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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Katiria’s Café, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan

2025 TSPR 33

Poder Judicial de Puerto Rico

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Katiria’s Café, Inc. v. Municipio Autónomo de San Juan

AC-2024-0033

27 de marzo de 2025 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Derecho Administrativo; Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico – Requisito de vista adjudicativa para cuestionar una multa por presunta infracción a la Ley.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katiria’s Café, Inc.

Peticionaria

v.

2025 TSPR 33

215 DPR ___

Municipio Autónomo de San Juan

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

AC-2024-0033

27 de marzo de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel X

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. José J. Gueits Ortiz

Materia: Derecho Administrativo; Ley para la Reforma del Proceso

de Permisos de Puerto Rico – Requisito de vista adjudicativa para

cuestionar una multa por presunta infracción a la Ley.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del

Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katiria´s Café, Inc.

Peticionaria

v.

AC-2024-0033

Municipio Autónomo de San Juan

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2025.

En

esta

ocasión

evaluamos

si

el

procedimiento

de

reconsideración de multas por infracciones a la Ley Núm.

161-2009,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

para

la

Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 23 LPRA

sec. 9011 et seq., que llevó a cabo el Municipio Autónomo

de

San

Juan

(Municipio

de

San

Juan)

cumplió

con

las

exigencias del debido proceso de ley. Luego de estudiar

detalladamente el expediente y la jurisprudencia aplicable,

concluimos que la conducta desplegada por el Municipio de

San Juan imposibilita la revisión judicial y violenta el

debido proceso de ley en su vertiente procesal.

AC-2024-0033

2

Por lo cual, revocamos la Sentencia emitida por el

Tribunal de Apelaciones que confirmó la multa emitida por

el Municipio de San Juan en contra de Katiria´s Café, Inc.

(Katiria´s

Café

o

la

peticionaria).

En

consecuencia,

devolvemos el caso a la Oficina de Permisos del Municipio

de San Juan para que celebre, dentro de un término de

quince

(15)

días,

un

procedimiento

adjudicativo

que

se

ajuste a las garantías dispuestas en la Ley Núm. 38-2017,

según

enmendada,

conocida

como

Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

3 LPRA sec. 9603 et seq.

Veamos las incidencias procesales relevantes al caso.

I

El 7 de julio de 2023 un Inspector de la Oficina de

Permisos

del

Municipio

de

San

Juan

emitió

una

multa

administrativa de dos mil dólares ($2,000) contra Katiria’s

Café.1 Según el documento, la peticionaria infringió los

Arts. 1.3, 9.12 y 14.13(c) de la Ley Núm. 161-2009, supra,

por estar operando una “barra como uso principal”. Además,

en este se le informó a la peticionaria sobre los procesos

para solicitar reconsideración de la multa, así como el

término para solicitar revisión judicial ante el Tribunal

de Apelaciones.2

Específicamente, dispuso:

RECONSIDERACIÓN DE MULTA

La parte adversamente afectada por una multa

podrá, dentro del término de veinte (20) días

desde la fecha de archivo en autos de la

1

2

Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 1.

Íd., pág. 2.

AC-2024-0033

3

notificación de esta, presentar una moción de

reconsideración de la misma. La Oficina de

Permisos (“OP”) dentro de los quince (15) días de

haberse

presentado

dicha

moción

deberá

considerarla. Si la rechazare de plano o no

actuare dentro de los quince (15) días, el

término para solicitar revisión comenzará a

correr nuevamente desde que se notifique dicha

denegatoria o desde que expiren esos quince (15)

días, según sea el caso. Si se tomare alguna

determinación en su consideración, el término

jurisdiccional

de

treinta

(30)

días

para

solicitar

revisión

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones empezará a contarse desde la fecha en

que se archive en autos una copia de la

notificación

de

la

resolución

de

la

OP

resolviendo

definitivamente

la

moción

de

reconsideración.

Tal

resolución

deberá

ser

emitida y archivada en autos dentro de los

noventa (90) días siguientes a la radicación de

la moción de reconsideración. Si la agencia acoge

la moción de reconsideración pero deja de tomar

alguna acción con relación a la moción dentro de

los noventa(90) días de ésta haber sido radicada,

perderá jurisdicción sobre la misma y el término

de treinta (30) días para solicitar la revisión

judicial ante el Tribunal de Apelaciones empezará

a contarse a partir de la expiración de dicho

término de noventa (90) días salvo que la

agencia, por justa causa y dentro de esos noventa

(90) días, prorrogue el término para resolver por

un período que no excederá de treinta (30) días

adicionales.3

Así las cosas, el 31 de julio de 2023, la peticionaria

presentó una Solicitud de Reconsideración dirigida a la

Oficina de Permisos del Municipio de San Juan.4

En primer

lugar,

penalidad

argumentó

que

la

notificación

de

la

impuesta violaba el debido proceso de ley en su vertiente

procesal,

al

no

proveerle

oportunidad

de

solicitar

una

Vista Administrativa. A su vez, planteó que no procedía la

multa

3

4

como

cuestión

Íd.

Íd., págs. 3-4.

de

derecho

porque

su

negocio

se

AC-2024-0033

4

dedicaba a la venta de comida y el expendio de bebidas

alcohólicas era accesorio a este.

El 13 de septiembre de 2023, aún sin una contestación

del Municipio de San Juan, la peticionaria presentó un

recurso

de

Revisión

Judicial

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. En este levantó como único planteamiento de

error que:

Erró la parte recurrida al emitir una multa

contra la peticionaria y luego negarle el derecho

a una vista administrativa en donde esta pueda

presentar evidencia a su favor y confrontar la

prueba con la que cuenta el Municipio para

sostener dicha penalidad.5

Así

las

cosas,

el

15

de

septiembre

de

2023,

el

Tribunal de Apelaciones, emitió una Resolución en la cual

le concedió al Municipio de San Juan un plazo perentorio de

treinta (30) días para presentar su alegato en oposición.

Luego, el 3 de noviembre de 2023, y sin el Municipio de San

Juan comparecer, el foro apelativo intermedio emitió una

Resolución

ordenando

al

Municipio

a

que

en

un

plazo

perentorio de veinte (20) días presentara copia fiel y

exacta

del

expediente

multa.

Se

le

administrativo

apercibió

a

este

que

relacionado

el

a

la

incumplimiento

conllevaría la imposición de sanciones. Transcurrido

el

término sin la comparecencia del Municipio de San Juan, el

26

de

febrero

Resolución

5

6

a

Íd., pág. 10.

Íd., pág. 17

de

los

2024

mismos

el

foro

fines.6

intermedio

emitió

otra

En

advirtió

que

esta,

AC-2024-0033

5

además de sanciones por el incumplimiento, podría exponerse

a que se eliminara la multa impuesta.

Sin

embargo,

y

a

el

de

marzo

emitidos,

27

pesar

de

de

los

2024,

apercibimientos

el

Tribunal

de

Apelaciones emitió una Sentencia en la que confirmó la

multa

administrativa

emitida.

Lo

anterior

sin

que

el

Municipio de San Juan compareciera ante ese foro y sin

contar con copia del expediente administrativo. El tribunal

a quo sostuvo su dictamen en la presunción de corrección

que

cobija

los

procesos

administrativos

y

le

brindó

deferencia a la determinación del Municipio de San Juan.

Particularmente señaló que la peticionaria no incluyó en su

recurso

el

Permiso

de

Uso

otorgado

a

su

favor

por

el

Municipio de San Juan. Entendió que la ausencia de este

documento dificultaba la evaluación de si esta tenía o no

permiso

para

vender

alimentos

preparados

y/o

alcohol.

Siendo así, concluyó que la peticionaria no logró derrotar

la presunción de corrección que cobijaba la multa.

Inconforme con ese dictamen, la peticionaria presentó

una

Moción

de

Reconsideración.

En

esta,

argumentó

nuevamente que el asunto central planteado ante el foro

apelativo intermedio, y que fue obviado por este, era si el

Municipio de San Juan tenía que conceder la oportunidad de

presentar evidencia en una Vista Administrativa. Planteó

que el dictamen sostenía una multa donde nunca se le dio la

oportunidad de ser oída y de confrontar la prueba en su

contra. Señaló, además, que la ausencia del Permiso de Uso

AC-2024-0033

6

era una deficiencia que se hubiera subsanado del Municipio

de San Juan cumplir con las dos Resoluciones emitidas por

el Tribunal de Apelaciones, para que sometiera copia del

expediente administrativo.

El 19 de abril de 2024, el Tribunal de Apelaciones

emitió una Resolución denegando la reconsideración. Tras

este revés judicial, el 22 de mayo de 2024, la peticionaria

presentó ante nos un Recurso de Apelación en el cual señaló

como único error el siguiente:

Único Error: Erró el Tribunal de Apelaciones al

confirmar la multa emitida contra la peticionaria

a pesar de que a esta se le negó el derecho a una

Vista Administrativa en donde pudiese presentar

evidencia a su favor y confrontar la prueba con

la que cuenta el Municipio para sostener dicha

penalidad.

Luego de evaluado el escrito presentado, el 28 de junio de

2024, acogimos el mismo como un certiorari, por ser el

recurso apropiado y lo expedimos. El 6 de agosto de 2024,

le

concedimos

al

Municipio

de

San

Juan

un

término

de

treinta (30) días para presentar su alegato. El Municipio

de San Juan no compareció, por lo que el 17 de septiembre

de 2024, le concedimos un término adicional de diez (10)

días. Transcurrido este término, el caso quedo sometido

para adjudicación sin el beneficio de su comparecencia.

II

A.

El Artículo II, Sección 7 de la Constitución de Puerto

Rico, establece que “[n]inguna persona será privada de su

libertad o propiedad sin [un] debido proceso de ley”. Art.

AC-2024-0033

7

II, Sec. 7, Const. P.R., LPRA, Tomo 1. Es harto conocido

que las exigencias de esta protección constitucional contra

la

privación

arbitraria

o

irrazonable

de

un

interés

individual de libertad o propiedad, tanto en su vertiente

sustantiva como la procesal, es extensiva a las actuaciones

de las agencias administrativas. Almonte et al. v. Brito,

156 DPR 475, 481 (2002); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., 133 DPR 881 (1993).

No obstante, en el ámbito procesal, la exigencia de

que

las

agencias

constituye

una

provean

camisa

de

un

debido

fuerza

que

proceso

de

ley

no

prive

a

estos

de

dirigir a sus procesos de forma justa, práctica y flexible.

Almonte et al. v. Brito, supra; López Vives v. Policía de

P.R., 118 DPR 219, 230–31 (1987) (“El debido proceso no es

un

‘molde

rígido

que

prive

de

flexibilidad’

a

los

organismos administrativos, […], pero requiere un proceso

justo

y

equitativo

que

respete

la

dignidad

de

los

individuos afectados”); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR

834, 841 (1978)(“Como se sabe, el debido procedimiento de

ley

ofrece

protección

contra

la

posible

arbitrariedad

administrativa, pero no es un molde rígido que prive de

flexibilidad responsable a dichos procedimientos”).

Por tanto, este foro ha reconocido que “[d]ependiendo

de las circunstancias, diversas situaciones pueden requerir

diferentes tipos de procedimientos, pero siempre persiste

el requisito general de que el proceso gubernamental debe

AC-2024-0033

ser

justo

8

e

imparcial”.

(Negrilla

suplida).

Rivera

Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 888.

Cónsono

exigencias

con

lo

anterior,

para

del

debido

proceso

mínimas

satisfacer

las

de

su

ley,

en

vertiente procesal, nuestra jurisprudencia ha reiterado que

se

deben

cumplir

notificación

con

adecuada

los

requisitos

del proceso;

siguientes:

(1)

(2) proceso ante

un

juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada

en su contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la

decisión se base en el récord. Vázquez González v. Mun. de

San Juan, 178 DPR 636, 643 (2010); Hernández v. Secretario,

164 DPR 390, 395–396 (2005); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., supra, pág. 889.

Así

las

cosas,

al

aprobar

la

LPAU,

la

Asamblea

Legislativa “extendió a los procedimientos adjudicativos de

las

agencias

administrativas

ciertas

garantías

mínimas

inherentes al debido proceso de ley” dado a que “en su

función

adjudicativa,

las

agencias

administrativas

intervienen con intereses libertarios y propietarios del

ciudadano”. Álamo Romero v. Adm. Corrección, 175 DPR 314,

329 (2009). La Sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9641,

reconoce las garantías antes señaladas.7

Específicamente la Sección 3.1 de la LPAU, supra, dispone al respecto

que:

7

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia

se salvaguardarán los siguientes derechos:

AC-2024-0033

9

Estas protecciones que provee la LPAU son extensivas a

los procesos mediante los cuales un municipio impone una

multa administrativa, ya sea bajo la Ley Núm. 107-2020,

según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto

Rico, 21 LPRA sec. 7001 et seq., o bajo la Ley Núm. 1612009, supra. En lo pertinente, el Art. 1.009 del Código

Municipal, 21 LPRA sec. 7014, dispone que:

[…]

En

el

ejercicio

de

sus

facultades

para

reglamentar,

investigar,

emitir

decisiones,

certificados, permisos, endosos y concesiones, el

municipio

podrá

imponer

y

cobrar

multas

administrativas de hasta un máximo de cinco mil

(5,000)

dólares

por

infracciones

a

sus

ordenanzas,

resoluciones

y

reglamentos

de

aplicación general, conforme se establezca por

ley u ordenanza.

El municipio deberá adoptar mediante ordenanza un

procedimiento uniforme para la imposición de

multas administrativas que contenga las garantías

del debido procedimiento de ley en su vertiente

sustantiva, similar al establecido en las secs.

9601 et seq. del Título 3, conocida como “Ley de

Procedimiento

Administrativo

Uniforme

del

Gobierno de Puerto Rico”. […] (Negrilla suplida).

A su vez, el Art. 14.10 de la Ley Núm. 161-2009, 23

LPRA sec. 9024i, establece que:

[…]f) La parte adversamente afectada por una

multa expedida por la Junta de Planificación, el

Oficial

Auditor

de

Permisos,

la

Entidad

Gubernamental Concernida o por los Municipios

Autónomos con Jerarquía de la I a la V, podrá

solicitar

reconsideración

o

revisión

según

(A)Derecho a notificación oportuna de los

querellas o reclamos en contra de una parte.

cargos

o

(B)Derecho a presentar evidencia.

(C)Derecho a una adjudicación imparcial.

(D)Derecho a que la decisión sea basada en el expediente.

3 LPRA sec. 9641,

AC-2024-0033

10

dispuesto en las secs. 9601 et seq. del Título 3,

conocidas

como

“Ley

de

Procedimiento

Administrativo Uniforme”. (Negrilla suplida).

B.

Es norma de derecho claramente establecida que los

tribunales

apelativos,

al

momento

de

revisar

las

determinaciones administrativas, están obligados a conceder

deferencia

a

consideración

a

las

decisiones

que

estas

de

poseen

las

la

agencias

experiencia

en

y

el

conocimiento especializado sobre los asuntos que se les han

delegado. Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35

(2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626

(2016); Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358

(2012). En vista de lo anterior, se ha reiterado también

que las determinaciones administrativas están revestidas de

una

presunción

de

legalidad

y

corrección

que

debe

ser

respetada mientras la parte que las impugne no produzca

evidencia

suficiente para derrotarlas.

Torres Rivera v.

Policía de PR, supra; Trigo Margarida v. Junta Directores,

187 DPR 384, 393–394 (2012); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146

DPR 64, 130 (1998).

Por

ello,

este

Tribunal

ha

considerado

la

razonabilidad de la acción impugnada como criterio rector

al revisar una actuación de la agencia recurrida. Torres

Rivera v. Policía de PR, supra; Mun. San Juan v. Plaza Las

Américas, 169 DPR 310, 323 (2006); Hernández, Álvarez v.

Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006). Al aplicar este

criterio, los tribunales revisores deben determinar si la

AC-2024-0033

decisión

11

de

reglamentos

la

y

agencia

las

leyes

en

la

interpretación

que

le

incumbe

de

implementar

los

es

razonable y no “si la decisión administrativa es la más

razonable o la mejor”. Álvarez v. Centro Unido, supra, pág.

616; P.C.M.E. v. J.C.A., 166 DPR 599, 617 (2005). Dicho de

otra forma, la revisión judicial procede “si la agencia

actuó

de

manera

irrazonable

que

arbitraria

su

o

ilegal,

actuación

o

en

forma

tan

constituye

un

abuso

de

discreción”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág.

35; Torres Rivera v. Policía de PR, supra.

Así pues, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675,

y nuestra jurisprudencia limita la revisión judicial a los

siguientes tres aspectos: “(1) que el remedio concedido por

la agencia fue el apropiado; (2) que la revisión de las

determinaciones

de

hecho

esté

conforme

al

criterio

de

evidencia sustancial, y (3) determinar si las conclusiones

de derecho fueron correctas mediante su revisión completa y

absoluta”. Pagán Santiago et al. v. ASR, supra, pág. 358.

En esta dirección, notamos que la Sección 3.14 de la LPAU,

3 LPRA sec. 9654, establece que la determinación final de

la agencia, que está sujeta a revisión judicial, deberá

contener: determinaciones de hecho, conclusiones de derecho

y

la

advertencia

sobre

el

derecho

a

solicitar

reconsideración o revisión judicial.

En Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 DPR 265,

275

(1987),

razonamos

que

el

requisito

de

incluir

determinaciones de hecho y derecho constituye una regla

AC-2024-0033

general,

12

independientemente

de

procedimiento administrativo

que

se

trate

formal o informal.

de

un

Así las

cosas, notamos que efectuar estos requisitos persigue los

objetivos siguientes:

(1) “proporciona a los tribunales la oportunidad

de

revisar

adecuadamente

la

decisión

administrativa y facilitar esa tarea”; (2)

“fomenta que la agencia adopte una decisión

cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de

su autoridad y discreción”; (3) “ayuda a la parte

afectada a entender por qué el organismo

administrativo decidió como lo hizo, y así

aquélla puede, mejor informada, decidir si acude

al foro judicial o acata la determinación”; (4)

“promueve

la

uniformidad

intraagencial’,

particularmente cuando “el proceso decisorio

institucional es adoptado por distintos miembros

de un comité especial a quienes les está

encomendado celebrar vistas y recibir la prueba”,

y (5) “evita que los tribunales nos apropiemos de

funciones que corresponden propiamente, bajo el

concepto

de

especialización

y

destreza

(expertise), a las agencias administrativas. Íd.,

págs. 276-278.

III

En su recurso ante nos, la parte peticionaria arguye,

como

único

señalamiento

Apelaciones

erró

de

error,

gravemente

al

que

el

Tribunal

confirmar

la

de

multa

administrativa emitida por el Municipio de San Juan, a

pesar

de

que

este

presentar

evidencia

utilizada

en

su

último

a

su

contra.

le

negó

favor

y

En

la

oportunidad

confrontar

particular,

la

dispuso

de

prueba

que

la

Sentencia recurrida obvió el señalamiento principal de que

el Municipio actuó de manera contraria al debido proceso de

ley. Además, señaló que, contrario a lo dispuesto en la

Sentencia aquí impugnada, el foro intermedio hubiera estado

AC-2024-0033

13

en posición de resolver si el Municipio hubiese cumplido

con

las

Órdenes

emitidas

para

que

proveyera

copia

del

expediente administrativo del caso.

Como ya recalcamos, el debido proceso de ley en su

vertiente

procesal

aplica

a

los

procedimientos

administrativos como este. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee

Stowell, etc., supra; Art. 14.10 de la Ley Núm. 161-2009,

supra.

Mediante

esa

garantía

se

pretende

lograr

una

protección en contra de la arbitrariedad sin privar el

carácter expedito y flexible de los procesos adjudicativos

celebrados ante una agencia administrativa. Pérez Ríos v.

Hull Dobbs, supra. Como criterio general, el proceso tiene

que ser uno justo e imparcial, el cual provea, como mínimo:

(1) una notificación adecuada; (2) un proceso ante un juez

imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) el derecho a

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada

en su contra; (5) la oportunidad de tener asistencia de

abogado, y (6) que la decisión se base en el expediente.

Vázquez

González

v.

nuestra

jurisdicción,

Mun.

la

San

Juan,

decisión

supra.

Además,

administrativa

en

final

tiene que contener conclusiones de hecho y derecho. Rivera

Santiago v. Srio. De Hacienda, supra. Todo lo anterior

constituye un mínimo de garantías que el Municipio de San

Juan tenía que proveer al amparo de la Ley Núm. 161-2009,

supra. Evaluemos si se cumplió con esto.

Según relatamos previamente, en este caso el Municipio

de

San

Juan

emitió

una

multa

administrativa

por

AC-2024-0033

infracciones

14

a

la

Ley

Núm.

161-2009,

supra.

Conforme

expuesto en el boleto expedido, la peticionaria solo podía

solicitar reconsideración por escrito dentro del término de

veinte (20) días desde la notificación de la multa. Una vez

recibida,

la

Oficina

de

Permisos

podía

considerarla

o

rechazarla de plano dentro de los quince (15) días de su

presentación,

quedando

suspendidos

los

términos

jurisdiccionales para acudir al Tribunal de Apelaciones

hasta tanto se emitiera la Resolución resolviendo la moción

de reconsideración o rechazando el escrito.

No obstante, el Municipio de San Juan no proveyó las

garantías mínimas del debido proceso de ley que imperan en

nuestro ordenamiento. Resulta insólito el hecho de que el

recurrido

ejecutó

administrativa

se

un

proceso

convirtió

en

en

el

cual

una

decisión

la

multa

final,

sin

mayor consideración.8 La parte adversamente afectada tenía

derecho a comparecer ante un juzgador imparcial, a ser

escuchada y confrontar la prueba en su contra. Para ello,

debía

poder

administrativa

solicitar

dentro

la

del

celebración

término

de

de

una

vista

veinte

(20)

días

provisto para la presentación de una reconsideración. A su

vez,

el

Municipio

notificárselo

para

de

San

Juan

tenía

el

deber

que

pudiera

ejercer

ese

de

así

derecho.

De

Asimismo, la ausencia de una vista administrativa y la falta de

garantías del debido proceso de ley imposibilitaron que el Tribunal de

Apelaciones ejerciera su función revisora sobre los méritos de la

multa.

8

AC-2024-0033

15

solicitarlo, como en efecto sucedió, se debía celebrar una

Vista Adjudicativa para evaluar la multa emitida.

Por

otro

lado,

entendemos

que

la

Sentencia

del

Tribunal de Apelaciones constituye una abdicación total de

su deber fundamental de hacer justicia y de velar por que

las

agencias

no

actúen

irrazonable.

El

Municipio

manera

Juan

no

del

caso

luego

de

recurrido.

En

administrativo

requiriera

el

de

arbitraria,

San

expediente

foro

de

ese

ilegal

o

elevó

el

que

aspecto,

se

lo

resulta

improcedente que el Tribunal de Apelaciones confirmara una

determinación

administrativa

bajo

la

presunción

de

legalidad y corrección que reviste estos procesos sin haber

tenido

para

su

estudio

los

documentos

relevantes.

Tal

actuación constituye una deferencia a ciegas de la decisión

tomada

por

Tribunal

el

de

ente

municipal.

Apelaciones

debió

Una

vez

contar

solicitado,

con

el

el

expediente

administrativo para llevar a cabo su función revisora de

manera adecuada.

Destacamos que las Reglas 59 y 63 del Reglamento del

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, facultan al

foro

intermedio

a

permitir

que

las

partes

sometan

documentos del apéndice luego de presentado un recurso. Así

las cosas, el foro recurrido erró al confirmar la multa por

razón

de

que

se

omitieron

documentos

que

debieron

ser

incluidos en el apéndice del recurso de revisión judicial.

Este,

por

el

contrario,

debió

emitir

una

Orden

efectos de que la peticionaria sometiera los mismos.

a

los

AC-2024-0033

16

Tampoco

podemos

avalar

la

tolerancia

que

tuvo

el

Tribunal de Apelaciones ante el incumplimiento reiterado

del Municipio de San Juan con las Órdenes para que elevara

el expediente administrativo. El foro apelativo intermedio

debió actuar tal cual advirtió en sus Resoluciones de 3 de

noviembre de 2023 y 26 de febrero de 2024 y proceder a

imponerle sanciones al Municipio de San Juan para lograr

que

este

cumpliera

con

las

Órdenes

emitidas.

Las

advertencias realizadas en una orden o resolución judicial

no son meras coletillas añadidas a un escrito o amenazas

hechas en el vacío. En cambio, son apercibimientos sobre

las consecuencias reales y el proceder que se llevará a

cabo de una parte incumplir con estas, por lo que no deben

ser ignoradas o tomadas livianamente.

Por último, advertimos que la desidia desplegada por

el Municipio de San Juan al incumplir con la Resoluciones

tanto del Tribunal de Apelaciones como de este Tribunal

resulta en una carga importuna a la sana administración de

la justicia. Nos encontramos ante una entidad pública que

optó

por

asumir

una

actitud

desinteresada

en

este

procedimiento. Exhortamos a los tribunales a hacer uso de

los medios a su alcance para evitar este tipo de conducta.

IV

En consideración a los fundamentos antes expuestos, se

revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones.

En

consecuencia,

Permisos

del

se

devuelve

Municipio

el

Autónomo

caso

de

a

San

la

Oficina

Juan

para

de

que

AC-2024-0033

17

celebre una Vista dentro del término de quince (15) días de

notificada

esta

Opinión.

Se

le

apercibe

al

Municipio

Autónomo de San Juan y a su Director de la División Legal,

que el incumplimiento con este término pudiese conllevar la

imposición de sanciones severas, incluyendo que se refiera

el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que se

inicie un procedimiento de desacato civil en su contra.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Katiria´s Café, Inc.

Peticionaria

v.

AC-2024-0033

Municipio Autónomo de San Juan

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones. En consecuencia, se devuelve el caso a la

Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan para

que celebre una Vista Administrativa dentro del término de

quince (15) días de notificada esta Opinión. Se le apercibe

al Municipio Autónomo de San Juan y a su Director de la

División Legal, que el incumplimiento con este término

pudiese conllevar la imposición de sanciones severas,

incluyendo que se refiera el asunto al Tribunal de Primera

Instancia para que se inicie un procedimiento de desacato

civil en su contra.

Se ordena la notificación

Municipio Autónomo de San Juan.

personal

Lo pronunció, manda el Tribunal

Secretario del Tribunal Supremo.

al

y

alcalde

del

certifica

el

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo