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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Tricoche Matos y otra v. Luis Freire Div. of K.M.A. Associates of PR, Inc.

2025 TSPR 92

Poder Judicial de Puerto Rico

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Tricoche Matos y otra v. Luis Freire Div. of K.M.A. Associates of PR, Inc.

CC-2024-0548

1 de octubre de 2025 · Hon. Rafael L. Martínez Torres · Derecho Administrativo – Facultad del Departamento de Asuntos del Consumidor para atender querellas presentadas electrónicamente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Michael Tricoche Matos y

Nordelys Rivera Carmona

Certiorari

Recurridos

2025 TSPR 92

v.

216 DPR ___

Luis Freire Div. of K.M.A.

Associates of PR, Inc.

Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0548

1 de octubre de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel V

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Guillermo F. De Guzmán Vendrell

Materia:

Derecho Administrativo – Facultad del Departamento de

Asuntos del Consumidor para atender querellas presentadas

electrónicamente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Michael Tricoche Matos y

Nordelys Rivera Carmona

Recurridos

v.

CC-2024-0548

Luis Freire Div. of K.M.A.

Associates of PR, Inc.

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2025.

A

propósito

de

esta

ocasión,

tenemos

la

oportunidad de examinar el poder de la judicatura para

sustituir por su propio criterio los pronunciamientos

no legislativos de una agencia. En específico, debemos

resolver si el Tribunal de Apelaciones erró al concluir

que no tenía jurisdicción para atender un recurso de

revisión judicial bajo el fundamento de que una moción

de reconsideración presentada a través del servicio en

línea del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo)

no interrumpió el término para recurrir del dictamen de

la agencia. Adelantamos que el DACo cuenta con ciertas

directrices no legislativas que orientan al público

sobre

la

tramitación

electrónica

de

querellas.

CC-2024-0548

En

efecto,

2

estas

facilitaron

que

la

parte

peticionaria

presentara su solicitud de reconsideración. Por los fundamentos

que proceden, revocamos la sentencia del foro recurrido.

I

El 9 de junio de 2023, el Sr. Michael Tricoche Matos y la

Sra. Nordelys Rivera Carmona presentaron una querella ante el

DACo contra la corporación Luis Freire Div. of K.M.A. Associates

of PR, Inc. (Freire). En síntesis, adujeron que Freire incumplió

con un contrato de fabricación e instalación de gabinetes de

cocina. Por no estar satisfechos con la labor realizada, el

señor Tricoche Matos y la señora Rivera Carmona solicitaron en

su querella la devolución total del dinero pagado por la obra.

Luego de varios incidentes procesales, el 29 de abril de

2024 el DACo notificó una resolución en la cual ordenó a Freire

corregir las deficiencias de la obra y realizar un pago a favor

de los querellantes. Además, advirtió a las partes de su derecho

a solicitar reconsideración del dictamen. En lo pertinente, la

Resolución consigna lo siguiente: “Si la parte interesada opta

por solicitar una Reconsideración, su solicitud DEBERÁ SER POR

ESCRITO. Se recomienda incluir la palabra “Reconsideración”

como título del documento, el cual podrá presentarse de modo

presencial, o enviarse por correo postal”. Ap. del certiorari,

pág. 138.

Ante estas circunstancias, el 17 de mayo de 2024 Freire

solicitó oportunamente la reconsideración de la resolución a

través de la página de internet del DACo, la cual promueve una

plataforma

electrónica

adjudicativos.

Ese

mismo

para

fines

de

procedimientos

día,

Freire

recibió

un

correo

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3

electrónico de parte del DACo para confirmar el registro en el

sistema de la moción de reconsideración y notificó una copia de

dicha moción al señor Tricoche Matos y a la señora Rivera

Carmona. Antes bien, el 7 de junio de 2024 Freire acudió a las

oficinas de la agencia para indagar sobre el estatus de su

solicitud de reconsideración, puesto que se percató de que el

expediente electrónico del caso no reflejaba la radicación de

la moción. Allí, los empleados de la agencia le confirmaron que

la moción no constaba en el sistema. Así pues, los empleados

del DACo le requirieron a Freire que dejara una copia de la

moción de reconsideración y que incluyera una nota a mano para

explicar la situación. De inmediato, Freire procedió a cumplir

con lo instruido. No obstante, el foro administrativo no emitió

ninguna

resolución

relacionada

con

la

solicitud

de

reconsideración.

Insatisfecho, el 1 de julio de 2024 Freire acudió ante el

Tribunal

de

Apelaciones

mediante

un

recurso

de

revisión

judicial. Empero, el foro intermedio desestimó el recurso por

falta de jurisdicción, ya que, según apreció, se presentó fuera

del término de treinta (30) días contados desde la notificación

de la resolución del 29 de abril de 2024, según dispone la ley.

El foro apelativo fundamentó su decisión en que la moción de

reconsideración presentada electrónicamente no tuvo el efecto

de

interrumpir

judicial.

Al

el

término

respecto,

para

sostuvo

recurrir

que

mediante

Freire

no

revisión

siguió

la

instrucción impartida por el DACo en su Resolución, la cual

exigía que solicitara la reconsideración de modo presencial o

vía correo postal.

CC-2024-0548

4

Inconforme con el dictamen, el 6 de septiembre de 2024

Freire acudió ante nos mediante un recurso de certiorari. En

esencia, sostuvo que erró el foro intermedio al desestimar el

recurso de revisión judicial por falta de jurisdicción. Por

ello, nos solicita que revoquemos la decisión del Tribunal de

Apelaciones y declaremos que la presentación de la solicitud de

reconsideración

a

través

del

servicio

en

línea

del

DACo

interrumpió el término para recurrir al foro intermedio.

El 6 de diciembre de 2024, expedimos el auto discrecional

y el 7 de febrero de 2025 Freire presentó su alegato. Sin

embargo, la parte recurrida no radicó el suyo. Expuesto este

trasfondo, procedemos a resolver.

II

A.

Delegación del poder de reglamentación

La Asamblea Legislativa puede encomendar a las agencias

administrativas

implementar

cierta

política

pública

y

delegarles los poderes necesarios para lograr ese objetivo. R&B

Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, 213 DPR 685, 700 (2024);

Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et al., 184 DPR 95, 119

(2011). Este poder se fundamenta en la Sec. 16 del Art. III de

la Constitución de Puerto Rico, la cual concede a la Asamblea

Legislativa la facultad de crear, consolidar o reorganizar

departamentos ejecutivos y definir sus funciones. Art. III,

Sec. 16, Const. PR, LPRA, Tomo 1, pág. 416. En virtud de la

delegación legislativa, las agencias ostentan dos facultades

esenciales, a saber: el poder de reglamentar y el poder de

adjudicar controversias. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas

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5

ASG, supra, pág. 700; Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR

203, 211 (2002).

En suma, la ley es “el medio o [la] fuente legal que

establece los límites del poder y de las facultades de las

agencias administrativas”. Yiyi Motors, Inc. v. ELA, 177 DPR

230, 247 (2009). A esos fines, si la ley exige la promulgación

de reglamentos para ejercer los poderes administrativos, la

agencia tiene la obligación de adoptarlos. J. A. Echevarría

Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 5ta ed., San

Juan, SITUM, 2023, pág. 27. Sin embargo, antaño afirmamos que

el decreto de un reglamento no es un requisito jurisdiccional

para que las agencias ejerzan el poder delegado por ley.

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 45 (2004); ELA et als.

v. Malavé, 157 DPR 586 (2002). Véase también, Camacho Huertas

v. Compañía Turismo, 174 DPR 833 (2008) (Sentencia). Por los

mismos fundamentos, la misma norma debe aplicar cuando la

agencia se vale de un reglamento desfasado que no contempla su

realidad operacional. Así pues, en ELA et als. v. Malavé, supra,

pautamos que, mientras no se adopte un reglamento que defina la

discreción de la agencia, “cada caso deberá evaluarse a la luz

de sus hechos particulares para determinar si las medidas

adoptadas son adecuadas o no”. Íd., pág. 596.

En vista de este panorama, la Ley Núm. 5 de 23 de abril de

1973, conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos

del Consumidor (Ley Orgánica), 3 LPRA sec. 341 et seq., creó el

DACo

con

el

propósito

de,

entre

otras

cosas,

vindicar

e

implementar los derechos del consumidor. Art. 3 de la Ley Núm.

5, supra, 3 LPRA sec. 341b. Para ese fin, el Art. 15 de la Ley

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6

Orgánica dispone que “[c]ualquier consumidor podrá radicar una

querella en el Departamento para vindicar los derechos que le

conceden las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

Art. 15 de la Ley Núm. 5, supra, 3 LPRA sec. 341n.

Para concretizar sus objetivos, la Ley Orgánica faculta al

Secretario del DACo para “[e]stablecer las reglas y normas

necesarias

para

la

conducción

de

los

procedimientos

administrativos, tanto de reglamentación como de adjudicación,

que celebre el Departamento”. Art. 6 de la Ley Núm. 5, supra,

3 LPRA sec. 341e. Por su parte, la Ley Núm. 38-2017, conocida

como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3

LPRA sec. 9601 et seq., instruye a todas las agencias a adoptar

un reglamento para regular sus procesos adjudicativos. Sec. 3.2

de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9642. Por consiguiente, el

DACo tiene el deber de establecer reglas adecuadas para ejercer

su poder de adjudicación. En cumplimiento con esa disposición,

la

agencia

promulgó

el

Reglamento

de

Procedimientos

Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034, DACo, 14 de junio de 2011.

B.

Reconsideración

y

revisión

judicial

en

el

ámbito

administrativo

La LPAU define tanto el recurso de revisión judicial como

la

reconsideración

ante

una

agencia.

Sobre

el

recurso

de

revisión judicial, la LPAU dispone que una parte adversamente

afectada por una orden o resolución final de una agencia, que

haya agotado todos los remedios disponibles, podrá presentar

una

solicitud

de

revisión

judicial

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones dentro de un término de treinta (30) días, contados

a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la

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notificación de la orden o resolución final o a partir de la

fecha aplicable de las dispuestas en la Sec. 3.15 de la LPAU

cuando el término haya sido interrumpido por la presentación

oportuna de una moción de reconsideración. Sec. 4.2 de la Ley

Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9672.

A su vez, sobre la reconsideración ante el organismo

administrativo, en lo pertinente la LPAU consigna lo siguiente:

§ 9655. Reconsideración

La parte adversamente afectada por una resolución u

orden parcial o final podrá, dentro del término de

veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos

de la notificación de la resolución u orden,

presentar una moción de reconsideración de la

resolución u orden. La agencia dentro de los quince

(15) días de haberse presentado dicha moción deberá

considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare

dentro de los quince (15) días, el término para

solicitar revisión comenzará a correr nuevamente

desde que se notifique dicha denegatoria o desde que

expiren esos quince (15) días, según sea el caso.

Sec. 3.15 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9655.

Al respecto, la Regla 29 del Reglamento Núm. 8034, supra,

contiene lenguaje análogo sobre la revisión judicial y la

reconsideración. Sin embargo, nada dispone sobre la forma en

que han de presentarse dichos escritos. Para ello, debemos

acudir a la Regla 5.2, la cual expresa que:

Los trámites relacionados con la querella serán

diligenciados personalmente, o por correo ordinario.

Toda

radicación

de

querellas,

documentos,

y

reconsideraciones, se harán en el Departamento en la

Oficina Regional correspondiente, por correo o cuando

existan las facilidades y recursos disponibles,

mediante tele-copiador (fax) o correo electrónico.

Cuando se utilicen estos últimos la evidencia de la

radicación será la confirmación con fecha y hora de

transmisión del documento. (Énfasis suplido). Regla

5.2 del Reglamento Núm. 8034, supra.

De entrada, notamos que el propio reglamento no limita el

proceso de querellas a los medios tradicionales, más bien sujeta

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8

la modalidad de presentación de documentos a las facilidades y

recursos de la agencia. Cónsono con la Regla 32 del Reglamento

Núm. 8034, supra, la cual exige que se interpreten las reglas

de “forma liberal de modo que se garantice una solución rápida,

justa y económica de todo procedimiento”, debemos auscultar

aquellas directrices que orientan al público sobre las nuevas

facilidades para la tramitación de querellas ante el DACo.

C.

Reglas legislativas y no legislativas

Es un principio del debido proceso de ley que “una agencia

no

puede

ejercitar

su

discreción

de

manera

arbitraria

o

caprichosa”. Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud, 156 DPR 105,

130 (2002). Por esta razón, las agencias están llamadas a fijar

normas que delimiten su quehacer administrativo conforme a la

ley que las origina, de manera que el público entienda cuáles

son tanto sus deberes y obligaciones como sus derechos y los

procedimientos

marras,

para

destacamos

hacerlos

que

en

valer.

esta

Pertinente

encomienda

los

al

caso

de

organismos

administrativos pueden formular reglas legislativas y reglas no

legislativas. R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, supra,

pág. 701; Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, 203 DPR

596, 605 (2019).

La Sec. 1.3(m) de la LPAU define regla o reglamento como

la norma de una agencia “que sea de aplicación general que

ejecute o interprete la política pública o la ley, o que regule

los requisitos de los procedimientos o prácticas de una agencia

que tenga fuerza de ley”. Sec. 1.3(m) de la Ley Núm. 38-2017,

3 LPRA sec. 9603. Esta define propiamente lo que llamamos regla

legislativa. No obstante, la LPAU excluye de la definición de

CC-2024-0548

regla

o

9

reglamento

administración

a

interna

los

de

siguientes:

la

agencia;

(1)

(2)

reglas

de

comunicaciones

internas de la agencia o entre agencias; (3) documentos guía;

(4) órdenes de precio del DACo y otros decretos similares, y

(5) formas y sus instrucciones. Íd. Estas excepciones a la

definición

son

propiamente

lo

que

llamamos

reglas

no

legislativas.

El criterio para distinguir entre ambos tipos de regla es

que,

mientras

la

regla

legislativa

“crea

derechos,

impone

obligaciones y establece un patrón de conducta que tiene fuerza

de ley”, las reglas no legislativas “no alteran los derechos ni

las obligaciones de los individuos” y carecen de fuerza de ley.

R&B Power, Inc. v. Junta de Subastas ASG, supra, págs. 701-702;

Sierra Club et al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 605. A

tono con esta naturaleza disímil, la LPAU dispensa a las reglas

no legislativas del requisito formal de reglamentación. Sec.

2.20 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9630; Sierra Club et

al. v. Jta. Planificación, supra, pág. 605. Así, este tipo de

regla no puede contrariar a las legislativas. Mun. de San Juan

v. J.C.A., 152 DPR 673, 692 (2000).

En virtud de esta clasificación, hemos sido enfáticos en

que

las

reglas

no

legislativas

“pueden

ser

modificadas

judicialmente”. Agosto Serrano v. F.S.E., 132 DPR 866, 873

(1993). Esto es, “como dichas reglas no se promulgan con fuerza

de ley, los tribunales pueden sustituir su juicio por el de la

agencia

cuando

se

enfrentan

a

una

regla

interpretativa”.

(Negrillas suplidas). Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud,

supra, pág. 146. Ahora bien, nunca nos hemos expresado sobre el

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estándar aplicable para llevar a cabo dicha sustitución. De ese

modo, en consideración de que nuestro derecho administrativo se

nutre del desarrollo de esta materia en Estados Unidos, en esta

ocasión analizamos la doctrina federal pertinente.

En Skidmore v. Swift & Co., 323 U.S. 134 (1944), citado

con aprobación en Loper Bright Enterprises v. Raimondo, 603

U.S. 369 (2024), el Tribunal Supremo federal dictó que los

pronunciamientos no legislativos de las agencias, a pesar de no

ser vinculantes para los tribunales, “constituyen un acervo de

experiencias y criterios informados a los cuales los tribunales

y los litigantes bien podrán recurrir a modo de guía”. Íd.,

pág. 140. Véase, Vázquez y otro v. Condominio Los Corales, 2025

TSPR 56, pág. 27, 215 DPR ___ (2025). A esos efectos, para

determinar si una regla no legislativa debe servir de guía en

su

función

adjudicativa,

el

magistrado

tiene

que

evaluar

rigurosamente aquellos factores circunstanciales que resulten

persuasivos para su análisis independiente; entre estos, la

minuciosidad empleada por la agencia en la consideración de la

directriz, la coherencia lógica de esta, su consistencia con

pronunciamientos anteriores y posteriores, y el momento en que

se adoptó. Skidmore v. Swift & Co., supra, pág. 140; Young v.

United Parcel Service, Inc., 575 U.S. 206, 224-225 (2015). De

tal

manera,

el

tribunal

podrá

acoger

las

directrices

no

legislativas de una agencia si las entiende legítimas; no

obstante,

deberá

administrativo

caprichosa.

modificarlas

actuar

Véase,

K.

si

estas

de

forma

E.

Hickman

permiten

irrazonable,

&

R.

J.

al

foro

arbitraria

Pierce,

o

Jr.,

Administrative Law Treatise, 7ma ed., New York, Wolters Kluwer,

CC-2024-0548

11

2024, Vol. I, pág. 449. Evidentemente, el poder para revisar

las reglas no legislativas se funda en la responsabilidad

primaria de la judicatura para interpretar la ley y examinar la

legalidad

de

las

actuaciones

administrativas.

Cfr.,

Loper

Bright Enterprises v. Raimondo, supra.

Por su parte, hemos reconocido varios fines para los cuales

se decretan las reglas no legislativas. En Agosto Serrano v.

F.S.E., supra, expresamos que estas se promulgan para darle

uniformidad a los procesos administrativos internos y para

“pautar

la

discreción

administrativa”.

Íd.,

pág.

873.

Más

adelante, en Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, dictamos que

las reglas no legislativas ofrecen una “clarificación de la ley

que administra [la agencia] o de sus reglas o reglamentos”.

Íd., pág. 692. Por otra parte, en Asoc. Fcias. Com. v. Depto.

de Salud, supra, dijimos que las reglas no legislativas pueden

configurarse en forma de declaraciones generales de política

pública “para informar al público sobre las intenciones de las

agencias y para pautar la discreción administrativa”. Íd., pág.

148. Asimismo, en Asociación Maestros v. Comisión, 159 DPR 81

(2003),

fundamentamos

su

función

en

que

“clarifican

e

interpretan las obligaciones y los deberes fijados por el

estatuto orgánico”. Íd., pág. 95. Luego, en Tosado v. A.E.E.,

165 DPR 377 (2005), enfatizamos que las reglas no legislativas

se crean con el propósito de “fijar directrices y para pautar

la discreción administrativa” y, además, para otorgarle a la

agencia la “flexibilidad que necesita […] al regular [sus]

asuntos internos”. Íd., pág. 390. A su vez, en Crespo Claudio

v. O.E.G., 173 DPR 804 (2008), expresamos que este instrumento

CC-2024-0548

12

representa un vehículo informativo y un “mecanismo adicional

para que las agencias hagan constar su posición formal sobre

las leyes y los reglamentos que administran”. Íd., págs. 819820.

En

este

contexto,

la

Sec.

1.3(c)

de

la

LPAU

define

documento guía de la forma siguiente:

[U]n documento físico o electrónico de aplicabilidad

general desarrollado por una agencia, que carece de

fuerza de ley pero expresa la interpretación de la

agencia sobre alguna legislación, la política pública

de la agencia o que describe cómo y cuándo la agencia

ejercerá sus funciones discrecionales. Incluye

interpretaciones oficiales, según definidas en esta

Ley. Este término no incluye documentos que son

reglamentos o reglas según definidas en esta Ley.

Sec. 1.3(c) de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9603.

En términos comparativos, señalamos que la definición de

documento guía (“Guidance document”) contenida en la Revised

Model State Administrative Procedure Act del 2010 (MSAPA) es

similar a la preceptuada en nuestra LPAU (“‘Guidance document’

means a record of general applicability developed by an agency

which lacks the force of law but states the agency’s current

approach to, or interpretation of, law, or describes how and

when the agency will exercise discretionary functions”, Art. 1,

Sec. 102(14)). El comentario de la Sec. 102 de las reglas modelo

reconoce la necesidad de las agencias para divulgar documentos

que sirvan de guía tanto para sus empleados como el público.

Íd., Sec. 102, Comment. A tenor de esto, la LPAU impone el deber

a las agencias de mantener un récord físico y público de todos

sus documentos guía y de publicarlos en su página cibernética

de manera permanente, continua, gratuita y de fácil acceso.

Sec. 2.20 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9630.

CC-2024-0548

13

En consecución del deber de establecer normas para el

trámite de querellas, el DACo publicó una serie de documentos

guía para orientar al público sobre el uso del servicio en línea

para

los

procedimientos

adjudicativos.

A

esos

efectos,

el

documento titulado El trámite de resolución de querellas en el

DACo, preparado en diciembre 2021, instruye al público sobre

los problemas comunes que enfrentan los consumidores cuando

presentan una reclamación. DACo, “El trámite de resolución de

querellas

en

el

DACo”,

https://www.daco.pr.gov/2021/12/el-

tramite-de-resolucion-de-querellas-en-el-daco/ (última visita,

17 de junio de 2025). En lo pertinente, el documento informa

que

un

consumidor

podrá

presentar

una

querella

de

modo

presencial en una de las oficinas regionales del DACo o de modo

virtual a través de la página de internet de la agencia.

Asimismo,

en

la

página

de

internet

del

DACo,

particularmente en la sección de documentos de ayuda, la agencia

cuenta con documentos que orientan al litigante sobre los

servicios de la plataforma. Entre estos, figura el Manual de

servicios en línea para el consumidor, preparado en noviembre

2017, el cual es una guía general sobre cómo utilizar los

distintos recursos del sistema. DACo, “Manual de servicios en

línea

para

el

consumidor”,

https://serviciosenlinea.daco.

pr.gov/Pages/Public/PortalReferenceDocumentList.aspx

(última

visita, 17 de junio de 2025). Además, ofrece una Guía para

registrarse como abogado y presentar mociones en línea y una

Guía

para

registrarse

presentar

como

mociones

abogado

y

en

línea.

presentar

DACo,

mociones

“Guía

en

para

línea”,

https://serviciosenlinea.daco.pr.gov/Pages/Public/Portal

CC-2024-0548

14

ReferenceDocumentList.aspx

2025);

DACo,

“Guía

(última

para

visita,

presentar

17

de

mociones

junio

en

de

línea”,

https://serviciosenlinea.daco.pr.gov/Pages/Public/Portal

ReferenceDocumentList.aspx

2024).

En

ambos

(última

documentos,

visita,

la

17

de

agencia

junio

detalla

de

las

instrucciones necesarias para presentar una moción de modo

virtual. Incluso, menciona que, luego de presentar la moción,

el presentante recibirá una notificación de confirmación del

registro

de

la

moción

en

su

correo

electrónico,

como

efectivamente recibió Freire el 17 de mayo de 2024.

Ante

este

escenario,

pasemos

ahora

a

disponer

de

la

controversia.

III

En el recurso ante nuestra consideración, Freire sostiene

que el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión

judicial erróneamente, ya que la presentación de la solicitud

de reconsideración de modo virtual interrumpió el término para

recurrir ante ese foro. En lo particular, Freire arguye que el

foro intermedio erró al equiparar una advertencia en cuanto a

que la reconsideración debía presentarse de modo presencial o

por correo —según quedó plasmado en la Resolución del DACo del

29 de abril de 2024— con una limitación normativa. Luego de

examinar los documentos pertinentes y la doctrina jurídica

aplicable,

concluimos

que

le

asiste

la

razón

que

las

a

la

parte

peticionaria.

En

primer

lugar,

afirmamos

directrices

relacionadas al trámite virtual de querellas antes expuestas

son

reglas

no

legislativas

que

dan

efecto

a

un

mandato

CC-2024-0548

15

legislativo. La razón para esto es que, si bien eluden el

proceso de reglamentación formal, no alteran los derechos ni

las obligaciones de las partes litigantes ante el DACo. Es

decir, no coartan el procedimiento adjudicativo contemplado en

el Reglamento Núm. 8034, supra, más bien incorporan la vía

electrónica para el trámite de querellas bajo las mismas pautas

procesales que establece dicho reglamento y sin proscribir los

medios tradicionales de tramitación disponibles al público.

En este contexto, dado que los tribunales pueden suplantar

el criterio no legislativo de las agencias, Agosto Serrano v.

F.S.E., supra, pág. 873; Asoc. Fcias. Com. v. Depto. de Salud,

supra, pág. 146, debemos resolver si el Tribunal de Apelaciones

erró al desestimar el recurso de revisión judicial presentado

por Freire. Decidimos que, aunque el DACo no cuenta con un

reglamento de procedimientos adjudicativos que contemple los

avances tecnológicos de su servicio en línea, el foro intermedio

abusó de su discreción al ignorar las reglas no legislativas

que orientan al público sobre el uso del sistema para cursar

los procedimientos adjudicativos. Por consiguiente, el Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

desestimar

el

recurso

de

revisión

judicial.

No podemos obviar que existe una clara política pública

del Estado dirigida a incorporar el uso de tecnologías de la

información en el funcionamiento gubernamental. Ejemplo de ello

son la Ley Núm. 151-2004, conocida como la Ley de Gobierno

Electrónico, 3 LPRA sec. 991 et seq.; la Ley Núm. 75-2019,

conocida como la Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology

Service, 3 LPRA sec. 9861 et seq., y la Ley Núm. 16-2025. Esta

CC-2024-0548

16

última —la cual entró en vigor posterior a los hechos del caso—

impone

el

deber

a

las

agencias

de

establecer

mecanismos

tecnológicos para los procedimientos adjudicativos y adoptar la

reglamentación necesaria para su funcionamiento. Arts. 1 y 2 de

la Ley Núm. 16-2025, supra.

En efecto, reconocemos que la plataforma electrónica del

DACo

adelanta

la

política

pública

general

de

incorporar

mecanismos tecnológicos en el ordenamiento administrativo. Aún

más, es evidente que las directrices en cuestión no exceden el

mandato legislativo de la ley orgánica de la agencia; antes

bien,

propician

la

obtención

del

objetivo

primordial

de

habilitar una plataforma adjudicativa para que los consumidores

vindiquen sus derechos.

Además, no surge de los autos que la agencia haya utilizado

los documentos guía en consideración para actuar de manera

arbitraria,

caprichosa

Concretamente,

no

o

en

consta

que

detrimento

el

foro

de

las

partes.

administrativo

haya

expresado reparo en cuanto a la presentación virtual de la

reconsideración. En realidad, lo que sucedió fue que la agencia

no actuó dentro de los quince (15) días de presentada la moción,

según dispone la ley. Sec. 3.15 de la Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA

sec. 9655.

En fin, somos del criterio de que no pueden perjudicarse

los

derechos

de

las

partes

porque

la

agencia

faltó

a

la

obligación de revisión periódica de sus reglamentos requerido

por la Sec. 2.19 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9629, y la parte

peticionaria confió en las directrices del DACo para solicitar

la

reconsideración.

De

modo

que,

mientras

el

foro

CC-2024-0548

17

administrativo

no

reglamente

formalmente

el

uso

de

la

plataforma electrónica como lo requiere la Ley Núm. 16-2025,

supra, las pautas que guían al usuario sobre el uso del sistema

tendrán

vigencia

provisional

por

tratarse

de

medidas

administrativas idóneas que abonan a la eficiencia en los

procesos

contenciosos.

Así

pues,

las

directrices

sirven

adecuadamente para suplementar tentativamente la falta de un

reglamento adjudicativo actualizado.

Ante un escenario como este, un tribunal no puede sustituir

el criterio de la agencia por el suyo propio en detrimento de

las partes, ya que constituye un abuso de discreción. No

obstante, resaltamos que la judicatura tiene discreción para

fundarse

en

reglas

no

legislativas

cuando

las

entienda

legítimas y, a su vez, está facultada para modificarlas cuando

la

agencia

las

utilice

para

actuar

de

forma

irrazonable,

arbitraria, caprichosa o en desacuerdo con la ley. Véase,

Skidmore v. Swift & Co., supra, págs. 139-140; K. E. Hickman &

R. J. Pierce,

op. cit., págs.

445-449.

Para realizar

esa

función, el magistrado debe ponderar el valor de las directrices

pertinentes a la luz de aquellos factores que le resulten

persuasivos. Skidmore v. Swift & Co., supra, pág. 140. En

consecuencia,

un

tribunal

podrá

sustituir

el

criterio

no

legislativo de una agencia bajo el estándar desglosado, siempre

y cuando no incurra en un abuso de discreción.

Por lo anterior, es forzoso concluir que la solicitud de

reconsideración presentada por Freire, a través del servicio en

línea

del

DACo,

efectivamente

interrumpió

el

término

para

recurrir al Tribunal de Apelaciones. Como resultado, erró el

CC-2024-0548

18

foro intermedio al desestimar el recurso de revisión judicial

por falta de jurisdicción, puesto que se presentó dentro del

término que dispone la ley.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca el dictamen

del Tribunal de Apelaciones. Se devuelve el caso a ese foro

para la continuación de los procedimientos, de forma compatible

con este dictamen.

Se dictará Sentencia en conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Michael Tricoche Matos y

Nordelys Rivera Carmona

Recurridos

v.

CC-2024-0548

Luis Freire Div. of K.M.A.

Associates of PR, Inc.

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de octubre de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se revoca el dictamen del Tribunal de

Apelaciones. Se devuelve el caso a ese foro para la

continuación de los procedimientos, de forma compatible

con este dictamen.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez hizo constar la expresión de conformidad

siguiente:

Hoy este Tribunal da un paso firme de

avanzada que adelanta el acceso a la justicia

administrativa y apelativa en la era digital

por medio de una interpretación novel de las

directrices no legislativas promovidas por una

agencia administrativa y de su impacto en los

servicios que ofrece a la ciudadanía. En

esencia, se reconoce una vía adicional

disponible al público para la presentación de

mociones y el trámite de asuntos ante el

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).

Por esas razones, estoy conforme con la

Opinión que hoy emitimos.

CC-2024-0548

En atención a la importancia de esta

controversia, considero oportuno expresarme y

profundizar en algunas observaciones que estimo

pertinentes.

Sobre el trámite procesal de este caso,

resalto que la parte peticionaria, Luis Freire

Div. of K.M.A. Associates of PR, Inc. (Freire o

parte peticionaria), señaló prominentemente como

error que la determinación del Tribunal de

Apelaciones atentó contra el acceso a la

justicia.

En su Petición de certiorari, Freire

argumentó

que

aplicar

una

interpretación

restrictiva – declarar que la presentación de la

moción de reconsideración por medio del Sistema

Integrado de Asuntos del Consumidor (SIAC) fue

inválida – constituiría un grave error en

detrimento del acceso a la justicia de los

ciudadanos

que

confían

en

ese

mecanismo

electrónico.

Además,

según

planteó,

se

traicionaría el

espíritu de la normativa

vigente, se adoptaría una visión arcaica de las

reglas procesales aplicables y se negarían los

principios de equidad que deben guiar la

hermenéutica. Para la parte peticionaria, esa

interpretación

restrictiva

contraviene

los

objetivos de un sistema electrónico implantado

precisamente para facilitar y modernizar la

gestión de casos. En consecuencia, arguyó que se

ignoraría la realidad operativa y las costumbres

establecidas en el DACo, donde la radicación

electrónica es común y esencial para la agilidad

y eficiencia de su proceso adjudicativo.

En los méritos, adujo que el Reglamento de

Procedimientos

Administrativos

del

DACo,

Reglamento Núm. 8034 de 13 de junio de 2011, no

restringe la forma de presentar la solicitud de

reconsideración y, al así hacerlo, refleja una

intención clara de facilitar el acceso efectivo

a un remedio administrativo y evitar que

formalismos innecesarios impidan que las partes

afectadas ejerzan sus derechos. A eso, sumó que

ese

reglamento

también

requiere

que

la

interpretación de sus reglas promueva la

eficiencia sin perpetuar obstáculos procesales

que no tengan justificación en el texto de la

norma. Por esa razón, y porque el derecho de

acceso lo justifica, la parte peticionaria

propuso una aplicación liberal que represente un

rechazo al formalismo que, a menudo, ha

restringido el acceso efectivo a la justicia. A

su juicio, la adopción del SIAC no puede verse

aislada de la necesidad de un análisis normativo

que respalde y valide la innovación tecnológica.

2

CC-2024-0548

3

Esto pues, según plasmó, no puede haber

modernización real si las normas no evolucionan

al mismo ritmo que la tecnología.

Por todo ello, nos llamó a reafirmar la

necesidad de una interpretación normativa en

sintonía con las realidades operativas del DACo

y en respaldo de la modernización que ha

emprendido esa agencia. Al respecto, solicitó

que reconozcamos la validez de la presentación

electrónica de solicitudes de reconsideración

para pautar un precedente que asegure que el

acceso a la justicia se mantenga en armonía con

los principios de acceso efectivo, eficiencia,

modernización y equidad que deben guiar el

derecho administrativo. En fin, nos invitó a

pautar un mensaje claro: que los mecanismos

electrónicos

válidamente

utilizados

en

procedimientos administrativos son suficientes

para interrumpir términos procesales y, sobre

todo, son esenciales para garantizar que la

justicia administrativa sea ágil, accesible y

oportuna.

Estos

argumentos

de

Freire

enmarcan

correctamente

las

implicaciones

de

la

controversia que este foro tenía ante sí en este

caso. Es a la luz de ello que analizo los

aciertos de la Opinión que hoy emitimos.

II

En nuestra jurisdicción, el derecho al

acceso a la justicia es un pilar esencial de la

política pública que guía el sistema judicial.

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 201-2003,

conocida como Ley de la Judicatura del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2 et

seq. Tanto así que es un principio que permea

todos nuestros ordenamientos procesales, ya sean

el civil, el criminal, el apelativo o el

administrativo. Regla 1 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, R. 1; Regla 1 de Procedimiento

Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 1; Art. 4.002 de la

Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24u; Sección 1.2

de la Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme

del

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 9602.

En aras de definir qué se quiere decir con acceso

a la justicia, la Organización de las Naciones

Unidas lo ha plasmado como la capacidad de las

personas para buscar y obtener un remedio para

sus agravios mediante instituciones de justicia

formales o informales en conformidad con los

derechos humanos. (Traducción nuestra). United

Nations Development Programme, Programming for

Justice: Access for All: A Practitioner’s Guide

to a Human Rights-Based Approach to Access to

CC-2024-0548

Justice, Bangkok, UNDP, 2005, pág. 5. Asimismo,

ha sido definido como un principio básico del

estado de derecho que implica el derecho amplio

y libre de discrimen de todos los individuos a

utilizar herramientas y mecanismos legales para

proteger sus derechos. (Traducción nuestra). V.

Lima & M. Gómez, Access to Justice: Promoting

the Legal System as a Human Right, en Leal Filho

et al., Peace, Justice and Strong Institutions.

Encyclopedia of the UN Sustainable Development

Goals. Springer, Cham. (2020), pág. 1. Por su

parte, el profesor Efrén Rivera Ramos ha nombrado

el acceso a la justicia como “el conjunto de

condiciones que facilitan o dificultan el que

determinados grupos, sectores o personas puedan

hacer uso equitativo de los mecanismos y procesos

[necesarios] para la prevención de la violación

de

los

derechos,

para

la

solución

de

controversias y para la obtención de remedios

legales”. E. Rivera Ramos, Las múltiples caras

del

acceso

a

la

justicia,

en

Primer

Congreso Acceso a la Justicia - XXII Conferencia

Judicial 8 (2005). Por eso, en el pasado, he

denominado el acceso a la justicia como la llave

maestra con la que se abren las puertas de otros

derechos sustantivos y garantías procesales.

Meléndez de León et al. v. Keleher et al., 200

DPR 740, 795 (2018) (opinión disidente del Juez

Asociado

Señor

Estrella

Martínez);

véase

también, L. F. Estrella Martínez, Acceso a la

justicia: derecho humano fundamental, 1ra ed.,

San Juan, Eds. SITUM, 2017, págs. 18 y 73.

De estas definiciones se desprenden dos

asuntos primordiales. Primero, que el acceso a

la justicia no se reduce al acceso a los

tribunales de justicia, sino que se extiende a

otros foros, como el administrativo, a los que

las personas pueden acudir para obtener un

remedio. Landrau Cabezudo et al. v. Puertos et

al., 215 DPR ___ (2025), 2025 TSPR 7 (opinión

disidente del Juez Asociado Señor Estrella

Martínez),

citando

a

E.

Rivera

Ramos, El acceso a la justicia en Puerto Rico:

Antecedentes, desarrollos y retos, 86 Rev. Jur.

UPR 801, 802 (2017). Segundo, que al procurar un

acceso a la justicia mayor y eficaz, corresponde

preguntarse en qué medida las personas disfrutan

efectivamente de los derechos que se les han

reconocido. Íd. Al fin y al cabo, de poco sirven

los

derechos

concedidos

si

no

existen

procedimientos para hacerlos valer. De esa

forma, el derecho al acceso a la justicia nos

dispensa un imperativo: acortar el espacio entre

los derechos que se dice que una persona tiene y

4

CC-2024-0548

su capacidad real de disfrutarlos. Landrau

Cabezudo et al. v. Puertos et al., supra.

En la consecución de ese fin, la tecnología

juega un importante rol como herramienta para

garantizar un acceso efectivo a la justicia. Las

iniciativas tecnológicas sirven para ayudar a

las personas a acudir a los foros adjudicativos,

administrar la justicia más eficientemente y

atender a un público aún mayor. J. E. Cabral et

al., Using Technology to Enhance Access to

Justice, 26 Harv. J.L. & Tech. 241, 256-257

(2012).

Para

el

Poder

Judicial,

la

implementación del Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos (SUMAC) a nivel del

Tribunal

de

Primera

Instancia

y,

más

recientemente, del Tribunal de Apelaciones, ha

representado el apalancamiento de la tecnología

para dispensar la justicia de forma más amplia,

activa y ágil. Para el DACo, el equivalente ha

sido el SIAC.

Incluso, las páginas web de estos foros han

permitido que se informe a la ciudadanía al

colocar información útil –como los documentos

guía de una agencia administrativa– para navegar

los

distintos

procedimientos

que

tienen

disponibles. Tanto así que la Sección 2.20(e) de

la

LPAU

requiere

que

las

agencias

administrativas publiquen todos y cada uno de

sus documentos guía de forma prominente,

permanente, continua, gratuita y de fácil acceso

en su página de Internet. 3 LPRA sec. 9630. De

esa manera, también se cumple con otro de los

corolarios del acceso a la justicia: el

conocimiento de los individuos de sus derechos y

cómo exigirlos. Landrau Cabezudo et al. v.

Puertos et al., supra, citando a F. Hernández

Denton, Acceso a la justicia y el estado de

derecho, 81 (Núm. 4) Rev. Jur. UPR 1129, 1132

(2012). Después de todo, de poco sirven los

derechos concedidos si aquella persona a cuyo

favor operan desconoce que los tiene y cómo los

puede hacer valer.

Como la Opinión mayoritaria acierta al

adelantar

este

alto

interés

público

de

garantizar mayor acceso a la justicia, estoy

conforme. En su análisis expansivo, este

Tribunal reconoce que un conjunto de documentos

guía publicados en Internet para orientar a la

ciudadanía sobre la radicación a través de un

sistema electrónico puede expandir las opciones

y facilidades disponibles a los individuos en

sus trámites ante una agencia. De esa forma, se

incorporan los documentos guía y la expectativa

que crean en el público para proveer una vía

5

CC-2024-0548

6

adicional en la presentación de mociones y en el

trámite de asuntos ante el DACo. Así, las partes

podrán presentar escritos al expediente en

persona, por correo tradicional, por correo

electrónico o mediante el SIAC. Descartada queda

la

exigencia

unilateral

de

métodos

de

presentación específicos y entorpecedores cuando

también

se

cuenta

con

recursos

ágiles,

facilitadores e inclusivos. El llamado a

procurar un acceso efectivo a la justicia es una

vocación continua hacia una visión amplia que

facilite la disponibilidad de los instrumentos

judiciales

o

administrativos

que

nuestro

ordenamiento provee para la protección de

derechos o resolución de conflictos. Véase,

Estrella Martínez, op. cit., pág. 31. En el

contexto de la era digital, nos corresponde

armonizar la innovación tecnológica y las normas

procesales aplicables para cumplir la promesa de

un sistema de atención de agravios que esté

disponible a todas las personas por igual.

III

Considero oportuno reconocer la acertada

incorporación de los elementos establecidos por

el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en

Skidmore v. Swift & Co., 323 US 134 (1944),

citado

con

aprobación

en

Loper

Bright

Enterprises v. Raimondo, 603 US 369 (2024). En

aquella ocasión, el más alto foro federal

consideró

que

las

determinaciones,

interpretaciones y opiniones de una agencia

representan un conjunto de experiencias y

criterios fundamentados a los cuales los

tribunales y los litigantes pueden acudir como

guía. Skidmore v. Swift & Co., supra, pág. 140.

Para definir cuánto peso darles a esos criterios

agenciales, pautó lo siguiente:

The weight of such a judgment in a

particular case will depend upon the

thoroughness

evident

in

its

consideration, the validity of its

reasoning,

its

consistency

with

earlier and later pronouncements,

and all those factors which give it

power to persuade, if lacking power

to control. (Negrillas nuestras).

Íd.

De esos elementos, resalto el primero con

el fin de profundizar sobre nuestra adopción de

los factores delineados en Skidmore v. Swift &

Co., supra. Al momento de decidir sobre la

validez de un pronunciamiento no legislativo,

los tribunales deberán tomar en cuenta la

minuciosidad empleada en la consideración de la

CC-2024-0548

7

directriz en cuestión. Ese factor me parece

apropiado, especialmente ante la decisión del

Tribunal Supremo de Estados Unidos en Loper

Bright Enterprises v. Raimondo, supra, y la

Opinión de este Tribunal en Vázquez et al. v.

DACo, 2025 TSPR 56, 216 DPR ___ (2025). Ambos

casos marcan una tendencia tanto federal como

local a favor de una inclinación menos deferente

respecto a las determinaciones de las agencias

administrativas cuando estas no poseen un

conocimiento verdaderamente especializado en el

tema o no evidencian una deliberación minuciosa

o una justificación fundamentada para llegar a

sus conclusiones o acciones. De esta forma, una

directriz no legislativa podrá ser validada si,

además de los otros factores pertinentes,

también se desprende de su consideración que la

agencia

empleó

un

análisis

riguroso

y

comprensivo.

Todavía más, subrayo que el resultado de la

decisión a la que llegamos en este caso es

cónsono con nuestra determinación en Vitas

Health Care v. Hospicio La Fe et al., 190 DPR 56

(2014). En aquella ocasión, pautamos que las

agencias

administrativas

no

pueden

unilateralmente incluir cortapisas o requisitos

jurisdiccionales no contemplados en ley que

constituyan una barrera a la revisión judicial.

Por lo tanto, validar que una resolución final

exija

terminantemente

–como

sugirió

la

Resolución que emitió el DACo en este caso– la

presentación en persona o por correo de una

solicitud de reconsideración, cuando la agencia

tiene a su alcance un método electrónico para

tramitar mociones e informa al público sobre su

disponibilidad,

erigiría

un

obstáculo

impermisible para que las personas afectadas

acudan en revisión. De este modo, con la decisión

a

la

que

arribamos

hoy

mediante

una

interpretación

expansiva

y

alejada

de

formalismos restrictivos, facilitamos que la

ciudadanía

se

beneficie

de

los

avances

tecnológicos que adoptan las agencias de su

Gobierno. Así, se garantiza un acceso más

efectivo a través de la tecnología tanto a

remedios administrativos, como a la revisión

judicial.

IV

Por todo lo anterior, estoy conforme con la

Opinión que hoy emitimos en este caso. La

doctrina que pautamos representa un avance para

el acceso a la justicia y la interpretación

liberal, no formalista, de asuntos procesales.

CC-2024-0548

8

El Juez Asociado señor Colón Pérez concurre con el

resultado sin opinión escrita. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez no interviene.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo