Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rodríguez Vázquez y otros v. Hospital Español Auxilio Mutuo
2025 TSPR 55
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rodríguez Vázquez y otros v. Hospital Español Auxilio Mutuo
AC-2023-0109 cons con. AC-2024-0031
21 de mayo de 2025 · Hon. Rafael L. Martínez Torres · Procedimiento Civil y National Labor Relations Act – Falta de jurisdicción del tribunal estatal para atender la reclamación de unos obreros cuando se trata de alegaciones de una práctica ilícita bajo la ley federal de Relaciones de Trabajo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nilda Rodríguez Vázquez
Recurrida
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
Peticionario
_____________________________
Alexander Santana Marrero,
Dinorah Burgos Luccioni y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos
Certiorari
2025 TSPR 55
215 DPR ___
Recurridos
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
AC-2023-0109
cons. con AC-2024-0031
21 de mayo de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel VI
AC-2023-0109
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcdo. Lloyd Isgut Rivera
Lcda. María Elisa Echenique Arana
Representante legal de la parte recurrida:
Lcdo. Segundo Meléndez Zayas
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
2
AC-2024-0031
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcdo. Lloyd Isgut Rivera
Lcda. María Elisa Echenique Arana
Representante legal de la parte recurrida:
Lcdo. Julio M. Marcano López
Materia: Procedimiento Civil y National Labor Relations Act – Falta
de jurisdicción del tribunal estatal para atender la reclamación de
unos obreros cuando se trata de alegaciones de una práctica ilícita
bajo la ley federal de Relaciones de Trabajo.
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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nilda Rodríguez Vázquez
Recurrida
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
Peticionario
_____________________________
AC-2023-0109
cons. con
Alexander
Santana
Marrero,
Dinorah Burgos Luccioni y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos
AC-2024-0031
Recurridos
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2025.
Nuevamente tenemos la responsabilidad de auscultar si los
tribunales de Puerto Rico ostentamos jurisdicción para atender
la reclamación de unos obreros que solicitan un remedio al
amparo de legislación local, aunque de las alegaciones se
pudiera argumentar que estamos ante una práctica ilícita de
trabajo bajo la ley federal de Relaciones del Trabajo. De forma
similar a cuando resolvimos González v. Mayagüez Resort &
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
2
Casino, infra, no se trata, pues, de pasar juicio sobre los
méritos de la reclamación en sí, sino de precisar si el Tribunal
de Primera Instancia está en posición de así hacerlo.
Por
los
fundamentos
que
expondremos
a
continuación,
resolvemos en la negativa. En vista de que el Tribunal de
Primera Instancia carece de jurisdicción, desestimamos los
casos consolidados de epígrafe. El Congreso de Estados Unidos
ocupó el campo en cuanto a las conductas que constituyen
prácticas ilícitas del trabajo y delegó a la Junta Nacional de
Relaciones del Trabajo la jurisdicción exclusiva para resolver
este tipo de controversias.
I
La controversia que nos convoca tuvo su génesis en dos
demandas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia. La
primera de ellas se radicó el 24 de mayo de 2023 por el Sr.
Alexander Santana Marrero, la Sra. Dinorah Burgos Luccioni y la
Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos; estos
reclamaron
despido
injustificado
y
represalias
contra
el
Hospital Español Auxilio Mutuo (Hospital). Al día siguiente, 25
de mayo de 2023, la Sra. Nilda Rodríguez Vázquez presentó una
segunda
demanda,
también
sobre
despido
injustificado
y
represalias, contra el Hospital.
Según surge del expediente, el señor Santana Marrero y la
señora Rodríguez Vázquez (recurridos) laboraron por varios años
para
el
Hospital.
Sin
embargo,
ambos
alegaron
que
fueron
despedidos en represalias por haber participado como testigos
en una querella que se presentó en contra de su patrono ante el
Departamento de Salud. A grandes rasgos, la querella denunció
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
3
que el Hospital contrató estudiantes de anestesia para ejercer
las funciones de un enfermero anestesista licenciado, en contra
de
lo
estipulado
en
el
Reglamento
para
la
Construcción,
Operación, Mantenimiento y Licenciamiento de los Hospitales en
Puerto Rico, Reglamento Núm. 9184, Departamento de Salud, 1 de
julio de 2020. Reclamaron que, contrario a lo que les manifestó
el Hospital, su despido no se debió a una alegada violación de
la Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996
(Ley HIPAA), Pub. L. No. 104-191, 100 Stat. 1936 (1996), por
supuestamente haber circulado expedientes confidenciales de
pacientes, sino que esto fue un mero pretexto para ocultar las
represalias por el testimonio vertido el 20 de julio de 2022.
El señor Santana Marrero presentó su reclamo al amparo de
la Ley contra el Despido Injusto o Represalias a todo Empleado
por Ofrecer Testimonio ante un Foro Legislativo, Administrativo
o Judicial (Ley de Represalias), Ley Núm. 115 de 20 de diciembre
de 1991, según enmendada, 29 LPRA sec. 194 et seq., y de la Ley
sobre Despidos Injustificados, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de
1976, según enmendada, 29 LPRA sec. 185a et seq. En su demanda,
indicó que comenzó a trabajar para el Hospital en el mes de
julio del año 2002 y, desde entonces, fue miembro de la Unidad
Laboral de Enfermeros y Empleados de la Salud (ULEES), que lo
representaba sindicalmente ante su patrono. Asimismo, alegó que
el
22
de
agosto
de
2022
fue
despedido
ilegalmente.
Específicamente, dijo que su destitución constituyó un acto en
represalias producto de su participación como testigo en la
Querella Núm. Q-22-03-004 presentada por la ULEES ante el
Departamento
de
Salud,
en
contra
del
Hospital.
En
la
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
4
alternativa, solicitó que se determinara que su despido fue sin
justa
causa.
Por
todo
lo
anterior,
solicitó
los
remedios
reconocidos en las legislaciones mencionadas.
Por su parte, la señora Rodríguez Vázquez también presentó
su reclamo al amparo de la Ley de Represalias, supra, y la Ley
sobre Despidos Injustificados, supra. En su caso, sostuvo que
trabajó para el Hospital como enfermera anestesista desde el 10
de enero de 2005 hasta el 19 de agosto de 2022, cuando fue
despedida
injustificadamente
promovido
que
la
ULEES
y
en
presentara
represalia
una
por
querella
haber
ante
el
Departamento de Salud en contra del Hospital y por haber
comparecido
como
testigo
de
la
unión
durante
el
proceso
adjudicativo de la querella. Igual que el señor Santana Marrero,
solicitó al foro primario las indemnizaciones provistas por la
Ley Núm. 80, supra, y la Ley Núm. 115, supra.
En respuesta, el Hospital presentó —en ambas demandas— una
Moción de Desestimación bajo la Regla 10.2(1) de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, por falta de jurisdicción sobre la
materia. De acuerdo con el Hospital, las dos reclamaciones se
encuentran bajo la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional
de
Relaciones
Relations
del
Board
interpretación,
o
Trabajo
(Junta
NLRB).
Esto
las
se
alegaciones
Nacional,
debe
se
a
National
que,
basan
Labor
según
en
su
despido
injustificado y represalias por conductas que son o podrían ser
actos de práctica ilícita según la National Labor Relations
Act, infra.
El
1
de
agosto de
2023,
la señora
Rodríguez
Vázquez
presentó una Oposición a Moción de Desestimación Bajo la Regla
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
5
10.2 de Procedimiento Civil por Falta de Jurisdicción sobre la
Materia. En su escrito, negó haber alegado que fue despedida en
violación de los derechos protegidos por la National Labor
Relations Act, infra. En cambio, sostuvo que su reclamación se
fundamentaba en violaciones de la legislación laboral local,
por lo que no podía ser dilucidada ante la NLRB. En síntesis,
recalcó que la causa aducida por su patrono para su despido fue
un subterfugio para despedirla por haber testificado en contra
del Hospital en el mencionado proceso adjudicativo.
Dos días más tarde, el 3 de agosto de 2023, el señor
Santana
Marrero
también
se
opuso
a
la
moción
dispositiva
presentada por el Hospital. Al así hacerlo, expuso que las
alegaciones en la demanda revelaban que su intervención como
testigo en la querella no tuvo el propósito de ayudar o proteger
los intereses de los miembros del sindicato, según requiere la
National Labor Relations Act, por lo que negó la aplicación de
la doctrina de campo ocupado frente a las causas de acción que
instó en el pleito.
Sobre estas comparecencias, el Hospital —en cada caso—
presentó Réplica a Oposición a Moción de Desestimación. En
resumen, reiteró los argumentos expuestos en su moción de
desestimación. Esto es, insistió en que el Tribunal de Primera
Instancia no tenía jurisdicción para disponer de la reclamación
presentada por tratarse de un asunto sobre el cual la Sec. 10
de
la
National
Labor
Relations
Act,
infra,
confería
jurisdicción exclusiva a la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo.
Según
su
interpretación,
de
las
alegaciones
presentadas por el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
6
Vázquez se desprendía que sus reclamos estaban basados en que
ambos sufrieron represalias tras su participación en gestiones
sindicales de la ULEES, lo que de ser verdad estaría prohibido
por considerarse una práctica ilícita de trabajo según la Sec.
8 de la National Labor Relations Act, infra.
Para
sostener
sus
alegaciones,
el
Hospital
trajo
a
consideración que, previo a la presentación de estas demandas,
el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez Vázquez, mediante
la ULEES, presentaron cargos en su contra ante el NLRB por los
mismos hechos.
El 23 de agosto de 2023, la señora Rodríguez Vázquez
presentó
una
Desestimación.
Dúplica
a
Réplica
a
Oposición
a
Moción
de
En esta ocasión, argumentó que su reclamación
ante el foro primario podía subsistir de forma independiente a
la
que
se
presentó
ante
el
NLRB.
Además,
adujo
que
una
reclamación al amparo de las leyes locales es distinguible ya
que requiere de conductas diferentes a las de una reclamación
basada en las secciones 7 y 8 de la National Labor Relations
Act, infra. Sostuvo que “si bien […] es unionada, sus gestiones
en su carácter personal fueron para denunciar una violación por
el Hospital de leyes y reglamentos de salubridad, que es el
campo industrial del patrono, y no se trata de una práctica
ilícita de trabajo”; y que “no acudió a solicitar aumentos de
sueldos y otros beneficios sino a defender los reglamentos de
salubridad que le cobijan”. Ap. del certiorari AC-2023-109,
pág. 97.
Evaluados los reclamos de todas las partes, el Tribunal de
Primera Instancia emitió dos resoluciones —una en cada caso— en
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
7
la que determinó No Ha Lugar a la Moción de Desestimación
presentada por el Hospital. En cuanto al reclamo presentado por
el señor Santana Marrero, el foro primario sostuvo que las
alegaciones de la demanda requerían determinar si el señor
Santana Marrero fue objeto de represalias o si en realidad fue
despedido sin justa causa. Entendió que la reclamación en
cuestión no estaba fundada en violaciones de las Secs. 7 y 8 de
la National Labor Relations Act, infra, sino en violaciones de
la Ley sobre Despidos Injustificados,
supra, y la Ley de
Represalias, supra. Ultimó que el procedimiento presentado ante
el Departamento de Salud en contra del Hospital no estaba
dirigido a adelantar negociación colectiva, procurar
ayuda
mutua o la protección a los empleados unionados del Hospital.
Consecuentemente, le concedió al Hospital un término para que
contestara la demanda.
A similar conclusión llegó el Tribunal de Primera Instancia
en el caso de la señora Rodríguez Vázquez al resolver que, según
las alegaciones, la demandante fue despedida de su empleo como
represalia por prestar testimonio contra el Hospital y producir
información
sensitiva
y/o
confidencial.
El
foro
primario
dispuso: “[c]ontrario a lo reclamado por el Hospital Español
Auxilio Mutuo, de los hechos bien alegados en la Demanda (SUMAC
1) no surge que la demandante Nilda Rodríguez Vázquez estuviera
participando
en
una
interpretarse
como
actividad
dirigida
a
que
pueda
su
derecho
colegirse
a
y/o
organizarse
colectivamente y/o a negociar colectivamente - actividad que
recae bajo la exclusiva jurisdicción de la Junta Nacional de
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
8
Relaciones del Trabajo”. Ap. del certiorari AC-2023-109, pág.
102.
Inconforme,
el
Hospital
acudió
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones. Alegó que sería imposible para el foro de primera
instancia
emitir
una
determinación
sin
pasar
juicio
sobre
asuntos que son de la jurisdicción exclusiva del NLRB. No
obstante, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición de
los recursos de certiorari porque consideró que no estaban
presentes los factores necesarios para acogerlos. Resaltamos la
Sentencia emitida en el caso de la señora Rodríguez Vázquez:
Evaluadas las alegaciones presentadas en la demanda
a la luz del derecho expuesto, entendemos que el TPI
puede pasar juicio sobre las controversias que
presenta este caso relacionadas a si medió justa
causa para el despido de la Sra. Rodríguez Vázquez
sin
inmiscuirse
en
asuntos
que
son
de
la
jurisdicción exclusiva de la Junta. La reclamación
de la Sra. Rodríguez Vázquez no está fundamentada en
violaciones a las Secciones 157 y 158 del NLRA,
supra, sino en violaciones a la Ley Núm. 80 de 30 de
mayo de 1976, supra, y la Ley Núm. 115-1991, supra,
por lo que el TPI tiene jurisdicción para atenderla.
Ap. del certiorari AC-2023-109, pág. 138.
Tras la denegatoria de las solicitudes de reconsideración,
el Hospital instó ante este Tribunal dos recursos de apelación.
En suma, la contención del Hospital es que los foros hermanos
incidieron al resolver que el Tribunal de Primera Instancia
tiene
jurisdicción
para
atender
la
reclamación
de
los
recurridos, debido a que realizaron su análisis a la luz del
remedio solicitado, aunque la jurisprudencia interpretativa de
la Sec. 10 de la National Labor Relations Act, infra, claramente
establece que el análisis es a raíz del tipo de conducta
involucrada.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
Después
recursos
de
como
varios
incidentes
solicitudes
de
9
procesales,
certiorari,
acogimos
los
expedimos
en
reconsideración y ordenamos su consolidación. Posteriormente,
los recurridos nos presentaron sus posturas en las cuales
solicitaron que ratificáramos las determinaciones de los foros
inferiores.
Tanto el señor Santana Marrero como la señora Rodríguez
Vázquez negaron haber alegado que su despido fue en violación
de los derechos protegidos por la Sec. 7 de la mencionada ley
federal o producto de prácticas ilícitas del trabajo prohibidas
por
la
Sec.
8,
reconocen
que
querella
contra
infra.
acudieron
el
Asimismo,
expresaron
que,
si
bien
ante
ULEES
presentar
una
la
Hospital,
lo
para
hicieron
en
estricto
cumplimiento del Código de Ética que rige su profesión y demás
reglamentos del Estado. Indicaron que estas normas los obligan
a velar por la seguridad de sus pacientes en todo momento y que
por esta razón tuvieron que acudir a la Unión, pues el Hospital
contrató estudiantes para desempeñar funciones especializadas
que solo un enfermero licenciado tiene el conocimiento para
ejecutar. Por último, adujeron que su participación se limitó
a ser testigos en la querella ante el Departamento de Salud y
que ello no fue en defensa de actividades concertadas de los
empleados
unionados,
sino
de
los
pacientes
de
la
clínica
hospitalaria.
Expuesto detenidamente este trasfondo, y con el beneficio
de la comparecencia de todas las partes, procedemos a resolver.
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10
II
A. Falta de jurisdicción sobre la materia y la Moción de
desestimación bajo la Regla 10.2(1) de Procedimiento Civil
Nuestro ordenamiento procesal civil avala que un demandado
solicite la desestimación de la reclamación judicial cuando de
las
alegaciones
de
la
demanda
surja
que
alguna
defensa
afirmativa derrotará la pretensión del demandante. Costas Elena
y otros v. Magic Sport y otros, 213 DPR 523 (2024); Eagle Sec.
Police, Inc. v. Dorado, 211 DPR 70, 78 (2023). Por ello, un
demandado
puede
solicitar
la
desestimación
total
de
la
reclamación, incluso antes de contestar propiamente la demanda,
al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Esta
norma establece que una parte demandada puede presentar una
moción
de
desestimación
en
la
que
alegue
las
defensas
siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2)
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del
emplazamiento;
(4)
insuficiencia
emplazamiento;
(5)
dejar
de
del
exponer
diligenciamiento
del
una
que
reclamación
justifique la concesión de un remedio, y (6) dejar de acumular
una parte indispensable. (Negrillas suplidas). Costas Elena y
otros v. Magic Sport y otros, supra; González Méndez v. Acción
Soc., 196 DPR 213, 234 (2016).
Como vemos, la primera de las defensas reconocidas por la
Regla 10.2 de Procedimiento Civil,
supra, es la falta de
jurisdicción sobre la materia. Su importancia estriba en que,
al momento de adjudicar cualquier controversia, los tribunales
deben tener jurisdicción sobre la materia en cuestión y sobre
las partes litigiosas. Cobra Acquisitions, LLC v. Mun. de
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
11
Yabucoa, 210 DPR 384, 394 (2022); Shell v. Srio. Hacienda, 187
DPR
109,
122
(2012).
Recordemos
que
por
jurisdicción
nos
referimos a la autoridad misma que posee un tribunal para
considerar y decidir casos o controversias. Cobra Acquisitions,
LLC v. Mun. de Yabucoa, supra, pág. 394. De un tribunal dictar
una
sentencia
sin
tener
jurisdicción,
su
decreto
será
jurídicamente inexistente o ultra vires. Maldonado v. Junta de
Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).
Ante
esta
realidad,
año
tras
año
reiteramos
que
los
tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción; que
los asuntos de este tipo son privilegiados; que deben ser
atendidos con prelación, y que no existe discreción para asumir
jurisdicción donde no la hay. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc.,
200 DPR 254, 268 (2018); Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings,
191 DPR 228, 234 (2014); Lozada Sánchez v. JCA, 184 DPR 898,
994 (2012). “Por definición, un requisito jurisdiccional es
aquel que se debe cumplir antes de que el tribunal pueda conocer
del pleito”. (Énfasis en el original). Ruiz Camilo v. Trafon
Group., Inc., supra, pág. 268; I. Rivera García, Diccionario de
términos jurídicos, 2da ed. rev., Orford, Ed. Equity, 1985,
pág. 244.
Hemos sido enfáticos en que la ausencia de jurisdicción
sobre la materia: (1) no es susceptible de ser subsanada; (2)
las partes no pueden voluntariamente conferírsela a un tribunal
como tampoco puede éste arrogársela; (3) conlleva la nulidad de
los
dictámenes
ineludible
deber
emitidos;
de
(4)
auscultar
impone
su
a
propia
los
tribunales
el
jurisdicción;
(5)
impone a los tribunales apelativos el deber de examinar la
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
12
jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) puede
presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia
de las partes o del mismo tribunal. MCS Advantage, Inc. v.
Fossas Blanco y otros, 211 DPR 135, 145 (2023), citando a
Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 101-102
(2020), que a su vez cita a Fuentes Bonilla v. ELA et al., 200
DPR 364, 372–373 (2018).
Por esta razón, el aspecto jurisdiccional supone ser el
primer factor que los foros adjudicativos consideren ante toda
situación
jurídica
presentada
ante
sí,
pues
este
incide
directamente sobre el poder para adjudicar la controversia.
Torres Alvarado v. Madera Atiles, 202 DPR 495, 500 (2019); Ruiz
Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 268; Horizon v. Jta.
Revisora, RA Holdings, supra, págs. 233-234.
En consecuencia, los juzgadores deben examinar cualquier
reclamo jurisdiccional de forma rigurosa y, de determinar que
no poseen jurisdicción, solo resta así declararlo y desestimar
la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia.
Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág. 501; Ruiz Camilo
v. Trafon Group, Inc., supra, pág. 269; S.L.G. Szendrey-Ramos
v. F. Castillo, 169 DPR 873, 883 (2007).
En sintonía, la Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil,
supra, dispone que: “[s]iempre que surja, por indicación de las
partes
o
de
algún
otro
modo,
que
el
tribunal
carece
de
jurisdicción sobre la materia, éste desestimará el pleito”.
Según esta disposición, se debe desestimar una reclamación por
ser de la jurisdicción de una agencia administrativa o de la
esfera federal. González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
848,
855
(2009);
R.
Hernández
13
Colón, Práctica
jurídica
de
Puerto Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed.
Lexisnexis, 2017, Sec. 2608, pág. 311. Es al amparo de esta
disposición que se ordena a los tribunales locales desestimar
una acción civil cuando surge la falta de jurisdicción sobre la
materia ante el foro aludido. González v. Mayagüez Resort &
Casino, supra, pág. 855.
Como esbozamos anteriormente, una de las instancias en las
que un foro adjudicativo carece de jurisdicción es cuando ocurre
la ocupación del campo por parte del gobierno federal.
B. Doctrina de campo ocupado
La doctrina de campo ocupado proviene directamente de la
Cláusula de Supremacía contenida en la Constitución de Estados
Unidos. Específicamente, el Art. IV de la Carta Magna federal
expresa: “This Constitution, and the Laws of the United States
which shall be made in Pursuance thereof; [...] shall be the
Supreme Law of the Land”. Art. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo
1, ed. 2016, págs. 168–169 (Edición en inglés). De esta manera,
desde el propio nacimiento de la nación, se le otorgó al
Congreso
de
Estados
Unidos
la
facultad
de
concederle
jurisdicción exclusiva al Gobierno federal en ciertos asuntos
medulares para el bienestar del país.
El efecto de este precepto es que el Congreso, en virtud
de la Cláusula de Supremacía, puede ocupar el campo sobre un
asunto federal y excluir la regulación local. Lilly del Caribe
v. Mun. de Carolina, 210 DPR 306, 318 (2022). Y es que, como
norma general, los tribunales estatales tienen jurisdicción o
autoridad para atender todo asunto al amparo de las leyes
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
estatales
y
jurisdicción
14
concurrente
con
los
tribunales
federales para atender asuntos que surjan al palio de las leyes
federales. Tafflin v. Levitt, 493 U.S. 455, 459-460 (1990);
González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 856. Sin
embargo, en aquellas áreas en las cuales el interés federal es
tan
dominante
que
no
debe
existir
reglamentación
estatal
independiente, o en circunstancias en las que la reglamentación
estatal
podría
objetivos
del
producir
un
resultado
Gobierno
federal,
es
incompatible
necesario
con
los
utilizar
la
doctrina del campo ocupado para evitar conflictos regulatorios
entre los dos gobiernos y fomentar la uniformidad. Lilly del
Caribe v. Mun. de Carolina, supra, pág. 318.
El Gobierno federal establece su jurisdicción exclusiva en
determinado campo cuando el Congreso dispone expresamente para
ello, cuando la intención clara de la ley es privar a los
tribunales estatales de la autoridad sobre ese asunto federal,
o
cuando
la
reglamentación
de
un
área
específica
es
tan
abarcadora que no cabe duda de que la intención federal fue
reglamentar la totalidad del área. Lilly del Caribe v. Mun. de
Carolina, supra, pág. 318; Mun. de Peñuelas v. Ecosystems, Inc.,
197 DPR 5, 14–15 (2016); Rodríguez v. Overseas Military, 160
DPR 270, 282 (2003).
Los problemas jurisdiccionales bajo la doctrina de campo
ocupado se componen de dos vertientes particulares: legislativa
y adjudicativa. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,
pág.
857.
En
primer
lugar,
el
concepto
de
jurisdicción
legislativa versa sobre quién tiene la facultad para regular,
mediante legislación, determinada materia, hecho o situación.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
15
Rodríguez v. Overseas Military, supra, pág. 279. En segundo
lugar, la jurisdicción judicial se refiere a cuál tribunal, ya
sea
estatal
o
federal,
está
autorizado
para
resolver
las
controversias que se susciten dentro del enclave. Íd. En cuanto
a esto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado: “It
is clearly within Congress powers to establish an exclusive
federal
forum
to
adjudicate
issues
of
federal
law
in
a
particular area that Congress has the authority to regulate
under the Constitution”. Longshoremen v. Davis, 476 U.S. 380,
388 (1986).
En fin, cuando estamos en un campo que ha sido válidamente
ocupado por el Gobierno de Estados Unidos, cualquier ley estatal
que contravenga una ley federal es nula. Lilly del Caribe v.
Mun. de Carolina, supra, pág. 319. A pesar de lo anterior, hay
instancias en las que un estado puede reglamentar actividades
de carácter marginal (peripheral) a la ley federal. Belknap,
Inc. v. Hale, 463 U.S. 491, 498 (1983); Farmer v. Carpenters,
430 U.S. 290, 296 (1977); San Diego Unions v. Garmon, 359 U.S.
236, 244 (1959). Para que exista esta jurisdicción estatal, la
conducta reglamentada por el estado debe ser de alto interés
público, o tratarse de un asunto profundamente arraigado a su
gobierno. Íd. No obstante, los estados solo pueden reglamentar
en aquellos casos en donde no surja una clara intención del
Congreso federal de suprimir dicha jurisdicción estatal. Íd.
C. National Labor Relations Act
El Congreso tiene autoridad para regular las relaciones
obrero-patronales en virtud de la Cláusula de Comercio de la
Constitución de Estados Unidos. Art. I, Const. EE. UU., LPRA,
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
16
Tomo 1, ed. 2023, pág. 167; González v. Mayagüez Resort &
Casino, supra, pág. 856; Longshoremen v. Davis, supra, pág. 388;
San Diego Unions v. Garmon, supra, pág. 240. Véase, además, D.
Fernández y C. Romany, Derecho Laboral: Casos y Materiales, Río
Piedras, Ed. U.P.R., 1987, T. I, pág. 53.
En virtud de esta autoridad, se aprobó la National Labor
Relations Act (NLRA), Pub. L. No. 74-198, 49 Stat. 449 (1935),
29 U.S.C.A. secs. 151-169, también conocida como la Ley Wagner.
Esta pieza marcó un cambio trascendental en las políticas
públicas
laborales
estadounidenses,
puesto
que
la
noción
imperante de ese entonces era que las actividades sindicales
fomentaban “conspiraciones” y que las huelgas solo producían
restricciones
irrazonables
al
comercio.
Sin
embargo,
esto
comenzó a cambiar con la promulgación de la NLRA, ya que en la
misma
se
hizo
una
declaración
nacional
que
establecía
la
legitimidad de la sindicalización y alentaba la práctica de la
negociación colectiva. Sears, Roebuck & Co. v. San Diego Cnty.
Dist. Council of Carpenters, 436 U.S. 180, 190 (1978).
En su declaración de política pública, la NLRA favorece la
absoluta libertad de asociación de los empleados para mejorar
sus condiciones laborales, fomenta la negociación colectiva,
garantiza el derecho a celebrar huelgas y piquetes pacíficos,
e impulsa el intercambio de bienes en el comercio interestatal.
Sec. 1 de la NLRA, 29 U.S.C.A. sec. 151. Posteriormente, la
NLRA fue enmendada por la Labor Management Relations Act of
1947, Pub. L. No. 80-101, 61 Stat. 136 (1947), 29 U.S.C.A. sec.
141-197,
comúnmente
conocida
como
la
Ley
Taft-Hartley.
Adicional a lo reconocido en la NLRA, esta enmienda otorgó a
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
17
los empleados el derecho de abstenerse, si así desean, de
participar en actividades sindicales y estableció los deberes
de las partes privadas en las negociaciones colectivas, entre
otras cosas. Sec. 7 de la NLRA, 29 U.S.C.A. sec. 157. Su
propósito principal es alentar a los trabajadores y a la
gerencia a respetar los acuerdos de negociación colectiva y
evitar boicots secundarios. Sec. 1 de la Ley Taft-Hartley, 29
U.S.C.A. sec. 141.
En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, la Sec.
101 de la Ley Taft-Hartley, supra, enmendó la Sec. 7 de la NLRA
para que leyera como sigue:
Employees shall have the right to self-organization,
to form, join, or assist labor organizations, to
bargain collectively through representatives of
their own choosing, and to engage in other concerted
activities for the purpose of collective bargaining
or other mutual aid or protection, and shall also
have the right to refrain from any or all of such
activities except to the extent that such right may
be affected by an agreement requiring membership in
a labor organization as a condition of employment as
authorized in section 158(a)(3) of this title. 29
U.S.C.A. sec. 157.
Como vemos, la Sec. 7 de la NLRA, según enmendada por la
Ley Taft-Hartley, protege los derechos de los empleados a
organizarse, a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones
obreras, a negociar colectivamente a través de representantes
seleccionados
actividades
por
ellos
concertadas
mismos,
y
con
propósito
el
a
dedicarse
de
a
otras
ayudarse
y
protegerse mutuamente. En armonía, la Sec. 8 de esta ley prohíbe
a los empleadores y sindicatos llevar a cabo ciertas prácticas
ilícitas de trabajo como interferir en el ejercicio de los
derechos
garantizados
en
el
párrafo
anterior,
obstruir
la
formación de organizaciones laborales, o despedir a un empleado
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
18
por radicar cargos, suministrar información o testificar en su
contra. 29 U.S.C.A. sec. 158(a)(1), (2) y (4).
Para velar por el cumplimiento de esta ley se creó el NLRB.
Sec. 3 de la NLRA, 29 U.S.C.A. sec. 153. Sobre esta Junta
Nacional, la Sec. 10(a) de la NLRA dispone:
PREVENTION OF UNFAIR LABOR PRACTICES
(a) Powers of Board generally
The Board is empowered, as hereinafter provided, to
prevent any person from engaging in any unfair labor
practice (listed in section 158 of this title)
affecting commerce. This power shall not be affected
by any other means of adjustment or prevention that
has been or may be established by agreement, law, or
otherwise: Provided, That the Board is empowered by
agreement with any agency of any State or Territory
to cede to such agency jurisdiction over any cases
in any industry (other than mining, manufacturing,
communications, and transportation except where
predominantly local in character) even though such
cases may involve labor disputes affecting commerce,
unless the provision of the State or Territorial
statute applicable to the determination of such
cases by such agency is inconsistent with the
corresponding provision of this subchapter or has
received a construction inconsistent therewith. 29
U.S.C.A. sec. 160(a).
Como si fuera poco, la Sec. 10 de la NLRA, 29 U.S.C.A.
sec. 160, reconoce la jurisdicción exclusiva del NLRB para
resolver controversias que, según esta ley, involucran una
práctica ilícita del trabajo. González v. Mayagüez Resort &
Casino, supra, pág. 858; Belknap, Inc. v. Hale, supra, pág.
498; Garner v. Teamsters Union, 346 U.S. 485 (1953). Entiéndase,
el
NLRB
tiene
controversias
que
jurisdicción
exclusiva
para
resolver
planteen,
ejemplo,
que
patrono
por
un
restringió a sus empleados en el ejercicio de sus derechos
reconocidos en la Sec. 7 de la NLRA, que obstruyó la formación
de organizaciones laborales en su empresa, o que despidió a un
trabajador que —en busca de proteger su ambiente laboral—
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
testificó
en
su
contra
y/o
19
presentó
una
querella.
Véase,
González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, págs. 858-859.
En el ejercicio de su autoridad discrecional, el Congreso
federal extendió a Puerto Rico la aplicación de esta ley, así
como
la
jurisdicción
exclusiva
del
NLRB
para
atender
las
controversias que de ella se susciten. González v. Mayagüez
Resort & Casino, supra, pág. 857; Rivera v. Sec. Nat. Life Ins.
Co., 106 DPR 517, 522 (1977). Por ello, en el próximo apartado
nos adentraremos en un análisis jurisprudencial que nos ilustre
cómo esta legislación —sobre todo el aspecto de la jurisdicción
exclusiva de la Junta Nacional— se ha aplicado en nuestra
jurisdicción y en la federal.
D.
Jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional
Desde hace más de 50 años, el Tribunal Supremo de Estados
Unidos reconoció la aplicación de la doctrina de campo ocupado
a las prácticas ilícitas del trabajo enumeradas en la referida
Sec. 8 de la NLRA. Machinists v. Wisconsin Emp. Rel. Comm'n,
427 U.S. 132 (1976); San Diego Unions v. Garmon, supra. Lo
anterior incluye, por supuesto, las situaciones en las que la
regulación estatal entra en conflicto con la intención del
Congreso,
pues
existe
una
necesidad
de
ofrecer
a
los
trabajadores un remedio efectivo a través de un foro adecuado,
mientras se uniforman varios aspectos trascendentales de esta
actividad y se evitan conflictos en la interpretación de esta
normativa obrero-patronal. San Diego Unions v. Garmon, supra,
págs.
242–243.
En
otras
palabras,
el
Máximo
Foro
federal
reafirmó que la jurisdicción exclusiva del NLRB se da en
aquellos casos en que la actividad particular a juzgar se
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
20
encuentre regulada o protegida por la Sec. 7, supra, o que
constituya una práctica ilícita del trabajo al amparo de la
Sec. 8. Longshoremen v. Davis, supra, pág. 388; González v.
Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 859.
Según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, para poder
determinar si un foro local puede adjudicar una controversia
bajo la NLRA, enmendada por la Ley Taft-Hartley, hay que
examinar si la controversia es idéntica o diferente de la que
ha podido ser presentada ante el NLRB. Sears, Roebuck & Co. v.
Carpenters,
supra,
págs.
200-201.
“Precisamente
cuando
la
conducta alegada está sujeta a ser sancionada por la Ley TaftHartley es que opera la doctrina de jurisdicción exclusiva de
la Junta Nacional”. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,
pág. 862.
Es importante destacar que este análisis de desplazamiento
—que reconoce jurisdicción exclusiva al NLRB— se efectúa en
consideración al
tipo
de
conducta
involucrada,
y
no
la
naturaleza del remedio solicitado. González v. Mayagüez Resort
& Casino, supra, pág. 862, citando a Díaz Arroyo v. Hosp. Dr.
Susoni,
169
DPR
53,
64
(2006)
(sentencia),
Opinión
de
Conformidad de la Juez Asociada Señora Rodríguez Rodríguez, a
la que se unió el Juez Presidente Señor Hernández Denton. Véase,
además, Plumbers' Union v. Borden, 373 U.S. 690, 693-694 (1963);
San
Diego
Unions
v.
Garmon,
supra,
págs.
244-245;
Lognshoremen's v. Davis, supra, pág. 394.
En San Diego Unions v. Garmon, supra, pág. 245, el Tribunal
Supremo federal expresó: “When an activity is arguably subject
to § 7 or § 8 of the Act, the States as well as the federal
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
21
courts must defer to the exclusive competence of the National
Labor Relations Board if the danger of state interference with
national policy is to be averted”. Esto se debe a que el
desplazamiento procura evitar la interferencia estatal con la
forma y manera en que la Junta Nacional pone en vigor el esquema
integrado de reglamentación establecido por la NLRA. Golden
State Transit Corp. v. Los Angeles, 475 U.S. 608, 613 (1986)
(“[I]s
intended
to
preclude
state
interference
with
the
National Labor Relations Board's interpretation and active
enforcement
of
the
‘integrated
established by the NLRA”).
scheme
of
regulation’
De esa forma, cuando los hechos
alegados por el demandante son (o se podrían argumentar que
son) actos de práctica ilícita según la NLRA, ni los tribunales
estatales ni los federales tienen jurisdicción. Chamber of Com.
of
U.S.
v.
Brown,
554
U.S.
60,
65
(2008). Por
esta
particularidad, la doctrina de campo ocupado de la NLRA es más
abarcadora
que
la
típica
regla
general
de
desplazamiento.
“Preemption under the NLRA is unusual, though, because our
precedent maintains that the NLRA preempts state law even when
the two only arguably conflict”. Glacier Northwest, Inc. v.
Int'l Bhd. of Teamsters Loc. Union No. 174, 597 U.S. 771, 776
(2023).
Al cabo, el análisis utilizado por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos invita a los foros judiciales a apreciar si la
parte que sostiene la prelación de la NLRA constató que los
hechos alegados por el demandante son o se podría argumentar
que son actos de práctica ilícita según la NLRA. De ser así,
los tribunales deberán aplicar la doctrina de campo ocupado y
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
22
desestimar la reclamación. Solo si la Junta Nacional decide que
la conducta no está protegida o prohibida por la NLRA, es que
los tribunales locales posteriormente podrían justipreciar la
controversia. Íd., págs. 776-777, citando a Longshoremen v.
Davis, supra, pág. 394.
Por nuestra parte, en varias ocasiones hemos tenido que
auscultar nuestra propia jurisdicción para determinar si cierta
reclamación laboral cae bajo la jurisdicción exclusiva del
NLRB. Por ejemplo, en Vargas v. Molinos Nacionales, Inc., 134
DPR
919
(1993),
nos
enfrentamos
a
una
reclamación
de
indemnización por despido injustificado, discrimen sindical e
infracción al deber de justa representación. Desestimamos por
entender
que
las
alegaciones
contenidas
eran
materia
de
exclusiva jurisdicción de la Junta Nacional y correspondía a
dicha entidad, en primera instancia, pasar juicio sobre la
controversia.
Concluimos
que
las
alegaciones
expuestas
describían una práctica ilícita regulada por la ley federal,
pues
la
demanda
discriminaron
alegó
específicamente
perjudicialmente
a
los
que
los
demandados
demandantes
por
sus
actividades obreras y no los reclutaron nuevamente por su
afiliación a la Unión de Trabajadores. Íd., pág. 926.
Asimismo,
en
Díaz
(sentencia),
atendimos
indemnización
por
Arroyo
una
daños
v.
Hosp.
demanda
y
en
Dr.
la
perjuicios
Susoni,
cual
se
por
supra
reclamó
despido
discriminatorio, producto de activismo sindical. Nuevamente
desestimamos por falta de jurisdicción, ya que una de las
cuestiones
a
adjudicar
era
si
el
patrono
incurrió
en
un
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
23
discrimen sindical, materia que es de la exclusiva jurisdicción
del NLRB.
Por último, en González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,
el querellante alegó —igual a como aquí hacen los recurridos—
despido
injustificado
al
amparo
de
la
Ley
sobre
Despidos
Injustificados y la Ley de Represalias. Según las alegaciones
de la querella, el demandante solicitó a su patrono una reunión
para plantear varios asuntos relacionados con su trabajo y sus
derechos como empleado. Aunque en principio el patrono accedió,
el día pautado para la reunión le recriminó la solicitud y sus
motivos, y lo despidió.
El querellante arguyó en su querella
que la razón de su despido fue el "uso válido de su derecho
constitucional de participar en actividades concertadas y a
reclamar derechos que como empleado le corresponden". González
v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 852. En respuesta a
esas
alegaciones,
el
patrono
presentó
una
moción
de
desestimación por falta de jurisdicción en la cual alegó que el
NLRB tenía jurisdicción exclusiva.
Al atender la controversia, analizamos detenidamente las
alegaciones del demandante y entendimos que denunciaban una
conducta regulada y catalogada como práctica ilícita al amparo
de la Sec. 8 de la NLRA. Por esta razón, desestimamos la
querella. Sin importar que los remedios solicitados eran al
amparo de estatutos locales, sus alegaciones pretendían dirimir
ante nuestros tribunales si su despido fue en represalia por su
gestión para reclamar los derechos que le correspondían a él y
a sus compañeros. Íd., pág. 863. Así, opinamos:
Determinar qué constituye una interferencia con una
acción concertada protegida y adjudicar los hechos
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
24
que configurarían o no dicha práctica ilícita, es
jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional. Si
hubiera que adjudicar los hechos que configuran la
práctica ilícita como paso previo para establecer la
jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional, se
echaría por la borda el desplazamiento que ordena la
ley federal. En efecto, el tribunal incurriría en el
contrasentido de intervenir en los méritos de la
controversia para decidir entonces que no puede
hacerlo. (Negrillas suplidas). González v. Mayagüez
Resort & Casino, supra, págs. 863-864.
Con este marco jurídico en mente, pasemos ahora a disponer
de la controversia.
III
El recurso ante nuestra consideración, de forma similar a
lo acontecido en González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,
nos invita a determinar si el Tribunal de Primera Instancia
tiene
la
autoridad
para
atender
la
reclamación
de
unos
trabajadores unionados que solicitan un remedio al amparo de la
legislación
local,
represalias
por
por
estos
entender
servir
que
de
su
testigos
despido
fue
en
querella
una
en
presentada por la ULEES contra su patrono.
Por su parte, el Hospital suplicó la desestimación de la
causa
de
acción
debido
a
que
la
reclamación
es
de
la
jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo. En síntesis, alegó que será imposible para el foro
primario
emitir
una
determinación
sin
pasar
juicio
sobre
asuntos que, en virtud de la doctrina de campo ocupado, son de
potestad exclusiva de la Junta Nacional. Le asiste la razón al
Hospital, lo que comprobamos al examinar las alegaciones de los
recurridos.
En cuanto al despido, la señora Rodríguez Vázquez alegó lo
siguiente:
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
[…].
3. La demandante [Nilda Rodríguez Vázquez] trabajó
para el Hospital desde el mes de enero del 2005.
[…].
6. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es miembro
de la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados
de la Salud, en adelante “ULEES”, organización que
la representa sindicalmente ante su patrono el
Hospital.
7. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es
enfermera graduada con especialidad en anestesia
(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital
Auxilio Mutuo hasta el 20 de agosto de 2022 cuando
fue despedida injustamente y como producto de una
represalia del patrono.
8. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez en conjunto
a otros empleados promovieron que el sindicato que
los representa ULEES, instara y presentara ante el
Departamento de Salud de Puerto Rico una Querella en
contra del Hospital, ya que su patrono tiene
contratados estudiantes de anestesia qui[e]nes
llevan a cabo funciones que solo pueden ejecutar
enfermeros(as) anestesistas licenciados(as) (RNA)
como lo es la demandante.
9. La alegación principal de la Querella ante el
Departamento de Salud es que los estudiantes de
anestesia ejercen las funciones de atender pacientes
solos, sin la supervisión directa de un anestesista
y/o de sus superiores, lo que constituye una
violación al Reglamento 9184 del Departamento de
Salud.
10. La Querella ante el Departamento de Salud lleva
el número Q-22-03-004 siendo presentada el 21 de
marzo de 2022, por el representante sindical de la
demandante. […].
[…].
12. Durante el proceso administrativo el Oficial
Examinador celebró una vista, en la cual compelió a
la ULEES y al Hospital para que se reunieran y tratar
de resolver la controversia. […]. A dicha reunión
comparecieron la demandante Nilda Rodríguez Vázquez,
y Alexander Santana Marrero como testigos de la
querellante, funcionarios del Hospital, así como el
Lic. Carlos M. Ortiz Velázquez en representación de
la querellante y el Lic. José Vélez Gutiérrez, en
representación de la querellada.
25
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
13. En la reunión el representante legal de la
querellante produjo documentos que formaban parte de
su
expediente
profesional,
los
cuales
el
representante legal de la querellada, o sea el
Hospital, reprodujo. Luego de la reproducción de los
documentos el representante legal de la querellante
se los mostró a los testigos, la aquí demandante
Nilda Rodríguez Vázquez y Alexander Santana Marrero,
qui[e]nes por su “expertise” explicaron el contenido
de estos.
14. Luego de terminada la reunión, el representante
legal del Hospital le planteó al representante legal
de la querellante que entre los documentos
producidos había algunos que eran hojas clínicas de
pacientes, que supuestamente son confidenciales y no
había razón alguna para que el abogado de la
querellante los tuviese en su poder.
15. Con posterioridad a la reunión entre las partes
para discutir la querella, los testigos Rodríguez
Vázquez y Santana Marrero fueron citados al
Departamento de Recursos Humanos del Hospital donde
estuvieron presentes funcionarios del Hospital, […].
El hospital le informó a Santana Marrero y a
Rodríguez
Vázquez
que
había
iniciado
una
investigación para determinar cómo los documentos
confidenciales
habían
llegado
a
manos
del
representante legal de la querellante. En dicha
ocasión el Hospital le imputó a la demandante
Rodríguez Vázquez y al otro testigo ante el
Departamento de Salud[,] Santana Marrero, haber
tenido en su poder y haber circulado hojas clínicas
de pacientes, lo que alegadamente constituye una
violación al Health Insurance Portability and
Accountability Act of 1996 (Ley HIPAA). El
representante legal de la querellante le indicó y
les informó a los funcionarios del Hospital, así
como a su representante legal […], que las hojas
clínicas de los pacientes que él produjo en la
reunión de 20 de junio de 2022, no le habían sido
entregadas por los testigos Nilda Rodríguez Vázquez
aquí demandante ni por otro testigo Alexander
Santana Marrero, ya que él las tenía en su poder con
antelación a la reunión.
16. El día 19 de agosto de 2022, el Hospital despidió
de su empleo como represalia a la demandante
Rodríguez Vázquez, por su participación activa en la
reunión de 20 de junio de 2022 que había sido
ordenada por el Oficial Examinador del Departamento
de Salud, cuyo propósito era el tratar de resolver
la controversia entre las partes sin la necesidad de
una vista administrativa. […].
[…].
26
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
27
18. El despido de la demandante Rodríguez Vázquez es
uno injustificado y su único propósito es tomar
venganza y represalias en contra de ésta por
promover una Querella ante el Departamento de Salud
contra
el
Hospital,
por
éste
violar
las
disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad
gubernamental y por comparecer a una reunión donde
le fueron mostrados hojas clínicas de pacientes y
por ella dar una explicación debido a su “expertise”
del contenido de dichas hojas clínicas.
19.[…]. La alegación del Hospital en la carta de
despido a la demandante de que supuestamente violó
la Ley HIPAA, es simplemente una excusa para
desalentar que los empleados participen en querellas
en contra de su patrono. (Negrillas suplidas). Ap.
del certiorari AC-2023-109, págs. 24-27.
En sintonía, apreciemos la similitud de lo alegado por el
señor Santana Marrero:
2.1 La parte demandante Alexander Santana Marrero
comenzó a trabajar para la empresa Hospital Auxilio
Mutuo en el mes de julio del año 2002.
2.2 El demandante Alexander Santana Marrero es
miembro de la Unidad Laboral de Enfermeras (os) y
Empleados
de
la
Salud,
en
adelante
ULEES,
organización que lo representa sindicalmente ante su
patrono el Hospital Auxilio Mutuo.
[…].
2.4 El demandante Alexander Santana Marrero es
enfermero graduado con especialidad en anestesia
(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital
Auxilio Mutuo hasta el 22 de agosto de 2022, cuando
fue despedido.
2.5 El demandante Alexander Santana Marrero,
conjuntamente con otros empleados, promovieron que
el sindicato que los representa, ULEES, instara y
presentara ante el Departamento de Salud de Puerto
Rico una querella en contra del Hospital Auxilio
Mutuo, ya que éste tiene contratados estudiantes de
anestesia que están llevando a cabo funciones que
solo pueden ejecutar enfermeros (as) anestesistas
licenciados (as) (RNA) como lo es el demandante.
[…].
2.10 [Durante
la
vista
administrativa],
el
representante
legal
del
demandante
produjo
documentos que formaban parte de su expediente
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
28
profesional. Estos documentos fueron fotocopiados
por el Hospital Auxilio Mutuo. Luego de la
reproducción de los documentos el representante
legal del demandante se los mostró a los testigos,
el aquí demandante Alexander Santana Marrero y a
Nilda
Rodríguez
Vázquez,
quienes
por
su
“conocimiento
especializado”
explicaron
el
contenido de estos.
2.11 Luego
de
terminada
la
reunión,
el
representante legal del Hospital Auxilio Mutuo le
planteó al representante legal del demandante que
entre los documentos producidos había algunos que
eran hojas clínicas de pacientes, que supuestamente
son confidenciales y no había razón alguna para que
el abogado del demandante los tuviera en su poder.
[…].
2.14 El
Hospital
Auxilio
Mutuo
despidió
al
demandante Santana Marrero el 22 de agosto de 2022.
2.15 El despido del demandante fue un acto de
represalias en contra de éste, por promover una
querella ante el Departamento de Salud contra el
Hospital Auxilio Mutuo, por violar las disposiciones
del Reglamento 9184 de dicha entidad gubernamental.
2.16 […]. La alegación del Hospital en las cartas
de despido a los demandantes de que supuestamente
violaron la Ley HIPAA es simplemente una excusa para
desalentar que los empleados participen en querellas
en contra de su patrono.
[…]. (Negrillas suplidas). Ap. del certiorari AC2024-31, págs. 27-29.
Tras un análisis meticuloso de las alegaciones presentadas
por los recurridos ante el Tribunal de Primera Instancia,
indudablemente se podría concluir que estas denuncian actos de
práctica ilícita bajo la NLRA. Evidentemente, los recurridos
sostienen que fueron despedidos por haber testificado contra su
patrono en un procedimiento ante el Departamento de Salud, por
una querella que ellos mismos promovieron por entender que el
Hospital
unionado.
estaba
asignando
trabajo
unionado
al
personal
no
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
29
Si lo anterior fuera cierto y se probara que, en efecto,
el Hospital los despidió por testificar en su contra, la Junta
Nacional podría concluir que se constituyó una práctica ilícita
del trabajo cuya justipreciación, en virtud de la NLRA, recae
bajo su jurisdicción exclusiva. Recordemos que la Sec. 8 de la
NLRA señala como práctica ilícita el despedir a un empleado por
radicar cargos, suministrar información o testificar en su
contra. [“(4) to discharge or otherwise discriminate against an
employee because he has filed charges or given testimony under
this Act”]. 29 U.S.C.A. sec. 158(a)(4).
Por otro lado, de las alegaciones presentadas también se
podría concluir que, al despedir a los unionados, el patrono
restringió
a
sus
empleados
del
ejercicio
de
sus
derechos
reconocidos por la Sec. 7 de la NLRA, supra. Como vimos, los
empleados
unionados
tienen
derecho
a
realizar
actividades
dirigidas a proteger y mejorar su ambiente laboral, e interferir
con ello constituye una práctica ilícita de parte del patrono.
Íd. De esa forma, como los recurridos instaron una querella
porque su patrono contrató a estudiantes para que realizaran el
trabajo que correspondía a ellos, de forma directa o indirecta
se pudo haber afectado un beneficio de los empleados unionados
del Hospital.
Además, en González v. Mayagüez Resort & Casino, supra,
pág. 862, plasmamos que para poder determinar si un foro local
puede adjudicar una controversia de este tipo hay que examinar
si la controversia es idéntica o diferente de la que ha podido
ser presentada ante el NLRB. Al evaluar el expediente, notamos
que
el
8
de
septiembre
de
2022,
previo
a
acudir
a
los
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
30
tribunales, los recurridos asistieron directamente ante la
Junta Nacional —mediante la ULEES— alegando lo siguiente:
On or about the past six months, the above-named
Employer, Hospital Auxilio Mutuo, Inc., harassed and
interrogated employee Alexander Santana about his
Union
activities
and/or
protected
concerted
activities, and threatened him with unspecified
reprisals. Since on or about August 2022, the abovenamed Exployer has discriminated against employees
Alexander Santana and Nilda Rodriguez by terminating
their employment as retaliation for their Union
activities and/or protected concerted activities on
behalf of the Unidad Laboral de Enfermeras(os) y
Empleados de la Salud, ULEES. (Negrillas suplidas).
Caso 12-CA-303186. Ap. del certiorari AC-2023-109,
pág. 91.
De una lectura del cargo de práctica ilícita presentado
ante la Junta Nacional vis a vis las alegaciones presentadas
ante el foro primario, vemos que los argumentos son los mismos.
Contrario a lo que ahora argumentaron los recurridos, los hechos
alegados que provocaron el despido y en los que basan sus
demandas se plantearon como violaciones a derechos que están
protegidos por la NLRA. Tanto es así que los propios recurridos
acudieron en primera instancia ante la NLRB para presentar el
mismo reclamo, aunque después lo hayan retirado para proseguir
con las demandas de epígrafe.
Al evaluar los planteamientos del señor Santana Marrero y
la
señora
Rodríguez
reclamación
debe
Vázquez,
hacerse
ante
es
forzoso
concluir
que
su
la
NLRB.
De
prosperar
sus
alegaciones, estaríamos ante una práctica ilícita del trabajo
objetada
por
la
Ley
Taft-Hartley.
Los
tribunales
locales
carecemos de jurisdicción para determinar eso y, por lo tanto,
para atender esta queja. Véase, Chamber of Com. of U.S. v.
Brown, supra, pág. 65.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
31
Del mismo modo, aprovechamos la oportunidad que presenta
este caso para clarificar que, si bien la Sec. 7 de la NLRA
protege los derechos de los empleados a organizarse y a realizar
actividades
concertadas
con
el
propósito
de
ayudarse
mutuamente, en las alegaciones ante los tribunales locales no
es necesario plasmar el término “actividades concertadas”, o
cualquier
equivalente,
ordenado
por
el
anteriormente,
la
para
que
Congreso
conducta
opere
federal.
involucrada
el
desplazamiento
Como
mencionamos
es
clave
la
para
determinar a cuál foro corresponde atender la controversia.
Utilizar un lenguaje distinto como subterfugio para traspasar
las
fronteras
ordenamiento.
jurisdiccionales
Lo
opuesto,
no
entiéndase,
tiene
que
cabida
la
en
el
jurisdicción
exclusiva de la Junta Nacional dependa de que se alegue de forma
literal
que
se
atentó
contra
“actividades
concertadas”
protegidas, quebrantaría la clara intención detrás de la NLRA
y podría conllevar a que se presenten dos alegaciones distintas
por los mismos hechos y que se penalice al patrono en múltiples
ocasiones por la misma conducta. Recordemos que un empleado que
reclame que fue despedido por realizar una actividad protegida
por la Ley Taft-Hartley, solo tiene derecho al remedio que le
concede dicha ley. Los tribunales locales no tenemos facultad
para intervenir en estos asuntos. González v. Mayagüez Resort
& Casino, supra, pág. 862; Rivera v. Security Nat. Life Ins.
Co., supra, págs. 526-527.
Contrario a lo alegado por los recurridos y a lo concluido
por el foro intermedio, tampoco importa si las reclamaciones
ante el Tribunal de Primera Instancia están fundamentadas en
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
32
violaciones de leyes locales, ya que este análisis se efectúa
tomando en consideración el tipo de conducta involucrada, y no
la
naturaleza
legal
del
remedio
solicitado.
González
v.
Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 862. La doctrina de
desplazamiento en el ámbito laboral impide que un tribunal
estatal
atienda
una
conducta
proscrita
por
la
Junta
Nacional, independientemente de si la misma violenta, a su vez,
derechos
según
la
Constitución
local
o
alguna
legislación
laboral estatal. Íd., pág. 863.
En conclusión, ante la ausencia de jurisdicción sobre la
materia, el tribunal está facultado para así declararlo y
desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la
controversia. Torres Alvarado v. Madera Atiles, supra, pág.
501.
Esta
desestimación
se
basa
en
lo
que
se
alega
—sin
cuestionar si es cierto o no— pues el foro con jurisdicción
exclusiva es el único autorizado a estimar cuáles son los hechos
probados, luego de sopesar la evidencia que en su día las partes
presenten. González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág.
864. Si pretendemos adjudicar los hechos que configuran la
práctica
ilícita
como
paso
previo
para
establecer
la
jurisdicción exclusiva del NLRB, echaríamos por la borda el
desplazamiento que ordena la ley federal. Recalcamos que sería
un contrasentido intervenir en los méritos de la controversia
para luego decidir que no podíamos hacerlo. Íd.
IV
Por
dictámenes
los
fundamentos
del
Tribunal
antes
de
expuestos,
Apelaciones
revocamos
en
los
los
casos
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
33
KLCE202301095 y KLCE202400040. Al hacerlo, desestimamos los
casos consolidados de epígrafe, por falta de jurisdicción.
Se dictará Sentencia en conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nilda Rodríguez Vázquez
Recurrida
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
Peticionario
_____________________________
Alexander
Santana
Marrero,
Dinorah Burgos Luccioni y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos
AC-2023-0109
cons. con
AC-2024-0031
Recurridos
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2025.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de esta Sentencia,
revocamos los dictámenes del Tribunal de Apelaciones en los
casos
KLCE202301095
y
KLCE202400040.
Al
hacerlo,
desestimamos los casos consolidados de epígrafe, por falta
de jurisdicción.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió
una Opinión disidente a la cual se unió la Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez.
La Jueza Asociada Rivera Pérez no
interviene.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nilda Rodríguez Vázquez
Recurrida
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
AC-2023-0109
Peticionario
_____________________________
Alexander Santana Marrero,
Dinorah Burgos Luccioni y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos
cons. con
AC-2024-0031
Recurridos
v.
Hospital Español Auxilio Mutuo
Peticionario
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ
a la que se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2025.
Por considerar que son los tribunales estatales los foros
con jurisdicción para atender toda reclamación que, por despido
injustificado y represalias, tenga una obrera o un obrero
unionado en contra de su patrono, -- cuando la misma no tenga
el propósito de proteger los intereses del sindicato al cual
pertenecen --, respetuosamente disentimos del curso de acción
seguido por una mayoría de este Tribunal en el presente caso.
Veamos.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
2
I.
Los hechos medulares que dan margen al presente litigio
no están en controversia. En extrema síntesis, el 24 de mayo
de
2023
el
Sr.
Alexander
Santana
Marrero,
--
enfermero
anestesista de profesión --, la Sra. Dinorah Burgos Luccioni
y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos
(en
adelante
y
en
conjunto,
“señor
Santana
Marrero”)
presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una Demanda
por
despido
Hospital
injustificado
Español
Auxilio
y
represalias
Mutuo
(en
en
adelante,
contra
del
“Hospital
Auxilio Mutuo”). Lo anterior, al amparo de la Ley Núm. 80 de
30 de mayo de 1976, también conocida como la Ley sobre
Despidos Injustificados, infra (en adelante, “Ley Núm. 801976”) y de la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991,
también conocida como la Ley contra el Despido Injusto o
Represalias a todo Empleado por Ofrecer Testimonio ante un
Foro
Legislativo,
Administrativo
o
Judicial,
infra
(en
adelante, “Ley Núm. 115-1991”).
En esencia, en el referido escrito el señor Santana
Marrero alegó, ante el foro primario, que trabajó para el
Hospital Auxilio Mutuo por un poco más de veinte (20) años
hasta que, el 22 de agosto de 2022,
fue despedido
por
represalias. Ello, luego de que participara como testigo en
cierto proceso administrativo celebrado ante el Departamento
de Salud, relacionado con la Querella Núm. Q-22-03-004, la
cual fue presentada por la Unidad Laboral de Enfermeros y
Empleados de la Salud (en adelante, “ULEES”), en contra de
la referida institución hospitalaria.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
3
En dicha querella, -- entiéndase, la Querella Núm. Q22-03-004 --, la cual se presentó al amparo del Reglamento
para
la
Construcción,
Operación,
Mantenimiento
y
Licenciamiento de los Hospitales en Puerto Rico, Reglamento
Núm. 9184, Departamento de Salud, 1 de julio de 2020 (en
adelante, “Reglamento Núm. 9184”), la ULEES alegó que el
Hospital Auxilio Mutuo contrataba estudiantes de anestesia
para que éstos ejercieran las funciones de un enfermero
anestesista licenciado, y que, además, dichos estudiantes
tenían pacientes a su cargo sin que la referida institución
hospitalaria ejerciera la supervisión adecuada y requerida,
lo
cual
es
contrario
reglamentación.
Es
a
lo
menester
dispuesto
en
señalar
que,
la
mencionada
luego
de
la
investigación de rigor, el Secretario del Departamento de
Salud emitió una Resolución mediante la cual concluyó que,
en efecto, el Hospital Auxilio Mutuo estaba en incumplimiento
con el Reglamento Núm. 9184.
Por su parte, y de vuelta a lo relacionado a la causa
de epígrafe, el 25 de mayo de 2023 la Sra. Nilda Rodríguez
Vázquez (en adelante, “señora Rodríguez Vázquez”), -- también
enfermera anestesista --, de igual manera presentó ante el
foro
primario
represalias
una
en
Demanda
contra
de
por
la
despido
injustificado
referida
y
institución
hospitalaria. Al igual que el señor Santana Marrero, la
reclamación de ésta última fue al amparo de la Ley Núm. 801976 y de la Ley Núm. 115-1991. En su Demanda, la señora
Rodríguez Vázquez alegó que trabajó para el Hospital Auxilio
Mutuo por aproximadamente diecisiete (17) años y que su
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
4
despido se debió a que, además de participar como testigo en
la Querella Núm. Q-22-03-004, fue ella quien promovió que la
ULEES presentara la misma.
Enterado
de
lo
anterior,
la
referida
institución
hospitalaria presentó ante el Tribunal de Primera Instancia
una Moción de desestimación para cada demanda. En dichos
escritos,
el
Hospital
Auxilio
Mutuo
solicitó
que
las
mencionadas reclamaciones fuesen desestimadas, puesto que los
asuntos allí planteados eran de la jurisdicción exclusiva de
la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo. En particular,
la
referida
institución
hospitalaria
argumentó
que
las
alegaciones de despido injustificado y represalias contenidas
en las demandas presentadas en su contra se fundamentaban en
conductas
que
podrían
considerarse
actos
de
prácticas
ilícitas bajo la National Labor Relations Act, infra.1
En respuesta, el señor Santana Marrero y la señora
Rodríguez
Vázquez
se
opusieron
a
las
solicitudes
de
desestimación presentadas por el Hospital Auxilio Mutuo. En
su Oposición, el señor Santana Marrero indicó que de las
alegaciones
en
su
Demanda
no
se
desprendía
que
su
participación como testigo en la Querella Núm. Q-22-03-004
tuviera el propósito de adelantar o proteger los intereses
del sindicato al que pertenece, lo cual sería necesario para
que la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo tuviera
jurisdicción exclusiva para atender su reclamación.
Específicamente, el Hospital Auxilio Mutuo adujo que la Sec. 10 de la
National Labor Relations Act, infra, confiere jurisdicción exclusiva a la
Junta Nacional de Relaciones del Trabajo sobre reclamaciones al amparo de
la misma.
1
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
5
La señora Rodríguez Vázquez, por su parte, y en su
Oposición, enfatizó el hecho de que las alegaciones incluidas
en
su
Demanda
estaban
fundamentadas,
exclusivamente,
en
violaciones a las leyes laborales locales antes mencionadas,
-- a saber, la Ley Núm. 80-1976 y la Ley Núm. 115-1991 --, y
no así en violaciones a derechos protegidos por la National
Labor Relations Act, infra. Asimismo, expresó que la razón
por
la
cual
el
Hospital
Auxilio
Mutuo
indicó
haberla
despedido fue un pretexto para así hacerlo y que, en realidad,
fue
despedida
por
su
participación
como
testigo
en
la
Querella Núm. Q-22-03-004, presentada por la ULEES en contra
de éste.2
Recibidos los mencionados escritos del señor Santana
Marrero
y
la
señora
Rodríguez
Vázquez,
la
referida
institución hospitalaria presentó una Réplica a oposición a
moción de desestimación en cada pleito. En dichos escritos,
el Hospital Auxilio Mutuo reiteró su argumentó sobre la
jurisdicción exclusiva que ostenta la Junta Nacional de
Relaciones del Trabajo para atender los reclamos presentados
por el enfermero y la enfermera anestesista en cuestión,
puesto que éstos estaban basados en represalias sufridas al
ser
despedidos
por
participar
en
cuestiones
sindicales
llevadas a cabo por la ULEES.3
Según surge del expediente, la señora Rodríguez Vázquez y el señor
Santana Marrero fueron despedidos por haber incurrido en alegada violación
a la Health Insurance Portability and Accountability Act, Pub. L. No.
104-191, 100 Stat. 1934 (1996), mejor conocida como la Ley HIPAA, dentro
del mencionado procedimiento llevado a cabo ante el Departamento de Salud.
2
Para sostener su argumento, el Hospital Auxilio Mutuo indicó que la
ULEES, -- en representación del señor Santana Marrero y de la señora
Rodríguez Vázquez --, presentó cargos en su contra, ante la Junta Nacional
de Relaciones del Trabajo, por los mismos hechos. Cabe señalar que dicha
3
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
6
Así las cosas, y luego de varios incidentes procesales
no necesarios aquí pormenorizar, el Tribunal de Primera
Instancia emitió dos resoluciones, -- una en cada caso --,
en
las
que
declaró
no
ha
lugar
las
solicitudes
de
desestimación presentadas por el Hospital Auxilio Mutuo. El
foro primario, en síntesis, enfatizó que las reclamaciones
presentadas
por
el
señor
Santana
Marrero
y
la
señora
Rodríguez Vázquez eran al amparo de la legislación local
antes mencionada, -- entiéndase, la Ley Núm. 80-1976 y la Ley
Núm. 115-1991 --, y no de las Secs. 7 y 8 de la National
Labor Relations Act, infra, por lo que dicho foro tenía
jurisdicción para determinar si, en efecto, éstos habían sido
despedidos injustificadamente y por represalias. A su vez,
el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Querella
presentada por la ULEES ante el Departamento de Salud, -- en
la cual el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez Vázquez
fungieron como testigos --, no buscaba adelantar cuestiones
de
negociación
unionados,
que
colectiva
o
la
ameritase
fuese
protección
la
de
Junta
empleados
Nacional
de
Relaciones del Trabajo quien atendiese el presente caso.
En desacuerdo con las determinaciones del foro primario,
la referida institución hospitalaria acudió ante el Tribunal
de Apelaciones, mediante
dos
recursos de
certiorari. En
esencia, en éstos, el Hospital Auxilio Mutuo reiteró que las
reclamaciones
presentadas
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia por el señor Santana Marrero y la señora Rodríguez
reclamación fue retirada previo a que se presentaran las demandas aquí en
cuestión.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
Vázquez
estaban
fundadas
en
7
asuntos
de
la
jurisdicción
exclusiva de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo.
Evaluados los recursos presentados, el foro apelativo
intermedio, por voz de dos Paneles de Apelación distintos,
denegó expedir los mismos.4 Ello, en esencia, por entender
que el foro primario, en efecto, tenía jurisdicción para
atender
los
represalias,
reclamos,
que
el
por
señor
despido
Santana
injustificado
Marrero
y
la
y
señora
Rodríguez Vázquez tenían en contra del Hospital Auxilio
Mutuo.
Inconforme con el proceder del Tribunal de Apelaciones,
la referida institución hospitalaria acudió ante nos mediante
dos
solicitudes
síntesis,
el
de
apelación.
Hospital
Auxilio
En
dichos
Mutuo
escritos,
aduce
que
y
el
en
foro
apelativo intermedio erró al determinar que el Tribunal de
Primera Instancia tenía jurisdicción para atender los casos
de
epígrafe.
A
dicha
solicitud,
oportunamente,
y
bajo
fundamentos similares a los expuestos ante el foro primario
y el Tribunal de Apelaciones, el señor Santana Marrero y la
señora Rodríguez Vázquez se opusieron.
Expedido el presente recurso en reconsideración, una
mayoría
de
mis
compañeros
y
compañera
de
estrado
ha
determinado que el Tribunal de Primera Instancia no tenía
jurisdicción, -- en este caso, sobre la materia --, para
En el caso del señor Santana Marrero, el Panel de Apelación estuvo
integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez Bonilla
Ortiz, la Jueza Mateu Meléndez y la Jueza Prats Palerm.
4
En el caso de la señora Rodríguez Vázquez, el Panel de Apelación estuvo
integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, el Juez Rivera Torres
y la Jueza Rivera Pérez.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
8
atender las acciones por despido injustificado y represalias
que ante sí fueron incoadas por el señor Santana Marrero y
la señora Rodríguez Vázquez. Ello, al concluir, -- a nuestro
juicio, equivocadamente --, que las alegaciones de estos
últimos denuncian actos de prácticas ilícitas de un patrono
que, bajo la National Labor Relations Act, infra, solo pueden
ser
atendidas
por
la
Junta
Nacional
de
Relaciones
del
Trabajo.
Con dicha conclusión, como ya adelantamos, no podemos
estar
de
acuerdo.
Por
ello,
respetuosamente
disentimos.
Procedamos, pues, a explicar el porqué.
II.
Como se sabe, uno de los mecanismos que tiene disponible
la parte demandada en un pleito para, -- en etapas tempranas
del litigio --, solicitar que se desestimen una o varias de
las causas de acción instadas en su contra es la moción de
desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.
Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). Véase también, Colón v.
Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). En su inciso (1), y en lo
pertinente
disposición
a
los
asuntos
reglamentaria
que
hace
nos
ocupan,
mención
a
la
mencionada
la
falta
de
jurisdicción sobre la materia como uno de los fundamentos en
que puede basarse una solicitud desestimación al palio de
ésta. Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2(1).
Sobre este particular, -- entiéndase, la jurisdicción
sobre la materia --, es norma reiterada que los tribunales
estatales tienen autoridad para atender todos los asuntos que
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
9
se presenten ante sí al amparo de leyes estatales. Rodríguez
v. Overseas Military, 160 DPR 270, 278 (2003). Véase también,
Yellow Freight System, Inc. v. Donnelly, 494 U.S. 820 (1990)
y Gulf
Offshore
Co.
v.
Mobil
Oil
Corp.,
453
U.S.
473
(1981). Asimismo, éstos tienen jurisdicción concurrente con
los tribunales federales para, en ciertas instancias, atender
controversias que surjan en virtud de algún estatuto federal.
Íd.
Empero,
Congreso
de
esto
último
es
así,
los
Estados
Unidos
siempre
no
haya
y
cuando,
privado
a
el
los
tribunales estatales de autoridad para atender determinados
asuntos, es decir, no haya ocupado el campo. Rodríguez v.
Overseas Military, supra, 278-279 (2003). Véase también,
Yellow
Freight
System,
Inc.
v.
Donnelly,
supra,
y Gulf
Offshore Co. v. Mobil Oil Corp., supra. Recordemos que,
conforme a lo dispuesto en la Cláusula de la Supremacía de
la Constitución de los Estados Unidos de América, Art. VI,
Const. EE.UU., LPRA, Tomo 1, el Congreso federal puede, a
través de sus leyes, -- disponiéndolo bien sea expresamente
o porque se pueda inferir a raíz de la intención legislativa
--, otorgar o privar de jurisdicción a un tribunal estatal
para atender ciertos asuntos. Rodríguez v. Overseas Military,
supra.
Véase
también,
Yellow
Freight
System,
Inc.
v.
Donnelly, supra, y Gulf Offshore Co. v. Mobil Oil Corp.,
supra.
Así pues, en el caso de que, en efecto, un tribunal
estatal carezca de jurisdicción sobre la materia para atender
determinado asunto que haya sido presentado ante sí, el mismo
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
debe
ser
desestimado
sin
entrar
10
en
los
méritos
de
la
controversia. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V; González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848,
855-856 (2009); González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR
48, 63 (1989). La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra,
como ya hemos señalado, puede ser el vehículo procesal para
adelantar tales fines.
No
obstante,
y
según
ha
sido
sentenciado
por
este
Tribunal en el pasado, no debemos olvidar que, al momento de
considerar una moción de desestimación, -- como lo es la
Moción
de
Desestimación
al
amparo
de
la
Regla
10.2
de
Procedimiento Civil, supra --, los tribunales están obligados
a tomar como ciertos todos los hechos bien alegados en la
demanda y, además, deben considerarlos de la manera más
favorable
a
la
parte
demandante.
López
García
v.
López
García, 200 DPR 50, 69-70 (2018); Rivera Sanfeliz et al. v.
Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías v.
Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). En ese sentido,
para que proceda la desestimación de una controversia, es
imperativo
que
se
demuestre
“de
forma
certera
que
el
demandante no tiene derecho alguno bajo cualquier estado de
[D]erecho que se pudiera probar en apoyo a su reclamación,
aun interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor”.
Íd. De eso, precisamente, trata el caso de marras.
Habiendo atendido la normativa procesal que gobierna los
asuntos ante nuestra consideración, pasemos pues, a evaluar
la normativa sustantiva que es necesaria repasar para la
completa y correcta disposición de los mismos.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
11
III.
A.
En específico, y de entrada, debemos recordar que la
National Labor Relations Act, Pub. L. No. 74-198, 49 Stat.
449 (1935), 29 USCA secs. 151-169 (en adelante, “NLRA”), es
el estatuto, de estirpe federal, que alienta la práctica y
el procedimiento de la negociación colectiva entre obreros u
obreras y patronos. A su vez, protege el ejercicio de los
trabajadores y las trabajadoras a asociarse, organizarse y
elegir
libremente
sus
representantes
para
así
negociar
mejores términos y condiciones de trabajo. Sec. 1, NLRA, 29
USCA sec. 151. El propósito detrás de dicha disposición legal
era, y es, en parte, reducir los efectos adversos que tienen
las huelgas obreras en el comercio.5 Íd.
En particular, y en lo pertinente a los asuntos ante
nuestra consideración, la Sec. 7 de la NLRA, infra, protege
los derechos de los empleados y las empleadas a organizarse,
a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras, a
negociar
colectivamente
seleccionados
actividades
por
ellos
concertadas
a
través
de
mismos,
y
con
propósito
el
a
representantes
dedicarse
de
a
otras
negociar
colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua.6 Sec.
7, NLRA, 29 USCA sec. 157.
Cabe señalar que dicha ley fue enmendada en el 1947 por la Labor
Management Relations Act of 1947, Pub. L. No. 80-101, 61 Stat. 136 (1947),
29 USCA secs. 141-197, mejor conocida como la Ley Taft-Hartley (en
adelante, “Ley Taft-Hartley”). Lo anterior, para reiterar y extender el
derecho a la negociación colectiva, en miras de proteger aún más el flujo
de comercio. Sec. 1 de la Ley Taft-Hartley, supra, 29 USCA sec. 141.
6 Luego de ser enmendada por la Ley Taft-Hartley, supra, la Sec. 7 de la
NLRA, supra, lee de la siguiente manera:
5
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
12
La Sec. 8 de la NLRA, infra, por su parte, dispone las
acciones que, de ser llevadas a cabo por empleadores o
sindicatos, serán consideradas como prácticas ilícitas de
trabajo. Sec. 8, NLRA, 29 USCA sec. 158. Entre estas razones,
se
encuentran
la
interferencia
en
el
ejercicio
de
los
derechos garantizados a los empleados y las empleadas por la
Sec. 7 de la misma ley, y el despedir a un obrero u obrera,
o discriminar en su contra, por radicar cargos, o testificar
en contra del patrono, al amparo de la NLRA, supra.7 Íd.
Como se puede apreciar, y en lo pertinente a los asuntos
que nos ocupan, bajo la NLRA, supra, se considerará una
práctica ilícita de trabajo el que un patrono despida a un
obrero o una obrera como represalias por haber presentado una
reclamación, o haber testificado, en su contra. Sin embargo,
dicha reclamación, -- a saber, la que tuvo como efecto el
Employees shall have the right to self-organization, to form,
join, or assist labor organizations, to bargain collectively
through representatives of their own choosing, and to engage
in other concerted activities for the purpose of collective
bargaining or other mutual aid or protection, and shall also
have the right to refrain from any or all of such activities
except to the extent that such right may be affected by an
agreement requiring membership in a labor organization as a
condition of employment as authorized in section 8(a)(3)
[section 158(a)(3) of this title]. Sec. 7, NLRA, 29 USCA sec.
157.
La Sec. 8. de la NLRA, supra, establece, en lo pertinente al caso que
nos ocupa, lo siguiente:
7
(a) [Unfair labor practices by employer] It shall be an unfair
labor practice for an employer—
(1) to interfere with, restrain, or coerce employees in
the exercise of the rights guaranteed in section 7 [section
157 of this title];
[. . .]
(4) to discharge or otherwise discriminate against an
employee because he has filed charges or given testimony
under this Act [subchapter];
[. . .] (Énfasis suplido). Sec. 8, NLRA, 29 USCA sec. 158.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
13
despido --, necesariamente, debe haber sido presentada al
amparo del referido estatuto, entiéndase, de la NLRA, supra.
En otras palabras, ésta debe estar fundamentada en un reclamo
de derechos sindicales.
Así las cosas, y para poder atender adecuadamente, de
así haberlos, reclamos como los antes expuestos, la NLRA,
supra, creó la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo,
entidad con la tarea de prevenir que una persona lleve a cabo
cualquiera de las prácticas ilícitas de trabajo enumeradas
en la Sec. 8 de dicho estatuto.8 Sec. 10, NLRA, 29 USCA sec.
160, inciso (a). En esa tarea, -- y según dispone la NLRA,
supra, en su Sec. 10 --, como es sabido, la Junta Nacional
de Relaciones del Trabajo tiene jurisdicción exclusiva. Así,
correctamente, lo ha reconocido este Tribunal en reiteradas
ocasiones. Véase,
González v.
Mayagüez Resort & Casino,
supra; Vargas v. Molinos Nacionales, Inc., 134 DPR 919,
(1993); Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 DPR 517
(1977).
En particular, la Sec. 10 de la precitada disposición legal, en su
inciso (a), indica lo siguiente:
8
(a) [Powers of Board generally] The Board is empowered, as
hereinafter provided, to prevent any person from engaging in
any unfair labor practice (listed in section 8 [section 158
of this title]) affecting commerce. This power shall not be
affected by any other means of adjustment or prevention that
has been or may be established by agreement, law, or
otherwise: Provided, That the Board is empowered by agreement
with any agency of any State or Territory to cede to such
agency jurisdiction over any cases in any industry (other
than
mining,
manufacturing,
communications,
and
transportation except where predominately local in character)
even though such cases may involve labor disputes affecting
commerce, unless the provision of the State or Territorial
statute applicable to the determination of such cases by such
agency is inconsistent with the corresponding provision of
this Act [subchapter] or has received a construction
inconsistent therewith. Sec. 10, NLRA, 29 USCA sec. 160,
inciso (a).
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
14
B.
De otra parte, y ya más en lo referente a los estatutos
de estirpe local que gobiernan los asuntos ante nuestra
consideración, conviene mencionar aquí que, la Ley Núm. 801976, 29 LPRA sec. 185a et seq., es la disposición legal que
busca otorgar remedios justos a quienes hayan sido despedidos
o despedidas injustamente de su empleo; procurando, a su vez,
desalentar dicha práctica. Exposición de Motivos, Ley Núm.
80-1976, supra. A esos fines, la Ley Núm. 80-1976 garantiza
el que un obrero o una obrera, que haya sido despedida sin
justa causa, tenga derecho a recibir una indemnización por
su despido, cuantía que será determinada a la luz del periodo
de tiempo que éste o ésta haya trabajado para el patrono.
Art. 1, Ley Núm. 80-1976, 29 LPRA sec. 185a. Véase también,
Romero v. Cabrer Roig, 191 DPR 643, 650 (2014).
El Art. 2 de la Ley Núm. 80-1976, supra, por otro lado,
es el que dispone las razones que se considerarán justa causa
para el despido de un obrero o una obrera. 29 LPRA sec. 185b.
Entre éstas razones, se encuentran aquellas que afecten el
buen y normal funcionamiento de un establecimiento, como por
ejemplo: (1) que el obrero o la obrera incurra en un patrón
de
conducta
impropia
o
desordenada,
o
de
desempeño
deficiente, ineficiente, insatisfactorio, pobre, tardío o
negligente; (2) que éste o ésta viole reiteradamente las
reglas y reglamentos razonables establecidos; (3) el cierre
total, temporero o parcial de las operaciones; (4) cambios
tecnológicos, de reorganización, del producto ofrecido o de
servicios rendidos; y (5) reducciones en el empleo necesarias
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
como
consecuencia
de
una
disminución
15
en
el
volumen
de
producción o ventas. Íd. Asimismo, “se entenderá por justa
causa para el despido de un [obrero o una obrera] aquella que
no esté motivada por razones legalmente prohibidas y que no
sea producto del mero capricho del patrono”. Íd.
Ahora bien, la precitada disposición también indica que
el que un obrero o una obrera colabore o se exprese en una
investigación ante cualquier foro administrativo, judicial o
legislativo en Puerto Rico, no se considerará justa causa
para su despido. Íd. De ser despedido por ello, éste o ésta
tendrá derecho “a que se ordene su inmediata restitución en
el empleo y a que se le compense por una cantidad igual a los
salarios y beneficios dejados de percibir desde la fecha del
despido hasta que un tribunal ordene la reposición en el
empleo”. Íd.
C.
Por último, y según surge de su Exposición de Motivos,
la Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 194 et seq., fue aprobada
con el propósito de confirmar y ampliar la política pública
del País en cuanto a la protección de derechos de la clase
obrera se refiere. Exposición de Motivos, Ley Núm. 115-1991,
supra. Esta disposición legal tiene como fin proteger a los
obreros y las obreras de acciones adversas por parte de sus
patronos
luego
“testimonio,
de
que
expresión
éstos
o
o
éstas
provean
información
ante
cualquier
un
foro
legislativo, administrativo o judicial en Puerto Rico”. Art.
2(a), Ley Núm. 115-1991, 29 LPRA sec. 194b.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
16
Así pues, un obrero o una obrera que sea despedido,
amenazado o discriminado por ello podrá incoar una acción
civil en contra de su patrono para que “se le compense por
los
daños
reales
sufridos,
las
angustias
mentales,
la
restitución en el empleo, los salarios dejados de devengar,
beneficios y honorarios de abogado”. Íd., inciso (b). De
determinarse
que,
en
efecto,
el
patrono
incurrió
en
la
mencionada conducta prohibida por la Ley Núm. 115-1991, la
cuantía por la cual éste responderá será el doble de los
daños y de los salarios dejados de devengar. Íd.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que,
-- desde la disidencia --, procedemos a disponer del caso que
nos ocupa.
IV.
Como mencionamos anteriormente, en el presente caso, el
señor Santana Marrero y la señora Rodríguez Vázquez sostienen
que, -- tal y como resolvieron los foros primarios y apelativo
intermedio --, sus reclamaciones por despido injustificado y
represalias, las cuales presentaron individualmente en contra
del Hospital Auxilio Mutuo al amparo de legislación local, y
que no tienen el propósito de proteger el sindicato al cual
pertenecen, deben ser atendidas por el Tribunal de Primera
Instancia y no por la Junta Nacional de Relaciones del
Trabajo, como alega quien en un momento dado fue su patrono.
Les asiste la razón.
Y
es
que,
de
conformidad
con
la
normativa
antes
expuesta, para que opere la jurisdicción exclusiva de la
Junta Nacional de Relaciones del Trabajo en casos como el que
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
17
hoy tenemos ante nuestra consideración, es imprescindible
que, a través de las alegaciones sostenidas por los o las
reclamantes, éstos y éstas denuncien una de las prácticas
ilícitas de trabajo contenidas en la Sec. 8 de la NLRA, supra.
Ello, sencillamente, no fue lo alegado aquí.
En particular, y en cuanto a lo que aquí nos concierne,
el señor Santana Marrero incluyó en su Demanda las siguientes
alegaciones:
[…].
2.1 La parte demandante Alexander Santana Marrero
comenzó a trabajar para la empresa Hospital Auxilio
Mutuo en el mes de julio del año 2002.
2.2 El demandante Alexander Santana Marrero es
miembro de la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y
Empleados de la Salud, en adelante ULEES,
organización que lo representa sindicalmente ante
su patrono el Hospital Auxilio Mutuo.
[…].
2.4 El demandante Alexander Santana Marrero es
enfermero graduado con especialidad en anestesia
(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital
Auxilio Mutuo hasta el 22 de agosto de 2022, cuando
fue despedido.
2.5 El demandante Alexander Santana Marrero,
conjuntamente con otros empleados, promovieron que
el sindicato que los representa, ULEES, instara y
presentara ante el Departamento de Salud de Puerto
Rico una querella en contra del Hospital Auxilio
Mutuo, ya que éste tiene contratados estudiantes de
anestesia que están llevando a cabo funciones que
solo pueden ejecutar enfermeros(as) anestesistas
licenciados(as) (RNA)[,] como lo es el demandante.
2.6 La alegación principal de la querella
presentada ante el Departamento de Salud es que los
estudiantes de anestesia ejercen las funciones de
atender pacientes solos, sin la supervisión directa
de un anestesista y/o de sus superiores, lo que
constituye una violación al Reglamento Núm. 9184
del Departamento de Salud.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
2.7 La querella ante el Departamento de Salud lleva
el número Q-22-03-004, y fue presentada el 21 de
marzo de 2022, por el representante sindical del
demandante.
[…].
2.9 Durante el proceso administrativo[,] el Oficial
Examinador celebró una vista, en la cual compelió
a la ULEES y al Hospital Auxilio Mutuo, para que se
reunieran y trataran de resolver la controversia.
Las partes se reunieron el 20 de junio de 2022, en
las facilidades del Hospital Auxilio Mutuo. A dicha
reunión comparecieron el demandante Alexander
Santana Marrero y Nilda Rodríguez Vázquez, como
testigos de la demandante, funcionarios del
Hospital Auxilio Mutuo, así como el Lic. Carlos M.
Ortiz Velázquez en representación del demandante,
y el Lic. José Vélez Gutiérrez en representación de
la demandada.
2.10 En la reunión antes mencionada [a saber, la
reunión llevada a cabo el 20 de junio de 2022], el
representante
legal
del
demandante
produjo
documentos que formaban parte de su expediente
profesional. Estos documentos fueron fotocopiados
por el Hospital Auxilio Mutuo. Luego de la
reproducción de los documentos[,] el representante
legal del demandante se los mostró a los testigos,
el aquí demandante Alexander Santana Marrero y a
Nilda
Rodríguez
Vázquez,
quienes
por
su
“conocimiento
especializado”
explicaron
el
contenido de estos.
2.11
Luego
de
terminada
la
reunión,
el
representante legal del Hospital Auxilio Mutuo le
planteó al representante legal del demandante que
entre los documentos producidos había algunos que
eran hojas clínicas de pacientes, que supuestamente
son confidenciales y no había razón alguna para que
el abogado del demandante los tuviera en su poder.
2.12 Con posterioridad a la reunión entre las
partes para discutir la querella, los demandantes
fueron citados al Departamento de Recursos Humanos
donde
estuvieron
presentes
funcionarios
del
Hospital Auxilio Mutuo, […]. El hospital le informó
a los demandantes Alexander Santana Marrero y Nilda
Rodríguez
Vázquez
que
había
iniciado
una
investigación para determinar cómo los documentos
confidenciales
habían
llegado
a
manos
del
representante legal del demandante. En dicha
ocasión el Hospital Auxilio Mutuo le imputó al
demandante y los testigos ante el Departamento de
Salud, haber tenido en su poder y circulado hojas
18
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
clínicas
de
pacientes,
lo
que
alegadamente
constituye una violación al Health Insurance
Portability and Accountability Act of 1996 (Ley
HIPAA). El representante legal del demandante le
indicó e informó a los funcionarios del Hospital,
así como a su representante legal […], que las hojas
clínicas de los pacientes que él produjo en la
reunión de 20 de junio de 2022, no le habían sido
entregadas por los testigos Alexander Santana
Marrero, aquí demandante, ni por Nilda Rodríguez
Vázquez.
2.13 Durante el proceso investigativo que inició el
Hospital Auxilio Mutuo en contra del demandante
Alexander Santana Marrero y Nilda Rodríguez
Vázquez, el representante legal del demandante ante
el Departamento de Salud, le cursó dos (2)
comunicaciones
a
funcionarios
del
Hospital,
indicándole que los documentos que él produjo en
dicha reunión no le habían sido entregados por el
demandante, y que Santana Marrero y Rodríguez
Vázquez nunca habían tenido control de los
documentos
2.14 El Hospital Auxilio Mutuo despidió al
demandante Santana Marrero el 22 de agosto de 2022.
2.15 El despido del demandante fue un acto de
represalias en contra de éste, por promover una
querella ante el Departamento de Salud contra el
Hospital
Auxilio
Mutuo,
por
violar
las
disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad
gubernamental.
2.16 Hay que señalar que la reunión de 20 de junio
de 2022, ordenada por el Oficial Examinador[,] fue
una privada y confidencial entre las partes que
litigaban la querella ante el Departamento de Salud
y que lo allí hablado y explicado no trascendió, ni
fue informado por el demandante Santana Marrero a
terceras personas. La alegación del Hospital en las
cartas de despido a los demandantes de que
supuestamente violaron la Ley HIPAA es simplemente
una excusa para desalentar que los empleados
participen en querellas en contra de su patrono.
2.17 El 8 de mayo de 2023[,] el Departamento de
Salud emitió una resolución mediante la cual
declaró “ha lugar” la querella promovida por el
demandante, en cuanto a la alegación de que se
estaban utilizando estudiantes de medicina para
llevar a cabo funciones que solo pueden desempeñar
enfermeros anestesistas con licencia.
[…].
19
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
3.1 El despido del demandante fue un acto de
represalias en contra de éste, por promover una
querella ante el Departamento de Salud contra el
Hospital
Auxilio
Mutuo,
por
violar
las
disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad
gubernamental.
3.2 El despido del demandante Alexander Santana
Marrero constituye una violación a la Ley de
Represalias
contra
el
Empleado
por
Ofrecer
Testimonio, Ley Núm. 115 de 20 de [diciembre] de
1991.
3.3 El despido del Sr. Santana Marrero le ha causado
sufrimientos y angustias mentales, los cuales se
estiman en una cantidad no menor a los cien mil
dólares ($100,000.00).
3.4 Producto del despido, el Sr. Santana Marrero
dejó de devengar su sueldo, y producto de esto ha
tenido pérdidas económicas, las cuales ascienden a
una cantidad aproximada a los setenta y cinco mil
dólares ($75,000.00). Estas pérdidas económicas
continúan aumentando con el pasar del tiempo.
3.5 El Sr. Santana Marrero tiene derecho a ser
reinstalado en su puesto de empleo.
3.6 La responsabilidad del Hospital Auxilio Mutuo
con relación a los daños y a los salarios que el
demandante
dejó
de
devengar,
según
las
disposiciones de la Ley Núm. 115-1991, es el doble
de la cuantía que se determine causó la violación
a las disposiciones de esta Ley.
[…].
5.1 En la alternativa, el despido del Sr. Santana
Marrero constituye un despido injustificado, según
las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo
de 1976.
[…].
5.3 Según las disposiciones de la Ley Núm. 80,
supra, la parte demandante[,] Alexander Santana
Marrero, por haber sido despedido sin justa causa,
tiene derecho a que la parte demandada le pague una
indemnización de $115,000.00. (Énfasis suplido).
Ap. del certiorari AC-2024-0031, págs. 27-31.
20
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
Por
su
parte,
la
señora
Rodríguez
21
Vázquez,
en
Demanda, alegó lo siguiente:
[…].
3. La demandante [Nilda Rodríguez Vázquez] trabajó
para el Hospital [Auxilio Mutuo] desde el mes de
enero del 2005.
[…].
6. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es miembro
de la Unidad Laboral de Enfermeras(os) y Empleados
de la Salud, en adelante “ULEES”, organización que
la representa sindicalmente ante su patrono[,] el
Hospital.
7. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez es
enfermera graduada con especialidad en anestesia
(RNA) y ejerció dichas funciones en el Hospital
Auxilio Mutuo hasta el 20 de agosto de 2022 cuando
fue despedida injustamente y como producto de una
represalia del patrono.
8. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez en
conjunto a otros empleados promovieron que el
sindicato que los representa[,] ULEES, instara y
presentara ante el Departamento de Salud de Puerto
Rico una Querella en contra del Hospital, ya que su
patrono tiene contratados estudiantes de anestesia
qui[e]nes llevan a cabo funciones que solo pueden
ejecutar
enfermeros(as)
anestesistas
licenciados(as) (RNA)[,] como lo es la demandante.
9. La alegación principal de la Querella ante el
Departamento de Salud es que los estudiantes de
anestesia
ejercen
las
funciones
de
atender
pacientes solos, sin la supervisión directa de un
anestesista y/o de sus superiores, lo que
constituye una violación al Reglamento 9184 del
Departamento de Salud.
10. La Querella ante el Departamento de Salud lleva
el número Q-22-03-004[,] siendo presentada el 21 de
marzo de 2022, por el representante sindical de la
demandante. […].
[…].
12. Durante el proceso administrativo[,] el Oficial
Examinador celebró una vista, en la cual compelió
a la ULEES y al Hospital para que se reunieran y
tratar de resolver la controversia. Las partes se
reunieron el 20 de junio de 2022, en las facilidades
su
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
del hospital. A dicha reunión comparecieron la
demandante Nilda Rodríguez Vázquez, y Alexander
Santana Marrero como testigos de la querellante,
funcionarios del Hospital, así como el Lic. Carlos
M. Ortiz Velázquez, en representación de la
querellante y el Lic. José Vélez Gutiérrez, en
representación de la querellada.
13. En la reunión[,] el representante legal de la
querellante produjo documentos que formaban parte
de su expediente profesional, los cuales el
representante legal de la querellada, o sea el
Hospital, reprodujo. Luego de la reproducción de
los documentos[,] el representante legal de la
querellante se los mostró a los testigos, la aquí
demandante Nilda Rodríguez Vázquez y Alexander
Santana Marrero, qui[e]nes por su “expertise”
explicaron el contenido de estos.
14. Luego de terminada la reunión, el representante
legal del Hospital le planteó al representante
legal de la querellante que entre los documentos
producidos había algunos que eran hojas clínicas de
pacientes, que supuestamente son confidenciales y
no había razón alguna para que el abogado de la
querellante los tuviese en su poder.
15. Con posterioridad a la reunión entre las partes
para discutir la querella, los testigos Rodríguez
Vázquez y Santana Marrero fueron citados al
Departamento de Recursos Humanos del Hospital donde
estuvieron presentes funcionarios del Hospital,
[…]. El hospital le informó a Santana Marrero y a
Rodríguez
Vázquez
que
había
iniciado
una
investigación para determinar cómo los documentos
confidenciales
habían
llegado
a
manos
del
representante legal de la querellante. En dicha
ocasión[,] el Hospital le imputó a la demandante
Rodríguez Vázquez y al otro testigo ante el
Departamento de Salud[,] Santana Marrero, haber
tenido en su poder y haber circulado hojas clínicas
de pacientes, lo que alegadamente constituye una
violación al Health Insurance Portability and
Accountability Act of 1996 (Ley HIPAA). El
representante legal de la querellante le indicó y
les informó a los funcionarios del Hospital, así
como a su representante legal […], que las hojas
clínicas de los pacientes que él produjo en la
reunión de 20 de junio de 2022, no le habían sido
entregadas por los testigos Nilda Rodríguez
Vázquez[,] aquí demandante[,] ni por el otro
testigo Alexander Santana Marrero, ya que él las
tenía en su poder con antelación a la reunión.
22
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
16. El día 19 de agosto de 2022, el Hospital
despidió de su empleo como represalia a la
demandante Rodríguez Vázquez, por su participación
activa en la reunión de 20 de junio de 2022 que
había sido ordenada por el Oficial Examinador del
Departamento de Salud, cuyo propósito era el tratar
de resolver la controversia entre las partes sin la
necesidad de una vista administrativa. […].
17. Durante todo el proceso investigativo que
inició el Hospital en contra de la demandante Nilda
Rodríguez Vázquez y Alexander Santana Marrero por
la participación de éstos en la reunión de 20 de
junio de 2022, el representante legal de la
querellante ante el Departamento de Salud le cursó
dos (2) comunicaciones a funcionarios del Hospital
indicándole que los documentos que él produjo en
dicha reunión no le habían sido entregados por los
testigos, y que Rodríguez Vázquez y Santana Marrero
nunca habían tenido control de los documentos.
18. El despido de la demandante Rodríguez Vázquez
es uno injustificado y su único propósito es tomar
venganza y represalias en contra de ésta por
promover una Querella ante el Departamento de Salud
contra
el
Hospital,
por
éste
violar
las
disposiciones del Reglamento 9184 de dicha entidad
gubernamental[,] y por comparecer a una reunión
donde le fueron mostrad[a]s hojas clínicas de
pacientes y por ella dar una explicación debido a
su “expertise” del contenido de dichas hojas
clínicas.
19. Hay que señalar que la reunión de 20 de junio
de 2022, ordenada por el Oficial Examinador[,] fue
una privada y confidencial ni fue informado por la
demandante Rodríguez Vázquez a terceras personas.
La alegación del Hospital[,] en la carta de despido
a la demandante[,] de que supuestamente violó la
Ley HIPAA, es simplemente una excusa para
desalentar
que
los
empleados
participen
en
querellas en contra de su patrono.
20. La querella NÚM. Q-22-03-004 (WR) a la que
hacemos referencia fue resuelta por el Departamento
de Salud. […].
21. El despido de la demandante Nilda Rodríguez
Vázquez constituye una violación a la Ley Núm. 115
de 20 de diciembre de 1991 sobre Represalia[s] y
por tanto constituye un despido injustificado según
las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo
de 1976.
23
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
24
22. La Ley 115 dispone estatutariamente los
derechos de restitución en el empleo y de
compensación doble al salario anual, entre otros.
23. La demandante Nilda Rodríguez Vázquez tiene
derecho
a
una
mesada
de
$60,000.00[,]
aproximadamente,
por
haber
sido
despedida
injustificadamente por haber trabajado con la parte
demandada durante diecisiete (17) años, ya que
comenzó en el empleo el 10 de enero de 2005, con un
salario mensual de NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE
DÓLARES ($9,715.00), según dispone la Ley Núm. 80
de 30 de mayo de 1976, 29 LPRA § 185, según
enmendada.
24. Debido a los actos de represalias por parte del
Hospital Español Auxilio Mutuo contra la demandante
Nilda Rodríguez Vázquez ha provocado que ésta haya
sufrido daños emocionales, angustias mentales y
daños
económicos,
sufriendo
de
insomnio,
pesadillas, ansiedad, dolores de cabeza y depresión
por los actos ilegales de su antiguo patrono aquí
demandado[,] lo que le ha causado daños por UN
MILLÓN DE DÓLARES ($1,000,000.00)[,] más una suma
igual adicional por dichos daños, según dispone la
Ley Núm. 115, supra.
25. La demandante Rodríguez Vázquez tiene derecho
a recibir los daños aquí alegados, a que este
tribunal ordene que sea repuesta en el empleo, se
le paguen los haberes dejados de percibir, hasta el
momento que sea repuesta en el empleo, y el lucro
cesante prospectivo, y daños y perjuicios. Además
de una suma adicional igual por concepto de
penalidad. (Énfasis suplido). Ap. del certiorari
AC-2023-0109, págs. 24-29.
Como se puede apreciar, de un análisis, desinteresado y
desapasionado, de las alegaciones hechas ante el Tribunal de
Primera Instancia, tanto por el señor Santana Marrero, como
por la señora Rodríguez Vázquez, clara y diáfanamente, se
deriva lo siguiente: (1) el señor Santana Marrero y la señora
Rodríguez Vázquez, alegadamente, fueron despedidos de sus
empleos en el Hospital Auxilio Mutuo por su participación
como testigos en cierto proceso administrativo celebrado ante
el Departamento de Salud, relacionado con la Querella Núm.
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
Q-22-03-004,
en
contra
de
la
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referida
institución
hospitalaria, en el cual se cuestionaba la contratación de
estudiantes de anestesia por parte del Hospital Auxilio Mutuo
para que realizaran las funciones de un enfermero anestesista
licenciado, ello en violación al Reglamento Núm. 9184; (2)
como consecuencia de ello, este último y esta última instaron
ante
el
foro
injustificado
primario
y
sendas
represalias,
en
Demandas,
por
despido
contra
la
referida
de
institución hospitalaria; (3) las reclamaciones por despido
injustificado y represalias incoadas por el señor Santana
Marrero y la señora Rodríguez Vázquez, en contra del Hospital
Auxilio Mutuo, son unas hechas al amparo, exclusivamente, de
legislación laboral local, entiéndase, de la Ley Núm. 801976 y la Ley Núm. 115-1991; y (4) las acciones por despido
injustificado y represalias incoadas por este último y esta
última, ante el Tribunal de Primera Instancia, en contra de
la referida institución hospitalaria no tienen el propósito
de proteger los intereses del sindicato al cual pertenecen,
entiéndase, la ULEES.
Siendo ello así, coincidimos, tanto con el Tribunal de
Apelaciones,
como
con
el
foro
primario,
en
que
las
reclamaciones presentadas por el señor Santana Marrero y la
señora Rodríguez Vázquez en contra del Hospital Auxilio Mutuo
fueron unas estrictamente realizadas al amparo de la Ley Núm.
80-1976 y de la Ley Núm. 115-1991, y en nada tenían el
propósito de proteger los intereses del sindicato al cual
pertenecen,
por lo que se trata aquí de un asunto sobre el
cual el Tribunal de Primera Instancia tenía jurisdicción
AC-2023-0109 cons. con AC-2024-0031
26
sobre la materia y, en consecuencia, estaba llamado a atender
el mismo. No se cometió, pues, a nuestro juicio, el error
señalado.
V.
Por no ser esta la conclusión a la cual arribó una
mayoría de este Tribunal, respetuosamente disentimos.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado