Tribunal Supremo de Puerto Rico
Katiria’s Café, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan
2025 TSPR 33
Poder Judicial de Puerto Rico
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Katiria’s Café, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan
AC-2024-0033
27 de marzo de 2025 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Derecho Administrativo; Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico – Requisito de vista adjudicativa para cuestionar una multa por presunta infracción a la Ley.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Katiria’s Café, Inc.
Peticionaria
v.
2025 TSPR 33
215 DPR ___
Municipio Autónomo de San Juan
Recurrido
Número del Caso:
Fecha:
AC-2024-0033
27 de marzo de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel X
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. José J. Gueits Ortiz
Materia: Derecho Administrativo; Ley para la Reforma del Proceso
de Permisos de Puerto Rico – Requisito de vista adjudicativa para
cuestionar una multa por presunta infracción a la Ley.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del
Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Katiria´s Café, Inc.
Peticionaria
v.
AC-2024-0033
Municipio Autónomo de San Juan
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2025.
En
esta
ocasión
evaluamos
si
el
procedimiento
de
reconsideración de multas por infracciones a la Ley Núm.
161-2009,
según
enmendada,
conocida
como
Ley
para
la
Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA
sec. 9011 et seq., que llevó a cabo el Municipio Autónomo
de
San
Juan
(Municipio
de
San
Juan)
cumplió
con
las
exigencias del debido proceso de ley. Luego de estudiar
detalladamente el expediente y la jurisprudencia aplicable,
concluimos que la conducta desplegada por el Municipio de
San Juan imposibilita la revisión judicial y violenta el
debido proceso de ley en su vertiente procesal.
AC-2024-0033
2
Por lo cual, revocamos la Sentencia emitida por el
Tribunal de Apelaciones que confirmó la multa emitida por
el Municipio de San Juan en contra de Katiria´s Café, Inc.
(Katiria´s
Café
o
la
peticionaria).
En
consecuencia,
devolvemos el caso a la Oficina de Permisos del Municipio
de San Juan para que celebre, dentro de un término de
quince
(15)
días,
un
procedimiento
adjudicativo
que
se
ajuste a las garantías dispuestas en la Ley Núm. 38-2017,
según
enmendada,
conocida
como
Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),
3 LPRA sec. 9603 et seq.
Veamos las incidencias procesales relevantes al caso.
I
El 7 de julio de 2023 un Inspector de la Oficina de
Permisos
del
Municipio
de
San
Juan
emitió
una
multa
administrativa de dos mil dólares ($2,000) contra Katiria’s
Café.1 Según el documento, la peticionaria infringió los
Arts. 1.3, 9.12 y 14.13(c) de la Ley Núm. 161-2009, supra,
por estar operando una “barra como uso principal”. Además,
en este se le informó a la peticionaria sobre los procesos
para solicitar reconsideración de la multa, así como el
término para solicitar revisión judicial ante el Tribunal
de Apelaciones.2
Específicamente, dispuso:
RECONSIDERACIÓN DE MULTA
La parte adversamente afectada por una multa
podrá, dentro del término de veinte (20) días
desde la fecha de archivo en autos de la
1
2
Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 1.
Íd., pág. 2.
AC-2024-0033
3
notificación de esta, presentar una moción de
reconsideración de la misma. La Oficina de
Permisos (“OP”) dentro de los quince (15) días de
haberse
presentado
dicha
moción
deberá
considerarla. Si la rechazare de plano o no
actuare dentro de los quince (15) días, el
término para solicitar revisión comenzará a
correr nuevamente desde que se notifique dicha
denegatoria o desde que expiren esos quince (15)
días, según sea el caso. Si se tomare alguna
determinación en su consideración, el término
jurisdiccional
de
treinta
(30)
días
para
solicitar
revisión
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en
que se archive en autos una copia de la
notificación
de
la
resolución
de
la
OP
resolviendo
definitivamente
la
moción
de
reconsideración.
Tal
resolución
deberá
ser
emitida y archivada en autos dentro de los
noventa (90) días siguientes a la radicación de
la moción de reconsideración. Si la agencia acoge
la moción de reconsideración pero deja de tomar
alguna acción con relación a la moción dentro de
los noventa(90) días de ésta haber sido radicada,
perderá jurisdicción sobre la misma y el término
de treinta (30) días para solicitar la revisión
judicial ante el Tribunal de Apelaciones empezará
a contarse a partir de la expiración de dicho
término de noventa (90) días salvo que la
agencia, por justa causa y dentro de esos noventa
(90) días, prorrogue el término para resolver por
un período que no excederá de treinta (30) días
adicionales.3
Así las cosas, el 31 de julio de 2023, la peticionaria
presentó una Solicitud de Reconsideración dirigida a la
Oficina de Permisos del Municipio de San Juan.4
En primer
lugar,
penalidad
argumentó
que
la
notificación
de
la
impuesta violaba el debido proceso de ley en su vertiente
procesal,
al
no
proveerle
oportunidad
de
solicitar
una
Vista Administrativa. A su vez, planteó que no procedía la
multa
3
4
como
cuestión
Íd.
Íd., págs. 3-4.
de
derecho
porque
su
negocio
se
AC-2024-0033
4
dedicaba a la venta de comida y el expendio de bebidas
alcohólicas era accesorio a este.
El 13 de septiembre de 2023, aún sin una contestación
del Municipio de San Juan, la peticionaria presentó un
recurso
de
Revisión
Judicial
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones. En este levantó como único planteamiento de
error que:
Erró la parte recurrida al emitir una multa
contra la peticionaria y luego negarle el derecho
a una vista administrativa en donde esta pueda
presentar evidencia a su favor y confrontar la
prueba con la que cuenta el Municipio para
sostener dicha penalidad.5
Así
las
cosas,
el
15
de
septiembre
de
2023,
el
Tribunal de Apelaciones, emitió una Resolución en la cual
le concedió al Municipio de San Juan un plazo perentorio de
treinta (30) días para presentar su alegato en oposición.
Luego, el 3 de noviembre de 2023, y sin el Municipio de San
Juan comparecer, el foro apelativo intermedio emitió una
Resolución
ordenando
al
Municipio
a
que
en
un
plazo
perentorio de veinte (20) días presentara copia fiel y
exacta
del
expediente
multa.
Se
le
administrativo
apercibió
a
este
que
relacionado
el
a
la
incumplimiento
conllevaría la imposición de sanciones. Transcurrido
el
término sin la comparecencia del Municipio de San Juan, el
26
de
febrero
Resolución
5
6
a
Íd., pág. 10.
Íd., pág. 17
de
los
2024
mismos
el
foro
fines.6
intermedio
emitió
otra
En
advirtió
que
esta,
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5
además de sanciones por el incumplimiento, podría exponerse
a que se eliminara la multa impuesta.
Sin
embargo,
y
a
el
de
marzo
emitidos,
27
pesar
de
de
los
2024,
apercibimientos
el
Tribunal
de
Apelaciones emitió una Sentencia en la que confirmó la
multa
administrativa
emitida.
Lo
anterior
sin
que
el
Municipio de San Juan compareciera ante ese foro y sin
contar con copia del expediente administrativo. El tribunal
a quo sostuvo su dictamen en la presunción de corrección
que
cobija
los
procesos
administrativos
y
le
brindó
deferencia a la determinación del Municipio de San Juan.
Particularmente señaló que la peticionaria no incluyó en su
recurso
el
Permiso
de
Uso
otorgado
a
su
favor
por
el
Municipio de San Juan. Entendió que la ausencia de este
documento dificultaba la evaluación de si esta tenía o no
permiso
para
vender
alimentos
preparados
y/o
alcohol.
Siendo así, concluyó que la peticionaria no logró derrotar
la presunción de corrección que cobijaba la multa.
Inconforme con ese dictamen, la peticionaria presentó
una
Moción
de
Reconsideración.
En
esta,
argumentó
nuevamente que el asunto central planteado ante el foro
apelativo intermedio, y que fue obviado por este, era si el
Municipio de San Juan tenía que conceder la oportunidad de
presentar evidencia en una Vista Administrativa. Planteó
que el dictamen sostenía una multa donde nunca se le dio la
oportunidad de ser oída y de confrontar la prueba en su
contra. Señaló, además, que la ausencia del Permiso de Uso
AC-2024-0033
6
era una deficiencia que se hubiera subsanado del Municipio
de San Juan cumplir con las dos Resoluciones emitidas por
el Tribunal de Apelaciones, para que sometiera copia del
expediente administrativo.
El 19 de abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones
emitió una Resolución denegando la reconsideración. Tras
este revés judicial, el 22 de mayo de 2024, la peticionaria
presentó ante nos un Recurso de Apelación en el cual señaló
como único error el siguiente:
Único Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al
confirmar la multa emitida contra la peticionaria
a pesar de que a esta se le negó el derecho a una
Vista Administrativa en donde pudiese presentar
evidencia a su favor y confrontar la prueba con
la que cuenta el Municipio para sostener dicha
penalidad.
Luego de evaluado el escrito presentado, el 28 de junio de
2024, acogimos el mismo como un certiorari, por ser el
recurso apropiado y lo expedimos. El 6 de agosto de 2024,
le
concedimos
al
Municipio
de
San
Juan
un
término
de
treinta (30) días para presentar su alegato. El Municipio
de San Juan no compareció, por lo que el 17 de septiembre
de 2024, le concedimos un término adicional de diez (10)
días. Transcurrido este término, el caso quedo sometido
para adjudicación sin el beneficio de su comparecencia.
II
A.
El Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto
Rico, establece que “[n]inguna persona será privada de su
libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley”. Art.
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7
II, Sec. 7, Const. P.R., LPRA, Tomo 1. Es harto conocido
que las exigencias de esta protección constitucional contra
la
privación
arbitraria
o
irrazonable
de
un
interés
individual de libertad o propiedad, tanto en su vertiente
sustantiva como la procesal, es extensiva a las actuaciones
de las agencias administrativas. Almonte et al. v. Brito,
156 DPR 475, 481 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993).
No obstante, en el ámbito procesal, la exigencia de
que
las
agencias
constituye
una
provean
camisa
de
un
debido
fuerza
que
proceso
de
ley
no
prive
a
estos
de
dirigir a sus procesos de forma justa, práctica y flexible.
Almonte et al. v. Brito, supra; López Vives v. Policía de
P.R., 118 DPR 219, 230–31 (1987) (“El debido proceso no es
un
‘molde
rígido
que
prive
de
flexibilidad’
a
los
organismos administrativos, […], pero requiere un proceso
justo
y
equitativo
que
respete
la
dignidad
de
los
individuos afectados”); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR
834, 841 (1978)(“Como se sabe, el debido procedimiento de
ley
ofrece
protección
contra
la
posible
arbitrariedad
administrativa, pero no es un molde rígido que prive de
flexibilidad responsable a dichos procedimientos”).
Por tanto, este foro ha reconocido que “[d]ependiendo
de las circunstancias, diversas situaciones pueden requerir
diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste
el requisito general de que el proceso gubernamental debe
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ser
justo
8
e
imparcial”.
(Negrilla
suplida).
Rivera
Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 888.
Cónsono
exigencias
con
lo
anterior,
para
del
debido
proceso
mínimas
satisfacer
las
de
su
ley,
en
vertiente procesal, nuestra jurisprudencia ha reiterado que
se
deben
cumplir
notificación
con
adecuada
los
requisitos
del proceso;
siguientes:
(1)
(2) proceso ante
un
juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a
contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada
en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la
decisión se base en el récord. Vázquez González v. Mun. de
San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010); Hernández v. Secretario,
164 DPR 390, 395–396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell, etc., supra, pág. 889.
Así
las
cosas,
al
aprobar
la
LPAU,
la
Asamblea
Legislativa “extendió a los procedimientos adjudicativos de
las
agencias
administrativas
ciertas
garantías
mínimas
inherentes al debido proceso de ley” dado a que “en su
función
adjudicativa,
las
agencias
administrativas
intervienen con intereses libertarios y propietarios del
ciudadano”. Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314,
329 (2009). La Sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9641,
reconoce las garantías antes señaladas.7
Específicamente la Sección 3.1 de la LPAU, supra, dispone al respecto
que:
7
En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia
se salvaguardarán los siguientes derechos:
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9
Estas protecciones que provee la LPAU son extensivas a
los procesos mediante los cuales un municipio impone una
multa administrativa, ya sea bajo la Ley Núm. 107-2020,
según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto
Rico, 21 LPRA sec. 7001 et seq., o bajo la Ley Núm. 1612009, supra. En lo pertinente, el Art. 1.009 del Código
Municipal, 21 LPRA sec. 7014, dispone que:
[…]
En
el
ejercicio
de
sus
facultades
para
reglamentar,
investigar,
emitir
decisiones,
certificados, permisos, endosos y concesiones, el
municipio
podrá
imponer
y
cobrar
multas
administrativas de hasta un máximo de cinco mil
(5,000)
dólares
por
infracciones
a
sus
ordenanzas,
resoluciones
y
reglamentos
de
aplicación general, conforme se establezca por
ley u ordenanza.
El municipio deberá adoptar mediante ordenanza un
procedimiento uniforme para la imposición de
multas administrativas que contenga las garantías
del debido procedimiento de ley en su vertiente
sustantiva, similar al establecido en las secs.
9601 et seq. del Título 3, conocida como “Ley de
Procedimiento
Administrativo
Uniforme
del
Gobierno de Puerto Rico”. […] (Negrilla suplida).
A su vez, el Art. 14.10 de la Ley Núm. 161-2009, 23
LPRA sec. 9024i, establece que:
[…]f) La parte adversamente afectada por una
multa expedida por la Junta de Planificación, el
Oficial
Auditor
de
Permisos,
la
Entidad
Gubernamental Concernida o por los Municipios
Autónomos con Jerarquía de la I a la V, podrá
solicitar
reconsideración
o
revisión
según
(A)Derecho a notificación oportuna de los
querellas o reclamos en contra de una parte.
cargos
o
(B)Derecho a presentar evidencia.
(C)Derecho a una adjudicación imparcial.
(D)Derecho a que la decisión sea basada en el expediente.
3 LPRA sec. 9641,
AC-2024-0033
10
dispuesto en las secs. 9601 et seq. del Título 3,
conocidas
como
“Ley
de
Procedimiento
Administrativo Uniforme”. (Negrilla suplida).
B.
Es norma de derecho claramente establecida que los
tribunales
apelativos,
al
momento
de
revisar
las
determinaciones administrativas, están obligados a conceder
deferencia
a
consideración
a
las
decisiones
que
estas
de
poseen
las
la
agencias
experiencia
en
y
el
conocimiento especializado sobre los asuntos que se les han
delegado. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35
(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626
(2016); Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358
(2012). En vista de lo anterior, se ha reiterado también
que las determinaciones administrativas están revestidas de
una
presunción
de
legalidad
y
corrección
que
debe
ser
respetada mientras la parte que las impugne no produzca
evidencia
suficiente para derrotarlas.
Torres Rivera v.
Policía de PR, supra; Trigo Margarida v. Junta Directores,
187 DPR 384, 393–394 (2012); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146
DPR 64, 130 (1998).
Por
ello,
este
Tribunal
ha
considerado
la
razonabilidad de la acción impugnada como criterio rector
al revisar una actuación de la agencia recurrida. Torres
Rivera v. Policía de PR, supra; Mun. San Juan v. Plaza Las
Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández, Álvarez v.
Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Al aplicar este
criterio, los tribunales revisores deben determinar si la
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decisión
11
de
reglamentos
la
y
agencia
las
leyes
en
la
interpretación
que
le
incumbe
de
implementar
los
es
razonable y no “si la decisión administrativa es la más
razonable o la mejor”. Álvarez v. Centro Unido, supra, pág.
616; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 617 (2005). Dicho de
otra forma, la revisión judicial procede “si la agencia
actuó
de
manera
irrazonable
que
arbitraria
su
o
ilegal,
actuación
o
en
forma
tan
constituye
un
abuso
de
discreción”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág.
35; Torres Rivera v. Policía de PR, supra.
Así pues, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,
y nuestra jurisprudencia limita la revisión judicial a los
siguientes tres aspectos: “(1) que el remedio concedido por
la agencia fue el apropiado; (2) que la revisión de las
determinaciones
de
hecho
esté
conforme
al
criterio
de
evidencia sustancial, y (3) determinar si las conclusiones
de derecho fueron correctas mediante su revisión completa y
absoluta”. Pagán Santiago et al. v. ASR, supra, pág. 358.
En esta dirección, notamos que la Sección 3.14 de la LPAU,
3 LPRA sec. 9654, establece que la determinación final de
la agencia, que está sujeta a revisión judicial, deberá
contener: determinaciones de hecho, conclusiones de derecho
y
la
advertencia
sobre
el
derecho
a
solicitar
reconsideración o revisión judicial.
En Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265,
275
(1987),
razonamos
que
el
requisito
de
incluir
determinaciones de hecho y derecho constituye una regla
AC-2024-0033
general,
12
independientemente
de
procedimiento administrativo
que
se
trate
formal o informal.
de
un
Así las
cosas, notamos que efectuar estos requisitos persigue los
objetivos siguientes:
(1) “proporciona a los tribunales la oportunidad
de
revisar
adecuadamente
la
decisión
administrativa y facilitar esa tarea”; (2)
“fomenta que la agencia adopte una decisión
cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de
su autoridad y discreción”; (3) “ayuda a la parte
afectada a entender por qué el organismo
administrativo decidió como lo hizo, y así
aquélla puede, mejor informada, decidir si acude
al foro judicial o acata la determinación”; (4)
“promueve
la
uniformidad
intraagencial’,
particularmente cuando “el proceso decisorio
institucional es adoptado por distintos miembros
de un comité especial a quienes les está
encomendado celebrar vistas y recibir la prueba”,
y (5) “evita que los tribunales nos apropiemos de
funciones que corresponden propiamente, bajo el
concepto
de
especialización
y
destreza
(expertise), a las agencias administrativas. Íd.,
págs. 276-278.
III
En su recurso ante nos, la parte peticionaria arguye,
como
único
señalamiento
Apelaciones
erró
de
error,
gravemente
al
que
el
Tribunal
confirmar
la
de
multa
administrativa emitida por el Municipio de San Juan, a
pesar
de
que
este
presentar
evidencia
utilizada
en
su
último
a
su
contra.
le
negó
favor
y
En
la
oportunidad
confrontar
particular,
la
dispuso
de
prueba
que
la
Sentencia recurrida obvió el señalamiento principal de que
el Municipio actuó de manera contraria al debido proceso de
ley. Además, señaló que, contrario a lo dispuesto en la
Sentencia aquí impugnada, el foro intermedio hubiera estado
AC-2024-0033
13
en posición de resolver si el Municipio hubiese cumplido
con
las
Órdenes
emitidas
para
que
proveyera
copia
del
expediente administrativo del caso.
Como ya recalcamos, el debido proceso de ley en su
vertiente
procesal
aplica
a
los
procedimientos
administrativos como este. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee
Stowell, etc., supra; Art. 14.10 de la Ley Núm. 161-2009,
supra.
Mediante
esa
garantía
se
pretende
lograr
una
protección en contra de la arbitrariedad sin privar el
carácter expedito y flexible de los procesos adjudicativos
celebrados ante una agencia administrativa. Pérez Ríos v.
Hull Dobbs, supra. Como criterio general, el proceso tiene
que ser uno justo e imparcial, el cual provea, como mínimo:
(1) una notificación adecuada; (2) un proceso ante un juez
imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a
contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada
en su contra; (5) la oportunidad de tener asistencia de
abogado, y (6) que la decisión se base en el expediente.
Vázquez
González
v.
nuestra
jurisdicción,
Mun.
la
San
Juan,
decisión
supra.
Además,
administrativa
en
final
tiene que contener conclusiones de hecho y derecho. Rivera
Santiago v. Srio. De Hacienda, supra. Todo lo anterior
constituye un mínimo de garantías que el Municipio de San
Juan tenía que proveer al amparo de la Ley Núm. 161-2009,
supra. Evaluemos si se cumplió con esto.
Según relatamos previamente, en este caso el Municipio
de
San
Juan
emitió
una
multa
administrativa
por
AC-2024-0033
infracciones
14
a
la
Ley
Núm.
161-2009,
supra.
Conforme
expuesto en el boleto expedido, la peticionaria solo podía
solicitar reconsideración por escrito dentro del término de
veinte (20) días desde la notificación de la multa. Una vez
recibida,
la
Oficina
de
Permisos
podía
considerarla
o
rechazarla de plano dentro de los quince (15) días de su
presentación,
quedando
suspendidos
los
términos
jurisdiccionales para acudir al Tribunal de Apelaciones
hasta tanto se emitiera la Resolución resolviendo la moción
de reconsideración o rechazando el escrito.
No obstante, el Municipio de San Juan no proveyó las
garantías mínimas del debido proceso de ley que imperan en
nuestro ordenamiento. Resulta insólito el hecho de que el
recurrido
ejecutó
administrativa
se
un
proceso
convirtió
en
en
el
cual
una
decisión
la
multa
final,
sin
mayor consideración.8 La parte adversamente afectada tenía
derecho a comparecer ante un juzgador imparcial, a ser
escuchada y confrontar la prueba en su contra. Para ello,
debía
poder
administrativa
solicitar
dentro
la
del
celebración
término
de
de
una
vista
veinte
(20)
días
provisto para la presentación de una reconsideración. A su
vez,
el
Municipio
notificárselo
para
de
San
Juan
tenía
el
deber
que
pudiera
ejercer
ese
de
así
derecho.
De
Asimismo, la ausencia de una vista administrativa y la falta de
garantías del debido proceso de ley imposibilitaron que el Tribunal de
Apelaciones ejerciera su función revisora sobre los méritos de la
multa.
8
AC-2024-0033
15
solicitarlo, como en efecto sucedió, se debía celebrar una
Vista Adjudicativa para evaluar la multa emitida.
Por
otro
lado,
entendemos
que
la
Sentencia
del
Tribunal de Apelaciones constituye una abdicación total de
su deber fundamental de hacer justicia y de velar por que
las
agencias
no
actúen
irrazonable.
El
Municipio
manera
Juan
no
del
caso
luego
de
recurrido.
En
administrativo
requiriera
el
de
arbitraria,
San
expediente
foro
de
ese
ilegal
o
elevó
el
que
aspecto,
se
lo
resulta
improcedente que el Tribunal de Apelaciones confirmara una
determinación
administrativa
bajo
la
presunción
de
legalidad y corrección que reviste estos procesos sin haber
tenido
para
su
estudio
los
documentos
relevantes.
Tal
actuación constituye una deferencia a ciegas de la decisión
tomada
por
Tribunal
el
de
ente
municipal.
Apelaciones
debió
Una
vez
contar
solicitado,
con
el
el
expediente
administrativo para llevar a cabo su función revisora de
manera adecuada.
Destacamos que las Reglas 59 y 63 del Reglamento del
Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, facultan al
foro
intermedio
a
permitir
que
las
partes
sometan
documentos del apéndice luego de presentado un recurso. Así
las cosas, el foro recurrido erró al confirmar la multa por
razón
de
que
se
omitieron
documentos
que
debieron
ser
incluidos en el apéndice del recurso de revisión judicial.
Este,
por
el
contrario,
debió
emitir
una
Orden
efectos de que la peticionaria sometiera los mismos.
a
los
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Tampoco
podemos
avalar
la
tolerancia
que
tuvo
el
Tribunal de Apelaciones ante el incumplimiento reiterado
del Municipio de San Juan con las Órdenes para que elevara
el expediente administrativo. El foro apelativo intermedio
debió actuar tal cual advirtió en sus Resoluciones de 3 de
noviembre de 2023 y 26 de febrero de 2024 y proceder a
imponerle sanciones al Municipio de San Juan para lograr
que
este
cumpliera
con
las
Órdenes
emitidas.
Las
advertencias realizadas en una orden o resolución judicial
no son meras coletillas añadidas a un escrito o amenazas
hechas en el vacío. En cambio, son apercibimientos sobre
las consecuencias reales y el proceder que se llevará a
cabo de una parte incumplir con estas, por lo que no deben
ser ignoradas o tomadas livianamente.
Por último, advertimos que la desidia desplegada por
el Municipio de San Juan al incumplir con la Resoluciones
tanto del Tribunal de Apelaciones como de este Tribunal
resulta en una carga importuna a la sana administración de
la justicia. Nos encontramos ante una entidad pública que
optó
por
asumir
una
actitud
desinteresada
en
este
procedimiento. Exhortamos a los tribunales a hacer uso de
los medios a su alcance para evitar este tipo de conducta.
IV
En consideración a los fundamentos antes expuestos, se
revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.
En
consecuencia,
Permisos
del
se
devuelve
Municipio
el
Autónomo
caso
de
a
San
la
Oficina
Juan
para
de
que
AC-2024-0033
17
celebre una Vista dentro del término de quince (15) días de
notificada
esta
Opinión.
Se
le
apercibe
al
Municipio
Autónomo de San Juan y a su Director de la División Legal,
que el incumplimiento con este término pudiese conllevar la
imposición de sanciones severas, incluyendo que se refiera
el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se
inicie un procedimiento de desacato civil en su contra.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Katiria´s Café, Inc.
Peticionaria
v.
AC-2024-0033
Municipio Autónomo de San Juan
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2025.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso a la
Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan para
que celebre una Vista Administrativa dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Opinión. Se le apercibe
al Municipio Autónomo de San Juan y a su Director de la
División Legal, que el incumplimiento con este término
pudiese conllevar la imposición de sanciones severas,
incluyendo que se refiera el asunto al Tribunal de Primera
Instancia para que se inicie un procedimiento de desacato
civil en su contra.
Se ordena la notificación
Municipio Autónomo de San Juan.
personal
Lo pronunció, manda el Tribunal
Secretario del Tribunal Supremo.
al
y
alcalde
del
certifica
el
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo