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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Ex Parte: Román Quiles y otros

2025 TSPR 45

Poder Judicial de Puerto Rico

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Ex Parte: Román Quiles y otros

CC-2024-0200

30 de abril de 2025 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Ley Núm. 210-2015 – No procede exigir una certificación jurada de mensura al promovente de un expediente de dominio que procure la inmatriculación de una finca independiente cuando este: (1) haya alegado que carece del título; y (2) de la petición jurada y prueba presentada surja alguna mensura en la que conste la cabida y las colindancias.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Franco Luis Román Quiles

y Yolanda Nieves Vargas

Certiorari

2025 TSPR 45

Peticionarios

215 DPR ___

Ex parte

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0200

30 de abril de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Ramón Edwin Colón Pratts

Materia: Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, Ley

Núm. 210-2015 – No procede exigir una certificación jurada de

mensura al promovente de un expediente de dominio que procure

la inmatriculación de una finca independiente cuando este: (1)

haya alegado que carece del título; y (2) de la petición jurada

y prueba presentada surja alguna mensura en la que conste la

cabida y las colindancias.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica

se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Franco Luis Román Quiles

y Yolanda Nieves Vargas

CC-2024-0200

Certiorari

Peticionarios

Ex parte

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2025.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de evaluar

si procedía que, conforme al Art. 185(1)(i) de la Ley Núm.

210-2015, infra, el Tribunal de Primera Instancia le

ordenara a la parte peticionaria de un procedimiento de

expediente de dominio la acreditación de la cabida y de

las colindancias de una finca independiente mediante una

Certificación juramentada de mensura expedida por un

agrimensor. Resolvió lo anterior aun cuando se alegó la

carencia del título y se proveyó un plano preparado por

un agrimensor que demuestra alguna mensura según postula

el Art. 185(1)(b) conocida como la Ley del Registro de la

Propiedad

Inmobiliaria

del

Estado

Libre

Asociado

Puerto Rico, (30 LPRA sec. 6291(1)(b)) (Ley Núm. 210).

de

CC-2024-0200

2

Asimismo, debemos aclarar las personas o entidades a

quienes, acorde con el Art. 185(2) de la Ley Núm. 210, la parte

peticionaria está obligado a notificarle el procedimiento y

aquellas a quienes el tribunal está compelido a ordenar su

citación. En esa coyuntura debemos resolver si procede una orden

para

que

entidades

de

servicios

de

utilidad

pública

sean

notificadas o que estas sean citadas por órdenes del tribunal.

Por

los

fundamentos

que

expondremos

a

continuación,

resolvemos que es improcedente que el Tribunal de Primera

Instancia exija una Certificación jurada de mensura expedida por

un agrimensor licenciado al promovente de un expediente de

dominio que procure la inmatriculación de una finca independiente

cuando este: (1) haya alegado que carece del título; y (2) de la

petición jurada y prueba presentada surja alguna mensura en la

que conste la cabida y las colindancias en el sistema métrico

decimal según lo exigen los Arts. 23(A)(2) y 185(1)(b) de la Ley

Núm. 210, (30 LPRA sec. 6038(A)(2)).

A su vez, los tribunales deben ceñirse a lo dispuesto en

el Art. 185 de la Ley Núm. 210, tanto para los requisitos

sustantivos

como

procedimiento

del

requisitos

para

los

expediente

procesales,

procesales

que

interpela

el

de

En

cuanto

a

los

que

el

resolvemos

dominio.

que

no

procede

promovente de un expediente de dominio notifique ni que el

tribunal le ordene a este que, conforme a la Ley Núm. 143 de 20

de julio de 1979 conocida como Ley de Servidumbres Legales de

Servicio Público, 27 LPRA sec. 2151 et seq. (Ley Núm. 143),

diligencie una citación para las entidades que ofrecen los

servicios de utilidad pública.

CC-2024-0200

3

I

El 9 de junio de 2023, el Sr. Franco Luis Román Quiles,

la Sra. Yolanda Nieves Vargas y la Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos (peticionarios) presentaron una Petición de

expediente de dominio ante el Tribunal de Primera Instancia para

que se declarara justificado a su favor el pleno dominio de la

siguiente finca:

Rústica localizada en el Barrio Cibao de San

Sebastián, Puerto Rico con una cabida superficial de

1695.3254 metros cuadrados de superficie. En lindes con

el norte, con William López Nieves; sur, con carretera

455; este, con Alcides Ortiz Rodríguez; y oeste, con

Orlando Fernández Quiles.

Contiene una estructura dedicada a vivienda.1

Además, alegaron que la propiedad descrita no consta

inscrita en el Registro de la Propiedad; que está libre de cargas

y gravámenes; que tiene un valor actual de $150,000.00; que el

número

de

codificación

de

la

finca,

según

aparece

en

el

Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM), es el

101-036-377-05-000; y que carecen de título inscrito y escrito

que pueda ser inscrito en el Registro de la Propiedad. Por esto

último, explicaron que adquirieron la propiedad del Sr. Julio

Nieves Vélez mediante un contrato privado, pero este se había

extraviado. A su vez, expusieron que el Sr. Carmelo Nieves y la

Sra. Amparo Vélez fueron los dueños anteriores al señor Nieves

Vélez. Señalaron que, junto con estos, han poseído la propiedad,

la cual ha mantenido la misma cabida y configuración, de manera

quieta, pública, pacífica, continua, de buena fe y con justo

título por más de cuarenta y un años, por lo que no se requería

1

Petición, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 33-35.

CC-2024-0200

4

aprobación de la Junta de Planificación de Puerto Rico o alguna

otra agencia.

Igualmente, los peticionarios notificaron que, para la

vista en su fondo y en cumplimiento con el Art. 185(1)(k) de la

Ley Núm. 210, presentarían la prueba pertinente siguiente:

(1)

prueba

testifical

acreditativa

de

la

descripción,

titularidad, tiempo de posesión en concepto de dueño; (2) copia

del plano de

mensura para acreditar la descripción y cabida;

(3) Certificación del Registro de la Propiedad para acreditar

que la finca no estaba inscrita a nombre de otra persona;

(4) Certificación del CRIM para acreditar el número de catastro;

(5)

Evidencia

de

envío

de

copia

de

la

petición

en

sobre

certificado a las personas que están en posesión de las fincas

colindantes, al Secretario del Departamento de Transportación y

Obras Públicas (DTOP), al Alcalde de San Sebastián (Alcalde) y

al Fiscal de Distrito de la Región Judicial de Aguadilla (que, a

su

vez,

certificó

en

la

petición

haber

enviado

copia);

(6) Declaración Jurada para acreditar la publicación de tres

edictos, en un término de veinte días en el periódico Primera

Hora (para lo cual solicitaron la autorización para citar por

edicto al Sr. Julio Nieves Vélez, inmediato dueño anterior el

cual se desconocía o se ignoraba su paradero); (7) Carta del DTOP

para acreditar que no objetaba el expediente de dominio.

Examinado el escrito, el 10 de julio de 2023, el Tribunal

de Primera Instancia emitió la orden siguiente:

1. El presente

documental:

caso

carece

de

la

siguiente

prueba

☐ Certificación del Registro de la Propiedad

☒ Certificación de Valores Contributivos del CRIM;

☐ Plano de mensura […]

☒ Certificación de mensura

[…]

CC-2024-0200

5

☒ Otro: Proyecto de edicto y citaciones, de

conformidad con el modelo adjunto, dirigidos a TODAS

las personas y/o entidades que se indican en el acápite

2 de la presente orden.

2. Se ordena que notifique:

a. Personalmente o por correo certificado con copia de su

escrito a:

i.

Alcalde del Municipio en que radiquen los

bienes

ii. Secretario de Transportación y Obras Públicas

iii. Fiscal de Distrito

iv. Departamento de Recursos Naturales de Puerto

Rico (De existir cuerpos de agua en alguna de

las colindancias)

v.

Autoridad de Energía Eléctrica (Luma Energy)

(Ley 143 del 20 de julio de 1979, según

enmendada)

vi. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

(Ley 143 del 20 de julio de 1979, según

enmendada)

vii. Negociado de Telecomunicaciones de PR (Ley

143 del 20 de julio de 1979, según

enmendada).2

Además, mediante el inciso (b) del acápite dos, el tribunal

ordenó la citación personal al inmediato dueño anterior o sus

herederos en caso de que la transmisión no constara en escritura

pública y aquellos que tuvieran algún derecho real sobre la finca

objeto del procedimiento. Finalmente, ordenó la citación por

edicto de las personas ignoradas, desconocidas o ausentes a

quienes les pueda perjudicar la inscripción. El Tribunal de

Primera Instancia le concedió diez días a los peticionarios para

someter los documentos y les anejó un modelo de proyecto de edicto

y otro de citación. En cuanto a este último modelo, y en lo

pertinente, este dispone lo siguiente:

CITACIÓN

[…]}

A: (PREPARAR UNA CITACION INDIVIDUAL PARA CADA UNA DE

LAS PARTES, FISCAL, DTOP, MUNICIPIO INCLUYENDO LOS

COLINDANTES, ETC.)

2

Orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 37-38. (Énfasis en el

original).

CC-2024-0200

6

Por la presente se le notifica que se ha presentado

ante este Tribunal el expediente arriba titulado, con el

fin de justificar e inscribir en el Registro de la

Propiedad de ___________, Puerto Rico, a favor de la

parte peticionaria el derecho de dominio que alega tener

sobre la finca que se describe a continuación:

R[Ú]STICA: (descripción de la propiedad)

Número de catastro:

El abogado de la parte peticionaria es el Lcdo.

_______________, PO Box ___________; Tel. __________.

También se le informa que el Tribunal ha señalado una

vista en este caso para el ____ de ___________de 20____,

a las _____, mediante videoconferencia a la cual usted

puede comparecer asistido por abogado y presentar

oposición a la petición.

Se le notifica a usted que este Tribunal ha ordenado su

citación, para que presente oposición a este expediente,

si se viesen perjudicados con la inscripción que se

solicita; advirtiéndole que de no hacerlo dentro del

término de veinte (20) días a contar desde que fuera

usted notificado de esta citación, la parte peticionaria

podrán solicitar y obtener la aprobación de este

expediente de dominio y la correspondiente inscripción

a su nombre en el Registro de la Propiedad de Puerto

Rico, Sección _________, el dominio de la finca

anteriormente descrita. […] Si usted deja presentar su

alegación dentro del referido término, el Tribunal podrá

dictar sentencia, previo escuchar la prueba de valor de

la parte peticionaria, sin más citarle ni oírle, y

conceder el remedio solicitado en la Petición, si el

Tribunal, en el ejercicio de su sana discreción, lo

entiende procedente.3

Los

peticionarios

presentaron

un

escrito

intitulado

Cumplimiento de Orden con el cual afirmaron que anejaron un plano

de mensura preparado por el agrimensor Edwin Olivencia Rodríguez

que acredita la mensura e informaron que habían enviado los

proyectos

para

citación

por

edictos

ordenados.

A

su

vez,

solicitaron tiempo adicional para presentar la Certificación de

valores del CRIM porque la agencia los citó luego de vencido el

término de diez días concedido. En ese escrito, los peticionarios

señalaron que el Art. 185(1)(c) de la Ley Núm. 210, solo exige

que se provea, y así se había cumplido en la Petición de

3

Modelo de citación, Apéndice de la Petición de certiorari, pág. 41.

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7

expediente de dominio, el “número de catastro según aparece en

el [CRIM]”.

El 19 de julio de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

concedió una prórroga de veinte días para que los peticionarios

presentaran: la Certificación de valores contributivos del CRIM;

Certificación jurada de mensura expedida por el agrimensor en la

cual se certificara el modo de citación para los colindantes; y

los

Proyectos

de

citaciones

dirigidos

al

Alcalde

de

San

Sebastián, el Fiscal de Distrito, Secretario del DTOP, LUMA, la

AAA

y

al

Negociado

de

Telecomunicaciones,

a

los

vecinos

colindantes, los señores William López Nieves, Alcides Ortiz

Rodríguez y Orlando Fernández Quiles.4 Transcurrido el plazo, los

peticionarios

solo

cumplieron

con

la

presentación

de

la

Certificación de valores contributivos del CRIM.5

En atención a esto, el 23 de agosto de 2023 el Tribunal

de Primera Instancia dio por cumplida parcialmente lo ordenado y

les requirió a los peticionarios que en un término de diez días

mostraran causa por la cual no debía imponerle una sanción de

veinticinco dólares por incumplir con las órdenes de los días

10 y 19 de julio de 2023.6

Los

peticionarios

presentaron

un

escrito

titulado

Cumplimiento suplementario de orden,7 en el cual argumentaron que

conforme al Art. 185(i) de la Ley Núm. 210, era innecesario

presentar la Certificación jurada de mensura porque la finca

4

Orden, (Solicitud de prórroga [para] presentar prueba requerida), Apéndice de la

Petición de certiorari, pág. 46.

5

Cumplimiento de orden, Apéndice de la Petición de certiorari, págs. 47-47A.

6

Véase tracto procesal del expediente, Apéndice de la Petición de certiorari,

págs. 48-50.

7

Cumplimiento suplementario de orden, Apéndice de la Petición de certiorari

págs. 51-59.

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8

objeto del expediente de dominio se ha mantenido con la misma

configuración hace más de cuatro décadas, es decir en exceso del

término de prescripción adquisitiva que dispone el ordenamiento

jurídico.

En cuanto a la notificación de la Petición a LUMA y a la

AAA, los peticionarios argumentaron que de la Ley Núm. 210, ni

de la Ley Núm. 143, se requiere que se le notifique a estas

entidades sobre los procedimientos de expedientes de dominio.

Con relación a LUMA abundó que es una entidad privada que no le

aplica la Ley Núm. 143.

Luego de varios meses, el Tribunal de Primera Instancia

notificó una Sentencia mediante la cual declaró no ha lugar la

Petición y ordenó la desestimación sin perjuicio.8 Primero, el

Tribunal de Primera Instancia esbozó que el Art. 185 de la Ley

Núm. 210, dispone que la petición debe contener la descripción

exacta de la propiedad de acuerdo con los títulos presentados

pero, como el documento privado sobre la compraventa se extravió,

no se ha presentado título alguno.

A juicio del Tribunal de

Primera Instancia, el referido articulado dispone que, de haberse

practicado alguna mensura, la petición debe contener la cabida y

colindancias. De modo que, para acreditar la cabida, era preciso

incluir una Certificación juramentada de mensura expedida por un

agrimensor. Sin embargo, los peticionarios no la presentaron. El

Tribunal de Primera Instancia expresó que este requisito del

Art. 185(1)(i) de la Ley Núm. 210, de que en la petición se

alegue que la finca mantuvo la misma cabida y configuración

durante

8

los

términos

prescriptivos

del

dominio

de

bienes

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Apéndice de la Petición de

certiorari, págs. 27-32.

CC-2024-0200

inmuebles,

9

depende

necesariamente

de

que

la

cabida

y

configuración surjan de la mensura que se practique.

En lo concerniente a la notificación a LUMA y a la AAA, el

Tribunal de Primera Instancia concluyó que el Art. 185 de la Ley

Núm. 210, requiere que se cite a quien quiera que tenga un derecho

real sobre la finca objeto del procedimiento y que, conforme a

la

Ley

Núm.

143,

el

paso

de

energía

eléctrica

y

de

las

instalaciones de acueductos y alcantarillados son servidumbres

legales que tienen eficacia real.

Oportunamente, los peticionarios apelaron la decisión ante

el Tribunal de Apelaciones y argumentaron que el Tribunal de

Primera Instancia erró al desestimar la Petición de expediente

de

dominio

Certificación

por

incumplir

juramentada

con

de

la

orden

de

presentar

la

y

los

proyectos

de

acogió

el

recurso

como

mensura

citaciones.

El

Tribunal

de

Apelaciones

certiorari y emitió una Resolución mediante la cual denegó su

expedición.9

El

Tribunal

de

Apelaciones

concluyó

que

el

expediente no demuestra que existan razones para intervenir

porque el foro primario actuó conforme a la sana discreción que

le asiste en este tipo de procedimiento. En desacuerdo, los

peticionarios

recurrieron

ante

esta

Curia

y,

en

esencia,

plantearon que el Tribunal de Apelaciones erró al no expedir el

recurso de certiorari toda vez que el Tribunal de Primera

Instancia erró al no actuar conforme los parámetros del Art. 185

de la Ley Núm. 210. Evaluado el Alegato de los peticionarios,

9

Resolución del Tribunal de Apelaciones, Apéndice de la Petición de certiorari,

págs. 60-69.

CC-2024-0200

10

estamos listos para resolver, no sin antes exponer el derecho

aplicable.

II

A. Expediente de dominio

En nuestro derecho inmobiliario, la inmatriculación es “el

ingreso de una finca en el Registro de la Propiedad, acto que

normalmente se efectúa mediante la primera inscripción de dominio

a favor del inmatriculante”.10 Por ello, el Art. 21 de la Ley

Núm. 210 dispone que “[l]a primera inscripción de cada finca será

de dominio”.11

infra,

En su artículo predecesor, la Ley Hipotecaria,

instruía que “el titular de cualquier derecho real

impuesto sobre finca cuyo dueño no hubiere inscrito su dominio

podrá solicitar la inscripción de su derecho[…]”.12 Eso no ha

cambiado. Recuérdese que el dominio es cuando el derecho de

propiedad recae sobre cosas. 13 A su vez, “[l]a propiedad es el

derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a

una persona con exclusión de cualquiera otra. La propiedad

concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más

limitaciones que las establecidas en las leyes”.14

Por lo tanto,

cuando el Art. 21 expone que el primer asiento de inscripción

“será de dominio” es que lo primero que se debe inscribir en el

10

Ex parte Torres Pérez, 2025 TSPR 5, 215 DPR ___ (2025); Rivera Rivera, Luis

Rafael, Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño, San Juan, PR, Jurídica

Editores, 3ra ed. (2012), pág. 338.

11

Ex parte Torres Pérez, supra; Art. 21 de la Ley Núm. 210-2015 conocida como Ley

del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,(30 LPRA sec. 6036) (Ley Núm. 210).

12

Art. 81 de la Ley Núm. 198 de 8 de Agosto de 1979, conocida como Ley Hipotecaria

y del Registro de la Propiedad, (Ley Hipotecaria) (30 LPRA ant. sec. 2302).

13

Art. 741 de la Ley Núm. 55-2020, conocida como Código Civil de Puerto Rico de

2020, 31 LPRA sec. 7951 (Código Civil de 2020).

14

Íd.

CC-2024-0200

11

Registro de la Propiedad es el derecho de propiedad que tiene un

titular sobre la cosa adquirida, ya sea una finca, parcela, un

inmueble, predio, fundo o solar.15

Aunque

existen

varios

mecanismos

para

efectuar

la

inmatriculación de una finca en el Registro de la Propiedad,16 la

controversia ante nuestra consideración está enmarcada en el

procedimiento de expediente de dominio.

El expediente de dominio es un trámite judicial que, de

ordinario, es de jurisdicción voluntaria o ex parte utilizado

para los casos en que el propietario carezca de título inscribible

de dominio.17 Este procedimiento se mantendrá ex parte en la

medida en que no se genere una contienda entre partes conocidas

y determinadas.18

La finalidad del expediente de dominio es que

el tribunal declare justificado o no el dominio de la finca que

el promovente pretende inscribir y no puede utilizarse este

mecanismo para declarar derechos, por lo que “no equivale a una

acción declaratoria de usucapión”.19

Por lo tanto, su resolución

no adquiere carácter de cosa juzgada y nada impide que se realice

un juicio declarativo posterior a instancia de las partes

interesadas.20

15

Rivera Rivera, op. cit. pág. 337.

16

Existen otros medios inmatriculadores, a saber: el juicio ordinario y

contradictorio, la certificación administrativa, la resolución judicial en el

proceso de expropiación forzosa y el trámite de derecho en finca no inscrita.

Rivera Rivera, op. cit.

17

Art. 185 de la Ley Núm. 210(30 LPRA sec. 6291).

18

Álvarez Rivera v. Registrador, 84 DPR 229, 230 (1961); Benítez v. Registrador,

71 DPR 563, 568 (1950). Véase, González v. El Pueblo, 10 DPR 483 (1906).

19

Ex parte Torres Pérez, supra; Rivera Rivera, op. cit.; Toro v. Registrador,

25 DPR 472, 476 (1917). Véase Art. 191 de la Ley Núm. 210 (30 LPRA sec. 6297).

Actualmente, los Arts. 777 al 795 del Código Civil de 2020 (31 LPRA sec. 8021 al

8039), regulan la figura jurídica de la usucapión y a través del Art. 795 el

ordenamiento jurídico enmarca la acción declaratoria de usucapión.

20

Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712 (1953).

CC-2024-0200

12

B. Formalidades sustantivas del expediente de dominio

Las

formalidades

del

procedimiento

del

expediente

de dominio están reguladas por los Arts. 185-194 de la Ley

Núm. 210, para que todo propietario que carezca de título

inscribible pueda inmatricular su predio.21 La parte promovente

del expediente de dominio cumplirá con los requisitos legales

que emanan del Art. 185(1) de la Ley Núm. 210, a saber:

Todo propietario que carezca de título inscribible de

dominio, podrá inscribirlo si cumple con los siguientes

requisitos:

1. Presentará un escrito jurado en la sala del Tribunal

de Primera Instancia correspondiente al lugar en que

radiquen los bienes, o en la de aquél en que radique la

porción de mayor cabida cuando se trate de una finca que

radique en varias demarcaciones territoriales. […]. El

escrito contendrá las siguientes alegaciones:

a. Nombre y circunstancias personales del promovente y

de su cónyuge, si lo tuviera, al momento de adquirir

la propiedad y al momento de hacer la solicitud, si

hubiera alguna diferencia.

b. La descripción exacta de la propiedad con sus

colindancias y cabida de acuerdo [con] los títulos

presentados. De haberse practicado alguna mensura,

deberá contener la cabida y colindancias que hayan

resultado de la misma. […]

c. Número de Catastro según aparece en el Centro de

Recaudación de Ingresos Municipales.

d. Expresión de que la finca, así como las fincas

constituyentes en caso de tratarse de una

agrupación, o la finca de la que proviene si se

trata de una segregación, no constan inscritas en

el Registro de la Propiedad.

e. Una relación de las cargas que gravan la finca por

sí o por su procedencia. En caso de no existir

cargas, se expresará que está libre de cargas.

f. Una relación de los anteriores dueños conocidos con

expresión de las circunstancias personales del

inmediato anterior dueño.

g. El modo en que adquirió del inmediato anterior

dueño.

h. El tiempo que el promovente y los dueños anteriores

han poseído la propiedad de manera pública,

pacífica, continua y a título de dueños.

21

Rivera Rivera, op cit.

CC-2024-0200

13

i. El hecho de que la finca, o en caso de agrupación,

las que la componen, mantuvieron la misma cabida y

configuración durante los términos que disponen los

Artículos 1857 y 1859 del Código Civil de Puerto

Rico para que operen los efectos de la prescripción

adquisitiva. Si la finca resulta ser una segregación

de una finca de mayor cabida que consta inscrita,

la segregación tiene que haber sido aprobada por la

agencia gubernamental correspondiente mediante

plano de inscripción. No constituirá justo título a

los efectos de este Artículo, un título de dominio

sobre una porción pro indivisa en una finca no

segregada, ni el título que recae sobre una finca

segregada de una finca inscrita en el registro.

j. El valor actual de la finca.

k. Las pruebas legales que se dispone a presentar.

l. Las demás alegaciones que en derecho procedan en

cada caso. […] (Negrillas suplidas).

A raíz del alto interés público que representan, hemos

expresado que los requisitos legales del Art. 185 de la Ley

Núm. 210 son esenciales y de cumplimiento estricto tanto para el

procedimiento ex parte como el trámite judicial adversativo.22 El

listado concebido en el Art. 185(1)(a)-(l) de la Ley Núm. 210,

básicamente atiende las alegaciones que debe contener la Petición

jurada del expediente de dominio que, a su vez y eventualmente,

el promovente tendrá que anunciar la prueba y presentar la

evidencia correspondiente en la vista en su fondo.

Una de las controversias ante nuestra consideración nació

del inciso (1)(b) del Art. 185 de la Ley Núm. 210. Este establece

que la Petición debe contener: “b. La descripción exacta de la

propiedad con sus colindancias y cabida de acuerdo [con] los

títulos presentados. De haberse practicado alguna mensura, deberá

contener la cabida y colindancias que hayan resultado de la

misma”.23 El Tribunal de Primera Instancia ordenó la presentación

22

Ex parte Torres Pérez, supra; Ex parte Nieves Osorio, 127 DPR 907, 909 (1991);

Álvarez Rivera v. Registrador, supra; Rivera Rivera, op. cit.

23

(Negrillas suplidas).

CC-2024-0200

14

de una certificación juramentada de mensura porque, ante la

ausencia de título, necesariamente había que practicarla.

Nótese que la primera oración de este inciso (b) parte de

la premisa que el promovente presentó un título que, en efecto,

contiene

la

descripción

exacta

de

la

propiedad

con

sus

colindancias y a través del expediente de dominio lo que procura

es lograr la inmatriculación de la finca. Entretanto, la segunda

oración del inciso (1)(b) del Art. 185 de la Ley Núm. 210, expone

“[d]e haberse practicado alguna mensura, deberá contener la

cabida

y

colindancias

que

hayan

resultado

de

la

misma”.24

Obsérvese que de esta oración no surge que la descripción tiene

que ser exacta tal como en la petición del expediente de dominio

en que se haya presentado un título (que no consta inscrito).

Lo anterior es cónsono con el Art. 191 de la Ley Núm. 210,

(30 LPRA sec. 6297) en cuanto a que “[e]n el expediente para

acreditar el dominio no se podrá exigir al promovente que presente

el título de adquisición de la finca o derecho cuando ha alegado

que

24

carece

del

mismo”.25

Igualmente,

de

acuerdo

con

el

(Negrillas suplidas).

25

Regla 185.3 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley del Registro de

la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 31 de agosto

de 2016, Reglamento Núm. 8814, (Reglamento Núm. 8814), pág. 45, dispone lo

siguiente:

“En el expediente para acreditar el dominio no se podrá exigir del que lo promueva

que presente el título de adquisición de la finca o derecho cuando ha alegado que

carece del mismo”. (Negrillas suplidas).

Destáquese el hecho de que en el derogado Reglamento General para la Ejecución de

la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Reglamento Núm. 2674, según

enmendado, aprobado el 9 de julio de 1980, establecía en su Art. 194.1 exactamente

lo que dispone la Regla 185.3 del Reglamento Núm. 8814. Igualmente, el Art. 193.1

del derogado cuerpo reglamentario reconocía que “[e]l propietario de finca no

inmatriculada tenga o no título escrito, podrá obtener la publicidad de su derecho

acreditando su adquisición y solicitando la inmatriculación de la finca con sujeción

a lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley. Aunque el Reglamento Núm. 8814 no

contiene esta última disposición, si el promovente no tiene título no se le puede

exigir que lo presente. Sin embargo, en cuanto al asunto de la cabida, tanto el

Art. 185(1)(b) de la Ley Núm. 210 y el Art. 237(2) de la Ley Hipotecaria (30 LPRA

ant. sec. 2761), el promovente de un expediente de dominio tenía que consignar “la

descripción exacta de la propiedad con sus colindancias y cabida de acuerdo [con]

CC-2024-0200

15

Art. 23(A)(2) de la Ley Núm. 210 (30 LPRA sec. 6038(A)(2)), la

primera inscripción de toda finca debe expresar en la forma más

abreviada, entre otros: “[l]a naturaleza, situación y linderos

de los inmuebles objeto de la inscripción, o a los cuales afecte

el derecho que deba inscribirse, y sus medidas superficiales

expresadas en el sistema métrico decimal”.26

A esto se le añade que el profesor Luis Rivera Rivera

explica la relevancia de la cabida en un procedimiento de

expediente de dominio y qué procede en caso de una consignación

de mensura incorrecta:

La cabida es la medida superficial y una de las

distintas circunstancias que se utiliza entre otras para

delimitar la finca en el Registro de la Propiedad. Cuando

la consignación de esta cabida es incorrecta pueden

publicarse

la

verdadera

[cabida]

utilizando

el

procedimiento rectificador adecuado. El [actual Art. 195

de la Ley Núm. 210] especifica como medio de

rectificación de los límites superficiarios la sentencia

firme dictada en un procedimiento ordinario de deslinde

judicial

o

fijación

de

cabida.

Los

restantes

procedimientos, judiciales o notariales, siguen uno u

otro cauce según se trate de disminuciones o aumentos de

cabidas.27

Con relación a la cabida hemos resuelto que para inscribir

un inmueble objeto de un expediente de dominio es un elemento

esencial hacer constar la medida superficial en el sistema

métrico decimal.28 De lo contrario, la Petición de expediente de

dominio podría ser desestimada y archivada sin perjuicio.29

los títulos presentados, si los hubiere; y de haberse practicado alguna mensura,

la cabida y colindancias que hayan resultado” y cumplir con los requisitos de la

primera inscripción que surgía del Art. 87 de la Ley Hipotecaria (actualmente el

Art. 23 de la Ley Núm. 210).

26

Además, este Art. 23(A)(2) de la Ley Núm. 210 (30 LPRA sec. 6038(A)(2)) postula

que “[p]odrá incluir el nombre y número si constan del título, consignando además

todas aquellas especificaciones que conduzcan a la completa identificación del

inmueble”.

27

Rivera Rivera, op. cit. pág. 391.

28

Madera Meléndez v. Negrón, 103 DPR 749 (1975).

29

Íd.

CC-2024-0200

16

Ahora bien, de haber una consignación incorrecta, como

explicó el profesor Rivera Rivera, se puede rectificar la cabida

mediante procedimiento ordinario de deslinde judicial o fijación

de cabida que dispone el Art. 195 de la Ley Núm. 210,30 o mediante

los

otros

procedimientos

rectificadores

de

los

límites

superficiarios. Esto es, escritura pública o expediente de

dominio, que seguirán uno u otro cauce según se trate de

disminuciones o aumentos de cabidas tal como lo postula el

articulado.31

En estos casos, la mensura que realice la parte interesada

tomará “como punto de partida la última cabida de la finca que

consta en el registro”32 y se acreditará la cabida de la finca

inscrita con una “certificación de mensura juramentada ante

notario expedida por el agrimensor licenciado que la efectuó y

30

Véanse Arts. 829-832 del Código Civil de 2020(31 LPRA secs. 8132-8135) sobre

acción imprescriptible de deslinde.

31

El Art. 195 de la Ley Núm. 210, (30 LPRA sec. 6311) establece lo siguiente:

“La rectificación de cabida de todas las fincas inscritas podrá hacerse constar en

el Registro por cualquiera de los siguientes medios:

1. Mediante sentencia firme dictada en un procedimiento ordinario de deslinde

judicial o fijación de cabida.

2. Por escritura pública cuando se trate de disminución de cabida irrespectivamente

de la cantidad de la disminución o en casos de exceso de cabida no mayor del veinte

por ciento (20%) de la cabida registrada. Es requisito indispensable llevar a cabo

una mensura técnica con arreglo a la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988 y la Ley

Núm. 319 de 15 de mayo de 1938, según enmendadas y a lo dispuesto en el Artículo

siguiente. En todo caso de disminución de cabida será preciso acreditar además la

autorización de la agencia gubernamental o municipal correspondiente.

3. Mediante expediente de dominio, por todo el exceso, cuando éste sea mayor del

veinte por ciento (20%). En estos casos se citará el dueño anterior inmediato

aunque haya trasmitido por escritura pública. En los casos en que el Departamento

de la Vivienda es el titular de la finca o es quien haya otorgado el título, la

rectificación de cabida por el exceso del veinte por ciento (20%) podrá realizarse

mediante escritura pública y la oportuna mensura técnica acreditada con arreglo a

lo dispuesto en esta Ley, y a la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988 y la Ley Núm.

319 de 15 de mayo de 1938, según enmendadas”. (Negrillas suplidas).

32

Art. 196 de la Ley Núm. 210 (30 LPRA sec. 6312).

CC-2024-0200

17

donde este hará constar los nombres y modo de citación de los

propietarios colindantes”.33

De manera que, ante la alegación de falta de título de

adquisición -que es una de las razones para acudir al mecanismo

del expediente de dominio- será suficiente que el promovente

alegue y presente prueba de alguna mensura que haga constar la

cabida o medida superficial en el sistema métrico decimal de la

finca independiente que se pretende inscribir por primera vez.34

Por otro lado, en cuanto al inciso (1)(i) del Art. 185 de

la Ley Núm. 210, este establece que es un requisito alegar “el

hecho de que la finca, o en caso de agrupación, las que la

componen, mantuvieron la misma cabida y configuración durante

los términos para […] que operen los efectos de la prescripción

adquisitiva”.

En

este

punto

es

medular

señalar

que

los

Arts. 1857 y 1859 del derogado Código Civil de 1930, (31 LPRA

ant. secs. 5278 y 5280) que alude el inciso (1)(i) del Art. 185

de la Ley Núm. 210, fueron reemplazados por el Art. 788 de la

Ley Núm. 55-2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico

de 2020 (31 LPRA sec. 8032) (Código Civil de 2020). De modo que,

al presente, el referido Art. 788 dispone que el término para la

prescripción adquisitiva de una propiedad o “[l]a usucapión de

un bien inmueble exige la posesión durante diez (10) años con

justo título y buena fe, o durante veinte (20) años sin necesidad

de título ni buena fe”.

Ahora, si la finca que se pretende inscribir mediante un

expediente de dominio “resulta ser una segregación de una finca

de mayor cabida que consta inscrita, la segregación tiene que

33

Arts. 195 y 197 de la Ley Núm. 210 (30 LPRA secs. 6311 y 6313).

34

Art. 191 de la Ley Núm. 210.

CC-2024-0200

18

haber sido aprobada por la agencia gubernamental correspondiente

mediante plano de inscripción”.35 Por otro lado, recientemente,

en Ex Parte Torres Pérez, 2025 TSPR 5, 215 DPR __ (2025),

resolvimos que si la finca que se pretende inscribir resulta ser

una segregación de una finca de mayor cabida que no consta

inscrita, no procede exigirle al promovente del procedimiento de

expediente de dominio la aprobación de la agencia gubernamental

correspondiente mediante plano de inscripción toda vez que dicho

fundo debe considerarse como una finca independiente.

De hecho, en Ex Parte Torres Pérez, contemplamos el

escenario de cuando el promovente procuraba la inscripción de

una finca independiente con el expediente de dominio. En esa

oportunidad reconocimos que -al amparo del Art. 237(9) de la Ley

Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, conocida como Ley Hipotecaria y

del Registro de la Propiedad, (30 LPRA ant. sec. 2761) (Ley

Hipotecaria) que es el antecesor requisito del inciso (1)(i) del

Art. 185 de la Ley Núm. 210- el promovente tenía que alegar “el

hecho de que la finca, con sus alegadas dimensiones actuales, ha

mantenido la misma configuración durante los términos necesarios

para que operen los efectos de la prescripción adquisitiva”.36

Un análisis de lo discutido nos lleva a concluir que con

el lenguaje actual de los incisos (b) e (i) del Art. 185(1) de

la Ley Núm. 210, si el promovente de un procedimiento de

expediente de dominio de una finca independiente alega: que

carece de título (Arts. 185 y 191 de la Ley Núm. 210, y Regla

185.3 del Reglamento Núm. 8814, infra); provee alguna mensura

que refleje la cabida o medidas superficiales de la finca en el

35

Art. 185(1)(i) de la Ley Núm. 210.(Negrillas suplidas).

36

Ex Parte Torres Pérez, supra, esc. 3.

CC-2024-0200

19

sistema métrico decimal y sus colindancias (Art. 23(A)(2) y

185(1)(b) de la Ley Núm. 210); y que esta ha mantenido la misma

cabida y configuración durante los términos necesarios para que

operen los efectos de la prescripción adquisitiva (185(1)(i) de

la Ley Núm. 210), no procede que el Tribunal de Primera Instancia

le

ordene

al

promovente

que

presente

una

Certificación

juramentada de mensura expedida por un agrimensor licenciado.

Según se explicó, este requerimiento aplica cuando se

procura rectificar la cabida que consta inscrita conforme al

Art. 195 de la Ley Núm. 210. En consecuencia, respecto al

requisito de cabida y colindancias, será suficiente que el

promovente presente alguna mensura en la que conste la cabida o

medida superficial en el sistema métrico decimal de la finca que

este pretende inscribir por primera vez según intima el Art.

23(A)(2) de la Ley Núm. 210. Al igual que todos los requisitos

sustantivos del Art. 185 de la Ley Núm. 210, esto será objeto de

prueba en la vista en su fondo.37

C. Formalidades procesales de un expediente de dominio

Examinados los requisitos sustantivos, las obligaciones

procesales se encuentran en el inciso 2 del Art. 185 de la Ley

Núm. 210. Allí se regulan las personas que el promovente está

compelido a notificarle la Petición de expediente de dominio y

las que el tribunal le ordenará que tramite la citación personal

o por edicto.

2. El promovente notificará personalmente o por correo

certificado con copia de su escrito a los siguientes:

a. Alcalde del municipio en que radiquen los

bienes.

37

Art. 187 de la Ley Núm. 210, (30 LPRA sec. 6293). Según el inciso 5 del Art. 185

de la Ley Núm. 210, “[p]revio al señalamiento de vista en su fondo, el promovente

unirá al expediente judicial una certificación negativa acreditativa de que la

finca objeto del procedimiento, no aparece inscrita a nombre de persona distinta

al promovente [en el Registro de la Propiedad]”.(Negrillas suplidas).

CC-2024-0200

b. Secretario

de

Transportación

y

Obras

Públicas.

c. Fiscal de Distrito.

d. Las personas que están en la posesión de las

fincas colindantes.

El tribunal ordenará la citación personal de los

siguientes:

a. El inmediato anterior dueño o sus herederos

si fueren conocidos en caso de no constar en

escritura

pública

la

transmisión.

Se

entenderá como inmediato anterior dueño, en

el caso de que los promoventes sean herederos,

aquel de quien el causante adquirió la

propiedad.

b. Los que tengan cualquier derecho real sobre

la finca objeto del procedimiento.

El tribunal ordenará la citación mediante edicto de

los siguientes:

a. Las personas ignoradas o desconocidas a

quienes pueda perjudicar la inscripción

solicitada.

b. Los que están ausentes pero de no estarlo

debían ser citados en persona y cuyo paradero

se desconoce al tiempo de hacerse la primera

publicación del edicto se les enviará copia

de la citación por correo certificado y con

acuse de recibo, a su última dirección

conocida. Si se ignora su paradero y así queda

probado,

se

les

citará

exclusivamente

mediante el referido edicto.

3. Forma, plazo y contenido del edicto: El edicto se

publicará en tres (3) ocasiones dentro del término de

veinte (20) días en un periódico de circulación

general diaria en Puerto Rico, a fin de que

comparezcan si quieren alegar su derecho. Deberá

contener la descripción de la finca que será objeto

de inmatriculación y de tratarse de una finca

agrupada, las descripciones de las fincas que la

comprenden. En el plazo improrrogable de veinte (20)

días a contar de la fecha de la última publicación

del edicto, los interesados y/o las partes citadas,

o en su defecto los organismos públicos afectados,

podrán comparecer ante el tribunal, a fin de alegar

lo que en derecho proceda.

4. La intervención del Secretario de Transportación y

Obras Públicas, o en su defecto, de los organismos

públicos afectados, se limitará a mantener la defensa

de cualesquiera derechos existentes a favor del

Estado. La intervención del alcalde del municipio en

que radiquen los bienes[…] se limitará a mantener la

defensa de cualesquiera derechos existentes a favor

del municipio que se trate. El Ministerio Fiscal

20

CC-2024-0200

21

velará, además, por el debido cumplimiento de la

ley.38

De acuerdo con el primer párrafo del Art. 185(2) de la Ley

Núm. 210, el promovente de un procedimiento de expediente de

dominio

está

obligado

a

notificarle

copia

de

la

Petición

personalmente o por correo certificado a las personas y entidades

o los funcionarios públicos siguientes:

(1) al Alcalde del

municipio en que radiquen los bienes; (2) al Secretario del DTOP;

(3) al Fiscal de Distrito; y (4) a las personas en posesión de

las fincas colindantes. Este requisito de notificación a los

funcionarios públicos y a las personas colindantes es predecesor

-y es exactamente igual- al que promulgaba el segundo acápite

del Art. 237 de la Ley Hipotecaria.39 El promovente tiene que

acreditarle al tribunal que entregó personalmente o que envió

por correo certificado la copia de la Petición para dar por

cumplido el requisito de notificación.

A tono con lo anterior, el inciso 4 del articulado explica

la intervención que los funcionarios públicos tendrán luego de

ser notificados del procedimiento. Por un lado, el Secretario

del DTOP se limitará a mantener la defensa de cualesquiera

derechos existentes a favor del Estado, el Alcalde defenderá los

derechos en beneficio del ayuntamiento donde está ubicada la

finca objeto del trámite judicial y el Ministerio Fiscal velará

por el cumplimiento del debido proceso de ley.40

38

Art. 185(2) de la Ley Núm. 210 (30 LPRA sec. 6291(2)).

39

Del historial legislativo consignado para esta medida surge que este

requerimiento se contempló para los funcionarios y las personas allí dispuestas.

Véase Alcance de la medida anejado al Informe de la Comisión de lo Jurídico de la

Cámara de Representantes de 2 de junio de 1979 de la 3ra Sesión Ordinaria de la 8va

Asamblea Legislativa, pág. 23.

40

Art. 185(4) de la Ley Núm. 210. Este inciso obra en el ordenamiento jurídico

inmobiliario desde la aprobación de la Ley Hipotecaria. Además, valga señalar que,

del historial legislativo no surge una motivación particular del legislador para

CC-2024-0200

22

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el primer párrafo del

Art. 185 de la Ley Núm. 210 lo que exige es que el promovente

simplemente le notifique una copia de la Petición a las personas

o entidades allí establecidas, resolvemos que no procede una

orden para la citación del Alcalde del municipio, del Secretario

del DTOP, del Fiscal de Distrito, ni de las personas en posesión

de las fincas colindantes.

Por otro lado, a través del segundo párrafo del Art. 185(2)

de la Ley Núm. 210, se atiende el requisito de citación. Allí,

el tribunal tiene la obligación de ordenarle al promovente de un

trámite de expediente de dominio a que cite, acorde con las Reglas

de Procedimiento Civil, (32 LPRA Ap. V):41 al “a. inmediato

anterior dueño o sus herederos si fueren conocidos en caso de no

constar en escritura pública la transmisión. Se entenderá como

inmediato anterior dueño, en el caso de que los promoventes sean

herederos, aquel de quien el causante adquirió la propiedad”;42

y a “b. [l]os que tengan cualquier derecho real sobre la finca

objeto del procedimiento”.43

incluir que, en defecto del Secretario de DTOP, los organismos públicos afectados

igualmente tendrán una intervención limitada a mantener la defensa de cualesquiera

derechos existentes a favor del Estado. Informe con recomendación de enmiendas de

la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico de 18 de marzo de 1979 de la

3ra Sesión Ordinaria de la 8va Asamblea Legislativa, pág. 13.

41

La Regla 185.1 del Reglamento, establece que “[l]as citaciones personales

dispuestas en el inciso 2 del Artículo 185 de la Ley se practicarán en la forma en

que las Reglas de Procedimiento Civil vigentes dispongan”.

42

Véase además el último párrafo del Art. 185(2) de la Ley Núm. 210. Allí el

tribunal ordenará la citación mediante edicto a las personas ignoradas o

desconocidas a quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada. Aquellas que

están ausentes que, de no estarlo, hubiesen sido citadas personalmente y que debido

a que se desconoce su paradero en la primera publicación del edicto se les enviará

copia de la citación por correo certificado y con acuse de recibo a su última

dirección conocida. Por último, se citará exclusivamente mediante edicto a la

persona que se prueba que se ignora su paradero. El inciso 3 del Art. 185 de la

Ley Núm. 210 regula la forma, el plazo y contenido del edicto.

43

(Negrillas suplidas).

CC-2024-0200

Ahora

23

bien,

con

relación

a

este

último

acápite,

se

cuestionó la interpretación que extendió el Tribunal de Primera

Instancia en cuanto al deber de los peticionarios no solo de

notificar la petición sino de diligenciar una citación para la

AAA y para LUMA porque, en virtud de la Ley Núm. 143, estos

tienen un derecho real sobre la finca objeto del procedimiento

de expediente de dominio.

D. Ley Núm. 143 sobre Servidumbres legales de servicio público

Apenas nos hemos expresado al respecto pero, el legislador

se ocupó de establecer un régimen especial para las servidumbres

de

utilidad

Núm. 143.44

pública

que

declaró

legales

mediante

la

Ley

Específicamente, la Sec. 1 de Ley Núm. 143, (27 LPRA

sec. 2151), dispuso que son de “carácter de servidumbres legales,

continuas y aparentes las servidumbres de servicio público de

paso de energía eléctrica y de paso de líneas telefónicas, de

los servicios de telecomunicaciones y televisión por cable y de

instalaciones

de

acueductos

y

alcantarillados

pluviales

y

sanitarios[…]”.45

De acuerdo con la Sec. 2 de la Ley Núm. 143, (27 LPRA

sec. 2152), estas servidumbres legales se podrán adquirir al

igual que una propiedad, a saber: en virtud de un documento

privado o una escritura pública; por usucapión o prescripción

adquisitiva de veinte años; o por expropiación forzosa. Además,

a estas les aplica los principios generales de las servidumbres

44

Desarrollos Real v. Municipio de Vega Baja, 161 DPR 160, 173 (2004).

45

Sec. 1 de la Ley Núm. 143, (27 LPRA sec. 2151).

CC-2024-0200

24

continuas y aparentes contenidos en el Código Civil de Puerto

Rico.46

A través de la Sec. 3 de la Ley Núm. 143 (27 LPRA

sec. 2153), se obliga a las entidades que rinden un servicio de

utilidad pública a que aprueben y promulguen “los reglamentos

que

regirán

el

uso

y

disfrute

de

dichas

servidumbres

de

conformidad con las necesidades particulares de cada servicio

[y] deberán ser compatibles con los reglamentos de la Junta de

Planificación que regulan el desarrollo de Puerto Rico”.47

En la Sec. 4 de la Ley Núm. 143 (30 LPRA sec. 2154), se

estableció el procedimiento especial para la inscripción de las

servidumbres legales de servicio público en el Registro de la

Propiedad. Este fue uno de los motivos para la aprobación de la

medida. En esencia, el estatuto eliminó la necesidad de presentar

una escritura pública en el Registro de la Propiedad para

“proyectos de construcción de edificios, de urbanizaciones, de

lotificaciones

simples

o

cualesquiera

otros

proyectos

de

construcción e instalación de facilidades para servicios públicos

en que por la finca principal o los solares discurran o se

requiera instalar dichos servicios”.48 En estos escenarios el

Registrador de la Propiedad está facultado en ley para la

inscripción de los “derechos de servidumbres legales que afectan

46 Es menester aclarar que los principios generales del Código Civil de 1930 derogado

concernientes a las servidumbres continuas y aparentes fueron sustituidas por el

Art. 937(a) y (b) del Código Civil de 2020, (30 LPRA sec. 8503(a) y (b)).

47

A modo de ejemplo, véase la discusión del Reglamento promulgado por la AAA en

Desarrollos Real v. Municipio de Vega Baja, supra y el Reglamento de servidumbres

para la AEE que LUMA publicó en Reglamento Servidumbres Completo Rev2005 02-1507.doc (última visita 20 de febrero de 2025).

48

Sec. 4 de la Ley Núm. 143, (30 LPRA sec. 2154).

CC-2024-0200

25

la finca o los solares a favor de las entidades públicas o

municipios concernidos”.49

Así que, basta presentar en el Registro de la Propiedad

una

Certificación

expedida

por

las

entidades

públicas

o

municipios adquirentes del derecho que “acredite la constitución

de

cada

una

de las

servidumbres,

para

ser

inscritas

como

gravámenes en el libro del Registro de la Propiedad”.50 Además,

junto con las Certificaciones, se incluirá un plano aprobado por

la entidad estatal o municipal que se trate en el que se demuestre

la trayectoria y extensión de la servidumbre y las fincas

afectadas. Igualmente, se incluirá con la Certificación un

documento

privado

autenticado

donde

el

titular

del

predio

sirviente cede el derecho de servidumbre a la entidad pública o

municipio, quien posteriormente consentirá el traspaso. Este

documento

privado

hará

referencia

gráficamente la servidumbre.

al

plano

que

describe

En fin, se presentarán en el

Registro de la Propiedad las certificaciones, el plano y el

documento privado para inscribir las servidumbres legales de la

Sec. 1 de la Ley Núm. 143.

A tenor con la Ley Núm. 210 y con el Reglamento Núm. 8814,

tanto en las Certificaciones expedidas como en el Registro de la

Propiedad “se hará constar específicamente las fincas o los

solares afectados, incluyendo la descripción y datos registrales

de tales propiedades, la naturaleza y tipo de servidumbre, el

titular del derecho, que el transmitente y el adquirente del

49

50

Íd.

Íd. Destacamos que en Desarrollos Real v. Municipio de Vega Baja, supra,

pág. 182, resolvimos que el endoso o la certificación acreditativa de la servidumbre

legal expedida por un municipio es un requisito indispensable para su constitución

en el Registro de la Propiedad.

CC-2024-0200

26

derecho han prestado su consentimiento a tal cesión y los demás

datos necesarios para su inscripción”.51

Por lo tanto, y de

ordinario, para consignar las fincas o solares afectados por las

servidumbres, estos deben constar inscritos previamente en el

Registro de la Propiedad.

La Legislatura expresó que la Ley Núm. 143 se diseñó para

simplificarle

al

proyectista

o

urbanizador

el

peregrinaje

burocrático y oneroso de la intervención de varias agencias

administrativas, por lo que con esta medida se beneficia el sector

privado

que

se

dedica

a

la

construcción

y

desarrollo

de

urbanizaciones o lotificaciones.52

Nótese esto, ni de la Ley Núm. 210 y mucho menos de la Ley

Núm. 143, surge disposición alguna referente a la obligación de

un promovente de un expediente de dominio de notificar copia de

la

Petición

o

que

el

tribunal

ordene

la

citación

a

las

dependencias que representan las servidumbres legales de utilidad

o servicio público. El diseño de la Ley Núm. 143 se concibió para

la inscripción de servidumbres legales mediante el régimen

especial instituido en la Sec. 4, en beneficio del aludido sector

privado y en nada se relaciona con el procedimiento de expediente

de dominio de una finca independiente. Este análisis nos lleva a

concluir que no procede que el Tribunal de Primera Instancia le

exija al promovente que notifique personalmente o por correo

certificado copia de la Petición ni que el foro primario ordene

51

Sec. 4 de la Ley Núm. 143, (30 LPRA sec. 2154). Véase como ejemplo Art. 151 de

la Ley Núm. 210 (30 LPRA se. 6225) sobre la constitución de servidumbres de

utilidades públicas para desarrollos urbanos.

52

Alcance de la medida del Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de

Representantes de 4 junio de 1979 de la 3ra Sesión Ordinaria de la 8va Asamblea

Legislativa, págs. 3-4.

CC-2024-0200

27

la citación de entidades que representan las servidumbres legales

de utilidad o servicio público que establece la Ley Núm. 143.

III

En esencia, en el presente caso se impugnó la denegatoria

del Tribunal de Apelaciones de expedir el recurso de certiorari

toda vez que, a juicio de los peticionarios, el Tribunal de

Primera Instancia erró al exigir requisitos no contemplados para

el procedimiento de expediente de dominio. Específicamente, los

peticionarios

argumentaron

que

con

estos

requerimientos

se

estaban enmendando los requisitos legales por fiat judicial.

Ciertamente, a los peticionarios les asiste la razón.

Veamos por qué el Tribunal de Apelaciones debió expedir el recurso

de certiorari para revocar al Tribunal de Primera Instancia.

Repasamos que los peticionarios plantearon que el Art. 185 de la

Ley Núm. 210 no exige que se presente una Certificación jurada

de mensura expedida por un agrimensor para probar la cabida de

una finca independiente objeto de un expediente de dominio.

Según discutimos, para que proceda la concesión de un

expediente de dominio, es un requisito esencial consignar la

cabida. Surge del expediente que los peticionarios alegaron que

carecían de título escrito porque se les extravió el contrato

privado por el cual adquirieron la propiedad del dueño anterior.

Los peticionarios afirmaron que, junto con los dueños anteriores,

habían estado en posesión de la finca de manera quieta, pública,

pacífica, continua, de buena fe y con justo título por más de

cuarenta años. A su vez, adujeron que el predio en cuestión había

mantenido la misma cabida y configuración en estos años.

En cumplimiento con el inciso (1)(k), los peticionarios

anunciaron la prueba testifical que presentarían para acreditar

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28

la descripción, titularidad y el referido plazo y afirmaron que

entregarían un plano de mensura, entre otros documentos. Surge

del expediente ante el foro primario que, en efecto, presentaron

el plano de mensura que preparó el agrimensor Edwin Olivencia

Rodríguez53 y este revela que la finca objeto del expediente de

dominio se realizó para la propiedad del Sr. Franco Román Quiles.

Este identificó que la finca está localizada en el Barrio Cibao

de San Sebastián, Puerto Rico. Allí se expuso, en el sistema

métrico decimal, que el predio cuenta con una cabida de 1695.3254

metros cuadrados de superficie. En cuanto a sus colindantes, el

plano

indica

que

en

lindes

con

el

Norte

se

encuentra

el

Sr. William López Nieves; en el Sur, con la carretera núm. 455;

en el Este, se encuentra el Sr. Alcides Ortiz Rodríguez; y en el

Oeste, con el Sr. Orlando Fernández Quiles. Por último, se

identificó que el predio contenía una estructura dedicada a la

vivienda. Como expusimos al inicio, en la Petición se incluyó

esta

descripción

de

manera

más

abreviada

conforme

al

Art. 23(A)(2) de la Ley Núm. 210.

Evaluadas las alegaciones y el expediente judicial, el

Tribunal de Primera Instancia debió considerar la segunda oración

del inciso (1)(b) del Art. 185 de la Ley Núm. 210. Esto es que,

ante la alegación de carencia de título, era suficiente que los

peticionarios alegaran y presentaran prueba de alguna mensura en

la que constara la cabida o medida superficial en el sistema

métrico decimal y las colindancias de la finca independiente

53 Surge del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Poder judicial

que el 15 de junio de 2023, los peticionarios adjuntaron al expediente electrónico

del caso de epígrafe varios documentos, entre estos: (1) copia del plano de mensura

preparado por el agrimensor Edwin Olivencia Rodríguez; (2) Plano geofísico

catastral que surge del catastro digital del CRIM; (3) copia del recibo de envío

del correo certificado con acuse de recibo al Alcalde de San Sebastián y al Fiscal

de Distrito de la Región Judicial de Aguadilla; (4) certificación de la AAA y de

LUMA en la que se acredita los años que los peticionarios reciben o han recibido

estos servicios.

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29

objeto del procedimiento. Recuérdese que este trámite no se

presentó para rectificar una cabida incorrectamente consignada.

Con el plano, los peticionarios cumplieron con el requisito de

proveer alguna mensura de la finca independiente que estos

pretenden inmatricular.

Por lo tanto, como la cabida consignada en el plano era

suficiente, el Tribunal de Primera Instancia no debió ordenar la

presentación de la Certificación jurada de mensura expedida por

un agrimensor por el hecho de que los peticionarios alegaron que

el contrato privado de adquisición se les extravió y que, por

ello, carecían de un título escrito. Como explicamos en Ex parte

Torres Pérez, como “el expediente de dominio no declara derechos,

sino que justifica el dominio del promovente[, nada impide que]

se

pueda

presentar

posteriormente

una

acción

ordinaria

contradictoria de dominio por quién se considere perjudicado”.

De otra parte, se planteó que el foro primario actuó

contrario a derecho porque el estatuto no requiere que se ordene

la citación del Alcalde, el Fiscal de Distrito, Secretario del

DTOP, LUMA, la AAA y al Negociado de Telecomunicaciones, a los

vecinos colindantes, los señores William López Nieves, Alcides

Ortiz Rodríguez y Orlando Fernández Quiles. Los peticionarios

afirmaron que la orden impugnada les exigió la entrega de

proyectos de citación, según el modelo provisto por el foro

primario, para citar entidades y personas que solo tenían que

ser notificadas y otras que no se requería notificación ni

citación alguna.

Las órdenes emitidas el 10 y 19 de julio de 2023 y el

modelo provisto por el Tribunal de Primera Instancia no son

cónsonos con el Art. 185(2) de la Ley Núm. 210. Según expusimos,

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30

y surge del expediente, los peticionarios le acreditaron al

Tribunal de Primera Instancia la notificación de la copia de la

Petición mediante correo certificado con acuse de recibo, al

Alcalde, el Fiscal de Distrito, al Secretario del DTOP y a los

vecinos colindantes anunciados. Es decir, no procedía que el

Tribunal de Primera Instancia ordenara que los colindantes y

funcionarios públicos fueran citados.

Asimismo, según intimamos, el Art. 185 de la Ley Núm. 210

y la Ley Núm. 143 nada disponen sobre la notificación y citación

de las servidumbres legales de utilidad pública como LUMA y la

AAA. Explicamos que esta última medida en nada se relaciona con

el procedimiento de expediente de dominio ni revela que las

servidumbres legales allí declaradas tienen un derecho real sobre

una finca que sea objeto del referido trámite judicial. Por lo

tanto, no procedía que el Tribunal de Primera Instancia les

ordenara a los peticionarios la notificación ni la citación de

LUMA ni de la AAA.

IV

Por los fundamentos aquí expuestos revocamos los foros a

quo y se ordena la devolución del caso al Tribunal de Primera

Instancia para que continúe los procesos conforme a lo aquí

resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Franco Luis Román Quiles

y Yolanda Nieves Vargas

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Certiorari

Peticionarios

Ex parte

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2025.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión que antecede la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, revocamos los foros a quo y

se ordena la devolución del caso al Tribunal de

Primera Instancia para que continúe los procesos

conforme a lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza

Presidenta Oronoz Rodríguez concurre con el resultado

sin opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo