Tribunal Supremo de Puerto Rico
Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
2025 TSPR 78
Poder Judicial de Puerto Rico
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Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y otro v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros
CC-2024-0570
5 de agosto de 2025 · Hon. Roberto Feliberti Cintrón · Ley Uniforme de Confiscaciones – Inaplicabilidad de la doctrina de impedimento colateral por sentencia en la acción impugnatoria de confiscación civil tras una determinación de no causa en la vista preliminar en alzada, así como de la doctrina de “tercero inocente” a favor de la entidad financiera en virtud de una cláusula del contrato de venta de un vehículo de motor.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa de Seguros Múltiples
de Puerto Rico y Popular Auto,
LLC
Recurridos
Certiorari
v.
2025 TSPR 78
Estado Libre Asociado de Puerto
Rico y otros
216 DPR ___
Peticionarios
Número del Caso:
Fecha:
CC-2024-0570
5 de agosto de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel XI
Oficina del Procurador General
Hon. Fernando Figueroa Santiago
Procurador General
Hon. Omar Andino Figueroa
Procurador General
Lcdo. Pedro J. García Flores
Procurador General Auxiliar
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcda. Diana I. Díaz Cruz
Lcdo. Víctor R. Rodríguez Fuentes
Representante legal del Amicus Curiae:
Lcdo. Eliezer Aldarondo López
Lcda. Rosa Campos Silva
Materia: Ley Uniforme de Confiscaciones – Inaplicabilidad de la
doctrina de impedimento colateral por sentencia en la acción
impugnatoria de confiscación civil tras una determinación de no
causa en la vista preliminar en alzada, así como de la doctrina de
“tercero inocente” a favor de la entidad financiera en virtud de
una cláusula del contrato de venta de un vehículo de motor.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa
de
Seguros
Múltiples de Puerto Rico y
Popular Auto, LLC
Recurridos
CC-2024-570
Certiorari
v.
Estado Libre Asociado
Puerto Rico y otros
de
Peticionarios
El Juez Asociado
Tribunal.
Señor
Feliberti
Cintrón
emitió
la
Opinión
del
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2025.
El caso ante nuestra consideración requiere que
discutamos
si
procede
impedimento
colateral
aplicar
por
la
sentencia
doctrina
en
la
de
acción
impugnatoria de la confiscación civil de un vehículo
de motor, al amparo de la Ley Núm. 119-2011, según
enmendada,
conocida
como
Ley
Uniforme
de
Confiscaciones (Ley de Confiscaciones), 34 LPRA sec.
1724 et seq., tras una determinación de no causa en
la vista preliminar en alzada.
Del mismo modo, nos
corresponde considerar si la doctrina del tercero
inocente aplica a favor de Popular Auto, LLC (Popular
Auto o parte recurrida) a la luz de una cláusula
contenida en el contrato de venta al por menor a
plazos del automóvil confiscado.
CC-2024-0570
2
El Gobierno de Puerto Rico, por conducto de la Oficina
del Procurador General de Puerto Rico (Estado o parte
peticionaria), nos presenta una controversia que ha sido
examinada
en
nuestra
jurisprudencia
reciente
sobre
la
aplicación de la figura del impedimento colateral por
sentencia en el contexto de una acción impugnatoria al
amparo de la Ley de Confiscaciones.
Sin embargo, este
recurso nos brinda la oportunidad de examinar la doctrina
del “tercero inocente” y determinar específicamente si
procede su aplicación a favor de la entidad financiera del
vehículo confiscado, a tenor de una cláusula del contrato
de venta al por menor a plazos en la cual presuntamente se
incluyeron unas medidas cautelares para evitar el uso
ilícito del automóvil.
En conformidad con el texto de la Ley de Confiscaciones
y nuestro precedente en Universal Ins. y otro v. ELA y
otros, 211 DPR 455 (2023), reafirmamos que no procede
anular la confiscación de un vehículo bajo la doctrina de
impedimento colateral por sentencia en ausencia de una
adjudicación
expresa
en
otro
proceso
penal,
civil
o
administrativo que establezca que el bien confiscado no
fue utilizado en la comisión de un delito.
En ese sentido,
resolvemos que una determinación de no causa probable en
una vista preliminar en alzada, sin más, no constituye una
adjudicación expresa que exonere a la propiedad en cuestión
en el proceso confiscatorio civil.
Por otro lado, determinamos que la entidad financiera
del vehículo confiscado no es merecedora de la defensa del
CC-2024-0570
3
“tercero inocente” en virtud de la cláusula del contrato
de venta en cuestión.
De esta forma, distinguimos los
hechos de este caso de aquellos acaecidos en Flores Pérez
v. ELA, 195 DPR 137 (2016), y reivindicamos la necesidad
de
que
cada
caso
se
evalúe
conforme
a
sus
hechos
particulares y a la totalidad de las circunstancias para
determinar
la
aplicación
de
la
doctrina
del
tercero
inocente bajo la Ley de Confiscaciones.
Veamos los hechos que dieron paso al presente recurso.
I
El Estado ordenó la confiscación de un vehículo Hyundai
Accent de 2022,1 registrado a nombre del Sr. Hank Wilberto
De
Jesús
Rodríguez
(señor
De
Jesús
Rodríguez),
en
conformidad con la Ley de Confiscaciones, por motivo de su
aparente
uso
en
la
posesión
ilegal
de
sustancias
controladas en violación al Art. 404(a) de la Ley Núm. 4
de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como Ley
de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sustancias
Controladas),
24
LPRA
sec.
2404.
Celebrada
la
vista
preliminar del 23 de agosto de 2023 en el procedimiento
penal instado en contra del señor De Jesús Rodríguez, el
Tribunal de Primera Instancia emitió una determinación de
no causa probable con relación al delito imputado.
Luego,
el 14 de septiembre de 2023, la Cooperativa de Seguros
1
La orden de confiscación fue emitida el 3 de agosto de 2023 y
notificada a Popular Auto, LLC (Popular Auto o parte recurrida)
mediante carta del 17 de agosto de 2023. Popular Auto recibió esta
carta el 22 de agosto de 2023.
Notificación de la confiscación,
Apéndice del certiorari, págs. 98-100.
CC-2024-0570
4
Múltiples de Puerto Rico (Cooperativa) y Popular Auto
presentaron
una
confiscación.
acción
civil
sobre
impugnación
de
Mientras tanto, en la vista preliminar en
alzada celebrada el 10 de octubre de 2023, el foro primario
determinó que no existía causa probable contra el señor De
Jesús Rodríguez en el procedimiento penal.
En lo pertinente a la acción civil que nos ocupa,
Popular Auto alegó ser el acreedor condicional del señor
De Jesús Rodríguez por la compra del vehículo sobre el cual
existía un gravamen mobiliario, mientras que la Cooperativa
adujo que asumió la obligación de incoar la demanda sobre
impugnación de confiscación en virtud de una póliza de
seguro expedida a favor de Popular Auto.
argumentaron
que
la
confiscación
del
En esencia,
vehículo
era
improcedente, inválida, nula e ilegal, ya que el señor
De Jesús Rodríguez no cometió el delito que motivó la
confiscación del automóvil y el Estado incumplió con los
requisitos establecidos en la Ley de Confiscaciones.
Después de varios trámites procesales, el 7 de febrero
de 2024, Popular Auto presentó una Solicitud de sentencia
sumaria.
En
síntesis,
planteó
que
no
procedía
la
confiscación del vehículo del señor De Jesús Rodríguez
debido al incumplimiento del Estado con el peso probatorio,
pues éste no logró vincular el referido vehículo con la
comisión de delito alguno y la presunta aplicación de la
figura del impedimento colateral por sentencia tras la
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5
determinación de no causa probable en el proceso penal.2
Asimismo, adujo ser un tercero inocente que se encontraba
ajeno a los hechos ilícitos acontecidos y afirmó tener un
interés económico sobre el vehículo confiscado, basándose
en
el
gravamen
registrado
en
el
Departamento
de
Transportación y Obras Públicas (DTOP).
El 20 de febrero de 2024, el Estado presentó una
Oposición a solicitud de sentencia sumaria.
sostuvo
que
la
doctrina
de
impedimento
En resumen,
colateral
por
sentencia no aplicaba automáticamente a los procedimientos
de impugnación de confiscación que compartían los mismos
hechos de una acción penal previamente adjudicada.3
En esa
línea, alegó que el resultado del proceso penal que se
originó a base de los hechos que motivaron la confiscación
era inmaterial a la causa de acción civil del presente
caso.
Por último, el Estado planteó que la defensa bajo
la doctrina del “tercero inocente” era improcedente y que
la confiscación era un procedimiento de carácter in rem,
distinto y separado de cualquier proceso in personam, por
lo cual debía prevalecer la presunción de legalidad y
corrección de la incautación realizada.
Posteriormente, el Tribunal de Primera Instancia emitió
una Sentencia el 22 de febrero de 2024, en la cual declaró
ha lugar la Solicitud de sentencia sumaria presentada por
2
Solicitud de sentencia sumaria
Apéndice del certiorari, pág. 90.
3
presentada
por
Popular
Auto,
Oposición a solicitud de sentencia sumaria presentada por el
Gobierno de Puerto Rico (Estado o parte peticionaria), Apéndice del
certiorari, pág. 125.
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Popular Auto.4
6
El dictamen del foro primario se fundamentó
exclusivamente en que el Estado alegadamente incumplió con
los requisitos de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,
infra, en su Oposición a solicitud de sentencia sumaria.
Por consiguiente, el foro de primera instancia declaró nula
e ineficaz la confiscación del vehículo.
Inconforme con
este resultado, el 6 de marzo de 2024, el Estado presentó
una Moción en reconsideración a sentencia sumaria, la cual
fue denegada mediante una Resolución emitida el 15 de marzo
de 2024.
En desacuerdo con el dictamen del Tribunal de Primera
Instancia, el 14 de mayo de 2024, el Estado presentó un
recurso de Apelación ante el Tribunal de Apelaciones, en
el cual expuso que el foro primario erró al declarar con
lugar la Solicitud de sentencia sumaria.
En específico,
adujo que la doctrina de impedimento colateral no podía
ser invocada para impugnar la confiscación de un bien sin
una adjudicación expresa de que el mismo no fue utilizado
en la comisión de un delito.
Además, alegó que Popular
Auto no demostró ser acreedor de la defensa del “tercero
inocente”.
Por su parte, el 12 de junio de 2024, Popular Auto
presentó un Alegato en oposición a apelación.
Así las
cosas, el 28 de junio de 2024, el Tribunal de Apelaciones
emitió una Sentencia mediante la cual confirmó el dictamen
del Tribunal de Primera Instancia.
En lo pertinente, el
4
Instancia,
Sentencia del Tribunal
certiorari, pág. 136.
de
Primera
Apéndice
del
CC-2024-0570
7
foro apelativo intermedio expresó lo siguiente:
Luego de una examinación
de novo
del
expediente, resolvemos que es de aplicación la
doctrina de cosa juzgada en su modalidad de
impedimento colateral.
Contrario a lo que
argumenta la apelante, una determinación de no
causa en una Vista Preliminar en Alzada es, por
su naturaleza, una determinación no revisable que
constituye una adjudicación expresa, que tiene el
efecto de eliminar el nexo causal entre la
comisión de un delito y la propiedad confiscada.
.
.
.
.
.
.
.
.
[E]n el caso de epígrafe también resulta
evidente que Popular Auto cumplió con los
requisitos de la doctrina de tercero inocente
cuando incorporó al contrato de compraventa la
advertencia de que el titular se obligara a
“cumplir con todas las leyes, reglamentos u
[ó]rdenes de cuerpos gubernamentales que sean
aplicables al Vehículo o a su uso”. Debido a que
la apelante tomó medidas cautelares expresas para
evitar el uso ilícito de la propiedad y que el
contrato constituyó la ley entre las partes,
concluimos que no erró el foro primario al
declarar con lugar la Moción de Sentencia Sumaria
y en consecuencia determinar que la apelada
quedaba cobijada bajo la doctrina de tercero
inocente.
En atención a lo anterior, y considerando que
no surgen hechos controvertidos que impidan la
resolución sumaria del presente caso, confirmamos
el dictamen apelado.5
El 15 de julio de 2024, el Estado presentó una Solicitud
de reconsideración, a la cual el foro apelativo intermedio
proveyó no ha lugar mediante una Resolución emitida el
18 de julio de 2024.6
Aún inconforme, el 17 de septiembre de 2024, el Estado
compareció ante este Tribunal mediante una Petición de
5
Sentencia del Tribunal de Apelaciones, Apéndice del certiorari,
págs. 202-203.
6
El archivo en autos de copia de la Resolución fue el 19 de julio
de 2024.
CC-2024-0570
8
certiorari y expuso los señalamientos de error siguientes:
Erró el Tribunal de Apelaciones al resolver
que aplica la doctrina de impedimento colateral
por sentencia a la impugnación de la confiscación
del automóvil sin que en el procedimiento penal
iniciado contra el señor De Jesús Rodríguez se
adjudicase expresamente que el bien confiscado no
fue utilizado en la comisión de delito alguno,
como exige la Ley Uniforme de Confiscaciones de
2011 y lo resuelto por esta Curia en Universal
Ins. Co. v. ELA, 211 DPR 455 (2023).
Erró el Tribunal de Apelaciones al reconocer
la defensa de tercero inocente a Popular Auto,
basándose en una cláusula general de cumplimiento
legal del contrato de venta al por menor a plazos
del automóvil confiscado.7
El 27 de septiembre de 2024, Popular Auto presentó ante
este Foro un Memorando en oposición a expedición de auto
de certiorari.
Argumentó que la presente controversia no
versaba sobre un asunto novel y que las determinaciones de
los foros inferiores estaban fundamentadas en derecho, por
lo que fueron emitidas sin abuso de discreción, prejuicio
o parcialidad.
Particularmente, planteó que la parte
peticionaria
se
no
opuso
a
la
Solicitud
de
sentencia
sumaria en conformidad con las reglas procesales aplicables
en nuestro ordenamiento jurídico.
Luego de expedir el recurso, y con el beneficio de las
comparecencias de las partes, al igual que la comparecencia
de la Asociación de Bancos de Puerto Rico en calidad de
amicus curiae, resolvemos.
7
Petición de certiorari, pág. 10.
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9
II
A.
La moción de sentencia sumaria
La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,
regula todo lo relacionado con la moción de sentencia
sumaria, sus requisitos y su oposición.
Cruz, López v.
Casa Bella y otros, 213 DPR 980, 993 (2024). Véase, además,
J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil,
2da ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, T. III,
pág. 1038.
Este mecanismo procesal faculta la solución
rápida, justa y económica de los casos en los que no existen
hechos
materiales
en
controversia
que
requieran
la
celebración de un juicio y en los que sólo reste aplicar
el derecho.
Cruz, López v. Casa Bella y otros, supra;
Oriental Bank v. Caballero García, 212 DPR 671, 678-679
(2023); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100,
109 (2015).
solicitud
Así pues, de la prueba que acompaña la
de
sentencia
sumaria
debe
surgir
preponderantemente la inexistencia de controversia sobre
los hechos medulares del caso.
Cruz, López v. Casa Bella
y otros, supra; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm.,
208 DPR 263, 277 (2021); Zambrana García v. ELA et al.,
204 DPR 328, 341-342 (2020).
El tribunal procederá a dictar la sentencia solicitada
si
“las
alegaciones,
deposiciones,
contestaciones
a
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las
declaraciones
juradas
si
las
hay,
u
otra
evidencia
demuestran que no hay controversia real sustancial en
cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como
CC-2024-0570
10
cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia
sumaria a favor de la parte promovente”.
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Regla 36.3(e) de
Así pues, la parte
que promueva la sentencia sumaria tiene el deber de exponer
su
derecho
con
controversia
Oriental
Bank
claridad
sustancial
v.
y
demostrar
sobre
Caballero
que
no
algún
hecho
García,
supra,
existe
material.
pág.
679;
Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110.
Ahora bien, hemos destacado en el pasado que el hecho
de que una parte presente una moción de sentencia sumaria
no es garantía de que, una vez se determine su procedencia,
simplemente haya que resolverla a favor del promovente.
Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 666
(2000).
Ciertamente, “[é]sta puede dictarse a favor o en
contra del promovente según proceda en derecho”.
Segarra, op. cit., pág. 1040.
Cuevas
De otra parte, la Regla
36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, provee para
que
el
tribunal
dicte
sentencia
sumaria
a
favor
del
promovente ―de proceder en derecho― si la parte contraria
no responde de forma detallada y específica a una solicitud
debidamente formulada. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo,
189 DPR 414, 432 (2013).
De este modo, “el tribunal no
deberá emitir una sentencia sumaria cuando: (1) existan
hechos
materiales
controvertidos;
(2)
haya
alegaciones
afirmativas en la demanda que han sido refutadas; (3) surja
de los propios documentos que se acompañan con la moción
una
controversia
real
sobre
algún
hecho
material,
(4) como cuestión de derecho, ésta no proceda”.
o
(Negrilla
CC-2024-0570
suplida).
11
Serrano
Picón
v.
Multinational
Life
Ins.,
212 DPR 981, 992 (2023).
Por último, es norma reiterada que los foros apelativos
nos encontramos en la misma posición que los foros de
primera
instancia
al
evaluar
solicitud de sentencia sumaria.
la
procedencia
de
una
Cruz, López v. Casa Bella
y otros, supra, pág. 994; Birriel Colón v. Econo y otro,
213 DPR 80, 91 (2023); Oriental Bank v. Caballero García,
supra, pág. 680.
Sin embargo, nuestra función se limita
a: (1) considerar los documentos que se presentaron ante
el foro de primera instancia; (2) determinar si existe
alguna
controversia
genuina
de
hechos
materiales
y
esenciales, y (3) comprobar si el derecho se aplicó de
forma correcta.
Birriel Colón v. Econo y otro, supra;
Segarra Rivera v. Int’l. Shipping et al., supra, pág. 981;
Meléndez
González
et
al.
v.
M.
Cuebas,
supra,
págs. 114-116.
B.
Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011
1. Introducción
La confiscación es el acto de ocupación que lleva a
cabo el Estado de todo derecho de propiedad sobre los
bienes
que
hayan
sido
utilizados
comisión de ciertos delitos.
en
relación
con
la
Universal Ins. y otro v. ELA
y otros, 211 DPR 455, 463 (2023); Coop. Seg. Mult. et als.
v. ELA et al., 209 DPR 796, 804 (2022); Reliable v. Depto.
Justicia y ELA, 195 DPR 917, 924 (2016).
La Ley de
Confiscaciones dispone que el Estado puede confiscar toda
propiedad que resulte, sea producto o se utilice durante
CC-2024-0570
12
la comisión de delitos graves y de aquellos delitos menos
graves en los que por ley se autorice la confiscación,
cuando estos se encuentren tipificados en el Código Penal
de Puerto Rico y en diversos estatutos como, por ejemplo,
la Ley de Sustancias Controladas, entre otros.
la
Ley
de
actuación
Confiscaciones,
gubernamental
34
Art. 9 de
LPRA
sec.
1724f.
Esta
“representa
una
excepción
al
mandato constitucional que prohíbe que el Estado tome
propiedad
privada
compensación”.
para
fines
públicos
(Negrilla en el original).
sin
justa
Universal Ins.
y otro v. ELA y otros, supra, pág. 463.
Hemos reconocido que existen dos (2) modalidades del
proceso
de
confiscación,
a
saber:
in personam y la confiscación in rem.
la
confiscación
Íd., págs. 463-464;
Coop. Seg. Mult. et als. v. ELA et al., supra, pág. 805.
Por un lado, la confiscación in personam es de carácter
penal, ya que se configura como una sanción a raíz de un
veredicto de culpabilidad en un procedimiento criminal.
Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra, pág. 464;
Coop. Seg. Mult. et als. v. ELA et al., supra.
Por otra
parte, el procedimiento in rem constituye una acción civil,
independiente
de
cualquier
otro
procedimiento
penal,
dirigida contra la cosa misma y no contra el dueño de la
propiedad, poseedor, encargado o cualquier otra persona
con interés legal sobre el bien.
Universal Ins. y otro v.
ELA y otros, supra; Coop. Seg. Mult. et als. v. ELA et al.,
supra.
Esta última modalidad es la que rige en nuestro
CC-2024-0570
ordenamiento
13
jurídico
al
amparo
de
la
Ley
de
Confiscaciones.
La Asamblea Legislativa fijó expresamente en la ley la
naturaleza in rem de las confiscaciones, independiente de
cualquier otra acción de naturaleza penal, administrativa
o de cualquier otra naturaleza.
Véase Art. 8 de la Ley de
Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724e.
El referido artículo
dispone que “[l]os procesos de confiscación bajo este
capítulo podrán llevarse a cabo y culminarse antes de que
se acuse, se declare culpable o absuelva al acusado”.
Íd.
En ese sentido, la Asamblea Legislativa estableció que,
“[d]ebido al carácter civil del proceso, la culpabilidad o
inocencia del acusado no deberá tomarse en cuenta en el
proceso de confiscación, solo deberá tomarse en cuenta la
adjudicación de los hechos en sus méritos”.
subrayado suplidos).
(Negrilla y
Íd.
Dicho esto, la procedencia de una confiscación in rem
efectuada por el Estado se sostendrá si: (1) existe prueba
suficiente y preponderante de que se ha cometido un delito,
y (2) existe un nexo entre la comisión del delito y la
propiedad confiscada.
Universal Ins. y otro v. ELA y
otros, supra, pág. 466.
destacar
que
la
Por otro lado, es importante
Asamblea
Legislativa
estableció
una
presunción a favor de la legalidad y corrección de la
confiscación efectuada por el Estado, independientemente
de cualquier otro caso penal, administrativo o cualquier
otro
procedimiento
con
relación
a
los
mismos
hechos.
Art. 15 de la Ley de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724l.
CC-2024-0570
14
En armonía con lo expuesto, el referido artículo le
impone al demandante el peso de la prueba para derrotar la
legalidad de la confiscación.
Íd.
En atención a estos
preceptos que rigen en los procedimientos de impugnación
de confiscación, el demandante tiene el peso de demostrar
mediante preponderancia de la prueba que la propiedad
confiscada no se utilizó en una actividad delictiva.
Como
corolario de lo expuesto, la culpabilidad o inocencia del
propietario en el proceso criminal carece de relevancia en
cuanto a la procedencia o no de la confiscación civil.
Universal
Ins.
y
otro
v.
ELA
y
otros,
supra,
págs. 467-468.
2. La doctrina de impedimento colateral por sentencia
en las impugnaciones de confiscación
En cuanto a la aplicación de la doctrina de impedimento
colateral
por
impugnación
de
sentencia
en
confiscación,
los
la
procedimientos
Asamblea
de
Legislativa
decretó lo siguiente:
Se dispone que, no será de aplicación en los
procesos
de
confiscación,
la
doctrina
de
impedimento colateral por sentencia en las
siguientes instancias:
(a) Cuando el acusado haya hecho alegación de
culpabilidad;
(b) cuando el acusado se someta a un programa
de desvío;
(c) cuando el acusado fallezca antes o en
medio del proceso que se esté llevando a cabo
contra su persona;
(d) en ausencia de alguna adjudicación expresa
en otro proceso penal, civil o administrativo,
que se celebre por los mismos hechos que
dieron lugar a la confiscación, en la cual se
CC-2024-0570
15
determine que el bien confiscado no fue
utilizado en la comisión de algún delito; y
(e) en cualquier otra instancia que no se
cumplan con los requisitos de la doctrina.
(Negrilla y subrayado suplidos). Art. 8 de la
Ley de Confiscaciones, supra.
Recientemente,
al
interpretar
esta
disposición,
resolvimos que “ausente la evidencia conducente a derrotar
la presunción de legalidad y corrección de una confiscación
civil, no puede esta impugnarse por medio de una solicitud
de sentencia sumaria que se funde ―exclusivamente― en la
doctrina
de
impedimento
(Negrilla omitida).
supra, pág. 475.
Tribunal
de
colateral
por
sentencia”.
Universal Ins. y otro v. ELA y otros,
En ese caso revocamos el dictamen del
Apelaciones
por
aplicar
la
doctrina
del
impedimento colateral a la luz de una determinación de
no causa probable para arresto y la desestimación de los
cargos en la acción penal.
Consecuentemente,
Íd.
determinamos
que
la
figura
de
impedimento colateral por sentencia no podía ser invocada
para derrotar sumariamente la impugnación confiscatoria
civil,
pues
en
realidad
no
surgía
del
expediente
una
adjudicación expresa en otro proceso que estableciera que
el bien confiscado no fue utilizado en la comisión de algún
delito.
“el
Íd., págs. 474-475.
litigante
que
impugne
Ahora bien, reconocimos que
una
confiscación
podría
prevalecer, en la eventualidad que cuente con prueba de
que se ha configurado una excepción a la prohibición que
surge de la [Ley de Confiscaciones]”.
Íd., pág. 475.
CC-2024-0570
16
3. La doctrina del tercero inocente
Este Tribunal ha desarrollado la doctrina del “tercero
inocente” en aras de proteger los intereses económicos y
propietarios de terceros sobre un vehículo confiscado.
Flores Pérez v. ELA, 195 DPR 137, 148-149 (2016); First
Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., 156 DPR 77, 83 (2002);
General
Accident
Ins.
Co.
472-473
(1994).
En
particular,
jurisprudencialmente
la
v.
ELA,
137
DPR
hemos
aplicación
de
466,
reconocido
esta
defensa
“[s]i [el infractor] no obtuvo la posesión del vehículo de
manera voluntaria o si se apartó sustancialmente de las
medidas
cautelares
o
las
instrucciones
particulares
expresas de quien le entregó dicha posesión, de modo que
incurrió
en
conducta
constitutiva
tipificaba como hurto de uso”.
suplidos).
General
Accident
de
lo
que
antes
se
(Negrilla y subrayado
Ins.
Co.
v.
ELA,
supra,
pág. 474.
Históricamente, el delito de hurto de uso consistía en
tomar determinada propiedad, sin autorización de su dueño
o de quien debidamente lo representaba,8 con el objeto de
usar la misma temporalmente. Pueblo v. Concepción Sánchez,
101 DPR 17, 19 (1973). En ese espíritu es que, por ejemplo,
en Flores Pérez v. ELA, supra, pág. 155, decidimos que una
8
En el caso de Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 DPR 426, 433
esc. 4 (1971), este Tribunal manifestó que el delito de hurto de uso
de automóvil debía abolirse para convertirse en uno de hurto, ya que
las distinciones entre los delitos ocasionaban dificultades procesales
en muchos casos de hurto de automóviles. Así pues, desde el Código
Penal de 1974 prevalece la consolidación de un tipo general bajo el
delito de apropiación ilegal. D. Nevares Muñiz, Código Penal de Puerto
Rico comentado, 4ta ed., San Juan, Inst. Desarrollo del Derecho, 2019,
págs. 286-287.
CC-2024-0570
madre
que
17
autorizó
a
su
hijo
a
utilizar
un
vehículo
exclusivamente para asistir a una convención relacionada a
sus estudios universitarios, pernoctar en un pueblo cercano
al lugar de la actividad y retornar al día siguiente, tomó
las medidas cautelares expresas para evitar que su vehículo
se
utilizara
con
fines
contrarios
a
la
ley.
Por
consiguiente, en ese caso determinamos que la propietaria
del
vehículo
merecía
ser
considerada
como
“tercero
inocente”, ya que su hijo se apartó sustancialmente de las
medidas cautelares expresas que tomó ésta al prestar su
vehículo.
Íd.
En First Bank, Univ. Ins. Co. v. E.L.A., supra, pág.
83, expresamos que una entidad financiera y su aseguradora
bajo
un
contrato
considerados
de
terceros
venta
condicional
inocentes
si
se
podrían
ser
establecían
los
elementos que acreditaban tal condición. Sin embargo, allí
determinamos que las entidades no lograron establecer su
carácter de terceros inocentes.
Esto se debe a que no
presentaron prueba para demostrar que la posesión del
vehículo no se obtuvo por voluntad del dueño o que el dueño
del vehículo tomó medidas cautelares para prevenir la
actividad
delictiva
y
que
el
infractor
se
sustancialmente de las instrucciones específicas.
págs. 84-85.
apartó
Íd.,
Por tanto, este Tribunal no favoreció la
aplicación de la doctrina del tercero inocente.
Por otro lado, en General Accident Ins. Co. v. E.L.A.,
supra, págs. 467-468, tuvimos que dilucidar si una entidad
bancaria que proveyó el financiamiento de un vehículo
CC-2024-0570
18
confiscado, así como su aseguradora, eran considerados
“terceros inocentes” al amparo de esta doctrina bajo la
anterior
Ley
Núm.
93
de
13
de
julio
de
1988,
según
enmendada, conocida como Ley Uniforme de Confiscaciones de
1988, 34 LPRA ant. sec. 1723 et seq.
En aquel momento,
ciertas entidades bancarias y sus respectivas compañías
aseguradoras afirmaron ser terceros inocentes, ajenos a
los actos delictivos que dieron lugar a las confiscaciones
de los vehículos, por lo cual instaron varias acciones ante
diferentes
foros
incautaciones.9
judiciales
Luego
de
para
impugnar
evaluar
los
dichas
requisitos
jurisprudenciales de la doctrina, así como los hechos
específicos, resolvimos que las entidades financieras y
sus compañías aseguradoras no eran terceros inocentes, pues
en ninguno de los casos se logró demostrar que el infractor
obtuvo la posesión del vehículo sin el consentimiento del
dueño o se apartó sustancialmente de las instrucciones
particulares impartidas, de manera que incurriese en lo
que antes se tipificaba como delito de hurto de uso.
General Accident Ins. Co. v. E.L.A., supra, pág. 475.
En
otro
cesionaria
caso
de
un
análogo
atendido
por
contrato
de
condicional
venta
este
Foro,
de
la
un
vehículo confiscado al amparo de la Ley de Espíritus y
Bebidas Alcohólicas del 30 de junio de 1936 solicitó la
devolución del automóvil.
9
General Motors Acceptance v.
Las acciones fueron consolidadas por este Foro, pues los casos
presentaban la misma controversia. Véase General Accident Ins. Co. v.
E.L.A., supra, pág. 468.
CC-2024-0570
Brañuela,
19
60
DPR
696
(1942).
Su
petición
se
fundó
principalmente en el incumplimiento del contrato de venta
condicional por parte de la compradora, al permitir que se
utilizara el vehículo para transportar licores en violación
de la ley.
La apelante argumentó que no tuvo conocimiento
ni consintió al uso ilegal del vehículo, por lo que sus
derechos
no
podían
verse
afectados.
General
Motors
Acceptance v. Brañuela, supra, pág. 700. Allí, confirmamos
el
dictamen
que
declaró
sin
lugar
su
petición
para
recuperar el vehículo, pues determinamos que el argumento
esbozado era poco sólido para concluir que era un “tercero
inocente” de acuerdo con los requisitos de la doctrina.
Íd.
Por último, debemos recordar que la aplicación de la
defensa del “tercero inocente” es excepcional, ya que es
un
principio
claramente
establecido
en
nuestro
ordenamiento jurídico que aquel que cede o entrega la
posesión de un vehículo voluntariamente, por lo general,
asume el riesgo del uso ilegal que pudiera dársele al
mismo.
Flores Pérez v. ELA, supra, pág. 149.
Al mismo
tiempo, hemos expresado que no toda entrega de la posesión
de un vehículo tiene iguales motivaciones, ni idéntica
justificación,
similares.
ni
la
misma
necesidad,
ni
propósitos
Íd.; General Accident Ins. Co. v. E.L.A.,
supra, pág. 474; Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 987–
988 (1994); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 362
(1978); Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 DPR 517, 528
(1963).
En ese sentido, al examinar la aplicación de la
CC-2024-0570
doctrina
20
del
“tercero
inocente”,
hemos
advertido
reiteradamente “que cada caso debe resolverse conforme a
sus particularísimos hechos”.
General Accident Ins. Co.
v. E.L.A., supra, pág. 474.
Expuesta
la
normativa
aplicable,
pasemos
ahora
a
evaluar los planteamientos de la primera controversia.
III
A
Por un lado, el Estado sostiene que el Tribunal de
Apelaciones
erró
al
concluir
que
la
doctrina
de
cosa
juzgada, en su modalidad de impedimento colateral por
sentencia, aplicaba a la impugnación de la confiscación
del vehículo en controversia.
Al respecto, argumenta que
dicha determinación es contraria a lo pautado por este
Tribunal en Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra.10
Más aún, la parte peticionaria plantea que, si bien el
citado precedente se estableció en el contexto de una
determinación de no causa en una vista de causa probable
para arresto, el mismo razonamiento debe emplearse en el
caso de una determinación de no causa para acusar en la
etapa procesal penal posterior de vista preliminar.
En cambio, gran parte del argumento de Popular Auto se
centra
en
el
supuesto
de
que
la
parte
peticionaria
incumplió con su deber de responder de forma detallada a
los
10
hechos
propuestos
en
la
solicitud
Alegato del Gobierno de Puerto Rico, pág. 20.
de
sentencia
CC-2024-0570
21
sumaria.11
En cuanto a la aplicación de la doctrina de
impedimento colateral por sentencia, la parte recurrida
pretende distinguir el caso de autos del de Universal Ins.
y otro v. ELA y otros, supra, al sostener que en este
litigio sí aplica la mencionada doctrina como resultado de
un dictamen de no causa probable sobre el delito imputado
en
la
etapa
de
vista
preliminar.12
En
consecuencia,
sostiene que el Estado no logró demostrar la existencia de
evidencia suficiente para establecer el nexo causal entre
la conducta delictiva y el vehículo ocupado.13 Sin embargo,
partiendo de los hechos incontrovertidos expuestos por
Popular Auto, determinamos que la presente controversia no
se diferencia considerablemente de la atendida por este
Tribunal en el caso de Universal Ins. y otro v. ELA y
otros, supra, por lo cual extendemos su aplicación al caso
que nos ocupa.
Veamos.
En primer lugar, debemos señalar que el hecho de que
una parte presente una solicitud de sentencia sumaria en
conformidad con las reglas procesales dispuestas en nuestro
ordenamiento civil no garantiza que sea concedida a su
favor.
Del mismo modo, el que una parte promovida no
responda de forma detallada a una solicitud debidamente
formulada,
tampoco
sentencia
sumaria
garantiza
a
favor
que
de
la
11
Alegato de Popular Auto, LLC, pág. 22.
12
Íd., pág. 21.
13
Íd.
un
tribunal
parte
dicte
promovente.
CC-2024-0570
22
Ciertamente, como norma general, la parte promovida no debe
cruzarse de brazos, pues se arriesga a que ―con gran
probabilidad― se dicte sentencia sumaria en su contra, si
procede
derecho.14
en
No
obstante,
una
solicitud
de
sentencia sumaria debidamente formulada que se enfrenta a
una oposición que incumple con los requisitos procesales
no debe ser concedida automáticamente.
Lo anterior se
fundamenta en la necesidad de evaluar la juridicidad del
remedio solicitado, puesto que un tribunal no debe emitir
una sentencia sumaria cuando, como cuestión de derecho,
ésta no proceda.
Aclarado
este
Confiscaciones,
extremo,
supra,
el
Art.
dispone
que
8
de
la
la
Ley
de
doctrina
de
impedimento colateral por sentencia no aplicará en los
procesos
de
confiscación,
en
ausencia
de
alguna
adjudicación expresa en otro proceso celebrado por los
mismos hechos que dieron lugar a la confiscación, en la
que se decrete que el bien confiscado no fue utilizado en
la comisión de algún delito.
carácter
in
rem
e
Valga resaltar que, ante el
independiente
del
procedimiento
de
confiscación, el desenlace de la acción penal contra el
propietario constituye un hecho inmaterial e inconsecuente
para establecer que el bien confiscado no ha sido utilizado
en alguna actividad delictiva.
Después de todo, según el
citado artículo, lo determinante en la acción civil es si
se utilizó o no el bien en cuestión en la comisión de un
14
Véase J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da
ed., Estados Unidos, Publicaciones JTS, 2011, T. III, págs. 1061-1062.
CC-2024-0570
delito,
23
independientemente
del
resultado
de
cualquier
acción criminal o de alguna otra naturaleza.
En conformidad con lo expuesto, para que proceda una
confiscación, en la acción civil debe: (1) existir prueba
preponderante
de
que
se
ha
cometido
un
delito,
y
(2) demostrarse que existe un nexo entre la comisión del
delito y la propiedad confiscada.
También es importante
subrayar que, de acuerdo con el Art. 15 de la Ley de
Confiscaciones, supra, al Estado le asiste una presunción
de
legalidad
y
confiscación.
rebatir
tal
corrección
en
el
proceso
civil
de
En ese sentido, el peso de la prueba para
presunción
y
derrotar
la
legalidad
de
la
confiscación recae sobre la parte demandante y no sobre el
Estado.
Según mencionáramos, la controversia de este caso no
es significativamente diferente a la de Universal Ins. y
otro v. ELA y otros, supra.
Allí resolvimos que, en
ausencia de las circunstancias contempladas en el Art. 8
de
la
Ley
de
Confiscaciones,
supra,
la
figura
del
impedimento colateral por sentencia no podía ser invocada
en un procedimiento de impugnación de confiscación como
fundamento para obtener un dictamen sumario contra
Estado.
el
En particular, sabemos que una determinación de
no causa probable en una vista preliminar bien pudiera
deberse a que no se logró establecer un nexo entre la
actuación delictiva y el imputado, entre otros motivos.
Por lo tanto, contrario a lo interpretado por el foro
apelativo intermedio, concluimos que esta determinación no
CC-2024-0570
24
adjudica expresamente el hecho esencial de que el vehículo
no haya sido utilizado en la comisión de una actividad o
acto ilegal, lo cual en su día podría establecerse mediante
preponderancia de la prueba en la acción civil.
Sin lugar a dudas, del dictamen emitido en el proceso
penal no surge una adjudicación expresa a tales fines.
En
consecuencia, a la luz del texto claro de la Ley de
Confiscaciones, supra, y en armonía con nuestro precedente
en Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra, resolvemos
que una determinación de no causa probable en una vista
preliminar
en
alzada,
sin
más,
no
constituye
una
adjudicación expresa de que el vehículo confiscado no ha
sido
utilizado
en
actividad
criminal
alguna.
Consecuentemente, determinamos que erró el Tribunal de
Apelaciones al aplicar la doctrina de impedimento colateral
por sentencia en la acción impugnatoria en controversia.
B
El segundo asunto que nos ocupa gira en torno a la
aplicación de la doctrina del “tercero inocente” a favor
de Popular Auto, en virtud de una cláusula en el contrato
de venta al por menor a plazos del vehículo confiscado.
En
específico,
lo
la
cláusula
en
controversia
dispone
siguiente:
“Usted se obliga a conservar el Vehículo en perfecta
condición, con excepción del desgaste natural y a cumplir
con todas las leyes, reglamentos u órdenes de cuerpos
gubernamentales que sean aplicables al Vehículo o a su
uso”.15
15
Contrato de venta al por menor a plazos, Apéndice del certiorari,
pág. 103.
CC-2024-0570
25
El Estado sostiene que la generalidad de esta cláusula
contractual
impide
que
Popular
Auto
doctrina del tercero inocente.16
se
ampare
en
la
Alega que la misma no
imparte una medida cautelar lo suficientemente específica
y particularizada como para evitar el uso ilícito del
vehículo.
Así pues, aduce que no procede su aplicación en
conformidad
con
el
estándar
jurisprudencial
aplicable,
pues de lo contrario cualquier cláusula contractual de esta
naturaleza vulneraría automáticamente el carácter in rem
de la confiscación. Coincidimos con la parte peticionaria.
En el caso de Flores Pérez v. ELA, supra, resolvimos
que procedía extender el reconocimiento de la defensa del
tercero
inocente,
jurisprudencial,
en
conformidad
bajo
el
Confiscaciones vigente.
con
esquema
su
de
la
desarrollo
Ley
de
Del mismo modo, concluimos que
existía base suficiente para aplicar la defensa del tercero
inocente a favor de la parte demandante en la acción
impugnatoria
de
acuerdo
presentado
y
los
jurisprudencia.
Sin
con
el
requisitos
embargo,
cuadro
fáctico
dispuestos
hemos
allí
en
la
manifestado
en
múltiples ocasiones “que cada caso debe resolverse conforme
a sus particularísimos hechos”.
v. E.L.A., supra, pág. 474.
General Accident Ins. Co.
Por esta razón, reiteramos la
necesidad de que cada caso debe ser evaluado conforme a
sus hechos particulares para determinar la aplicación de
16
Alegato del Gobierno de Puerto Rico, pág. 22.
CC-2024-0570
la
26
doctrina
del
tercero
inocente
bajo
la
Ley
de
el
criterio
para
la
que
medidas
Confiscaciones.
Popular
aplicación
Auto
alega
de
doctrina
la
que
único
estriba
en
las
cautelares sean expresas, ante lo cual sostiene haber
cumplido
con
este
parámetro
en
virtud
de
la
cláusula
contractual en controversia.17 No le asiste la razón en su
planteamiento.
Es importante aclarar que este no es el
único criterio que los tribunales deben considerar para
determinar si aplica la doctrina del tercero inocente.
Las
presuntas instrucciones o medidas cautelares no pueden
evaluarse en abstracción de los hechos particulares que
dan margen a la entrega de la posesión del vehículo ni del
resto de los requisitos aplicables bajo esta doctrina.
Y es que debemos recordar que no toda entrega de vehículo
tiene iguales motivaciones, ni idéntica justificación, ni
la misma necesidad, ni propósitos similares.
La cualidad de “tercero inocente” está ligada a la
naturaleza de la posesión o el uso del vehículo por parte
del infractor.
Es decir, esta doctrina se configura cuando
el infractor no ha obtenido la posesión del vehículo de
manera voluntaria o cuando se aparta sustancialmente de
las
instrucciones
específicas
del
dueño
que
cedió
la
posesión, de modo que haya incurrido en la conducta que
antes se tipificaba como hurto de uso.
En este caso, la
parte recurrida no nos ha puesto en posición de determinar
17
Alegato de Popular Auto, LLC, pág. 23.
CC-2024-0570
que
el
27
presunto
infractor
no
obtuvo
la
posesión
del
vehículo voluntariamente o que incurrió en lo que antes se
tipificaba como hurto de uso.
Nótese que el argumento de Popular Auto se basa en que
le instruyó al dueño registral del vehículo que no podría
utilizar el mismo para fines ilícitos a través de una
cláusula en un contrato de venta al por menor a plazos.
De este modo, el presunto infractor advino en posesión del
vehículo voluntariamente como parte del negocio jurídico
de la compraventa.
Es decir, la motivación detrás de la
entrega de la posesión del vehículo en este contexto es
eminentemente
transaccional
y
no
está
supeditada
al
cumplimiento de una instrucción específica sobre un uso
autorizado,
sino
al
pago
de
un
precio
en
virtud
del
financiamiento del vehículo.
Por otro lado, la aseveración de que el dueño registral
del vehículo pudiera haber incurrido en la conducta de
hurto de uso sobre su propio auto es un contrasentido.
Ciertamente, no se trata del tipo de entrega ni el uso al
que hemos hecho referencia en los casos que sí hemos
aplicado la referida doctrina, donde quien cede la posesión
retiene el control inmediato y el dominio del vehículo.
Más bien, aquí procede aplicar la regla general en la que
los derechos de quienes poseen un interés económico y
propietario corren la misma suerte del uso que se le ha
dado
al
vehículo.
Por
ende,
bajo
las
circunstancias
específicas de este caso, no podemos concluir que aplica
CC-2024-0570
28
la excepción de la doctrina del tercero inocente a favor
de la entidad bancaria.
Por otra parte, iguales consideraciones de política
pública a las expuestas en el caso de General Accident Ins.
Co. v. E.L.A., supra, págs. 476-477, nos llevan a este
resultado.
tercero
Sostener la aplicación de la doctrina del
inocente
al
amparo
de
este
tipo
contractual
debilitaría
drásticamente
confiscatorio
creado
la
vulneraría
propósito
el
por
de
Asamblea
penalizar
de
cláusula
el
esquema
Legislativa
el
uso
de
y
los
vehículos que son utilizados como instrumentos del crimen.
Íd., pág. 476.
Este resultado implicaría concederles una
protección automática a las entidades financieras contra
las confiscaciones realizadas por el Estado, ya que la gran
mayoría de los vehículos en Puerto Rico se adquieren al
suscribir un contrato de venta al por menor a plazos.
En
última instancia, esta protección es un asunto de política
pública que le correspondería establecer a la Asamblea
Legislativa y no a este Tribunal.18
Por último, destacamos que las entidades financieras
no quedan desprovistas de protección legal, pues aunque el
vehículo haya sido confiscado, subsiste su derecho a una
acción judicial en cobro de dinero por el balance adeudado.
Como
18
hemos
reconocido,
“de
ordinario,
al
momento
de
Hemos expresado que “[e]n algunas jurisdicciones norteamericanas,
estatutariamente
se
ha
reconocido
que,
bajo
determinadas
circunstancias, el interés del acreedor de un contrato de venta
condicional gozará de alguna protección contra la confiscación de un
vehículo por el Estado”. General Accident Ins. Co. v. E.L.A., 137 DPR
466, 476 esc. 4 (1994).
CC-2024-0570
29
financiar la venta de un vehículo de motor, las compañías
bancarias y comerciales que se dedican a ese negocio prevén
la posibilidad de la pérdida ocasional de su interés por
razón de una confiscación y toman medidas para protegerse
contra dicho tipo de pérdida, exigiendo seguros a su favor,
de
modo
que
realizada”.
puedan
recuperar
la
inversión
económica
General Accident Ins. Co. v. E.L.A., supra,
pág. 477.
En
conclusión,
consideramos
que
el
Tribunal
de
Apelaciones erró al aplicar la doctrina de impedimento
colateral en contravención a lo resuelto por este Tribunal
en Universal Ins. y otro v. ELA y otros, supra.
De igual
forma, determinamos que a Popular Auto no le ampara la
defensa del “tercero inocente” en virtud de la cláusula
contractual
en
controversia
y
los
requisitos
jurisprudenciales de la doctrina. Reiteramos, una vez más,
que la aplicación de la doctrina del tercero inocente bajo
la
Ley
de
Confiscaciones
requiere
un
análisis
particularizado de los hechos de cada caso.
IV
Por las razones antes expresadas, revocamos la Sentencia
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones
el
28
de
junio
de 2024, así como la Sentencia emitida por el Tribunal de
Primera Instancia el 22 de febrero de 2024, y devolvemos el
caso
al
foro
procedimientos.
primario
para
la
continuación
de
los
CC-2024-0570
30
Se dictará Sentencia en conformidad.
ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Cooperativa
de
Seguros
Múltiples de Puerto Rico y
Popular Auto, LLC
Recurridos
v.
Estado Libre Asociado
Puerto Rico y otros
CC-2024-570
Certiorari
de
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2025.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia,
revocamos la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones
el 28 de junio de 2024, así como la Sentencia emitida por el
Tribunal de Primera Instancia el 22 de febrero de 2024, y
devolvemos el caso al foro primario para la continuación de
los procedimientos.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
disiente y emite la expresión siguiente:
Disiento por los mismos fundamentos que esbocé en
mis expresiones disidentes en Universal Ins. y otro
v. ELA y otros, 211 DPR 455 (2023) y en mi Opinión
Disidente en MAPFRE et al. v. ELA, 209 DPR 910 (2022).
Al igual que en los referidos casos, en el caso de
epígrafe se confiscó un vehículo de motor por la
presunta ocurrencia de conducta delictiva. No
obstante, en la vista preliminar en alzada se
determinó que no había causa para acusar al presunto
ofensor. Ante ello —y al amparo de la postura que
defendí en aquellos pronunciamientos— procedía
declarar nula la incautación practicada. En vista de
la estrecha relación de ambos procesos, correspondía
CC-2024-570
2
aplicar la doctrina de impedimento colateral por
sentencia, resolver sumariamente que la incautación
no se realizó conforme a derecho y decretarla
inválida.
El Juez
Asociado
señor
Estrella
Martínez disiente y
hace constar la expresión siguiente, a la cual se une la
Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez:
Una vez más, este Tribunal amplía una construcción
jurídica ficticia en materia de confiscaciones
civiles que resulta incompatible con los principios
fundamentales
de
nuestro
ordenamiento
constitucional. En esta ocasión, la mayoría reafirma
erróneamente que no procede anular la confiscación de
un vehículo al amparo de la doctrina de impedimento
colateral por sentencia, salvo que exista una
adjudicación expresa —en un proceso penal, civil o
administrativo— que establezca que el bien confiscado
no fue utilizado en la comisión de un delito. Esta
postura valida, de manera incorrecta, que una
determinación de no causa probable emitida en una
vista preliminar en alzada no constituye una
adjudicación expresa que exonere a la propiedad en
cuestión dentro de un proceso confiscatorio civil.
Asimismo, la mayoría concluye, también de forma
equivocada, que la entidad financiera titular del
vehículo confiscado no tiene derecho a la protección
que brinda la defensa del tercero inocente, en virtud
de una cláusula contenida en el contrato de
compraventa. Tal determinación, además de errada,
lesiona los derechos de las entidades que otorgan
financiamiento sobre bienes sin tener conocimiento ni
participación alguna en la presunta actividad
delictiva que se imputa al deudor.
En este contexto, disiento respetuosamente por las
razones que expresé en mis opiniones disidentes
en Universal Ins. y otro v. ELA y otros, 211 DPR 455
(2023) y Coop. Seg. Múlt. et als. v. ELA et al., 209
DPR 796 (2022). En esta última, reiteré que “la
confiscación civil de un bien sin mediar una
convicción penal vulnera las garantías del debido
proceso de ley, a no ser privado de la propiedad sin
justa compensación, la prohibición contra multas
excesivas y registros y allanamientos irrazonables,
así como la presunción de inocencia”. Íd., págs. 812813. Este menoscabo a las garantías constitucionales
persiste, incluso, en casos como el presente en los
que en una vista preliminar en alzada no hubo una
determinación judicial de causa probable para acusar
a la persona vinculada al bien confiscado.
CC-2024-570
3
A mi juicio, la confiscación de un bien sin que
medie una condena penal constituye un impedimento
colateral por sentencia en el pleito civil en el cual
se impugna la confiscación realizada por el Estado.
Lo anterior abarca situaciones en donde ni siquiera
se han presentado cargos criminales, cuando estos no
prosperaron en la etapa de vista preliminar o en los
que hubo una determinación de no culpabilidad tras
celebrarse un juicio en su fondo. Por tanto, una
determinación de no causa en una vista preliminar o
en una vista preliminar en alzada —como ocurrió en
este caso— es, por su naturaleza, una determinación
no revisable que constituye una adjudicación expresa.
Es preciso señalar que este Tribunal reafirma que,
para que una confiscación in rem o civil sea
procedente, deben cumplirse dos (2) requisitos
fundamentales: primero, debe presentarse prueba
suficiente y preponderante de que se ha cometido un
delito; y segundo, debe establecerse un nexo entre
ese delito y el bien confiscado. Por tanto, como se
observa en este caso, si en un procedimiento penal,
particularmente en la etapa de vista preliminar, no
existe prueba suficiente para demostrar la comisión
de un delito, no es posible cumplir con el segundo
requisito. Así pues, la determinación de no causa
tiene el efecto jurídico de romper el nexo causal
entre el presunto delito y la propiedad confiscada.
En consecuencia, ello impide la confiscación civil de
un bien que, por su naturaleza, es inherentemente
lícito.
Nótese que la confiscación representa una forma de
privación de propiedad que debe cumplir con las
garantías mínimas del debido proceso de ley. Art. II,
Sec. 9, Const. PR, LPRA, Tomo 1. Además, la mera
designación
formal
de
un
procedimiento
de
confiscación como civil o criminal no resuelve la
interrogante
sobre
su
verdadera
naturaleza
y
propósito punitivo. En efecto, la confiscación actúa,
en la práctica, como una sanción penal adicional
impuesta contra quienes se presume han incurrido en
conducta delictiva. Bco. Bilbao Vizcaya et al. v. ELA
et al., 194 DPR 116, 156 (2015) (Voto particular
disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez);
Centeno Rodríguez v. E.L.A., 170 DPR 907, 913 (2007);
Santiago v. Supte. Policía de P.R., 151 DPR 511, 515516 (2000); Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 DPR 973, 987
(1994); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 DPR 356, 362
(1978). Por consiguiente, en ausencia de prueba
suficiente para acreditar la comisión de un delito,
resulta insostenible y carece de fundamento jurídico
el pretender que subsiste un nexo causal entre ese
presunto acto o evento delictivo y el bien objeto de
confiscación.
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Enfatizo
que
no
podemos
reconocer
como
jurídicamente válida una interpretación aislada y
textualista de Ley Núm. 119-2011, conocida como la
Ley Uniforme de Confiscaciones, 34 LPRA sec. 1724 et
seq., sin integrar en ese análisis las protecciones
constitucionales aplicables. En ese sentido, no puede
considerarse constitucional que la ley declare
irrelevante la culpabilidad o no culpabilidad del
propietario en cuanto a la procedencia de la
confiscación civil. Sostener la validez de esta
ficción legal es, en definitiva, incompatible con los
postulados
de
nuestro
ordenamiento
constitucional. Véase, Coop. Seg. Múlt. et als. v.
ELA et al., supra, pág. 812 (Opinión disidente del
Juez Asociado señor Estrella Martínez).
Por último, la mayoría de este Tribunal concluye
que la entidad financiera titular del vehículo
confiscado no tiene derecho a acogerse a la defensa
del tercero inocente. Según su criterio, la cláusula
incluida en el contrato de venta es de carácter
general y, por ello, no constituye una medida
cautelar lo suficientemente específica como para
evitar el uso ilícito del vehículo, entre otros
aspectos. A mi juicio, la entidad financiera actuó
correctamente al incorporar una advertencia en la que
el titular se obliga a cumplir con todas las leyes,
reglamentos
y
órdenes
emitidas
por
cuerpos
gubernamentales aplicables al vehículo o a su uso.
Soy del criterio que exigir al acreedor que
especifique de forma particularizada en el contrato
de venta cada posible norma cuya infracción pudiera
dar lugar a la confiscación civil impondría una carga
desproporcionada
e
irrazonable
en
nuestro
ordenamiento jurídico. Por ello, procedía aplicar la
doctrina del tercero inocente a su favor.
En fin, reitero mis pronunciamientos anteriores en
materia
de
confiscaciones
civiles
y,
por
consiguiente, disiento respetuosamente.
El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente y hace constar la
expresión siguiente, a la cual se une la Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez:
En esta ocasión, -- y estando llamados y llamadas
a determinar si, tras una determinación de no causa
en vista preliminar en alzada, procedía aplicar la
doctrina de impedimento colateral por sentencia en
una acción civil de impugnación de confiscación de
determinado bien --, una mayoría de mis compañeros y
compañeras de estrado, en un proceder a todas luces
erróneo, concluyen que esta última no es de
aplicación al caso de autos. A su entender, una
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determinación de no causa en la vista preliminar en
alzada, sin más, no constituye una adjudicación
expresa de que el vehículo confiscado no ha sido
utilizado en actividad criminal alguna, según
requerido por la Ley Núm. 119-2011, también conocida
como la Ley uniforme de confiscaciones, 34 LPRA 1724
et seq. (en adelante, “Ley de confiscaciones”).
Mediante dicho dictamen, éstas y éstos vuelven a
emplear de forma automática la ficción jurídica, -una totalmente desacreditada --, en la que se
sostiene la confiscación civil o in rem, a saber, la
de culpar a la cosa misma por participar en la
comisión de determinado delito. Coop. Seg. Múlt. v.
E.L.A., 180 DPR 655, 666 (2011); Suárez v. E.L.A.,
162 DPR 43, 52 (2004); Del Toro Lugo v. E.L.A. 136
DPR 973, 982 (1994). Con ello, como ya hemos
sentenciado en el pasado, no podemos estar de
acuerdo.
Y es que, -- según hemos expresado consistentemente
en controversias muy similares a las que hoy nos
ocupan --, somos de la postura que la confiscación
de un vehículo de motor por parte del Estado se
invalida cuando no se logran presentar cargos
criminales, por aquellos hechos que motivaron el
referido proceso confiscatorio, en contra de la
persona propietaria o dueña del bien. Véase,
Universal Insurance Comp. v. E.L.A., 211 DPR 455,
488-490 (2023) (Colón Pérez, opinión disidente);
Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als., 209 DPR
796, 826-848 (2022) (Colón Pérez, opinión disidente).
Lo anterior, puesto que en tales instancias no hay
vínculo entre el vehículo confiscado y el delito
imputado. Universal Insurance Comp. v. E.L.A., supra,
págs. 489-490 (Colón Pérez, opinión disidente); Coop.
Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als., supra, pág. 846
(Colón Pérez, opinión disidente).
Así pues, insistimos una vez más, un vehículo de
motor no puede ser autor o coautor de un delito. En
otras palabras, --independientemente de las distintas
razones por las cuales pueda culminar el proceso
penal sin un dictamen de culpabilidad --, para que
proceda la confiscación civil de un bien de este tipo,
es necesario demostrar, entre otras cosas, que
determinada persona, en efecto, cometió un delito. En
ausencia de ello, el vehículo de motor no puede ser
objeto de confiscación.
Sobre esto último, debemos recordar que la Ley de
confiscaciones, supra, a pesar de su naturaleza
civil, opera como disuasivo a la actividad criminal.
Exposición de motivos, Ley de confiscaciones, supra;
Coop. Seg. Múlt. et als. v. E.L.A. et als., supra,
pág. 837 (Colón Pérez, opinión disidente). En ese
sentido,
los
tribunales
venimos
llamados
a
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interpretarla de forma restrictiva. Coop. Seg. Múlt.
et als. v. E.L.A. et als., supra, pág. 840 (Colón
Pérez, opinión disidente). Falla una mayoría del
Tribunal, en el día de hoy, al no verlo así.
Establecido lo anterior, la causa de epígrafe
también nos presentaba la oportunidad de, en
escenarios como los antes descritos, expresarnos
sobre la defensa del tercero inocente. En específico,
debíamos considerar si esta defensa era de aplicación
a favor del acreedor condicional en la compra del
vehículo de motor, en este caso, Popular Auto, LLC
(en adelante, “Popular Auto”). Lo anterior, por dicha
parte haber incluido en el Contrato de venta la
siguiente cláusula: “Usted se obliga a conservar el
Vehículo en perfecta condición, con excepción del
desgaste natural y a cumplir con todas las leyes,
reglamentos u órdenes de cuerpos gubernamentales que
sean aplicables al Vehículo o a su uso”. (Énfasis
suplido). Contrato de venta, Apéndice del Certiorari,
pág. 103.
En cuanto a este asunto, una mayoría de mis
compañeras y compañeros de estrado, en un proceder
también a todas luces erróneo, a grandes rasgos,
concluye que a Popular Auto no le ampara la defensa
del
tercero
inocente.
Según
su
sorprendente
razonamiento, la cláusula contractual en cuestión no
era lo suficientemente específica y particularizada
para evitar el uso ilícito del vehículo. Nada más
lejos de la verdad.
Y es que, contrario a lo señalado por una mayoría
de este Tribunal, con solo examinar cuidadosa y
detenidamente el Contrato de venta objeto del
presente litigio, salta a la vista que Popular Auto,
en efecto, evidenció haber requerido al propietario
del vehículo, -- mediante la precitada cláusula
contractual --, que utilizara dicho bien de
conformidad con la ley aplicable. Ello, a nuestro
juicio, era suficiente para que aplicase la defensa
bajo análisis. Requerir que, en este tipo de
acuerdos, se detalle cada hecho o escenario ilícito
posible es, simple y sencillamente, y como poco, algo
absurdo.
En suma, y ya para concluir, somos de la postura
de que un dictamen de no causa, -- en un proceso de
vista preliminar en alzada --, sí constituye una
adjudicación expresa de que el bien confiscado por
el Estado no ha sido utilizado en la comisión de un
delito y, por consiguiente, en tales instancias no
es posible sostener dicha privación de propiedad
privada. Asimismo, entendemos que una entidad
financiera que, en el contrato de venta de un vehículo
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de motor, incluye una cláusula general dirigida a que
la otra parte haga uso legal del referido bien, puede,
en un proceso de confiscación civil, levantar la
defensa del tercero inocente con éxito.
Dicho resultado es, a todas luces, el único que se
ajusta al hecho de que la confiscación civil
constituye
una
excepción
a
la
prohibición
constitucional de que el Estado pueda tomar propiedad
privada
para
fines
públicos
sin
una
justa
compensación.
Siendo ello así, no albergamos duda alguna de que
en el presente caso no se cometieron los errores
señalados. Por ello, respetuosamente disentimos del
curso de acción seguido por una mayoría de este
Tribunal en la causa de epígrafe.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo