LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Inc., y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

2025 TSPR 75

Poder Judicial de Puerto Rico

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Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Inc., y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

CC-2024-0533 cons con CC-2024-0534

22 de julio de 2025 · Hon. Luis F. Estrella Martínez · Derecho Procesal Civil – Alcance de los diferentes tipos de intereses y distinción de funciones y contextos dentro de los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede imponerlos a una parte perdidosa.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Salud Primaria

de Puerto Rico, Inc., Concilio

Integral de Salud

de Loíza, Inc., Migrant Health

Center, Inc., Río Grande

Community Health Center, Inc.

y Otros

Certiorari

2025 TSPR 75

Peticionarios/Recurridos

216 DPR ___

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Municipio

Autónomo de San Juan y Otros

Recurridos/Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0533

cons. con

CC-2024-0534

22 de julio de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel Especial

CC-2024-0533

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Edwin Quiñones Rivera

Lcdo. Ignacio J. Llerena Gutiérrez

Representante legal de la parte recurrida:

Lcda. Karla Díaz Garratón

CC-2024-0534

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Marvin Díaz Ferrer

Lcda. Karla Díaz Garratón

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

2

Materia: Derecho Procesal Civil – Alcance de los diferentes tipos

de intereses y distinción de funciones y contextos dentro de los

cuales el Tribunal de Primera Instancia puede imponerlos a una parte

perdidosa.

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Salud Primaria

de Puerto Rico, Inc.,

Concilio Integral de Salud

de Loíza, Inc., Migrant

Health Center, Inc., Río

Grande Community Health

CC-2024-0533

Center, Inc. y Otros

Cons. con

CC-2024-0534

Peticionarios/Recurridos

Certiorari

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Municipio

Autónomo de San Juan y Otros

Recurridos/Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2025.

En esta ocasión, este Tribunal tiene la oportunidad de

atender conjuntamente y precisar el alcance de los diferentes

tipos de intereses que existen en nuestro ordenamiento civil,

con el fin de distinguir sus funciones y los contextos

específicos dentro de los cuales el Tribunal de Primera

Instancia puede imponerlos a una parte perdidosa. Así, con

una

controversia

longeva

y

altamente

contenciosa

de

trasfondo, hoy nos corresponde ponerle punto final al uso y

a la aplicación incorrecta de este sistema de sanciones

imbricado en las nociones de celeridad procesal y de justicia

más básicas de la esfera civil. Veamos.

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

2

I

El 10 de mayo de 2002, un grupo compuesto por varios

proveedores de servicios de salud, entre estos la Junta del

Centro de Salud Comunal Dr. José S. Belaval, Inc., quien

posteriormente cambió su nombre a HPM Foundation, Inc. (HPM),

presentó una Demanda de mandamus, sentencia declaratoria y

cobro de dinero en contra del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico (Estado) y otros.1 El grupo de proveedores indicó que,

en el 2000, la Ley de Seguro Social, 42 USC sec. 1396a (aa),

se enmendó para requerir al estado pagar por los servicios

ofrecidos por centros de salud aprobados federalmente a

pacientes

beneficiarios

del

Medicaid.

Sostuvo

que,

en

violación a tal disposición, el Estado había fallado en

implantar el programa de reembolsos exigido, por lo que

solicitó que se le ordenara hacerlo y que satisficiera lo

adeudado por sus servicios, con una imposición especial de

intereses. Eventualmente, la Demanda se enmendó para, entre

otros asuntos, incluir como parte demandada al Municipio de

San Juan (Municipio).

Luego de varios trámites procesales,2 incluyendo la

designación

que

rindió

una

figura como la parte peticionaria

Tribunal en el recurso CC-2024-0534.

ante

este

1HPM

2El

de

un

Comisionado

Especial

Tribunal de Primera Instancia designó a un

Comisionado Especial para que atendiera la controversia y,

en cuanto a la reclamación específica de HPM, concluyó que

procedía el pago exigido. No obstante, HPM también había

presentado su reclamo ante el Tribunal Federal, el cual fue

desestimado por prescripción. Debido a esto, el foro primario

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

3

recomendación favorable para HPM, este último presentó una

Solicitud de sentencia parcial a favor de HPM y en contra

del

Municipio

de

San

Juan.

En

esta,

arguyó

que

las

controversias ya habían sido resueltas, por lo que solo

restaba aplicar la ley y conceder los intereses por mora. El

Municipio, por su parte, se opuso principalmente bajo el

argumento de prescripción.

Así las cosas, el 4 de noviembre de 2021, el Tribunal

de Primera Instancia emitió una Sentencia parcial mediante

la cual determinó que aplicaba el término prescriptivo de 15

años

a

la

controversia,

por

lo

que

no

procedía

la

desestimación solicitada por el Municipio. En consecuencia,

acogió el Informe del Comisionado Especial y ordenó al

Municipio el pago de $6,048,170.24 por concepto de principal

adeudado. Finalmente, a solicitud de HPM, el foro primario

aplicó

intereses

$1,061,777.76

por

a

la

deuda,

concepto

de

ordenando

el

pago

de

intereses

por

mora

y

$1,990,656.00 de interés legal.

En desacuerdo, el Municipio recurrió ante el Tribunal

de Apelaciones. El 21 de abril de 2023, el foro apelativo

intermedio resolvió, mediante una Sentencia, que procedía

modificar

el

dictamen

recurrido

y

confirmarlo.

En

lo

desestimó el caso por razón de impedimento colateral por

sentencia. Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones revocó

tal dictamen bajo una de las excepciones a la doctrina de

cosa juzgada, a saber, grave injusticia, y devolvió el asunto

al Tribunal de Primera Instancia para su consideración en

los méritos.

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

pertinente,

confirmó

la

cuantía

4

fijada

por

concepto

de

principal adeudado, pero concluyó que el Tribunal de Primera

Instancia debió detallar sus cálculos para determinar los

intereses legales y por mora que le impuso al Municipio. Por

consiguiente, devolvió el caso al foro primario para que

aclarara cómo arribó a tales sumas.3

En consecuencia, el 12 de enero de 2024, el Tribunal de

Primera Instancia emitió una Resolución en cumplimiento con

lo ordenado y consignó sus cálculos, basados en las tasas de

interés

establecidas

por

la

Oficina

del

Comisionado

de

Instituciones Financieras (OCIF) del 1997 al 2002. Por ende,

tras realizar el ejercicio matemático, ordenó al Municipio

a pagar un total de $8,803,486.11.4

Disconforme,

HPM

objetó

las

cuantías

mediante

un

recurso de Apelación ante el foro apelativo intermedio. En

cuanto a la suma de intereses por mora, argumentó que el

foro primario usara la tasa de interés de cada año y no el

6% que estaba vigente al momento del dictamen. Similarmente,

se opuso a que no se aplicara tal tasa al momento de calcular

los intereses legales y que la base del cálculo no fuera la

suma englobada del principal adeudado y los intereses por

mora.

3Insatisfecho,

el Municipio presentó un recurso

certiorari ante este Tribunal, pero este fue denegado.

4El

de

Municipio solicitó sin éxito la reconsideración de

tal dictamen.

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

5

En su oposición, el Municipio argumentó que no procedía

la imposición de intereses por mora, ya que no existía una

obligación

líquida

y

exigible

que

hubiera

desatendido

deliberadamente. Añadió que los intereses legales tampoco

proceden

sobre

intereses

que

no

hubieran

sido

pactados

contractualmente.

El 31 de mayo de 2024, notificada el 4 de junio de 2024,

el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia mediante la

cual

modificó

la

Resolución

del

foro

primario

y,

así

modificada, la confirmó. En cuanto a los intereses por mora,

el foro apelativo intermedio validó tanto su imposición,

debido a que existía una deuda cuyo cumplimiento el Municipio

dilató, como la cuantía, pues HPM se allanó expresamente al

uso de la tasa de interés establecida por la OCIF para cada

año. En lo que respecta a los intereses legales, determinó

que no procedía tal partida por razón de que estos se

trataban

de

intereses

compuestos,

los

cuales

están

prohibidos en nuestro ordenamiento salvo que fueran pactados

contractualmente, circunstancia que no ocurrió en este caso.

Sin embargo, concluyó que sí procedía la imposición de

intereses

post

sentencia,

según

la

Regla

44.3

de

de

la

Procedimiento Civil, infra, y ordenó su pago.

En

su

sentencia,

legales.

Moción

HPM

Por

solicitando

objetó

su

la

parte,

reconsideración

eliminación

en

su

de

los

intereses

Oposición,

el

Municipio

argumentó que los intereses post sentencia no son ejecutables

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

6

en contra de los municipios. El Tribunal de Apelaciones

denegó

la

reconsideración.

Posteriormente,

el

Municipio

también solicitó la reconsideración del dictamen por el

argumento previamente articulado sobre los intereses post

sentencia, a la cual HPM se opuso, pero el foro apelativo

intermedio la denegó por tardía.

Descontentos con tal dictamen, ambas partes acudieron

ante este Tribunal a través de sus respectivos recursos de

certiorari, los cuales fueron posteriormente consolidados.

De su parte, el Municipio nuevamente objeta la imposición de

intereses post sentencia, principalmente bajo el argumento

de que estos no son oponibles al Estado, sus municipios e

instrumentalidades.

Por

otro

lado,

HPM

sostiene

que

el

Tribunal de Apelaciones erró al determinar que el foro

primario calculó intereses compuestos y concluir que no

procedían los intereses legales, como también al negarse a

calcular los intereses por mora desde la presentación de la

Demanda enmendada.

Expedido el recurso de certiorari y contando con el

beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a

resolver, no sin antes examinar el Derecho aplicable a la

controversia.

II

A.

La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.,

establece dos (2) tipos de intereses legales: a saber, los

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

intereses

pre

sentencia

(o

por

7

temeridad)

y

los

post

sentencia. SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138,

145-146 (2022). Esta regla dicta que:

(a)

Se incluirán intereses al tipo que fije por

reglamento la Junta Financiera de la Oficina

del Comisionado de Instituciones Financieras,

y que esté en vigor al momento de dictarse la

sentencia, en toda sentencia que ordena el

pago de dinero, a computarse sobre la cuantía

de la sentencia que ordena el pago desde la

fecha en que se dictó la sentencia y hasta que

ésta sea satisfecha, incluso las costas y los

honorarios de abogado. El tipo de interés se

hará constar en la sentencia.

La Junta fijará y revisará periódicamente la

tasa de interés por sentencia, tomando en

consideración el movimiento en el mercado y

con el objetivo de desalentar la presentación

de demandas frívolas, evitar la posposición

irrazonable

en

el

cumplimiento

de

las

obligaciones existentes y estimular el pago de

las sentencias en el menor tiempo posible.

(b)

El tribunal también impondrá a la parte que

haya procedido con temeridad el pago de

interés al tipo que haya fijado la Junta en

virtud del inciso (a) de esta regla y que esté

en vigor al momento de dictarse la sentencia

desde que haya surgido la causa de acción en

todo caso de cobro de dinero y desde la

presentación de la demanda, en caso de daños

y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte

sentencia a computarse sobre la cuantía de la

sentencia, excepto cuando la parte demandada

sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

sus municipios, agencias, instrumentalidades

o funcionarios en su carácter oficial. El tipo

de interés se hará constar en la sentencia.

En específico, el inciso (a) de esta regla aplica a

toda sentencia en casos civiles que ordene el pago de dinero

y el (b) a los litigios en los que el tribunal haya declarado

a la parte perdidosa como temeraria. Andrades v. Pizza Hut

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8

Mgt. Corp., 140 DPR 950, 954 (1996) (sentencia). En lo que

nos concierne,

[l]a primera clase de interés se impone a favor de

la parte victoriosa, siempre que se trate de una

sentencia que ordene el pago de dinero. El derecho

de un litigante victorioso a recobrar estos

intereses post sentencia es estatutario. Como he

indicado, se computa desde la fecha en que se dicta

la sentencia y se acumula hasta que ésta sea

satisfecha --incluyendo costas y honorarios de

abogado--. Esta imposición es mandatoria contra

todo litigante perdidioso cuando dicha sentencia le

ordena el pago de dinero y aplica contra el Estado

y contra los municipios como contra cualquier otro

litigante. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho

Procesal

Civil,

2da

ed.,

Estados

Unidos,

Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1327.

Entiéndase, su imposición es mandatoria a toda parte

perdidosa sin distinción alguna. Malavé v. Oriental, 167 DPR

594,

608

(2006).

Ello

es

independiente

de

si

la

parte

contraria actuó o no con temeridad. SLG González-Figueroa v.

SLG et al., supra. Además, se computan sobre la cuantía de

la sentencia, incluidas las costas y los honorarios de

abogado, desde el momento en que esta se dicte hasta que sea

satisfecha. Íd.

El objetivo del interés post sentencia es “evitar la

posposición

irrazonable

en

el

cumplimiento

de

las

obligaciones existentes y estimular el pago en el menor

tiempo posible” o, dicho de otro modo, “promover que el

deudor

de

una

sentencia

se

ajuste

con

prontitud

a

los

términos de ésta y compense expeditamente al acreedor de la

misma”. Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 424–425 (2002).

Estos intereses legales forman parte de la sentencia en la

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

9

que se dicte el pago de dinero y deben imponerse sobre la

cuantía de la sentencia sin excepción de clase alguna, aunque

pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la misma.

Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 472 (2010).

Finalmente, la disposición antes citada provee para que

la Junta Financiera de la OCIF fije el interés legal por

sentencia y para ello “tomará en consideración el movimiento

en el mercado con el objetivo de desalentar la radicación de

demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el

cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el

pago de las sentencias en el menor tiempo posible”. Gutiérrez

v. A.A.A., 167 DPR 130, 137 (2006). La regla indica, además,

que

la

Junta

Financiera

podrá

revisar

las

tasas

interés

legal,

correspondientes periódicamente. Íd.

Ahora

bien,

la

segunda

clase

de

consignada en el inciso (b) de la regla antes citada, es el

interés por temeridad. “Los intereses pre sentencia solo

proceden sobre la cuantía de la sentencia, sin incluir las

costas y los honorarios de abogado, si la parte perdidosa

actuó con temeridad en la tramitación de un pleito y si este

se trata de una demanda en cobro de dinero o por daños y

perjuicio”. SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág.

146.

Nótese que nuestro ordenamiento civil permite que se

sancione la temeridad de un litigante perdidoso de dos (2)

formas:

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10

(a) mediante la imposición del pago de honorarios

de abogado bajo la Regla 44.1(d), […], en todo tipo

de acciones, pues dicha regla no hace excepciones,

y (b) mediante la imposición de intereses al tipo

legal, computados desde una fecha anterior a la de

la sentencia, en dos clases de acciones, a saber,

casos de cobro de dinero (se computan desde que

surge la causa de acción) y casos de daños y

perjuicios (se computan desde la presentación de la

demanda). Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR

833, 842–843 (1983).

Dicho de otro modo, “[l]a única diferencia entre la

condena al pago de honorarios de abogado y de los intereses

pre sentencia es que la primera no hace excepciones en cuanto

al tipo de acción en que pueden ser impuestos”. SLG GonzálezFiguera v. SLG et al., supra, págs. 147-148. Es decir, que

“los

honorarios

cualquier

tipo

de

abogados

de

acción

sancionan

judicial”,

la

temeridad

mientras

que

en

“los

intereses pre sentencia solo proceden en dos clases de

acciones: la de cobro de dinero, así como la de daños y

perjuicios”. Íd. Por ende, estos “habrá[n] de imponerse sobre

la cuantía de la sentencia a la parte que haya procedido con

temeridad”. Montañez v. U.P.R., supra.

La imposición de sanciones por temeridad procede cuando

el tribunal haga una determinación expresa correspondiente

a tales fines de que una parte ha actuado de esa manera.

Santiago

v.

Sup.

Grande,

166

DPR

796,

821

(2006).

En

consecuencia, los intereses legales pre sentencia se imponen

mediante una decisión “altamente discrecional y un foro

apelativo sólo intervendrá con la determinación de imponerlo

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

11

si se demuestra que se cometió un abuso de discreción”.

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 505 (2010).

En SLG González-Figuera v. SLG et al., supra, págs.

148-149,

explicamos

que

la

temeridad

se

refiere

a

las

“actuaciones de un litigante que lleven a un pleito que pudo

evitarse, que provoquen la prolongación indebida del trámite

judicial o que obliguen a la otra parte a incurrir en gastos

innecesarios

para

hacer

valer

sus

derechos”.

En

otras

palabras, cuando un litigante perdidoso, “por su terquedad,

testarudez,

obstinación,

contumacia,

empecinamiento,

impertinencia e insistencia en una actitud desprovista de

fundamentos, obliga a la otra parte a asumir innecesariamente

las molestias, los gastos e inconvenientes de un pleito”.

Íd. En resumen, la temeridad se manifiesta cuando la actitud

de la parte afecta el buen funcionamiento y la administración

de la justicia, al punto que sujeta al litigante inocente a

una ordalía judicial innecesaria. Fernández v. San Juan

Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).

De otra parte, no existe temeridad “en aquellos casos

en que el litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea

de una cuestión de derecho y no hay precedentes establecidos

sobre la cuestión [...] o cuando existe alguna desavenencia

honesta en cuanto a quién favorece el derecho aplicable a

los hechos del caso”. Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co.,

141 DPR 900, 936 (1996).

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

12

En lo relevante a este caso, la Regla 44.3 (b) de

Procedimiento Civil, supra, excluye expresamente al Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, a sus municipios, agencias e

instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial de

la imposición de intereses pre sentencia. Torres Ortiz v.

ELA, 136 DPR 556, 568 (1994).

B.

Como

es

conocido,

la

ley,

los

contratos

y

cuasicontratos, y los actos y omisiones ilícitos o aquellos

que emanan de culpa o negligencia son reconocidos como las

fuentes de obligación en nuestro ordenamiento civil. Art.

1042, Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2992.5 Asimismo,

una persona tiene la obligación de indemnizar los daños y

perjuicios causados cuando incurre en dolo, negligencia o

morosidad en el cumplimiento de una obligación. Art. 1054,

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3018.

En lo aquí pertinente, una persona incurre en mora cuando

su acreedor le exige, ya sea judicial o extrajudicialmente,

que cumpla con una obligación. Art. 1053 del Código Civil de

1930, 31 LPRA ant. sec. 3017. Es decir, “sólo es mora el

retraso culpable”. Rodríguez Sanabria v. Soler Vargas, 135

DPR

779,

783

(1994).

Estos

intereses

por

mora

“[n]o

constituyen parte integrante e inherentemente inseparable de

5Adviértase

que, como los hechos de este caso se

originaron durante la vigencia del derogado Código Civil de

1930, haremos referencia a este cuerpo normativo debido a

que es el aplicable para disponer de la controversia.

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

13

la obligación principal, sino que son considerados como una

indemnización independiente de daños y perjuicios, impuesta

como

penalidad

por

la

demora

en

el

pago”.

Rivera

v.

Crescioni, 77 DPR 47, 55–56 (1954).

En esencia, según el Art. 1061 del Código Civil de 1930,

31 LPRA ant. sec. 3025, la indemnización en caso de mora

consiste en el pago de intereses y, por ende, “[s]i la

obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero

y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y

perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el

pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en

el interés legal”.

A modo de resumen, la imposición de intereses de esta

naturaleza en el cumplimiento de una obligación exige que

concurran los requisitos enumerados a continuación:

(1) una obligación de dar o hacer; (2) que el

acreedor requiera el cumplimiento al deudor

judicial

o

extrajudicialmente;

(3)

que

la

obligación sea exigible y líquida, y esté vencida;

(4) que el retraso sea imputable al deudor, y (5)

que el retraso en cumplir se haya producido por la

culpa del deudor. Consejo Titulares v. MAPFRE, 2024

TSPR 140, 215 DPR ___ (2024) (citando a L. DíezPicazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 11ma

ed., Madrid, Ed. Tecnos, 2023, Volumen II, Tomo 1,

págs. 191-192. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil

Español, Común y Foral, 17ma ed., Madrid, Ed. Reus

S.A., 2008, Tomo III, págs. 238-240).

Desde Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467, 470

(1982), resolvimos que “es mandatorio el que un tribunal, al

dictar una sentencia en que ordene el pago de dinero, imponga

el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía de la

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

14

sentencia sin excepción de clase alguna”. De hecho, los

tribunales

pueden

imponer

intereses

por

mora

como

indemnización en daños aun cuando la parte con derecho a

estos no los haya solicitado. Fuentes v. Hull Dobbs Co., 88

DPR 562, 571 (1963).

No obstante, la indemnización por intereses moratorios

es un derecho personal del acreedor, que puede ser renunciado

y, en consecuencia, esta puede cesar: “1) [p]or voluntad del

acreedor, como en los casos de renuncia al pago de la

indemnización debida, concesión de prórroga, novación de la

obligación, etc.[;] 2) por concesión de un plazo legal al

deudor (moratorias)[,] [o] 3) [p]or incurrir también el

acreedor en mora”. J. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 244.

Dicho

esto,

“el

interés

moratorio

tiene

que

estar

expresamente incluido en la Sentencia para ser recobrado”.

Consejo Titulares v. MAPFRE, supra.

Expuesto el Derecho pertinente, procedemos a discutir

su aplicación a esta controversia.

III

Conforme se indicó, en desacuerdo con la determinación

del Tribunal de Apelaciones por distintas razones, ambas

partes

acudieron

ante

este

Tribunal

por

medio

de

sus

respectivos recursos de certiorari.

En lo que respecta a la comparecencia del Municipio,

este

argumenta

que

el

Tribunal

de

Apelaciones

erró

al

imponerle el pago de intereses post sentencia, pues la Regla

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

15

44.3 de Procedimiento Civil, supra, expresamente exime de

sus efectos al Estado y a sus dependencias, incluyendo a los

municipios. A esto añade que la imposición de intereses bajo

esta disposición está predicada en una determinación de

temeridad, la cual no fue hecha en su contra por alguno de

los foros recurridos. No le asiste la razón.

Según se explicó, la Regla 44.3 de Procedimiento Civil,

supra,

comprende

legales:

en

su

dos

(2)

inciso

diferentes

(a)

dispone

tipos

los

de

intereses

intereses

post

sentencia y en su inciso (b) los pre sentencia.

Los

intereses

post

sentencia

se

imponen

de

forma

mandatoria a favor de la parte victoriosa en todo caso en

que se emita una sentencia que ordene el pago de dinero,

pues su propósito es evitar la posposición irrazonable en el

cumplimiento de las obligaciones y estimular el pago ordenado

en el menor tiempo posible. Por ende, estos intereses se

computarán desde la fecha en que se dicta la sentencia y se

acumulan hasta que esta sea satisfecha. Finalmente, y más

importante aún, hemos sido consecuentes en pautar que el

interés post sentencia aplica a toda parte perdidosa sin

excepción alguna y ello incluye al Estado, los municipios y

sus dependencias como a cualquier otro litigante.

En cambio, son los intereses pre sentencia (o por

temeridad), consignados en el inciso (b) de la disposición

antes citada, los que expresamente eximen al Estado y a los

municipios de sus efectos. Nuevamente, se trata de dos (2)

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

distintos

tipos

circunstancias

de

16

intereses

diversas,

con

que

funcionan

efectos

y

bajo

requisitos

diferentes. En consecuencia, la excepción en la aplicación

del inciso (b) a los municipios no se extiende al tipo de

interés descrito en el inciso (a), debido a que la Regla

44.3

de

Procedimiento

Civil,

supra,

no

reglamenta

sus

intereses como un conjunto indivisible. Cada inciso detalla

un mecanismo punitivo específico e independiente el uno del

otro.

El

mismo

razonamiento

descarta

el

argumento

del

Municipio dirigido a cuestionar la validez del interés post

sentencia

impuesto

en

ausencia

de

una

determinación

de

temeridad en su conducta durante el pleito. El requisito de

temeridad

solo

aplica

a

los

intereses

pre

sentencia

consignados en el inciso (b) de la regla y no es extensible

a

los

intereses

post

consecuencia,

al

diferenciable,

cada

aplicables

solo

sentencia

tratarse

de

en

el

intereses

cual

con

requisitos

en

circunstancias

inciso

de

(a).

En

naturaleza

distinguibles

y

específicamente

designadas, el Municipio se equivoca al invitar a este

Tribunal a tratarlos de la misma manera para evadir la

imposición de un interés post sentencia que fue correctamente

aplicado por el Tribunal de Apelaciones.

Atendido

así

el

único

error

argumentado

por

el

Municipio, procede atender aquel articulado por HPM en su

recurso. En síntesis, HPM sostiene que el foro apelativo

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

intermedio

incidió

al

eliminar

la

17

partida

de

intereses

legales que impuso el Tribunal de Primera Instancia por

entender que se trató de intereses compuestos. A su vez,

objetó que el Tribunal de Apelaciones no modificara la

cantidad de intereses por mora.

Con el fin de atender estos argumentos adecuadamente,

procede repasar los cálculos que emitió

Primera

Instancia

para

justificar

las

el Tribunal de

cuantías

por

los

intereses que dictaminó.

En lo que respecta a los intereses por mora, en su

Resolución de 12 de enero de 2024, el foro primario tomó el

principal adeudado admitido desde el 1997 al 2000 y le aplicó

el interés fijado por la OCIF correspondiente a cada año, el

cual fluctuó entre 5% a 6% dentro de ese periodo. Luego

procedió a dividir ese resultado por doce (12) para obtener

el

interés

mensual,

el

cual

después

multiplicó

por

la

cantidad de meses entre ese año y el 2002, cuando se presentó

la Demanda en contra del Municipio. De esta forma determinó

que el Municipio debía pagar a HPM $1,061,778.29 por concepto

de intereses por mora.6

6Apéndice

de certiorari, págs. 65-66. Los cálculos

específicos se detallan a continuación: (1) la deuda de 1997

($1,509,747.20), al 5.50% de interés ($83,036.10), dividido

en 12 meses ($6,919.68), multiplicado por 57 meses

($394,421.45); (2) la deuda de 1998 ($1,419,263.84), al 5.50%

de interés ($78,059.52), dividido en 12 meses ($6,504.96),

multiplicado por 45 meses ($292,723.17); (3) la deuda de

1999 ($1,449,906.36), al 5% de interés ($72,495.36),

dividido en 12 meses ($6,041.28), multiplicado por 33 meses

($199,362.12); y (4) la deuda de 2000 ($1,669,252.84), al 6%

de interés ($100,155.12), dividido en 12 meses ($8,346.26),

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

18

Para arribar al total de interés legal impuesto, el

foro primario tomó el total del principal adeudado hasta

diciembre de 2002 ($6,048,170.24) y lo multiplicó por el

interés vigente en ese año según la OCIF (1.50%), para un

total de $90,722.55 de interés anual, el cual procedió a

dividir por doce (12) para determinar el interés mensual

($7,560.21). Acto seguido, multiplicó la cantidad anual por

dieciocho (18) años y ocho (8) meses, siendo este el tiempo

que transcurrió desde septiembre de 2002 hasta mayo de 2021,

cuando HPM solicitó la resolución sumaria de la controversia,

para un total de $1,693,537.58.7

Ahora bien, con respecto a los intereses legales, el

Tribunal

de

Apelaciones

concluyó

que

estos

eran

improcedentes por ser compuestos, es decir, por haberse

fijado sobre intereses vencidos, lo cual es permisible en

nuestro ordenamiento únicamente cuando así se pacta en el

contrato.

El

foro

apelativo

intermedio

razonó

que,

en

ausencia de un contrato entre las partes, toda vez que la

deuda surgió en virtud de un estatuto, y en vista de que el

cálculo para los intereses legales usó como base la suma del

principal

adeudado

y

los

intereses

por

mora,

procedía

eliminarlos.

multiplicado por 21 meses ($175,271.55). Finalmente, sumó

los resultados finales para cada año, obteniendo un total de

$1,061,778.29.

7Íd.

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

19

Una lectura de la Resolución del Tribunal de Primera

Instancia y de los cálculos desglosados anteriormente en esta

sección revela que el foro primario no calculó la suma de

intereses legales a base del principal y algún otro interés

acumulado. Entiéndase, no hubo interés compuesto, pues el

cálculo del interés legal solo requirió la suma del principal

adeudado y el interés establecido por la OCIF. En este

extremo, el foro apelativo intermedio erró en su apreciación

de que el cálculo realizado para los intereses legales por

el foro primario representaba una imposición inadmisible de

intereses compuestos.

Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones no erró en cuanto

a su conclusión de que el interés legal aplicable a estos

hechos es el post sentencia dispuesto en la Regla 44.3 (a)

de Procedimiento Civil, supra, antes discutido y que, por

ende, procedía eliminar la suma concedida por el Tribunal de

Primera Instancia por concepto de interés legal. Nótese que

el interés legal calculado por el foro primario comenzó a

ser contado desde el 2002 hasta el 2021, para todos los

propósitos precediendo el dictamen final en el asunto.

Por lo tanto, de haberse mantenido tal interés, según

lo

solicitó

HPM

en

su

recurso,

este

Tribunal

estaría

validando la imposición de un interés pre sentencia que,

según se señaló en la discusión del error señalado por el

Municipio, es improcedente bajo las circunstancias de este

caso.

Recuérdese,

aquí

no

medió

una

determinación

de

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

20

temeridad y, aun si hubiera existido, sería inaplicable en

contra de los municipios por disposición reglamentaria. En

consecuencia, el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente

al

descartar

la

suma

del

foro

primario

y

ordenar

la

imposición de intereses legales post sentencia a partir del

4 de noviembre de 2021, fecha en que se emitió el dictamen

del Tribunal de Primera Instancia declarando con lugar el

reclamo de dinero de HPM.

Finalmente, resta por atender lo relacionado con los

cálculos de los intereses por mora. A modo de resumen, el

Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro

primario en toda su extensión en lo que respecta este asunto.

Según se relató, el Tribunal de Primera Instancia concedió

intereses por mora a favor de HPM desde el 1997 hasta el

2002, usando la tasa de interés aplicable a cada año.

Sin embargo, los intereses por mora deben calcularse a

partir

del

momento

en

que

la

parte

acreedora

exige

el

cumplimiento de la obligación, ya sea por la vía judicial o

la

extrajudicial.

Aplicado

ello

a

los

hechos,

debemos

concluir que el Tribunal de Primera Instancia, así validado

por el Tribunal de Apelaciones, añadió erróneamente a la

cuantía de intereses por mora el periodo durante el cual HPM

estuvo rindiendo los servicios de salud al Municipio, es

decir, previo a que le reclamara su pago, lo que ocurrió en

el 2002 con la presentación de la Demanda enmendada.

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

21

Ante ese cuadro, este Tribunal se ve en la obligación

de concluir que los foros recurridos erraron en el cálculo

de los intereses por mora, pues estos debieron usar como

punto de partida el 30 de agosto de 2002, cuando la Demanda

fue enmendada para incluir al Municipio como parte demandada

y, por ende, tuvo lugar el requerimiento de cumplimiento con

la obligación por la vía judicial. De otro lado, el punto

final para el alcance de este cómputo es el 4 de noviembre

de 2021, cuando el Tribunal de Primera Instancia declaró con

lugar la reclamación de HPM.

Así

las

cosas,

usando

la

fórmula

empleada

por

el

Tribunal de Primera Instancia y los porcentajes de la OCIF,

los cuales, durante el periodo de agosto de 2002 hasta

noviembre de 2021, fluctuaron regularmente entre un 5% como

el punto más alto y un .5% como más bajo, este Tribunal

concluye que procede el pago de $1,704,396.47, por concepto

de intereses por mora.8

8Siguiendo

la fórmula establecida por el Tribunal de

Primera Instancia, se calculó el interés dictado por la OCIF

sobre el monto del principal adeudado, según varió

regularmente alrededor de cada seis (6) meses entre agosto

del 2002 y noviembre de 2021, se dividió entre doce (12)

para determinar el interés mensual, el cual finalmente se

multiplicó por la cantidad de meses aplicable a cada mes e

interés.

Excepto en los meses de agosto de 2002 y noviembre de

2021. En estos casos, en lugar de dividir entre doce (12)

para determinar el interés mensual, se dividió entre 365

para obtener el interés diario, el cual se multiplicó por la

cantidad de días aplicables en cada mes: dos (2) días en

agosto de 2002 y cuatro (4) días en noviembre de 2021.

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

22

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones erró al disponer

expresamente en su Sentencia que, para los intereses legales

post sentencia, se aplicaría una tasa de 4.25%, al entender

que esa era la establecida por la OCIF a la fecha en que el

Tribunal

de

Primera

Instancia

dictó

la

Sentencia.

Sin

embargo, para el período correspondiente al mes de noviembre

de 2021, la tasa de interés dispuesta por la OCIF aplicable

al Gobierno era de 0.50%, y no de 4.25%. Por tanto, los

intereses legales post sentencia deberán computarse conforme

a la tasa de interés correctamente establecida por la OCIF

a la fecha en que se dictó la Sentencia, el 4 de noviembre

de 2021.9

IV

Por

los

fundamentos

expresados,

se

revocan

los

dictámenes de los foros recurridos únicamente en lo que

respecta a los intereses por mora y a la tasa aplicable a

los

intereses

intereses

por

legales

post

mora,

se

sentencia.

establece

$1,704,396.47.

Respecto

a

los

sentencia,

determina

que

la

se

En

una

intereses

tasa

cuanto

nueva

a

los

suma

de

legales

aplicable

post

será

la

establecida por la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras para el Gobierno el 4 de noviembre de 2021, a

9Véase

Reglamento Núm. 3702 del 20 de diciembre de 1988

de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras,

así como el enlace siguiente para acceder a la tasa de interés

aplicable a Sentencias Judiciales, conforme a lo dispuesto

en

dicho

reglamento:

https://www.ocif.pr.gov/interesaplicable (última vista, 17 de julio de 2025).

CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534

23

saber, 0.50%. Se confirma el resto de la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación de Salud Primaria

de Puerto Rico, Inc.,

Concilio Integral de Salud

de Loíza, Inc., Migrant

Health Center, Inc., Río

Grande Community Health

CC-2024-0533

Center, Inc. y Otros

Cons. con

CC-2024-0534

Recurridos/Peticionarios

Certiorari

v.

Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Municipio

Autónomo de San Juan y Otros

Peticionarios/Recurridos

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, se revocan los dictámenes de los foros recurridos

únicamente en lo que respecta a los intereses por mora y a

la tasa aplicable a los intereses legales post sentencia. En

cuanto a los intereses por mora, se establece una nueva suma

de $1,704,396.47. Respecto a los intereses legales post

sentencia, se determina que la tasa aplicable será la

establecida por la Oficina del Comisionado de Instituciones

Financieras para el Gobierno el 4 de noviembre de 2021, a

saber, 0.50%. Se confirma el resto de la Sentencia del

Tribunal de Apelaciones.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo