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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Reyes Santaella v. Toledo Santana

2025 TSPR 76

Poder Judicial de Puerto Rico

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Reyes Santaella v. Toledo Santana

CC-2024-0490

29 de julio de 2025 · Sentencia con Opiniones de Conformidad · Sentencia con Opiniones de Conformidad

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Reyes Santaella

Certiorari

Recurrida

2025 TSPR 76

v.

216 DPR ___

Omara Toledo Santana

Peticionaria

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0490

29 de julio de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcda. Melissa Hernández Romero

Lcdo. Javier A. Torres Rivera

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Luis R. Santini Gaudier

Representantes legales del Amicus Curiae:

Lcda. Luisselle Quiñones Maldonado

Lcdo. Alejandro Figueroa Quevedo

Materia: Sentencia con opiniones de conformidad.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como

un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Reyes Santaella

Recurrida

CC-2024-0490

v.

Certiorari

Omara Toledo Santana

Peticionaria

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de julio de 2025.

Atendido el recurso de certiorari presentado por la

parte peticionaria, el cual fue expedido el 6 de diciembre

de

2024,

se

revoca

el

dictamen

del

Tribunal

de

Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso al

Tribunal de Primera Instancia con el único fin de que

determine si las organizaciones sin fines de lucro que

representan a la parte peticionaria están cubiertas por la

Ley Núm. 81 de 26 de junio de 1964, conocida como Ley para

eximir a las personas que sean atendidas por las clínicas

de asistencia legal de las escuelas de derecho de Puerto

Rico del pago de toda clase de derechos, aranceles,

contribuciones o impuestos, 4 LPRA sec. 303a et seq., o si

cumplen con los requisitos para beneficiarse de la Ley

Núm. 122 de 9 de junio de 1967, conocida como Ley para

eximir de toda clase de aranceles a la Corporación de

Servicios Legales de Puerto Rico y otras entidades

análogas, 32 LPRA sec. 1500 et seq.1 En caso contrario, el

Tribunal

de Primera Instancia deberá reexaminar

la

capacidad económica de la peticionaria para fines de

considerar una exención de fianza en apelación. Esta

determinación deberá emitirse en un término no mayor de

1Véase,

Reglamento para solicitar el certificado de

exención en el pago de sellos, aranceles, contribuciones o

impuestos de cualquier naturaleza requeridos en el trámite

de procesos judiciales, certificaciones administrativas o

en documentos notariales del Departamento de Justicia,

Reglamento Núm. 9537 de 1 de marzo de 2024.

CC-2024-0490

diez (10)

Sentencia.

días

2

a

partir

de

la

notificación

de

esta

Se ordena al Tribunal de Primera Instancia actuar

conforme a lo aquí resuelto sin necesidad de esperar por

nuestro mandato.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

emitió una Opinión de conformidad a la cual se unieron la

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez y el Juez Asociado señor

Colón Pérez. El Juez Asociado señor Candelario López

emitió una Opinión de conformidad. La Jueza Asociada

Rivera Pérez no interviene.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Reyes Santaella

Recurrida

CC-2024-0490

Certiorari

v.

Omara Toledo Santana

Peticionaria

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se unen la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ y el Juez Asociado Señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de julio de 2025.

En esta ocasión, debemos atender una situación que

enfrentan

varias

organizaciones

sin

fines

de

lucro

que

prestan servicios a personas indigentes, ejemplificada en el

caso y controversia que nos ocupa. Específicamente, este

Tribunal debe intervenir con la desestimación de un recurso

de

apelación

por

una

presunta

falta

de

jurisdicción.

Particularmente, nos corresponde evaluar si el Tribunal de

Primera Instancia erró al imponer una fianza en apelación a

una

parte

representada

representación

legal

por

gratuita

entidades

a

personas

que

proveen

de

escasos

recursos. En consecuencia, debemos considerar si el Tribunal

de

Apelaciones

actuó

incorrectamente

al

desestimar

el

CC-2024-0490

recurso

2

apelativo

basándose

en

que

la

peticionaria

no

consignó la fianza debido a su alegado estado de insolvencia.

Adelantamos que los hechos específicos del caso nos

llevan a concluir que el foro apelativo intermedio erró al

desestimar el recurso apelativo. Con este breve contexto en

mente, procedemos a analizar los hechos que enmarcan esta

controversia.

I.

El 19 de abril de 2024, la Sra. Dolores Reyes Santaella

(señora Reyes Santaella o recurrida) presentó una Demanda de

desahucio en precario contra la Sra. Omara Toledo Santana

(señora Toledo Santana o peticionaria). En su escrito, alegó

que el 15 de abril de 2023 firmó un contrato de arrendamiento

mediante el cual alquiló a la peticionaria un inmueble de su

propiedad, localizado en la urbanización Villa Carolina,

Puerto Rico, por un período de un (1) año. Arguyó que el

contrato venció el 15 de abril de 2024 y que, tras su

vencimiento,

la

señora

Toledo

Santana

permaneció

en

la

propiedad de forma precaria y en contra de su voluntad

expresa.

A

tales

peticionaria,

así

efectos,

solicitó

el

como

pago

honorarios

el

de

desalojo

de

la

legales

ascendentes a $1,500.00, además de los gastos y costas del

proceso. En apoyo a su reclamación, adjuntó una copia del

contrato de arrendamiento.

El 30 de mayo de 2024, la peticionaria compareció

representada por la Oficina Legal de la Comunidad Inc. (OLC)

CC-2024-0490

3

y el Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho

a la Ciudad (Proyecto DeCiudad), organizaciones que tienen

un consorcio y prestan servicios conjuntamente con la Clínica

de

Asistencia

Legal

de

la

Facultad

de

Derecho

de

la

Universidad Interamericana de Puerto Rico, y presentó una

Moción

asumiendo

representación

legal

y

solicitud

de

desestimación. En esencia, argumentó que la demanda debía

desestimarse por falta de legitimación activa, debido a que

la recurrida no había demostrado ser la propietaria del

inmueble. Asimismo, arguyó que, aunque el contrato era por

el término de un (1) año, este se había mantenido vigente,

ya que continuó efectuando los pagos mensuales que fueron

aceptados por la señora Reyes Santaella. Así, sostuvo que el

contrato

se

había

renovado

mensualmente

conforme

a

la

doctrina de tácita reconducción. En respaldo a su solicitud,

adjuntó copia de un correo electrónico en el que el abogado

de la recurrida expresó que su representada no contaba con

una escritura pública a su nombre respecto al inmueble en

controversia y que se encontraba tramitando un expediente de

dominio. También incluyó copias de pagos realizados a favor

de la señora Reyes Santaella entre febrero y mayo de 2024.

Ese

mismo

sometiendo

1Cabe

día1,

la

recurrida

presentó

testamento

y

certificación,

con

una

Moción

el

fin

de

señalar que, en la mañana del 30 de mayo de 2024,

se celebró una vista de desahucio con la comparecencia de

ambas partes. Los representantes legales de la peticionaria

expusieron sus argumentos en apoyo a su solicitud de

desestimación, mientras que el abogado de la recurrida

CC-2024-0490

4

acreditar que el Sr. Felipe Castillo Lamboy le adjudicó,

como parte del tercio de libre disposición, el inmueble

objeto del contrato de arrendamiento. Además, alegó que había

formado una comunidad de bienes con el causante, que fue

designada

su

albacea

universal

y

administradora

de

sus

bienes, y que, desde su fallecimiento, había poseído el

inmueble

en

calidad

de

dueña.

Con

base

en

estos

señalamientos, afirmó que contaba con legitimación activa,

por

lo

que

la

demanda

no

debía

desestimarse

bajo

ese

fundamento.

El 31 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución en la que determinó que las alegaciones

contenidas en la demanda y en las mociones eran suficientes

para

establecer

una

causa

de

acción

válida.

Asimismo,

concluyó que la acción de desahucio constituía un acto de

administración que no requería la concurrencia de todos los

miembros de una sucesión. En consecuencia, declaró no ha

lugar la solicitud de desestimación. A su vez, dictó una

Sentencia mediante la cual declaró con lugar la demanda,

ordenó el desalojo de la señora Toledo Santana en un plazo

de treinta (30) días e impuso una fianza en apelación de

$800.00.

presentó su oposición. Al concluir la vista, el foro primario

se reservó el fallo e indicó que atendería las mociones que

presentaron ambas partes y emitiría una determinación por

escrito. Véase, Minuta de la vista celebrada mediante

videoconferencia, Apéndice del recurso de certiorari de la

peticionaria, pág. 102.

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5

En igual fecha, la peticionaria presentó una Moción de

reconsideración a fijación de fianza en apelación, en la que

solicitó al foro primario que la eximiera del requisito de

fianza debido a su condición de insolvencia. Señaló que, en

Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408 (2009),

el Tribunal Supremo reconoció que la insolvencia económica

puede surgir del récord del caso, lo cual ocurría en este

pleito. Lo anterior, debido a que estaba representada por la

OLC

y

el

Proyecto

DeCiudad,

iniciativas

que

ofrecen

representación legal gratuita a personas de escasos recursos

económicos. Por tanto, aseguró que estaba exenta del pago de

la fianza en apelación.2

Por otro lado, el 7 de junio de 2024, la señora Toledo

Santana acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un Escrito

de apelación. Como resultado de ello, el 10 de junio de 2024,

el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la que

dispuso la paralización de los procedimientos post-sentencia

hasta que el foro apelativo intermedio emitiera su dictamen.

2En

relación con esta moción, el 8 de julio de 2024 —

luego de haberse presentado un recurso de apelación y emitido

un Sentencia por parte del Tribunal de Apelaciones— el

Tribunal de Primera Instancia dictó una Resolución en la que

declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración sobre la

fijación de la fianza en apelación. Sustentó su determinación

en que, dada la naturaleza sumaria de las acciones de

desahucio,

las

mociones

de

reconsideración

resultan

improcedentes, ya que podrían extender los términos y, por

ende, contravenir el principio de celeridad que caracteriza

este tipo de procesos. Véase, Resolución del Tribunal de

Primera Instancia, Íd., pág. 114.

CC-2024-0490

Como

parte

6

de

sus

argumentos

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones, la peticionaria sostuvo que el foro primario

incurrió en error al reconocerle legitimación activa a la

recurrida para presentar la acción de desahucio sin la

comparecencia ni autorización de los demás miembros de la

sucesión relacionada con el inmueble, quienes, arguyó, eran

partes indispensables. En segundo lugar, argumentó que se

resolvió la demanda sin atender el planteamiento de la tácita

reconducción. Asimismo, señaló que se dictó Sentencia sin

celebrarse una vista en su fondo y con base en evidencia a

la que no tuvo acceso, y que no fue estipulada, autenticada

ni admitida conforme a las Reglas de Evidencia.3 Por último,

alegó que el foro primario también erró al no relevarla de

la fianza en apelación.

Sin la comparecencia de la recurrida, el 21 de junio de

2024, el Tribunal de Apelaciones dictó una Sentencia mediante

3Sobre

este señalamiento de error, la peticionaria

enfatizó que, al momento de celebrarse la vista de desahucio

el 30 de mayo de 2024, no tuvo acceso a los documentos

adjuntos a la Moción sometiendo testamento y certificación

presentada por la recurrida, ya que estos fueron clasificados

como confidenciales en el expediente electrónico del Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Indicó

que los recibió por correo electrónico una vez concluyó la

vista. Por ello, argumentó que, si bien se celebró una vista

en esa fecha, no se llevó a cabo una vista en su fondo en la

que pudiera examinar la prueba adjunta a la moción, ni

confrontar o contrainterrogar a la recurrida sobre los

aludidos documentos, lo cual, según expresó, constituyó una

violación a su debido proceso de ley. Escrito de apelación,

Íd., págs. 20-23 y 36-37.

CC-2024-0490

7

la cual desestimó el recurso por falta de jurisdicción.4

Fundamentó

su

decisión

en

Instancia

no

realizó

una

determinación

previa

pesar

que

la

compareció

insolvencia,

a

de

que

el

Tribunal

de

peticionaria

Primera

de

representada por la OLC, entidad cuya creación fue propulsada

por Servicios Legales de Puerto Rico, y el Proyecto DeCiudad,

organización sin fines de lucro que trabaja conjuntamente en

consorcio con la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad

de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Así, al haberse impuesto una fianza apelativa de $800.00 y

esta

no

haber

sido

consignada

dentro

del

término

jurisdiccional de cinco (5) días establecido en el Art. 631

del Código de Enjuiciamiento Civil, infra, concluyó que

carecía de jurisdicción para considerar el recurso en sus

méritos.

El 8 de julio de 2024, la señora Toledo Santana presentó

una

Solicitud

Apelaciones

en

de

reconsideración

la

que

ante

argumentó

el

Tribunal

de

que,

conforme

a

jurisprudencia del Tribunal Supremo, del expediente se podía

determinar su estado de insolvencia, por lo que debía ser

eximida de la fianza en apelación. Por lo tanto, solicitó

que se atendiera el recurso en sus méritos y se revocara la

4Adviértase

que el foro intermedio prescindió de la

comparecencia de la señora Reyes Santaella al amparo de la

facultad que le confiere la Regla 7(B)(5) del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 7(B)(5).

Véase, Sentencia del Tribunal de Apelaciones en el caso

identificado con el alfanumérico KLAN202400566, pág. 5.

CC-2024-0490

8

determinación del foro de primera instancia o, en su defecto,

se convirtiera el caso en uno de procedimiento ordinario.

Sin embargo, el 11 de julio de 20245, el foro apelativo

intermedio

declaró

no

ha

lugar

la

solicitud

de

reconsideración.6

El 12 de agosto de 2024, la peticionaria compareció

ante este Tribunal mediante una Solicitud de certiorari. Como

único señalamiento de error, sostuvo que el Tribunal de

Apelaciones erró al declararse sin jurisdicción para atender

el recurso apelativo en sus méritos. Lo anterior, bajo el

fundamento de que era necesaria la presentación de la fianza

en apelación, a pesar de que del expediente surgía que la

señora Toledo Santana es una persona indigente, cualificada

y representada por la OLC y la Clínica de Asistencia Legal

de

la

Universidad

consiguiente,

Interamericana

solicitó

que

se

de

Puerto

ordenara

al

Rico.

Por

Tribunal

de

Apelaciones resolver el caso en sus méritos, sin exigir el

pago de la fianza como condición para asumir su jurisdicción.

Así las cosas, el 6 de diciembre de 2024, notificada el

9 de diciembre de 2024, emitimos una Resolución en la que

expedimos el auto de certiorari solicitado.

5El

12 de julio de 2024 se notificó a las partes la

Resolución que el Tribunal de Apelaciones emitió a esos

efectos. Véase, Apéndice del recurso de certiorari de la

peticionaria, pág. 139.

6En

efecto, el panel compuesto por la jueza Ortiz

Flores, el juez Rivera Torres, y el juez Campos Pérez declaró

no ha lugar la solicitud de reconsideración. Ahora bien, la

jueza Rivera Pérez hubiera reconsiderado. Íd.

CC-2024-0490

9

El 26 de diciembre de 2024, la señora Reyes Santaella

presentó ante este Foro un escrito titulado Comparecencia

especial de la demandante.7 En esencia, alegó que no cuenta

con

ingresos

suficientes

para

cubrir

los

procedimientos

post-sentencia y que la peticionaria ha ocupado su propiedad

sin pagar renta desde julio de 2024. Manifestó que, según el

Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, infra, la

peticionaria disponía de un término jurisdiccional de cinco

(5) días para presentar su apelación a partir de la Sentencia

del Tribunal de Primera Instancia, emitida y notificada el

31 de mayo de 2024, por lo que debía hacerlo a más tardar el

5 de junio. No obstante, afirmó que la presentación se

realizó el 7 de junio. Por ello, argumentó que el foro

apelativo intermedio carecía de jurisdicción, incluso sin

considerar la falta de consignación de la fianza. En vista

de ello, solicitó que se declarara no ha lugar el recurso

de certiorari y se ordenara la entrega de su inmueble.

Por su parte, el 10 de febrero de 2025, la señora Toledo

Santana presentó el Alegato de la parte peticionaria. En

este, reiteró los argumentos que expuso en su recurso de

certiorari, así como en los escritos que presentó ante los

foros inferiores.

Cabe mencionar que, el 13 de febrero de 2025, Servicios

Legales de Puerto Rico, Inc. (SLPR) solicitó comparecer como

7Adviértase

que la comparecencia en cuestión se presentó

sin acompañar documentación alguna.

CC-2024-0490

10

amicus curiae.8 El 20 de febrero de 2025 declaramos ha lugar

su petición.

Con el beneficio de la comparecencia de todas las

partes, procedemos a resolver, no sin antes examinar el

Derecho aplicable a la controversia.

II.

A.

El desahucio es el medio legal que tiene disponible la

persona

propietaria

de

un

inmueble

para

recobrar

judicialmente la posesión de su propiedad. Adm. Vivienda

Pública v. Vega Martínez, 200 DPR 235, 240 (2018). Esta

acción puede incoarse mediante un proceso ordinario o un

proceso sumario. Íd.

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el

desahucio sumario es un procedimiento regulado por los Arts.

620-634 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs.

2821-2838. Esta normativa responde al interés del Estado en

resolver de manera expedita la reclamación de la persona

dueña de un inmueble cuyo derecho a poseer y disfrutar de su

8En

su petición, informó que es una organización sin

fines de lucro dedicada a la educación, el asesoramiento y

la representación legal de personas de escasos recursos

económicos

ante

agencias

gubernamentales,

tribunales,

asuntos notariales y otros procesos legales. Señaló que una

de sus prioridades es representar a personas demandadas en

casos de desahucio en los que se han emitido sentencias sin

la celebración de vistas, sin determinaciones de insolvencia

y sin conceder la exención del pago de la fianza en

apelación. En virtud de ello, solicitó autorización para

comparecer como amicus curiae con el propósito de brindar

una óptica que complemente los argumentos, datos e

información que presenten las partes.

CC-2024-0490

11

propiedad ha sido interrumpido. ATPR v. SLG Vomar-Mathieu,

196 DPR 5, 9 (2016); Turabo Ltd. Partnership v. Velardo

Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 (1992); Mora Dev. Corp. v.

Sandín,

118

DPR

733,

749

(1987).

Como

resultado

del

procedimiento, puede ordenarse el lanzamiento o la expulsión

de la persona arrendataria o precarista que detenta el

inmueble sin pagar canon. ATPR v. SLG Vomar-Mathieu, supra,

pág. 10.

En efecto, la acción de desahucio constituye “uno de

los

procedimientos

más

utilizados

en

nuestro

país

para

reivindicar, mediante trámite y juicio sumario, la posesión

y el disfrute de un inmueble”. Turabo Ltd. Partnership v.

Velardo Ortiz, supra.

B.

Las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera

Instancia

en

susceptibles

procedimientos

de

apelación.

de desahucio sumario

Art.

628

del

Código

son

de

Enjuciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2830. En ese sentido, la

parte que resulte adversamente afectada por una sentencia

de desahucio sumario puede presentar un recurso de apelación

en un término jurisdiccional de cinco (5) días, contados a

partir de la fecha en que se archive en autos la notificación

de la sentencia.9 Art. 629 del Código de Enjuciamiento Civil,

9La

Asamblea Legislativa, mediante la Ley Núm. 86-2011,

enmendó

el

Art.

629

del

Código

de

Enjuiciamiento

Civil, supra, y redujo el término para apelar una sentencia

de desahucio sumario de treinta (30) días a cinco (5) días.

CC-2024-0490

12

supra; Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra, pág.

240.

Cabe señalar que, como norma general, las Reglas de

Procedimiento

Civil

rigen

en

todo

procedimiento

de

naturaleza civil que se lleve a cabo ante el Tribunal General

de Justicia. Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA

Ap.

V.

Específicamente,

Civil, supra,

ilustra

la

Regla

68.1

de

cómo

se

computan

Procedimiento

los

términos

establecidos por estas reglas, por orden del tribunal o por

disposición de cualquier estatuto civil aplicable. En gran

medida, el modo en que se computa un término depende de la

cantidad de días que lo conforman.

En cuanto a los términos menores de siete (7) días,

como ocurre en procedimientos de desahucios sumarios, estos

comienzan a computarse a partir del día siguiente al acto o

evento que los activó, excluyéndose del cómputo el día en

que este evento o acto ocurrió. Regla 68.1 de Procedimiento

Civil, supra. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre

al computar los términos que consisten en siete (7) días o

más, en estos casos también se excluyen del cómputo los

sábados, domingos y días de fiesta legal que ocurren entre

medio. Íd. Ahora bien, si el último día del término es un

sábado, domingo o día festivo legal, el término se extiende

hasta el fin del próximo día laborable, como ocurre con los

demás términos. I

́d.

CC-2024-0490

13

Además, este Tribunal ha expresado que el mecanismo

provisto por la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra,

aplica al término jurisdiccional de cinco (5) días que el

Art. 629 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, provee

para

apelar

una

sentencia

de desahucio sumario.

Adm.

Vivienda Pública v. Vega Martínez, supra, págs. 243-245.

C.

Por otro lado, en los casos de desahucio sumario, la

parte demandada debe consignar una fianza como condición

previa para presentar un recurso de apelación respecto a la

sentencia que se dictó en su contra. Art. 630 del Código de

Enjuiciamiento Civil, supra. Este requisito es de carácter

jurisdiccional en todo pleito de desahucio, incluso cuando

la reclamación no se fundamenta en la falta de pago. Crespo

Quiñones v. Santiago Velázquez, 176 DPR 408, 413 (2009);

Blanes v. Valldejuli, 73 DPR 2, 5 (1952). Lo anterior obedece

a que la fianza no tiene como único fin garantizar los pagos

adeudados, sino que también busca responder por los posibles

daños que puedan surgir al restringir el uso libre de la

propiedad mientras se dilucida el proceso apelativo. Art.

630 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra.

En ese sentido, corresponde al Tribunal de Primera

Instancia fijar la fianza, como paso previo y jurisdiccional

a la presentación del recurso de apelación. ATPR v. SLG

Vomar-Mathieu, supra, pág. 12; Crespo Quiñones v. Santiago

Velázquez, supra, págs. 413-414 (citando la Exposición de

CC-2024-0490

14

Motivos de la Ley Núm. 378-2000).10 En consecuencia, hasta

tanto el foro primario no fije en la sentencia el monto de

la fianza, la sentencia carece de finalidad y, por ende, el

término jurisdiccional de cinco (5) días para presentar la

apelación no empieza a transcurrir. ATPR v. SLG VomarMathieu, supra, pág. 15.

De otro lado, al tratarse de un requisito de naturaleza

jurisdiccional, la falta de la consignación de la referida

fianza

impide

jurisdicción

que

para

el

Tribunal

atender

el

de

Apelaciones

recurso

de

adquiera

apelación.

No

obstante, aquellos demandados o demandadas cuya insolvencia

económica ha sido reconocida por el tribunal están exentos

de cumplir con este requisito, pues su situación económica

les imposibilita satisfacerlo. ATPR v. SLG Vomar-Mathieu,

supra, pág. 12; Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR

153, 158 (1990). Incluso, la Regla 69.6(d) de Procedimiento

Civil,

supra,

dispone

que,

en

los

procedimientos

de

naturaleza civil, no se exigirá la prestación de una fianza

cuando se trate de una parte litigante insolvente que esté

expresamente exceptuada por ley para el pago de aranceles y

derechos de presentación. Esta norma es cónsona con la

política legislativa de garantizar el acceso a los tribunales

10La

Ley Núm. 378-2000 enmendó el Art. 630 del Código

de Enjuiciamiento Civil, supra, con el fin de establecer que

el monto de la fianza en apelación en casos de desahucio

será fijado por el Tribunal de Primera Instancia.

CC-2024-0490

15

a las personas insolventes. Bucaré Management v. Arriaga

García, supra, págs. 154 y 158.

En lo aquí material, y a modo analógico, es pertinente

señalar que, en Crespo Quiñones v. Santiago Velázquez, supra,

el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de

jurisdicción, luego de que la parte demandada no consignara

la fianza en apelación por su alegado estado de insolvencia.

Ahora

bien,

una

vez

el

recurso

estuvo

ante

nuestra

consideración, reconocimos que la condición de insolvencia

de la allí demandada surgía del expediente del caso. Por tal

razón, resolvimos que el foro apelativo intermedio debió

haberla eximido del requisito de fianza y asumir jurisdicción

para atender el recurso. En vista de ello, concluimos que

dicho foro erró al desestimar la apelación.

D.

La Ley Núm. 81 de 26 de junio de 1964, conocida como la

Ley para eximir a las personas que sean atendidas por las

clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho de

Puerto Rico del pago de toda clase de derechos, aranceles,

contribuciones o impuestos, 4 LPRA sec. 303a et seq. (Ley

Núm. 81-1964), fue promulgada con el propósito de facilitar

el acceso a servicios legales gratuitos para personas de

escasos

recursos.

Para

ello,

dispuso

la

exención

del

requisito de pago de sellos legales en los casos atendidos

por estas clínicas con el fin de agilizar la labor del

estudiantado practicante en las Escuelas de Derecho del país

CC-2024-0490

16

y eliminar obstáculos económicos para la ciudadanía que

requiera asistencia legal gratuita. Véase, Exposición de

Motivos de la Ley Núm. 81-1964, supra.

Similarmente, la Ley Núm. 122 de junio de 1967, conocida

como

la

Ley

para

eximir

de

toda

clase

de

aranceles

a

la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y otras

entidades análogas, 32 LPRA sec. 1500 et seq. (Ley Núm. 1221967), se creó ante la imperiosa necesidad de brindar a las

personas indigentes toda la ayuda legal posible, de modo que

puedan

cobrar

plena

conciencia

de

sus

derechos.

Véase,

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 122-1967, supra.

Conforme a lo establecido en esta ley, tanto Servicios

Legales de Puerto Rico, Inc., como las entidades análogas

sin fines de lucro están exentas de cubrir cualquier cargo

asociado

al trámite de los casos o asuntos en que estuvieren

interviniendo a beneficio de las personas a

quienes

están

prestando

servicios

legales

gratuitos, del pago de toda clase de derechos,

aranceles, contribuciones o impuestos de cualquier

naturaleza dispuestos por las leyes vigentes para

la tramitación de procedimientos judiciales y la

expedición de certificaciones en los centros del

Gobierno Estatal, incluyéndose el sello forense y

los impuestos notariales. (Negrillas suplidas).

Art. 1, Ley Núm. 122-1967, supra.

Ahora bien, para que una persona pueda recibir servicios

legales de forma gratuita, debe ser previamente cualificada

por Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., o por alguna

entidad análoga. Servicios Legales et al. v. Registradora,

211 DPR 393, 409-410 (2023). La responsabilidad de evaluar

CC-2024-0490

17

si una persona cumple con los requisitos para acceder a dicha

asistencia recae exclusivamente en estas organizaciones sin

fines de lucro. Íd. Nótese que la cualificación tiene como

propósito asegurar que los servicios legales gratuitos se

otorguen únicamente a personas indigentes. Íd.

Expuesto el Derecho pertinente, procedemos a discutir

su aplicación a esta controversia.

III.

Según se adelantó, este Tribunal debe determinar si el

Tribunal de Primera Instancia erró al imponer una fianza en

apelación a una parte representada por entidades que proveen

representación

legal

recursos.

consecuencia,

En

gratuita

a

personas

corresponde

de

evaluar

escasos

si

el

Tribunal de Apelaciones incurrió en error al desestimar el

recurso apelativo por la falta de consignación de la fianza

ante la alegación de insolvencia de la peticionaria.

A modo de repaso, la señora Reyes Santaella presentó

una acción de desahucio en precario contra la señora Toledo

Santana. Alegó que el contrato de arrendamiento por un (1)

año que existía entre ambas venció y que, pese a ello, la

peticionaria continuó ocupando su propiedad en contra de su

voluntad expresa. En el proceso, la señora Toledo Santana

compareció representada por la OLC y el Proyecto DeCiudad.

Tras varias etapas procesales, el foro de primera instancia

declaró con lugar la demanda e impuso una fianza en apelación

de $800.00, la cual fue impugnada ante los foros inferiores.

CC-2024-0490

18

Posteriormente, la peticionaria presentó un recurso de

apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el

foro intermedio se declaró sin jurisdicción debido a que no

se consignó la fianza de $800.00. Ante tal determinación, la

señora Toledo Santana recurrió ante este Tribunal.

Antes de abordar los méritos del reclamo relacionado

con

la

fianza

en

apelación,

es

necesario

atender

el

planteamiento de índole jurisdiccional que formuló la señora

Reyes Santaella en su Comparecencia especial de la demandante

ante este Tribunal. La recurrida señaló que, según el Art.

629

del

Código

de

Enjuiciamiento

Civil,

supra,

la

peticionaria contaba con un término jurisdiccional de cinco

(5) días, a saber, hasta el 5 de junio de 2024, para presentar

su apelación a partir de la Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia, emitida y notificada el 31 de mayo de 2024. Afirmó

que la apelación se presentó el 7 de junio, por lo que el

foro apelativo intermedio carecía de jurisdicción, incluso

sin considerar la falta de consignación de la fianza.

Este Tribunal ha sostenido previamente que el mecanismo

dispuesto en la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra,

sobre el cómputo de términos, resulta aplicable al término

jurisdiccional de cinco (5) días establecido en el Art. 629

del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, para apelar una

sentencia de desahucio sumario. Adm. Vivienda Pública v.

Vega Martínez, supra, págs. 243-245. Tomando eso en cuenta,

si bien es cierto que desde el 31 de mayo de 2024 —fecha en

CC-2024-0490

19

que se emitió y notificó la sentencia impugnada— hasta el 5

de junio transcurrieron cinco (5) días calendarios, el 1 y

2

de

junio

correspondieron

a

sábado

y

domingo,

respectivamente. Por tanto, estos días debían excluirse del

cómputo

conforme

a

la

Regla

68.1.

Esto

implica

que

la

peticionaria tenía hasta el 7 de junio de 2024 para acudir

al Tribunal de Apelaciones, término que cumplió en este caso.

Atendido el asunto jurisdiccional, corresponde evaluar

lo relacionado con la fianza. Este Tribunal también ha

expresado que, para recibir servicios legales gratuitos, una

persona

debe

ser

previamente

Legales

de

Puerto

Rico,

cualificada

Inc.,

o

por

por

Servicios

alguna

entidad

similar. Servicios Legales et al. v. Registradora, supra,

págs. 409-410.

Además, estas entidades sin fines de lucro están exentas

de pagar cualquier cargo relacionado con los casos o asuntos

en que intervienen a favor de las personas beneficiarias de

estos servicios. Esta exención incluye todo tipo de derechos,

aranceles,

contribuciones

o

naturaleza

establecidos

las

por

impuestos

leyes

de

vigentes

cualquier

para

la

tramitación de los procedimientos judiciales. Art. 1, Ley

Núm. 122-1967, supra.

A la luz del expediente ante nuestra consideración,

queda evidenciado que la señora Toledo Santana se encuentra

en un estado de insolvencia que le imposibilita cumplir con

el requisito de afianzamiento exigido para presentar un

CC-2024-0490

20

recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Tal

condición económica fue reconocida por entidades que brindan

servicios

legales

gratuitos

a

personas

indigentes,

específicamente la OLC y el Proyecto DeCiudad, las cuales

prestan servicios sin fines de lucro en consorcio con la

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de

Puerto Rico y análogas a Servicios Legales de Puerto Rico.

Lo anterior, tras haber sido previamente cualificada para

recibir la representación legal gratuita que estas entidades

ofrecen.

Por otro lado, al final de todas las mociones de la

peticionaria se consigna que estas se presentan libre de

derechos, conforme a la Ley Núm. 81-1964, supra, al estar

representada

por

la

Clínica

de

Asistencia

Legal

de

la

Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de

Puerto Rico.11

A su vez, el propio Tribunal de Primera Instancia, a

petición de la representación legal de la señora Toledo

Santana, la eximió del pago de los aranceles correspondientes

a la solicitud de regrabación de la vista de desahucio —cuyo

costo era de $12.00— por estar representada por entidades

exentas

de

cubrir

toda

11Concretamente,

clase

de

cargos

asociados

a

la

al final de cada uno de los escritos

presentados por la peticionaria se indica que este “[s]e

presenta libre de derechos, 4 LPRA § 303a(2021), por las

partes comparecientes ser representadas por la Oficina Legal

de la Comunidad, Inc., y la Clínica de Asistencia Legal de

la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de

Puerto Rico”.

CC-2024-0490

21

tramitación de casos judiciales cuando actúan en beneficio

de personas indigentes, conforme a la Ley Núm. 122-1967,

supra.12 Por lo tanto, al haberla eximido del pago de la

regrabación, procedía también reconocer la exención del pago

de la fianza en apelación, mediante una determinación de

indigencia.

Tal exención no solo es coherente con el marco legal

vigente,

sino

que

responde

al

propósito

legislativo

de

garantizar el acceso a la justicia a las personas de escasos

recursos. Así lo ha reiterado este Tribunal al sostener que

cuando

la

insolvencia

económica

de

una

parte

ha

sido

reconocida por el tribunal o se desprende del expediente, se

justifica la exención del requisito de fianza. Véanse Crespo

Quiñones v. Santiago Velázquez, supra; Bucaré Management v.

Arriaga García, supra, pág. 158.

Resolver

en

sentido

contrario

atentaría

contra

el

debido proceso de ley y la igual protección de las leyes de

la peticionaria, en tanto tiene el efecto de privarla de su

derecho

a

apelar

la

decisión

del

Tribunal

de

Primera

12Véase,

Apéndice del alegato de la peticionaria, págs.

140-151. En concreto, el Tribunal de Primera Instancia

dispuso en su Resolución del 9 de octubre de 2024 lo

siguiente:

Ha lugar. Se ordena que se realice la regrabación

de la vista celebrada el 30 de mayo de 2024, en un

término de 10 días, sin imponerle a la parte

demandada el pago de los aranceles que se

solicitan, por ésta estar representada por la

Oficina Legal de la Comunidad de la Facultad de

Derecho de la UIPR. (Negrillas suplidas).

CC-2024-0490

22

Instancia, por pertenecer a la clase insolvente. Además,

implicaría imponerle a la OLC y al Proyecto DeCiudad la carga

de

asumir

el

pago

de

la

salvaguardar

los

derechos

importante,

ignoraríamos

fianza

con

de

representada.

el

su

mandato

el

único

legislativo

fin

No

de

menos

que

les

proveyó a estas entidades una amplia exención monetaria de

cualquier naturaleza que impida el acceso a los tribunales

de una persona representada en condición de insolvencia.

Recordemos

que

“los

requisitos

especiales

del

procedimiento sumario [requieren que se] protejan no solo el

interés del dueño en recuperar rápidamamente la posesión del

inmueble, sino también el derecho del demandado a tener un

procedimiento justo conforme al debido proceso de ley”.13

ATPR v. SLG Vomar-Figueroa, supra, pág. 13 (citando a la

Comisión de lo Jurídico Civil del Senado en su Informe

Positivo sobre el Proyecto del Senado 1776 (eventual Ley

Núm. 86-2011) el cual, con el propósito de agilizar el

Cabe destacar que, como parte de la protección del

derecho de un demandado a un proceso de desahucio justo, es

necesario aplicar, cuando corresponda, el Protocolo para la

atención, orientación y referido de personas sin hogar que

se presentan en el Tribunal de Primera Instancia. Este

protocolo fue creado, entre otros fines, para atender asuntos

de índole legal en los que se identifique la existencia de

un caso o controversia que involucre a una persona sin hogar

o en riesgo de perder su hogar.

13

De esta manera, conforme a este protocolo, en aquellos

casos donde estén presentes menores de edad, el Tribunal de

Primera Instancia deberá ordenar a la Secretaría del Tribunal

notificar con copia de la sentencia a los Departamentos de

la Familia y de la Vivienda, con el fin de que se le brinden

a la familia afectada los servicios correspondientes.

CC-2024-0490

23

procedimiento de desahucio, enmendó el Art. 629 del Código

de Enjuiciamiento Civil, supra, y redujo el término para

apelar la sentencia de treinta (30) días a cinco (5) días).

A

mi

juicio,

y

considerando

las

circunstancias

económicas particulares de la señora Toledo Santana que

surgen del expediente del caso, el Tribunal de Apelaciones

debió

reconocer

su

condición

de

insolvencia

y

asumir

jurisdicción para atender el recurso. Al no hacerlo, dicho

foro erró al desestimar la apelación.

IV.

Por los fundamentos antes expresados, estoy conforme

primordialmente con que se revoque la Sentencia emitida por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

En

consecuencia,

hubiese

ordenado la devolución del caso ante el foro apelativo

intermedio para que atendiera en los méritos el recurso

presentado por la señora Toledo Santana. No obstante, en

aras de colegiar, me subsumo en el criterio de que el

Tribunal de Primera Instancia constate si las entidades que

proveyeron representación legal a la peticionaria les cobija

la legislación que provee la exención aquí reclamada.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Dolores Reyes Santaella

Recurrida

v.

CC-2024-0490 Certiorari

Omara Toledo Santana

Peticionaria

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado SEÑOR

CANDELARIO LÓPEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de julio de 2025.

Mediante el presente recurso, la parte demandada en

un pleito de desahucio que compareció representada por dos

organizaciones que operan en consorcio con la Clínica de

Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de Universidad

Interamericana de Puerto Rico, nos solicitó que revocáramos

la determinación del Tribunal de Primera Instancia de

imponerle

una

fianza

en

apelación

tras

decretar

el

desahucio en precario. Al impugnar la imposición de la

fianza y la subsiguiente desestimación de su recurso de

apelación por falta de jurisdicción, nos invitó a resolver

la siguiente controversia: ¿deben los tribunales eximir

automáticamente del requisito de prestación de fianza en

apelación en un caso de desahucio a un inquilino que

comparece representado por una clínica de asistencia legal

o una corporación análoga a la Corporación de Servicios

Legales de Puerto Rico?

CC-2024-0490

2

Examinada

de

manera

aislada,

parece

inofensivo

responder a esta pregunta en la afirmativa. Sin embargo,

examinado

detenidamente

sustancialmente

el

distinta

expediente,

a

la

que

la

realidad

sugiere

ese

es

hecho

aislado. Surge del mismo que la peticionaria admitió que

cuenta

con

recursos

suficientes

para

pagar

la

renta

pactada. Ese fue precisamente su principal argumento para

impugnar al desahucio. Admite incluso que realiza pagos de

renta mensuales de $800.00, cantidad exactamente igual a

la que el Tribunal le impuso como fianza.

Bajo este escenario, es complicado estar de acuerdo

con la norma que propone que adoptemos. La controversia

ante

nuestra

consideración

es

realmente

la

siguiente:

¿debemos eximir del requisito de fianza en apelación a un

demandado cuya defensa contra el desahucio es precisamente

su capacidad para pagar la renta? Con el mayor de los

respetos,

entiendo

que

tribunales

no

condición

económica

deben

no.

Entiendo,

claudicar

de

las

su

además,

deber

partes

que

los

de

evaluar

la

y

emitir

las

determinaciones de insolvencia que correspondan, caso a

caso, basado en el derecho rogado por las partes, no de

manera automática.

La

Sentencia

que

hoy

emitimos

no

atiende

en

los

méritos esta controversia, en reconocimiento de que no

estamos en posición de determinar si estas entidades deben

ser tratadas como entidades análogas a la Corporación de

Servicios Legales de Puerto Rico, o si pueden beneficiarse

CC-2024-0490

3

de las exenciones que por disposición legal aplican a las

clínicas de asistencia legal cuando representan clientes

en probado estado de insolvencia. En su lugar, devuelve el

caso al foro primario para que determine si, en efecto,

aplican estas exenciones bajo las circunstancias de este

caso.

Por las razones que expongo a continuación, hubiese

confirmado la determinación tomada por el

Tribunal de

Apelaciones. Aun así, adelanto que, en ánimo de colegiar

esta controversia, emito un voto de conformidad con la

Sentencia emitida.

I.

El 19 de abril de 2024, la Sra. Reyes Santaella

presentó una demanda de desahucio en precario contra la

Sra. Toledo Santana, por esta última continuar en posesión

del inmueble arrendado habiendo ya vencido el contrato de

arrendamiento otorgado por las partes. En virtud de este

contrato, las partes pactaron el arrendamiento por un año,

comenzando el 15 de abril de 2023, a cambio de un canon

mensual de $800.00. No surge del contrato que la obligación

de pago de la demandada hubiese sido subsidiada en todo o

en parte bajo algún programa de asistencia económica del

Departamento de la Vivienda, del Departamento de la Familia

o por alguna otra entidad gubernamental estatal o federal.

Según la Sra. Reyes Santaella, desde la fecha de

vencimiento del contrato, el 1 de abril de 2024, hasta el

presente, la Sra. Toledo Santana continúa en posesión del

CC-2024-0490

4

inmueble en precario y “en contra de la voluntad expresa

de la parte demandante”, a pesar de haberle requerido que

desalojara

la

propiedad.

Por

tal

tazón,

solicitó

al

Tribunal de Primera Instancia que decretara el desahucio y

que ordenara el pago de $1,500 en honorarios de abogado.

En esa misma fecha, la Sra. Reyes Santaella presentó

un

formulario

de

emplazamiento

a

ser

expedido

por

el

Tribunal, y copia del contrato de arrendamiento vencido.

Del contrato efectivamente surge que la arrendataria se

obligó al pago de $800.00 mensuales a partir del 15 de

abril

de

2023.

Las

partes

hicieron

constar

que

la

arrendataria no recibía el inmueble en condiciones de

mudarse inmediatamente, sino con visible desgaste y falta

de mantenimiento, condiciones que también fueron descritas

en el contrato. La arrendataria se obligó a contratar los

servicios

de

un

contratista

para

retirar,

demoler

y

reemplazar el gabinete de la cocina, y a comprar pintura

para la pared y las rejas para pintar el inmueble. Para

ello, la arrendadora aceptó cotizaciones por la cantidad

de $1,500.00 para el gabinete y $330.98 por la pintura, las

cuales pagaría utilizando el dinero destinado a la fianza,

así como la renta de los meses de abril y mayo de 2023. La

arrendadora también autorizó a la arrendataria a realizar

mejoras adicionales, incluyendo la construcción de una

jardinera

en

arrendataria.

concreto

y

bloques,

al

costo

de

la

CC-2024-0490

5

Examinada la demanda presentada, el TPI pautó una

vista de desahucio para el 30 de mayo de 2024, y ordenó que

la Sra. Reyes Santaella diligenciara y notificara a la Sra.

Toledo Santana una copia de la citación y de la demanda

diez (10) días antes del señalamiento.

El 30 de mayo de 2024, la Sra. Toledo Santana presentó

una Moción asumiendo representación legal y solicitud de

desestimación. En primer término, informó que “solicitó y

cualificó” para recibir los servicios de la Oficina Legal

de la Comunidad Inc. (“OLC” o “la corporación”) y del

Proyecto de Desarrollo Económico y Comunitario y Derecho a

la Ciudad de la Facultad de Derecho de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico (“Proyecto De Ciudad”), por

lo cual ambas entidades asumían su representación legal.

Además, solicitó la desestimación de la demanda bajo el

fundamento de que la Sra. Reyes Santaella no cuenta con

legitimación activa para instarla por no ser titular del

inmueble ni contar con un poder que la faculte a hacerlo.

En

la

alternativa,

planteó

que

el

contrato

de

arrendamiento sigue vigente, pues no ha dejado de pagar la

renta

pactada

de

$800.00

mensuales

y

la

Sra.

Reyes

Santaella continuaba recibiendo sus pagos a esa fecha. En

consecuencia, reclama que el contrato se ha renovado mes a

mes

bajo

la

doctrina

de

tácita

reconducción.

A

estos

efectos, anejó a su moción evidencia de pagos remitidos a

la Sra. Reyes Santaella el 3 de febrero, 3 de marzo, 4 de

CC-2024-0490

6

abril y 5 de mayo de 2024, identificados como pagos de

renta, todos por la cantidad de $800.00.

En esta primera comparecencia, la Sra. Toledo Santana

informó lo siguiente:

Se presenta libre de derechos, 4 LPRA § 303a

(2021), por las partes comparecientes ser

representadas por la Oficina Legal de la

Comunidad, Inc., y la Clínica de Asistencia Legal

de la Facultad de Derecho de la Universidad

Interamericana de Puerto Rico.

Sin

embargo,

no

acreditó

la

naturaleza

de

esta

corporación, cómo ni para qué cualificó a la Sra. Toledo

Santana, si le brindaba sus servicios gratuitamente, ni las

circunstancias que la harían merecedora de estos servicios.

Tampoco

solicitó

cualesquiera

que

se

le

eximiera

aranceles

o

fianzas

del

pago

de

en

la

aplicables

eventualidad de obtener un resultado adverso en el proceso

de desahucio instado en su contra. Finalmente, no apercibió

al TPI sobre la necesidad de notificar la demanda al

Departamento

de

la

Familia

y

al

Departamento

de

la

Vivienda.

El 30 de mayo de 2024, la Sra. Reyes Santaella presentó

una

Moción

sometiendo

testamento

y

certificación

acreditando que el titular del inmueble en cuestión, don

Felipe Castillo Lamboy, otorgó testamento abierto en el

cual le adjudicó el tercio de libre disposición sobre la

propiedad, nombrándola además albacea y administradora de

sus bienes. Alegó haber creado con el Sr. Castillo Lamboy

una comunidad de bienes y poseer este inmueble en calidad

de dueña desde su fallecimiento, por lo que cuenta con

CC-2024-0490

7

legitimación para instar esta acción. Acompañó su moción

con copia del testamento otorgado por el Sr. Castillo

Lamboy, la cual cargó de manera confidencial al Sistema

Unificado de Manejo y Administración de Casos del Poder

Judicial (“SUMAC”).

El 30 de mayo de 2024, se celebró la vista de desahucio

mediante

partes

videoconferencia,

acompañadas

por

a

sus

la

cual

asistieron

respectivos

ambas

representantes

legales. Luego de que el foro de instancia hiciera constar

la presentación de la moción dispositiva por la Sra. Toledo

Santana

y

Santaella,

el

las

escrito

partes

presentado

por

argumentaron

la

sus

Sra.

Reyes

respectivas

posiciones en cuanto a la legitimación activa de esta

última para instar esta acción. La Sra. Toledo Santana

informó al Tribunal que un pleito paralelo instado por la

demandante bajo el número CA2023CV02105, solicitando la

recisión del contrato y el desalojo de la propiedad, fue

declarado no ha lugar por una sala hermana.1 Por su parte,

la

Sra.

evidencia

Reyes

Santaella

solicitó

el

contrato

de

que

se

arrendamiento,

admitiera

y

que

en

se

determinara que el mismo está vencido, que está legitimada

para instar esta acción, y que se decrete el desahucio con

la imposición de honorarios de abogado.

En el caso Civil Núm. CA2023CV02105, la recurrida instó demanda a

pocos meses de haber firmado el contrato de arrendamiento con la

peticionaria, impugnando su validez por mediar vicio en su

consentimiento. En lo pertinente, surge del expediente que la demandada

contrató una corredora de bienes raíces, que realizó las mejoras

pactadas, y que contrató los servicios de un electricista, un plomero

y un albañil, y además compró cemento, los cuales el tribunal concluyó

que sufragó con fondos propios.

1

CC-2024-0490

8

Atendidos

estos

asuntos,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia informó que atendería las mociones presentadas y

emitiría

la

correspondiente

resolución

o

sentencia

de

conformidad.

Durante esta vista, la Sra. Toledo Santana no informó

al foro de instancia sobre su condición económica. Tampoco

solicitó que se emitiera una determinación en cuanto a su

estado de indigencia o insolvencia, ni reclamó la presencia

del Departamento de la Vivienda y de la Familia para que

le brindaran servicios.

El 31 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la moción

dispositiva presentada por la Sra. Toledo Santana. Razonó

que la Sra. Reyes Santaella estaba facultada para instar

esta acción como miembro de la sucesión del dueño del

inmueble,

y

además

por

tratarse

de

un

acto

de

administración en el cual no tenían que concurrir todos los

miembros de la sucesión. Así las cosas, decretó que, ante

un reclamo válido del titular del inmueble, la Sra. Toledo

Santana tenía que abandonar el apartamento.

En esa misma fecha, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia de desahucio por estar vencido el

contrato de arrendamiento otorgado. En consecuencia, ordenó

el desalojo de la propiedad en un término de treinta (30)

días,

e

$800.00.

impuso

una

fianza

en

apelación

ascendente

a

CC-2024-0490

9

El 31 de mayo de 2024, la Sra. Toledo Santana presentó

una Moción de reconsideración a fijación de fianza. Señaló

que el Tribunal de Primera Instancia dictó su sentencia sin

celebrar vista en su fondo, sin darle acceso a la prueba

de la demandante y sin haberse admitido prueba conforme a

las Reglas de Evidencia, “en craso menosprecio del debido

proceso

de

ley”.

Reclamó

por

primera

vez

en

estos

procedimientos que no se notificó al Departamento de la

Vivienda ni al Departamento de la Familia y, además, que

“se le impuso una fianza en apelación de $800 a pesar de

la parte demandada ser insolvente y estar exenta del pago

de la misma por estar siendo representada por la Oficina

Legal de la Comunidad de la Facultad de Derecho de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico”. En apoyo a su

posición,

aduce

que,

en

Crespo

Quiñones

v.

Santiago

Velázquez, 176 DPR 408 (2009), esta curia reconoció que la

condición de insolvencia económica de una parte puede

surgir del récord del caso.

De igual modo, señaló que, en Servicios Legales et al.

v. López Ortiz, 211 DPR 393 (2023), este Tribunal determinó

que “[n]o corresponde a los tribunales intervenir con las

determinaciones

entidades

que

de

elegibilidad

proveen

realizadas

representación

legal

por

las

gratuita

a

personas de escasos recursos económicos”. A tenor de estas

determinaciones, sostiene que debemos interpretar “que la

clientela de dichas entidades está exenta del requisito de

CC-2024-0490

prestación

10

de

fianza

dispuestas

en

el

Código

de

Enjuiciamiento Civil”.

El 3 de junio de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

ordenó que la Sra. Reyes Santaella presentara su posición

dentro de un término de cinco (5) días.

No obstante, el 7 de junio de 2024, la Sra. Toledo

Santana presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso

de apelación de la sentencia de desahucio emitida. En

atención a lo que catalogó como el “propósito perverso” del

Tribunal de Primera Instancia, señaló la comisión de los

siguientes errores:

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al

reconocerle legitimación activa a la demandanteapelada para presentar la acción de desahucio sin

la comparecencia y sin que constara autorización

de los demás miembros de la sucesión de Felipe

Castillo

Lamboy,

quienes

son

partes

indispensables, razón por la cual su dictamen es

nulo.

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al

declarar No Ha Lugar la moción de desestimación

de la parte demanda sin atender el planteamiento

de tácita reconducción hecho por la parte

demandada apelante.

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al

dictar sentencia sin celebrar vista en su fondo

y ordenando el desahucio de la demandada

apelante, fundamentando su decisión en prueba a

la que no tuvo acceso la parte demandada apelante

y que tampoco fue estipulada, autenticada ni

admitida como requieren las reglas de evidencia.

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no

relevar de imposición de fianza en apelación a

la parte demandada apelante, a pesar de esta

estar representada por la Oficina Legal de la

Comunidad de la Facultad de Derecho de la

Universidad Interamericana de Puerto Rico.

CC-2024-0490

11

En lo pertinente al requisito de fianza en apelación,

la demandada reclamó estar exenta del pago impuesto por el

tribunal en ese concepto, pues es representada por la

Clínica

de

Asistencia

Legal

de

la

Universidad

Interamericana de Puerto Rico y la Oficina Legal de la

Comunidad, Inc., a pesar de que quien compareció como su

representante legal junto con esta última fue el Proyecto

De Ciudad, y de no comparecer ningún estudiante de la

clínica

de

asistencia

legal.

Reiteró

que,

en

Crespo

Quiñones v. Santiago Vázquez, supra, reconocimos que la

insolvencia económica de una parte puede surgir del récord,

por lo que procedía que el TPI la eximiera expresamente de

este requisito. A esto añadió que la evaluación de las

cualificaciones de un cliente para recibir sus servicios

corresponde a la corporación, por lo cual su clientela está

exenta del requisito de fianza en apelación en casos de

desahucio.

Luego

de

algunos

trámites

procesales

que

no

es

necesario pormenorizar, el 21 de junio de 2024, el Tribunal

de Apelaciones prescindió de la comparecencia de la parte

apelada y emitió la sentencia recurrida, desestimando el

recurso por falta de jurisdicción. Según el tribunal, no

surge del expediente del caso que el Tribunal de Primera

Instancia

hubiese

realizado

una

determinación

de

insolvencia en favor de la demandada, sino que le impuso

una

fianza

anterior,

en

apelación

concluyó

que

de

$800.00.

esta

tenía

En

virtud

cinco

(5)

de

lo

días

CC-2024-0490

12

jurisdiccionales para presentar el recurso de apelación y

prestar

la

fianza,

y

que

su

incumplimiento

con

este

requisito le privó de jurisdicción para atender el recurso.

Rechazada una solicitud de reconsideración por el foro

revisor, acude la Sra. Toledo Santana ante este Tribunal

para

que

revoquemos

la

sentencia

emitida

por

el

foro

intermedio y decretemos que tenía jurisdicción para atender

su recurso. Plantea su petición de la siguiente forma:

Erró el Tribunal de Apelaciones al declararse sin

jurisdicción para atender en sus méritos la

apelación presentada bajo el fundamento de que

era necesaria la prestación de la fianza en

apelación, a pesar de que del récord del caso

surge que la peticionaria es una persona

indigente, cualificada y representada por la

Oficina Legal de la Comunidad, Inc. y la Clínica

de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de

la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

Aduce la peticionaria que su propósito es cuestionar

la validez de “una práctica de reciente tendencia en las

salas del TPI donde se ventilan casos de desahucio, que

consiste

en

imponerle

fianzas

en

apelación

a

partes

demandadas representadas por organizaciones como la OLC y

la [Clínica de Asistencia Legal]”. Esta práctica –-según

ella--

consiste

en

imponer

fianzas

“que

dificultan

o

impiden que las personas pobres de nuestro país puedan

cuestionar

sus

determinaciones”

“exclusivas

para

las

personas

y

que

colocan

se

barreras

encuentran

en

desventaja económica [...], pues quien sí tiene dinero, no

tiene impedimento para apelar”.

Según la peticionaria, esta llamada práctica “atenta

contra la garantía constitucional del debido proceso [de]

CC-2024-0490

13

ley y la igual protección de las leyes, en tanto les impone

una carga onerosa (incluso imposible de cumplir por su

situación económica) como condición para poder ejercer el

derecho a apelar”. Además, “promueve peligrosamente” que

utilice su facultad de imponer fianzas para impedir que sus

sentencias sean cuestionadas.

En los méritos, la peticionaria reitera que el foro

de instancia o el apelativo debieron eximirla del requisito

de prestar fianza en apelación porque su situación de

insolvencia surge del expediente del caso, refiriéndose una

vez más a que es representada por la clínica de asistencia

legal de la Universidad Interamericana. Por tal razón, nos

solicita que devolvamos el caso al Tribunal de Apelaciones

para que lo atienda en los méritos.

El

6

de

diciembre

de

2024,

este

Tribunal

emitió

Resolución expidiendo el auto solicitado. Así las cosas,

el 26 de diciembre de 2024, la parte recurrida presentó

Comparecencia especial de la demandante. Indica que no

cuenta

con

procedimientos

suficientes

ingresos

postsentencia,

y

para

costear

sostiene

que

los

la

peticionaria continúa utilizando la propiedad sin pagar

canon de arrendamiento desde julio de 2024. Señala a su vez

que la peticionaria presentó su recurso fuera del término

de cinco (5) días que dispone el Artículo 629 del Código

de Enjuiciamiento Civil, pues notificada la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia el 31 de mayo de 2024, tenía

hasta el 5 de junio para presentarlo. Al presentarlo el 7

CC-2024-0490

14

de junio, el foro intermedio carecía de jurisdicción para

atenderlo por tratarse de un término jurisdiccional.

El 10 de febrero de 2025, la peticionaria presentó

Alegato de la parte peticionaria, en el cual esencialmente

reiteró

los

planteamientos

vertidos

en

su

recurso

de

certiorari.

El 13 de febrero de 2024, la Corporación de Servicios

Legales de Puerto Rico, Inc. (“S.L.P.R.”) presentó Moción

solicitando autorización para que Servicios Legales de

Puerto Rico comparezca como amicus curiae, acompañada de

un Alegato como Amicus Curiae de Servicios Legales de

Puerto Rico, Inc. El 20 de febrero de 2025, emitimos

Resolución autorizando la participación de S.L.P.R. como

amicus curiae.

Con este trasfondo en mente, exponemos a continuación

los

fundamentos

en

que

basamos

nuestra

opinión

de

especial

de

conformidad.

II.

A.

El

desahucio

es

un

procedimiento

naturaleza sumaria cuya finalidad es recuperar la posesión

de

una

propiedad

inmueble

mediante

el

lanzamiento

o

expulsión del arrendatario o precarista que la detente.

Acosta et al. v. S.L.G. Ghigliotti, 186 PR 984, 989 (2012);

Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733 (1987). Se trata del

medio que tiene el dueño de un inmueble arrendado para

recobrar judicialmente su posesión cuando el arrendamiento

CC-2024-0490

15

se acaba debido a la concurrencia de alguna de sus causas

de extinción. Adm. Vivienda Pública v. Vega Martínez, 200

DPR 235, 240 (2018). El único pronunciamiento que emitir

en una sentencia de desahucio es si procede ordenar el

desalojo o no. Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244, 248

(1956).

Como se sabe, el Código de Enjuiciamiento Civil es el

cuerpo legal a seguir para instar una acción de desahucio

sumario. 32 LPRA sec. 2821 et seq. De acuerdo con el

Artículo 620 del Código, 32 LPRA sec. 2821, “[t]ienen

acción para promover el juicio de desahucio los dueños de

la finca, los usufructuarios y cualquiera otro que tenga

derecho a disfrutarla, y sus causahabientes”. Instada la

acción, “procederá el desahucio contra los inquilinos,

colonos

y

demás

arrendatarios,

los

administradores,

encargados, porteros o guardas puestos por el propietario

en sus fincas, y cualquier otra persona que detente la

posesión material o disfrute precariamente, sin pagar canon

o merced alguna”. Art. 621 del Código de Enjuiciamiento

Civil, 32 LPRA sec. 2822.

Para

apoyarse

ser

en

eficaz,

dos

el

desahucio

fundamentos:

la

en

precario

posesión

debe

real

del

demandante a título de dueño de la finca, de usufructuario

o cualquier otro que le dé derecho a disfrutarla; y la

condición

de

precarista

del

demandado,

es

ocupación

del

inmueble

sin

otro

que

título

decir,

la

su

mera

tolerancia del dueño o poseedor, bien porque nunca ha

CC-2024-0490

16

tenido título que justifique el goce o porque teniendo en

tiempo virtualidad, lo haya perdido. C.R.U.V. v. Román, 100

DPR 318, 326 (1971). El desahucio en precario procede

entonces cuando el demandante presenta acción contra una

persona que no ostenta título o derecho alguno sobre el

bien.

Sin embargo, si este presenta prueba que demuestre que

tiene derecho a ocupar el inmueble y que posee sobre este

algún título igual o mejor que el del demandante, surge un

conflicto de título que hace improcedente la acción de

desahucio. Íd.; Escudero v. Mulero, 63 DPR 574 (1944).

B.

La característica medular de un procedimiento civil

sumario es lograr, lo más rápido y económicamente posible,

la reivindicación de determinados derechos, reduciendo al

mínimo

constitucionalmente

permisible

el

elenco

de

garantías procesales. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo

Ortiz, 130 DPR 226, 234 (1992). Este ejercicio conlleva

acortar términos y prescindir de ciertos trámites comunes

al proceso ordinario, sin negar al demandado oportunidad

real de presentar sus defensas. Íd. Este carácter sumario

responde al interés del Estado de atender con agilidad el

reclamo de una persona que es dueña de un inmueble que ha

sido impedida de ejercer su derecho a poseer y disfrutarlo.

Cooperativa v. Colón Lebrón, 203 DPR 812, 820 (2020); ATPR

v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016).

CC-2024-0490

17

De conformidad con el Artículo 623 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2824, un pleito de

desahucio se promueve por medio de una demanda redactada

conforme a lo prescrito para un pleito ordinario bajo las

Reglas de Procedimiento Civil. Sin embargo, el término

dentro

del

cual

las

partes

deben

comparecer

es

uno

abreviado: se deberá celebrar el juicio dentro de los 10

días

siguientes

a

la

fecha

en

que

se

presentó

la

reclamación. Íd. Desfilada la prueba, el tribunal debe

dictar sentencia declarando si procede o no el desahucio

dentro de un término mandatorio no mayor de 10 días.

Artículo 625 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 2826.

Dictada

la

sentencia

de

desahucio,

el

Código

de

Enjuiciamiento Civil dispone además un procedimiento de

apelación marcadamente distinto al de un pleito ordinario.

Primero, las apelaciones deben interponerse dentro de un

término de cinco (5) días laborables, contados a partir de

la fecha de archivo en autos de copia de la notificación

de la sentencia. Art. 629 del Código de Enjuiciamiento

Civil, 32 LPRA sec. 2831; Regla 68.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. Además, como parte de su

sentencia el tribunal debe fijar una fianza en apelación,

“para

responder

de

los

daños

y

perjuicios

que

pueda

ocasionar al demandante y de las costas de apelación”.

Artículo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA

sec. 2832.

CC-2024-0490

18

Como hemos expuesto en el pasado, la razón de ser del

requisito de fianza en apelación es obvia: la fianza no

existe solo para garantizar los pagos adeudados, sino

también los daños resultantes de mantener congelado el

libre uso de la propiedad afectada mientras se dilucida la

apelación. Crespo Quiñones v. Santiago Vázquez, supra, pág.

414.

El requisito de fianza en apelación es de naturaleza

jurisdiccional. Acosta v. S.L.G. Ghigliotti, supra; Blanes

v. Valldejuli, 73 DPR 2, 5 (1952). Por lo tanto, si el

demandado no presta la fianza, el Tribunal de Apelaciones

no

tendrá

jurisdicción

para

atender

su

recurso

de

apelación.

No obstante, en aquellos casos en que un demandado

cuya probada insolvencia económica ha sido reconocida por

el Tribunal conforme con la Ley Núm. 6 de 26 de junio de

1980, este queda exonerado de otorgar fianza o consignar

el

importe

adeudado

a

la

fecha

de

la

sentencia

como

condición para instar apelación de una acción de desahucio.

Bucaré Management v. Arriaga García, 125 DPR 153 (1990).

Como hemos explicado antes, esta excepción obedece a que

requerir una fianza a un demandado insolvente le impondría

una condición imposible de cumplir. Íd. Esta es la única

excepción

del

requisito

de

prestación

de

fianza

en

apelación en casos de desahucio que hemos reconocido hasta

ahora.

C.

CC-2024-0490

19

La Ley Núm. 6 del 26 de junio de 1980 fue aprobada por

la Asamblea Legislativa para enmendar los artículos 623 y

635 del Código de Enjuiciamiento Civil, con el propósito

de requerir que toda acción y sentencia de desahucio contra

una familia de insolvencia económica sea notificada a los

Secretarios de los Departamentos de la Familia y de la

Vivienda.

Según enmendado, el Artículo 623 del Código requiere,

una

vez

se

convoque

al

actor

y

al

demandado

para

comparecencia, “si en dicha vista quedare demostrado que

el mandamiento es contra una familia de probada insolvencia

económica, el tribunal ordenará que se notifique a los

Secretarios de los Departamentos de Servicios Sociales y

de la Vivienda, con copia de la demanda de desahucio

promovida”. 32 LPRA sec. 2824. Estas agencias deben evaluar

la condición socioeconómica de la familia y brindarán la

ayuda social que esté justificada; además, deben rendir un

informe al tribunal sobre las ayudas a las que la familia

tenga derecho.

De igual modo, la enmienda al Artículo 635 dispone que

cuando se haya determinado la insolvencia económica de la

familia contra la cual procede el desahucio, la sentencia

se notificará a los Secretarios de los Departamentos de la

Familia y de la Vivienda para que continúen brindando sus

servicios. Además, prescribe un término de 40 días para el

lanzamiento,

durante

el

cual

deberán

funcionarios de ambos departamentos.

estar

presentes

CC-2024-0490

20

D.

La Ley Núm. 81 de 26 de junio de 1964, conocida como

la Ley para eximir a las personas que sean atendidas por

las clínicas de asistencia legal de las escuelas de derecho

de

Puerto

Rico

del

pago

de

toda

clase

de

derechos,

aranceles, contribuciones o impuestos, 4 LPRA sec. 303a et

seq. (“Ley 81-1964”) fue promulgada con el objetivo de que

las personas que reciben servicios de las clínicas de

asistencia legal de las facultades de Derecho en Puerto

Rico tramiten sus casos sin necesidad de cancelar sellos o

pagar cualquier clase de derechos, aranceles o impuestos

de

cualquier

naturaleza

para

tramitar

procedimientos

judiciales.

Esta ley se aprobó en atención al fin “eminentemente

pedagógico” de las clínicas de asistencia legal. Según su

Exposición de Motivos, estas clínicas funcionan como parte

del curriculum de las facultades de Derecho para “ofrecer

a los estudiantes de Derecho en su último año, algunas

experiencias prácticas de sus conocimientos legales y a la

vez, desarrollar en los estudiantes conciencia de los

deberes sociales que como profesionales habrán de tener en

la práctica de la profesión”. Por tal razón, el legislador

entendió

deseable

conceder

a

quienes

reciben

estos

servicios la oportunidad de que se tramiten sus casos sin

el requisito de cancelar sellos, y así “expeditar en parte

la labor de las clínicas”.

CC-2024-0490

21

Asimismo, la Ley Núm. 122 de 9 de junio de 1967, según

enmendada, conocida como la Ley para eximir de toda clase

de aranceles a la Corporación de Servicios Legales de

Puerto Rico y otras Entidades Análogas, 32 LPRA sec. 1500

(“Ley 122-1967”), se aprobó con el objetivo de eximir a la

Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, el Centro

Legal de Ayuda a Menores del Distrito de Mayagüez, Inc.,

la Corporación de Servicios Legales de San Juan “y toda

aquella otra entidad u organización municipal sin fines de

lucro cuyas funciones y propósitos sean similares a los de

dichas corporaciones”, del pago de derechos dispuestos por

las leyes vigentes para la tramitación de procedimientos

judiciales.

De

acuerdo

corporaciones

con

el

estarán

texto

exentas

de

“en

esta

todo

ley,

lo

dichas

que

fuere

pertinente al desempeño de sus funciones y logros de sus

objetivos o cuando sea necesario para el trámite de los

casos o asuntos en que estuvieran interviniendo a beneficio

de las personas a quienes están prestando servicios legales

gratuitos, del pago de toda clase de derechos, aranceles,

contribuciones

o

impuestos

de

cualquier

naturaleza

dispuestos por las leyes vigentes para la tramitación de

procedimientos

judiciales

certificaciones

en

los

y

la

centros

del

expedición

Gobierno

de

Estatal,

incluyéndose el sello forense y los impuestos notariales”.

La Ley dispone que el Secretario de Justicia lleve

constancia de todas las organizaciones o entidades que se

CC-2024-0490

22

acojan al beneficio de esta sección y, a tales efectos,

deberá autorizar y certificar previamente a éstas. Íd.

III.

Según adelantado, la peticionaria expone que fue un

error tanto del Tribunal de Primera Instancia como del

Tribunal

de

Apelaciones

no

reconocer

insolvencia de la peticionaria.

la

condición

de

Su principal –-y como

veremos, único-- fundamento en apoyo a esta conclusión es

que compareció representada por la OLC y por el Proyecto

De Ciudad, ambas entidades sin fines de lucro adscritas a

la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana,

que prestan de ordinario servicios a personas de escasos

recursos. El recurso no identifica circunstancia personal

alguna de la peticionaria que se hubiese considerado, ya

sea falta de ingresos, condiciones médicas o físicas, o

cualquier otra situación que le imposibilitara pagar la

fianza impuesta. De esta forma, reclama que demos entera

fe

al

criterio

no

anunciado

de

estas

entidades

al

cualificar a sus clientes, y nos requiere dar por bueno que

solo porque asumieron su representación, en efecto es

incapaz de pagar una fianza en apelación.

Como

vemos,

la

peticionaria

resalta

la

absoluta

independencia de criterio que entiende debemos conceder a

ambas

entidades

consecuencia

al

cualificar

inescapable,

los

a

sus

clientes.

tribunales

no

Como

tendrían

discreción alguna para verificar si una parte demandada es

CC-2024-0490

23

insolvente,

pues

tal

determinación

“corresponde

exclusivamente a la entidad”.

Examinados detenidamente los hechos del presente caso,

salta inmediatamente a la vista que, a diferencia de casos

más típicos de desahucio en precario, la peticionaria no

impugna la acción por poseer un mejor título sobre el

inmueble. La impugna porque aduce, y lo evidencia, que

tiene

capacidad

claramente

para

del

pagar

la

expediente

renta

que,

al

pactada.

Surge

solicitar

la

desestimación de la acción ante el foro de instancia, su

teoría fue que continuó pagando los cánones pactados de

$800.00

mensuales,

por

lo

que

se

configuró

la

tácita

reconducción y se mantuvo vivo el arrendamiento. Es de

notar que la cantidad que continuó pagando mensualmente,

$800.00, es exactamente igual a la que le impuso el Tribunal

de Primera Instancia como fianza en apelación. De su faz,

la admitida capacidad de la peticionaria para continuar

pagando

renta

luce

radicalmente

incompatible

con

la

determinación automática de insolvencia que propone que

adoptemos.

Es igualmente notable que como parte del contrato de

arrendamiento

la

peticionaria

se

obligó

a

realizar

reparaciones al inmueble cuyo costo, aunque reembolsable,

le tocó sufragar con dinero propio. Asumió además, a su

costo, la reparación de las puertas de los baños, la verja

de seguridad del patio, tapas de inodoros, tomacorrientes

CC-2024-0490

24

y puertas corredizas de cristal, así como pintar los marcos

de las puertas de los cuartos y baños.

Como ocurre con su capacidad para pagar renta, contar

con medios suficientes para sufragar mejoras y reparaciones

en la residencia es incompatible con una determinación de

insolvencia. Al final, la ironía de no poder pagar como

fianza lo que puede pagar en renta es demasiado conspicua

como para dejarla de lado. Ante este escenario, no puedo

avalar la determinación automática de insolvencia que se

nos propone adoptar como norma: lejos de demostrar que el

criterio de estas entidades merece deferencia, los hechos

de

este

caso

demuestran

la

necesidad

de

intervención

judicial para determinar la insolvencia de una parte.

Abona a nuestro escepticismo la forma errática en que

ambas entidades reclaman estar exentas por disposición

legal del pago de aranceles y derechos aplicables a los

casos en que participan. Por un lado, Proyecto De Ciudad

reclama beneficios para sus clientes bajo la Ley Núm. 811964, pero no comparece en ninguna etapa algún estudianteabogado que nos lleve a concluir que la entidad se comporta

como una clínica de asistencia legal y no como un bufete

privado. En el caso de OLC, esta aduce ser una “entidad

análoga” a la Corporación de Servicios Legales de Puerto

Rico para propósitos de la Ley Núm. 122-1967, pero en al

menos uno de los casos que cita en su escrito, tanto ella

CC-2024-0490

25

como el Proyecto De Ciudad comparecieron en representación

de una corporación, no de una persona natural.2

Aunque la Ley Núm. 122-1967 no define el término,

entendemos que una “entidad análoga” a la Corporación de

Servicios Legales de Puerto Rico solo puede representar

personas naturales insolventes, no compañías. Además, nos

parece

obvio

contenidas

en

que

las

disposiciones

el

Código

de

sobre

Enjuiciamiento

insolvencia

Civil

solo

aplican a personas naturales. La conclusión puede ser solo

una: las cualificaciones sobre insolvencia que hacen la OLC

y el Proyecto De Ciudad no son compatibles con las que

hacen a diario los tribunales en los casos de desahucio

ante su consideración.

Por tal razón, estoy en abierto desacuerdo con la

norma propuesta por la peticionaria. Aun reconociendo las

disposiciones legales que eximirían tanto a las clínicas

de

asistencia

legal

como

las

compañías

análogas,

la

exoneración del pago de una fianza en apelación no puede

darse de forma automática, pues se trata de un pago de

naturaleza distinta al de los aranceles y derechos de

litigio. Adoptar esta norma impediría que los tribunales

puedan cerciorarse de que las partes sean verdaderamente

acreedoras de este beneficio. En mi opinión, este caso es

ejemplo perfecto de ello.

Véase, Civil Núm. SJ2024CV02740, Mango Tree Properties, LLC v. Yamil

Colón Nuñez, Pablo Varona Borges, Paseo 13, Inc. y otros. La OLC y el

Proyecto De Ciudad representaron al Sr. Pablo Varona Borges y la

corporación Paseo 13.

2

CC-2024-0490

26

Nótese que la postura que asumo no contradice de forma

alguna lo resuelto en Servicios Legales de Puerto Rico v.

Registradora, supra. La evaluación de las cualificaciones

de un cliente para recibir asistencia legal gratuita de la

Corporación de Servicios Legales o de entidades análogas,

en efecto, compete exclusivamente a estas. Si su evaluación

contraviniese los términos bajo los que reciben asistencia

económica gubernamental, de ello responderían en otro foro.

En lo aquí pertinente, sin embargo, esa facultad exclusiva

de decidir a quién representan no puede ser equivalente

automáticamente a una determinación de insolvencia que por

ley corresponde hacer a los tribunales.

Tampoco

pretendo

que

se

dejen

sin

efecto

los

pronunciamientos que emitió esta curia en Crespo Quiñones

v. Santiago Velázquez, supra. Si de un expediente judicial

surge evidencia suficiente de que una parte es insolvente,

así debe determinarlo el tribunal como cuestión de derecho,

eximiéndole del requisito de fianza de apelación como

consecuencia directa. Sin embargo, no enfrentamos aquí el

caso de una excónyuge que al momento del divorcio era ama

de casa, no generaba ingresos, y que además tenía que sufrir

que su excónyuge retuviera arbitraria y caprichosamente

mensualidades ya pactadas que constituirían su única fuente

de ingresos mientras le niega acceso a bienes como parte

de un proceso de liquidación, y que adicional a todo esto

enfrentaba

el

desahucio

de

la

que

fuera

residencia

matrimonial. Todos estos hechos constaban en el expediente

CC-2024-0490

de

Crespo

27

Quiñones,

por

lo

que

no

fue

controversial

reconocer la insolvencia de la demandada a base de la prueba

allí vertida, aun cuando el tribunal inferior no lo hizo.

En comparación, en este caso el único elemento que

podría sugerir la insolvencia de la peticionaria es la

identidad

de

sus

abogados.

Como

vimos,

el

resto

del

expediente demuestra una condición económica contraria a

la insolvencia.

Las diferencias entre este caso y Crespo Quiñones v.

Santiago

Velázquez,

supra,

en

cuanto

a

la

prueba

de

insolvencia son marcadas, pero el principio es el mismo:

si de las constancias del expediente de un caso surge la

condición

de

insolvencia

de

una

parte,

así

se

debe

determinar. No podemos concluir razonablemente que así

surja en este caso.

Finalmente, no nos persuade el planteamiento de debido

proceso que plantea la peticionaria. Resolver en sentido

contrario al propuesto no constituye un atentado contra el

debido proceso de ley y la igual protección de las leyes,

ni priva a un litigante de su derecho a apelar una sentencia

de desahucio. Siempre que exista una determinación de

insolvencia, podrá acudir en revisión sin necesidad de

prestar fianza.

En ese sentido, una lectura somera de los Artículos

623

y

635

del

Código

de

Enjuiciamiento

Civil,

según

enmendados por la Ley Núm. 6-1980, permite deducir sin

mayor dificultad el curso a seguir para quien represente a

CC-2024-0490

28

un demandado insolvente en un caso de desahucio: informar

al tribunal la condición de insolvencia en su primera

comparecencia, para así activar los remedios que disponen

tanto los citados Artículos 623 y 635 como el Protocolo

para la atención, orientación y referido de personas sin

hogar en los tribunales. Si estos remedios funcionan para

partes que solicitan litigar in forma pauperis o que son

representados

por

abogados

particulares,

no

es

inmediatamente evidente en qué consiste la violación del

debido proceso que se señala.

En

conclusión,

insolvencia

que

la

determinación

reclama

la

automática

peticionaria

se

de

basa

exclusivamente en la participación de estas entidades sin

fines de lucro en su representación. En este caso, más que

un acto de fe, se requiere de nosotros ignorar el resto del

expediente, del cual surge prístinamente una condición

económica distinta a la insolvencia.

de

demostrar

que

debemos

En el camino, lejos

conceder

fe

ciega

a

la

cualificación de insolvencia hecha en privado por estas

entidades, estamos ante una determinación que debe hacerse

caso a caso, siguiendo el principio de que “nuestro sistema

es uno adversativo de derecho rogado que descansa en la

premisa

de

que

las

partes,

cuidando

sus

derechos

e

intereses, son los mejores guardianes de la pureza de los

procesos, y de que la verdad siempre aflore”. S.L.G. v.

Srio. de Justicia, 152 D.P.R. 2, 8 (2000).

CC-2024-0490

29

Por estar convencido de que las determinaciones del

foro primario y del apelativo son correctas en cuanto al

requisito de fianza en apelación, entiendo que este recurso

no debió expedirse. Expedido el mismo, el curso correcto

debió

ser

confirmar

Apelaciones.

Aun

la

así,

determinación

en

ánimo

de

del

Tribunal

colegiar

de

esta

controversia, estoy conforme con el resultado alcanzado

hoy, mediante el cual devolvemos el caso al Tribunal de

Primera

Instancia

para

que

este

determine

si

las

organizaciones que comparecieron en representación de la

parte peticionaria cumplen con las disposiciones de la Ley

Núm. 81-1964, o pueden beneficiarse de la Ley Núm. 1221967. Solo reexaminando el alcance de estas leyes ante los

hechos

de

este

caso

y

la

capacidad

económica

de

la

peticionaria puede determinarse si procedía la imposición

de la fianza o no.

RAÚL A. CANDELARIO LÓPEZ

JUEZ ASOCIADO