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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Mayr

2025 TSPR 37

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Mayr

CC-2025-0130

4 de abril de 2025 · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

Certiorari

v.

2025 TSPR 37

Stephan Anthony Mayr

215 DPR ___

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2025-0130

4 de abril de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Julián A. Domenech Carrasquillo

Materia:

Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2025-0130

Certiorari

Stephan Anthony Mayr

Peticionario

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2025.

Examinados el Urgente auxilio de jurisdicción y

solicitud de paralización y la petición de Certiorari

que presentó el Sr. Stephan Anthony Mayr, se provee no

ha lugar a ambos.

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez proveería ha lugar al Urgente auxilio de

jurisdicción y solicitud de paralización, expediría la

petición de Certiorari y emite un Voto particular

disidente.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

CC-2025-0130

Certiorari

v.

Stephan Anthony Mayr

Peticionario

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2025.

Respetuosamente considero que existe la necesidad de

analizar, interpretar y pautar el alcance de los Artículos

71 y 72 del Código Penal de Puerto Rico, infra, que regulan

el

concurso

de

Procedimiento

delitos,

Criminal,

junto

infra,

con

y

la

otras

Regla

37

de

disposiciones

relevantes. Este análisis resultaba esencial para establecer

el

Derecho

protecciones

aplicable

y

asegurar

expresamente

el

otorgadas

cumplimiento

por

la

de

las

Asamblea

Legislativa en el caso ante nuestra consideración.

Asimismo, estimo que esta controversia representa la

coyuntura ideal para evaluar si los delitos originados de un

mismo curso de conducta debían ser bifurcados y procesados

en dos (2) regiones judiciales distintas dentro de Puerto

Rico. Dicha evaluación era fundamental para garantizar una

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aplicación

2

coherente

interpretaciones

que

del

Derecho

pudieran

Penal

y

evitar

afectar

los

derechos

peticionario,

la

economía

procesal

y

la

administración

del

sistema

judicial.

Al

denegarse

solicitud

de

auxilio

de

jurisdicción

y

el

del

adecuada

recurso

la

de

Certiorari, disiento y procedo a explicar los fundamentos de

mi postura.

I.

Como breve trasfondo al asunto que nos ocupa, el 1 de

abril de 2024 ocurrió una persecusión policiaca en contra

del Sr. Stephan Anthony Mayr (peticionario) que comenzó en

Carolina y se extendió hasta Fajardo. Como resultado, el

Ministerio Público presentó tres (3) denuncias en su contra

ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Las

denuncias fueron por violaciones al Art. 246 (e) del Código

Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5536 (resistir al arresto

o

huir

violentamente

luego

de

ser

informado

por

un

funcionario del orden público de su autoridad legal para

practicarlo), y a los Arts. 3.23 (uso ilegal de licencia de

conducir) y 5.07 (conducir de forma imprudente o negligente)

de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm.

22-2000, 9 LPRA secs. 5073 y 5127. El Tribunal de Primera

Instancia de Carolina determinó causa para arresto por los

tres (3) delitos mencionados.

Eventualmente, el 13 de agosto de 2024, el Tribunal de

Primera

Instancia

de

Carolina

declaró

culpable

al

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3

peticionario por las infracciones al Art. 5.07 de la Ley de

Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, y al Art. 246

(e) del Código Penal, supra. No obstante, lo absolvió por el

delito del Art. 3.23 de la Ley de Vehículos y Tránsito de

Puerto Rico, supra. Como resultado, el foro primario de

Carolina le impuso al peticionario una multa de mil dólares

($1,000) y una pena especial de doscientos dólares ($200).

De otro lado, el 3 de mayo de 2024, por los mismos

hechos ocurridos el 1 de abril de 2024, el Ministerio Fiscal

presentó otras tres (3) denuncias ante el Tribunal de Primera

Instancia de Fajardo. Estas acusaciones fueron por violación

al Art. 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad

Vehicular, Ley Núm. 8 de 1987, 9 LPRA sec. 3214 (comercio

ilegal de vehículos y piezas), así como por infracciones al

Art. 246 (a) (impedir a cualquier funcionario o empleado

público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de

las obligaciones de su cargo), y al Art. 93 (a) (tentativa

de asesinato) del Código Penal, supra. El Tribunal de Primera

Instancia de Fajardo sólo encontró causa para arresto por la

infracción al Art. 15 de la Ley para la Protección de la

Propiedad Vehicular, supra. Inconforme con la decisión, el

11 de septiembre de 2024, el Ministerio Público acudió en

alzada y prevaleció en cuanto a la imputación de tentativa

de asesinato.

Tras varias instancias procesales que no es necesario

detallar, el peticionario acudió a este Tribunal mediante un

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recurso de Certiorari, presentado el 28 de febrero de 2025,

y

un

Urgente

auxilio

de

jurisdicción

y

solicitud

de

paralización, presentado el 28 de marzo de 2025.

En síntesis, el peticionario sostiene que el pleito en

el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo versa sobre un

curso de acción que comenzó en Carolina y terminó en Fajardo.

En consecuencia, sostiene que la Región Judicial de Carolina

lo juzgó y lo sentenció, por lo que el Tribunal de Primera

Instancia de Fajardo está impedido de entablar un caso

paralelo en su contra. Al respecto, arguyó que correspondía

la consolidación de las acusaciones y que el fraccionamiento

de estas violó su garantía constitucional contra la doble

exposición. No obstante, ambas peticiones fueron denegadas

por este Tribunal.

Por

estar

continuación,

en

expongo

desacuerdo

las

bases

con

este

legales

proceder,

que

avalan

a

mi

disenso.

II.

De entrada, considero que en este caso se configura un

concurso real de delitos, ya que, según los hechos expuestos,

se trata de varios delitos cometidos como parte de un mismo

curso de conducta que comenzó en el municipio de Carolina y

se extendió hasta Fajardo. Me explico.

En nuestro ordenamiento jurídico, el concurso de delitos

atiende las situaciones en las que una “misma persona comete,

mediante uno o más actos, varias ofensas, las cuales son

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valoradas y juzgadas conjuntamente en el mismo procedimiento

judicial”. Pueblo v. DiCristina Rexach, 204 DPR 779, 790

(2020)

(citando

a

L.E. Chiesa Aponte, Derecho

penal

sustantivo, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2013, pág. 71).

Esta figura permite determinar cuál es la pena que mejor

refleja

la

gravedad

del

hecho

y

la

culpabilidad

de

la

persona. Í

́d.

Por su parte, el Art. 71 del Código Penal de Puerto

Rico, 33 LPRA secc. 5104, regula los distintos tipos de

concursos de delitos. En cuanto al concurso real de delitos,

su inciso (b) dispone lo siguiente:

(b) Concurso real de delitos: Cuando alguien

haya realizado varios delitos que sean juzgados

simultáneamente, cada uno de los cuales

conlleva su propia pena, se le sentenciará a

una pena agregada, que se determinará como

sigue:

(1)

Cuando uno de los delitos conlleve pena de

reclusión de noventa y nueve (99) años,

ésta absorberá las demás.

(2)

Cuando más de uno de los delitos conlleve

reclusión por noventa y nueve (99) años,

se impondrá además una pena agregada del

veinte (20) por ciento por cada víctima.

(3)

En los demás casos, se impondrá una pena

para cada delito y se sumarán, no pudiendo

exceder la pena agregada del veinte (20)

por ciento de la pena para el delito más

grave.

Por otro lado, en Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 DPR 484,

501-502 (2012), expusimos que el concurso real de delitos se

define como

[v]arias unidades de conducta que se suceden

una a otra con intervalos más o menos largos,

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pero juzgadas en conjunto, [que] pueden violar

la misma ley o diversas leyes.” […] Por su

parte, la profesora Nevares-Muñiz explica que

en “la doctrina penal civilista el concurso

real se trata como una figura procesal que

requiere que se juzgue al actor en un mismo

proceso por todos los delitos que cometió”. […]

(Negrillas suplidas).

Asimismo, la profesora Dora Nevares-Muñiz, en su Código

Penal de Puerto Rico, 4ta ed. rev., San Juan, Ed. Inst. para

el Desarrollo del Derecho, 2019, pág. 127, expresa que

[e]l inciso (b) [del Art. 71 del Código Penal]

está redactado de manera que cubre tanto la

figura del concurso real como la del concurso

procesal. El concurso real trata de la

situación en que la persona realiza varios

delitos, cada uno de los cuales tiene su propia

pena

y

elementos

subjetivo

y

objetivo

independientes, pero por su secuencia temporal

entre uno y otro por ser parte de un curso de

conducta se procesan juntos. Mientras que, el

concurso procesal trata de la situación en que

para fines del juicio se acumulan varios

delitos independientes y no relacionados entre

sí contra un mismo acusado. Tanto en el

concurso real como en el procesal, cada delito

conllevará una pena y el Art. 71 (b) provee

varias reglas para el cumplimiento de las

mismas, según aplique. (Negrillas suplidas).

De igual forma, la profesora Nevares-Muñiz añade que,

en Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587 (2008), se aborda

una situación de concurso procesal, en la cual interpretamos

el Art. 79 del Código de 2004 (texto similar al 71(b) del

Código Penal vigente). En ese contexto, la profesora indica

que reconocimos que uno de los propósitos del concurso de

delitos es reducir la magnitud de las penas. Íd. Al respecto,

expresó que

los requisitos son: 1) delitos en concurso

deben corresponder a una sola persona; 2)

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elemento jurídico material: varios delitos con

su

propia

pena;

3)

elemento

procesal:

procesamiento simultáneo. Es necesario que los

delitos puedan ser acumulados en una misma

acusación conforme disponen las Reglas de

Procedimiento Criminal…” Íd.

Por lo tanto, en casos de concurso real, conforme al

Art. 71(b) del Código Penal, supra, aplica la protección

otorgada por el Art. 72 de dicho código. En particular, el

Art. 72 dispone lo siguiente:

[e]n los casos provistos por el Artículo

anterior, se juzgarán por todos los delitos

concurrentes.

La absolución o sentencia bajo alguno de ellos

impedirá todo procedimiento judicial por el

mismo hecho, bajo cualquiera de las demás.

[…].

Por ello, la autora Nevares-Muñiz indica que “si no hay

concurso de delitos, o los delitos no son acumulables, la

protección que provee este artículo 72 no se activa”. D.

Nevares-Muñiz,

op.

cit.,

pág.

128.

En

el

caso

del

peticionario, considero que dicha protección sí se activa

por existir un concurso real de delitos.

De otra parte, para que se configure el concurso real,

no

es

necesario

que

las

unidades

delictivas

ocurran

simultáneamente, por lo que podrán ser independientes entre

sí. Pueblo v. Álvarez Vargas, supra, pág. 600. En este

contexto, y en relación con la controversia en cuestión, los

hechos

pudieron

haber

ocurrido

en

momentos

y

pueblos

diferentes, como en este caso: unos en Carolina, justo

después de la aparente apropiación ilegal del vehículo, y

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otros en Fajardo, justo antes de la detención por parte de

los agentes del orden público.

Por último, la profesora Nevares-Muñiz, discute que el

Art. 72 del Código Penal

provee una protección adicional para los

acusados que la disposición constitucional

contra la doble exposición, que es muy débil

por razón de la interpretación aceptada para el

término “mismo delito u ofensa”. Bajo este

artículo 72, si el Ministerio Fiscal pudiendo

acumular dos o más delitos, opta por acusar

primero por uno de ellos, la absolución o

convicción por ese delito será impedimento para

acusar por el otro o los otros.

La jurisprudencia previa, interpretando la

protección

contra

los

procesamientos

múltiples, dispone que en casos de concurso de

delitos debe acusarse simultáneamente por todos

los delitos que son parte del curso de

conducta,

salvo

los

casos

excepcionales

discutidos en Pueblo v. Rivera Ramos, 88 DPR

612 (1963) (uno de los delitos del curso de

conducta no se ha consumado al momento del

primer procesamiento); Pueblo v. Santiago

Pérez, 160 DPR 618 (2003) (acusado pretende

engañar al tribunal); por legislación se

dispone que el concurso no aplica (e.g., sec.

7.03 Ley de Armas); se trata de faltas

administrativas; o cuando conforme las Reglas

de Procedimiento Criminal los delitos no son

susceptibles de ser acumulados o se concede la

separación

de

las

causas.”

(Negrillas

suplidas). Íd.

Como vemos, la profesora Dora-Nevares reconoce el Art.

72 del Código Penal, supra, como una protección adicional

para la persona acusada de delito.

Ahora

bien,

adviértase

que

la

Regla

37(a)

de

Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 37, dispone lo

relacionado con la acumulación de delitos. En particular,

establece que:

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(a) Acumulación de delitos. En la misma

acusación o denuncia se podrán imputar dos o

más delitos, en cargos por separado para cada

uno de ellos, si los delitos imputados fueren

de igual o similar naturaleza, o hubieren

surgido del mismo acto o transacción, o de dos

o más actos o transacciones relacionadas entre

sí o que constituyeren partes de un plan común.

Las alegaciones de un cargo podrán incorporarse

en los demás cargos por referencia.

En

definitiva,

considero

que

la

Regla

37(a)

de

Procedimiento Criminal, supra, entra en conflicto con la

protección del Art. 72 del Código Penal, supra, cuando se

configura un concurso real de delitos. Esto se debe a que,

según

la

propia

Regla

37(a),

al

utilizar

la

frase

“se

podrán”, puede interpretarse que la misma no obliga al

Ministerio Público a acumular en un mismo proceso todos los

delitos cometidos por un mismo acusado.

Así pues, dicha disposición, en ciertas circunstancias,

podría socavar la garantía que brinda el Art. 72 del Código

Penal,

supra,

lo

que

hace

necesario

que

este

Tribunal

interpretara el alcance de estas disposiciones legales para

evitar resultados contrarios al propósito de la Asamblea

Legislativa.

Por

consiguiente,

como

parte

de

nuestro

rol

de

interpretar y establecer el Derecho, así como de garantizar

las

protecciones

expresamente

otorgadas

por

la

Asamblea

Legislativa, resultaba necesario que este Tribunal expidiera

los recursos presentados por el peticionario para pautar el

Derecho aplicable. Además, era fundamental evaluar si la

bifurcación de los delitos derivados de un mismo curso de

CC-2025-0130

acción

en

dos

10

(2)

regiones

judiciales

distintas

era

procedente, ya que este análisis incide directamente en los

derechos

procesales

de

la

persona

acusada.

A

su

vez,

aparentan contravenir principios ampliamente reiterados en

nuestro ordenamiento jurídico, como la economía procesal y

la eficiente administración del sistema de justicia.

Inclusive,

a

mi

juicio,

este

caso

ameritaba

la

celebración de una vista oral para permitir una discusión

más amplia y fundamentada sobre la aplicación de estas

disposiciones

legales.

Toda

vez

esto

no

ocurrió,

respetuosamente disiento del curso de acción adoptado por

este Tribunal.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado