Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Luis E. Carbone Rosario
2025 TSPR 88
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Luis E. Carbone Rosario
CP-2020-0001
5 de septiembre de 2025 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir los Cánones 21 y 38 del Código de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2025 TSPR 88
216 DPR ___
Luis E. Carbone Rosario
(TS-3,177)
Número del Caso:
Fecha:
CP-2020-0001
5 de septiembre de 2025
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lorena Cortés Rivera
Subprocuradora General
Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
Subprocuradora General
Lcdo. Omar Andino Figueroa
Subprocurador General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Representante Legal de la querellada:
Lcdo. Carlos Dávila Vélez
Comisionado Especial:
Hon. Erik J. Ramírez Nazario
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida
del ejercicio de la abogacía y la notaría por infringir los Cánones
21 y 38 del Código de Ética Profesional.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2020-0001
Luis E. Carbone Rosario
(TS-3,177)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2025.
En esta ocasión, intervenimos disciplinariamente
con
el
Lcdo.
Luis
E.
Carbone
Rosario
(licenciado
Carbone Rosario) por infringir los Cánones 21 y 38 del
Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por los
fundamentos que expondremos más adelante, decretamos
la suspensión inmediata e indefinida del letrado de la
práctica de la abogacía.
Veamos
los
hechos
que
motivan
nuestra
determinación.
I.
Por hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2006,
se inició una causa penal en contra del Sr. Waldemar
Fernández Rodríguez por la
muerte violenta de los
CP-2020-0001
2
señores Edwin Quiñones Torres y Omar Berdecía Torres. Como
parte del proceso, se presentó una solicitud de supresión de
evidencia. El 9 de diciembre de 2011 este Tribunal emitió una
Opinión en el caso Pueblo v. Fernández Rodríguez, 183 DPR 770
(2011), sobre la supresión de cierta evidencia en el contexto
del privilegio abogado- cliente.
Como consecuencia de lo que allí trascendió y en lo
pertinente a este proceso disciplinario, ordenamos a la Oficina
del
Procurador
General
(OPG)
que
investigara
la
conducta
desplegada por el licenciado Carbone Rosario en calidad de
representante legal del señor Fernández Rodríguez. Esto, tras
determinar que del expediente judicial surgía que el licenciado
Carbone Rosario divulgó información privilegiada de su cliente
sin la debida autorización. Pueblo v. Fernández Rodríguez,
supra, pág. 808. De manera específica, este Tribunal concluyó
que el licenciado Carbone Rosario reveló la ubicación de un
arma de fuego, un cargador y unas municiones utilizadas para
cometer los delitos imputados al señor Fernández Rodríguez.
Íd.
En cumplimiento con nuestra orden, el 29 de diciembre de
2011 la OPG remitió una misiva al licenciado Carbone Rosario
mediante la cual le solicitó que expusiera su posición en
cuanto a las imputaciones éticas en su contra y que brindara
cualquier información o documentación que poseyera relacionada
a las referidas imputaciones.1 El 3 de febrero de 2012 el
El 22 de abril de 2019 la Oficina del Procurador General (OPG) citó al
Sr. Waldemar Fernández Rodríguez (señor Fernández Rodríguez) para ser
entrevistado. El 7 de mayo de 2019 la representante legal del señor
Fernández Rodríguez remitió una carta a la OPG mediante la cual informó que
1
CP-2020-0001
3
licenciado Carbone Rosario presentó un Memorándum mediante el
cual adujo que el Sgto. José Curbelo Muñiz (sargento Curbelo
Muñiz) interrogó al señor Fernández Rodríguez de manera ilegal,
por lo que sostuvo que su cliente fue interrogado a sus espaldas
a pesar del agente conocer que él era su abogado y que el señor
Fernández Rodríguez había manifestado que no declararía. En
síntesis,
el
licenciado
Carbone
Rosario
manifestó
que
el
sargento Curbelo Muñiz violó los derechos constitucionales del
señor Fernández Rodríguez.2
Además de contar con la comparecencia del licenciado
Carbone Rosario, la OPG entrevistó a la Fiscal Jennifer Reyes
Martínez, quien representó al Ministerio Público en el juicio
contra el señor Fernández Rodríguez, y a la Lcda. Dalisa Ortiz
Claudio (agente Ortiz Claudio), quien fue una de las agentes
que se encontraba en la escena y a quien se alegó que el
licenciado Carbone Rosario dirigió a la localización del arma
y las municiones.
Asimismo, la OPG examinó las transcripciones de la Vista
de causa para arresto y de la Vista preliminar, de las cuales
este no comparecería ante la referida oficina. Fundamentó su decisión en
que no había presentado queja o reclamación civil alguna y en que no tenía
interés de participar en el proceso disciplinario.
2
En apoyo a su contención el Lcdo. Luis E. Carbone Rosario (licenciado
Carbone Rosario) anejó a su Memorándum los siguientes documentos: (1)
declaración jurada del Lcdo. Luis E. Carbone Rosario; (2) declaración jurada
del Lcdo. Ovidio Zayas Pérez (licenciado Zayas Pérez), quien acudió al
cuartel en calidad de amigo del señor Fernández Rodríguez; (3) copia de la
declaración jurada suscrita por la Sra. Hugette Quintana Arroyo; (4) copia
del certificado emitido por la Conferencia Latinoamericana de Comunidades
Terapéuticas; (5) copia de proclama emitida por el Ayuntamiento del
Municipio de La Vega en República Dominicana; (6) copia del croquis
levantado que refleja la propiedad en donde ocurrieron los hechos; (7) DVD
de la propiedad en que ocurrieron los hechos; (8) transcripción de la vista
de causa probable para arresto celebrada el 3 de enero de 2007; (9)
transcripción de la vista preliminar celebrada en los días 25 de marzo, 27
de junio y 28 de agosto de 2007; (10) transcripción de la vista preliminar
celebrada en los días 25 y 29 de octubre de 2007, y (11) transcripción de
la vista celebrada en los días 29 de octubre de 2007 y 7 de mayo de 2008.
CP-2020-0001
4
surge el testimonio del sargento Curbelo Muñiz y de la agente
Ortiz
Claudio.
En
específico,
el
sargento
Curbelo
Muñiz
testificó que el día de los hechos el señor Fernández Rodríguez
acudió al cuartel en compañía del licenciado Carbone Rosario,
quien se identificó como su representante legal. Sostuvo que
el licenciado Carbone Rosario le indicó que venía a entregar
al señor Fernández Rodríguez “con relación a unos hechos de
sangre”,3 pero que este no iba a declarar porque no estaba en
condiciones
en
esos
momentos.4
El
sargento
Curbelo
Muñiz
explicó que le preguntó al licenciado Carbone Rosario sobre la
ubicación del arma que utilizó el señor Fernández Rodríguez
para
cometer
el
delito
y
que
este
le
“manifestó
que
se
encontraba en una jardinera en el lugar de los hechos”.5
El sargento Curbelo Muñiz indicó que procedió a llamar a
la agente Ortiz Claudio y que el licenciado Carbone Rosario le
explicó a esta “dónde se encontraba el arma en la jardinera”.6
Este sostuvo que luego de encontrar el arma en el lugar que
indicó el licenciado Carbone Rosario, la agente Ortiz Claudio
lo llamó, ya que no encontró el cargador ni las municiones y
que, ante esto, el licenciado Carbone Rosario le expresó a la
agente que debía buscar bien en la jardinera porque “todas las
cosas est[aban] allí”.7 El sargento Curbelo Muñiz indicó que,
momentos luego, la agente Ortiz Claudio lo llamó y le comunicó
que “habían encontrado todas las cosas”.8
Transcripción de la Vista de causa para arresto, pág. 20. Véase, además:
Transcripción de la Vista preliminar, pág. 12.
4 Íd.
5 Íd., pág. 21. Véase, además: Transcripción de la vista preliminar, pág. 12.
6 Íd. Véase, además: Transcripción de la vista preliminar, pág. 12.
7 Íd. pág. 22. Véase, además: Transcripción de la vista preliminar, pág. 14.
8 Íd.
3
CP-2020-0001
5
Por su parte, la agente Ortiz Claudio declaró que se
encontraba en la escena y que el sargento Curbelo Ortiz la
llamó a su celular e indicó que el licenciado Carbone Rosario
le explicó dónde estaba la evidencia:
Agente Ortiz Claudio: “Pues, eh, recibo la llamada del
[s]argento Curbelo, eh, me indica que al cuartel general se
había personado un sospechoso con su abogado…”
Fiscal Jennifer Reyes: “¿Dónde usted recibió esa llamada?”
Agente Ortiz Claudio: “En mi celular”.
Fiscal Jennifer Reyes: “Okey.”
Agente Ortiz Claudio: “Entonces me, me indica que verifique
en la jardinera de la casa, este, porque allí se encontraba
el arma de fuego”.
Fiscal Jennifer Reyes: “¿Quién le pide que verifique en la
jardinera?”
Agente Ortiz Claudio: “Eh, el, el sargento”.
Fiscal Jennifer Reyes: “Okey”
Agente Ortiz Claudio: “Voy y hago, verific[o], eh, le indico
que de verdad no encuentr[o] nada, eh, no, no, no veía nada
por toda esa área entonces él procede a comunicarme con el
abogado”.
Fiscal Jennifer Reyes: “¿Qué abogado?”
Agente Ortiz Claudio: “Eh, Carbone. Cuando yo tomo el
teléfono, pues, le pregunto con quién habl[o] y me indica el
Lcdo. Carbone. Eh, entonces él procede a explicarme; de la
manera que me explicaba tampoco, yo estaba buscando en la
misma área que indicaba que era la casa. Seguimos en la
búsqueda y no se encuentra. Ahí estaba el Teniente Melquiades
Álvarez conmigo, y entonces es Melquiades quien habla con el,
con el, con el abogado”.
Fiscal Jennifer Reyes: “Okey. [Q]u[e] usted viera, [¿]qué
sucedió luego que el teniente, el capitán hoy, tomó el
teléfono?
Agente Ortiz Claudio: “Pues, proseguimos haciendo la
búsqueda, eh, seguimos para la parte trasera de la casa, hay
otra, hay una propiedad al lado derecho, veo que él entra
hacia esa propiedad, atravesamos esa propiedad y nos
encontramos que salimos a otra urbanización”.
Fiscal Jennifer Reyes: “Ajá”.
Agente Ortiz Claudio: “Y entonces ahí sí, estaba una
jardinera, se procede a hacer la búsqueda y ahí es donde
aparece el arma de fuego”.9
9
Transcripción de vistas, págs. 57-58.
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6
El 3 de julio de 2019 la OPG presentó su Informe.10 En
este, determinó que existía controversia sobre si el licenciado
Carbone Rosario reveló información privilegiada al sargento
Curbelo Muñiz, lo cual constituiría una violación a los Cánones
21 y 38 de Ética Profesional, infra. Esto dado que, a pesar de
que los testimonios del sargento Curbelo Muñiz y la agente
Ortiz Claudio eran consistentes entre sí, el señor Fernández
Rodríguez se negó a participar del proceso y el licenciado
Carbone Rosario negó haber provisto información privilegiada.
Asimismo, el Lcdo. Ovidio Zayas Pérez (licenciado Zayas Pérez),
quien compareció al cuartel general el día de los hechos en
calidad de amigo del señor Fernández Rodríguez, afirmó mediante
Declaración jurada que acompañó en todo momento al licenciado
Carbone Rosario en el cuartel, que no escuchó a este brindar
la referida información al sargento Curbelo Muñiz y que tampoco
escuchó al señor Fernández Rodríguez informarles sobre la
ubicación del arma de fuego. En consecuencia, la OPG recomendó
el nombramiento de un Comisionado Especial que dirimiera la
controversia de credibilidad.
El 26 de julio de 2019 el licenciado Carbone Rosario
presentó
su
Réplica
a
informe
del
Procurador
General
y
Solicitud de desestimación. Solicitó que no acogiéramos la
recomendación de la OPG, ya que el señor Fernández Rodríguez
no presentó queja en su contra y era este el titular del
El 29 de marzo de 2012 la OPG recomendó la paralización del procedimiento
disciplinario hasta la culminación del caso Pueblo v. Fernández Rodríguez,
183 DPR 770 (2011), modificado en reconsideración por el caso Pueblo v.
Fernández Rodríguez, 188 DPR 165 (2013). El referido petitorio fue
concedido el 13 de abril de 2012.
10
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7
privilegio. Asimismo, adujo que el proceso disciplinario no
debía prosperar porque la OPG no contaba con prueba clara,
robusta y convincente.
El
25
de
octubre
de
2019
este
Tribunal
emitió
una
Resolución mediante la cual ordenó a la OPG que presentara la
querella correspondiente. A esos efectos, el 15 de enero de
2020 la OPG presentó una Querella contra el licenciado Carbone
Rosario mediante la cual le imputó la violación de los Cánones
21 y 38 de Ética Profesional, supra.
El 20 de febrero de 2020 el licenciado Carbone Rosario
presentó su Contestación a la querella. En esta, indicó que el
señor Fernández Rodríguez nunca le comunicó la ubicación del
arma de fuego, las municiones y el cargador. A raíz de esto,
el licenciado Carbone Rosario negó haber comunicado a las
autoridades
la
ubicación
de
los
referidos
objetos.
En
consecuencia, arguyó que la Querella se fundamentó en hechos
falsos y solicitó su archivo. El 30 de junio de 2020 emitimos
una Resolución mediante la cual denegamos la solicitud del
licenciado Carbone Rosario y ordenamos a la Secretaría de este
Tribunal
que
continuara
con
el
trámite
ordinario
de
la
Querella.
El 3 de abril de 2023 nombramos al Lcdo. Erik Ramírez
Nazario, exjuez del Tribunal de Apelaciones, como Comisionado
Especial para recibir la prueba y rendir un Informe con las
determinaciones
pertinentes.
de
hechos
y
recomendaciones
Tras
varios
trámites
que
procesales,
estimara
los
cuales
incluyeron varias vistas y el intercambio de prueba de ambas
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8
partes, el 24 y 25 de octubre de 2023 se celebró la Vista en
su Fondo. A esta comparecieron el licenciado Carbone Rosario y
su representante legal, el Lcdo. Carlos S. Dávila Vélez. La
OPG estuvo representada por la Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez.
Posteriormente, el 28 de mayo de 2024 el Comisionado Especial
presentó el Informe del Comisionado Especial, del cual se
desprende que encontró probados veintiocho hechos:
(1)
El 1 de noviembre de 2006 ocurrieron unos hechos en la calle
Guadalcanal, de la barriada Venezuela, Río Piedras, en la que
fallecieron el señor Edwin Quiñones Torres y el señor Omar
Berdecía Torres.
(2)
El licenciado […] Zayas Pérez recibió una llamada en la que
se le informó sobre una situación surgida en la residencia
del señor Fernando Fernández. Acudió a la barriada Venezuela
donde ubica la residencia de Fernando Fernández y allí pudo
observar los cuerpos de las dos personas muertas, a quienes
conocía porque habían sido sus clientes. Luego de esto, se
retiró del lugar debido a que llegaron los policías
investigadores y recibió una llamada pidiéndole que acudiera
al restaurante Café Valencia en Río Piedras.
(3)
En el Café Valencia estuvieron reunidos, de 30 a 45 minutos,
el licenciado Zayas Pérez, el señor Fernández Rodríguez y [el
licenciado Carbone Rosario]. Además, estuvo presente el señor
Fernando Fernández.
(4)
Luego de conversar, se trasladaron al Cuartel General de la
Policía de Puerto Rico, con el propósito de entregar al señor
Fernández Rodríguez. Este último viajó en el vehículo con el
licenciado Carbone [Rosario] y el licenciado Zayas Pérez
viaj[ó] en su carro aparte.
(5)
El licenciado Zayas Pérez acompañó al señor Fernández
Rodríguez como amigo, en apoyo, no podía representarlo
legalmente por conflicto de interés. El licenciado Carbone
Rosario compareció como su representante legal.
(6)
En la División de Homicidios, luego de una espera, los recibió
el […] sargento […] Curbelo Muñiz […], [S]upervisor de la
División de Homicidios de San Juan, qui[e]n preguntó al
licenciado Carbone [Rosario] sobre el propósito de su visita.
En ese momento, indicaron que venían a entregar al señor
Fernández Rodríguez, en relación con unos hechos ocurridos en
la barriada Venezuela, Río Piedras, Puerto Rico. El
licenciado Carbone [Rosario] indicó al sargento Curbelo
[Muñiz] qu[e] su cliente no iba a declarar porque no estaba
en condiciones, estaba nervioso, pero que posteriormente
declararía.
(7)
El sargento Curbelo Muñiz pasó a su oficina con el licenciado
Carbone [Rosario] y el señor Fernández Rodríguez. En este
momento el licenciado Zayas Pérez permaneció fuera de la
oficina del agente. Este no fungió como abogado y no estuvo
en todo momento con el licenciado Carbone [Rosario]. El
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[sargento] Curbelo [Muñiz] habló con el licenciado Carbone
[Rosario] en ausencia del licenciado Zayas Pérez.
(8)
En su oficina, el sargento Curbelo [Muñiz] leyó las
advertencias de ley al señor Fernández Rodríguez y el
licenciado Carbon[e] [Rosario] reiter[ó] que su cliente no
prestaría una declaración en ese momento. El cliente se
encontraba nervioso, lloroso y con los ojos aguados. Luego de
esto, el sargento Curbelo [Muñiz] sacó al señor Fernández
Rodríguez de la oficina y lo coloc[ó] bajo custodia de otros
agentes como medida de seguridad.
(9)
Estando en su oficina dialogando con el licenciado Carbone
[Rosario] sobre gestiones previas profesionales de este, el
sargento Curbelo [Muñiz] le preguntó sobre el arma de fuego
que utilizó su cliente para cometer los hechos. El licenciado
Carbone [Rosario] contestó que estaba en una jardinera cerca
del lugar de los hechos.
(10)
Ante esta información, el sargento Curbelo [Muñiz] llamó a la
agente Ortiz Claudio, a qui[e]n supervisaba y se encontraba
investigando la escena de los hechos, para transmitirle lo
que el [licenciado Carbone Rosario] le había informado sobre
la ubicación del arma.
(11)
Para localizar el arma, luego de una búsqueda inicial
infructuosa, el sargento Curbelo [Muñiz] recibió otra llamada
de la agente Ortiz Claudio [en la que] esta le indic[ó] que
no habían encontrado nada. Entonces le pasó la llamada
telefónica al licenciado Carbone [Rosario] para que le
explicara directamente a ella. El sargento Curbelo [Muñiz]
permaneció al lado del licenciado Carbone [Rosario] y escuchó
cuando este le indicaba a la agente Ortiz Claudio que
continuaran buscando que estaban allí, y explicaba a la agente
c[ó]mo llegar a la jardinera donde ubica[b]a el arma, el
magacín o cargador y las municiones. Finalmente, luego de
estas explicaciones adicionales se obtuvo la evidencia
buscada.
(12)
La agente Ortiz Claudio declaró que la persona con quien habló
al teléfono celular, quien le dio instrucciones para
encontrar el arma, se le identificó como el licenciado Carbone
[Rosario].
(13)
De la investigación correspondiente surgió que el arma
encontrada estaba registrada a nombre del señor Fernández
Rodríguez.
(14)
Luego de encontradas las armas el sargento Curbelo [Muñiz]
indicó al licenciado Carbone [Rosario] que iba a presentar
cargos contra su cliente.
(15)
Ese día el 1 de noviembre de 2006, el licenciado Carbone
[Rosario] también habló con el sargento Curbelo [Muñiz] de
unas alegadas extorsiones de las que había sido objeto su
cliente. Al solicitar evidencias sobre esto, el licenciado
Carbone [Rosario] expresó que no tenía consigo evidencia de
ello.
(16)
El día 1 de noviembre de 2006, el señor Fern[á]ndez Rodríguez
no declaró en ningún momento. El sargento Curbelo [Muñiz] no
lo entrevist[ó] a solas, en ausencia de su abogado, ni obtuvo
información adicional alguna de este.
(17)
El sargento Curbelo [Muñiz] declaró en la [Vista de causa
para arresto que se celebró el 3 de enero de 2007] y reiteró
9
CP-2020-0001
que la información sobre el arma de fuego, el cargador y las
municiones la obtuvo por información que le fuera brindada
por el licenciado Carbon[e] [Rosario]. El sargento Curbelo
[Muñiz] declaró sobre la comunicación telefónica con la
agente Ortiz Claudio quien fue llamada para comunicarle de
dicha información mientras se encontraba en la escena del
crimen y a base de la cual se encontró el arma.
(18)
El sargento Curbelo Muñiz estableció que en ese momento la
defensa del señor Fernández Rodríguez, de la cual el
licenciado Carbone [Rosario] formaba parte, no cuestionó su
testimonio ni efectuó planteamiento legal alguno sobre [la]
ilegalidad de lo declarado por él, ni sobre la forma y manera
en que se adquirió la posesión del arma [,] las municiones y
el cargador.
(19)
En dicha vista los abogados del señor Fernández Rodríguez,
esbozaron otros argumentos sobre elementos de intención,
asesinato atenuado y expresaron que su cliente se entregó y
entregó el arma a través de su abogado.
(20)
En la vista preliminar celebrada el 25 y [el] 29 de octubre
de 2007 nuevamente declaró el sargento Curbelo [Muñiz] y la
agente Ortiz Claudio. Repitieron su declaración sobre c[ó]mo
obtuvieron la información del licenciado Carbone [Rosario]
para poder encontrar el arma de fuego, las municiones y el
cargador. Entonces la defensa argumentó que se había violado
el privilegio abogado cliente y procedieron a solicitar la
supresión de la evidencia obtenida.
(21)
Mediante [una] Resolución del 9 de mayo de 2008, surge del
expediente judicial que el Tribunal de Primera Instancia
expresó que el testimonio de los licenciados Carbone
[Rosario] y Zayas Pérez no le mereció credibilidad por las
inconsistencias entre sí. En dicha Resolución se expresó “que
en efecto la comunicación sobre la localización del arma y
las municiones se dio y se dio porque la intención de ir al
cuartel era para entregar al [señor Fernández Rodríguez]”.
(22)
El 9 de julio de 2008, el señor Fernández Rodríguez presentó
una Moci[ó]n de Desestimación al amparo de la Regla 64(p) de
las de Procedimiento Criminal. En esta aleg[ó] que la
determinación de causa probable para acusar efectuada por el
[T]ribunal era contraria a derecho, toda vez que la prueba
presentada en la vista preliminar celebrada era producto de
un testimonio inadmisible e ilegal, por ser producto de
información privilegiada confiada a su abogado en la relación
de abogado y cliente. Así, arguyó que la prueba presentada
“constituía producto de materia privilegiada por tratarse de
una comunicación habida entre abogado y cliente, cuyo
privilegio no había sido renunciado por el tenedor del
derecho”. Aseveró que “el testimonio del sargento Curbelo
Muñiz como toda la evidencia recopilada en el caso”, “son
inadmisibles por ser producto de unas violaciones crasas a
los derechos constitucionales del imputado, los derechos
estatutarios (privilegios) y el debido procedimiento de ley”.
Alegó además que “la única prueba presentada por el Ministerio
P[ú]blico que le vincula con los hechos imputados “es producto
de la información privilegiada habida entre [e]ste y su
abogado, al no haberse renunciado al carácter privilegiado de
la comunicación, el testimonio producto de dicha información
es inadmisible, por ende, la determinación de causa fue
contraria a derecho”.
10
CP-2020-0001
(23)
En su Memorándum de Derecho en Cumplimiento de Orden
presentado el 14 de noviembre de 2008, el señor Fernández
Rodríguez solicitó que se resolviera que la determinación de
causa para acusar fue contraria a derecho. Así, argumentó que
en la vista preliminar quedó claramente establecido que el
arma de fuego ocupada como consecuencia del testimonio
ofrecido al sargento Curbelo [Muñiz] por el licenciado
Carbone [Rosario] no es admisible por estar investido del
privilegio que goza[n] las conversaciones habidas entre
abogado y cliente. Arguyó que “quien único podía despojar de
dicho privilegio en su comunicación era nuestro representado
que en momento alguno se renunció a dicho derecho”. Expresó,
además, “que el Pueblo de Puerto Rico no contaba con otra
evidencia que no fuese la declaración del abogado producto de
la comunicación que su cliente le ofreció y punto”. Añadió
“que toda la evidencia que se ocupó se hizo con posterioridad
a las manifestaciones que le hiciese el [licenciado] Carbone
[Rosario]” al sargento Curbelo [Muñiz].
(24)
De la Resolución emitida el 29 de diciembre de 2009 el señor
Fernández Rodríguez recurrió al Tribunal de Apelaciones, caso
número KLCE2009-0116. Este foro apelativo confirmó al foro
primario mediante [una] Sentencia de 22 de mayo de 2009.
Inconforme con esta determinación el señor Fernández
Rodríguez solicitó reconsideración a dicha Sentencia. Alegó
que “no existe prueba alguna” de que él “hubiera autorizado
[a]l abogado a hacer ningún tipo de expresión con relación a
los hechos bajo investigación”. Continuó enfatizando que “no
existen testigos presenciales de los hechos ni prueba que
vinculara directa o circunstancialmente al peticionario con
los hechos imputados. La única prueba que lo vincula eran las
expresiones obtenidas del abogado sin que el peticionario
hubiera renunciado al privilegio abogado [-] cliente y sin
que lo hubiera autorizado a ofrecer información alguna”.
(25)
Denegada la solicitud de reconsideración [,] el señor
Fernández Rodríguez acudió al Tribunal Supremo mediante [un]
recurso de certiorari, Caso núm. CC-2009-0622.
(26)
El Tribunal Supremo expidió el recurso y, mediante [una]
Opinión de 9 de diciembre de 2011, determinó que procedía la
supresión del arma de fuego, el cargador y las municiones
ocupadas. Surge de dicha Opinión que dicho foro refirió al
[licenciado Carbone Rosario] a la OPG para que se investigara
su conducta profesional. En lo pertinente expresó dicho foro
lo siguiente: “No tenemos duda alguna [que] entre el
peticionario Fernández Rodríguez y el licenciado Carbone
[Rosario]
existió
una
relación
abogado
cliente.
Los
documentos contenidos en el expediente judicial, así como las
transcripciones del sargento Curbelo [Muñiz] y del propio
licenciado Carbone [Rosario], revelan que durante el
transcurso de esta relación fiduciaria el señor Fernández
Rodríguez le confió al licenciado Carbone [Rosario] la
información relacionada con la comisión de los actos
delictivos imputados”.
(27)
De la prueba documental admitida y considerada por el
[Comisionado Especial], no se desprende que el señor
Fernández Rodríguez hubiese alegado que la información sobre
las armas se obtuviera de otra manera que no fuere a través
de la información brindada por el [licenciado Carbone
Rosario] al sargento Curbelo [Muñiz].
(28)
De la prueba desfilada no surge que contra el sargento Curbelo
[Muñiz] se hubiere presentado alguna queja administrativa por
11
CP-2020-0001
12
su conducta en el manejo del caso. Tampoco se señaló que en
algún momento o alguna vista se le hubiere cuestionado o
increpado por haber interrogado indebida o ilegalmente al
señor Fernández Rodríguez el 1 de noviembre de 2006.11
(Negrilla suplida).
Tras dirimir la prueba, el Comisionado Especial concluyó
que
existía
evidencia
clara,
robusta
y
convincente
que
demostraba que el licenciado Carbone Rosario divulgó, sin
autorización
del
señor
Fernández
Rodríguez,
información
privilegiada al sargento Curbelo Muñiz, la cual le permitió a
este
obtener
el
arma,
el
cargador
y
las
municiones.
Específicamente encontró que los testimonios del licenciado
Carbone Rosario y del licenciado Zayas Pérez no les merecía
credibilidad. Esto, pues sus testimonios estaban en abierta
contradicción con la evidencia que obraba en el expediente, no
solo testimonial sino ante la abundante documentación sometida
como parte del proceso penal génesis de este proceso. En
consecuencia,
el
Comisionado
Especial
concluyó
que
el
licenciado Carbone Rosario violó los Cánones 21 y 38 de Ética
Profesional, supra.
II.
A.
Cánones de Ética Profesional
a. Canon 21
La
relación
naturaleza
abogado-cliente
fiduciaria
y
está
es
basada
sui
en
la
géneris;
es
de
honestidad,
la
lealtad y la fidelidad absoluta. In re Reyes Coreano, 190 DPR
739, 753-754 (2014); In re Pérez Rodríguez, 172 DPR 665, 671672 (2007). Esto se debe a las inexorables exigencias éticas
11
Informe del Comisionado Especial, págs. 11-16.
CP-2020-0001
13
particulares de la profesión legal. Íd. A esos efectos, el
Canon 21 de Ética Profesional establece, en lo pertinente, los
pormenores de este deber:
El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad
completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al
cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las
partes y con terceras personas, y cualquier interés en la
controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar
su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación
legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus
intereses personales.
.
.
.
.
.
.
.
.
La obligación de representar al cliente con fidelidad
incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de
adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un
abogado no debe aceptar la representación de un cliente en
asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de
otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente
cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan
afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así
lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar
las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de
éste. (Negrilla suplida). 4 LPRA Ap. IX.
El privilegio abogado-cliente pretende salvaguardar la
relación
fiduciaria
confidencias
del
entre
cliente
las
partes,
constituye
ya
no
que
solo
revelar
las
un
de
acto
traición, sino que viola el deber de lealtad del abogado. In
re Pérez Rodríguez, supra, pág. 670; In re Rochet Santoro, 174
DPR 123, 134 (2008); In re Bauzá Torres, 171 DPR 894, 905-907
(2007); In re Palou Bosch, 148 DPR 717, 727 (1999). En atención
a esto, el Canon 21 le impone al abogado dos obligaciones
principales:
(1)
la
obligación
de
ejercer
un
criterio
profesional independiente en defensa de los intereses del
cliente y (2) la obligación de no divulgar los secretos y las
confidencias que el cliente haya compartido en el transcurso
de su representación. In re Palou Bosch, supra, pág. 794. De
esta forma, el abogado o la abogada tiene el deber de guardar
CP-2020-0001
14
todas las confidencias que recibe de su cliente. S. Steidel
Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado,
San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 176.
Hemos expresado que “cuando un abogado divulga información
confidencial sin la autorización previa de su cliente, incurre
en una de las faltas éticas de mayor gravedad; particularmente
en contra de los deberes de lealtad y confidencialidad que debe
honrarles a sus clientes”. Pueblo v. Fernández Rodríguez,
supra, pág. 795. Si la información divulgada en violación de
este deber incrimina penalmente al cliente, el abogado o la
abogada, además de incurrir en conducta impropia, viola el
derecho
a
la
no
autoincriminación
obstante,
si
el
cliente
renuncia
de
a
su
su
cliente.
Íd.
No
derecho
a
no
autoincriminarse y a su privilegio, el abogado o la abogada no
habrá incurrido en conducta impropia. Íd.
b. Canon 38
El
Canon
38
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
establece el deber de todo abogado o abogada de exaltar el
honor y la dignidad de su profesión, y de evitar la apariencia
de conducta profesional impropia. La apariencia de conducta
impropia “lacera la imagen, la confianza y el respeto que
nuestra
sociedad
deposita
en
la
profesión
y
en
las
instituciones de la justicia”. In re Otero, Pacheco, 200 DPR
561, 577 (2018); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 620
(2014). Así, un abogado o una abogada debe regirse conforme a
los más altos postulados éticos. In re Rádinson Pérez et al.,
204 DPR 522, 542 (2020); In re Rivera Rodríguez, 202 DPR 1026,
CP-2020-0001
15
1053 (2019). Ello, se debe a que nuestra profesión tiene un
gran impacto en la vida y en la propiedad de otras personas.
Íd. A la luz de esto la clase togada debe ─y tiene que─
conducirse
con
dignidad
y
funciones
profesionales.
honor
Canon
en
38
el
ejercicio
del
Código
de
de
sus
Ética
Profesional, supra.
III.
Antes de analizar los hechos esbozados en el contexto de
la
normativa
recapitulemos
ético-disciplinaria,
nuestra
determinación
en
corresponde
el
caso
Pueblo
que
v.
Fernández Rodríguez, supra. El 9 de diciembre de 2011 emitimos
una Opinión en el caso de referencia, en la que resolvimos que
toda información ofrecida a un agente del orden público por el
abogado o la abogada de una persona que lo vincula con conducta
delictiva, sin que esa persona haya renunciado al privilegio
abogado-cliente, constituye materia privilegiada inadmisible
en evidencia.
De manera particular, encontramos que el señor Fernández
Rodríguez no renunció al privilegio abogado-cliente del cual
era poseedor. En esa ocasión, explicamos que el expediente
judicial
sostenía
que
“al
llegar
al
Cuartel
General,
el
licenciado Carbone [Rosario] expresó que el señor Fernández
Rodríguez no emitiría declaración alguna sobre los hechos
acontecidos
porque
se
encontraba
muy
nervioso,
pero
que
posteriormente sí lo haría”. (Negrilla suplida). Íd., pág. 803.
Asimismo, enfatizamos que el señor Fernández Rodríguez conocía
de su derecho a la no autoincriminación:
CP-2020-0001
16
[E]n el momento preciso en que el licenciado Carbone [Rosario]
le divulgó la información privilegiada al sargento Curbelo ya
se le habían leído las advertencias al señor Fernández
Rodríguez y este se encontraba en otro lugar; o sea, en una
celda bajo la custodia de otros agentes del orden público.
Íd.
Así, respecto al aspecto probatorio-procesal, concluimos
que el licenciado Carbone Rosario violó el privilegio abogadocliente al divulgar la ubicación del cargador, del arma y de
las municiones sin la debida autorización del señor Fernández
Rodríguez.
En
cuanto
al
aspecto
ético-disciplinario,
concluimos que la divulgación constituía un “quebrantamiento
de los deberes de lealtad y confidencialidad impuestos por el
Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra”. Íd., pág.
808. En consecuencia, ordenamos a la OPG que investigara la
conducta del licenciado Carbone Rosario como representante
legal
del
señor
el procedimiento
Fernández
Rodríguez
disciplinario
y
que
correspondiente.
iniciara
Íd.,
págs. 808- 809.
Posteriormente, el 1 de marzo de 2013 reconsideramos
nuestra posición con el único efecto de establecer que la
doctrina del “fruto del árbol ponzoñoso” no se extendía para
suprimir evidencia real obtenida como producto de una violación
al privilegio abogado-cliente. Pueblo v. Fernández Rodríguez,
188
DPR
165
(2013).
Nuestra
determinación
y
el
referido
ético- disciplinario quedó inalterado.
Establecida nuestra determinación en el caso criminal,
también
precisamos
recordar
que,
durante
el
proceso
disciplinario, este Tribunal descartó archivar la presente
causa por razón de que el cliente no fue quien promovió la
causa disciplinaria. Con estos particulares de trasfondo y
CP-2020-0001
17
expuesta la normativa ética pertinente, pasamos a analizar, a
la luz de la prueba admitida y dirimida en este proceso, si el
licenciado Carbone Rosario violó los Cánones 21 y 38 del Código
de Ética Profesional, supra, y de haberlos violado, qué sanción
corresponde. Veamos.
No existe controversia sobre que el licenciado Carbone
Rosario
era
el
representante
legal
del
señor
Fernández
Rodríguez. De esta forma, entre ambos se configuró una relación
abogado-cliente. Como explicamos anteriormente, esta relación
de naturaleza fiduciaria le impone a las abogadas y a los
abogados una serie de deberes y obligaciones respecto a sus
clientes. Entre estas se encuentra la obligación de no divulgar
los secretos y las confidencias que su cliente haya compartido
en el transcurso de la representación. Canon 21, 4 LPRA Ap. IX.
En el presente caso, el licenciado Carbone Rosario niega
haber revelado a las autoridades la ubicación del arma, el
cargador y las municiones objeto del delito imputado a su
cliente, el señor Fernández Rodríguez. De hecho, este asevera
que tiene que haber sido el propio señor Fernández Rodríguez
quien lo divulgara en alguna entrevista que le realizaran en
contravención
a
sus
derechos.
No
obstante,
en
todos
los
escritos presentados ante el Tribunal en el caso Pueblo v.
Fernández Rodríguez, supra, el señor Fernández Rodríguez arguyó
que correspondía la supresión de la referida evidencia, no por
razón de un interrogatorio inconstitucional, sino porque eran
producto de una manifestación indebida del licenciado Carbone
Rosario al sargento Curbelo Ortiz y a la agente Ortiz Claudio,
CP-2020-0001
18
en violación del privilegio abogado-cliente. Precisamente por
esta contención, el foro de instancia descalificó al licenciado
Carbone Rosario como representante legal del señor Fernández
Rodríguez y lo citó para que compareciera como testigo en la
vista de supresión de evidencia. Pueblo v. Fernández Rodríguez,
supra, pág. 780.
En atención a lo anterior, el Comisionado Especial, en su
Informe, determinó como hecho incontrovertido que el señor
Fernández Rodríguez no fue quien reveló a las autoridades la
ubicación del arma, del cargador y de las municiones. Para
ello, destacó que el licenciado Carbone Rosario nunca alegó en
escrito
alguno
interrogatorio
que
su
ilegal
cliente
y
que
hubiera
se
sido
hubiera
objeto
obtenido
de
un
alguna
evidencia como consecuencia de tal acto o por confesión; la
primera vez que surgió la referida alegación fue adelantado el
trámite disciplinario que nos ocupa.
En sus solicitudes de supresión de evidencia, el señor
Fernández Rodríguez sostuvo, de manera consistente, que el
licenciado
Carbone
Rosario
infringió
el
privilegio
abogado- cliente y divulgó a las autoridades la ubicación de la
prueba incriminatoria. A esto se le suma la inconsistencia
entre las declaraciones de los licenciados Carbone Rosario y
Zayas Pérez, y lo que el Comisionado Especial determinó fueron
las consistencias en los testimonios de los agentes del orden
público.
El testimonio que proveyó el licenciado Zayas Pérez en la
Vista
en
su
Fondo
de
esta
Querella
está
en
abierta
CP-2020-0001
19
contradicción con su Declaración Jurada del 2 de julio de 2012.
En la Declaración Jurada, el licenciado Zayas Pérez expresó
que, el día de los hechos, estuvo en todo momento con el
licenciado
Carbone
Rosario
y
nunca
escuchó
que
este
suministrara información sobre el arma, el cargador y las
municiones al sargento Curbelo Muñiz.12 Sin embargo, en la Vista
en su Fondo declaró que esto no había sido así, sino que hubo
momentos en los que el licenciado Carbone Rosario estuvo con
el sargento Curbelo Muñiz sin su presencia.13 Asimismo, en la
Vista en su Fondo, el licenciado Zayas Pérez declaró que dudaba
que el sargento Curbelo Muñiz hubiera interrogado al señor
Fernández Rodríguez sin la presencia del licenciado Carbone
Rosario,
ya
que
este
último
el
expediente
era
un
abogado
con
vasta
experiencia.14
Nada
en
nos
persuade
de
descartar
la
apreciación que de la prueba hizo el Comisionado Especial. Las
contradicciones entre las declaraciones del licenciado Zayas
Pérez y las del licenciado Carbone Rosario contrastan con la
consistencia existente entre las declaraciones del sargento
Curbelo Muñiz y de la agente Ortiz Claudio.
El sargento Curbelo Muñiz declaró en todo momento que el
licenciado Carbone Rosario le informó sobre la ubicación del
arma, el cargador y las municiones. Ante esto, el sargento
Curbelo Ortiz indicó que llamó a la agente Ortiz Claudio, quien
se
encontraba
investigando
la
escena
Informe del Comisionado Especial, pág. 22.
Íd.
14 Íd.
12
13
del
crimen,
y
le
CP-2020-0001
20
transmitió la información. Ambos declararon que, luego de un
intento infructuoso de encontrar la evidencia, la agente Ortiz
Claudio se comunicó con el sargento Curbelo Muñiz y que este
le
pasó
el
celular
al
licenciado
Carbone
Rosario,
quien
procedió a dar instrucciones a la agente para que arribara a
la ubicación de la evidencia.15
El Comisionado Especial consideró como un hecho probado
que
el
señor
licenciado
Fernández
Carbone
Rodríguez
Rosario
al
acudió
cuartel.
en
Una
compañía
del
vez
el
allí,
licenciado Carbone Rosario comunicó al sargento Curbelo Muñiz
que
el
señor
Fernández
Rodríguez
tenía
la
intención
de
entregarse y que eventualmente emitiría declaraciones sobre
los hechos.
Bajo ningún supuesto, acudir al cuartel con la intención
de entregarse constituye una renuncia válida al privilegio
abogado-cliente ni al deber de lealtad y confidencialidad.
Tampoco constituye una renuncia válida que el cliente comunique
su intención de entregarse y de declarar. La entrega del
cliente
no
es
una
carta
blanca
para
revelar
información
cobijada por el deber de confidencialidad y lealtad sin la
debida autorización de este. Esto, pues en la entrega de un
cliente operan consideraciones prácticas de litigio referentes
a la fianza y a la presentación de cargos en ausencia, entre
otras.
Asimismo,
acceder
a
prestar
declaraciones
no
es
equiparable a que el cliente confesará la comisión del delito
que se le imputa. En el caso ante nuestra consideración no se
15
Íd., pág. 21.
CP-2020-0001
21
había presentado acusación alguna contra el señor Fernández
Rodríguez. A lo somero, el proceder del licenciado Carbone
Rosario
demostró
desconocimiento
de
los
privilegios
evidenciarios, del proceso penal y de las consecuencias a las
que se exponía su cliente.
Al revelar información que le relegó el señor Fernández
Rodríguez, el licenciado Carbone Rosario mancilló su deber de
lealtad y el principio de la confidencialidad, que es esencial
en el ejercicio de la profesión. Ante este cuadro fáctico, es
forzoso concluir que estamos ante prueba clara, robusta y
convincente de que el licenciado Carbone Rosario violó el Canon
21 del Código de Ética Profesional al divulgar información
confidencial que le proveyó el señor Fernández Rodríguez como
parte de la relación fiduciaria habida entre ambos. Asimismo,
ante los mismos hechos, estamos ante prueba clara, robusta y
convincente de que la conducta desplegada por el licenciado
Carbone Rosario no exaltó el honor de la profesión y constituye
una
actuación
contraria
a
su
juramento
profesional.
En
consecuencia, se probó que el licenciado Carbone Rosario violó
los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, supra.
IV.
Concluido que el licenciado Carbone Rosario infringió los
Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, supra, debemos evaluar
la sanción correspondiente. Hemos establecido que al imponer
una sanción disciplinaria se deben tomar en consideración los
factores
siguientes:
(1)
la
reputación
del
letrado
en
la
comunidad; (2) su historial previo; (3) si esta constituye su
CP-2020-0001
22
primera falta y si ninguna parte ha resultado perjudicada; (4)
la aceptación de la falta y su sincero arrepentimiento; (5) si
se trata de una conducta aislada; (6) el ánimo de lucro que
medió en su actuación; (7) el resarcimiento al cliente, y (8)
cualesquiera
otras
consideraciones,
ya
bien
atenuantes
o
agravantes, que medien según los hechos. In re Jusino Torres,
210 DPR 919 (2022); In re Sánchez Pérez, 209 DPR 235 (2022).
El licenciado Carbone Rosario fue admitido al ejercicio
de la abogacía el 13 de diciembre de 1968. El 2 de diciembre
de 1985 ordenamos su separación inmediata y permanente de la
práctica de la profesión legal y notarial en esta jurisdicción
por haber sido convicto en el Tribunal de Distrito de Estados
Unidos
para
el
Distrito
de
Puerto
Rico
del
delito
de
conspiración para poseer cocaína con intención de distribuir.
In re Boscio Monllor, 116 DPR 692 (1985). Posteriormente, el
10 de marzo de 2003 el licenciado Carbone Rosario presentó ante
nos
una
solicitud
de
reinstalación.
Tras
contar
con
dos
informes del Comité de Reputación de Aspirantes al Ejercicio
de la Abogacía (Comisión) y con la comparecencia de la OPG, el
30 de noviembre de 2005 ordenamos la reinstalación condicionada
del licenciado Carbone Rosario al ejercicio de la abogacía.16
No obstante, a un año de su reinstalación, el licenciado
Carbone Rosario infringió un pilar indeleble de la profesión
de la abogacía, el privilegio abogado-cliente. Esta actuación
La reinstalación se condicionó a que durante un periodo de un año el
licenciado Carbone Rosario se sometiera a pruebas periódicas de “dopaje”,
para comprobar que no había recaído en la condición de dependencia a
sustancias controladas.
16
CP-2020-0001
23
fue contraria a los deberes del abogado para con su cliente y
al honor y la dignidad que el ejercicio de la profesión legal
requiere. A pesar de las consecuencias severas de la conducta
del
licenciado
Carbone
Rosario,
este
no
reconoció
su
impropiedad ni mostró contrición al respecto.
Por los fundamentos expuestos, se decreta la suspensión
inmediata e indefinida del Lcdo. Luis E. Carbone Rosario del
ejercicio de la abogacía y de la notaría, por infracciones a
los Cánones 21 y 38 de Ética Profesional, supra.
A la luz de lo anterior, le imponemos al señor Carbone
Rosario el deber de notificar a todos sus clientes de su
inhabilidad
de
seguir
representándoles,
devolverles
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no realizados e
informar oportunamente de su suspensión indefinida a los foros
judiciales y administrativos donde tenga asuntos pendientes.
Además, tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal el
cumplimiento de todo lo anterior dentro del término de treinta
(30) días a partir de la notificación de esta Opinión Per
Curiam y Sentencia. No hacerlo podría conllevar que no se le
reinstale a la práctica de la profesión legal, de solicitarlo
en el futuro.
De otra parte, se le ordena al Alguacil de este Tribunal
incautar inmediatamente la obra y el sello notarial del señor
Carbone Rosario y entregarlos al Director de la Oficina de
Inspección de Notarías (ODIN) para el correspondiente examen e
informe.
Además,
en
virtud
de
la
suspensión
inmediata
e
indefinida del ejercicio de la notaría, la fianza que garantiza
CP-2020-0001
las
funciones
24
notariales
del
señor
Carbone
Rosario
queda
automáticamente cancelada. Esta fianza se considerará buena y
válida por tres (3) años después de su terminación, en cuanto
a los actos realizados durante el periodo en que esta estuvo
vigente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por correo
electrónico al señor Carbone Rosario y personalmente.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Luis E. Carbone Rosario
CP-2020-0001
(TS-3,177)
Opinión disidente emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez a la que se
unió el Juez Asociado señor Estrella Martínez y el Juez Asociado señoón Pérez
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de septiembre de 2025.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión
Per Curiam que antecede, la cual se hace formar
parte de la presente Sentencia, decretamos la
suspensión inmediata e indefinida del licenciado
Carbone Rosario del ejercicio de la abogacía y de la
notaría. Se le impone el deber de notificar a sus
clientes
de
su
inhabilidad
para
continuar
representándoles, devolverles los expedientes como
cualesquiera honorarios recibidos por trabajos no
realizados e informar oportunamente de su suspensión
a los foros judiciales y administrativos. Además,
tiene la obligación de acreditar ante este Tribunal
el cumplimiento de todo lo anterior dentro del término
de treinta (30) días a partir de la notificación de
esta Opinión Per Curiam y Sentencia. No hacerlo podría
conllevar que no se le reinstale a la práctica de la
profesión legal, de solicitarlo en el futuro.
De otra parte, se le ordena al Alguacil de este
Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello
notarial del señor Carbone Rosario y entregarlos al
Director de la Oficina de Inspección de Notarías
(ODIN) para el correspondiente examen e informe.
Además, en virtud de la suspensión inmediata e
indefinida del ejercicio de la notaría, la fianza que
CP-2020-0001
2
garantiza las funciones notariales del señor Carbone Rosario
queda automáticamente cancelada. Esta fianza se considerará
buena y válida por tres (3) años después de su terminación, en
cuanto a los actos realizados durante el periodo en que esta
estuvo vigente.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia por correo
electrónico al señor Carbone Rosario y personalmente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo