Tribunal Supremo de Puerto Rico
El Pueblo v. Mayr
2025 TSPR 37
Poder Judicial de Puerto Rico
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El Pueblo v. Mayr
CC-2025-0130
4 de abril de 2025 · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente · Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
Certiorari
v.
2025 TSPR 37
Stephan Anthony Mayr
215 DPR ___
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2025-0130
4 de abril de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel VI
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. Julián A. Domenech Carrasquillo
Materia:
Resolución del Tribunal con Voto Particular Disidente.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
v.
CC-2025-0130
Certiorari
Stephan Anthony Mayr
Peticionario
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2025.
Examinados el Urgente auxilio de jurisdicción y
solicitud de paralización y la petición de Certiorari
que presentó el Sr. Stephan Anthony Mayr, se provee no
ha lugar a ambos.
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella
Martínez proveería ha lugar al Urgente auxilio de
jurisdicción y solicitud de paralización, expediría la
petición de Certiorari y emite un Voto particular
disidente.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
El Pueblo de Puerto Rico
Recurrido
CC-2025-0130
Certiorari
v.
Stephan Anthony Mayr
Peticionario
Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor
ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2025.
Respetuosamente considero que existe la necesidad de
analizar, interpretar y pautar el alcance de los Artículos
71 y 72 del Código Penal de Puerto Rico, infra, que regulan
el
concurso
de
Procedimiento
delitos,
Criminal,
junto
infra,
con
y
la
otras
Regla
37
de
disposiciones
relevantes. Este análisis resultaba esencial para establecer
el
Derecho
protecciones
aplicable
y
asegurar
expresamente
el
otorgadas
cumplimiento
por
la
de
las
Asamblea
Legislativa en el caso ante nuestra consideración.
Asimismo, estimo que esta controversia representa la
coyuntura ideal para evaluar si los delitos originados de un
mismo curso de conducta debían ser bifurcados y procesados
en dos (2) regiones judiciales distintas dentro de Puerto
Rico. Dicha evaluación era fundamental para garantizar una
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aplicación
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coherente
interpretaciones
que
del
Derecho
pudieran
Penal
y
evitar
afectar
los
derechos
peticionario,
la
economía
procesal
y
la
administración
del
sistema
judicial.
Al
denegarse
solicitud
de
auxilio
de
jurisdicción
y
el
del
adecuada
recurso
la
de
Certiorari, disiento y procedo a explicar los fundamentos de
mi postura.
I.
Como breve trasfondo al asunto que nos ocupa, el 1 de
abril de 2024 ocurrió una persecusión policiaca en contra
del Sr. Stephan Anthony Mayr (peticionario) que comenzó en
Carolina y se extendió hasta Fajardo. Como resultado, el
Ministerio Público presentó tres (3) denuncias en su contra
ante el Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Las
denuncias fueron por violaciones al Art. 246 (e) del Código
Penal de Puerto Rico, 33 LPRA sec. 5536 (resistir al arresto
o
huir
violentamente
luego
de
ser
informado
por
un
funcionario del orden público de su autoridad legal para
practicarlo), y a los Arts. 3.23 (uso ilegal de licencia de
conducir) y 5.07 (conducir de forma imprudente o negligente)
de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm.
22-2000, 9 LPRA secs. 5073 y 5127. El Tribunal de Primera
Instancia de Carolina determinó causa para arresto por los
tres (3) delitos mencionados.
Eventualmente, el 13 de agosto de 2024, el Tribunal de
Primera
Instancia
de
Carolina
declaró
culpable
al
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peticionario por las infracciones al Art. 5.07 de la Ley de
Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, y al Art. 246
(e) del Código Penal, supra. No obstante, lo absolvió por el
delito del Art. 3.23 de la Ley de Vehículos y Tránsito de
Puerto Rico, supra. Como resultado, el foro primario de
Carolina le impuso al peticionario una multa de mil dólares
($1,000) y una pena especial de doscientos dólares ($200).
De otro lado, el 3 de mayo de 2024, por los mismos
hechos ocurridos el 1 de abril de 2024, el Ministerio Fiscal
presentó otras tres (3) denuncias ante el Tribunal de Primera
Instancia de Fajardo. Estas acusaciones fueron por violación
al Art. 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad
Vehicular, Ley Núm. 8 de 1987, 9 LPRA sec. 3214 (comercio
ilegal de vehículos y piezas), así como por infracciones al
Art. 246 (a) (impedir a cualquier funcionario o empleado
público en el cumplimiento o al tratar de cumplir alguna de
las obligaciones de su cargo), y al Art. 93 (a) (tentativa
de asesinato) del Código Penal, supra. El Tribunal de Primera
Instancia de Fajardo sólo encontró causa para arresto por la
infracción al Art. 15 de la Ley para la Protección de la
Propiedad Vehicular, supra. Inconforme con la decisión, el
11 de septiembre de 2024, el Ministerio Público acudió en
alzada y prevaleció en cuanto a la imputación de tentativa
de asesinato.
Tras varias instancias procesales que no es necesario
detallar, el peticionario acudió a este Tribunal mediante un
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recurso de Certiorari, presentado el 28 de febrero de 2025,
y
un
Urgente
auxilio
de
jurisdicción
y
solicitud
de
paralización, presentado el 28 de marzo de 2025.
En síntesis, el peticionario sostiene que el pleito en
el Tribunal de Primera Instancia de Fajardo versa sobre un
curso de acción que comenzó en Carolina y terminó en Fajardo.
En consecuencia, sostiene que la Región Judicial de Carolina
lo juzgó y lo sentenció, por lo que el Tribunal de Primera
Instancia de Fajardo está impedido de entablar un caso
paralelo en su contra. Al respecto, arguyó que correspondía
la consolidación de las acusaciones y que el fraccionamiento
de estas violó su garantía constitucional contra la doble
exposición. No obstante, ambas peticiones fueron denegadas
por este Tribunal.
Por
estar
continuación,
en
expongo
desacuerdo
las
bases
con
este
legales
proceder,
que
avalan
a
mi
disenso.
II.
De entrada, considero que en este caso se configura un
concurso real de delitos, ya que, según los hechos expuestos,
se trata de varios delitos cometidos como parte de un mismo
curso de conducta que comenzó en el municipio de Carolina y
se extendió hasta Fajardo. Me explico.
En nuestro ordenamiento jurídico, el concurso de delitos
atiende las situaciones en las que una “misma persona comete,
mediante uno o más actos, varias ofensas, las cuales son
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valoradas y juzgadas conjuntamente en el mismo procedimiento
judicial”. Pueblo v. DiCristina Rexach, 204 DPR 779, 790
(2020)
(citando
a
L.E. Chiesa Aponte, Derecho
penal
sustantivo, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2013, pág. 71).
Esta figura permite determinar cuál es la pena que mejor
refleja
la
gravedad
del
hecho
y
la
culpabilidad
de
la
persona. Í
́d.
Por su parte, el Art. 71 del Código Penal de Puerto
Rico, 33 LPRA secc. 5104, regula los distintos tipos de
concursos de delitos. En cuanto al concurso real de delitos,
su inciso (b) dispone lo siguiente:
(b) Concurso real de delitos: Cuando alguien
haya realizado varios delitos que sean juzgados
simultáneamente, cada uno de los cuales
conlleva su propia pena, se le sentenciará a
una pena agregada, que se determinará como
sigue:
(1)
Cuando uno de los delitos conlleve pena de
reclusión de noventa y nueve (99) años,
ésta absorberá las demás.
(2)
Cuando más de uno de los delitos conlleve
reclusión por noventa y nueve (99) años,
se impondrá además una pena agregada del
veinte (20) por ciento por cada víctima.
(3)
En los demás casos, se impondrá una pena
para cada delito y se sumarán, no pudiendo
exceder la pena agregada del veinte (20)
por ciento de la pena para el delito más
grave.
Por otro lado, en Pueblo v. Rivera Cintrón, 185 DPR 484,
501-502 (2012), expusimos que el concurso real de delitos se
define como
[v]arias unidades de conducta que se suceden
una a otra con intervalos más o menos largos,
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pero juzgadas en conjunto, [que] pueden violar
la misma ley o diversas leyes.” […] Por su
parte, la profesora Nevares-Muñiz explica que
en “la doctrina penal civilista el concurso
real se trata como una figura procesal que
requiere que se juzgue al actor en un mismo
proceso por todos los delitos que cometió”. […]
(Negrillas suplidas).
Asimismo, la profesora Dora Nevares-Muñiz, en su Código
Penal de Puerto Rico, 4ta ed. rev., San Juan, Ed. Inst. para
el Desarrollo del Derecho, 2019, pág. 127, expresa que
[e]l inciso (b) [del Art. 71 del Código Penal]
está redactado de manera que cubre tanto la
figura del concurso real como la del concurso
procesal. El concurso real trata de la
situación en que la persona realiza varios
delitos, cada uno de los cuales tiene su propia
pena
y
elementos
subjetivo
y
objetivo
independientes, pero por su secuencia temporal
entre uno y otro por ser parte de un curso de
conducta se procesan juntos. Mientras que, el
concurso procesal trata de la situación en que
para fines del juicio se acumulan varios
delitos independientes y no relacionados entre
sí contra un mismo acusado. Tanto en el
concurso real como en el procesal, cada delito
conllevará una pena y el Art. 71 (b) provee
varias reglas para el cumplimiento de las
mismas, según aplique. (Negrillas suplidas).
De igual forma, la profesora Nevares-Muñiz añade que,
en Pueblo v. Álvarez Vargas, 173 DPR 587 (2008), se aborda
una situación de concurso procesal, en la cual interpretamos
el Art. 79 del Código de 2004 (texto similar al 71(b) del
Código Penal vigente). En ese contexto, la profesora indica
que reconocimos que uno de los propósitos del concurso de
delitos es reducir la magnitud de las penas. Íd. Al respecto,
expresó que
los requisitos son: 1) delitos en concurso
deben corresponder a una sola persona; 2)
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elemento jurídico material: varios delitos con
su
propia
pena;
3)
elemento
procesal:
procesamiento simultáneo. Es necesario que los
delitos puedan ser acumulados en una misma
acusación conforme disponen las Reglas de
Procedimiento Criminal…” Íd.
Por lo tanto, en casos de concurso real, conforme al
Art. 71(b) del Código Penal, supra, aplica la protección
otorgada por el Art. 72 de dicho código. En particular, el
Art. 72 dispone lo siguiente:
[e]n los casos provistos por el Artículo
anterior, se juzgarán por todos los delitos
concurrentes.
La absolución o sentencia bajo alguno de ellos
impedirá todo procedimiento judicial por el
mismo hecho, bajo cualquiera de las demás.
[…].
Por ello, la autora Nevares-Muñiz indica que “si no hay
concurso de delitos, o los delitos no son acumulables, la
protección que provee este artículo 72 no se activa”. D.
Nevares-Muñiz,
op.
cit.,
pág.
128.
En
el
caso
del
peticionario, considero que dicha protección sí se activa
por existir un concurso real de delitos.
De otra parte, para que se configure el concurso real,
no
es
necesario
que
las
unidades
delictivas
ocurran
simultáneamente, por lo que podrán ser independientes entre
sí. Pueblo v. Álvarez Vargas, supra, pág. 600. En este
contexto, y en relación con la controversia en cuestión, los
hechos
pudieron
haber
ocurrido
en
momentos
y
pueblos
diferentes, como en este caso: unos en Carolina, justo
después de la aparente apropiación ilegal del vehículo, y
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otros en Fajardo, justo antes de la detención por parte de
los agentes del orden público.
Por último, la profesora Nevares-Muñiz, discute que el
Art. 72 del Código Penal
provee una protección adicional para los
acusados que la disposición constitucional
contra la doble exposición, que es muy débil
por razón de la interpretación aceptada para el
término “mismo delito u ofensa”. Bajo este
artículo 72, si el Ministerio Fiscal pudiendo
acumular dos o más delitos, opta por acusar
primero por uno de ellos, la absolución o
convicción por ese delito será impedimento para
acusar por el otro o los otros.
La jurisprudencia previa, interpretando la
protección
contra
los
procesamientos
múltiples, dispone que en casos de concurso de
delitos debe acusarse simultáneamente por todos
los delitos que son parte del curso de
conducta,
salvo
los
casos
excepcionales
discutidos en Pueblo v. Rivera Ramos, 88 DPR
612 (1963) (uno de los delitos del curso de
conducta no se ha consumado al momento del
primer procesamiento); Pueblo v. Santiago
Pérez, 160 DPR 618 (2003) (acusado pretende
engañar al tribunal); por legislación se
dispone que el concurso no aplica (e.g., sec.
7.03 Ley de Armas); se trata de faltas
administrativas; o cuando conforme las Reglas
de Procedimiento Criminal los delitos no son
susceptibles de ser acumulados o se concede la
separación
de
las
causas.”
(Negrillas
suplidas). Íd.
Como vemos, la profesora Dora-Nevares reconoce el Art.
72 del Código Penal, supra, como una protección adicional
para la persona acusada de delito.
Ahora
bien,
adviértase
que
la
Regla
37(a)
de
Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 37, dispone lo
relacionado con la acumulación de delitos. En particular,
establece que:
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(a) Acumulación de delitos. En la misma
acusación o denuncia se podrán imputar dos o
más delitos, en cargos por separado para cada
uno de ellos, si los delitos imputados fueren
de igual o similar naturaleza, o hubieren
surgido del mismo acto o transacción, o de dos
o más actos o transacciones relacionadas entre
sí o que constituyeren partes de un plan común.
Las alegaciones de un cargo podrán incorporarse
en los demás cargos por referencia.
En
definitiva,
considero
que
la
Regla
37(a)
de
Procedimiento Criminal, supra, entra en conflicto con la
protección del Art. 72 del Código Penal, supra, cuando se
configura un concurso real de delitos. Esto se debe a que,
según
la
propia
Regla
37(a),
al
utilizar
la
frase
“se
podrán”, puede interpretarse que la misma no obliga al
Ministerio Público a acumular en un mismo proceso todos los
delitos cometidos por un mismo acusado.
Así pues, dicha disposición, en ciertas circunstancias,
podría socavar la garantía que brinda el Art. 72 del Código
Penal,
supra,
lo
que
hace
necesario
que
este
Tribunal
interpretara el alcance de estas disposiciones legales para
evitar resultados contrarios al propósito de la Asamblea
Legislativa.
Por
consiguiente,
como
parte
de
nuestro
rol
de
interpretar y establecer el Derecho, así como de garantizar
las
protecciones
expresamente
otorgadas
por
la
Asamblea
Legislativa, resultaba necesario que este Tribunal expidiera
los recursos presentados por el peticionario para pautar el
Derecho aplicable. Además, era fundamental evaluar si la
bifurcación de los delitos derivados de un mismo curso de
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acción
en
dos
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(2)
regiones
judiciales
distintas
era
procedente, ya que este análisis incide directamente en los
derechos
procesales
de
la
persona
acusada.
A
su
vez,
aparentan contravenir principios ampliamente reiterados en
nuestro ordenamiento jurídico, como la economía procesal y
la eficiente administración del sistema de justicia.
Inclusive,
a
mi
juicio,
este
caso
ameritaba
la
celebración de una vista oral para permitir una discusión
más amplia y fundamentada sobre la aplicación de estas
disposiciones
legales.
Toda
vez
esto
no
ocurrió,
respetuosamente disiento del curso de acción adoptado por
este Tribunal.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado