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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Janet Villanueva Sánchez

2025 TSPR 72

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Janet Villanueva Sánchez

AB-2021-0045

2 de julio de 2025 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2025 TSPR 72

Janet Villanueva Sánchez

(TS-11,106)

Número del Caso:

Fecha:

216 DPR ___

AB-2021-0045

2 de julio de 2025

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Representante legal de la Sra. Janet Villanueva Sánchez:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría por violación al Canon 9

del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Janet Villanueva Sánchez

(TS-11,106)

AB-2021-0045

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de julio de 2025.

Hoy

nos

vemos

obligados

a

ejercer

nuestra

facultad disciplinaria respecto a una integrante de la

profesión legal que desatendió de manera reiterada las

órdenes de este Tribunal. En virtud de los fundamentos

que expondremos más adelante, ordenamos la suspensión

inmediata e indefinida de la Lcda. Janet Villanueva

Sánchez (licenciada Villanueva Sánchez) por infringir

el Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX. En vista de lo anterior, procedemos a reseñar

los hechos que dieron paso a esta acción disciplinaria.

I

El 17 de marzo de 2021 el Sr. Roy Iván Rosado

Pagán (señor Rosado Pagán) presentó la queja de epígrafe

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2

contra la licenciada Villanueva Sánchez. Alegó que en 1996 la

licenciada Villanueva Sánchez autorizó la Escritura Núm. 6 de

1996 sobre la compraventa de dos bienes inmuebles (Escritura

de

Compraventa)

a

favor

de

Royaly

Corporation

(Royaly),

entidad jurídica que el señor Rosado representaba en calidad

de presidente. Aseveró que la licenciada Villanueva Sánchez

se comprometió a presentar la Escritura de Compraventa y los

documentos complementarios ante el Registro de la Propiedad

(Registro) para lograr la inscripción de los solares y las

edificaciones

adquiridas.

No

obstante,

señaló

que

esta

incumplió con la encomienda. Adujo que la falta de diligencia

de la licenciada Villanueva Sánchez causó que caducaran los

asientos de presentación en dos ocasiones, y que esto, a su

vez, redundó en gastos adicionales.

Asimismo,

el

señor

Rosado

Pagán

arguyó

que

intentó

comunicarse con la licenciada Villanueva Sánchez en varias

instancias, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. Sostuvo

que la única vez que logró hablar con la letrada, esta le

indicó que la documentación estaba incompleta. El señor Rosado

Pagán expresó que el 20 de septiembre de 2020 recibió la última

comunicación de la letrada. Añadió que el último mensaje que

él envió fue en octubre de 2020, y que no obtuvo respuesta.

Manifestó que la falta de inscripción ha frustrado varios

intentos de compraventa de los bienes inmuebles.

El 27 de mayo de 2021 la licenciada Villanueva Sánchez

presentó su contestación a la queja. Explicó que inició su

práctica notarial en un bufete en el que trabajó junto al

Lcdo. Jimmy Soto Ledesma, y que al momento de comenzar a

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trabajar en el bufete este ya atendía la liquidación de los

bienes de la parte vendedora de los inmuebles objeto de esta

queja, a saber: las sucesiones de los Sres. Eduardo Pérez Seda

(señor Pérez Seda) y Eduardo Pérez Acosta.1 Aseveró que obtuvo

los estudios de título de los inmuebles y se percató que ambos

todavía estaban inscritos a favor del Municipio de Guánica

(Municipio).

Manifestó que durante el proceso de la venta a Royaly

descubrieron la discrepancia existente en la cabida de una de

las fincas. A raíz de esto, el 29 de mayo de 1996 la letrada

autorizó la Escritura Núm. 5 de 1996 sobre rectificación de

cabida. Afirmó que luego de reunirse con un técnico del

Registro,

corrigieron

la

falta.

No

obstante,

agregó

que

encontraron que los solares no estaban segregados.

Así

las

cosas,

relató

que

acudió

al

Municipio

para

localizar el permiso de segregación. Sin embargo, informó que

los empleados del Municipio indicaron que hubo un error en el

precio por el cual el Municipio le vendió los solares al

difunto señor Pérez Seda, lo cual complicó el trámite. Ante

esto, aseveró que el señor Rosado Pagán retiró los documentos

del

Registro

sin

darle

oportunidad

de

corregir

los

señalamientos por lo que le requirió que le reembolsara el

costo de los comprobantes de presentación.

La licenciada Villanueva Sánchez relató

que

el

señor

Rosado Pagán contrató a la Lcda. Pilar Muñoz (licenciada

La Lcda. Janet Villanueva Sánchez alegó que el difunto Sr. Eduardo Pérez

Seda había adquirido varias propiedades en el Municipio de Guánica. Además,

expuso que el Sr. Eduardo Pérez Acosta era el hijo de este último, y

también había fallecido.

1

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Muñoz),

con

4

quien

la

licenciada

Villanueva

discutió

las

posibles acciones judiciales para lograr la inscripción a

favor de los integrantes de la sucesión del señor Pérez Seda.

Sin embargo, alegó que no recibió comunicación de parte de la

licenciada Muñoz. Esta última luego confirmó a la licenciada

Villanueva que el señor Rosado Pagán cesó de comunicarse con

ella. Por ende, la letrada negó las alegaciones sobre falta

de comunicación con el señor Rosado Pagán. Además, reseñó sus

intentos de dialogar con los técnicos del Registro, por lo que

rechazó

su

alegada

falta

de

diligencia,

ya

que

realizó

gestiones para las que no fue contratada, como atender los

señalamientos notificados a otros notarios para lograr la

inscripción de la Escritura de Compraventa.

El 21 de junio de 2021 el señor Rosado Pagán presentó una

carta ante este Tribunal en la que refutó lo expuesto en la

contestación de la licenciada Villanueva Sánchez. Reiteró que

esta no ha contestado sus llamadas y correos electrónicos.

Apuntó a que no existía razón alguna que justificara la

dilación ya que habían transcurrido veinticinco (25) años

desde que se le encomendó la inscripción de la Escritura de

Compraventa.

Así las cosas, el 11 de agosto de 2021 la Secretaría de

este Tribunal refirió este asunto disciplinario a la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN) para que esta realizara una

investigación y remitiera su informe dentro de un término de

sesenta (60) días. En cumplimiento con lo ordenado, el 8 de

noviembre de 2021 la ODIN presentó su Informe. En síntesis,

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5

la referida dependencia recomendó apercibir a la licenciada

Villanueva Sánchez de que en el futuro debe emplear mayor

diligencia al autorizar instrumentos públicos que transmiten

derechos sobre bienes inmuebles. Además, sugirió ordenar a

esta a informar y acreditar los trámites que realice para

lograr la inscripción de la Escritura de Compraventa.

El

17

de

diciembre

de

2021

la

licenciada

Sánchez

Villanueva presentó una Moción en cumplimiento de orden en la

que reaccionó al Informe. Aunque se allanó a la recomendación

de la ODIN, expresó que actuó de manera diligente al corregir

las faltas que notificó el Registro.

En vista de lo anterior, el 28 de enero de 2022 emitimos

una Resolución en la que acogimos la recomendación de la ODIN

y ordenamos a la licenciada Villanueva Sánchez mantenernos

informados sobre las gestiones encomendadas para presentar la

Escritura de Compraventa ante el Registro. Asimismo, el 2 de

mayo de 2022 el señor Rosado Pagán presentó una carta en la

que solicitó que también se le notificara sobre lo informado

por la licenciada Villanueva Sánchez en cuanto a esto último.

Dado que la letrada no compareció, el 11 de mayo de 2022

emitimos otra Resolución en la que le concedimos un término

de diez (10) días a la licenciada Villanueva Sánchez para que

acreditara los trámites realizados.

El 31 de mayo de 2022 esta compareció mediante Moción en

cumplimiento de orden. Expresó que se reunió con los herederos

del señor Pérez Seda y pautó una reunión con representantes

del Municipio para obtener la documentación relacionada a la

segregación de las fincas. Ante ello, el 15 de junio de 2022

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emitimos una Resolución en la que nos dimos por enterados y

reiteramos nuestra orden sobre el deber de la letrada de

mantener

a

este

Tribunal

informado

sobre

las

gestiones

realizadas para lograr la inscripción de la Escritura de

Compraventa.

Un

año

luego,

el

9

de

enero

de

2023

emitimos

una

Resolución en la que le concedimos un término de diez (10)

días a la licenciada Villanueva Sánchez para que informara

sobre los aludidos trámites. El 26 de enero de 2023 esta

presentó una Moción en cumplimiento de orden e informó que se

comunicó con el representante legal del Municipio. Explicó que

le

proveyó

toda

la

documentación

sobre

la

propiedad

controvertida a finales de octubre de 2022 pero que no había

recibido respuesta alguna desde entonces. El 31 de enero de

2023 emitimos una Resolución en la que nos dimos por enterados

de lo anterior.

El 31 de agosto de 2023 emitimos una Resolución en la que

le concedimos a la letrada otro término de diez (10) días para

que informara sobre las gestiones realizadas. Esta compareció

el 21 de septiembre de 2023 mediante una Moción en cumplimiento

de orden. Informó que, ante la falta de cooperación por parte

del representante legal del Municipio, le cursó una misiva al

alcalde.

Expuso

que

el

respuesta

en

que

informó

la

alcalde

que

del

Municipio

estaría

envió

una

investigando

el

asunto. El 5 de octubre de 2023 emitimos una Resolución en la

que nos dimos por enterados de lo expuesto por la licenciada

Villanueva Sánchez.

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7

El 29 de abril de 2024 emitimos una Resolución en la que

otorgamos otro término de diez (10) días a la letrada para

informar sobre los trámites realizados. El 22 de mayo de 2024

esta presentó una Moción en cumplimiento de orden en la que

expuso que el representante legal del Municipio le informó que

procedía

obtener

un

plano

de

las

fincas

para

lograr

la

segregación. Alegó que el 4 de diciembre de 2023 le hizo llegar

copia

del

plano

al

representante

legal

pero

que

las

comunicaciones subsiguientes fueron infructuosas. Ante ello,

el 4 de junio de 2024 emitimos una Resolución en la que nos

dimos por enterados de lo anterior.

Ahora bien, el 29 de enero de 2025 emitimos una Resolución

en la que le conferimos a licenciada Villanueva Sánchez un

término adicional de diez (10) días para que esta acreditara

los trámites realizados, según ordenamos en la Resolución del

28 de enero de 2022. Sin embargo, la licenciada Villanueva

Sánchez

incumplió

con

el

mencionado

término.

Por

ello,

emitimos otra Resolución el 11 de marzo de 2025 en la que

concedimos un término adicional de diez (10) días. En esta se

le apercibió de que su incumplimiento con lo ordenado podría

conllevar

sanciones

disciplinarias

severas,

tal

como

la

suspensión del ejercicio de la abogacía. No obstante, esta

incumplió con el término concedido.

Repasado el tracto procesal, procedemos a resolver.

II

Todo abogado y toda abogada tiene un deber de adherirse

a los preceptos y a las normas establecidas en el Código de

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Ética

8

Profesional, supra,

pues

este

estatuye

las

normas

mínimas de conducta que corresponde exhibir en el desempeño

de las funciones de la profesión legal. In re Robles Vega,

2024 TSPR 56, 214 DPR ____ (2024); In re Martínez Botet, 2024

TSPR 57, 214 DPR _____ (2024); In re Cuevas Vélez, 213 DPR 162

(2023); In re Maldonado Nieves, 213 DPR 119 (2023); In re

Montalvo Negrón, 213 DPR 342 (2023). En lo particular, el

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, establece que

los profesionales del derecho “debe[n] observar para con los

tribunales

una

conducta

que

se

caracterice

por

el

mayor

respeto”. De ese principio se desprende el deber de los

abogados y de las abogadas de responder diligentemente a las

órdenes y los requerimientos de este Tribunal. In re Martínez

Botet, supra; In re Díaz Vanga, 213 DPR 444 (2024); In re

Wilamo Guzmán, 212 DPR 104 (2023).

Asimismo, hemos determinado que el incumplimiento y la

desatención de nuestras órdenes por parte de los abogados y

de las abogadas constituye una afrenta a la autoridad de los

tribunales, lo que acarrea una violación al Canon 9 del Código

de Ética Profesional, supra. In re Robles Vega, supra. Esta

conducta

podría

conllevar

que

se

decrete

la

separación

inmediata e indefinida de la profesión legal. In re Martínez

Botet, supra; In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018); In

re Canales Pacheco, 200 DPR 228, 233 (2018).

III

La

licenciada

Villanueva

Sánchez

presentó

su

última

comparecencia el 22 de mayo de 2024. A pesar de que posterior

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9

a esa fecha emitimos dos órdenes en las que solicitamos su

contestación, la licenciada Villanueva Sánchez no compareció

para acreditar las gestiones realizadas para inscribir la

Escritura de Compraventa en el Registro. En cambio, la letrada

optó por ignorar nuestros requerimientos en claro menosprecio

y displicencia de nuestra autoridad. Esto aun cuando se le

apercibió de que su incumplimiento podría dar paso a su

suspensión del ejercicio de la profesión legal.

A esto se le añade que han transcurrido más de tres (3)

años desde que ordenamos a la licenciada Villanueva Sánchez a

mantenernos informados y acreditar los trámites realizados

para lograr la inscripción de la Escritura de Compraventa.

Desde entonces, este Tribunal se ha visto obligado a compeler

su comparecencia en seis ocasiones para que cumpliera con lo

ordenado y nos informara sobre las gestiones realizadas.

Es evidente que la conducta de la licenciada Villanueva

Sánchez quebrantó los deberes de prontitud y diligencia que

exige el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra. Habida

cuenta de nuestro poder inherente de regular la profesión

legal, procede decretar su suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y de la notaría.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

decretamos

la

suspensión inmediata e indefinida de la licenciada Villanueva

Sánchez del ejercicio de la abogacía y de la notaría por violar

el Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.

La

señora

Villanueva

Sánchez

deberá

notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su inhabilidad para

AB-2021-0045

continuar

10

representándoles.

Además,

deberá

devolver

los

expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios

recibidos por trabajos no realizados. De igual manera, deberá

informar inmediatamente de su suspensión a cualquier foro

judicial

y

pendiente.

administrativo

También,

deberá

en

los

que

acreditar

tenga

algún

a

Tribunal

este

asunto

el

cumplimiento con lo anterior dentro del término de treinta

(30) días, contado a partir de la notificación de esta Opinión

Per Curiam y Sentencia. No hacerlo podría conllevar que no se

le

reinstale

a

la

práctica

de

la

profesión

legal,

de

solicitarlo en el futuro.

Por otro lado, se le ordena al Alguacil de este Tribunal

incautar inmediatamente la obra y el sello notarial de la

señora Villanueva Sánchez y entregarlos al Director de la ODIN

para el correspondiente examen e informe. Además, en virtud

de la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la

notaría, la fianza que garantiza las funciones notariales de

la señora Villanueva Sánchez queda automáticamente cancelada.

Esta fianza se considerará buena y válida por tres (3) años

después de su terminación, en cuanto a los actos realizados

durante el periodo en que ésta estuvo vigente.

Notifíquese

Opinión

Per

a

Curiam

la

y

señora

Villanueva

Sentencia

por

Sánchez

medio

del

de

esta

correo

electrónico registrado en el Registro Único de Abogados y

personalmente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In Re:

Janet Villanueva Sánchez

(TS-11,106)

AB-2021-0045

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 2 de julio de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte de

la presente Sentencia, decretamos la suspensión

inmediata e indefinida de la licenciada Villanueva

Sánchez del ejercicio de la abogacía y de la notaría

por violar el Canon 9 del Código de Ética

Profesional, supra.

La señora Villanueva Sánchez deberá notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su

inhabilidad para continuar representándoles. Además,

deberá devolver los expedientes de los casos

pendientes, así como los honorarios recibidos por

trabajos no realizados. De igual manera, deberá

informar inmediatamente de su suspensión a cualquier

foro judicial y administrativo en los que tenga algún

asunto pendiente. También, deberá acreditar a este

Tribunal el cumplimiento con lo anterior dentro del

término de treinta (30) días, contado a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

No hacerlo podría conllevar que no se le reinstale a

la práctica de la profesión legal, de solicitarlo en

el futuro.

Por otro lado, se le ordena al Alguacil de este

Tribunal incautar inmediatamente la obra y el sello

AB-2021-0045

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notarial de la señora Villanueva Sánchez y entregarlos al

Director de la ODIN para el correspondiente examen e

informe. Además, en virtud de la suspensión inmediata e

indefinida del ejercicio de la notaría, la fianza que

garantiza las funciones notariales de la señora Villanueva

Sánchez queda automáticamente cancelada. Esta fianza se

considerará buena y válida por tres (3) años después de su

terminación, en cuanto a los actos realizados durante el

periodo en que ésta estuvo vigente.

Notifíquese a la señora Villanueva Sánchez de esta

Opinión Per Curiam y Sentencia por medio del correo

electrónico registrado en el Registro Único de Abogados.

Notifíquese personalmente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo