LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rodríguez Vázquez y otros v. Hospital Español Auxilio Mutuo

2025 TSPR 55

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Rodríguez Vázquez y otros v. Hospital Español Auxilio Mutuo

AC-2023-0109 cons con. AC-2024-0031

21 de mayo de 2025 · Hon. Rafael L. Martínez Torres · Procedimiento Civil y National Labor Relations Act – Falta de jurisdicción del tribunal estatal para atender la reclamación de unos obreros cuando se trata de alegaciones de una práctica ilícita bajo la ley federal de Relaciones de Trabajo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nilda Rodríguez Vázquez

Recurrida

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

Peticionario

_____________________________

Alexander Santana Marrero,

Dinorah Burgos Luccioni y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

Certiorari

2025 TSPR 55

215 DPR ___

Recurridos

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

AC-2023-0109

cons. con AC-2024-0031

21 de mayo de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

AC-2023-0109

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Lloyd Isgut Rivera

Lcda. María Elisa Echenique Arana

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Segundo Meléndez Zayas

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

2

AC-2024-0031

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Lloyd Isgut Rivera

Lcda. María Elisa Echenique Arana

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. Julio M. Marcano López

Materia: Procedimiento Civil y National Labor Relations Act – Falta

de jurisdicción del tribunal estatal para atender la reclamación de

unos obreros cuando se trata de alegaciones de una práctica ilícita

bajo la ley federal de Relaciones de Trabajo.

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nilda Rodríguez Vázquez

Recurrida

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

Peticionario

_____________________________

AC-2023-0109

cons. con

Alexander

Santana

Marrero,

Dinorah Burgos Luccioni y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

AC-2024-0031

Recurridos

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2025.

Nuevamente tenemos la responsabilidad de auscultar si los

tribunales de Puerto Rico ostentamos jurisdicción para atender

la reclamación de unos obreros que solicitan un remedio al

amparo de legislación local, aunque de las alegaciones se

pudiera argumentar que estamos ante una práctica ilícita de

trabajo bajo la ley federal de Relaciones del Trabajo. De forma

similar a cuando resolvimos González v. Mayagüez Resort &

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

2

Casino, infra, no se trata, pues, de pasar juicio sobre los

méritos de la reclamación en sí, sino de precisar si el Tribunal

de Primera Instancia está en posición de así hacerlo.

Por

los

fundamentos

que

expondremos

a

continuación,

resolvemos en la negativa. En vista de que el Tribunal de

Primera Instancia carece de jurisdicción, desestimamos los

casos consolidados de epígrafe. El Congreso de Estados Unidos

ocupó el campo en cuanto a las conductas que constituyen

prácticas ilícitas del trabajo y delegó a la Junta Nacional de

Relaciones del Trabajo la jurisdicción exclusiva para resolver

este tipo de controversias.

I

La controversia que nos convoca tuvo su génesis en dos

demandas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia. La

primera de ellas se radicó el 24 de mayo de 2023 por el Sr.

Alexander Santana Marrero, la Sra. Dinorah Burgos Luccioni y la

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; estos

reclamaron

despido

injustificado

y

represalias

contra

el

Hospital Español Auxilio Mutuo (Hospital). Al día siguiente, 25

de mayo de 2023, la Sra. Nilda Rodríguez Vázquez presentó una

segunda

demanda,

también

sobre

despido

injustificado

y

represalias, contra el Hospital.

Según surge del expediente, el señor Santana Marrero y la

señora Rodríguez Vázquez (recurridos) laboraron por varios años

para

el

Hospital.

Sin

embargo,

ambos

alegaron

que

fueron

despedidos en represalias por haber participado como testigos

en una querella que se presentó en contra de su patrono ante el

Departamento de Salud. A grandes rasgos, la querella denunció

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

3

que el Hospital contrató estudiantes de anestesia para ejercer

las funciones de un enfermero anestesista licenciado, en contra

de

lo

estipulado

en

el

Reglamento

para

la

Construcción,

Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de los Hospitales en

Puerto Rico, Reglamento Núm. 9184, Departamento de Salud, 1 de

julio de 2020. Reclamaron que, contrario a lo que les manifestó

el Hospital, su despido no se debió a una alegada violación de

la Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996

(Ley HIPAA), Pub. L. No. 104-191, 100 Stat. 1936 (1996), por

supuestamente haber circulado expedientes confidenciales de

pacientes, sino que esto fue un mero pretexto para ocultar las

represalias por el testimonio vertido el 20 de julio de 2022.

El señor Santana Marrero presentó su reclamo al amparo de

la Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado

por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo

o Judicial (Ley de Represalias), Ley Núm. 115 de 20 de diciembre

de 1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 194 et seq., y de la Ley

sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de

1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq. En su demanda,

indicó que comenzó a trabajar para el Hospital en el mes de

julio del año 2002 y, desde entonces, fue miembro de la Unidad

Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES), que lo

representaba sindicalmente ante su patrono. Asimismo, alegó que

el

22

de

agosto

de

2022

fue

despedido

ilegalmente.

Específicamente, dijo que su destitución constituyó un acto en

represalias producto de su participación como testigo en la

Querella Núm. Q-22-03-004 presentada por la ULEES ante el

Departamento

de

Salud,

en

contra

del

Hospital.

En

la

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

4

alternativa, solicitó que se determinara que su despido fue sin

justa

causa.

Por

todo

lo

anterior,

solicitó

los

remedios

reconocidos en las legislaciones mencionadas.

Por su parte, la señora Rodríguez Vázquez también presentó

su reclamo al amparo de la Ley de Represalias, supra, y la Ley

sobre Despidos Injustificados, supra. En su caso, sostuvo que

trabajó para el Hospital como enfermera anestesista desde el 10

de enero de 2005 hasta el 19 de agosto de 2022, cuando fue

despedida

injustificadamente

promovido

que

la

ULEES

y

en

presentara

represalia

una

por

querella

haber

ante

el

Departamento de Salud en contra del Hospital y por haber

comparecido

como

testigo

de

la

unión

durante

el

proceso

adjudicativo de la querella. Igual que el señor Santana Marrero,

solicitó al foro primario las indemnizaciones provistas por la

Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 115, supra.

En respuesta, el Hospital presentó —en ambas demandas— una

Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2(1) de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, por falta de jurisdicción sobre la

materia. De acuerdo con el Hospital, las dos reclamaciones se

encuentran bajo la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional

de

Relaciones

Relations

del

Board

interpretación,

o

Trabajo

(Junta

NLRB).

Esto

las

se

alegaciones

Nacional,

debe

se

a

National

que,

basan

Labor

según

en

su

despido

injustificado y represalias por conductas que son o podrían ser

actos de práctica ilícita según la National Labor Relations

Act, infra.

El

1

de

agosto de

2023,

la señora

Rodríguez

Vázquez

presentó una Oposición a Moción de Desestimación Bajo la Regla

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

5

10.2 de Procedimiento Civil por Falta de Jurisdicción sobre la

Materia. En su escrito, negó haber alegado que fue despedida en

violación de los derechos protegidos por la National Labor

Relations Act, infra. En cambio, sostuvo que su reclamación se

fundamentaba en violaciones de la legislación laboral local,

por lo que no podía ser dilucidada ante la NLRB. En síntesis,

recalcó que la causa aducida por su patrono para su despido fue

un subterfugio para despedirla por haber testificado en contra

del Hospital en el mencionado proceso adjudicativo.

Dos días más tarde, el 3 de agosto de 2023, el señor

Santana

Marrero

también

se

opuso

a

la

moción

dispositiva

presentada por el Hospital. Al así hacerlo, expuso que las

alegaciones en la demanda revelaban que su intervención como

testigo en la querella no tuvo el propósito de ayudar o proteger

los intereses de los miembros del sindicato, según requiere la

National Labor Relations Act, por lo que negó la aplicación de

la doctrina de campo ocupado frente a las causas de acción que

instó en el pleito.

Sobre estas comparecencias, el Hospital —en cada caso—

presentó Réplica a Oposición a Moción de Desestimación. En

resumen, reiteró los argumentos expuestos en su moción de

desestimación. Esto es, insistió en que el Tribunal de Primera

Instancia no tenía jurisdicción para disponer de la reclamación

presentada por tratarse de un asunto sobre el cual la Sec. 10

de

la

National

Labor

Relations

Act,

infra,

confería

jurisdicción exclusiva a la Junta Nacional de Relaciones del

Trabajo.

Según

su

interpretación,

de

las

alegaciones

presentadas por el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

6

Vázquez se desprendía que sus reclamos estaban basados en que

ambos sufrieron represalias tras su participación en gestiones

sindicales de la ULEES, lo que de ser verdad estaría prohibido

por considerarse una práctica ilícita de trabajo según la Sec.

8 de la National Labor Relations Act, infra.

Para

sostener

sus

alegaciones,

el

Hospital

trajo

a

consideración que, previo a la presentación de estas demandas,

el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez Vázquez, mediante

la ULEES, presentaron cargos en su contra ante el NLRB por los

mismos hechos.

El 23 de agosto de 2023, la señora Rodríguez Vázquez

presentó

una

Desestimación.

Dúplica

a

Réplica

a

Oposición

a

Moción

de

En esta ocasión, argumentó que su reclamación

ante el foro primario podía subsistir de forma independiente a

la

que

se

presentó

ante

el

NLRB.

Además,

adujo

que

una

reclamación al amparo de las leyes locales es distinguible ya

que requiere de conductas diferentes a las de una reclamación

basada en las secciones 7 y 8 de la National Labor Relations

Act, infra. Sostuvo que “si bien […] es unionada, sus gestiones

en su carácter personal fueron para denunciar una violación por

el Hospital de leyes y reglamentos de salubridad, que es el

campo industrial del patrono, y no se trata de una práctica

ilícita de trabajo”; y que “no acudió a solicitar aumentos de

sueldos y otros beneficios sino a defender los reglamentos de

salubridad que le cobijan”. Ap. del certiorari AC-2023-109,

pág. 97.

Evaluados los reclamos de todas las partes, el Tribunal de

Primera Instancia emitió dos resoluciones —una en cada caso— en

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

7

la que determinó No Ha Lugar a la Moción de Desestimación

presentada por el Hospital. En cuanto al reclamo presentado por

el señor Santana Marrero, el foro primario sostuvo que las

alegaciones de la demanda requerían determinar si el señor

Santana Marrero fue objeto de represalias o si en realidad fue

despedido sin justa causa. Entendió que la reclamación en

cuestión no estaba fundada en violaciones de las Secs. 7 y 8 de

la National Labor Relations Act, infra, sino en violaciones de

la Ley sobre Despidos Injustificados,

supra, y la Ley de

Represalias, supra. Ultimó que el procedimiento presentado ante

el Departamento de Salud en contra del Hospital no estaba

dirigido a adelantar negociación colectiva, procurar

ayuda

mutua o la protección a los empleados unionados del Hospital.

Consecuentemente, le concedió al Hospital un término para que

contestara la demanda.

A similar conclusión llegó el Tribunal de Primera Instancia

en el caso de la señora Rodríguez Vázquez al resolver que, según

las alegaciones, la demandante fue despedida de su empleo como

represalia por prestar testimonio contra el Hospital y producir

información

sensitiva

y/o

confidencial.

El

foro

primario

dispuso: “[c]ontrario a lo reclamado por el Hospital Español

Auxilio Mutuo, de los hechos bien alegados en la Demanda (SUMAC

1) no surge que la demandante Nilda Rodríguez Vázquez estuviera

participando

en

una

interpretarse

como

actividad

dirigida

a

que

pueda

su

derecho

colegirse

a

y/o

organizarse

colectivamente y/o a negociar colectivamente - actividad que

recae bajo la exclusiva jurisdicción de la Junta Nacional de

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

8

Relaciones del Trabajo”. Ap. del certiorari AC-2023-109, pág.

102.

Inconforme,

el

Hospital

acudió

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. Alegó que sería imposible para el foro de primera

instancia

emitir

una

determinación

sin

pasar

juicio

sobre

asuntos que son de la jurisdicción exclusiva del NLRB. No

obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de

los recursos de certiorari porque consideró que no estaban

presentes los factores necesarios para acogerlos. Resaltamos la

Sentencia emitida en el caso de la señora Rodríguez Vázquez:

Evaluadas las alegaciones presentadas en la demanda

a la luz del derecho expuesto, entendemos que el TPI

puede pasar juicio sobre las controversias que

presenta este caso relacionadas a si medió justa

causa para el despido de la Sra. Rodríguez Vázquez

sin

inmiscuirse

en

asuntos

que

son

de

la

jurisdicción exclusiva de la Junta. La reclamación

de la Sra. Rodríguez Vázquez no está fundamentada en

violaciones a las Secciones 157 y 158 del NLRA,

supra, sino en violaciones a la Ley Núm. 80 de 30 de

mayo de 1976, supra, y la Ley Núm. 115-1991, supra,

por lo que el TPI tiene jurisdicción para atenderla.

Ap. del certiorari AC-2023-109, pág. 138.

Tras la denegatoria de las solicitudes de reconsideración,

el Hospital instó ante este Tribunal dos recursos de apelación.

En suma, la contención del Hospital es que los foros hermanos

incidieron al resolver que el Tribunal de Primera Instancia

tiene

jurisdicción

para

atender

la

reclamación

de

los

recurridos, debido a que realizaron su análisis a la luz del

remedio solicitado, aunque la jurisprudencia interpretativa de

la Sec. 10 de la National Labor Relations Act, infra, claramente

establece que el análisis es a raíz del tipo de conducta

involucrada.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

Después

recursos

de

como

varios

incidentes

solicitudes

de

9

procesales,

certiorari,

acogimos

los

expedimos

en

reconsideración y ordenamos su consolidación. Posteriormente,

los recurridos nos presentaron sus posturas en las cuales

solicitaron que ratificáramos las determinaciones de los foros

inferiores.

Tanto el señor Santana Marrero como la señora Rodríguez

Vázquez negaron haber alegado que su despido fue en violación

de los derechos protegidos por la Sec. 7 de la mencionada ley

federal o producto de prácticas ilícitas del trabajo prohibidas

por

la

Sec.

8,

reconocen

que

querella

contra

infra.

acudieron

el

Asimismo,

expresaron

que,

si

bien

ante

ULEES

presentar

una

la

Hospital,

lo

para

hicieron

en

estricto

cumplimiento del Código de Ética que rige su profesión y demás

reglamentos del Estado. Indicaron que estas normas los obligan

a velar por la seguridad de sus pacientes en todo momento y que

por esta razón tuvieron que acudir a la Unión, pues el Hospital

contrató estudiantes para desempeñar funciones especializadas

que solo un enfermero licenciado tiene el conocimiento para

ejecutar. Por último, adujeron que su participación se limitó

a ser testigos en la querella ante el Departamento de Salud y

que ello no fue en defensa de actividades concertadas de los

empleados

unionados,

sino

de

los

pacientes

de

la

clínica

hospitalaria.

Expuesto detenidamente este trasfondo, y con el beneficio

de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

10

II

A. Falta de jurisdicción sobre la materia y la Moción de

desestimación bajo la Regla 10.2(1) de Procedimiento Civil

Nuestro ordenamiento procesal civil avala que un demandado

solicite la desestimación de la reclamación judicial cuando de

las

alegaciones

de

la

demanda

surja

que

alguna

defensa

afirmativa derrotará la pretensión del demandante. Costas Elena

y otros v. Magic Sport y otros, 213 DPR 523 (2024); Eagle Sec.

Police, Inc. v. Dorado, 211 DPR 70, 78 (2023). Por ello, un

demandado

puede

solicitar

la

desestimación

total

de

la

reclamación, incluso antes de contestar propiamente la demanda,

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Esta

norma establece que una parte demandada puede presentar una

moción

de

desestimación

en

la

que

alegue

las

defensas

siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)

falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del

emplazamiento;

(4)

insuficiencia

emplazamiento;

(5)

dejar

de

del

exponer

diligenciamiento

del

una

que

reclamación

justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular

una parte indispensable. (Negrillas suplidas). Costas Elena y

otros v. Magic Sport y otros, supra; González Méndez v. Acción

Soc., 196 DPR 213, 234 (2016).

Como vemos, la primera de las defensas reconocidas por la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil,

supra, es la falta de

jurisdicción sobre la materia. Su importancia estriba en que,

al momento de adjudicar cualquier controversia, los tribunales

deben tener jurisdicción sobre la materia en cuestión y sobre

las partes litigiosas. Cobra Acquisitions, LLC v. Mun. de

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

11

Yabucoa, 210 DPR 384, 394 (2022); Shell v. Srio. Hacienda, 187

DPR

109,

122

(2012).

Recordemos

que

por

jurisdicción

nos

referimos a la autoridad misma que posee un tribunal para

considerar y decidir casos o controversias. Cobra Acquisitions,

LLC v. Mun. de Yabucoa, supra, pág. 394. De un tribunal dictar

una

sentencia

sin

tener

jurisdicción,

su

decreto

será

jurídicamente inexistente o ultra vires. Maldonado v. Junta de

Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

Ante

esta

realidad,

año

tras

año

reiteramos

que

los

tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción; que

los asuntos de este tipo son privilegiados; que deben ser

atendidos con prelación, y que no existe discreción para asumir

jurisdicción donde no la hay. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,

200 DPR 254, 268 (2018); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings,

191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898,

994 (2012). “Por definición, un requisito jurisdiccional es

aquel que se debe cumplir antes de que el tribunal pueda conocer

del pleito”. (Énfasis en el original). Ruiz Camilo v. Trafon

Group., Inc., supra, pág. 268; I. Rivera García, Diccionario de

términos jurídicos, 2da ed. rev., Orford, Ed. Equity, 1985,

pág. 244.

Hemos sido enfáticos en que la ausencia de jurisdicción

sobre la materia: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2)

las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal

como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de

los

dictámenes

ineludible

deber

emitidos;

de

(4)

auscultar

impone

su

a

propia

los

tribunales

el

jurisdicción;

(5)

impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

12

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia

de las partes o del mismo tribunal. MCS Advantage, Inc. v.

Fossas Blanco y otros, 211 DPR 135, 145 (2023), citando a

Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101-102

(2020), que a su vez cita a Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200

DPR 364, 372–373 (2018).

Por esta razón, el aspecto jurisdiccional supone ser el

primer factor que los foros adjudicativos consideren ante toda

situación

jurídica

presentada

ante

sí,

pues

este

incide

directamente sobre el poder para adjudicar la controversia.

Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Ruiz

Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268; Horizon v. Jta.

Revisora, RA Holdings, supra, págs. 233-234.

En consecuencia, los juzgadores deben examinar cualquier

reclamo jurisdiccional de forma rigurosa y, de determinar que

no poseen jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar

la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia.

Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 501; Ruiz Camilo

v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 269; S.L.G. Szendrey-Ramos

v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).

En sintonía, la Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil,

supra, dispone que: “[s]iempre que surja, por indicación de las

partes

o

de

algún

otro

modo,

que

el

tribunal

carece

de

jurisdicción sobre la materia, éste desestimará el pleito”.

Según esta disposición, se debe desestimar una reclamación por

ser de la jurisdicción de una agencia administrativa o de la

esfera federal. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

848,

855

(2009);

R.

Hernández

13

Colón, Práctica

jurídica

de

Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed.

Lexisnexis, 2017, Sec. 2608, pág. 311. Es al amparo de esta

disposición que se ordena a los tribunales locales desestimar

una acción civil cuando surge la falta de jurisdicción sobre la

materia ante el foro aludido. González v. Mayagüez Resort &

Casino, supra, pág. 855.

Como esbozamos anteriormente, una de las instancias en las

que un foro adjudicativo carece de jurisdicción es cuando ocurre

la ocupación del campo por parte del gobierno federal.

B. Doctrina de campo ocupado

La doctrina de campo ocupado proviene directamente de la

Cláusula de Supremacía contenida en la Constitución de Estados

Unidos. Específicamente, el Art. IV de la Carta Magna federal

expresa: “This Constitution, and the Laws of the United States

which shall be made in Pursuance thereof; [...] shall be the

Supreme Law of the Land”. Art. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo

1, ed. 2016, págs. 168–169 (Edición en inglés). De esta manera,

desde el propio nacimiento de la nación, se le otorgó al

Congreso

de

Estados

Unidos

la

facultad

de

concederle

jurisdicción exclusiva al Gobierno federal en ciertos asuntos

medulares para el bienestar del país.

El efecto de este precepto es que el Congreso, en virtud

de la Cláusula de Supremacía, puede ocupar el campo sobre un

asunto federal y excluir la regulación local. Lilly del Caribe

v. Mun. de Carolina, 210 DPR 306, 318 (2022). Y es que, como

norma general, los tribunales estatales tienen jurisdicción o

autoridad para atender todo asunto al amparo de las leyes

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

estatales

y

jurisdicción

14

concurrente

con

los

tribunales

federales para atender asuntos que surjan al palio de las leyes

federales. Tafflin v. Levitt, 493 U.S. 455, 459-460 (1990);

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856. Sin

embargo, en aquellas áreas en las cuales el interés federal es

tan

dominante

que

no

debe

existir

reglamentación

estatal

independiente, o en circunstancias en las que la reglamentación

estatal

podría

objetivos

del

producir

un

resultado

Gobierno

federal,

es

incompatible

necesario

con

los

utilizar

la

doctrina del campo ocupado para evitar conflictos regulatorios

entre los dos gobiernos y fomentar la uniformidad. Lilly del

Caribe v. Mun. de Carolina, supra, pág. 318.

El Gobierno federal establece su jurisdicción exclusiva en

determinado campo cuando el Congreso dispone expresamente para

ello, cuando la intención clara de la ley es privar a los

tribunales estatales de la autoridad sobre ese asunto federal,

o

cuando

la

reglamentación

de

un

área

específica

es

tan

abarcadora que no cabe duda de que la intención federal fue

reglamentar la totalidad del área. Lilly del Caribe v. Mun. de

Carolina, supra, pág. 318; Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc.,

197 DPR 5, 14–15 (2016); Rodríguez v. Overseas Military, 160

DPR 270, 282 (2003).

Los problemas jurisdiccionales bajo la doctrina de campo

ocupado se componen de dos vertientes particulares: legislativa

y adjudicativa. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,

pág.

857.

En

primer

lugar,

el

concepto

de

jurisdicción

legislativa versa sobre quién tiene la facultad para regular,

mediante legislación, determinada materia, hecho o situación.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

15

Rodríguez v. Overseas Military, supra, pág. 279. En segundo

lugar, la jurisdicción judicial se refiere a cuál tribunal, ya

sea

estatal

o

federal,

está

autorizado

para

resolver

las

controversias que se susciten dentro del enclave. Íd. En cuanto

a esto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado: “It

is clearly within Congress powers to establish an exclusive

federal

forum

to

adjudicate

issues

of

federal

law

in

a

particular area that Congress has the authority to regulate

under the Constitution”. Longshoremen v. Davis, 476 U.S. 380,

388 (1986).

En fin, cuando estamos en un campo que ha sido válidamente

ocupado por el Gobierno de Estados Unidos, cualquier ley estatal

que contravenga una ley federal es nula. Lilly del Caribe v.

Mun. de Carolina, supra, pág. 319. A pesar de lo anterior, hay

instancias en las que un estado puede reglamentar actividades

de carácter marginal (peripheral) a la ley federal. Belknap,

Inc. v. Hale, 463 U.S. 491, 498 (1983); Farmer v. Carpenters,

430 U.S. 290, 296 (1977); San Diego Unions v. Garmon, 359 U.S.

236, 244 (1959). Para que exista esta jurisdicción estatal, la

conducta reglamentada por el estado debe ser de alto interés

público, o tratarse de un asunto profundamente arraigado a su

gobierno. Íd. No obstante, los estados solo pueden reglamentar

en aquellos casos en donde no surja una clara intención del

Congreso federal de suprimir dicha jurisdicción estatal. Íd.

C. National Labor Relations Act

El Congreso tiene autoridad para regular las relaciones

obrero-patronales en virtud de la Cláusula de Comercio de la

Constitución de Estados Unidos. Art. I, Const. EE. UU., LPRA,

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

16

Tomo 1, ed. 2023, pág. 167; González v. Mayagüez Resort &

Casino, supra, pág. 856; Longshoremen v. Davis, supra, pág. 388;

San Diego Unions v. Garmon, supra, pág. 240. Véase, además, D.

Fernández y C. Romany, Derecho Laboral: Casos y Materiales, Río

Piedras, Ed. U.P.R., 1987, T. I, pág. 53.

En virtud de esta autoridad, se aprobó la National Labor

Relations Act (NLRA), Pub. L. No. 74-198, 49 Stat. 449 (1935),

29 U.S.C.A. secs. 151-169, también conocida como la Ley Wagner.

Esta pieza marcó un cambio trascendental en las políticas

públicas

laborales

estadounidenses,

puesto

que

la

noción

imperante de ese entonces era que las actividades sindicales

fomentaban “conspiraciones” y que las huelgas solo producían

restricciones

irrazonables

al

comercio.

Sin

embargo,

esto

comenzó a cambiar con la promulgación de la NLRA, ya que en la

misma

se

hizo

una

declaración

nacional

que

establecía

la

legitimidad de la sindicalización y alentaba la práctica de la

negociación colectiva. Sears, Roebuck & Co. v. San Diego Cnty.

Dist. Council of Carpenters, 436 U.S. 180, 190 (1978).

En su declaración de política pública, la NLRA favorece la

absoluta libertad de asociación de los empleados para mejorar

sus condiciones laborales, fomenta la negociación colectiva,

garantiza el derecho a celebrar huelgas y piquetes pacíficos,

e impulsa el intercambio de bienes en el comercio interestatal.

Sec. 1 de la NLRA, 29 U.S.C.A. sec. 151. Posteriormente, la

NLRA fue enmendada por la Labor Management Relations Act of

1947, Pub. L. No. 80-101, 61 Stat. 136 (1947), 29 U.S.C.A. sec.

141-197,

comúnmente

conocida

como

la

Ley

Taft-Hartley.

Adicional a lo reconocido en la NLRA, esta enmienda otorgó a

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

17

los empleados el derecho de abstenerse, si así desean, de

participar en actividades sindicales y estableció los deberes

de las partes privadas en las negociaciones colectivas, entre

otras cosas. Sec. 7 de la NLRA, 29 U.S.C.A. sec. 157. Su

propósito principal es alentar a los trabajadores y a la

gerencia a respetar los acuerdos de negociación colectiva y

evitar boicots secundarios. Sec. 1 de la Ley Taft-Hartley, 29

U.S.C.A. sec. 141.

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Sec.

101 de la Ley Taft-Hartley, supra, enmendó la Sec. 7 de la NLRA

para que leyera como sigue:

Employees shall have the right to self-organization,

to form, join, or assist labor organizations, to

bargain collectively through representatives of

their own choosing, and to engage in other concerted

activities for the purpose of collective bargaining

or other mutual aid or protection, and shall also

have the right to refrain from any or all of such

activities except to the extent that such right may

be affected by an agreement requiring membership in

a labor organization as a condition of employment as

authorized in section 158(a)(3) of this title. 29

U.S.C.A. sec. 157.

Como vemos, la Sec. 7 de la NLRA, según enmendada por la

Ley Taft-Hartley, protege los derechos de los empleados a

organizarse, a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones

obreras, a negociar colectivamente a través de representantes

seleccionados

actividades

por

ellos

concertadas

mismos,

y

con

propósito

el

a

dedicarse

de

a

otras

ayudarse

y

protegerse mutuamente. En armonía, la Sec. 8 de esta ley prohíbe

a los empleadores y sindicatos llevar a cabo ciertas prácticas

ilícitas de trabajo como interferir en el ejercicio de los

derechos

garantizados

en

el

párrafo

anterior,

obstruir

la

formación de organizaciones laborales, o despedir a un empleado

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

18

por radicar cargos, suministrar información o testificar en su

contra. 29 U.S.C.A. sec. 158(a)(1), (2) y (4).

Para velar por el cumplimiento de esta ley se creó el NLRB.

Sec. 3 de la NLRA, 29 U.S.C.A. sec. 153. Sobre esta Junta

Nacional, la Sec. 10(a) de la NLRA dispone:

PREVENTION OF UNFAIR LABOR PRACTICES

(a) Powers of Board generally

The Board is empowered, as hereinafter provided, to

prevent any person from engaging in any unfair labor

practice (listed in section 158 of this title)

affecting commerce. This power shall not be affected

by any other means of adjustment or prevention that

has been or may be established by agreement, law, or

otherwise: Provided, That the Board is empowered by

agreement with any agency of any State or Territory

to cede to such agency jurisdiction over any cases

in any industry (other than mining, manufacturing,

communications, and transportation except where

predominantly local in character) even though such

cases may involve labor disputes affecting commerce,

unless the provision of the State or Territorial

statute applicable to the determination of such

cases by such agency is inconsistent with the

corresponding provision of this subchapter or has

received a construction inconsistent therewith. 29

U.S.C.A. sec. 160(a).

Como si fuera poco, la Sec. 10 de la NLRA, 29 U.S.C.A.

sec. 160, reconoce la jurisdicción exclusiva del NLRB para

resolver controversias que, según esta ley, involucran una

práctica ilícita del trabajo. González v. Mayagüez Resort &

Casino, supra, pág. 858; Belknap, Inc. v. Hale, supra, pág.

498; Garner v. Teamsters Union, 346 U.S. 485 (1953). Entiéndase,

el

NLRB

tiene

controversias

que

jurisdicción

exclusiva

para

resolver

planteen,

ejemplo,

que

patrono

por

un

restringió a sus empleados en el ejercicio de sus derechos

reconocidos en la Sec. 7 de la NLRA, que obstruyó la formación

de organizaciones laborales en su empresa, o que despidió a un

trabajador que —en busca de proteger su ambiente laboral—

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

testificó

en

su

contra

y/o

19

presentó

una

querella.

Véase,

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, págs. 858-859.

En el ejercicio de su autoridad discrecional, el Congreso

federal extendió a Puerto Rico la aplicación de esta ley, así

como

la

jurisdicción

exclusiva

del

NLRB

para

atender

las

controversias que de ella se susciten. González v. Mayagüez

Resort & Casino, supra, pág. 857; Rivera v. Sec. Nat. Life Ins.

Co., 106 DPR 517, 522 (1977). Por ello, en el próximo apartado

nos adentraremos en un análisis jurisprudencial que nos ilustre

cómo esta legislación —sobre todo el aspecto de la jurisdicción

exclusiva de la Junta Nacional— se ha aplicado en nuestra

jurisdicción y en la federal.

D.

Jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional

Desde hace más de 50 años, el Tribunal Supremo de Estados

Unidos reconoció la aplicación de la doctrina de campo ocupado

a las prácticas ilícitas del trabajo enumeradas en la referida

Sec. 8 de la NLRA. Machinists v. Wisconsin Emp. Rel. Comm'n,

427 U.S. 132 (1976); San Diego Unions v. Garmon, supra. Lo

anterior incluye, por supuesto, las situaciones en las que la

regulación estatal entra en conflicto con la intención del

Congreso,

pues

existe

una

necesidad

de

ofrecer

a

los

trabajadores un remedio efectivo a través de un foro adecuado,

mientras se uniforman varios aspectos trascendentales de esta

actividad y se evitan conflictos en la interpretación de esta

normativa obrero-patronal. San Diego Unions v. Garmon, supra,

págs.

242–243.

En

otras

palabras,

el

Máximo

Foro

federal

reafirmó que la jurisdicción exclusiva del NLRB se da en

aquellos casos en que la actividad particular a juzgar se

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

20

encuentre regulada o protegida por la Sec. 7, supra, o que

constituya una práctica ilícita del trabajo al amparo de la

Sec. 8. Longshoremen v. Davis, supra, pág. 388; González v.

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 859.

Según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, para poder

determinar si un foro local puede adjudicar una controversia

bajo la NLRA, enmendada por la Ley Taft-Hartley, hay que

examinar si la controversia es idéntica o diferente de la que

ha podido ser presentada ante el NLRB. Sears, Roebuck & Co. v.

Carpenters,

supra,

págs.

200-201.

“Precisamente

cuando

la

conducta alegada está sujeta a ser sancionada por la Ley TaftHartley es que opera la doctrina de jurisdicción exclusiva de

la Junta Nacional”. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,

pág. 862.

Es importante destacar que este análisis de desplazamiento

—que reconoce jurisdicción exclusiva al NLRB— se efectúa en

consideración al

tipo

de

conducta

involucrada,

y

no

la

naturaleza del remedio solicitado. González v. Mayagüez Resort

& Casino, supra, pág. 862, citando a Díaz Arroyo v. Hosp. Dr.

Susoni,

169

DPR

53,

64

(2006)

(sentencia),

Opinión

de

Conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a

la que se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. Véase,

además, Plumbers' Union v. Borden, 373 U.S. 690, 693-694 (1963);

San

Diego

Unions

v.

Garmon,

supra,

págs.

244-245;

Lognshoremen's v. Davis, supra, pág. 394.

En San Diego Unions v. Garmon, supra, pág. 245, el Tribunal

Supremo federal expresó: “When an activity is arguably subject

to § 7 or § 8 of the Act, the States as well as the federal

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

21

courts must defer to the exclusive competence of the National

Labor Relations Board if the danger of state interference with

national policy is to be averted”. Esto se debe a que el

desplazamiento procura evitar la interferencia estatal con la

forma y manera en que la Junta Nacional pone en vigor el esquema

integrado de reglamentación establecido por la NLRA. Golden

State Transit Corp. v. Los Angeles, 475 U.S. 608, 613 (1986)

(“[I]s

intended

to

preclude

state

interference

with

the

National Labor Relations Board's interpretation and active

enforcement

of

the

‘integrated

established by the NLRA”).

scheme

of

regulation’

De esa forma, cuando los hechos

alegados por el demandante son (o se podrían argumentar que

son) actos de práctica ilícita según la NLRA, ni los tribunales

estatales ni los federales tienen jurisdicción. Chamber of Com.

of

U.S.

v.

Brown,

554

U.S.

60,

65

(2008). Por

esta

particularidad, la doctrina de campo ocupado de la NLRA es más

abarcadora

que

la

típica

regla

general

de

desplazamiento.

“Preemption under the NLRA is unusual, though, because our

precedent maintains that the NLRA preempts state law even when

the two only arguably conflict”. Glacier Northwest, Inc. v.

Int'l Bhd. of Teamsters Loc. Union No. 174, 597 U.S. 771, 776

(2023).

Al cabo, el análisis utilizado por el Tribunal Supremo de

Estados Unidos invita a los foros judiciales a apreciar si la

parte que sostiene la prelación de la NLRA constató que los

hechos alegados por el demandante son o se podría argumentar

que son actos de práctica ilícita según la NLRA. De ser así,

los tribunales deberán aplicar la doctrina de campo ocupado y

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

22

desestimar la reclamación. Solo si la Junta Nacional decide que

la conducta no está protegida o prohibida por la NLRA, es que

los tribunales locales posteriormente podrían justipreciar la

controversia. Íd., págs. 776-777, citando a Longshoremen v.

Davis, supra, pág. 394.

Por nuestra parte, en varias ocasiones hemos tenido que

auscultar nuestra propia jurisdicción para determinar si cierta

reclamación laboral cae bajo la jurisdicción exclusiva del

NLRB. Por ejemplo, en Vargas v. Molinos Nacionales, Inc., 134

DPR

919

(1993),

nos

enfrentamos

a

una

reclamación

de

indemnización por despido injustificado, discrimen sindical e

infracción al deber de justa representación. Desestimamos por

entender

que

las

alegaciones

contenidas

eran

materia

de

exclusiva jurisdicción de la Junta Nacional y correspondía a

dicha entidad, en primera instancia, pasar juicio sobre la

controversia.

Concluimos

que

las

alegaciones

expuestas

describían una práctica ilícita regulada por la ley federal,

pues

la

demanda

discriminaron

alegó

específicamente

perjudicialmente

a

los

que

los

demandados

demandantes

por

sus

actividades obreras y no los reclutaron nuevamente por su

afiliación a la Unión de Trabajadores. Íd., pág. 926.

Asimismo,

en

Díaz

(sentencia),

atendimos

indemnización

por

Arroyo

una

daños

v.

Hosp.

demanda

y

en

Dr.

la

perjuicios

Susoni,

cual

se

por

supra

reclamó

despido

discriminatorio, producto de activismo sindical. Nuevamente

desestimamos por falta de jurisdicción, ya que una de las

cuestiones

a

adjudicar

era

si

el

patrono

incurrió

en

un

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

23

discrimen sindical, materia que es de la exclusiva jurisdicción

del NLRB.

Por último, en González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,

el querellante alegó —igual a como aquí hacen los recurridos—

despido

injustificado

al

amparo

de

la

Ley

sobre

Despidos

Injustificados y la Ley de Represalias. Según las alegaciones

de la querella, el demandante solicitó a su patrono una reunión

para plantear varios asuntos relacionados con su trabajo y sus

derechos como empleado. Aunque en principio el patrono accedió,

el día pautado para la reunión le recriminó la solicitud y sus

motivos, y lo despidió.

El querellante arguyó en su querella

que la razón de su despido fue el "uso válido de su derecho

constitucional de participar en actividades concertadas y a

reclamar derechos que como empleado le corresponden". González

v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 852. En respuesta a

esas

alegaciones,

el

patrono

presentó

una

moción

de

desestimación por falta de jurisdicción en la cual alegó que el

NLRB tenía jurisdicción exclusiva.

Al atender la controversia, analizamos detenidamente las

alegaciones del demandante y entendimos que denunciaban una

conducta regulada y catalogada como práctica ilícita al amparo

de la Sec. 8 de la NLRA. Por esta razón, desestimamos la

querella. Sin importar que los remedios solicitados eran al

amparo de estatutos locales, sus alegaciones pretendían dirimir

ante nuestros tribunales si su despido fue en represalia por su

gestión para reclamar los derechos que le correspondían a él y

a sus compañeros. Íd., pág. 863. Así, opinamos:

Determinar qué constituye una interferencia con una

acción concertada protegida y adjudicar los hechos

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

24

que configurarían o no dicha práctica ilícita, es

jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional. Si

hubiera que adjudicar los hechos que configuran la

práctica ilícita como paso previo para establecer la

jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional, se

echaría por la borda el desplazamiento que ordena la

ley federal. En efecto, el tribunal incurriría en el

contrasentido de intervenir en los méritos de la

controversia para decidir entonces que no puede

hacerlo. (Negrillas suplidas). González v. Mayagüez

Resort & Casino, supra, págs. 863-864.

Con este marco jurídico en mente, pasemos ahora a disponer

de la controversia.

III

El recurso ante nuestra consideración, de forma similar a

lo acontecido en González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,

nos invita a determinar si el Tribunal de Primera Instancia

tiene

la

autoridad

para

atender

la

reclamación

de

unos

trabajadores unionados que solicitan un remedio al amparo de la

legislación

local,

represalias

por

por

estos

entender

servir

que

de

su

testigos

despido

fue

en

querella

una

en

presentada por la ULEES contra su patrono.

Por su parte, el Hospital suplicó la desestimación de la

causa

de

acción

debido

a

que

la

reclamación

es

de

la

jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del

Trabajo. En síntesis, alegó que será imposible para el foro

primario

emitir

una

determinación

sin

pasar

juicio

sobre

asuntos que, en virtud de la doctrina de campo ocupado, son de

potestad exclusiva de la Junta Nacional. Le asiste la razón al

Hospital, lo que comprobamos al examinar las alegaciones de los

recurridos.

En cuanto al despido, la señora Rodríguez Vázquez alegó lo

siguiente:

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

[…].

3. La demandante [Nilda Rodríguez Vázquez] trabajó

para el Hospital desde el mes de enero del 2005.

[…].

6. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es miembro

de la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados

de la Salud, en adelante “ULEES”, organización que

la representa sindicalmente ante su patrono el

Hospital.

7. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es

enfermera graduada con especialidad en anestesia

(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital

Auxilio Mutuo hasta el 20 de agosto de 2022 cuando

fue despedida injustamente y como producto de una

represalia del patrono.

8. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez en conjunto

a otros empleados promovieron que el sindicato que

los representa ULEES, instara y presentara ante el

Departamento de Salud de Puerto Rico una Querella en

contra del Hospital, ya que su patrono tiene

contratados estudiantes de anestesia qui[e]nes

llevan a cabo funciones que solo pueden ejecutar

enfermeros(as) anestesistas licenciados(as) (RNA)

como lo es la demandante.

9. La alegación principal de la Querella ante el

Departamento de Salud es que los estudiantes de

anestesia ejercen las funciones de atender pacientes

solos, sin la supervisión directa de un anestesista

y/o de sus superiores, lo que constituye una

violación al Reglamento 9184 del Departamento de

Salud.

10. La Querella ante el Departamento de Salud lleva

el número Q-22-03-004 siendo presentada el 21 de

marzo de 2022, por el representante sindical de la

demandante. […].

[…].

12. Durante el proceso administrativo el Oficial

Examinador celebró una vista, en la cual compelió a

la ULEES y al Hospital para que se reunieran y tratar

de resolver la controversia. […]. A dicha reunión

comparecieron la demandante Nilda Rodríguez Vázquez,

y Alexander Santana Marrero como testigos de la

querellante, funcionarios del Hospital, así como el

Lic. Carlos M. Ortiz Velázquez en representación de

la querellante y el Lic. José Vélez Gutiérrez, en

representación de la querellada.

25

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

13. En la reunión el representante legal de la

querellante produjo documentos que formaban parte de

su

expediente

profesional,

los

cuales

el

representante legal de la querellada, o sea el

Hospital, reprodujo. Luego de la reproducción de los

documentos el representante legal de la querellante

se los mostró a los testigos, la aquí demandante

Nilda Rodríguez Vázquez y Alexander Santana Marrero,

qui[e]nes por su “expertise” explicaron el contenido

de estos.

14. Luego de terminada la reunión, el representante

legal del Hospital le planteó al representante legal

de la querellante que entre los documentos

producidos había algunos que eran hojas clínicas de

pacientes, que supuestamente son confidenciales y no

había razón alguna para que el abogado de la

querellante los tuviese en su poder.

15. Con posterioridad a la reunión entre las partes

para discutir la querella, los testigos Rodríguez

Vázquez y Santana Marrero fueron citados al

Departamento de Recursos Humanos del Hospital donde

estuvieron presentes funcionarios del Hospital, […].

El hospital le informó a Santana Marrero y a

Rodríguez

Vázquez

que

había

iniciado

una

investigación para determinar cómo los documentos

confidenciales

habían

llegado

a

manos

del

representante legal de la querellante. En dicha

ocasión el Hospital le imputó a la demandante

Rodríguez Vázquez y al otro testigo ante el

Departamento de Salud[,] Santana Marrero, haber

tenido en su poder y haber circulado hojas clínicas

de pacientes, lo que alegadamente constituye una

violación al Health Insurance Portability and

Accountability Act of 1996 (Ley HIPAA). El

representante legal de la querellante le indicó y

les informó a los funcionarios del Hospital, así

como a su representante legal […], que las hojas

clínicas de los pacientes que él produjo en la

reunión de 20 de junio de 2022, no le habían sido

entregadas por los testigos Nilda Rodríguez Vázquez

aquí demandante ni por otro testigo Alexander

Santana Marrero, ya que él las tenía en su poder con

antelación a la reunión.

16. El día 19 de agosto de 2022, el Hospital despidió

de su empleo como represalia a la demandante

Rodríguez Vázquez, por su participación activa en la

reunión de 20 de junio de 2022 que había sido

ordenada por el Oficial Examinador del Departamento

de Salud, cuyo propósito era el tratar de resolver

la controversia entre las partes sin la necesidad de

una vista administrativa. […].

[…].

26

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

27

18. El despido de la demandante Rodríguez Vázquez es

uno injustificado y su único propósito es tomar

venganza y represalias en contra de ésta por

promover una Querella ante el Departamento de Salud

contra

el

Hospital,

por

éste

violar

las

disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad

gubernamental y por comparecer a una reunión donde

le fueron mostrados hojas clínicas de pacientes y

por ella dar una explicación debido a su “expertise”

del contenido de dichas hojas clínicas.

19.[…]. La alegación del Hospital en la carta de

despido a la demandante de que supuestamente violó

la Ley HIPAA, es simplemente una excusa para

desalentar que los empleados participen en querellas

en contra de su patrono. (Negrillas suplidas). Ap.

del certiorari AC-2023-109, págs. 24-27.

En sintonía, apreciemos la similitud de lo alegado por el

señor Santana Marrero:

2.1 La parte demandante Alexander Santana Marrero

comenzó a trabajar para la empresa Hospital Auxilio

Mutuo en el mes de julio del año 2002.

2.2 El demandante Alexander Santana Marrero es

miembro de la Unidad Laboral de Enfermeras (os) y

Empleados

de

la

Salud,

en

adelante

ULEES,

organización que lo representa sindicalmente ante su

patrono el Hospital Auxilio Mutuo.

[…].

2.4 El demandante Alexander Santana Marrero es

enfermero graduado con especialidad en anestesia

(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital

Auxilio Mutuo hasta el 22 de agosto de 2022, cuando

fue despedido.

2.5 El demandante Alexander Santana Marrero,

conjuntamente con otros empleados, promovieron que

el sindicato que los representa, ULEES, instara y

presentara ante el Departamento de Salud de Puerto

Rico una querella en contra del Hospital Auxilio

Mutuo, ya que éste tiene contratados estudiantes de

anestesia que están llevando a cabo funciones que

solo pueden ejecutar enfermeros (as) anestesistas

licenciados (as) (RNA) como lo es el demandante.

[…].

2.10 [Durante

la

vista

administrativa],

el

representante

legal

del

demandante

produjo

documentos que formaban parte de su expediente

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

28

profesional. Estos documentos fueron fotocopiados

por el Hospital Auxilio Mutuo. Luego de la

reproducción de los documentos el representante

legal del demandante se los mostró a los testigos,

el aquí demandante Alexander Santana Marrero y a

Nilda

Rodríguez

Vázquez,

quienes

por

su

“conocimiento

especializado”

explicaron

el

contenido de estos.

2.11 Luego

de

terminada

la

reunión,

el

representante legal del Hospital Auxilio Mutuo le

planteó al representante legal del demandante que

entre los documentos producidos había algunos que

eran hojas clínicas de pacientes, que supuestamente

son confidenciales y no había razón alguna para que

el abogado del demandante los tuviera en su poder.

[…].

2.14 El

Hospital

Auxilio

Mutuo

despidió

al

demandante Santana Marrero el 22 de agosto de 2022.

2.15 El despido del demandante fue un acto de

represalias en contra de éste, por promover una

querella ante el Departamento de Salud contra el

Hospital Auxilio Mutuo, por violar las disposiciones

del Reglamento 9184 de dicha entidad gubernamental.

2.16 […]. La alegación del Hospital en las cartas

de despido a los demandantes de que supuestamente

violaron la Ley HIPAA es simplemente una excusa para

desalentar que los empleados participen en querellas

en contra de su patrono.

[…]. (Negrillas suplidas). Ap. del certiorari AC2024-31, págs. 27-29.

Tras un análisis meticuloso de las alegaciones presentadas

por los recurridos ante el Tribunal de Primera Instancia,

indudablemente se podría concluir que estas denuncian actos de

práctica ilícita bajo la NLRA. Evidentemente, los recurridos

sostienen que fueron despedidos por haber testificado contra su

patrono en un procedimiento ante el Departamento de Salud, por

una querella que ellos mismos promovieron por entender que el

Hospital

unionado.

estaba

asignando

trabajo

unionado

al

personal

no

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

29

Si lo anterior fuera cierto y se probara que, en efecto,

el Hospital los despidió por testificar en su contra, la Junta

Nacional podría concluir que se constituyó una práctica ilícita

del trabajo cuya justipreciación, en virtud de la NLRA, recae

bajo su jurisdicción exclusiva. Recordemos que la Sec. 8 de la

NLRA señala como práctica ilícita el despedir a un empleado por

radicar cargos, suministrar información o testificar en su

contra. [“(4) to discharge or otherwise discriminate against an

employee because he has filed charges or given testimony under

this Act”]. 29 U.S.C.A. sec. 158(a)(4).

Por otro lado, de las alegaciones presentadas también se

podría concluir que, al despedir a los unionados, el patrono

restringió

a

sus

empleados

del

ejercicio

de

sus

derechos

reconocidos por la Sec. 7 de la NLRA, supra. Como vimos, los

empleados

unionados

tienen

derecho

a

realizar

actividades

dirigidas a proteger y mejorar su ambiente laboral, e interferir

con ello constituye una práctica ilícita de parte del patrono.

Íd. De esa forma, como los recurridos instaron una querella

porque su patrono contrató a estudiantes para que realizaran el

trabajo que correspondía a ellos, de forma directa o indirecta

se pudo haber afectado un beneficio de los empleados unionados

del Hospital.

Además, en González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,

pág. 862, plasmamos que para poder determinar si un foro local

puede adjudicar una controversia de este tipo hay que examinar

si la controversia es idéntica o diferente de la que ha podido

ser presentada ante el NLRB. Al evaluar el expediente, notamos

que

el

8

de

septiembre

de

2022,

previo

a

acudir

a

los

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

30

tribunales, los recurridos asistieron directamente ante la

Junta Nacional —mediante la ULEES— alegando lo siguiente:

On or about the past six months, the above-named

Employer, Hospital Auxilio Mutuo, Inc., harassed and

interrogated employee Alexander Santana about his

Union

activities

and/or

protected

concerted

activities, and threatened him with unspecified

reprisals. Since on or about August 2022, the abovenamed Exployer has discriminated against employees

Alexander Santana and Nilda Rodriguez by terminating

their employment as retaliation for their Union

activities and/or protected concerted activities on

behalf of the Unidad Laboral de Enfermeras(os) y

Empleados de la Salud, ULEES. (Negrillas suplidas).

Caso 12-CA-303186. Ap. del certiorari AC-2023-109,

pág. 91.

De una lectura del cargo de práctica ilícita presentado

ante la Junta Nacional vis a vis las alegaciones presentadas

ante el foro primario, vemos que los argumentos son los mismos.

Contrario a lo que ahora argumentaron los recurridos, los hechos

alegados que provocaron el despido y en los que basan sus

demandas se plantearon como violaciones a derechos que están

protegidos por la NLRA. Tanto es así que los propios recurridos

acudieron en primera instancia ante la NLRB para presentar el

mismo reclamo, aunque después lo hayan retirado para proseguir

con las demandas de epígrafe.

Al evaluar los planteamientos del señor Santana Marrero y

la

señora

Rodríguez

reclamación

debe

Vázquez,

hacerse

ante

es

forzoso

concluir

que

su

la

NLRB.

De

prosperar

sus

alegaciones, estaríamos ante una práctica ilícita del trabajo

objetada

por

la

Ley

Taft-Hartley.

Los

tribunales

locales

carecemos de jurisdicción para determinar eso y, por lo tanto,

para atender esta queja. Véase, Chamber of Com. of U.S. v.

Brown, supra, pág. 65.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

31

Del mismo modo, aprovechamos la oportunidad que presenta

este caso para clarificar que, si bien la Sec. 7 de la NLRA

protege los derechos de los empleados a organizarse y a realizar

actividades

concertadas

con

el

propósito

de

ayudarse

mutuamente, en las alegaciones ante los tribunales locales no

es necesario plasmar el término “actividades concertadas”, o

cualquier

equivalente,

ordenado

por

el

anteriormente,

la

para

que

Congreso

conducta

opere

federal.

involucrada

el

desplazamiento

Como

mencionamos

es

clave

la

para

determinar a cuál foro corresponde atender la controversia.

Utilizar un lenguaje distinto como subterfugio para traspasar

las

fronteras

ordenamiento.

jurisdiccionales

Lo

opuesto,

no

entiéndase,

tiene

que

cabida

la

en

el

jurisdicción

exclusiva de la Junta Nacional dependa de que se alegue de forma

literal

que

se

atentó

contra

“actividades

concertadas”

protegidas, quebrantaría la clara intención detrás de la NLRA

y podría conllevar a que se presenten dos alegaciones distintas

por los mismos hechos y que se penalice al patrono en múltiples

ocasiones por la misma conducta. Recordemos que un empleado que

reclame que fue despedido por realizar una actividad protegida

por la Ley Taft-Hartley, solo tiene derecho al remedio que le

concede dicha ley. Los tribunales locales no tenemos facultad

para intervenir en estos asuntos. González v. Mayagüez Resort

& Casino, supra, pág. 862; Rivera v. Security Nat. Life Ins.

Co., supra, págs. 526-527.

Contrario a lo alegado por los recurridos y a lo concluido

por el foro intermedio, tampoco importa si las reclamaciones

ante el Tribunal de Primera Instancia están fundamentadas en

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

32

violaciones de leyes locales, ya que este análisis se efectúa

tomando en consideración el tipo de conducta involucrada, y no

la

naturaleza

legal

del

remedio

solicitado.

González

v.

Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 862. La doctrina de

desplazamiento en el ámbito laboral impide que un tribunal

estatal

atienda

una

conducta

proscrita

por

la

Junta

Nacional, independientemente de si la misma violenta, a su vez,

derechos

según

la

Constitución

local

o

alguna

legislación

laboral estatal. Íd., pág. 863.

En conclusión, ante la ausencia de jurisdicción sobre la

materia, el tribunal está facultado para así declararlo y

desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la

controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.

501.

Esta

desestimación

se

basa

en

lo

que

se

alega

—sin

cuestionar si es cierto o no— pues el foro con jurisdicción

exclusiva es el único autorizado a estimar cuáles son los hechos

probados, luego de sopesar la evidencia que en su día las partes

presenten. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág.

864. Si pretendemos adjudicar los hechos que configuran la

práctica

ilícita

como

paso

previo

para

establecer

la

jurisdicción exclusiva del NLRB, echaríamos por la borda el

desplazamiento que ordena la ley federal. Recalcamos que sería

un contrasentido intervenir en los méritos de la controversia

para luego decidir que no podíamos hacerlo. Íd.

IV

Por

dictámenes

los

fundamentos

del

Tribunal

antes

de

expuestos,

Apelaciones

revocamos

en

los

los

casos

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

33

KLCE202301095 y KLCE202400040. Al hacerlo, desestimamos los

casos consolidados de epígrafe, por falta de jurisdicción.

Se dictará Sentencia en conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nilda Rodríguez Vázquez

Recurrida

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

Peticionario

_____________________________

Alexander

Santana

Marrero,

Dinorah Burgos Luccioni y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

AC-2023-0109

cons. con

AC-2024-0031

Recurridos

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia,

revocamos los dictámenes del Tribunal de Apelaciones en los

casos

KLCE202301095

y

KLCE202400040.

Al

hacerlo,

desestimamos los casos consolidados de epígrafe, por falta

de jurisdicción.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió

una Opinión disidente a la cual se unió la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez.

La Jueza Asociada Rivera Pérez no

interviene.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nilda Rodríguez Vázquez

Recurrida

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

AC-2023-0109

Peticionario

_____________________________

Alexander Santana Marrero,

Dinorah Burgos Luccioni y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

cons. con

AC-2024-0031

Recurridos

v.

Hospital Español Auxilio Mutuo

Peticionario

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ

a la que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2025.

Por considerar que son los tribunales estatales los foros

con jurisdicción para atender toda reclamación que, por despido

injustificado y represalias, tenga una obrera o un obrero

unionado en contra de su patrono, -- cuando la misma no tenga

el propósito de proteger los intereses del sindicato al cual

pertenecen --, respetuosamente disentimos del curso de acción

seguido por una mayoría de este Tribunal en el presente caso.

Veamos.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

2

I.

Los hechos medulares que dan margen al presente litigio

no están en controversia. En extrema síntesis, el 24 de mayo

de

2023

el

Sr.

Alexander

Santana

Marrero,

--

enfermero

anestesista de profesión --, la Sra. Dinorah Burgos Luccioni

y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos

(en

adelante

y

en

conjunto,

“señor

Santana

Marrero”)

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda

por

despido

Hospital

injustificado

Español

Auxilio

y

represalias

Mutuo

(en

en

adelante,

contra

del

“Hospital

Auxilio Mutuo”). Lo anterior, al amparo de la Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 1976, también conocida como la Ley sobre

Despidos Injustificados, infra (en adelante, “Ley Núm. 801976”) y de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991,

también conocida como la Ley contra el Despido Injusto o

Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un

Foro

Legislativo,

Administrativo

o

Judicial,

infra

(en

adelante, “Ley Núm. 115-1991”).

En esencia, en el referido escrito el señor Santana

Marrero alegó, ante el foro primario, que trabajó para el

Hospital Auxilio Mutuo por un poco más de veinte (20) años

hasta que, el 22 de agosto de 2022,

fue despedido

por

represalias. Ello, luego de que participara como testigo en

cierto proceso administrativo celebrado ante el Departamento

de Salud, relacionado con la Querella Núm. Q-22-03-004, la

cual fue presentada por la Unidad Laboral de Enfermeros y

Empleados de la Salud (en adelante, “ULEES”), en contra de

la referida institución hospitalaria.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

3

En dicha querella, -- entiéndase, la Querella Núm. Q22-03-004 --, la cual se presentó al amparo del Reglamento

para

la

Construcción,

Operación,

Mantenimiento

y

Licenciamiento de los Hospitales en Puerto Rico, Reglamento

Núm. 9184, Departamento de Salud, 1 de julio de 2020 (en

adelante, “Reglamento Núm. 9184”), la ULEES alegó que el

Hospital Auxilio Mutuo contrataba estudiantes de anestesia

para que éstos ejercieran las funciones de un enfermero

anestesista licenciado, y que, además, dichos estudiantes

tenían pacientes a su cargo sin que la referida institución

hospitalaria ejerciera la supervisión adecuada y requerida,

lo

cual

es

contrario

reglamentación.

Es

a

lo

menester

dispuesto

en

señalar

que,

la

mencionada

luego

de

la

investigación de rigor, el Secretario del Departamento de

Salud emitió una Resolución mediante la cual concluyó que,

en efecto, el Hospital Auxilio Mutuo estaba en incumplimiento

con el Reglamento Núm. 9184.

Por su parte, y de vuelta a lo relacionado a la causa

de epígrafe, el 25 de mayo de 2023 la Sra. Nilda Rodríguez

Vázquez (en adelante, “señora Rodríguez Vázquez”), -- también

enfermera anestesista --, de igual manera presentó ante el

foro

primario

represalias

una

en

Demanda

contra

de

por

la

despido

injustificado

referida

y

institución

hospitalaria. Al igual que el señor Santana Marrero, la

reclamación de ésta última fue al amparo de la Ley Núm. 801976 y de la Ley Núm. 115-1991. En su Demanda, la señora

Rodríguez Vázquez alegó que trabajó para el Hospital Auxilio

Mutuo por aproximadamente diecisiete (17) años y que su

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

4

despido se debió a que, además de participar como testigo en

la Querella Núm. Q-22-03-004, fue ella quien promovió que la

ULEES presentara la misma.

Enterado

de

lo

anterior,

la

referida

institución

hospitalaria presentó ante el Tribunal de Primera Instancia

una Moción de desestimación para cada demanda. En dichos

escritos,

el

Hospital

Auxilio

Mutuo

solicitó

que

las

mencionadas reclamaciones fuesen desestimadas, puesto que los

asuntos allí planteados eran de la jurisdicción exclusiva de

la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. En particular,

la

referida

institución

hospitalaria

argumentó

que

las

alegaciones de despido injustificado y represalias contenidas

en las demandas presentadas en su contra se fundamentaban en

conductas

que

podrían

considerarse

actos

de

prácticas

ilícitas bajo la National Labor Relations Act, infra.1

En respuesta, el señor Santana Marrero y la señora

Rodríguez

Vázquez

se

opusieron

a

las

solicitudes

de

desestimación presentadas por el Hospital Auxilio Mutuo. En

su Oposición, el señor Santana Marrero indicó que de las

alegaciones

en

su

Demanda

no

se

desprendía

que

su

participación como testigo en la Querella Núm. Q-22-03-004

tuviera el propósito de adelantar o proteger los intereses

del sindicato al que pertenece, lo cual sería necesario para

que la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tuviera

jurisdicción exclusiva para atender su reclamación.

Específicamente, el Hospital Auxilio Mutuo adujo que la Sec. 10 de la

National Labor Relations Act, infra, confiere jurisdicción exclusiva a la

Junta Nacional de Relaciones del Trabajo sobre reclamaciones al amparo de

la misma.

1

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

5

La señora Rodríguez Vázquez, por su parte, y en su

Oposición, enfatizó el hecho de que las alegaciones incluidas

en

su

Demanda

estaban

fundamentadas,

exclusivamente,

en

violaciones a las leyes laborales locales antes mencionadas,

-- a saber, la Ley Núm. 80-1976 y la Ley Núm. 115-1991 --, y

no así en violaciones a derechos protegidos por la National

Labor Relations Act, infra. Asimismo, expresó que la razón

por

la

cual

el

Hospital

Auxilio

Mutuo

indicó

haberla

despedido fue un pretexto para así hacerlo y que, en realidad,

fue

despedida

por

su

participación

como

testigo

en

la

Querella Núm. Q-22-03-004, presentada por la ULEES en contra

de éste.2

Recibidos los mencionados escritos del señor Santana

Marrero

y

la

señora

Rodríguez

Vázquez,

la

referida

institución hospitalaria presentó una Réplica a oposición a

moción de desestimación en cada pleito. En dichos escritos,

el Hospital Auxilio Mutuo reiteró su argumentó sobre la

jurisdicción exclusiva que ostenta la Junta Nacional de

Relaciones del Trabajo para atender los reclamos presentados

por el enfermero y la enfermera anestesista en cuestión,

puesto que éstos estaban basados en represalias sufridas al

ser

despedidos

por

participar

en

cuestiones

sindicales

llevadas a cabo por la ULEES.3

Según surge del expediente, la señora Rodríguez Vázquez y el señor

Santana Marrero fueron despedidos por haber incurrido en alegada violación

a la Health Insurance Portability and Accountability Act, Pub. L. No.

104-191, 100 Stat. 1934 (1996), mejor conocida como la Ley HIPAA, dentro

del mencionado procedimiento llevado a cabo ante el Departamento de Salud.

2

Para sostener su argumento, el Hospital Auxilio Mutuo indicó que la

ULEES, -- en representación del señor Santana Marrero y de la señora

Rodríguez Vázquez --, presentó cargos en su contra, ante la Junta Nacional

de Relaciones del Trabajo, por los mismos hechos. Cabe señalar que dicha

3

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

6

Así las cosas, y luego de varios incidentes procesales

no necesarios aquí pormenorizar, el Tribunal de Primera

Instancia emitió dos resoluciones, -- una en cada caso --,

en

las

que

declaró

no

ha

lugar

las

solicitudes

de

desestimación presentadas por el Hospital Auxilio Mutuo. El

foro primario, en síntesis, enfatizó que las reclamaciones

presentadas

por

el

señor

Santana

Marrero

y

la

señora

Rodríguez Vázquez eran al amparo de la legislación local

antes mencionada, -- entiéndase, la Ley Núm. 80-1976 y la Ley

Núm. 115-1991 --, y no de las Secs. 7 y 8 de la National

Labor Relations Act, infra, por lo que dicho foro tenía

jurisdicción para determinar si, en efecto, éstos habían sido

despedidos injustificadamente y por represalias. A su vez,

el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Querella

presentada por la ULEES ante el Departamento de Salud, -- en

la cual el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez Vázquez

fungieron como testigos --, no buscaba adelantar cuestiones

de

negociación

unionados,

que

colectiva

o

la

ameritase

fuese

protección

la

de

Junta

empleados

Nacional

de

Relaciones del Trabajo quien atendiese el presente caso.

En desacuerdo con las determinaciones del foro primario,

la referida institución hospitalaria acudió ante el Tribunal

de Apelaciones, mediante

dos

recursos de

certiorari. En

esencia, en éstos, el Hospital Auxilio Mutuo reiteró que las

reclamaciones

presentadas

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia por el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez

reclamación fue retirada previo a que se presentaran las demandas aquí en

cuestión.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

Vázquez

estaban

fundadas

en

7

asuntos

de

la

jurisdicción

exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.

Evaluados los recursos presentados, el foro apelativo

intermedio, por voz de dos Paneles de Apelación distintos,

denegó expedir los mismos.4 Ello, en esencia, por entender

que el foro primario, en efecto, tenía jurisdicción para

atender

los

represalias,

reclamos,

que

el

por

señor

despido

Santana

injustificado

Marrero

y

la

y

señora

Rodríguez Vázquez tenían en contra del Hospital Auxilio

Mutuo.

Inconforme con el proceder del Tribunal de Apelaciones,

la referida institución hospitalaria acudió ante nos mediante

dos

solicitudes

síntesis,

el

de

apelación.

Hospital

Auxilio

En

dichos

Mutuo

escritos,

aduce

que

y

el

en

foro

apelativo intermedio erró al determinar que el Tribunal de

Primera Instancia tenía jurisdicción para atender los casos

de

epígrafe.

A

dicha

solicitud,

oportunamente,

y

bajo

fundamentos similares a los expuestos ante el foro primario

y el Tribunal de Apelaciones, el señor Santana Marrero y la

señora Rodríguez Vázquez se opusieron.

Expedido el presente recurso en reconsideración, una

mayoría

de

mis

compañeros

y

compañera

de

estrado

ha

determinado que el Tribunal de Primera Instancia no tenía

jurisdicción, -- en este caso, sobre la materia --, para

En el caso del señor Santana Marrero, el Panel de Apelación estuvo

integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla

Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.

4

En el caso de la señora Rodríguez Vázquez, el Panel de Apelación estuvo

integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera Torres

y la Jueza Rivera Pérez.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

8

atender las acciones por despido injustificado y represalias

que ante sí fueron incoadas por el señor Santana Marrero y

la señora Rodríguez Vázquez. Ello, al concluir, -- a nuestro

juicio, equivocadamente --, que las alegaciones de estos

últimos denuncian actos de prácticas ilícitas de un patrono

que, bajo la National Labor Relations Act, infra, solo pueden

ser

atendidas

por

la

Junta

Nacional

de

Relaciones

del

Trabajo.

Con dicha conclusión, como ya adelantamos, no podemos

estar

de

acuerdo.

Por

ello,

respetuosamente

disentimos.

Procedamos, pues, a explicar el porqué.

II.

Como se sabe, uno de los mecanismos que tiene disponible

la parte demandada en un pleito para, -- en etapas tempranas

del litigio --, solicitar que se desestimen una o varias de

las causas de acción instadas en su contra es la moción de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.

Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Véase también, Colón v.

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). En su inciso (1), y en lo

pertinente

disposición

a

los

asuntos

reglamentaria

que

hace

nos

ocupan,

mención

a

la

mencionada

la

falta

de

jurisdicción sobre la materia como uno de los fundamentos en

que puede basarse una solicitud desestimación al palio de

ésta. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2(1).

Sobre este particular, -- entiéndase, la jurisdicción

sobre la materia --, es norma reiterada que los tribunales

estatales tienen autoridad para atender todos los asuntos que

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

9

se presenten ante sí al amparo de leyes estatales. Rodríguez

v. Overseas Military, 160 DPR 270, 278 (2003). Véase también,

Yellow Freight System, Inc. v. Donnelly, 494 U.S. 820 (1990)

y Gulf

Offshore

Co.

v.

Mobil

Oil

Corp.,

453

U.S.

473

(1981). Asimismo, éstos tienen jurisdicción concurrente con

los tribunales federales para, en ciertas instancias, atender

controversias que surjan en virtud de algún estatuto federal.

Íd.

Empero,

Congreso

de

esto

último

es

así,

los

Estados

Unidos

siempre

no

haya

y

cuando,

privado

a

el

los

tribunales estatales de autoridad para atender determinados

asuntos, es decir, no haya ocupado el campo. Rodríguez v.

Overseas Military, supra, 278-279 (2003). Véase también,

Yellow

Freight

System,

Inc.

v.

Donnelly,

supra,

y Gulf

Offshore Co. v. Mobil Oil Corp., supra. Recordemos que,

conforme a lo dispuesto en la Cláusula de la Supremacía de

la Constitución de los Estados Unidos de América, Art. VI,

Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, el Congreso federal puede, a

través de sus leyes, -- disponiéndolo bien sea expresamente

o porque se pueda inferir a raíz de la intención legislativa

--, otorgar o privar de jurisdicción a un tribunal estatal

para atender ciertos asuntos. Rodríguez v. Overseas Military,

supra.

Véase

también,

Yellow

Freight

System,

Inc.

v.

Donnelly, supra, y Gulf Offshore Co. v. Mobil Oil Corp.,

supra.

Así pues, en el caso de que, en efecto, un tribunal

estatal carezca de jurisdicción sobre la materia para atender

determinado asunto que haya sido presentado ante sí, el mismo

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

debe

ser

desestimado

sin

entrar

10

en

los

méritos

de

la

controversia. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848,

855-856 (2009); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR

48, 63 (1989). La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra,

como ya hemos señalado, puede ser el vehículo procesal para

adelantar tales fines.

No

obstante,

y

según

ha

sido

sentenciado

por

este

Tribunal en el pasado, no debemos olvidar que, al momento de

considerar una moción de desestimación, -- como lo es la

Moción

de

Desestimación

al

amparo

de

la

Regla

10.2

de

Procedimiento Civil, supra --, los tribunales están obligados

a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la

demanda y, además, deben considerarlos de la manera más

favorable

a

la

parte

demandante.

López

García

v.

López

García, 200 DPR 50, 69-70 (2018); Rivera Sanfeliz et al. v.

Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías v.

Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). En ese sentido,

para que proceda la desestimación de una controversia, es

imperativo

que

se

demuestre

“de

forma

certera

que

el

demandante no tiene derecho alguno bajo cualquier estado de

[D]erecho que se pudiera probar en apoyo a su reclamación,

aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor”.

Íd. De eso, precisamente, trata el caso de marras.

Habiendo atendido la normativa procesal que gobierna los

asuntos ante nuestra consideración, pasemos pues, a evaluar

la normativa sustantiva que es necesaria repasar para la

completa y correcta disposición de los mismos.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

11

III.

A.

En específico, y de entrada, debemos recordar que la

National Labor Relations Act, Pub. L. No. 74-198, 49 Stat.

449 (1935), 29 USCA secs. 151-169 (en adelante, “NLRA”), es

el estatuto, de estirpe federal, que alienta la práctica y

el procedimiento de la negociación colectiva entre obreros u

obreras y patronos. A su vez, protege el ejercicio de los

trabajadores y las trabajadoras a asociarse, organizarse y

elegir

libremente

sus

representantes

para

así

negociar

mejores términos y condiciones de trabajo. Sec. 1, NLRA, 29

USCA sec. 151. El propósito detrás de dicha disposición legal

era, y es, en parte, reducir los efectos adversos que tienen

las huelgas obreras en el comercio.5 Íd.

En particular, y en lo pertinente a los asuntos ante

nuestra consideración, la Sec. 7 de la NLRA, infra, protege

los derechos de los empleados y las empleadas a organizarse,

a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras, a

negociar

colectivamente

seleccionados

actividades

por

ellos

concertadas

a

través

de

mismos,

y

con

propósito

el

a

representantes

dedicarse

de

a

otras

negociar

colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua.6 Sec.

7, NLRA, 29 USCA sec. 157.

Cabe señalar que dicha ley fue enmendada en el 1947 por la Labor

Management Relations Act of 1947, Pub. L. No. 80-101, 61 Stat. 136 (1947),

29 USCA secs. 141-197, mejor conocida como la Ley Taft-Hartley (en

adelante, “Ley Taft-Hartley”). Lo anterior, para reiterar y extender el

derecho a la negociación colectiva, en miras de proteger aún más el flujo

de comercio. Sec. 1 de la Ley Taft-Hartley, supra, 29 USCA sec. 141.

6 Luego de ser enmendada por la Ley Taft-Hartley, supra, la Sec. 7 de la

NLRA, supra, lee de la siguiente manera:

5

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

12

La Sec. 8 de la NLRA, infra, por su parte, dispone las

acciones que, de ser llevadas a cabo por empleadores o

sindicatos, serán consideradas como prácticas ilícitas de

trabajo. Sec. 8, NLRA, 29 USCA sec. 158. Entre estas razones,

se

encuentran

la

interferencia

en

el

ejercicio

de

los

derechos garantizados a los empleados y las empleadas por la

Sec. 7 de la misma ley, y el despedir a un obrero u obrera,

o discriminar en su contra, por radicar cargos, o testificar

en contra del patrono, al amparo de la NLRA, supra.7 Íd.

Como se puede apreciar, y en lo pertinente a los asuntos

que nos ocupan, bajo la NLRA, supra, se considerará una

práctica ilícita de trabajo el que un patrono despida a un

obrero o una obrera como represalias por haber presentado una

reclamación, o haber testificado, en su contra. Sin embargo,

dicha reclamación, -- a saber, la que tuvo como efecto el

Employees shall have the right to self-organization, to form,

join, or assist labor organizations, to bargain collectively

through representatives of their own choosing, and to engage

in other concerted activities for the purpose of collective

bargaining or other mutual aid or protection, and shall also

have the right to refrain from any or all of such activities

except to the extent that such right may be affected by an

agreement requiring membership in a labor organization as a

condition of employment as authorized in section 8(a)(3)

[section 158(a)(3) of this title]. Sec. 7, NLRA, 29 USCA sec.

157.

La Sec. 8. de la NLRA, supra, establece, en lo pertinente al caso que

nos ocupa, lo siguiente:

7

(a) [Unfair labor practices by employer] It shall be an unfair

labor practice for an employer—

(1) to interfere with, restrain, or coerce employees in

the exercise of the rights guaranteed in section 7 [section

157 of this title];

[. . .]

(4) to discharge or otherwise discriminate against an

employee because he has filed charges or given testimony

under this Act [subchapter];

[. . .] (Énfasis suplido). Sec. 8, NLRA, 29 USCA sec. 158.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

13

despido --, necesariamente, debe haber sido presentada al

amparo del referido estatuto, entiéndase, de la NLRA, supra.

En otras palabras, ésta debe estar fundamentada en un reclamo

de derechos sindicales.

Así las cosas, y para poder atender adecuadamente, de

así haberlos, reclamos como los antes expuestos, la NLRA,

supra, creó la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo,

entidad con la tarea de prevenir que una persona lleve a cabo

cualquiera de las prácticas ilícitas de trabajo enumeradas

en la Sec. 8 de dicho estatuto.8 Sec. 10, NLRA, 29 USCA sec.

160, inciso (a). En esa tarea, -- y según dispone la NLRA,

supra, en su Sec. 10 --, como es sabido, la Junta Nacional

de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción exclusiva. Así,

correctamente, lo ha reconocido este Tribunal en reiteradas

ocasiones. Véase,

González v.

Mayagüez Resort & Casino,

supra; Vargas v. Molinos Nacionales, Inc., 134 DPR 919,

(1993); Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517

(1977).

En particular, la Sec. 10 de la precitada disposición legal, en su

inciso (a), indica lo siguiente:

8

(a) [Powers of Board generally] The Board is empowered, as

hereinafter provided, to prevent any person from engaging in

any unfair labor practice (listed in section 8 [section 158

of this title]) affecting commerce. This power shall not be

affected by any other means of adjustment or prevention that

has been or may be established by agreement, law, or

otherwise: Provided, That the Board is empowered by agreement

with any agency of any State or Territory to cede to such

agency jurisdiction over any cases in any industry (other

than

mining,

manufacturing,

communications,

and

transportation except where predominately local in character)

even though such cases may involve labor disputes affecting

commerce, unless the provision of the State or Territorial

statute applicable to the determination of such cases by such

agency is inconsistent with the corresponding provision of

this Act [subchapter] or has received a construction

inconsistent therewith. Sec. 10, NLRA, 29 USCA sec. 160,

inciso (a).

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

14

B.

De otra parte, y ya más en lo referente a los estatutos

de estirpe local que gobiernan los asuntos ante nuestra

consideración, conviene mencionar aquí que, la Ley Núm. 801976, 29 LPRA sec. 185a et seq., es la disposición legal que

busca otorgar remedios justos a quienes hayan sido despedidos

o despedidas injustamente de su empleo; procurando, a su vez,

desalentar dicha práctica. Exposición de Motivos, Ley Núm.

80-1976, supra. A esos fines, la Ley Núm. 80-1976 garantiza

el que un obrero o una obrera, que haya sido despedida sin

justa causa, tenga derecho a recibir una indemnización por

su despido, cuantía que será determinada a la luz del periodo

de tiempo que éste o ésta haya trabajado para el patrono.

Art. 1, Ley Núm. 80-1976, 29 LPRA sec. 185a. Véase también,

Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643, 650 (2014).

El Art. 2 de la Ley Núm. 80-1976, supra, por otro lado,

es el que dispone las razones que se considerarán justa causa

para el despido de un obrero o una obrera. 29 LPRA sec. 185b.

Entre éstas razones, se encuentran aquellas que afecten el

buen y normal funcionamiento de un establecimiento, como por

ejemplo: (1) que el obrero o la obrera incurra en un patrón

de

conducta

impropia

o

desordenada,

o

de

desempeño

deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o

negligente; (2) que éste o ésta viole reiteradamente las

reglas y reglamentos razonables establecidos; (3) el cierre

total, temporero o parcial de las operaciones; (4) cambios

tecnológicos, de reorganización, del producto ofrecido o de

servicios rendidos; y (5) reducciones en el empleo necesarias

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

como

consecuencia

de

una

disminución

15

en

el

volumen

de

producción o ventas. Íd. Asimismo, “se entenderá por justa

causa para el despido de un [obrero o una obrera] aquella que

no esté motivada por razones legalmente prohibidas y que no

sea producto del mero capricho del patrono”. Íd.

Ahora bien, la precitada disposición también indica que

el que un obrero o una obrera colabore o se exprese en una

investigación ante cualquier foro administrativo, judicial o

legislativo en Puerto Rico, no se considerará justa causa

para su despido. Íd. De ser despedido por ello, éste o ésta

tendrá derecho “a que se ordene su inmediata restitución en

el empleo y a que se le compense por una cantidad igual a los

salarios y beneficios dejados de percibir desde la fecha del

despido hasta que un tribunal ordene la reposición en el

empleo”. Íd.

C.

Por último, y según surge de su Exposición de Motivos,

la Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 194 et seq., fue aprobada

con el propósito de confirmar y ampliar la política pública

del País en cuanto a la protección de derechos de la clase

obrera se refiere. Exposición de Motivos, Ley Núm. 115-1991,

supra. Esta disposición legal tiene como fin proteger a los

obreros y las obreras de acciones adversas por parte de sus

patronos

luego

“testimonio,

de

que

expresión

éstos

o

o

éstas

provean

información

ante

cualquier

un

foro

legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico”. Art.

2(a), Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 194b.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

16

Así pues, un obrero o una obrera que sea despedido,

amenazado o discriminado por ello podrá incoar una acción

civil en contra de su patrono para que “se le compense por

los

daños

reales

sufridos,

las

angustias

mentales,

la

restitución en el empleo, los salarios dejados de devengar,

beneficios y honorarios de abogado”. Íd., inciso (b). De

determinarse

que,

en

efecto,

el

patrono

incurrió

en

la

mencionada conducta prohibida por la Ley Núm. 115-1991, la

cuantía por la cual éste responderá será el doble de los

daños y de los salarios dejados de devengar. Íd.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que,

-- desde la disidencia --, procedemos a disponer del caso que

nos ocupa.

IV.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso, el

señor Santana Marrero y la señora Rodríguez Vázquez sostienen

que, -- tal y como resolvieron los foros primarios y apelativo

intermedio --, sus reclamaciones por despido injustificado y

represalias, las cuales presentaron individualmente en contra

del Hospital Auxilio Mutuo al amparo de legislación local, y

que no tienen el propósito de proteger el sindicato al cual

pertenecen, deben ser atendidas por el Tribunal de Primera

Instancia y no por la Junta Nacional de Relaciones del

Trabajo, como alega quien en un momento dado fue su patrono.

Les asiste la razón.

Y

es

que,

de

conformidad

con

la

normativa

antes

expuesta, para que opere la jurisdicción exclusiva de la

Junta Nacional de Relaciones del Trabajo en casos como el que

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

17

hoy tenemos ante nuestra consideración, es imprescindible

que, a través de las alegaciones sostenidas por los o las

reclamantes, éstos y éstas denuncien una de las prácticas

ilícitas de trabajo contenidas en la Sec. 8 de la NLRA, supra.

Ello, sencillamente, no fue lo alegado aquí.

En particular, y en cuanto a lo que aquí nos concierne,

el señor Santana Marrero incluyó en su Demanda las siguientes

alegaciones:

[…].

2.1 La parte demandante Alexander Santana Marrero

comenzó a trabajar para la empresa Hospital Auxilio

Mutuo en el mes de julio del año 2002.

2.2 El demandante Alexander Santana Marrero es

miembro de la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y

Empleados de la Salud, en adelante ULEES,

organización que lo representa sindicalmente ante

su patrono el Hospital Auxilio Mutuo.

[…].

2.4 El demandante Alexander Santana Marrero es

enfermero graduado con especialidad en anestesia

(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital

Auxilio Mutuo hasta el 22 de agosto de 2022, cuando

fue despedido.

2.5 El demandante Alexander Santana Marrero,

conjuntamente con otros empleados, promovieron que

el sindicato que los representa, ULEES, instara y

presentara ante el Departamento de Salud de Puerto

Rico una querella en contra del Hospital Auxilio

Mutuo, ya que éste tiene contratados estudiantes de

anestesia que están llevando a cabo funciones que

solo pueden ejecutar enfermeros(as) anestesistas

licenciados(as) (RNA)[,] como lo es el demandante.

2.6 La alegación principal de la querella

presentada ante el Departamento de Salud es que los

estudiantes de anestesia ejercen las funciones de

atender pacientes solos, sin la supervisión directa

de un anestesista y/o de sus superiores, lo que

constituye una violación al Reglamento Núm. 9184

del Departamento de Salud.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

2.7 La querella ante el Departamento de Salud lleva

el número Q-22-03-004, y fue presentada el 21 de

marzo de 2022, por el representante sindical del

demandante.

[…].

2.9 Durante el proceso administrativo[,] el Oficial

Examinador celebró una vista, en la cual compelió

a la ULEES y al Hospital Auxilio Mutuo, para que se

reunieran y trataran de resolver la controversia.

Las partes se reunieron el 20 de junio de 2022, en

las facilidades del Hospital Auxilio Mutuo. A dicha

reunión comparecieron el demandante Alexander

Santana Marrero y Nilda Rodríguez Vázquez, como

testigos de la demandante, funcionarios del

Hospital Auxilio Mutuo, así como el Lic. Carlos M.

Ortiz Velázquez en representación del demandante,

y el Lic. José Vélez Gutiérrez en representación de

la demandada.

2.10 En la reunión antes mencionada [a saber, la

reunión llevada a cabo el 20 de junio de 2022], el

representante

legal

del

demandante

produjo

documentos que formaban parte de su expediente

profesional. Estos documentos fueron fotocopiados

por el Hospital Auxilio Mutuo. Luego de la

reproducción de los documentos[,] el representante

legal del demandante se los mostró a los testigos,

el aquí demandante Alexander Santana Marrero y a

Nilda

Rodríguez

Vázquez,

quienes

por

su

“conocimiento

especializado”

explicaron

el

contenido de estos.

2.11

Luego

de

terminada

la

reunión,

el

representante legal del Hospital Auxilio Mutuo le

planteó al representante legal del demandante que

entre los documentos producidos había algunos que

eran hojas clínicas de pacientes, que supuestamente

son confidenciales y no había razón alguna para que

el abogado del demandante los tuviera en su poder.

2.12 Con posterioridad a la reunión entre las

partes para discutir la querella, los demandantes

fueron citados al Departamento de Recursos Humanos

donde

estuvieron

presentes

funcionarios

del

Hospital Auxilio Mutuo, […]. El hospital le informó

a los demandantes Alexander Santana Marrero y Nilda

Rodríguez

Vázquez

que

había

iniciado

una

investigación para determinar cómo los documentos

confidenciales

habían

llegado

a

manos

del

representante legal del demandante. En dicha

ocasión el Hospital Auxilio Mutuo le imputó al

demandante y los testigos ante el Departamento de

Salud, haber tenido en su poder y circulado hojas

18

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

clínicas

de

pacientes,

lo

que

alegadamente

constituye una violación al Health Insurance

Portability and Accountability Act of 1996 (Ley

HIPAA). El representante legal del demandante le

indicó e informó a los funcionarios del Hospital,

así como a su representante legal […], que las hojas

clínicas de los pacientes que él produjo en la

reunión de 20 de junio de 2022, no le habían sido

entregadas por los testigos Alexander Santana

Marrero, aquí demandante, ni por Nilda Rodríguez

Vázquez.

2.13 Durante el proceso investigativo que inició el

Hospital Auxilio Mutuo en contra del demandante

Alexander Santana Marrero y Nilda Rodríguez

Vázquez, el representante legal del demandante ante

el Departamento de Salud, le cursó dos (2)

comunicaciones

a

funcionarios

del

Hospital,

indicándole que los documentos que él produjo en

dicha reunión no le habían sido entregados por el

demandante, y que Santana Marrero y Rodríguez

Vázquez nunca habían tenido control de los

documentos

2.14 El Hospital Auxilio Mutuo despidió al

demandante Santana Marrero el 22 de agosto de 2022.

2.15 El despido del demandante fue un acto de

represalias en contra de éste, por promover una

querella ante el Departamento de Salud contra el

Hospital

Auxilio

Mutuo,

por

violar

las

disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad

gubernamental.

2.16 Hay que señalar que la reunión de 20 de junio

de 2022, ordenada por el Oficial Examinador[,] fue

una privada y confidencial entre las partes que

litigaban la querella ante el Departamento de Salud

y que lo allí hablado y explicado no trascendió, ni

fue informado por el demandante Santana Marrero a

terceras personas. La alegación del Hospital en las

cartas de despido a los demandantes de que

supuestamente violaron la Ley HIPAA es simplemente

una excusa para desalentar que los empleados

participen en querellas en contra de su patrono.

2.17 El 8 de mayo de 2023[,] el Departamento de

Salud emitió una resolución mediante la cual

declaró “ha lugar” la querella promovida por el

demandante, en cuanto a la alegación de que se

estaban utilizando estudiantes de medicina para

llevar a cabo funciones que solo pueden desempeñar

enfermeros anestesistas con licencia.

[…].

19

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

3.1 El despido del demandante fue un acto de

represalias en contra de éste, por promover una

querella ante el Departamento de Salud contra el

Hospital

Auxilio

Mutuo,

por

violar

las

disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad

gubernamental.

3.2 El despido del demandante Alexander Santana

Marrero constituye una violación a la Ley de

Represalias

contra

el

Empleado

por

Ofrecer

Testimonio, Ley Núm. 115 de 20 de [diciembre] de

1991.

3.3 El despido del Sr. Santana Marrero le ha causado

sufrimientos y angustias mentales, los cuales se

estiman en una cantidad no menor a los cien mil

dólares ($100,000.00).

3.4 Producto del despido, el Sr. Santana Marrero

dejó de devengar su sueldo, y producto de esto ha

tenido pérdidas económicas, las cuales ascienden a

una cantidad aproximada a los setenta y cinco mil

dólares ($75,000.00). Estas pérdidas económicas

continúan aumentando con el pasar del tiempo.

3.5 El Sr. Santana Marrero tiene derecho a ser

reinstalado en su puesto de empleo.

3.6 La responsabilidad del Hospital Auxilio Mutuo

con relación a los daños y a los salarios que el

demandante

dejó

de

devengar,

según

las

disposiciones de la Ley Núm. 115-1991, es el doble

de la cuantía que se determine causó la violación

a las disposiciones de esta Ley.

[…].

5.1 En la alternativa, el despido del Sr. Santana

Marrero constituye un despido injustificado, según

las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo

de 1976.

[…].

5.3 Según las disposiciones de la Ley Núm. 80,

supra, la parte demandante[,] Alexander Santana

Marrero, por haber sido despedido sin justa causa,

tiene derecho a que la parte demandada le pague una

indemnización de $115,000.00. (Énfasis suplido).

Ap. del certiorari AC-2024-0031, págs. 27-31.

20

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

Por

su

parte,

la

señora

Rodríguez

21

Vázquez,

en

Demanda, alegó lo siguiente:

[…].

3. La demandante [Nilda Rodríguez Vázquez] trabajó

para el Hospital [Auxilio Mutuo] desde el mes de

enero del 2005.

[…].

6. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es miembro

de la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados

de la Salud, en adelante “ULEES”, organización que

la representa sindicalmente ante su patrono[,] el

Hospital.

7. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es

enfermera graduada con especialidad en anestesia

(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital

Auxilio Mutuo hasta el 20 de agosto de 2022 cuando

fue despedida injustamente y como producto de una

represalia del patrono.

8. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez en

conjunto a otros empleados promovieron que el

sindicato que los representa[,] ULEES, instara y

presentara ante el Departamento de Salud de Puerto

Rico una Querella en contra del Hospital, ya que su

patrono tiene contratados estudiantes de anestesia

qui[e]nes llevan a cabo funciones que solo pueden

ejecutar

enfermeros(as)

anestesistas

licenciados(as) (RNA)[,] como lo es la demandante.

9. La alegación principal de la Querella ante el

Departamento de Salud es que los estudiantes de

anestesia

ejercen

las

funciones

de

atender

pacientes solos, sin la supervisión directa de un

anestesista y/o de sus superiores, lo que

constituye una violación al Reglamento 9184 del

Departamento de Salud.

10. La Querella ante el Departamento de Salud lleva

el número Q-22-03-004[,] siendo presentada el 21 de

marzo de 2022, por el representante sindical de la

demandante. […].

[…].

12. Durante el proceso administrativo[,] el Oficial

Examinador celebró una vista, en la cual compelió

a la ULEES y al Hospital para que se reunieran y

tratar de resolver la controversia. Las partes se

reunieron el 20 de junio de 2022, en las facilidades

su

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

del hospital. A dicha reunión comparecieron la

demandante Nilda Rodríguez Vázquez, y Alexander

Santana Marrero como testigos de la querellante,

funcionarios del Hospital, así como el Lic. Carlos

M. Ortiz Velázquez, en representación de la

querellante y el Lic. José Vélez Gutiérrez, en

representación de la querellada.

13. En la reunión[,] el representante legal de la

querellante produjo documentos que formaban parte

de su expediente profesional, los cuales el

representante legal de la querellada, o sea el

Hospital, reprodujo. Luego de la reproducción de

los documentos[,] el representante legal de la

querellante se los mostró a los testigos, la aquí

demandante Nilda Rodríguez Vázquez y Alexander

Santana Marrero, qui[e]nes por su “expertise”

explicaron el contenido de estos.

14. Luego de terminada la reunión, el representante

legal del Hospital le planteó al representante

legal de la querellante que entre los documentos

producidos había algunos que eran hojas clínicas de

pacientes, que supuestamente son confidenciales y

no había razón alguna para que el abogado de la

querellante los tuviese en su poder.

15. Con posterioridad a la reunión entre las partes

para discutir la querella, los testigos Rodríguez

Vázquez y Santana Marrero fueron citados al

Departamento de Recursos Humanos del Hospital donde

estuvieron presentes funcionarios del Hospital,

[…]. El hospital le informó a Santana Marrero y a

Rodríguez

Vázquez

que

había

iniciado

una

investigación para determinar cómo los documentos

confidenciales

habían

llegado

a

manos

del

representante legal de la querellante. En dicha

ocasión[,] el Hospital le imputó a la demandante

Rodríguez Vázquez y al otro testigo ante el

Departamento de Salud[,] Santana Marrero, haber

tenido en su poder y haber circulado hojas clínicas

de pacientes, lo que alegadamente constituye una

violación al Health Insurance Portability and

Accountability Act of 1996 (Ley HIPAA). El

representante legal de la querellante le indicó y

les informó a los funcionarios del Hospital, así

como a su representante legal […], que las hojas

clínicas de los pacientes que él produjo en la

reunión de 20 de junio de 2022, no le habían sido

entregadas por los testigos Nilda Rodríguez

Vázquez[,] aquí demandante[,] ni por el otro

testigo Alexander Santana Marrero, ya que él las

tenía en su poder con antelación a la reunión.

22

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

16. El día 19 de agosto de 2022, el Hospital

despidió de su empleo como represalia a la

demandante Rodríguez Vázquez, por su participación

activa en la reunión de 20 de junio de 2022 que

había sido ordenada por el Oficial Examinador del

Departamento de Salud, cuyo propósito era el tratar

de resolver la controversia entre las partes sin la

necesidad de una vista administrativa. […].

17. Durante todo el proceso investigativo que

inició el Hospital en contra de la demandante Nilda

Rodríguez Vázquez y Alexander Santana Marrero por

la participación de éstos en la reunión de 20 de

junio de 2022, el representante legal de la

querellante ante el Departamento de Salud le cursó

dos (2) comunicaciones a funcionarios del Hospital

indicándole que los documentos que él produjo en

dicha reunión no le habían sido entregados por los

testigos, y que Rodríguez Vázquez y Santana Marrero

nunca habían tenido control de los documentos.

18. El despido de la demandante Rodríguez Vázquez

es uno injustificado y su único propósito es tomar

venganza y represalias en contra de ésta por

promover una Querella ante el Departamento de Salud

contra

el

Hospital,

por

éste

violar

las

disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad

gubernamental[,] y por comparecer a una reunión

donde le fueron mostrad[a]s hojas clínicas de

pacientes y por ella dar una explicación debido a

su “expertise” del contenido de dichas hojas

clínicas.

19. Hay que señalar que la reunión de 20 de junio

de 2022, ordenada por el Oficial Examinador[,] fue

una privada y confidencial ni fue informado por la

demandante Rodríguez Vázquez a terceras personas.

La alegación del Hospital[,] en la carta de despido

a la demandante[,] de que supuestamente violó la

Ley HIPAA, es simplemente una excusa para

desalentar

que

los

empleados

participen

en

querellas en contra de su patrono.

20. La querella NÚM. Q-22-03-004 (WR) a la que

hacemos referencia fue resuelta por el Departamento

de Salud. […].

21. El despido de la demandante Nilda Rodríguez

Vázquez constituye una violación a la Ley Núm. 115

de 20 de diciembre de 1991 sobre Represalia[s] y

por tanto constituye un despido injustificado según

las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo

de 1976.

23

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

24

22. La Ley 115 dispone estatutariamente los

derechos de restitución en el empleo y de

compensación doble al salario anual, entre otros.

23. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez tiene

derecho

a

una

mesada

de

$60,000.00[,]

aproximadamente,

por

haber

sido

despedida

injustificadamente por haber trabajado con la parte

demandada durante diecisiete (17) años, ya que

comenzó en el empleo el 10 de enero de 2005, con un

salario mensual de NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE

DÓLARES ($9,715.00), según dispone la Ley Núm. 80

de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA § 185, según

enmendada.

24. Debido a los actos de represalias por parte del

Hospital Español Auxilio Mutuo contra la demandante

Nilda Rodríguez Vázquez ha provocado que ésta haya

sufrido daños emocionales, angustias mentales y

daños

económicos,

sufriendo

de

insomnio,

pesadillas, ansiedad, dolores de cabeza y depresión

por los actos ilegales de su antiguo patrono aquí

demandado[,] lo que le ha causado daños por UN

MILLÓN DE DÓLARES ($1,000,000.00)[,] más una suma

igual adicional por dichos daños, según dispone la

Ley Núm. 115, supra.

25. La demandante Rodríguez Vázquez tiene derecho

a recibir los daños aquí alegados, a que este

tribunal ordene que sea repuesta en el empleo, se

le paguen los haberes dejados de percibir, hasta el

momento que sea repuesta en el empleo, y el lucro

cesante prospectivo, y daños y perjuicios. Además

de una suma adicional igual por concepto de

penalidad. (Énfasis suplido). Ap. del certiorari

AC-2023-0109, págs. 24-29.

Como se puede apreciar, de un análisis, desinteresado y

desapasionado, de las alegaciones hechas ante el Tribunal de

Primera Instancia, tanto por el señor Santana Marrero, como

por la señora Rodríguez Vázquez, clara y diáfanamente, se

deriva lo siguiente: (1) el señor Santana Marrero y la señora

Rodríguez Vázquez, alegadamente, fueron despedidos de sus

empleos en el Hospital Auxilio Mutuo por su participación

como testigos en cierto proceso administrativo celebrado ante

el Departamento de Salud, relacionado con la Querella Núm.

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

Q-22-03-004,

en

contra

de

la

25

referida

institución

hospitalaria, en el cual se cuestionaba la contratación de

estudiantes de anestesia por parte del Hospital Auxilio Mutuo

para que realizaran las funciones de un enfermero anestesista

licenciado, ello en violación al Reglamento Núm. 9184; (2)

como consecuencia de ello, este último y esta última instaron

ante

el

foro

injustificado

primario

y

sendas

represalias,

en

Demandas,

por

despido

contra

la

referida

de

institución hospitalaria; (3) las reclamaciones por despido

injustificado y represalias incoadas por el señor Santana

Marrero y la señora Rodríguez Vázquez, en contra del Hospital

Auxilio Mutuo, son unas hechas al amparo, exclusivamente, de

legislación laboral local, entiéndase, de la Ley Núm. 801976 y la Ley Núm. 115-1991; y (4) las acciones por despido

injustificado y represalias incoadas por este último y esta

última, ante el Tribunal de Primera Instancia, en contra de

la referida institución hospitalaria no tienen el propósito

de proteger los intereses del sindicato al cual pertenecen,

entiéndase, la ULEES.

Siendo ello así, coincidimos, tanto con el Tribunal de

Apelaciones,

como

con

el

foro

primario,

en

que

las

reclamaciones presentadas por el señor Santana Marrero y la

señora Rodríguez Vázquez en contra del Hospital Auxilio Mutuo

fueron unas estrictamente realizadas al amparo de la Ley Núm.

80-1976 y de la Ley Núm. 115-1991, y en nada tenían el

propósito de proteger los intereses del sindicato al cual

pertenecen,

por lo que se trata aquí de un asunto sobre el

cual el Tribunal de Primera Instancia tenía jurisdicción

AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031

26

sobre la materia y, en consecuencia, estaba llamado a atender

el mismo. No se cometió, pues, a nuestro juicio, el error

señalado.

V.

Por no ser esta la conclusión a la cual arribó una

mayoría de este Tribunal, respetuosamente disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado