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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Alejandro G. Carrasco Castillo

2025 TSPR 31

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Alejandro G. Carrasco Castillo

TS-8,193

26 de marzo de 2025 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión permanente e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por actos que implican depravación moral al ser encontrado culpable y sentenciado en el foro federal.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2025 TSPR 31

215 DPR ___

Alejandro G. Carrasco Castillo

Número del Caso:

Fecha:

TS-8,193

26 de marzo de 2025

Representante legal del Sr. Alejandro G. Carrasco Castillo:

Lcda. Margarita Carrillo Iturrino

Materia: Conducta Profesional – Suspensión permanente e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría por actos que implican

depravación moral al ser encontrado culpable y sentenciado en el

foro federal.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Conducta

Profesional

TS-8193

Alejandro G. Carrasco

Castillo

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de marzo de 2025.

En

el

ejercicio

de

nuestro

poder

inherente

para

reglamentar la profesión legal en Puerto Rico, en esta

ocasión

nos

vemos

obligados

a

suspender

permanente

e

indefinidamente de la práctica de la abogacía y la notaría

a un profesional del Derecho, por incurrir en conducta

delictiva

de

la

cual

fue

encontrado

culpable

y

posteriormente sentenciado en el foro federal.1

Con su conducta, el abogado se apartó de los principios

de

honradez

y

moral

que

deben

distinguir

a

quienes

pertenecemos a esta noble profesión. Dicha conducta denota

1

En vista de que el Sr. Alejandro G. Carrasco Castillo (señor

Carrasco Castillo o abogado) fue suspendido provisionalmente de la

profesión legal, para fines de la ponencia nos referiremos a éste en

el historial procesal como “licenciado Carrasco Castillo o abogado”

hasta la fecha de su suspensión.

TS-8193

2

un carácter moralmente corrompido que le inhabilita para

continuar

ejerciendo

la

profesión

jurídica

en

nuestra

jurisdicción.

I

El

licenciado

Carrasco

Castillo

fue

admitido

a

la

profesión legal el 10 de enero de 1986 y prestó juramento

como notario el 11 de julio de 1986.

A los fines de contextualizar el devenir del asunto que

aquí concierne, precisamos señalar que hace más de una

década las autoridades federales comenzaron a investigar

un alegado esquema de corrupción gubernamental en el cual

tres (3) municipios de Puerto Rico -Río Grande, Barceloneta

y Juncos- otorgaron contratos a una firma de consultoría

ambiental

liderada

por

el

Sr.

Juan

Carlos

Mercado

(contratista). Como resultado de dicha investigación, las

autoridades federales arrestaron al contratista en febrero

de 2012 y éste accedió a cooperar en la grabación de

conversaciones

entre

el

Sr.

Eduardo

Rivera

Correa,

exalcalde del Municipio de Río Grande, y el licenciado

Carrasco Castillo, quien fungía como representante legal

de esos municipios.2

Finalmente, el 8 de julio de 2014, el abogado fue

acusado por un Gran Jurado Federal en el Tribunal de

Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal

federal) por cuatro (4) cargos de soborno asociado con

2

Véase United States of America v. Alejandro Carrasco-Castillo,

Caso Núm. 21-1396, pág. 2.

TS-8193

3

fondos federales en violación a1 18 USC sec. 666(a)(1)(B).3

En cada uno de estos cargos se le imputó al abogado haber

solicitado y aceptado dinero del contratista a cambio de

que le ayudara a obtener contratos con los mencionados

municipios.

Por este esquema de corrupción gubernamental,

el licenciado Carrasco Castillo enfrentó juicio y el 11 de

diciembre de 2019 un Jurado emitió un veredicto unánime de

culpabilidad en los cuatro (4) cargos imputados en su

contra.

El 12 de diciembre de 2019, la Secretaría del Tribunal

federal remitió a este Foro una copia del veredicto emitido

en el mencionado caso.

Ante esto, el 2 de enero de 2020,

emitimos una Resolución en la que le concedimos al abogado

un término de diez (10) días para que mostrara causa por

la

cual

no

debíamos

suspenderlo

provisionalmente

3

del

Véase United States of America v. Alejandro Carrasco-Castillo,

Caso Núm. 14-423 (FAB). En particular, el 18 USC sec. 666(a)(1)(B)

dispone lo siguiente:

18 U.S. Code § 666 - Theft or bribery concerning programs

receiving Federal funds

(a)

Whoever,

if

the

circumstance

subsection (b) of this section exists—

described

(1) being an agent of an organization, or of

a State, local, or Indian tribal government, or any

agency thereof—

. . . . . . . .

(B) corruptly solicits or demands for the benefit

of any person, or accepts or agrees to accept,

anything of value from any person, intending to be

influenced or rewarded in connection with any

business, transaction, or series of transactions of

such organization, government, or agency involving

any thing of value of $5,000 or more; or

. . . . . . . .

shall be fined under this title, imprisoned not more

than 10 years, or both.

in

TS-8193

4

ejercicio de la abogacía y la notaría, al amparo de nuestro

poder inherente de reglamentar el ejercicio de la profesión

legal y lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo

de 1909, 4 LPRA sec. 735.4

ordenamos

al

Alguacil

Además, como medida cautelar,

de

este

Tribunal

a

incautar

preventivamente la obra y el sello notarial del licenciado

Carrasco Castillo.5

En cumplimiento de orden, el 13 de enero de 2020, el

abogado presentó una moción en la cual manifestó que se

allanaba a la determinación de suspensión provisional de

la abogacía y la notaría.

Asimismo, informó que el 30 de

diciembre de 2019 había presentado un escrito ante Tribunal

federal mediante el cual solicitó que se dejara sin efecto

el

veredicto

en

su

contra

culpabilidad en su caso.

y

se

determinara

la

no

Añadió que, de no ser favorable

dicha solicitud, apelaría su sentencia.

Luego de evaluar la mencionada moción, el 24 de enero

de 2020 emitimos una Resolución en la que ordenamos la

4

De acuerdo con la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, 4 LPRA

sec. 735, cuando un abogado es hallado culpable de cualquier delito

que implique depravación moral, como es el caso del soborno, deberá

ser suspendido o destituido de la profesión jurídica.

5

Luego de la incautación preventiva de la obra notarial, el 4 de

febrero de 2020 emitimos una Resolución mediante la cual le concedimos

al abogado un término de sesenta (60) días para que subsanara las

deficiencias en su obra notarial, según consignado en el Informe sobre

el estado de la obra notarial incautada presentado el 27 de enero

de 2020 por el Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús, Director de la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN).

Más adelante, el 10 de julio de 2020, el Director de la ODIN,

presentó un Informe final sobre el estado de la obra notarial

incautada, en el cual informó que el señor Carrasco Castillo había

cumplido con el proceso de subsanación de su obra protocolar, por lo

que no tenía asunto adicional pendiente ante la ODIN. Así las cosas,

el 31 de julio de 2020, emitimos una Resolución mediante la cual nos

dimos por enterado del Informe de la ODIN y dimos por terminada la

fianza que garantizaba la función notarial del abogado.

El archivo

en autos de copia de la Resolución fue el 18 de agosto de 2020.

TS-8193

5

suspensión provisional del licenciado Carrasco Castillo

del ejercicio de la abogacía y la notaría.

A su vez, le

ordenamos que nos mantuviera informados sobre el estado

del proceso penal que se seguía en su contra ante el

Tribunal federal y le apercibimos que, de ser confirmada

la condena y ésta adviniera final y firme, procederíamos a

suspenderlo de manera indefinida de la profesión legal.

Más adelante, el 30 de abril de 2021, el señor Carrasco

Castillo presentó una Moción en cumplimiento de Resolución,

en la que nos informó que el 27 de abril de 2021 el Tribunal

federal había dictado sentencia y le impuso una pena de

reclusión de diez (10) años en cada uno de los cargos

imputados, a ser cumplidos de forma concurrente.

A su vez,

indicó que se proponía apelar la sentencia impuesta, por

lo

que

nos

solicitó

que

se

mantuviera

la

suspensión

provisional del ejercicio de la abogacía y la notaría hasta

tanto culminara el trámite apelativo.

Por último, se

comprometió a informar a este Tribunal el resultado del

proceso apelativo.

Así pues, el 12 de mayo de 2021, declaramos con lugar

la Moción en cumplimiento de Resolución presentada por el

señor Carrasco Castillo el 30 de abril de 2021, por lo que

mantuvimos en vigor la suspensión provisional del abogado.

También le ordenamos que nos mantuviera informados sobre

el

resultado

del

trámite

apelativo

para

revisar

su

sentencia condenatoria y le recordamos que, de confirmarse

su sentencia, procederíamos a suspenderlo indefinidamente

del ejercicio de la abogacía y la notaría.

TS-8193

6

Transcurridos casi cuatro (4) años desde nuestra última

disposición en el caso, el 23 de enero de 2025 el señor

Carrasco Castillo presentó una Moción informativa y en

cumplimiento de orden ante este Foro.

En ésta expuso que

apeló su condena ante el Tribunal de Apelaciones para

el Primer Circuito de Estados Unidos (Caso Núm. 21-1396) y

dicho foro confirmó la sentencia impuesta.

Añadió que

recurrió ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos y éste

denegó la expedición del auto de certiorari presentado

(Caso Núm. 23-7754).6 Por todo lo cual, el señor Carrasco

Castillo nos solicitó que demos por cumplida la Resolución

del 24 de enero de 2020.

II

En

múltiples

ocasiones

Tribunal

tiene

el

poder

ejercicio

de

la

abogacía

hemos

expresado

inherente

en

de

que

este

reglamentar

nuestra

el

jurisdicción.

In re Catalá Suárez, 213 DPR 131, 134 (2023); In re Reyes

Martínez,

207

DPR

536,

539

(2021);

Maldonado, 206 DPR 1029, 1039 (2021).

In

re

Santiago

Este Foro puede

desaforar o suspender por un término específico a los

miembros de la profesión legal que no sean aptos para

ejercer

tal

ministerio.

In

re

Catalá

Suárez,

supra,

pág. 134; In re Santamaría Torres, 208 DPR 383, 385-386

(2021); In re Ortiz Abrams, 194 DPR 492, 495 (2016).

6

Según pudo constatar la Secretaría de este Tribunal, la Petición

de certiorari que presentó el señor Carrasco Castillo ante el Tribunal

Supremo de Estados Unidos fue denegada el 25 de noviembre de 2024.

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7

La Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra,

provee

un

procedimiento

de

separación

sumaria

de

la

profesión jurídica en aquellos casos en los que recaiga un

dictamen

de

culpabilidad

en

contra

de

un

abogado.

In re Peluzzo Perotín, 195 DPR 323, 327 (2016), citando a

S. Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria

del abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 356.

En lo

pertinente, dicha disposición expone lo siguiente:

El abogado que fuere culpable de engaño,

conducta inmoral (malpractice), delito grave

(felony) o delito menos grave (misdemeanor), en

conexión con el ejercicio de su profesión o que

fuere

culpable

de

cualquier

delito

que

implicare

depravación

moral,

podrá

ser

suspendido o destituido de su profesión por el

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La persona

que siendo abogado fuere convicta de un delito

grave cometido en conexión con la práctica de

su profesión o que implique depravación moral,

cesará convicta que fuere, de ser abogado o de

ser

competente

para

la

práctica

de

su

profesión.

Así pues, dicho mecanismo dispuesto en la Sec. 9 de la

Ley de 11 de marzo de 1909, supra, hace innecesario el

proceso disciplinario ordinario fijado en la Regla 14 del

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXI-B.

In re

Velilla Reyes, 200 DPR 248, 252 (2018); In re Peluzzo

Perotín, supra, págs. 327-328.

Se sabe que las funciones inherentes al profesional del

Derecho como oficial del Tribunal provocan que un abogado

convicto según lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de

11 de marzo de 1909, supra, no pueda descargar sus deberes

éticos

profesionales.

In

re

Peluzzo

Perotín,

supra,

pág. 328; In re Zúñiga López, 177 DPR 385, 389 (2009).

TS-8193

8

Cuando un abogado se declara culpable de un delito en

conexión con el ejercicio de la profesión legal y de hechos

que

implican

depravación

moral

y

falta

de

corresponde su separación de la profesión.

honradez,

In re Catalá

Suárez, supra, pág. 135; In re Castro Ward, 202 DPR 168,

170 (2019); In re Vázquez Torres II, 182 DPR 853, 855

(2011).

De igual forma, hemos enfatizado que toda conducta

delictiva

de

un

integrante

de

la

profesión

legal

que

evidencie su quebrantamiento moral, aun cuando no sea

producto o en conexión con el ejercicio de la profesión es

motivo para desaforarlo o suspenderlo.

Torres,

supra,

pág.

386;

In

re

In re Santamaría

Ortiz

Abrams,

supra,

pág. 496; In re Colón Ledée, 190 DPR 51, 54 (2014).

Particularmente,

hemos

manifestado

que

la

depravación

moral consiste en hacer algo contrario a la justicia, la

honradez,

los

buenos

principios

o

la

moral.

In

re

Santamaría Torres, supra, pág. 386; In re Colón Ledée,

supra, pág. 55.

A la luz de la normativa antes esbozada, procedemos a

disponer del presente asunto disciplinario.

III

Luego de evaluar el expediente

del

señor Carrasco

Castillo, queda claro que éste fue declarado culpable en

el Tribunal federal y así fue confirmado por los foros

apelativos a los que recurrió.

La conducta que éste

desplegó constituye depravación moral y evidencia una total

falta de respeto, honradez y sinceridad.

TS-8193

9

Así pues, es evidente que el abogado está incapacitado

para practicar la profesión legal y ello constituye motivo

suficiente para suspenderlo de la abogacía en Puerto Rico.

Por consiguiente, de acuerdo con lo establecido por la

Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, y con

nuestra facultad para reglamentar la profesión jurídica,

procede la suspensión permanente e indefinida del señor

Carrasco

Castillo

del

ejercicio

de

la

abogacía

y

la

notaría.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

suspende

permanente e indefinidamente al señor Carrasco Castillo

del ejercicio de la abogacía y la notaría.

En consecuencia, y de no haberlo hecho aún, el señor

Carrasco Castillo deberá notificar inmediatamente a todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándoles. Asimismo, deberá devolver a sus clientes

los expedientes de los casos pendientes, así como los

honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual

manera, deberá informar inmediatamente de su suspensión a

cualquier foro judicial y administrativo en los que tenga

algún asunto pendiente y acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista de los

foros a los cuales les notificó de su suspensión, dentro

del término de treinta (30) días, contado a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia en conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Alejandro G. Carrasco Castillo

TS-8193

Conducta

Profesional

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 26 de marzo de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de la presente Sentencia, se suspende

permanente e indefinidamente al Sr. Alejandro G.

Carrasco Castillo del ejercicio de la abogacía y la

notaría.

En consecuencia, y de no haberlo hecho aún, el

señor

Carrasco

Castillo

deberá

notificar

inmediatamente a todos sus clientes sobre su

inhabilidad

para

continuar

representándoles.

Asimismo, deberá devolver a sus clientes los

expedientes de los casos pendientes, así como los

honorarios recibidos por trabajos no realizados. De

igual manera, deberá informar inmediatamente de su

suspensión

a

cualquier

foro

judicial

y

administrativo en los que tenga algún asunto

pendiente

y

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista

de los foros a los cuales les notificó de su

suspensión, dentro del término de treinta (30) días,

contado a partir de la notificación de la Opinión

Per Curiam y Sentencia.

TS-8193

2

Notifíquese por correo electrónico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo