Tribunal Supremo de Puerto Rico
Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Inc., y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
2025 TSPR 75
Poder Judicial de Puerto Rico
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Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico Inc., y otros v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
CC-2024-0533 cons con CC-2024-0534
22 de julio de 2025 · Hon. Luis F. Estrella Martínez · Derecho Procesal Civil – Alcance de los diferentes tipos de intereses y distinción de funciones y contextos dentro de los cuales el Tribunal de Primera Instancia puede imponerlos a una parte perdidosa.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación de Salud Primaria
de Puerto Rico, Inc., Concilio
Integral de Salud
de Loíza, Inc., Migrant Health
Center, Inc., Río Grande
Community Health Center, Inc.
y Otros
Certiorari
2025 TSPR 75
Peticionarios/Recurridos
216 DPR ___
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Municipio
Autónomo de San Juan y Otros
Recurridos/Peticionarios
Número del Caso:
Fecha:
CC-2024-0533
cons. con
CC-2024-0534
22 de julio de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel Especial
CC-2024-0533
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcdo. Edwin Quiñones Rivera
Lcdo. Ignacio J. Llerena Gutiérrez
Representante legal de la parte recurrida:
Lcda. Karla Díaz Garratón
CC-2024-0534
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcdo. Marvin Díaz Ferrer
Lcda. Karla Díaz Garratón
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
2
Materia: Derecho Procesal Civil – Alcance de los diferentes tipos
de intereses y distinción de funciones y contextos dentro de los
cuales el Tribunal de Primera Instancia puede imponerlos a una parte
perdidosa.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación de Salud Primaria
de Puerto Rico, Inc.,
Concilio Integral de Salud
de Loíza, Inc., Migrant
Health Center, Inc., Río
Grande Community Health
CC-2024-0533
Center, Inc. y Otros
Cons. con
CC-2024-0534
Peticionarios/Recurridos
Certiorari
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Municipio
Autónomo de San Juan y Otros
Recurridos/Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor
ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2025.
En esta ocasión, este Tribunal tiene la oportunidad de
atender conjuntamente y precisar el alcance de los diferentes
tipos de intereses que existen en nuestro ordenamiento civil,
con el fin de distinguir sus funciones y los contextos
específicos dentro de los cuales el Tribunal de Primera
Instancia puede imponerlos a una parte perdidosa. Así, con
una
controversia
longeva
y
altamente
contenciosa
de
trasfondo, hoy nos corresponde ponerle punto final al uso y
a la aplicación incorrecta de este sistema de sanciones
imbricado en las nociones de celeridad procesal y de justicia
más básicas de la esfera civil. Veamos.
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
2
I
El 10 de mayo de 2002, un grupo compuesto por varios
proveedores de servicios de salud, entre estos la Junta del
Centro de Salud Comunal Dr. José S. Belaval, Inc., quien
posteriormente cambió su nombre a HPM Foundation, Inc. (HPM),
presentó una Demanda de mandamus, sentencia declaratoria y
cobro de dinero en contra del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico (Estado) y otros.1 El grupo de proveedores indicó que,
en el 2000, la Ley de Seguro Social, 42 USC sec. 1396a (aa),
se enmendó para requerir al estado pagar por los servicios
ofrecidos por centros de salud aprobados federalmente a
pacientes
beneficiarios
del
Medicaid.
Sostuvo
que,
en
violación a tal disposición, el Estado había fallado en
implantar el programa de reembolsos exigido, por lo que
solicitó que se le ordenara hacerlo y que satisficiera lo
adeudado por sus servicios, con una imposición especial de
intereses. Eventualmente, la Demanda se enmendó para, entre
otros asuntos, incluir como parte demandada al Municipio de
San Juan (Municipio).
Luego de varios trámites procesales,2 incluyendo la
designación
que
rindió
una
figura como la parte peticionaria
Tribunal en el recurso CC-2024-0534.
ante
este
1HPM
2El
de
un
Comisionado
Especial
Tribunal de Primera Instancia designó a un
Comisionado Especial para que atendiera la controversia y,
en cuanto a la reclamación específica de HPM, concluyó que
procedía el pago exigido. No obstante, HPM también había
presentado su reclamo ante el Tribunal Federal, el cual fue
desestimado por prescripción. Debido a esto, el foro primario
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
3
recomendación favorable para HPM, este último presentó una
Solicitud de sentencia parcial a favor de HPM y en contra
del
Municipio
de
San
Juan.
En
esta,
arguyó
que
las
controversias ya habían sido resueltas, por lo que solo
restaba aplicar la ley y conceder los intereses por mora. El
Municipio, por su parte, se opuso principalmente bajo el
argumento de prescripción.
Así las cosas, el 4 de noviembre de 2021, el Tribunal
de Primera Instancia emitió una Sentencia parcial mediante
la cual determinó que aplicaba el término prescriptivo de 15
años
a
la
controversia,
por
lo
que
no
procedía
la
desestimación solicitada por el Municipio. En consecuencia,
acogió el Informe del Comisionado Especial y ordenó al
Municipio el pago de $6,048,170.24 por concepto de principal
adeudado. Finalmente, a solicitud de HPM, el foro primario
aplicó
intereses
$1,061,777.76
por
a
la
deuda,
concepto
de
ordenando
el
pago
de
intereses
por
mora
y
$1,990,656.00 de interés legal.
En desacuerdo, el Municipio recurrió ante el Tribunal
de Apelaciones. El 21 de abril de 2023, el foro apelativo
intermedio resolvió, mediante una Sentencia, que procedía
modificar
el
dictamen
recurrido
y
confirmarlo.
En
lo
desestimó el caso por razón de impedimento colateral por
sentencia. Acto seguido, el Tribunal de Apelaciones revocó
tal dictamen bajo una de las excepciones a la doctrina de
cosa juzgada, a saber, grave injusticia, y devolvió el asunto
al Tribunal de Primera Instancia para su consideración en
los méritos.
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
pertinente,
confirmó
la
cuantía
4
fijada
por
concepto
de
principal adeudado, pero concluyó que el Tribunal de Primera
Instancia debió detallar sus cálculos para determinar los
intereses legales y por mora que le impuso al Municipio. Por
consiguiente, devolvió el caso al foro primario para que
aclarara cómo arribó a tales sumas.3
En consecuencia, el 12 de enero de 2024, el Tribunal de
Primera Instancia emitió una Resolución en cumplimiento con
lo ordenado y consignó sus cálculos, basados en las tasas de
interés
establecidas
por
la
Oficina
del
Comisionado
de
Instituciones Financieras (OCIF) del 1997 al 2002. Por ende,
tras realizar el ejercicio matemático, ordenó al Municipio
a pagar un total de $8,803,486.11.4
Disconforme,
HPM
objetó
las
cuantías
mediante
un
recurso de Apelación ante el foro apelativo intermedio. En
cuanto a la suma de intereses por mora, argumentó que el
foro primario usara la tasa de interés de cada año y no el
6% que estaba vigente al momento del dictamen. Similarmente,
se opuso a que no se aplicara tal tasa al momento de calcular
los intereses legales y que la base del cálculo no fuera la
suma englobada del principal adeudado y los intereses por
mora.
3Insatisfecho,
el Municipio presentó un recurso
certiorari ante este Tribunal, pero este fue denegado.
4El
de
Municipio solicitó sin éxito la reconsideración de
tal dictamen.
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
5
En su oposición, el Municipio argumentó que no procedía
la imposición de intereses por mora, ya que no existía una
obligación
líquida
y
exigible
que
hubiera
desatendido
deliberadamente. Añadió que los intereses legales tampoco
proceden
sobre
intereses
que
no
hubieran
sido
pactados
contractualmente.
El 31 de mayo de 2024, notificada el 4 de junio de 2024,
el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia mediante la
cual
modificó
la
Resolución
del
foro
primario
y,
así
modificada, la confirmó. En cuanto a los intereses por mora,
el foro apelativo intermedio validó tanto su imposición,
debido a que existía una deuda cuyo cumplimiento el Municipio
dilató, como la cuantía, pues HPM se allanó expresamente al
uso de la tasa de interés establecida por la OCIF para cada
año. En lo que respecta a los intereses legales, determinó
que no procedía tal partida por razón de que estos se
trataban
de
intereses
compuestos,
los
cuales
están
prohibidos en nuestro ordenamiento salvo que fueran pactados
contractualmente, circunstancia que no ocurrió en este caso.
Sin embargo, concluyó que sí procedía la imposición de
intereses
post
sentencia,
según
la
Regla
44.3
de
de
la
Procedimiento Civil, infra, y ordenó su pago.
En
su
sentencia,
legales.
Moción
HPM
Por
solicitando
objetó
su
la
parte,
reconsideración
eliminación
en
su
de
los
intereses
Oposición,
el
Municipio
argumentó que los intereses post sentencia no son ejecutables
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
6
en contra de los municipios. El Tribunal de Apelaciones
denegó
la
reconsideración.
Posteriormente,
el
Municipio
también solicitó la reconsideración del dictamen por el
argumento previamente articulado sobre los intereses post
sentencia, a la cual HPM se opuso, pero el foro apelativo
intermedio la denegó por tardía.
Descontentos con tal dictamen, ambas partes acudieron
ante este Tribunal a través de sus respectivos recursos de
certiorari, los cuales fueron posteriormente consolidados.
De su parte, el Municipio nuevamente objeta la imposición de
intereses post sentencia, principalmente bajo el argumento
de que estos no son oponibles al Estado, sus municipios e
instrumentalidades.
Por
otro
lado,
HPM
sostiene
que
el
Tribunal de Apelaciones erró al determinar que el foro
primario calculó intereses compuestos y concluir que no
procedían los intereses legales, como también al negarse a
calcular los intereses por mora desde la presentación de la
Demanda enmendada.
Expedido el recurso de certiorari y contando con el
beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a
resolver, no sin antes examinar el Derecho aplicable a la
controversia.
II
A.
La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.,
establece dos (2) tipos de intereses legales: a saber, los
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intereses
pre
sentencia
(o
por
7
temeridad)
y
los
post
sentencia. SLG González-Figueroa v. SLG et al., 209 DPR 138,
145-146 (2022). Esta regla dicta que:
(a)
Se incluirán intereses al tipo que fije por
reglamento la Junta Financiera de la Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras,
y que esté en vigor al momento de dictarse la
sentencia, en toda sentencia que ordena el
pago de dinero, a computarse sobre la cuantía
de la sentencia que ordena el pago desde la
fecha en que se dictó la sentencia y hasta que
ésta sea satisfecha, incluso las costas y los
honorarios de abogado. El tipo de interés se
hará constar en la sentencia.
La Junta fijará y revisará periódicamente la
tasa de interés por sentencia, tomando en
consideración el movimiento en el mercado y
con el objetivo de desalentar la presentación
de demandas frívolas, evitar la posposición
irrazonable
en
el
cumplimiento
de
las
obligaciones existentes y estimular el pago de
las sentencias en el menor tiempo posible.
(b)
El tribunal también impondrá a la parte que
haya procedido con temeridad el pago de
interés al tipo que haya fijado la Junta en
virtud del inciso (a) de esta regla y que esté
en vigor al momento de dictarse la sentencia
desde que haya surgido la causa de acción en
todo caso de cobro de dinero y desde la
presentación de la demanda, en caso de daños
y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte
sentencia a computarse sobre la cuantía de la
sentencia, excepto cuando la parte demandada
sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
sus municipios, agencias, instrumentalidades
o funcionarios en su carácter oficial. El tipo
de interés se hará constar en la sentencia.
En específico, el inciso (a) de esta regla aplica a
toda sentencia en casos civiles que ordene el pago de dinero
y el (b) a los litigios en los que el tribunal haya declarado
a la parte perdidosa como temeraria. Andrades v. Pizza Hut
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
8
Mgt. Corp., 140 DPR 950, 954 (1996) (sentencia). En lo que
nos concierne,
[l]a primera clase de interés se impone a favor de
la parte victoriosa, siempre que se trate de una
sentencia que ordene el pago de dinero. El derecho
de un litigante victorioso a recobrar estos
intereses post sentencia es estatutario. Como he
indicado, se computa desde la fecha en que se dicta
la sentencia y se acumula hasta que ésta sea
satisfecha --incluyendo costas y honorarios de
abogado--. Esta imposición es mandatoria contra
todo litigante perdidioso cuando dicha sentencia le
ordena el pago de dinero y aplica contra el Estado
y contra los municipios como contra cualquier otro
litigante. J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho
Procesal
Civil,
2da
ed.,
Estados
Unidos,
Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1327.
Entiéndase, su imposición es mandatoria a toda parte
perdidosa sin distinción alguna. Malavé v. Oriental, 167 DPR
594,
608
(2006).
Ello
es
independiente
de
si
la
parte
contraria actuó o no con temeridad. SLG González-Figueroa v.
SLG et al., supra. Además, se computan sobre la cuantía de
la sentencia, incluidas las costas y los honorarios de
abogado, desde el momento en que esta se dicte hasta que sea
satisfecha. Íd.
El objetivo del interés post sentencia es “evitar la
posposición
irrazonable
en
el
cumplimiento
de
las
obligaciones existentes y estimular el pago en el menor
tiempo posible” o, dicho de otro modo, “promover que el
deudor
de
una
sentencia
se
ajuste
con
prontitud
a
los
términos de ésta y compense expeditamente al acreedor de la
misma”. Montañez v. U.P.R., 156 DPR 395, 424–425 (2002).
Estos intereses legales forman parte de la sentencia en la
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9
que se dicte el pago de dinero y deben imponerse sobre la
cuantía de la sentencia sin excepción de clase alguna, aunque
pueden ser recobrados aun cuando no se mencionen en la misma.
Vélez Cortés v. Baxter, 179 DPR 455, 472 (2010).
Finalmente, la disposición antes citada provee para que
la Junta Financiera de la OCIF fije el interés legal por
sentencia y para ello “tomará en consideración el movimiento
en el mercado con el objetivo de desalentar la radicación de
demandas frívolas, evitar la posposición irrazonable en el
cumplimiento de las obligaciones existentes y estimular el
pago de las sentencias en el menor tiempo posible”. Gutiérrez
v. A.A.A., 167 DPR 130, 137 (2006). La regla indica, además,
que
la
Junta
Financiera
podrá
revisar
las
tasas
interés
legal,
correspondientes periódicamente. Íd.
Ahora
bien,
la
segunda
clase
de
consignada en el inciso (b) de la regla antes citada, es el
interés por temeridad. “Los intereses pre sentencia solo
proceden sobre la cuantía de la sentencia, sin incluir las
costas y los honorarios de abogado, si la parte perdidosa
actuó con temeridad en la tramitación de un pleito y si este
se trata de una demanda en cobro de dinero o por daños y
perjuicio”. SLG González-Figueroa v. SLG et al., supra, pág.
146.
Nótese que nuestro ordenamiento civil permite que se
sancione la temeridad de un litigante perdidoso de dos (2)
formas:
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
10
(a) mediante la imposición del pago de honorarios
de abogado bajo la Regla 44.1(d), […], en todo tipo
de acciones, pues dicha regla no hace excepciones,
y (b) mediante la imposición de intereses al tipo
legal, computados desde una fecha anterior a la de
la sentencia, en dos clases de acciones, a saber,
casos de cobro de dinero (se computan desde que
surge la causa de acción) y casos de daños y
perjuicios (se computan desde la presentación de la
demanda). Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 DPR
833, 842–843 (1983).
Dicho de otro modo, “[l]a única diferencia entre la
condena al pago de honorarios de abogado y de los intereses
pre sentencia es que la primera no hace excepciones en cuanto
al tipo de acción en que pueden ser impuestos”. SLG GonzálezFiguera v. SLG et al., supra, págs. 147-148. Es decir, que
“los
honorarios
cualquier
tipo
de
abogados
de
acción
sancionan
judicial”,
la
temeridad
mientras
que
en
“los
intereses pre sentencia solo proceden en dos clases de
acciones: la de cobro de dinero, así como la de daños y
perjuicios”. Íd. Por ende, estos “habrá[n] de imponerse sobre
la cuantía de la sentencia a la parte que haya procedido con
temeridad”. Montañez v. U.P.R., supra.
La imposición de sanciones por temeridad procede cuando
el tribunal haga una determinación expresa correspondiente
a tales fines de que una parte ha actuado de esa manera.
Santiago
v.
Sup.
Grande,
166
DPR
796,
821
(2006).
En
consecuencia, los intereses legales pre sentencia se imponen
mediante una decisión “altamente discrecional y un foro
apelativo sólo intervendrá con la determinación de imponerlo
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
11
si se demuestra que se cometió un abuso de discreción”.
Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 505 (2010).
En SLG González-Figuera v. SLG et al., supra, págs.
148-149,
explicamos
que
la
temeridad
se
refiere
a
las
“actuaciones de un litigante que lleven a un pleito que pudo
evitarse, que provoquen la prolongación indebida del trámite
judicial o que obliguen a la otra parte a incurrir en gastos
innecesarios
para
hacer
valer
sus
derechos”.
En
otras
palabras, cuando un litigante perdidoso, “por su terquedad,
testarudez,
obstinación,
contumacia,
empecinamiento,
impertinencia e insistencia en una actitud desprovista de
fundamentos, obliga a la otra parte a asumir innecesariamente
las molestias, los gastos e inconvenientes de un pleito”.
Íd. En resumen, la temeridad se manifiesta cuando la actitud
de la parte afecta el buen funcionamiento y la administración
de la justicia, al punto que sujeta al litigante inocente a
una ordalía judicial innecesaria. Fernández v. San Juan
Cement Co., Inc., 118 DPR 713, 718 (1987).
De otra parte, no existe temeridad “en aquellos casos
en que el litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea
de una cuestión de derecho y no hay precedentes establecidos
sobre la cuestión [...] o cuando existe alguna desavenencia
honesta en cuanto a quién favorece el derecho aplicable a
los hechos del caso”. Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co.,
141 DPR 900, 936 (1996).
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
12
En lo relevante a este caso, la Regla 44.3 (b) de
Procedimiento Civil, supra, excluye expresamente al Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, a sus municipios, agencias e
instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial de
la imposición de intereses pre sentencia. Torres Ortiz v.
ELA, 136 DPR 556, 568 (1994).
B.
Como
es
conocido,
la
ley,
los
contratos
y
cuasicontratos, y los actos y omisiones ilícitos o aquellos
que emanan de culpa o negligencia son reconocidos como las
fuentes de obligación en nuestro ordenamiento civil. Art.
1042, Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2992.5 Asimismo,
una persona tiene la obligación de indemnizar los daños y
perjuicios causados cuando incurre en dolo, negligencia o
morosidad en el cumplimiento de una obligación. Art. 1054,
Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3018.
En lo aquí pertinente, una persona incurre en mora cuando
su acreedor le exige, ya sea judicial o extrajudicialmente,
que cumpla con una obligación. Art. 1053 del Código Civil de
1930, 31 LPRA ant. sec. 3017. Es decir, “sólo es mora el
retraso culpable”. Rodríguez Sanabria v. Soler Vargas, 135
DPR
779,
783
(1994).
Estos
intereses
por
mora
“[n]o
constituyen parte integrante e inherentemente inseparable de
5Adviértase
que, como los hechos de este caso se
originaron durante la vigencia del derogado Código Civil de
1930, haremos referencia a este cuerpo normativo debido a
que es el aplicable para disponer de la controversia.
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
13
la obligación principal, sino que son considerados como una
indemnización independiente de daños y perjuicios, impuesta
como
penalidad
por
la
demora
en
el
pago”.
Rivera
v.
Crescioni, 77 DPR 47, 55–56 (1954).
En esencia, según el Art. 1061 del Código Civil de 1930,
31 LPRA ant. sec. 3025, la indemnización en caso de mora
consiste en el pago de intereses y, por ende, “[s]i la
obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero
y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y
perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el
pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en
el interés legal”.
A modo de resumen, la imposición de intereses de esta
naturaleza en el cumplimiento de una obligación exige que
concurran los requisitos enumerados a continuación:
(1) una obligación de dar o hacer; (2) que el
acreedor requiera el cumplimiento al deudor
judicial
o
extrajudicialmente;
(3)
que
la
obligación sea exigible y líquida, y esté vencida;
(4) que el retraso sea imputable al deudor, y (5)
que el retraso en cumplir se haya producido por la
culpa del deudor. Consejo Titulares v. MAPFRE, 2024
TSPR 140, 215 DPR ___ (2024) (citando a L. DíezPicazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 11ma
ed., Madrid, Ed. Tecnos, 2023, Volumen II, Tomo 1,
págs. 191-192. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil
Español, Común y Foral, 17ma ed., Madrid, Ed. Reus
S.A., 2008, Tomo III, págs. 238-240).
Desde Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 DPR 467, 470
(1982), resolvimos que “es mandatorio el que un tribunal, al
dictar una sentencia en que ordene el pago de dinero, imponga
el pago de interés al tipo legal sobre la cuantía de la
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
14
sentencia sin excepción de clase alguna”. De hecho, los
tribunales
pueden
imponer
intereses
por
mora
como
indemnización en daños aun cuando la parte con derecho a
estos no los haya solicitado. Fuentes v. Hull Dobbs Co., 88
DPR 562, 571 (1963).
No obstante, la indemnización por intereses moratorios
es un derecho personal del acreedor, que puede ser renunciado
y, en consecuencia, esta puede cesar: “1) [p]or voluntad del
acreedor, como en los casos de renuncia al pago de la
indemnización debida, concesión de prórroga, novación de la
obligación, etc.[;] 2) por concesión de un plazo legal al
deudor (moratorias)[,] [o] 3) [p]or incurrir también el
acreedor en mora”. J. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 244.
Dicho
esto,
“el
interés
moratorio
tiene
que
estar
expresamente incluido en la Sentencia para ser recobrado”.
Consejo Titulares v. MAPFRE, supra.
Expuesto el Derecho pertinente, procedemos a discutir
su aplicación a esta controversia.
III
Conforme se indicó, en desacuerdo con la determinación
del Tribunal de Apelaciones por distintas razones, ambas
partes
acudieron
ante
este
Tribunal
por
medio
de
sus
respectivos recursos de certiorari.
En lo que respecta a la comparecencia del Municipio,
este
argumenta
que
el
Tribunal
de
Apelaciones
erró
al
imponerle el pago de intereses post sentencia, pues la Regla
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
15
44.3 de Procedimiento Civil, supra, expresamente exime de
sus efectos al Estado y a sus dependencias, incluyendo a los
municipios. A esto añade que la imposición de intereses bajo
esta disposición está predicada en una determinación de
temeridad, la cual no fue hecha en su contra por alguno de
los foros recurridos. No le asiste la razón.
Según se explicó, la Regla 44.3 de Procedimiento Civil,
supra,
comprende
legales:
en
su
dos
(2)
inciso
diferentes
(a)
dispone
tipos
los
de
intereses
intereses
post
sentencia y en su inciso (b) los pre sentencia.
Los
intereses
post
sentencia
se
imponen
de
forma
mandatoria a favor de la parte victoriosa en todo caso en
que se emita una sentencia que ordene el pago de dinero,
pues su propósito es evitar la posposición irrazonable en el
cumplimiento de las obligaciones y estimular el pago ordenado
en el menor tiempo posible. Por ende, estos intereses se
computarán desde la fecha en que se dicta la sentencia y se
acumulan hasta que esta sea satisfecha. Finalmente, y más
importante aún, hemos sido consecuentes en pautar que el
interés post sentencia aplica a toda parte perdidosa sin
excepción alguna y ello incluye al Estado, los municipios y
sus dependencias como a cualquier otro litigante.
En cambio, son los intereses pre sentencia (o por
temeridad), consignados en el inciso (b) de la disposición
antes citada, los que expresamente eximen al Estado y a los
municipios de sus efectos. Nuevamente, se trata de dos (2)
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
distintos
tipos
circunstancias
de
16
intereses
diversas,
con
que
funcionan
efectos
y
bajo
requisitos
diferentes. En consecuencia, la excepción en la aplicación
del inciso (b) a los municipios no se extiende al tipo de
interés descrito en el inciso (a), debido a que la Regla
44.3
de
Procedimiento
Civil,
supra,
no
reglamenta
sus
intereses como un conjunto indivisible. Cada inciso detalla
un mecanismo punitivo específico e independiente el uno del
otro.
El
mismo
razonamiento
descarta
el
argumento
del
Municipio dirigido a cuestionar la validez del interés post
sentencia
impuesto
en
ausencia
de
una
determinación
de
temeridad en su conducta durante el pleito. El requisito de
temeridad
solo
aplica
a
los
intereses
pre
sentencia
consignados en el inciso (b) de la regla y no es extensible
a
los
intereses
post
consecuencia,
al
diferenciable,
cada
aplicables
solo
sentencia
tratarse
de
en
el
intereses
cual
con
requisitos
en
circunstancias
inciso
de
(a).
En
naturaleza
distinguibles
y
específicamente
designadas, el Municipio se equivoca al invitar a este
Tribunal a tratarlos de la misma manera para evadir la
imposición de un interés post sentencia que fue correctamente
aplicado por el Tribunal de Apelaciones.
Atendido
así
el
único
error
argumentado
por
el
Municipio, procede atender aquel articulado por HPM en su
recurso. En síntesis, HPM sostiene que el foro apelativo
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
intermedio
incidió
al
eliminar
la
17
partida
de
intereses
legales que impuso el Tribunal de Primera Instancia por
entender que se trató de intereses compuestos. A su vez,
objetó que el Tribunal de Apelaciones no modificara la
cantidad de intereses por mora.
Con el fin de atender estos argumentos adecuadamente,
procede repasar los cálculos que emitió
Primera
Instancia
para
justificar
las
el Tribunal de
cuantías
por
los
intereses que dictaminó.
En lo que respecta a los intereses por mora, en su
Resolución de 12 de enero de 2024, el foro primario tomó el
principal adeudado admitido desde el 1997 al 2000 y le aplicó
el interés fijado por la OCIF correspondiente a cada año, el
cual fluctuó entre 5% a 6% dentro de ese periodo. Luego
procedió a dividir ese resultado por doce (12) para obtener
el
interés
mensual,
el
cual
después
multiplicó
por
la
cantidad de meses entre ese año y el 2002, cuando se presentó
la Demanda en contra del Municipio. De esta forma determinó
que el Municipio debía pagar a HPM $1,061,778.29 por concepto
de intereses por mora.6
6Apéndice
de certiorari, págs. 65-66. Los cálculos
específicos se detallan a continuación: (1) la deuda de 1997
($1,509,747.20), al 5.50% de interés ($83,036.10), dividido
en 12 meses ($6,919.68), multiplicado por 57 meses
($394,421.45); (2) la deuda de 1998 ($1,419,263.84), al 5.50%
de interés ($78,059.52), dividido en 12 meses ($6,504.96),
multiplicado por 45 meses ($292,723.17); (3) la deuda de
1999 ($1,449,906.36), al 5% de interés ($72,495.36),
dividido en 12 meses ($6,041.28), multiplicado por 33 meses
($199,362.12); y (4) la deuda de 2000 ($1,669,252.84), al 6%
de interés ($100,155.12), dividido en 12 meses ($8,346.26),
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
18
Para arribar al total de interés legal impuesto, el
foro primario tomó el total del principal adeudado hasta
diciembre de 2002 ($6,048,170.24) y lo multiplicó por el
interés vigente en ese año según la OCIF (1.50%), para un
total de $90,722.55 de interés anual, el cual procedió a
dividir por doce (12) para determinar el interés mensual
($7,560.21). Acto seguido, multiplicó la cantidad anual por
dieciocho (18) años y ocho (8) meses, siendo este el tiempo
que transcurrió desde septiembre de 2002 hasta mayo de 2021,
cuando HPM solicitó la resolución sumaria de la controversia,
para un total de $1,693,537.58.7
Ahora bien, con respecto a los intereses legales, el
Tribunal
de
Apelaciones
concluyó
que
estos
eran
improcedentes por ser compuestos, es decir, por haberse
fijado sobre intereses vencidos, lo cual es permisible en
nuestro ordenamiento únicamente cuando así se pacta en el
contrato.
El
foro
apelativo
intermedio
razonó
que,
en
ausencia de un contrato entre las partes, toda vez que la
deuda surgió en virtud de un estatuto, y en vista de que el
cálculo para los intereses legales usó como base la suma del
principal
adeudado
y
los
intereses
por
mora,
procedía
eliminarlos.
multiplicado por 21 meses ($175,271.55). Finalmente, sumó
los resultados finales para cada año, obteniendo un total de
$1,061,778.29.
7Íd.
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
19
Una lectura de la Resolución del Tribunal de Primera
Instancia y de los cálculos desglosados anteriormente en esta
sección revela que el foro primario no calculó la suma de
intereses legales a base del principal y algún otro interés
acumulado. Entiéndase, no hubo interés compuesto, pues el
cálculo del interés legal solo requirió la suma del principal
adeudado y el interés establecido por la OCIF. En este
extremo, el foro apelativo intermedio erró en su apreciación
de que el cálculo realizado para los intereses legales por
el foro primario representaba una imposición inadmisible de
intereses compuestos.
Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones no erró en cuanto
a su conclusión de que el interés legal aplicable a estos
hechos es el post sentencia dispuesto en la Regla 44.3 (a)
de Procedimiento Civil, supra, antes discutido y que, por
ende, procedía eliminar la suma concedida por el Tribunal de
Primera Instancia por concepto de interés legal. Nótese que
el interés legal calculado por el foro primario comenzó a
ser contado desde el 2002 hasta el 2021, para todos los
propósitos precediendo el dictamen final en el asunto.
Por lo tanto, de haberse mantenido tal interés, según
lo
solicitó
HPM
en
su
recurso,
este
Tribunal
estaría
validando la imposición de un interés pre sentencia que,
según se señaló en la discusión del error señalado por el
Municipio, es improcedente bajo las circunstancias de este
caso.
Recuérdese,
aquí
no
medió
una
determinación
de
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
20
temeridad y, aun si hubiera existido, sería inaplicable en
contra de los municipios por disposición reglamentaria. En
consecuencia, el Tribunal de Apelaciones actuó correctamente
al
descartar
la
suma
del
foro
primario
y
ordenar
la
imposición de intereses legales post sentencia a partir del
4 de noviembre de 2021, fecha en que se emitió el dictamen
del Tribunal de Primera Instancia declarando con lugar el
reclamo de dinero de HPM.
Finalmente, resta por atender lo relacionado con los
cálculos de los intereses por mora. A modo de resumen, el
Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del foro
primario en toda su extensión en lo que respecta este asunto.
Según se relató, el Tribunal de Primera Instancia concedió
intereses por mora a favor de HPM desde el 1997 hasta el
2002, usando la tasa de interés aplicable a cada año.
Sin embargo, los intereses por mora deben calcularse a
partir
del
momento
en
que
la
parte
acreedora
exige
el
cumplimiento de la obligación, ya sea por la vía judicial o
la
extrajudicial.
Aplicado
ello
a
los
hechos,
debemos
concluir que el Tribunal de Primera Instancia, así validado
por el Tribunal de Apelaciones, añadió erróneamente a la
cuantía de intereses por mora el periodo durante el cual HPM
estuvo rindiendo los servicios de salud al Municipio, es
decir, previo a que le reclamara su pago, lo que ocurrió en
el 2002 con la presentación de la Demanda enmendada.
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
21
Ante ese cuadro, este Tribunal se ve en la obligación
de concluir que los foros recurridos erraron en el cálculo
de los intereses por mora, pues estos debieron usar como
punto de partida el 30 de agosto de 2002, cuando la Demanda
fue enmendada para incluir al Municipio como parte demandada
y, por ende, tuvo lugar el requerimiento de cumplimiento con
la obligación por la vía judicial. De otro lado, el punto
final para el alcance de este cómputo es el 4 de noviembre
de 2021, cuando el Tribunal de Primera Instancia declaró con
lugar la reclamación de HPM.
Así
las
cosas,
usando
la
fórmula
empleada
por
el
Tribunal de Primera Instancia y los porcentajes de la OCIF,
los cuales, durante el periodo de agosto de 2002 hasta
noviembre de 2021, fluctuaron regularmente entre un 5% como
el punto más alto y un .5% como más bajo, este Tribunal
concluye que procede el pago de $1,704,396.47, por concepto
de intereses por mora.8
8Siguiendo
la fórmula establecida por el Tribunal de
Primera Instancia, se calculó el interés dictado por la OCIF
sobre el monto del principal adeudado, según varió
regularmente alrededor de cada seis (6) meses entre agosto
del 2002 y noviembre de 2021, se dividió entre doce (12)
para determinar el interés mensual, el cual finalmente se
multiplicó por la cantidad de meses aplicable a cada mes e
interés.
Excepto en los meses de agosto de 2002 y noviembre de
2021. En estos casos, en lugar de dividir entre doce (12)
para determinar el interés mensual, se dividió entre 365
para obtener el interés diario, el cual se multiplicó por la
cantidad de días aplicables en cada mes: dos (2) días en
agosto de 2002 y cuatro (4) días en noviembre de 2021.
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
22
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones erró al disponer
expresamente en su Sentencia que, para los intereses legales
post sentencia, se aplicaría una tasa de 4.25%, al entender
que esa era la establecida por la OCIF a la fecha en que el
Tribunal
de
Primera
Instancia
dictó
la
Sentencia.
Sin
embargo, para el período correspondiente al mes de noviembre
de 2021, la tasa de interés dispuesta por la OCIF aplicable
al Gobierno era de 0.50%, y no de 4.25%. Por tanto, los
intereses legales post sentencia deberán computarse conforme
a la tasa de interés correctamente establecida por la OCIF
a la fecha en que se dictó la Sentencia, el 4 de noviembre
de 2021.9
IV
Por
los
fundamentos
expresados,
se
revocan
los
dictámenes de los foros recurridos únicamente en lo que
respecta a los intereses por mora y a la tasa aplicable a
los
intereses
intereses
por
legales
post
mora,
se
sentencia.
establece
$1,704,396.47.
Respecto
a
los
sentencia,
determina
que
la
se
En
una
intereses
tasa
cuanto
nueva
a
los
suma
de
legales
aplicable
post
será
la
establecida por la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras para el Gobierno el 4 de noviembre de 2021, a
9Véase
Reglamento Núm. 3702 del 20 de diciembre de 1988
de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras,
así como el enlace siguiente para acceder a la tasa de interés
aplicable a Sentencias Judiciales, conforme a lo dispuesto
en
dicho
reglamento:
https://www.ocif.pr.gov/interesaplicable (última vista, 17 de julio de 2025).
CC-2024-0533 cons. con CC-2024-0534
23
saber, 0.50%. Se confirma el resto de la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Asociación de Salud Primaria
de Puerto Rico, Inc.,
Concilio Integral de Salud
de Loíza, Inc., Migrant
Health Center, Inc., Río
Grande Community Health
CC-2024-0533
Center, Inc. y Otros
Cons. con
CC-2024-0534
Recurridos/Peticionarios
Certiorari
v.
Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, Municipio
Autónomo de San Juan y Otros
Peticionarios/Recurridos
Sentencia
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 2025.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente
Sentencia, se revocan los dictámenes de los foros recurridos
únicamente en lo que respecta a los intereses por mora y a
la tasa aplicable a los intereses legales post sentencia. En
cuanto a los intereses por mora, se establece una nueva suma
de $1,704,396.47. Respecto a los intereses legales post
sentencia, se determina que la tasa aplicable será la
establecida por la Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras para el Gobierno el 4 de noviembre de 2021, a
saber, 0.50%. Se confirma el resto de la Sentencia del
Tribunal de Apelaciones.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo