002). Véase también, Camacho Huertas
v. Compañía Turismo, 174 DPR 833 (2008) (Sentencia). Por los
mismos fundamentos, la misma norma debe aplicar cuando la
agencia se vale de un reglamento desfasado que no contempla su
realidad operacional. Así pues, en ELA et als. v. Malavé, supra,
pautamos que, mientras no se adopte un reglamento que defina la
discreción de la agencia, “cada caso deberá evaluarse a la luz
de sus hechos particulares para determinar si las medidas
adoptadas son adecuadas o no”. Íd., pág. 596.
En vista de este panorama, la Ley Núm. 5 de 23 de abril de
1973, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos
del Consumidor (Ley Orgánica), 3 LPRA sec. 341 et seq., creó el
DACo
con
el
propósito
de,
entre
otras
cosas,
vindicar
e
implementar los derechos del consumidor. Art. 3 de la Ley Núm.
5, supra, 3 LPRA sec. 341b. Para ese fin, el Art. 15 de la Ley
CC-2024-0548
6
Orgánica dispone que “[c]ualquier consumidor podrá radicar una
querella en el Departamento para vindicar los derechos que le
conceden las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Art. 15 de la Ley Núm. 5, supra, 3 LPRA sec. 341n.
Para concretizar sus objetivos, la Ley Orgánica faculta al
Secretario del DACo para “[e]stablecer las reglas y normas
necesarias
para
la
conducción
de
los
procedimientos
administrativos, tanto de reglamentación como de adjudicación,
que celebre el Departamento”. Art. 6 de la Ley Núm. 5, supra,
3 LPRA sec. 341e. Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, conocida
como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3
LPRA sec. 9601 et seq., instruye a todas las agencias a adoptar
un reglamento para regular sus procesos adjudicativos. Sec. 3.2
de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9642. Por consiguiente, el
DACo tiene el deber de establecer reglas adecuadas para ejercer
su poder de adjudicación. En cumplimiento con esa disposición,
la
agencia
promulgó
el
Reglamento
de
Procedimientos
Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034, DACo, 14 de junio de 2011.
B.
Reconsideración
y
revisión
judicial
en
el
ámbito
administrativo
La LPAU define tanto el recurso de revisión judicial como
la
reconsideración
ante
una
agencia.
Sobre
el
recurso
de
revisión judicial, la LPAU dispone que una parte adversamente
afectada por una orden o resolución final de una agencia, que
haya agotado todos los remedios disponibles, podrá presentar
una
solicitud
de
revisión
judicial
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días, contados
a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la
CC-2024-0548
7
notificación de la orden o resolución final o a partir de la
fecha aplicable de las dispuestas en la Sec. 3.15 de la LPAU
cuando el término haya sido interrumpido por la presentación
oportuna de una moción de reconsideración. Sec. 4.2 de la Ley
Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9672.
A su vez, sobre la reconsideración ante el organismo
administrativo, en lo pertinente la LPAU consigna lo siguiente:
§ 9655. Reconsideración
La parte adversamente afectada por una resolución u
orden parcial o final podrá, dentro del término de
veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos
de la notificación de la resolución u orden,
presentar una moción de reconsideración de la
resolución u orden. La agencia dentro de los quince
(15) días de haberse presentado dicha moción deberá
considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare
dentro de los quince (15) días, el término para
solicitar revisión comenzará a correr nuevamente
desde que se notifique dicha denegatoria o desde que
expiren esos quince (15) días, según sea el caso.
Sec. 3.15 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9655.
Al respecto, la Regla 29 del Reglamento Núm. 8034, supra,
contiene lenguaje análogo sobre la revisión judicial y la
reconsideración. Sin embargo, nada dispone sobre la forma en
que han de presentarse dichos escritos. Para ello, debemos
acudir a la Regla 5.2, la cual expresa que:
Los trámites relacionados con la querella serán
diligenciados personalmente, o por correo ordinario.
Toda
radicación
de
querellas,
documentos,
y
reconsideraciones, se harán en el Departamento en la
Oficina Regional correspondiente, por correo o cuando
existan las facilidades y recursos disponibles,
mediante tele-copiador (fax) o correo electrónico.
Cuando se utilicen estos últimos la evidencia de la
radicación será la confirmación con fecha y hora de
transmisión del documento. (Énfasis suplido). Regla
5.2 del Reglamento Núm. 8034, supra.
De entrada, notamos que el propio reglamento no limita el
proceso de querellas a los medios tradicionales, más bien sujeta
CC-2024-0548
8
la modalidad de presentación de documentos a las facilidades y
recursos de la agencia. Cónsono con la Regla 32 del Reglamento
Núm. 8034, supra, la cual exige que se interpreten las reglas
de “forma liberal de modo que se garantice una solución rápida,
justa y económica de todo procedimiento”, debemos auscultar
aquellas directrices que orientan al público sobre las nuevas
facilidades para la tramitación de querellas ante el DACo.
C.
Reglas legislativas y no legislativas
Es un principio del debido proceso de ley que “una agencia
no
puede
ejercitar
su
discreción
de
manera
arbitraria
o
caprichosa”. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105,
130 (2002). Por esta razón, las agencias están llamadas a fijar
normas que delimiten su quehacer administrativo conforme a la
ley que las origina, de manera que el público entienda cuáles
son tanto sus deberes y obligaciones como sus derechos y los
procedimientos
marras,
para
destacamos
hacerlos
que
en
valer.
esta
Pertinente
encomienda
los
al
caso
de
organismos
administrativos pueden formular reglas legislativas y reglas no
legislativas. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, supra,
pág. 701; Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, 203 DPR
596, 605 (2019).
La Sec. 1.3(m) de la LPAU define regla o reglamento como
la norma de una agencia “que sea de aplicación general que
ejecute o interprete la política pública o la ley, o que regule
los requisitos de los procedimientos o prácticas de una agencia
que tenga fuerza de ley”. Sec. 1.3(m) de la Ley Núm. 38-2017,
3 LPRA sec. 9603. Esta define propiamente lo que llamamos regla
legislativa. No obstante, la LPAU excluye de la definición de
CC-2024-0548
regla
o
9
reglamento
administración
a
interna
los
de
siguientes:
la
agencia;
(1)
(2)
reglas
de
comunicaciones
internas de la agencia o entre agencias; (3) documentos guía;
(4) órdenes de precio del DACo y otros decretos similares, y
(5) formas y sus instrucciones. Íd. Estas excepciones a la
definición
son
propiamente
lo
que
llamamos
reglas
no
legislativas.
El criterio para distinguir entre ambos tipos de regla es
que,
mientras
la
regla
legislativa
“crea
derechos,
impone
obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza
de ley”, las reglas no legislativas “no alteran los derechos ni
las obligaciones de los individuos” y carecen de fuerza de ley.
R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, supra, págs. 701-702;
Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 605. A
tono con esta naturaleza disímil, la LPAU dispensa a las reglas
no legislativas del requisito formal de reglamentación. Sec.
2.20 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9630; Sierra Club et
al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 605. Así, este tipo de
regla no puede contrariar a las legislativas. Mun. de San Juan
v. J.C.A., 152 DPR 673, 692 (2000).
En virtud de esta clasificación, hemos sido enfáticos en
que
las
reglas
no
legislativas
“pueden
ser
modificadas
judicialmente”. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 873
(1993). Esto es, “como dichas reglas no se promulgan con fuerza
de ley, los tribunales pueden sustituir su juicio por el de la
agencia
cuando
se
enfrentan
a
una
regla
interpretativa”.
(Negrillas suplidas). Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud,
supra, pág. 146. Ahora bien, nunca nos hemos expresado sobre el
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10
estándar aplicable para llevar a cabo dicha sustitución. De ese
modo, en consideración de que nuestro derecho administrativo se
nutre del desarrollo de esta materia en Estados Unidos, en esta
ocasión analizamos la doctrina federal pertinente.
En Skidmore v. Swift & Co., 323 U.S. 134 (1944), citado
con aprobación en Loper Bright Enterprises v. Raimondo, 603
U.S. 369 (2024), el Tribunal Supremo federal dictó que los
pronunciamientos no legislativos de las agencias, a pesar de no
ser vinculantes para los tribunales, “constituyen un acervo de
experiencias y criterios informados a los cuales los tribunales
y los litigantes bien podrán recurrir a modo de guía”. Íd.,
pág. 140. Véase, Vázquez y otro v. Condominio Los Corales, 2025
TSPR 56, pág. 27, 215 DPR ___ (2025). A esos efectos, para
determinar si una regla no legislativa debe servir de guía en
su
función
adjudicativa,
el
magistrado
tiene
que
evaluar
rigurosamente aquellos factores circunstanciales que resulten
persuasivos para su análisis independiente; entre estos, la
minuciosidad empleada por la agencia en la consideración de la
directriz, la coherencia lógica de esta, su consistencia con
pronunciamientos anteriores y posteriores, y el momento en que
se adoptó. Skidmore v. Swift & Co., supra, pág. 140; Young v.
United Parcel Service, Inc., 575 U.S. 206, 224-225 (2015). De
tal
manera,
el
tribunal
podrá
acoger
las
directrices
no
legislativas de una agencia si las entiende legítimas; no
obstante,
deberá
administrativo
caprichosa.
modificarlas
actuar
Véase,
K.
si
estas
de
forma
E.
Hickman
permiten
irrazonable,
&
R.
J.
al
foro
arbitraria
Pierce,
o
Jr.,
Administrative Law Treatise, 7ma ed., New York, Wolters Kluwer,
CC-2024-0548
11
2024, Vol. I, pág. 449. Evidentemente, el poder para revisar
las reglas no legislativas se funda en la responsabilidad
primaria de la judicatura para interpretar la ley y examinar la
legalidad
de
las
actuaciones
administrativas.
Cfr.,
Loper
Bright Enterprises v. Raimondo, supra.
Por su parte, hemos reconocido varios fines para los cuales
se decretan las reglas no legislativas. En Agosto Serrano v.
F.S.E., supra, expresamos que estas se promulgan para darle
uniformidad a los procesos administrativos internos y para
“pautar
la
discreción
administrativa”.
Íd.,
pág.
873.
Más
adelante, en Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, dictamos que
las reglas no legislativas ofrecen una “clarificación de la ley
que administra [la agencia] o de sus reglas o reglamentos”.
Íd., pág. 692. Por otra parte, en Asoc. Fcias. Com. v. Depto.
de Salud, supra, dijimos que las reglas no legislativas pueden
configurarse en forma de declaraciones generales de política
pública “para informar al público sobre las intenciones de las
agencias y para pautar la discreción administrativa”. Íd., pág.
148. Asimismo, en Asociación Maestros v. Comisión, 159 DPR 81
(2003),
fundamentamos
su
función
en
que
“clarifican
e
interpretan las obligaciones y los deberes fijados por el
estatuto orgánico”. Íd., pág. 95. Luego, en Tosado v. A.E.E.,
165 DPR 377 (2005), enfatizamos que las reglas no legislativas
se crean con el propósito de “fijar directrices y para pautar
la discreción administrativa” y, además, para otorgarle a la
agencia la “flexibilidad que necesita […] al regular [sus]
asuntos internos”. Íd., pág. 390. A su vez, en Crespo Claudio
v. O.E.G., 173 DPR 804 (2008), expresamos que este instrumento
CC-2024-0548
12
representa un vehículo informativo y un “mecanismo adicional
para que las agencias hagan constar su posición formal sobre
las leyes y los reglamentos que administran”. Íd., págs. 819820.
En
este
contexto,
la
Sec.
1.3(c)
de
la
LPAU
define
documento guía de la forma siguiente:
[U]n documento físico o electrónico de aplicabilidad
general desarrollado por una agencia, que carece de
fuerza de ley pero expresa la interpretación de la
agencia sobre alguna legislación, la política pública
de la agencia o que describe cómo y cuándo la agencia
ejercerá sus funciones discrecionales. Incluye
interpretaciones oficiales, según definidas en esta
Ley. Este término no incluye documentos que son
reglamentos o reglas según definidas en esta Ley.
Sec. 1.3(c) de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9603.
En términos comparativos, señalamos que la definición de
documento guía (“Guidance document”) contenida en la Revised
Model State Administrative Procedure Act del 2010 (MSAPA) es
similar a la preceptuada en nuestra LPAU (“‘Guidance document’
means a record of general applicability developed by an agency
which lacks the force of law but states the agency’s current
approach to, or interpretation of, law, or describes how and
when the agency will exercise discretionary functions”, Art. 1,
Sec. 102(14)). El comentario de la Sec. 102 de las reglas modelo
reconoce la necesidad de las agencias para divulgar documentos
que sirvan de guía tanto para sus empleados como el público.
Íd., Sec. 102, Comment. A tenor de esto, la LPAU impone el deber
a las agencias de mantener un récord físico y público de todos
sus documentos guía y de publicarlos en su página cibernética
de manera permanente, continua, gratuita y de fácil acceso.
Sec. 2.20 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9630.
CC-2024-0548
13
En consecución del deber de establecer normas para el
trámite de querellas, el DACo publicó una serie de documentos
guía para orientar al público sobre el uso del servicio en línea
para
los
procedimientos
adjudicativos.
A
esos
efectos,
el
documento titulado El trámite de resolución de querellas en el
DACo, preparado en diciembre 2021, instruye al público sobre
los problemas comunes que enfrentan los consumidores cuando
presentan una reclamación. DACo, “El trámite de resolución de
querellas
en
el
DACo”,
https://www.daco.pr.gov/2021/12/el-
tramite-de-resolucion-de-querellas-en-el-daco/ (última visita,
17 de junio de 2025). En lo pertinente, el documento informa
que
un
consumidor
podrá
presentar
una
querella
de
modo
presencial en una de las oficinas regionales del DACo o de modo
virtual a través de la página de internet de la agencia.
Asimismo,
en
la
página
de
internet
del
DACo,
particularmente en la sección de documentos de ayuda, la agencia
cuenta con documentos que orientan al litigante sobre los
servicios de la plataforma. Entre estos, figura el Manual de
servicios en línea para el consumidor, preparado en noviembre
2017, el cual es una guía general sobre cómo utilizar los
distintos recursos del sistema. DACo, “Manual de servicios en
línea
para
el
consumidor”,
https://serviciosenlinea.daco.
pr.gov/Pages/Public/PortalReferenceDocumentList.aspx
(última
visita, 17 de junio de 2025). Además, ofrece una Guía para
registrarse como abogado y presentar mociones en línea y una
Guía
para
registrarse
presentar
como
mociones
abogado
y
en
línea.
presentar
DACo,
mociones
“Guía
en
para
línea”,
https://serviciosenlinea.daco.pr.gov/Pages/Public/Portal
CC-2024-0548
14
ReferenceDocumentList.aspx
2025);
DACo,
“Guía
(última
para
visita,
presentar
17
de
mociones
junio
en
de
línea”,
https://serviciosenlinea.daco.pr.gov/Pages/Public/Portal
ReferenceDocumentList.aspx
2024).
En
ambos
(última
documentos,
visita,
la
17
de
agencia
junio
detalla
de
las
instrucciones necesarias para presentar una moción de modo
virtual. Incluso, menciona que, luego de presentar la moción,
el presentante recibirá una notificación de confirmación del
registro
de
la
moción
en
su
correo
electrónico,
como
efectivamente recibió Freire el 17 de mayo de 2024.
Ante
este
escenario,
pasemos
ahora
a
disponer
de
la
controversia.
III
En el recurso ante nuestra consideración, Freire sostiene
que el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión
judicial erróneamente, ya que la presentación de la solicitud
de reconsideración de modo virtual interrumpió el término para
recurrir ante ese foro. En lo particular, Freire arguye que el
foro intermedio erró al equiparar una advertencia en cuanto a
que la reconsideración debía presentarse de modo presencial o
por correo —según quedó plasmado en la Resolución del DACo del
29 de abril de 2024— con una limitación normativa. Luego de
examinar los documentos pertinentes y la doctrina jurídica
aplicable,
concluimos
que
le
asiste
la
razón
que
las
a
la
parte
peticionaria.
En
primer
lugar,
afirmamos
directrices
relacionadas al trámite virtual de querellas antes expuestas
son
reglas
no
legislativas
que
dan
efecto
a
un
mandato
CC-2024-0548
15
legislativo. La razón para esto es que, si bien eluden el
proceso de reglamentación formal, no alteran los derechos ni
las obligaciones de las partes litigantes ante el DACo. Es
decir, no coartan el procedimiento adjudicativo contemplado en
el Reglamento Núm. 8034, supra, más bien incorporan la vía
electrónica para el trámite de querellas bajo las mismas pautas
procesales que establece dicho reglamento y sin proscribir los
medios tradicionales de tramitación disponibles al público.
En este contexto, dado que los tribunales pueden suplantar
el criterio no legislativo de las agencias, Agosto Serrano v.
F.S.E., supra, pág. 873; Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud,
supra, pág. 146, debemos resolver si el Tribunal de Apelaciones
erró al desestimar el recurso de revisión judicial presentado
por Freire. Decidimos que, aunque el DACo no cuenta con un
reglamento de procedimientos adjudicativos que contemple los
avances tecnológicos de su servicio en línea, el foro intermedio
abusó de su discreción al ignorar las reglas no legislativas
que orientan al público sobre el uso del sistema para cursar
los procedimientos adjudicativos. Por consiguiente, el Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
desestimar
el
recurso
de
revisión
judicial.
No podemos obviar que existe una clara política pública
del Estado dirigida a incorporar el uso de tecnologías de la
información en el funcionamiento gubernamental. Ejemplo de ello
son la Ley Núm. 151-2004, conocida como la Ley de Gobierno
Electrónico, 3 LPRA sec. 991 et seq.; la Ley Núm. 75-2019,
conocida como la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology
Service, 3 LPRA sec. 9861 et seq., y la Ley Núm. 16-2025. Esta
CC-2024-0548
16
última —la cual entró en vigor posterior a los hechos del caso—
impone
el
deber
a
las
agencias
de
establecer
mecanismos
tecnológicos para los procedimientos adjudicativos y adoptar la
reglamentación necesaria para su funcionamiento. Arts. 1 y 2 de
la Ley Núm. 16-2025, supra.
En efecto, reconocemos que la plataforma electrónica del
DACo
adelanta
la
política
pública
general
de
incorporar
mecanismos tecnológicos en el ordenamiento administrativo. Aún
más, es evidente que las directrices en cuestión no exceden el
mandato legislativo de la ley orgánica de la agencia; antes
bien,
propician
la
obtención
del
objetivo
primordial
de
habilitar una plataforma adjudicativa para que los consumidores
vindiquen sus derechos.
Además, no surge de los autos que la agencia haya utilizado
los documentos guía en consideración para actuar de manera
arbitraria,
caprichosa
Concretamente,
no
o
en
consta
que
detrimento
el
foro
de
las
partes.
administrativo
haya
expresado reparo en cuanto a la presentación virtual de la
reconsideración. En realidad, lo que sucedió fue que la agencia
no actuó dentro de los quince (15) días de presentada la moción,
según dispone la ley. Sec. 3.15 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA
sec. 9655.
En fin, somos del criterio de que no pueden perjudicarse
los
derechos
de
las
partes
porque
la
agencia
faltó
a
la
obligación de revisión periódica de sus reglamentos requerido
por la Sec. 2.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9629, y la parte
peticionaria confió en las directrices del DACo para solicitar
la
reconsideración.
De
modo
que,
mientras
el
foro
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17
administrativo
no
reglamente
formalmente
el
uso
de
la
plataforma electrónica como lo requiere la Ley Núm. 16-2025,
supra, las pautas que guían al usuario sobre el uso del sistema
tendrán
vigencia
provisional
por
tratarse
de
medidas
administrativas idóneas que abonan a la eficiencia en los
procesos
contenciosos.
Así
pues,
las
directrices
sirven
adecuadamente para suplementar tentativamente la falta de un
reglamento adjudicativo actualizado.
Ante un escenario como este, un tribunal no puede sustituir
el criterio de la agencia por el suyo propio en detrimento de
las partes, ya que constituye un abuso de discreción. No
obstante, resaltamos que la judicatura tiene discreción para
fundarse
en
reglas
no
legislativas
cuando
las
entienda
legítimas y, a su vez, está facultada para modificarlas cuando
la
agencia
las
utilice
para
actuar
de
forma
irrazonable,
arbitraria, caprichosa o en desacuerdo con la ley. Véase,
Skidmore v. Swift & Co., supra, págs. 139-140; K. E. Hickman &
R. J. Pierce,
op. cit., págs.
445-449.
Para realizar
esa
función, el magistrado debe ponderar el valor de las directrices
pertinentes a la luz de aquellos factores que le resulten
persuasivos. Skidmore v. Swift & Co., supra, pág. 140. En
consecuencia,
un
tribunal
podrá
sustituir
el
criterio
no
legislativo de una agencia bajo el estándar desglosado, siempre
y cuando no incurra en un abuso de discreción.
Por lo anterior, es forzoso concluir que la solicitud de
reconsideración presentada por Freire, a través del servicio en
línea
del
DACo,
efectivamente
interrumpió
el
término
para
recurrir al Tribunal de Apelaciones. Como resultado, erró el
CC-2024-0548
18
foro intermedio al desestimar el recurso de revisión judicial
por falta de jurisdicción, puesto que se presentó dentro del
término que dispone la ley.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen
del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso a ese foro
para la continuación de los procedimientos, de forma compatible
con este dictamen.
Se dictará Sentencia en conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Michael Tricoche Matos y
Nordelys Rivera Carmona
Recurridos
v.
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Luis Freire Div. of K.M.A.
Associates of PR, Inc.
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2025.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia, se revoca el dictamen del Tribunal de
Apelaciones. Se devuelve el caso a ese foro para la
continuación de los procedimientos, de forma compatible
con este dictamen.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez hizo constar la expresión de conformidad
siguiente:
Hoy este Tribunal da un paso firme de
avanzada que adelanta el acceso a la justicia
administrativa y apelativa en la era digital
por medio de una interpretación novel de las
directrices no legislativas promovidas por una
agencia administrativa y de su impacto en los
servicios que ofrece a la ciudadanía. En
esencia, se reconoce una vía adicional
disponible al público para la presentación de
mociones y el trámite de asuntos ante el
Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).
Por esas razones, estoy conforme con la
Opinión que hoy emitimos.
CC-2024-0548
En atención a la importancia de esta
controversia, considero oportuno expresarme y
profundizar en algunas observaciones que estimo
pertinentes.
Sobre el trámite procesal de este caso,
resalto que la parte peticionaria, Luis Freire
Div. of K.M.A. Associates of PR, Inc. (Freire o
parte peticionaria), señaló prominentemente como
error que la determinación del Tribunal de
Apelaciones atentó contra el acceso a la
justicia.
En su Petición de certiorari, Freire
argumentó
que
aplicar
una
interpretación
restrictiva – declarar que la presentación de la
moción de reconsideración por medio del Sistema
Integrado de Asuntos del Consumidor (SIAC) fue
inválida – constituiría un grave error en
detrimento del acceso a la justicia de los
ciudadanos
que
confían
en
ese
mecanismo
electrónico.
Además,
según
planteó,
se
traicionaría el
espíritu de la normativa
vigente, se adoptaría una visión arcaica de las
reglas procesales aplicables y se negarían los
principios de equidad que deben guiar la
hermenéutica. Para la parte peticionaria, esa
interpretación
restrictiva
contraviene
los
objetivos de un sistema electrónico implantado
precisamente para facilitar y modernizar la
gestión de casos. En consecuencia, arguyó que se
ignoraría la realidad operativa y las costumbres
establecidas en el DACo, donde la radicación
electrónica es común y esencial para la agilidad
y eficiencia de su proceso adjudicativo.
En los méritos, adujo que el Reglamento de
Procedimientos
Administrativos
del
DACo,
Reglamento Núm. 8034 de 13 de junio de 2011, no
restringe la forma de presentar la solicitud de
reconsideración y, al así hacerlo, refleja una
intención clara de facilitar el acceso efectivo
a un remedio administrativo y evitar que
formalismos innecesarios impidan que las partes
afectadas ejerzan sus derechos. A eso, sumó que
ese
reglamento
también
requiere
que
la
interpretación de sus reglas promueva la
eficiencia sin perpetuar obstáculos procesales
que no tengan justificación en el texto de la
norma. Por esa razón, y porque el derecho de
acceso lo justifica, la parte peticionaria
propuso una aplicación liberal que represente un
rechazo al formalismo que, a menudo, ha
restringido el acceso efectivo a la justicia. A
su juicio, la adopción del SIAC no puede verse
aislada de la necesidad de un análisis normativo
que respalde y valide la innovación tecnológica.
2
CC-2024-0548
3
Esto pues, según plasmó, no puede haber
modernización real si las normas no evolucionan
al mismo ritmo que la tecnología.
Por todo ello, nos llamó a reafirmar la
necesidad de una interpretación normativa en
sintonía con las realidades operativas del DACo
y en respaldo de la modernización que ha
emprendido esa agencia. Al respecto, solicitó
que reconozcamos la validez de la presentación
electrónica de solicitudes de reconsideración
para pautar un precedente que asegure que el
acceso a la justicia se mantenga en armonía con
los principios de acceso efectivo, eficiencia,
modernización y equidad que deben guiar el
derecho administrativo. En fin, nos invitó a
pautar un mensaje claro: que los mecanismos
electrónicos
válidamente
utilizados
en
procedimientos administrativos son suficientes
para interrumpir términos procesales y, sobre
todo, son esenciales para garantizar que la
justicia administrativa sea ágil, accesible y
oportuna.
Estos
argumentos
de
Freire
enmarcan
correctamente
las
implicaciones
de
la
controversia que este foro tenía ante sí en este
caso. Es a la luz de ello que analizo los
aciertos de la Opinión que hoy emitimos.
II
En nuestra jurisdicción, el derecho al
acceso a la justicia es un pilar esencial de la
política pública que guía el sistema judicial.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 201-2003,
conocida como Ley de la Judicatura del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2 et
seq. Tanto así que es un principio que permea
todos nuestros ordenamientos procesales, ya sean
el civil, el criminal, el apelativo o el
administrativo. Regla 1 de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V, R. 1; Regla 1 de Procedimiento
Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 1; Art. 4.002 de la
Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24u; Sección 1.2
de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme
del
Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9602.
En aras de definir qué se quiere decir con acceso
a la justicia, la Organización de las Naciones
Unidas lo ha plasmado como la capacidad de las
personas para buscar y obtener un remedio para
sus agravios mediante instituciones de justicia
formales o informales en conformidad con los
derechos humanos. (Traducción nuestra). United
Nations Development Programme, Programming for
Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide
to a Human Rights-Based Approach to Access to
CC-2024-0548
Justice, Bangkok, UNDP, 2005, pág. 5. Asimismo,
ha sido definido como un principio básico del
estado de derecho que implica el derecho amplio
y libre de discrimen de todos los individuos a
utilizar herramientas y mecanismos legales para
proteger sus derechos. (Traducción nuestra). V.
Lima & M. Gómez, Access to Justice: Promoting
the Legal System as a Human Right, en Leal Filho
et al., Peace, Justice and Strong Institutions.
Encyclopedia of the UN Sustainable Development
Goals. Springer, Cham. (2020), pág. 1. Por su
parte, el profesor Efrén Rivera Ramos ha nombrado
el acceso a la justicia como “el conjunto de
condiciones que facilitan o dificultan el que
determinados grupos, sectores o personas puedan
hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos
[necesarios] para la prevención de la violación
de
los
derechos,
para
la
solución
de
controversias y para la obtención de remedios
legales”. E. Rivera Ramos, Las múltiples caras
del
acceso
a
la
justicia,
en
Primer
Congreso Acceso a la Justicia - XXII Conferencia
Judicial 8 (2005). Por eso, en el pasado, he
denominado el acceso a la justicia como la llave
maestra con la que se abren las puertas de otros
derechos sustantivos y garantías procesales.
Meléndez de León et al. v. Keleher et al., 200
DPR 740, 795 (2018) (opinión disidente del Juez
Asociado
Señor
Estrella
Martínez);
véase
también, L. F. Estrella Martínez, Acceso a la
justicia: derecho humano fundamental, 1ra ed.,
San Juan, Eds. SITUM, 2017, págs. 18 y 73.
De estas definiciones se desprenden dos
asuntos primordiales. Primero, que el acceso a
la justicia no se reduce al acceso a los
tribunales de justicia, sino que se extiende a
otros foros, como el administrativo, a los que
las personas pueden acudir para obtener un
remedio. Landrau Cabezudo et al. v. Puertos et
al., 215 DPR ___ (2025), 2025 TSPR 7 (opinión
disidente del Juez Asociado Señor Estrella
Martínez),
citando
a
E.
Rivera
Ramos, El acceso a la justicia en Puerto Rico:
Antecedentes, desarrollos y retos, 86 Rev. Jur.
UPR 801, 802 (2017). Segundo, que al procurar un
acceso a la justicia mayor y eficaz, corresponde
preguntarse en qué medida las personas disfrutan
efectivamente de los derechos que se les han
reconocido. Íd. Al fin y al cabo, de poco sirven
los
derechos
concedidos
si
no
existen
procedimientos para hacerlos valer. De esa
forma, el derecho al acceso a la justicia nos
dispensa un imperativo: acortar el espacio entre
los derechos que se dice que una persona tiene y
4
CC-2024-0548
su capacidad real de disfrutarlos. Landrau
Cabezudo et al. v. Puertos et al., supra.
En la consecución de ese fin, la tecnología
juega un importante rol como herramienta para
garantizar un acceso efectivo a la justicia. Las
iniciativas tecnológicas sirven para ayudar a
las personas a acudir a los foros adjudicativos,
administrar la justicia más eficientemente y
atender a un público aún mayor. J. E. Cabral et
al., Using Technology to Enhance Access to
Justice, 26 Harv. J.L. & Tech. 241, 256-257
(2012).
Para
el
Poder
Judicial,
la
implementación del Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos (SUMAC) a nivel del
Tribunal
de
Primera
Instancia
y,
más
recientemente, del Tribunal de Apelaciones, ha
representado el apalancamiento de la tecnología
para dispensar la justicia de forma más amplia,
activa y ágil. Para el DACo, el equivalente ha
sido el SIAC.
Incluso, las páginas web de estos foros han
permitido que se informe a la ciudadanía al
colocar información útil –como los documentos
guía de una agencia administrativa– para navegar
los
distintos
procedimientos
que
tienen
disponibles. Tanto así que la Sección 2.20(e) de
la
LPAU
requiere
que
las
agencias
administrativas publiquen todos y cada uno de
sus documentos guía de forma prominente,
permanente, continua, gratuita y de fácil acceso
en su página de Internet. 3 LPRA sec. 9630. De
esa manera, también se cumple con otro de los
corolarios del acceso a la justicia: el
conocimiento de los individuos de sus derechos y
cómo exigirlos. Landrau Cabezudo et al. v.
Puertos et al., supra, citando a F. Hernández
Denton, Acceso a la justicia y el estado de
derecho, 81 (Núm. 4) Rev. Jur. UPR 1129, 1132
(2012). Después de todo, de poco sirven los
derechos concedidos si aquella persona a cuyo
favor operan desconoce que los tiene y cómo los
puede hacer valer.
Como la Opinión mayoritaria acierta al
adelantar
este
alto
interés
público
de
garantizar mayor acceso a la justicia, estoy
conforme. En su análisis expansivo, este
Tribunal reconoce que un conjunto de documentos
guía publicados en Internet para orientar a la
ciudadanía sobre la radicación a través de un
sistema electrónico puede expandir las opciones
y facilidades disponibles a los individuos en
sus trámites ante una agencia. De esa forma, se
incorporan los documentos guía y la expectativa
que crean en el público para proveer una vía
5
CC-2024-0548
6
adicional en la presentación de mociones y en el
trámite de asuntos ante el DACo. Así, las partes
podrán presentar escritos al expediente en
persona, por correo tradicional, por correo
electrónico o mediante el SIAC. Descartada queda
la
exigencia
unilateral
de
métodos
de
presentación específicos y entorpecedores cuando
también
se
cuenta
con
recursos
ágiles,
facilitadores e inclusivos. El llamado a
procurar un acceso efectivo a la justicia es una
vocación continua hacia una visión amplia que
facilite la disponibilidad de los instrumentos
judiciales
o
administrativos
que
nuestro
ordenamiento provee para la protección de
derechos o resolución de conflictos. Véase,
Estrella Martínez, op. cit., pág. 31. En el
contexto de la era digital, nos corresponde
armonizar la innovación tecnológica y las normas
procesales aplicables para cumplir la promesa de
un sistema de atención de agravios que esté
disponible a todas las personas por igual.
III
Considero oportuno reconocer la acertada
incorporación de los elementos establecidos por
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en
Skidmore v. Swift & Co., 323 US 134 (1944),
citado
con
aprobación
en
Loper
Bright
Enterprises v. Raimondo, 603 US 369 (2024). En
aquella ocasión, el más alto foro federal
consideró
que
las
determinaciones,
interpretaciones y opiniones de una agencia
representan un conjunto de experiencias y
criterios fundamentados a los cuales los
tribunales y los litigantes pueden acudir como
guía. Skidmore v. Swift & Co., supra, pág. 140.
Para definir cuánto peso darles a esos criterios
agenciales, pautó lo siguiente:
The weight of such a judgment in a
particular case will depend upon the
thoroughness
evident
in
its
consideration, the validity of its
reasoning,
its
consistency
with
earlier and later pronouncements,
and all those factors which give it
power to persuade, if lacking power
to control. (Negrillas nuestras).
Íd.
De esos elementos, resalto el primero con
el fin de profundizar sobre nuestra adopción de
los factores delineados en Skidmore v. Swift &
Co., supra. Al momento de decidir sobre la
validez de un pronunciamiento no legislativo,
los tribunales deberán tomar en cuenta la
minuciosidad empleada en la consideración de la
CC-2024-0548
7
directriz en cuestión. Ese factor me parece
apropiado, especialmente ante la decisión del
Tribunal Supremo de Estados Unidos en Loper
Bright Enterprises v. Raimondo, supra, y la
Opinión de este Tribunal en Vázquez et al. v.
DACo, 2025 TSPR 56, 216 DPR ___ (2025). Ambos
casos marcan una tendencia tanto federal como
local a favor de una inclinación menos deferente
respecto a las determinaciones de las agencias
administrativas cuando estas no poseen un
conocimiento verdaderamente especializado en el
tema o no evidencian una deliberación minuciosa
o una justificación fundamentada para llegar a
sus conclusiones o acciones. De esta forma, una
directriz no legislativa podrá ser validada si,
además de los otros factores pertinentes,
también se desprende de su consideración que la
agencia
empleó
un
análisis
riguroso
y
comprensivo.
Todavía más, subrayo que el resultado de la
decisión a la que llegamos en este caso es
cónsono con nuestra determinación en Vitas
Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 DPR 56
(2014). En aquella ocasión, pautamos que las
agencias
administrativas
no
pueden
unilateralmente incluir cortapisas o requisitos
jurisdiccionales no contemplados en ley que
constituyan una barrera a la revisión judicial.
Por lo tanto, validar que una resolución final
exija
terminantemente
–como
sugirió
la
Resolución que emitió el DACo en este caso– la
presentación en persona o por correo de una
solicitud de reconsideración, cuando la agencia
tiene a su alcance un método electrónico para
tramitar mociones e informa al público sobre su
disponibilidad,
erigiría
un
obstáculo
impermisible para que las personas afectadas
acudan en revisión. De este modo, con la decisión
a
la
que
arribamos
hoy
mediante
una
interpretación
expansiva
y
alejada
de
formalismos restrictivos, facilitamos que la
ciudadanía
se
beneficie
de
los
avances
tecnológicos que adoptan las agencias de su
Gobierno. Así, se garantiza un acceso más
efectivo a través de la tecnología tanto a
remedios administrativos, como a la revisión
judicial.
IV
Por todo lo anterior, estoy conforme con la
Opinión que hoy emitimos en este caso. La
doctrina que pautamos representa un avance para
el acceso a la justicia y la interpretación
liberal, no formalista, de asuntos procesales.
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8
El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con el
resultado sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez no interviene.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo