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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos G. Chaves Torres

2025 TSPR 32

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carlos G. Chaves Torres

TS-13,924

27 de marzo de 2025 · Hon. Ángel Colón Pérez · Derecho Notarial – En aquellos contratos de arrendamiento donde se incluye una cláusula accesoria de opción a prórroga, cuyo ejercicio requiere del otorgamiento de una escritura pública, los respectivos aranceles notariales por la prórroga se pagarán al momento del otorgamiento de esta última.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2025 TSPR 32

215 DPR ___

Carlos G. Chaves Torres

Número del Caso:

Fecha:

TS-13,924

27 de marzo de 2025

Oficina de Inspección de Notarías:

Lcdo. Manuel E. Ávila De Jesús

Director

Representante legal del Lcdo. Carlos G. Chaves Torres:

Lcdo. Juan C. Salichs Pou

Materia: Derecho Notarial – En aquellos contratos de arrendamiento

donde se incluye una cláusula accesoria de opción a prórroga, cuyo

ejercicio requiere del otorgamiento de una escritura pública, los

respectivos aranceles notariales por la prórroga se pagarán al

momento del otorgamiento de esta última.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos G. Chaves Torres

TS-13,924

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico a 27 de marzo de 2025.

La presente divergencia de criterio entre la

Oficina de Inspección de Notarías y el Lcdo. Carlos

G.

Chaves

Torres

nos

brinda

la

oportunidad

de

puntualizar cuándo, en una cláusula accesoria de

opción

a

prórroga,

arrendamiento,

se

incluida

cancelan

en

un

derechos

contrato

de

arancelarios

notariales.

Adelantamos

que,

tras

evaluar

el

derecho

aplicable al asunto ante nuestra consideración, hoy

pautamos que, en aquellos contratos de arrendamiento

donde se incluye una cláusula accesoria de opción a

prórroga, y en

la cual

se establece como condición

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2

para ejercer dicha prórroga el otorgamiento de una escritura

pública, es al momento de dicho otorgamiento que se pagan

los respectivos aranceles notariales. Veamos.

I.

El pasado 19 de abril de 2023, el Lcdo. Manuel E. Ávila

De Jesús, Director de la Oficina de Inspección de Notarías

(en adelante, “ODIN”), presentó ante este Tribunal un Informe

especial

sobre

incumplimiento

en

la

corrección

de

deficiencias notificadas, sobre divergencias de criterio y

en solicitud de remedios relacionada con el trabajo notarial

del Lcdo. Carlos G. Chaves Torres (en adelante, “licenciado

Chaves Torres”). En la mencionada moción, la ODIN nos informó

que, como parte del proceso ordinario de inspección, los días

29 de mayo de 2019 y 6 de junio de 2019 se realizó el examen

de la obra protocolar formada por el referido letrado.1 En

virtud de ese proceso, se inspeccionaron los tomos de los

Protocolos Notariales correspondientes a los años naturales

2005 al 2016, así como su Libro de Registro de Testimonios.

Como resultado de las inspecciones antes mencionadas,

pero previo a la visita de reinspección, el 26 de julio de

2019 la ODIN le remitió al licenciado Chaves Torres una

Notificación especial pre informe 77(k).2 En ésta, la ODIN

le informó al referido letrado que, en su obra notarial, se

El licenciado Chaves Torres fue admitido al ejercicio de la abogacía

el 30 de enero de 2002 y a la notaría el 7 de marzo de 2005.

1

Cabe destacar que, en In re Enmiendas al Reglamento Notarial, 206 DPR

752 (2021), se añadieron los incisos (f) y (g) a la Regla 77 en el

referido reglamento, redesignando los restantes incisos, siendo hoy en

día la Regla 77(m) la antes Regla 77(k).

2

TS-13,924

3

había identificado una deficiencia arancelaria preliminar de

$54,359.00. Por lo anterior, la referida dependencia de este

Tribunal le concedió un término de quince (15) días al

licenciado Chaves Torres para que expresara las razones por

las

cuales

preventiva

ésta

de

su

no

debía

obra

y

su

solicitarnos

sello

la

notarial.

incautación

Además,

le

requirió que, dentro del mismo término, certificara haber

cancelado la mencionada deuda arancelaria.

En respuesta, el 8 de agosto de 2019 el licenciado

Chaves Torres compareció ante la ODIN mediante una carta por

correo certificado. En síntesis, el referido letrado expresó

tener

una

divergencia

de

criterio

en

torno

a

las

deficiencias arancelarias identificadas en la inspección

realizada.

En particular, el licenciado Chaves Torres arguyó que

las deficiencias arancelarias identificadas por la ODIN en

la inspección de parte de su obra notarial no son sobre la

cuantía fija y determinada de los instrumentos otorgados,

sino sobre opciones de término condicionadas, que surgen en

algunos

de

los instrumentos

públicos

otorgados.

Por

lo

anterior, el referido letrado solicitó a la ODIN que se le

permitiera continuar con el proceso ordinario de inspección

según establecido en la Regla 77, inciso (i), del Reglamento

Notarial de Puerto Rico, infra, y, de ser necesario, bajo

el inciso (j) de la referida regla, infra.

Así las cosas, el 12 de agosto de 2019 la ODIN remitió

una comunicación al licenciado Chaves Torres intitulada

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4

Acuse de recibo notificación especial pre informe 77k. En

lo pertinente, y en respuesta a la comunicación del referido

letrado, para validar su proceder, la referida dependencia

de este Tribunal hizo referencia a cierta Resolución emitida

el 23 de junio de 1975 por el Tribunal Superior de Puerto

Rico, Sala de San Juan, Caso Civil Núm. 74-2848 sobre

divergencia de criterio, en la que dicho foro concluyó que

al no existir una exención expresa en la Ley 101 de 12 de

mayo de 1943, infra, el notario debía cancelar los sellos

de rentas internas por los arrendamientos y sus respectivas

prórrogas.3

Así las cosas, el 23 de diciembre de 2019 la ODIN le

remitió al licenciado Chaves Torres una Notificación informe

En dicha Resolución, el mencionado foro de primera instancia tuvo ante

su consideración una controversia similar a la que se encuentra ante

nos. En específico, se evaluó si el notario en aquel caso tenía la

obligación, o no, de cancelar los sellos de rentas internas en cierta

escritura de arrendamiento de bienes inmuebles por concepto de

prórrogas.

3

En aquella ocasión, el notario fundamentó su oposición basándose en la

Ley del Arancel de los Derechos que se han de Pagar por las Operaciones

en el Registro de la Propiedad, Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970 (30

LPRA sec. 1767a et seq.) según vigente en aquel momento, la cual

establecía que en ningún caso se tomarían en consideración las prórrogas

para el cálculo de los derechos a pagarse en las operaciones registrales.

Además, argumentó que el estatuto que regía, -- y aun rige --, el cobro

de derechos para los instrumentos públicos, la Ley de Arancel Notarial,

infra, no definía el término “cuantía”.

Tras un breve análisis del derecho aplicable, el Tribunal Superior

determinó que, al no existir una exención expresa en la Ley 101 de 12

de mayo de 1943, infra, el notario debía cancelar los sellos de rentas

internas por los arrendamientos y sus respectivas prórrogas. Dicha

determinación fue emitida el 26 de junio de 1975 por el Juez Superior

señor Domingo Raffucci.

Cabe señalar que, en el Informe antes mencionado de 19 de abril de 2023,

la referida dependencia de este Tribunal expresó que la antes discutida

Resolución de 1975 del foro de primera instancia fue incluida “por ser

el fundamento vinculante y normativo que motiva el señalamiento por

concepto de deficiencia arancelaria imputado”. Véase, Informe especial

sobre incumplimiento en la corrección de deficiencias notificadas, sobre

divergencias de criterio y en solicitud de remedios de 19 de abril de

2023 presentado por la ODIN, pág. 2.

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5

final de inspección RUA 13,924 (Regla 77k). En ésta, la ODIN

le

expresó

al

referido

letrado

de

la

existencia

de

determinadas deficiencias en la obra protocolar autorizada,

cuyo examen comprendió el periodo de los años naturales 2005

al 2016, así como una deficiencia arancelaria de cuarenta y

siete mil seiscientos sesenta dólares ($47,660.00), entre

otros señalamientos.

En respuesta, el 7 de enero de 2020 el licenciado Chaves

Torres

le

informó

subsanatorias

inspección

a

la

encaminadas

de

su

obra

ODIN

a

sobre

finiquitar

notarial.

las

el

Ahora

gestiones

proceso

bien,

en

de

lo

relacionado a las deficiencias arancelarias en aquellos

contratos

de

arrendamiento

que

incluían

una

opción

de

prórrogas, el referido letrado mantuvo sus argumentos sobre

la existencia de divergencia de criterio.

En síntesis, éste expresó que la intención de elevar

los contratos a documentos públicos era para que fuesen

inscritos en el Registro de la Propiedad por el término

específico

del

arrendamiento

y

no

por

los

términos

adicionales de las prórrogas. Además, el licenciado Chaves

Torres se opuso a la normativa utilizada por la ODIN para

fundamentar

las

faltas

arancelarias,

--

entiéndase,

la

determinación del foro de primera instancia --, por no ser,

a su entender, vinculante para éste.

De igual forma, el referido letrado expresó que las

transacciones de arrendamiento comercial suponen cuantías

monetarias

considerables

y

que,

de

ser

la

normativa

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aplicable

6

el

que

se

deba

incluir

las

prórrogas

en

la

determinación arancelaria, sería un absurdo económico. Lo

anterior, debido a que, para el licenciado Chaves Torres,

aplicar lo intimado por la ODIN convertiría la inscripción

registral de los contratos de arrendamientos con prórrogas

en

una

actividad

sumamente

onerosa,

teniendo

un

efecto

negativo en las transacciones comerciales.

Por último, el licenciado Chaves Torres arguyó que, en

aquellas ocasiones que se ejercía la opción de las prórrogas

en los contratos de arrendamiento, el mencionado acuerdo se

establecía

mediante

escritura

pública,

cancelando

los

debidos aranceles. Lo anterior, aun cuando la ODIN expresa

que este tipo de escritura pública posterior es un documento

sin cuantía.

Evaluados los argumentos presentados por el licenciado

Chaves Torres, el 12 de febrero de 2020 la ODIN le remitió

a éste su análisis de derecho en un documento intitulado

Divergencia

de

criterio

sobre

cancelación

notariales

relacionados

con

los

de

aranceles

arrendamientos

con

prórrogas. En síntesis, la ODIN, citando a Atocha Thom McAn,

Inc. v. Registrador, infra, arguyó que, para efectos del

pago de aranceles notariales, el término del contrato de

arrendamiento, con la condición resolutoria que consiste en

la renuncia al ejercicio del derecho de las opciones de

prórrogas por el arrendatario, es aquel que incluye las

opciones de prórroga. Esto, porque así lo dispone el acuerdo

entre los contratantes. Por lo tanto, se trataría de una

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7

sola obligación íntegra, que surge desde que las partes se

obligan.

De esta forma, la ODIN le ordenó al licenciado Chaves

Torres

la

cancelación

de

la

deficiencia

arancelaria

notificada ascendiente a cincuenta y dos mil doscientos

siete

dólares

($52,207.00),

así

como

completar

la

subsanación del resto de su obra. Lo anterior, debía ser

cumplido por el referido letrado en o antes del 17 de abril

de 2020.

No obstante, debido a la emergencia provocada por la

pandemia del COVID-19, el proceso de subsanación de la obra

protocolar del licenciado Chaves Torres fue interrumpido

hasta el mes de enero de 2023. Ahora bien, la ODIN arguyó

que, tras varios intentos para continuar los procesos de

subsanación, éstos fueron infructuosos. Por lo anterior, el

19 de abril de 2023 la referida dependencia de este Tribunal

compareció

ante

nos

mediante

el

Informe

especial

sobre

incumplimiento en la corrección de deficiencias notificadas,

sobre divergencias de criterio y en solicitud de remedios

relacionada con el referido letrado.

Por su parte, el 31 de julio de 2023 compareció ante

nos el licenciado Chaves Torres mediante Respuesta a informe

especial

sobre

incumplimiento

en

la

corrección

de

deficiencias notificadas, sobre divergencia de criterio y

en solicitud de remedios. En síntesis, éste expresa que la

divergencia de criterio se centra en si una opción de

prórroga, incluida como una obligación suspensiva y anexa a

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un

8

contrato

de arrendamiento,

cancela

sellos

de

rentas

internas al momento del otorgamiento de la escritura de

arrendamiento

anterior,

aun

y,

de

ser

cuando

así,

existe

sobre

cuál

cuantía.

incertidumbre

sobre

Lo

la

existencia de una obligación, al no haberse cumplido con la

condición. En particular, la ratificación mediante escritura

pública.

Trabada así la divergencia de criterio entre la ODIN y

el licenciado Chaves Torres, y con el beneficio de la

comparecencia

normativa

de

las

aplicable

partes,

a

los

procedemos

asuntos

a

exponer

ante

la

nuestra

consideración.

II.

A.

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico, la

función notarial está regida por las disposiciones de la Ley

Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987,

según enmendada, 4 LPRA sec. 2001 et seq., del Reglamento

Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, y del Código de

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. In re Colón Alvarado, 212

DPR 628, 633 (2023); In re González Pérez, 208 DPR 632, 645

(2022); In re Sánchez Reyes, 204 DPR 548, 565 (2020). Entre

los referidos documentos, de particular importancia para la

correcta

disposición

de

los

asuntos

ante

nuestra

consideración, resulta ser el Artículo 2 de la Ley Notarial

de Puerto Rico, infra, el cual consagra el principio de la

fe pública notarial, disponiendo claramente que:

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El notario es el profesional del Derecho que

ejerce una función pública, autorizado para dar

fe y autenticidad conforme a las leyes de los

negocios jurídicos y demás actos y hechos

extrajudiciales que ante él se realicen, sin

perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales.

Es su función recibir e interpretar la voluntad

de las partes, dándole forma legal, redactar las

escrituras y documentos notariales a tal fin y

conferirle[s] autoridad a los mismos. La fe

pública al notario es plena respecto a los hechos

que, en el ejercicio de su función personalmente

ejecute o compruebe y también respecto a la forma,

lugar, día y hora del otorgamiento. 4 LPRA sec.

2002.

En virtud de lo anterior, hemos sentenciado que un

documento notarial, que está avalado por la dación de fe de

un notario, se presume que cumple con todas las formalidades

de ley y brinda la confianza de que los hechos jurídicos y

las circunstancias que se acreditan fueron así percibidos y

comprobados por el notario o ejecutados por éste. In re

Vélez Torres, 209 DPR 848, 864 (2022); In re Santiago

Maldonado, 206 DPR 1029, 1041 (2021); In re Villalona Viera,

206 DPR 360, 371 (2021). Por tal razón, el notario debe

ejercer su función con extremo cuidado, esmero y celo. In

re Colón Alvarado, supra; In re Vélez Torres, supra, pág.

863; In re Rivera Pérez, 208 DPR 805, 817 (2022). Además,

en el ejercicio de su ministerio, éstos y éstas “ejerce[n]

una puntillosa función que robustece de seguridad y certeza

jurídica los hechos y actos que se consignan bajo su fe

notarial”. L.F. Estrella Martínez, El notariado latino en

Puerto Rico como exponente de las aspiraciones del sistema

jurídico iberoamericano, 60 (Núm. 2) Rev. Der. Pur. 545, 546

(2021).

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10

Así pues, es norma firmemente establecida que, como

parte de nuestro poder inherente para regular la profesión

de la abogacía y la notaría, debemos asegurarnos de que los

notarios y las notarias ejerzan sus funciones de manera

responsable,

competente

y

diligente.

In

re

Santiago

Maldonado, supra, pág. 1039; In re Rafucci Caro, 206 DPR

589, 605 (2021); In re Villalona Viera, supra, pág. 369. En

ese sentido, y con el objetivo de velar por el cumplimiento

de sus funciones, el Artículo 62 de la Ley Notarial de Puerto

Rico, infra, establece que:

La inspección de Notarías y el examen de los

Protocolos estará a cargo del Juez Presidente del

Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Juez

Presidente nombrará un Director de la Oficina de

Inspección de Notarías y notarios de experiencia

como inspectores, todos los cuales estarán

cubiertos por las disposiciones de la Ley Núm. 64

de 31 de mayo de 1973, enmendada, conocida como

“Ley de Personal de la Rama Judicial”, y de las

reglas y reglamentos que se adopten en virtud de

la misma. [...] El Tribunal Supremo, previa

oportunidad al notario de ser oído en su

defensa[,] podrá corregirlo disciplinariamente

mediante reprimenda, multa que no exceda de

quinientos (500) dólares o suspensión temporal o

permanente de su cargo en caso de cualquier

infracción a las disposiciones de esta ley o de

cualquier otra ley relacionada con el ejercicio

del notariado, todo ello sujeto a lo dispuesto en

el Artículo 65 de esta Ley. Tanto el Tribunal

Supremo como el Juez Presidente podrán delegar en

el Director de Inspección de Notarías cualesquiera

funciones relacionadas con la supervisión de los

notarios y el ejercicio del notariado que estimen

conveniente, con la excepción de la facultad de

imponer sanciones disciplinarias. 4 LPRA sec.

2102.

Es,

precisamente,

en

el

ejercicio

de

la

anterior

prerrogativa, que este Tribunal ha delegado en la ODIN la

tarea de velar por el cumplimiento de los deberes propios

TS-13,924

11

del ejercicio de la profesión notarial. In re Gerena Ramos,

196 DPR 57, 60 (2016); In re Colón Cordovés, 195 DPR 543,

547 (2016). Véase, In re Bello Rivera, 192 DPR 812, 816

(2015). Es pues, la ODIN, uno de los brazos operacionales

de este Tribunal. In re Román Rodríguez, 212 DPR 641, 646

(2023); In re Marrero Martínez, 212 DPR 464, 473 (2023); In

re Alers Morales, 204 DPR 515, 519 (2020).

B.

Establecido lo anterior, conviene señalar aquí que, por

ser la función del notariado una delicada, y con las serias

implicaciones legales que podría conllevar un ejercicio

defectuoso y descuidado de ésta, “la ley notarial y su

reglamento

realizar

delimitan

un

[...]inspecciones

procedimiento

y

para

específico

dilucidar

para

cualquier

controversia que pueda suscitarse en dicho proceso”. In re

Godínez Morales, 161 DPR 219, 232 (2004). En específico, en

el Artículo 63 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA

sec. 2103, y las Reglas 77 a la 81 del Reglamento Notarial

de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, secs. 77-81, se establecen

las pautas a seguir, tanto por los notarios y las notarias

que ejercen esta importante función, como por la ODIN, en

su función de inspeccionar la obra notarial.

Así las cosas, y de conformidad con la normativa antes

expuesta, mientras se lleva a cabo el proceso de inspección,

“[d]e surgir en esta etapa divergencias de criterio entre

el Inspector de Protocolos y el notario,[...] el Art. 63 de

la Ley Notarial, [supra, y la Regla 80 del Reglamento

TS-13,924

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Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV, sec. 80,] proveen

los procedimientos para dirimir las discrepancias en el foro

judicial”. In re Gómez Rijos, 129 DPR 811, 816 (1992). Véase,

In re Amundaray Rivera, 163 DPR 251, 261 esc. 4 (2004). En

específico, el mencionado artículo de la Ley Notarial de

Puerto Rico establece que:

Si durante el curso de la inspección del

protocolo notarial surgiera cualquier divergencia

de criterio entre el Inspector de Protocolos y el

Notario, en relación con la forma y la manera de

llevar este sus Protocolos y Registros [de]

Testimonios con respecto al cumplimiento de esta

ley, la cancelación de derechos o cualquier otra

ley relacionada con las formalidades de los

instrumentos o documentos, el Inspector deberá

hacerlo constar en su informe haciendo una breve

exposición de los hechos y de las razones en que

se funda la controversia. Dicho informe será

remitido a la Sala del Tribunal Superior, sin pago

de derechos o impuestos de alguna clase para que

oyendo al Inspector y al notario resuelva la

controversia. La resolución recaída podrá ser

revisada por el Tribunal Supremo mediante recurso

de "certiorari" interpuesto dentro de los treinta

(30) días siguientes a ser notificados, todo ello

sujeto a lo dispuesto en el Artículo 65 de esta

Ley. 4 LPRA sec. 2103.

Por su parte,

y

más en

detalle, la Regla

77

del

Reglamento Notarial, infra, establece el proceso a seguir

por

los

Inspectores

procedimiento

de

ordinario

la

de

ODIN

cuando,

inspección

de

durante

el

protocolos

y

registros, surge una discrepancia entre éstos y el notario

o la notaria. En particular, en su inciso (m) esta indica

que:

(m) Si luego de la reunión final subsiste

alguna falta o divergencia de criterio, el

Inspector dejará al notario una copia del

señalamiento de faltas correspondiente a la

TS-13,924

13

inspección final, firmada como recibida por el

notario o por la persona autorizada por éste.

El Inspector rendirá al Director de la Oficina

de Inspección de Notarías, dentro del término de

sesenta (60) días posteriores a la inspección

final, un informe de las faltas o divergencias de

criterios

referentes

a

la

obra

notarial

inspeccionada. El Director de la Oficina de

Inspección de Notarías procederá en conformidad

con lo dispuesto en la Regla 79. 4 LPRA Ap. XXIV,

sec. 77

En esa línea, la Regla 79 del Reglamento Notarial de

Puerto Rico, infra, detalla el procedimiento que se ha de

llevar a cabo una vez el Inspector presenta su Informe al

Director de la ODIN. En específico, la referida Regla 79,

infra, establece que:

El notario podrá notificar al Director de la

Oficina de Inspección de Notarías, dentro de los

quince (15) días siguientes a la fecha de la

notificación del informe, cualesquiera objeciones

que tenga a éste.

El Director de la Oficina de Inspección de

Notarías dentro de los cuarenta y cinco (45) días

siguientes a la fecha del informe final deberá:

(A) Conceder un término adicional al

notario para que subsane las faltas

señaladas.

(B) Iniciar o instruir al Inspector para

que inicie el procedimiento provisto en

la sec. 2103 de este título [(proceso

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia)]en cuanto a cualesquiera

divergencias de criterio.

(C) Decretar su sobreseimiento, por no

justificarse acción posterior alguna.

El informe, junto con los escritos que

haya

recibido

del

notario

será

archivado en el expediente de éste. El

Director notificará de dicha acción al

notario por escrito para que la una al

Protocolo objeto del informe.

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(D) Determinar que el notario no ha

incurrido en la falta señalada e instruir

a tales efectos al inspector.

(E) Someter al Tribunal Supremo un

informe junto con cualesquiera escritos

que haya recibido del notario. (Énfasis

nuestro). 4 LPRA Ap. XXIV, sec. 79.

Sobre esto último, hemos establecido que, el acudir al

Tribunal de Primera Instancia para aclarar una divergencia

de criterio “es sólo uno más de los cinco cursos de acción

que, según mencionamos anteriormente, el Director de la

[ODIN] tiene disponible en ocasión de recibir el informe

final del inspector”. In re Godínez Morales, supra, págs.

239–240. Esto, debido a que, según hemos sentenciado,

el Director de la [ODIN] tiene la libertad de

escoger cualquiera de los cinco cursos de acción

contenidos en la Regla 79 del Reglamento Notarial,

ante, ello sin que, de ninguna manera, esté

obligado a optar por uno en específico. A dicho

funcionario se le ha conferido amplia discreción

para escoger aquel remedio que entienda más

conveniente para la situación particular que se

le presente. Además, el lenguaje de dicha regla

no es restrictivo en cuanto a ese aspecto. In re

Godínez Morales, supra, págs. 240. Véase, además,

In re Colón Muñoz, 131 DPR 121 (1992).

Habiendo discutido la importancia de la ODIN, aquello

relativo

a

su

función,

y

los

procedimientos

que

tiene

disponible su Director cuando tiene ante sí una divergencia

de

criterio

con

determinado

notario

o

notaria,

nos

corresponde ahora evaluar, brevemente, lo pertinente al pago

de

aranceles

por

derechos

sobre

documentos

otorgados en Puerto Rico. Procedemos a ello.

públicos

TS-13,924

15

III.

A.

Sabido es que la Ley de Arancel Notarial, Ley Núm. 101

de 12 de mayo de 1943, según enmendada, 4 LPRA sec. 851 et

seq., es el cuerpo legal que establece lo pertinente a las

cuantías a cobrar por derechos sobre documentos públicos

otorgados en Puerto Rico.4 El mencionado estatuto “es de

naturaleza tributaria”. Inspector de Protocolos v. Dubón,

107 DPR 50 (1978). Por lo que, en caso de duda sobre si

En particular, la Sección 2 de la Ley de Arancel Notarial dispone lo

siguiente:

En cada documento e instrumento original, autorizado

por notario público, que haya de ser protocolizado, y sus

copias, se fijarán y cancelarán sellos de rentas internas

de los siguientes valores o denominaciones:

4

(a) Cuando dicho documento sea por una cuantía que

no exceda de doscientos cincuenta dólares ($250),

cincuenta centavos (50¢) por el original y veinte

centavos (20¢) por cada copia.

(b) Cuando la cuantía exceda de doscientos

cincuenta dólares ($250) y no pase de quinientos

dólares ($500), un dólar ($1) por el original y

cincuenta centavos (50¢) por cada copia.

(c) Cuando la cuantía exceda de quinientos dólares

($500) y no pase de mil dólares ($1,000), dos

dólares ($2) por el original y un dólar ($1) por

cada copia.

(d) Cuando la cuantía exceda de mil dólares

($1,000) y no pase de cinco mil dólares ($5,000),

dos dólares ($2) por los primeros mil dólares

($1,000) y cincuenta centavos (50¢) adicionales

por cada mil dólares ($1,000) o fracción de mil

dólares por el original; y un dólar ($1) por los

primeros mil dólares y veinte centavos (20¢)

adicionales por cada mil dólares o fracción de mil

dólares por cada copia.

(e) Cuando la cuantía exceda de cinco mil dólares

($5,000), dos dólares ($2) por los primeros mil

dólares ($1,000) y un dólar ($1) adicional por cada

mil dólares ($1,000) o fracción de mil dólares por

el original; y un dólar ($1) por los primeros mil

dólares ($1,000) y cincuenta centavos (50¢)

adicionales por cada mil dólares ($1,000) o

fracción de mil dólares ($1,000) por cada copia. 4

LPRA sec. 851.

TS-13,924

16

aplica alguna exención, tenemos que resolver en contra de

su existencia, habida cuenta de que estas son privilegios

excepcionales o gracias que concede el Estado para negar los

efectos de las normas tributarias generales. Coop. San Blas

v. Registrador, 201 DPR 544, 558 (2018). Véase, Pfizer

Pharm. v. Mun. de Vega Baja, 182 DPR 267, 279 (2011). Véase,

además, Texas Co. (P.R.) Inc. v. Tribl. de Contribuciones,

82 DPR 134, 160–161 (1961).

Dicho ello, con relación a los aranceles notariales,

hemos

sentenciado

obligación

de

que

todo

adherir

y

notario

cancelar

tiene

en

cada

instrumento

público

que

autorice,

y

certificadas

que

ellos

expida,

los

de

la

en

ineludible

documento

las

o

copias

correspondientes

sellos arancelarios. In re Vázquez Margenat, 204 DPR 968,

983 (2020); In re Troche Mercado, 194 DPR 747, 752 (2016); In

re Román Jiménez, 161 DPR 727, 731 (2004). Véase, Artículo

10 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA sec. 2021. Se

trata, pues, de un deber ministerial al que deberá darle

cumplimiento estricto y que requiere que el arancel sea

adherido

al

momento

de

su

otorgamiento.

In

re

Vázquez

Margenat, supra, pág. 983; In re Troche Mercado, 194 DPR

747, 752 (2016); In re Román Jiménez, 161 DPR 727, 731

(2004).

Lo anterior es así puesto que el notario da fe de haber

adherido y cancelado los referidos aranceles en el momento

en que otorga determinado documento público. In re Vázquez

Margenat, supra, pág. 984; In re Troche Mercado, supra, pág.

TS-13,924

17

752; In re Román Jiménez, supra, pág. 731. Por lo tanto, al

no hacerlo, estaría dando fe de haber realizado un acto que

realmente

no

extremadamente

efectuó,

grave

lo

[que

que

constituye

conllevaría

la

una

falta

imposición

de

severas sanciones disciplinarias]. In re Vázquez Margenat,

supra, pág. 984; In re Troche Mercado, supra, pág. 752; In

re Román Jiménez, supra, pág. 731.

B.

Ahora

bien,

para

evitar

que

lo

anterior

llegue

a

suceder, y con el fin de orientar a las notarias y los

notarios del País en el ejercicio del ministerio al que

sirven, la Regla 76 del Reglamento Notarial de Puerto Rico,

infra, establece que:

La Oficina de Inspección de Notarías podrá

emitir instrucciones generales a los notarios y

las notarias, que sean de su competencia, las

cuales servirán de guía y orientación en relación

con la función notarial. Las instrucciones estarán

subordinadas a las leyes, los reglamentos y la

jurisprudencia aplicables. En ningún caso las

instrucciones servirán de fundamento para un

señalamiento de falta de un inspector.

Las instrucciones generales serán difundidas

oportunamente a los notarios y las notarias.

El Director de la Oficina de Inspección de

Notarías deberá tener disponible para inspección

de los notarios, y el público en general, un

compendio actualizado de tales instrucciones

generales. (Énfasis nuestro).4 LPRA Ap. XXIV, sec.

76.

En esa dirección, y en lo pertinente al asunto que nos

ocupa, el 10 de septiembre de 2013, revisada el 20 de julio

de 2016, la ODIN emitió la Instrucción General #15 sobre

Cancelación de aranceles en la obra notarial; función del

TS-13,924

18

Inspector o Inspectora de Protocolos y Notarías respecto al

cumplimiento de este deber como parte de sus Instrucciones

Generales a los Notarios y las Notarias.5 En síntesis, la

referida instrucción resume el proceso ordinario que deben

cumplir las notarias y los notarios en el ejercicio de su

deber ministerial en cuanto a la cancelación de aranceles

se refiere.

En esa línea, en la antes mencionada instrucción, y

citando a Director Of. Inspección Notarías v. Colón, 131 DPR

102,

120-121

uniformidad

(1992),6

al

la

ODIN

expone

que

determinar

los

aranceles

“mantiene

la

notariales

que

proceden conforme al estado de derecho vigente establecido,

entre otros, por las decisiones del Tribunal de Primera

Instancia en casos de divergencias de criterio que vinculan

esta Oficina”. Véase, Instrucciones Generales a los Notarios

y las Notarias, supra, Instrucción #15, inciso (C), pág.

96.7

Véase, https://poderjudicial.pr/Documentos/odin/IGNN/IGNN.pdf (última

visita, 31 de enero de 2024).

5

6

En específico, la referida Opinión determinó que:

Lo aquí resuelto confirma el estado de derecho vigente,

al cual la gran mayoría de los notarios han dado

cumplimiento. Ese estado de derecho fue confirmado por dos

(2) sentencias, del Tribunal Superior, una de 1973 y otra

de 1981. Además, la Oficina del Director de Inspección de

Notarías siempre ha interpretado la ley conforme a lo

resuelto en dichas dos (2) sentencias y a lo aquí dispuesto.

Por ello nuestro dictamen aplica al notario recurrido,

quien deberá adherir y cancelar los sellos correspondientes

a su obra notarial conforme a lo aquí dispuesto y a todos

aquellos notarios cuyos protocolos estén pendientes de

aprobación por el peticionario al momento en que emitimos

este dictamen. (Énfasis nuestro). Director Of. Inspección

Notarías v. Colón, supra, págs. 120-121.

7

y

Debemos recordar aquí que “[l]as decisiones del Tribunal de Apelaciones

del Tribunal de Primera Instancia no constituyen precedente

TS-13,924

19

Por su importancia para el caso que nos ocupa, resulta

necesario llamar la atención a lo dispuesto en la referida

Instrucción #15, inciso (C)(4-5), instrucción que establece

una guía para el cálculo de los aranceles notariales en los

negocios

jurídicos

de

arrendamiento.

En

particular,

la

referida instrucción expone que:

4. Arrendamiento: el canon mensual o anual

multiplicado por el número de meses o años,

incluyendo las [opciones de] prórrogas, si las

hubiese, cuando el canon de estas se ha pactado.

Artículos 1432, 1433 y 1066 del Código Civil de

Puerto Rico, 31 LPRA secs. 4011, 4012 y 3041;

Resolución de 23 de junio de 1975 emitida por el

Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso

José R. Seda v. Gabriel Hernández Rivera, Civil

Núm. 74-2848, sobre Divergencia de Criterio.

5. Arrendamiento con [opción a] prórrogas y con

cláusula que exige la ratificación de cada

prórroga en escritura pública o el otorgamiento

de escritura pública para que estas entren en

vigor:

la

escritura

pública

posterior

se

considerará un documento sin cuantía.

El documento original contiene el negocio jurídico

con los términos y la cuantía expresa o

determinable. Inspector de Protocolos v. Dubón,

supra. Por tal razón, se exhorta al notario y

notaria

que

incluyan

como

documento

complementario la escritura original en la que se

cancelaron los aranceles. (Énfasis nuestro).

Véase, Instrucciones Generales a los Notarios y

las Notarias, supra, Instrucción #15, inciso (C),

pág. 96.

Es decir, conforme a la precitada instrucción, las

notarias

y

los

notarios

deben

incluir,

como

parte

del

cálculo para el pago del arancel notarial, las prórrogas en

vinculante, aunque sí poseen fuerza persuasiva que no debe ser

descartada someramente”. J. M. Farinacci Fernós, La doctrina del “stare

decisis” en Puerto Rico, Rev. Jur. UIPR vol. LII 1:67 (2017-2018).

Véase, J. M. Farinacci Fernós, Fuerza Persuasiva: Los Usos Potenciales

De Las Decisiones Del Tribunal De Apelaciones En Nuestro Sistema

Jurídico, 51 Rev. Jur. UIPR 361, 365 (2017).

TS-13,924

20

aquellos negocios de arrendamiento. Ello, aun cuando se

exija que se ratifique en escritura pública o se exija el

otorgamiento de una nueva escritura pública para que sea

válida.

IV.

Establecido lo anterior, para validar la corrección de

lo antes dicho, corresponde preguntarnos entonces ¿desde qué

momento nace una obligación jurídicamente exigible cuando,

al ejercer la

opción a prórroga que se

determinado

contrato

ratificación

o

el

de

incluye en un

arrendamiento,

otorgamiento

de

una

se

nueva

exige

la

escritura

pública para su validez? Contestar la anterior interrogante

requiere realizar un análisis detallado de la naturaleza de

las obligaciones y los contratos en nuestro ordenamiento

jurídico, tarea que acto seguido emprendemos.

A.

Como es sabido, en nuestro ordenamiento jurídico las

obligaciones

nacen

de

la

ley,

de

los

contratos

y

cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que

intervenga culpa o negligencia. Art. 1042 del Código Civil

de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2992.8 En lo aquí

pertinente,

el

contrato

como

fuente

de

obligación

“se

refiere al acuerdo de voluntades de dos o más partes, por

el

cual

se

crean,

modifican

o

extinguen

determinadas

Es menester mencionar que, si bien recientemente se aprobó el Código

Civil de Puerto Rico de 2020, Ley Núm. 55-2020, según enmendada, 31 LPRA

sec. 5311 et seq., la presente controversia surgió mientras estaba

vigente el Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 1 et

seq.

8

TS-13,924

21

relaciones jurídicas”. J. A. Cuevas Segarra y otro, Los

Contratos Especiales, San Juan, Ed. JTS, 1998, pág. 1.

Sobre el particular, el Art. 1206 del Código Civil de

Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3371, dispone que un

contrato existe desde que una o varias personas prestan su

consentimiento y se obligan a dar alguna cosa o prestar

algún servicio. Véase, Aponte Valentín et al. v. Pfizer

Pharm., 208 DPR 263, 284 (2021); Demeter Int’l v. Srio

Hacienda, 199 DPR 706, 726-727 (2018); Rodríguez Ramos et

al. v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014). Por ello, hemos

dispuesto que la validez de un contrato está supeditada a

que

concurran

“tres

elementos

consentimiento, objeto y causa”.

esenciales,

a

saber:

Demeter Int’l

v. Srio

Hacienda, supra, pág. 727. Véase, también, Art. 1213 del

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3391.

De forma específica, los contratos se perfeccionan por

el mero consentimiento, y desde entonces las partes se

obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado,

sino también a todas aquellas consecuencias que surjan del

mismo y que, a su vez, sean conformes a la buena fe, el uso

y la ley. Art. 1210 del Código Civil de Puerto Rico de 1930,

31 LPRA ant. sec. 3375. Véanse, además, Aponte Valentín et

al. v. Pfizer Pharm., supra, pág. 285; Demeter Int’l v. Srio

Hacienda, supra, pág. 727. Lo anterior se debe a que “[l]as

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley

entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor

TS-13,924

22

de los mismos”. Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico

de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2994.

Cónsono

con

lo

anterior,

es

un

axioma

en

nuestro

ordenamiento contractual el principio de la autonomía de la

voluntad. Demeter Int’l v. Srio Hacienda, supra, pág. 727;

Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 943 (2018); Oriental

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 15 (2014). Conforme a este

principio,

las

partes

pueden

establecer

los

pactos,

cláusulas y condiciones que tengan por convenientes siempre

que no sean contrarias a la ley, la moral y al orden público.

Art. 1207 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA

ant. sec. 3372.

B.

Ahora

bien,

y

ya

más

en

detalle,

en

reiteradas

ocasiones hemos expresado que el contrato de arrendamiento

puede ser de cosas, de obras o de servicios. Art. 1432 del

Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4011.

Véase, SLG Ortiz-Mateo v. ELA, 211 DPR 772 (2023). Con

relación al arrendamiento de cosas, el mismo consiste en que

una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso

de una cosa por tiempo determinado y precio cierto. Art.

1433 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant.

sec. 4012. Véase, SLG Ortiz-Mateo v. ELA, supra. Conforme a

ello, cuando un contrato de arrendamiento se pacta por

tiempo determinado, concluye en la fecha prefijada sin que

sea necesario requerirlo. Art. 1455 del Código Civil de

Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4062. Véase, SLG

TS-13,924

23

Ortiz-Mateo v. ELA, supra. Esto, con excepción a los casos

en que opera la táctica reconducción. Art. 1456 del Código

Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec.4063. Véase,

SLG Ortiz-Mateo v. ELA, supra.

C.

De igual forma, también hemos reconocido los contratos

de opción. Sobre estos últimos, hemos sentenciado que son el

convenio

por

el

cual

una

parte

(llamada

concedente,

promitente u optatario) concede a la otra (llamada optante),

por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad,

que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto

a la celebración de un contrato principal. P.D.C.M. Assoc.

v. Najul Bez, 174 DPR 716, 724 (2008); Mayagüez Hilton Corp.

v. Betancourt, 156 DPR 234, 246 (2002). Véase, Atocha Thom

McAn, Inc. v. Registrador, 123 DPR 571, 583 (1989).

De este contrato nace un derecho que confiere al optante

la facultad de decidir si se celebra el contrato por el que

se opta o no. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, pág. 724;

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra. Véase, además,

J. Puig Brutau,

Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed.,

Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, págs. 48–49. En

ese sentido, el derecho de opción no sólo concede al optante

la facultad de perfeccionar el contrato definitivo mediante

la aceptación de la opción, sino que impone al concedente la

obligación de no frustrar el derecho del que goza el optante.

P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, supra, págs. 724-725 (2008);

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág. 250. Véase,

TS-13,924

24

además, J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y

foral, 14ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1988, T. IV, págs. 54–55.

De igual forma, “[e]l contrato de opción, de naturaleza

transitoria, puede ser principal o un pacto accesorio a

otro”.

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, pág.

246. Véase, Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, supra.

Así pues, la opción es aplicable a un sinnúmero de contratos,

entre estos, los de compraventa, sociedad, financiamiento,

arrendamiento de cosas y de servicios. Íd.

Al respecto, es menester señalar que nuestra doctrina

también ha reconocido la figura de la opción de renovar.

Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, supra, págs. 246–248.

Véase, Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, supra; Zeta

Enterprises,

Inc.

v.

E.L.A.,

145

DPR

1

(1998).

En

particular, ésta “se refiere a la facultad que se le confiere

a uno de los contratantes para que, a su arbitrio, decida

sobre la renovación o extensión de un contrato ya vigente

entre las partes”. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt,

supra, pág. 247. En estos casos, la opción de renovar produce

como

efecto

“una

mera

modificación

contractual”.

Íd.

Es,

por

lo

de

la

relación

tanto,

una

“opción

modificativa”. Íd.

En Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, supra, pág.

585, al comparar la figura de opción de extensión de un

arrendamiento con aquella de la prórroga, señalamos:

La diferencia estriba en que mientras en el

contrato de prórrogas su continuación es un hecho

cierto —pues ya hay acuerdo de voluntades— en el

de opción el arrendamiento está sujeto a una

TS-13,924

25

condición incierta: el ejercicio del derecho por

parte del optante. En puridad jurídica no puede,

pues, hablarse de un contrato de prórrogas de

arrendamiento si existe incertidumbre sobre su

existencia. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt,

supra, págs. 246–248 (2002).

Dicho ello, en cuanto a la controversia ante nuestra

consideración

se

refiere,

solo

nos

resta

por

tomar

en

consideración aquello relacionado al tipo de obligación que

se encuentra en las cláusulas en que se exige la ratificación

de cada prórroga en escritura pública o el otorgamiento de

una nueva escritura pública para que la prórroga entre en

vigor. Es decir, ¿es una obligación condicional suspensiva

o es una obligación condicional resolutoria?

D.

i.

Para abordar el tema antes reseñado, debemos comenzar

nuestro análisis considerando la figura jurídica de las

obligaciones

condicionales.

En

particular,

y

sobre

el

alcance de las mismas, el Artículo 1066 del Código Civil de

Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3041, -- vigente en

el momento en que se desarrollan los hechos que motivan el

presente litigio --, disponía que serían exigibles todas las

obligaciones cuyo cumplimiento no dependiera de un suceso

futuro o incierto, o de un suceso pasado, que los interesados

ignoraran.9 Conforme a ello, en estas obligaciones las partes

Valga señalar que el Artículo 303 del Código Civil de Puerto Rico de

2020, Ley Núm. 55-2020, 31 LPRA sec. 6241, incorporó todo lo relativo a

las obligaciones condicionales. En específico, el artículo de referencia

preceptúa que “[p]or la condición se supedita la eficacia de un negocio

jurídico a que ocurra un hecho positivo o negativo, futuro e incierto”.

Íd.

9

TS-13,924

26

adquieren o pierden derechos, dependiendo de la ocurrencia

del acontecimiento que constituya la condición. Art. 1067

del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec.

3042.

Es decir, y a modo ilustrativo, en las obligaciones

condicionales están presentes todos los elementos de la

obligación, por lo que la misma existe; no obstante, para

exigir su cumplimiento o su extinción tiene que ocurrir un

hecho incierto. M. García Cárdenas, El nuevo derecho de

obligaciones y contratos: Código Civil 2020, 1ra ed., San

Juan, Ed. MJ, 2021, pág. 65. En ese sentido, el factor de

la incertidumbre es esencial en esta clase de obligaciones.

Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 DPR 764, 773 (2001). Véanse,

además, L. Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho

Civil: El Contrato en General la Relación Obligatoria, 11ma

ed., Madrid, Ed. TECNOS, 2016, T. I, V. II, pág. 152; Puig

Brutau, op. cit., pág. 84. Esto es, la incertidumbre de “si

el acontecimiento al que se subordina el efecto de la

obligación se producirá o no se producirá”. Puig Brutau, op.

cit., pág. 84. En otras palabras, “si el vínculo jurídico

adquirirá eficacia o la perderá por razón de cumplirse un

hecho futuro e incierto, o del conocimiento de un hecho

pasado, cuya ocurrencia se desconocía”. Jarra Corp. v. Axxis

Corp., supra, pág. 773.

En esa dirección, es menester señalar que, una vez se

cumple la condición, el estado de incertidumbre al que hemos

hecho referencia desaparece. Puig Peña, op. cit., pág. 131.

TS-13,924

27

Ahora bien, los efectos de dicho cumplimiento dependerán de

la naturaleza de la condición a la que esté sujeta la

obligación,

entiéndase,

si

se

trata

de

una

condición

suspensiva o resolutoria. Díez-Picazo y Gullón, op. cit.,

pág. 154; Puig Peña, op. cit., pág. 131.

Al

respecto,

condición

es

producir

efecto

este

Tribunal

suspensiva

hasta

ha

sentenciado

cuando

la

que

acontecimiento

el

obligación

no

que

la

ha

de

ocurra.10

Montalvo v. Valdivieso, 38 DPR 545 (1928). Ahora bien, si

la obligación produce efecto inmediatamente, pero la misma

es susceptible de extinción cuando el acontecimiento ocurra,

entonces la condición es resolutoria.11 Íd.

Respecto a esta última, el Artículo 1066 del Código

Civil de Puerto Rico de 1930, supra, -- vigente al momento

en que se desarrollaron los hechos que dan margen al presente

litigio

--,

obligaciones

disponía

sujetas

que

a

una

serían

exigibles

condición

todas

las

resolutoria,

sin

perjuicio de los efectos de la resolución. Esto es que,

Sobre el particular, y a modo de ejemplo, el Artículo 303 del Código

Civil de Puerto Rico de 2020, supra, dispone que “[l]a condición es

suspensiva si ocurrido el hecho se produce el efecto del negocio

jurídico; y es resolutoria si ocurrido el hecho se extingue el efecto

del negocio jurídico”. Art. 303 del Código Civil de Puerto Rico de 2020,

31 LPRA sec. 6241.

10

11

En palabras del tratadista Puig Brutau:

Si los efectos que están subordinados a que ocurra el

hecho incierto que es la condición consisten en la

adquisición de los derechos previstos en la relación

obligatoria, se dice que está sometida a condición

suspensiva. Si los efectos igualmente subordinados a la

condición consisten en la resolución o pérdida de los

derechos de momento ya adquiridos en virtud de la

obligación, se dice que ésta queda sometida a condición

resolutoria. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3ra

ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, T. I, Vol. II, 1985, págs.

87-88.

TS-13,924

28

“contrario a lo que sucede con la obligación afectada a

condición

suspensiva,

la

obligación

sujeta

a

condición

resolutoria surte efecto legal desde el preciso momento en

que surge el concurso de voluntades. Desde ese instante la

obligación existe en su integridad como si la condición no

se hubiera pactado”. (Énfasis omitido). Atocha Thom McAn,

Inc. v. Registrador, 123 DPR 571, 579 (1989) citando a

Amézaga v. Agudo, 67 DPR 6, 10 (1947).

Es decir, en las obligaciones

sujetas a condición

resolutoria, el beneficiado por la misma entra desde luego

en el ejercicio de su derecho. Puig Peña, op. cit., pág.

130.

Ello

es

así,

pues,

“lo

típico

resolutoria

es

que

de

momento

no

de

pone

la

condición

obstáculos

al

inmediato cumplimiento de lo estipulado, si bien el derecho

puede

quedar

en

trance

de

perderse

si

se

realiza

el

acontecimiento propio de la condición”. (Énfasis omitido).

Íd.

En esa línea, conviene señalar aquí que, a diferencia

de las obligaciones condicionales suspensivas, en las cuales

la obligación es exigible una vez se cumple la condición,

en las resolutorias cuando se da la condición ocurre el fin

de la obligación y, en consecuencia, cesa de existir el

vínculo obligatorio entre las partes.12 García Cárdenas, op.

Valga señalar que las obligaciones condicionales resolutorias pueden

subdividirse, dependiendo de los efectos del cumplimiento de ésta sobre

la obligación, en absolutas o relativas. L. Díez-Picazo y A. Gullón,

Sistema de Derecho Civil: El Contrato en General la Relación

Obligatoria, 11ma ed., Madrid, Ed. TECNOS, 2016, T. I, V. II, pág. 159.

De forma específica, si la resolución elimina todos los efectos

producidos inicialmente, se trata de una condición resolutoria absoluta.

Íd. No obstante, será resolutoria relativa cuando el cumplimiento de la

12

TS-13,924

29

cit., pág. 76. En cambio, si la condición resolutoria no se

cumple, la obligación “se consolida, es decir, no surge una

nueva obligación, sino que subsiste inalterada la original”.

Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, supra, pág. 579

citando a Amézaga v. Agudo, supra, págs. 10-11.

En resumen, podemos sentenciar que en las obligaciones

condicionales las partes subordinan el nacimiento o la

extinción de la obligación al acontecimiento incierto que

integra la condición. Puig Peña, op. cit., pág. 134. No

obstante, las partes también pueden estipular obligaciones

a plazo. Íd. Este último tipo de obligación, -- entiéndase

las obligaciones a plazo --, suele confundirse con las

obligaciones condicionales, por lo que vale la pena también

discutirlo.

ii.

En esa dirección, en lo relacionado a las obligaciones

a plazo o a término, comenzamos nuestro análisis sobre dicha

figura jurídica resaltando que estas son “aquellas cuyos

efectos han de comenzar o de cesar en un momento futuro y

que ha de producirse necesariamente”. Puig Brutau, op. cit.,

pág. 104. Sobre este tipo de obligación, el Artículo 1078

del Código Civil de Puerto Rico de 1930, 31 LPRA ant. sec.

3061, establecía lo siguiente:

Las obligaciones para cuyo cumplimiento se

haya señalado un día cierto, sólo serán exigibles

cuando el día llegue.

condición extingue para el futuro la relación, pero no elimina los

efectos ya producidos. Íd. “Para optar entre uno y otro tipo de

resolución habrá que atender a los propósitos de las partes y a la

naturaleza de la relación obligatoria”. Íd.

TS-13,924

30

Entiéndase

necesariamente

cuándo.

por

día

cierto

aquel

que

ha de venir, aunque se ignore

Si la incertidumbre cosiste en si ha de llegar

o no el día, la obligación es condicional, y se

regirá por las reglas de [los artículos 1066 a

1077 de este Código].

De lo anterior, puede colegirse que en las obligaciones

a plazo o a término no existe incertidumbre en cuanto a la

realidad de la ocurrencia del suceso, es decir, lo único que

resta es que las partes determinen la fecha de la eficacia

de la obligación o la cesación de dicha eficacia. García

Cárdenas,

certidumbre

op.

cit.,

respecto

pág.

82.

a

llegada

su

Consecuentemente,

es

el

“[l]a

carácter

más

importante del término y lo que básicamente le diferencia

de la condición; incierta, por definición”. I. Viteri Zubia,

El pago anticipado en las obligaciones a plazo: el derecho

al reembolso anticipado en el sector específico del crédito,

Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2013, pág. 36.

En ese sentido, para que exista una obligación a plazo,

debe tenerse la certeza de que el día señalado llegará, -y con él la exigibilidad de la obligación --, aunque se

desconozca el día concreto.13 Viteri Zubia, op. cit., pág.

37. Por ello, en las obligaciones a plazo:

Sobre el particular, el tratadista Viteri Zubia también señala que

“para que exista obligación a plazo, el dies [(día)] fijado como punto

de referencia de la procedencia de su cumplimiento, ha de ser cierto

con relación a su llegada, al ‘sí’, pero no forzosamente respecto al

‘cuándo’”. (Énfasis en el original). I. Viteri Zubia, El pago anticipado

en las obligaciones a plazo: el derecho al reembolso anticipado en el

sector específico del crédito, Valencia, Ed. Tirant Lo Blanch, 2013,

pág. 37.

13

TS-13,924

31

[R]esulta determinante […], no sólo el

denominado término exacto o cierto (dies certus

an et quando), que tiene lugar cuando la fecha de

exigibilidad queda señalada por referencia a un

instante posterior y preciso (el próximo 25 de

julio), o por días a contar desde uno determinado

(con plazo de 90 días), sino también el término

elástico, inexacto o incierto (dies certus an,

incertus quando), que se produce cuando el momento

de cumplimiento se fija en relación a un

acontecimiento de necesaria producción, aunque

imposible de localizar aún en el calendario (la

muerte de alguien).14 Íd.

En

definitiva,

la

característica

principal

de

las

obligaciones a plazo es la certeza de que el hecho futuro

se producirá. Íd., pág. 36. En cuanto a ello, y a modo

ilustrativo, el Artículo 309 del Código Civil de Puerto Rico

de 2020, 31 LPRA sec. 6247, dispone que “[e]l plazo supedita

el efecto suspensivo o resolutorio de un negocio jurídico a

un

acontecimiento

futuro

que

necesariamente

ha

de

producirse, aunque se ignore cuándo”. Siendo ello así, “la

obligación sometida a plazo nace desde el momento en que se

celebra el acto constitutivo; el plazo sólo influye en ella

determinando, en cuanto al principio o en cuanto al fin, la

duración de sus efectos”. (Énfasis nuestro). Puig Peña, op.

cit., pág. 134.

En

esa

cumplimiento

dirección,

es

del

futuro

hecho

menester

y

mencionar

cierto

da

que,

paso

a

el

la

En Amy v. El Registrador de la Propiedad, 21 DPR 123 (1914), este

Tribunal concluyó que, fijar el cumplimiento de una obligación para un

plazo de quince (15) días contados a partir de la muerte de una persona,

se entendía como un día cierto en el cual era exigible la obligación

contraída. Lo anterior, al razonar que aun cuando ignoramos el momento

exacto en que acontecerá nuestra muerte, todos estamos completamente

seguros de que ésta llegará algún día. Amy v. El Registrador de la

Propiedad, supra, pág. 3.

14

TS-13,924

32

clasificación de las obligaciones a plazo en: a) aquellas

sometidas a plazo o término suspensivo o inicial, y b) las

sujetas a plazo o término resolutorio o final.15 Puig Brutau,

op. cit., pág. 104. En específico, en las obligaciones

sujetas a plazo suspensivo, la obligación sólo será exigible

al llegar el día cierto. Íd. Mientras que, en aquellas

sometidas a un término resolutorio o final, la obligación

durará hasta la llegada del término para el que ha sido

establecida.16 Íd.

iii.

En fin, “[e]s plazo el hecho futuro que necesariamente

ha de ocurrir y al que se supedita el inicio o conclusión

de los efectos de un negocio jurídico; es condición si el

hecho puede ocurrir o no”. Art. 308 del Código Civil de

Puerto Rico de 2020, 31 LPRA sec. 6246. Por lo cual, para

determinar si una obligación es condicional o a plazo es

esencial considerar la certidumbre o incertidumbre de la

Asimismo, se ha dispuesto que el plazo en este tipo de obligaciones

puede subdividirse en las siguientes categorías: 1) expreso o tácito;

2) ordinario o esencial; 3) en beneficio del acreedor o del deudor o de

ambos, o 4) determinado o indeterminado. M. García Cárdenas, El Nuevo

Derecho de Obligaciones y Contratos: Código Civil 2020, 1ra ed., San

Juan, Ed. MJ, 2021, pág. 83. Sobre esta última categoría, Puig Brutau

señala que el plazo será determinado cuando “no sólo se sabe que se

producirá con seguridad, sino que igualmente es conocido el momento en

que llegará, o bien puede ser indeterminado cuando sólo se tiene la

seguridad de su futuro acontecer, pero sin que se conozca cuándo. Del

plazo determinado se dice que es certus an et certus quando y del

indeterminado se afirma que es certus an et incertus quando”. (Énfasis

en el original). Puig Brutau, op. cit., pág. 105.

15

Sobre esta última, Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón señalan que “las

partes pueden pactar estipulaciones en las que se acuerde un vencimiento

anticipado del contrato, o de las obligaciones derivadas del mismo, si

se producen determinadas circunstancias o se dan determinadas conductas

del deudor. Tales estipulaciones están sujetas con carácter general a

los límites de la autonomía de la voluntad”. Díez-Picazo y Gullón, op.

cit., pág. 151.

16

TS-13,924

33

cual depende el principio o el final de los efectos de la

obligación. García Cárdenas, op. cit., pág. 64.

Ello

pues,

según

discutido,

en

las

obligaciones

condicionales se subordinan siempre las consecuencias del

acto jurídico a un hecho futuro e incierto. L. M. Boffi

Boggero, Tratado de las obligaciones, 1ra reimpr., Buenos

Aires, Ed. Astrea, 1985, T. 3, pág. 291. En cambio, en las

obligaciones a plazo se supedita a un hecho, también futuro,

pero cierto. Íd. Además, mientras la condición subordina la

existencia de derechos y obligaciones, el plazo lo hace

solamente con su exigibilidad. Íd.

Siendo ello así, en el momento de establecer este tipo

de cláusulas, las y los notarios deben prestar atención a

la

intención

de

las

partes,

debido

a

que

puede

tener

importantes repercusiones.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer de la controversia ante nos.

V.

En el presente caso, como mencionamos anteriormente,

la ODIN arguye que, en escenarios como el de autos, para el

cálculo del pago de aranceles notariales, se deben incluir

en el ejercicio matemático tanto el término de tiempo por

el cual se otorga el contrato de arrendamiento, como el de

opción a prórrogas que contiene el mismo. Por el contrario,

el licenciado Chaves Torres expresa que la divergencia de

criterio se centra en si una opción de prórroga, incluida

como una obligación suspensiva y anexa a un contrato de

TS-13,924

34

arrendamiento, cancela sellos de rentas internas al momento

del otorgamiento de la escritura de arrendamiento y sobre

cuál cuantía. Lo anterior, aun cuando existe incertidumbre

sobre la existencia del nuevo contrato de arrendamiento o

de

su

extensión

y

existe

una

condición

que

exige

su

ratificación en escritura pública. Le asiste la razón tanto

a la ODIN como al licenciado Chaves Torres.

Y

es

aplicable,

que,

teniendo

--

como

y

en

consideración

argumentó

la

ODIN

el

derecho

--,

estamos

convencidos de que, en el cálculo base en aquellos contratos

de arrendamiento que incluyen una condición resolutoria que

consiste en la renuncia al ejercicio del derecho de las

opciones

de

prórrogas,

se

periodos

de

arrendamiento,

deben

de

incluir

tanto

como

las

prórrogas,

para

los

el

cálculo de los aranceles notariales. Esto, debido a que el

hecho incierto que existe en dicho tipo de acuerdos es el

“no uso” de la prórroga por parte de arrendatario, siendo

exigibles las prórrogas una vez llegado el término, sin

trámite ulterior.

Ahora bien, basados en el derecho antes expuesto, queda

también patentemente claro que en aquellas instancias en que

las partes exigen la ratificación de la opción de prórroga

en

escritura

escritura

pública

pública

obligación,

-- en

o

el

otorgamiento

de

una

en

vigor,

para

que

estas

entren

este

caso

pagar

los

nueva

la

correspondientes

aranceles --, no es exigible hasta que ocurra el hecho

particular o incierto. Es en este último instrumento público

TS-13,924

35

en el cual nace la obligación de arrendamiento prorrogado

y, por tanto, en el cual se puede cobrar los aranceles

notariales. Ello es así toda vez que, hasta ese momento, -entiéndase, hasta que no se ratifica la prórroga en una

escritura pública o se otorga una nueva escritura pública -, lo que existe es un contrato de arrendamiento con una

cláusula accesoria de opción de renovar o posibilidad de

prorrogar

el

arrendamiento

que

exige

--

como condición

suspensiva -- un nuevo instrumento público.

Dicho

ello,

en

aquellas

circunstancias

en

que

la

condición suspensiva no sea la obligación de ratificar el

negocio jurídico mediante escritura pública, se deberán de

pagar

los

correspondientes

aranceles

notariales

en

el

momento que se otorga el contrato de arrendamiento original.

En

particular,

naturaleza

del

escenario

con

realizamos

negocio

otro,

esta

jurídico,

varía.

En

el

salvedad

pues

la

cuando

se

compara

un

primer

escenario,

la

obligación de prorrogar está sujeta no solo a que el optante

decida si, en efecto, extenderá el contrato original, sino

que, además, está sujeta a que este último y el concedente

acuerden

o

ratifiquen

lo

anterior

mediante

un

nuevo

instrumento público. Por consiguiente, en estos casos existe

la seguridad de que, de extenderse el contrato, se cumplirá

con el pago de los aranceles notariales correspondientes.

Por

el

contrario,

en

el

segundo

escenario,

la

obligación de prorrogar únicamente está sujeta al arbitrio

del optante; es decir, no se requiere trámite ulterior fuera

TS-13,924

36

de que éste decida que acepta la opción. Lo anterior implica

que

no

hay

aranceles

certeza

por

precisamente

el

esta

respecto

al

periodo

adicional

particularidad

pago

la

de

los

referidos

acordado.

que

nos

Y

es

obliga

a

mantener, en tales instancias, la norma que rige en la

actualidad, entiéndase, el pago de los aranceles notariales

por las prórrogas en el momento que se otorga el contrato

de arrendamiento original.

Debemos

tener

presente

que,

decidir

lo

contrario,

permitiría que se acuerden opciones de prórrogas con la

intención de extender la vigencia del instrumento público

original sin el pago de los aranceles correspondientes. En

otras palabras, esta práctica admitiría prolongar la validez

del contrato de arrendamiento sin haber pagado los aranceles

por cualesquiera periodos adicionales.

Así las cosas, consideramos que nuestra determinación

constituye

un

balance

entre

las

normas

del

derecho

obligacional y las exigencias tributarias atadas al derecho

notarial, sujeto a algunas medidas dirigidas a proteger el

erario. La norma pautada no supone, para las partes, una

carga mayor a la que, hasta hoy, era la práctica. Más bien,

les permite decidir a éstas en qué momento habrán de pagar

los aranceles correspondientes a las posibles prórrogas.

Ahora

bien,

reconociendo

el

carácter

novel

de

los

asuntos ante nuestra consideración, acordamos determinar que

la norma aquí establecida tendrá aplicación prospectiva

desde la fecha de certificación de esta Opinión y Sentencia.

TS-13,924

37

En particular, lo anterior significa que, de cara al futuro,

en aquellos contratos de arrendamiento donde se incluyese

una cláusula accesoria de opción a prórroga, y en la cual

se estableciese como condición para ejercer dicha prórroga

el otorgamiento de una escritura pública, será al momento

del otorgamiento de esta última cuando se deberán de pagar

los respectivos aranceles notariales. Por otro lado, en

aquellos contratos de arrendamiento donde no se incluya

dicha salvedad, pero sí se incluyese una prórroga, será al

momento de la otorgación del referido contrato donde se

deberán de pagar los correspondientes aranceles notariales,

tanto por el término del arrendamiento pactado, como por las

prórrogas.

VI.

Por los fundamentos antes expuestos, se le ordena al

licenciado Chaves Torres a que en un término de treinta (30)

días complete la subsanación de su obra notarial y acredite

el cumplimiento con lo antes ordenado. Se le apercibe que

su incumplimiento podría conllevar serias consecuencias,

como la suspensión de la notaría.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos G. Chaves Torres

TS-13,924

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 27 de marzo de 2025.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, se le ordena al Lcdo. Carlos G. Chaves

Torres a que en un término de treinta (30) días

complete la subsanación de su obra notarial y

acredite el cumplimiento con lo antes ordenado. Se

le apercibe que su incumplimiento podría conllevar

serias consecuencias, como la suspensión de la

notaría.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La

Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez disiente y emite

las expresiones siguientes:

“La

Opinión

mayoritaria

busca

garantizar el recobro de aranceles

notariales

en

escrituras

de

arrendamiento que contengan opciones de

prórrogas a través de la inclusión del

monto de la opción en el cálculo del

arancel. Para lograrlo, la Opinión

plantea

dos

soluciones

para

dos

escenarios distintos.

TS-13,924

En el primer escenario se parte de la

premisa de que la escritura de arrendamiento

no requiere el otorgamiento de una escritura

pública para el ejercicio de la opción de

prórroga. En este escenario, la Opinión

determina que el monto de la opción debe

incluirse en el cálculo de aranceles notariales

que debe cancelarse a pesar de que sea

incierto.

En el segundo escenario se plantea que la

escritura

de

arrendamiento

requiere

el

otorgamiento

de

una

escritura

pública

posterior para el ejercicio de la opción. En

este escenario, se determina que los aranceles

notariales sobre el monto de la opción de

prórroga se cancelarán una vez se otorgue la

escritura para su ejercicio. Ambas soluciones

presentan interrogantes que no se resuelven con

certeza. Veamos.

En primer lugar, no queda claro qué ocurre

con el monto de aranceles correspondiente a la

opción de prórroga si este se canceló pero la

referida opción no se ejerció. La Opinión no

ofrece una respuesta. En su lugar, parecería

avalar la cancelación de aranceles sobre

cantidades de dinero sin proveer un método para

su devolución de no ejercerse la opción.

Además,

algunos

de

los

contratos

de

arrendamiento objeto de análisis comprenden

décadas por lo que a la hora de ejercer la

opción el valor de los aranceles puede haber

aumentado. Requerir que se cancelen los

aranceles notariales sobre la opción de

prórroga al momento en que se otorgue la

escritura de arrendamiento tendrá el efecto de

que se subcalcule el valor de los aranceles.

En segundo lugar, no se detallan las

cláusulas objeto de análisis. Esta omisión

impide realizar un ejercicio juicioso del

lenguaje que regirá en cualquiera de los dos

escenarios

antes

descritos

en

ocasiones

futuras.

En tercer lugar, la Opinión parece pasar

por alto la naturaleza unilateral de la opción

de prórroga. Es decir, la naturaleza de la

opción de prórroga no se ve alterada por la

formalidad que se pacte para su ejercicio. Esto

tiene el efecto de desvirtuar uno de los

2

TS-13,924

3

principios definitorios de la opción: que su

ejercicio queda únicamente en las manos del

optante.

La

Opinión

no

toma

esto

en

consideración al disponer de la controversia.

Debido a que la determinación de la

mayoría valida un curso de acción que no

atiende en su totalidad las interrogantes

medulares que surgen de los hechos que motivan

nuestra intervención en este caso, disiento

respetuosamente”.

El Juez Asociado señor Martínez Torres disiente con

Opinión escrita, a la cual se une el Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos G. Chaves Torres

TS-13,924

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

a la que se unió el Juez Asociado señor FELIBERTI CINTRÓN.

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2025.

Amparados en un razonamiento que se contrapone a

los principios más básicos de nuestro ordenamiento

contractual, el Tribunal concluye que el cómputo de

los derechos arancelarios que devenga una escritura

pública de arrendamiento con opción de prórroga debe

incluir todos los plazos de extensión contemplados en

una cláusula suspensiva de opción, aunque no se tenga

certeza sobre su ejercicio.

En estricto derecho, el dictamen omite que una

opción de prórroga sujeta al arbitrio del arrendatario

no cobra eficacia desde que se pacta, sino desde que

el optante ejerce su prerrogativa. Propiamente, nos

encontramos

ante

una

obligación

condicional

de

TS-13,924

2

carácter suspensivo que, por su naturaleza, no nace en defecto

de la condición. Sin embargo, sin proveer mayor fundamento,

la Opinión anuncia que los otorgantes deben pagar arancel por

los periodos de prórroga no perfeccionados, salvo que en la

escritura de arrendamiento se haya pactado la formalidad de

ratificar el ejercicio de la opción mediante instrumento

público. En ese caso, no se tendría que pagar aranceles por

la potencial prórroga en el instrumento inicial, sino al

ratificar el ejercicio de la opción. Por extensión lógica, si

el optante rehúsa prorrogar el negocio, no pagará aranceles

por el periodo de extensión que no se perfeccionó. En cambio,

los otorgantes que no hayan convenido solemnidad particular

para

optar

siempre

tendrán

que

pagar

aranceles

por

las

posibles prórrogas, aunque nunca entren en vigor.

Al proceder de esta forma, el Tribunal parece intimar

que

el

carácter

suspensivo

de

la

obligación

condicional

proviene, no de la incertidumbre sobre el ejercicio de la

opción,

sino

del

requisito

de

forma

materializarla. No estoy de acuerdo.

prórroga

que

requiere

ejercicio

como

la

que

de

una

no

exige

convenido

Tanto la

escritura

opción de

pública

formalidad

para

legal

para

su

alguna

comparten la misma —y principal— condición suspensiva; a

saber, la discreción del optante para reclamar su derecho.

Las disposiciones tributarias que rigen el cálculo de

los

aranceles

notariales

derivan

la

cuantía

de

los

instrumentos públicos en función del valor atribuible al

negocio jurídico que en ellos se formaliza. En las escrituras

de arrendamiento que motivaron el caso de autos, las cláusulas

TS-13,924

3

de opción de prórroga partían de una formulación suspensiva.

Por eso, las únicas obligaciones vigentes al otorgarse el

documento lo eran el convenio de arrendamiento por el término

inicial y el derecho de opción concedido al arrendatario.

Mientras la prórroga del arrendamiento esté en suspenso, me

parece incorrecto cobrar derechos arancelarios por un negocio

que no se ha perfeccionado.

En ausencia de una disposición vinculante que regulara

el asunto de forma puntual, debíamos ceñirnos a las normas

generales del Derecho de Obligaciones y Contratos. No le

corresponde al Tribunal legislar en este tema.

Dicho esto, y en vista de que la Opinión mayoritaria

recoge de forma detallada los hechos del caso, procedo a

exponer los fundamentos de derecho que cimientan mi disenso.

I

A. La Ley Notarial de Puerto Rico

La Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada,

conocida como la Ley Notarial de Puerto Rico, (Ley Notarial)

4 LPRA sec. 2001 et seq., establece los parámetros para el

ejercicio de la notaría en nuestra jurisdicción. En ella se

reconoce

el

rol

de

este

Tribunal

Supremo

como

ente

fiscalizador del notariado. Arts. 3 y 62 de la Ley Notarial,

4 LPRA secs. 2003, 2102. La ejecución de esa encomienda se

instrumentaliza mediante el brazo operativo de la Oficina de

Inspección de Notarias (ODIN). Íd.

Investida

de

poder

para

auxiliar

al

Tribunal

en

la

supervisión del notariado, la ODIN, entre otras cosas, está

designada

para

inspeccionar

las

obras

protocolares

TS-13,924

4

custodiadas

por

los

notarios.

Véase,

Art.

62

de

la

Ley

Notarial, 4 LPRA sec. 2102. No obstante, en esa faena, la

autoridad de la ODIN no es irrestricta ni supone que sus

Inspectores de Protocolo pueden pasar juicio sobre todas las

determinaciones del notario. Sobre ese extremo, hemos señalado

que

[l]a

inspección

del

protocolo

se

ciñe

fundamentalmente a la forma y manera en que lo

lleva el notario; y si bien la ley instruye al

Inspector constatar la observancia por el notario

de las disposiciones de la Ley Notarial ‘o de

cualquier otra ley de Puerto Rico’ incluyendo las

de arancel, su intervención en este amplio campo

es de prudente iniciativa, sin adentrarse en el

área de derecho substantivo, y menos aún asumir

función interpretativa o declarativa del Derecho.

(Negrillas

suplidas).

Rivera

Miranda

v.

Betancourt, 111 DPR 147, 149-150 (1981).

Bajo ese mismo razonamiento, hemos apuntalado que el

proceso

de

inspección

de

la

ODIN

debe

circunscribirse

esencialmente a pasar juicio sobre las formalidades de los

instrumentos públicos evaluados. In re García Cabrera, 188

DPR

196,

213

(2013).

En

esa

vertiente,

el

inspector

“comprobará si se ha dado cumplimiento a las normas vigentes

que rigen el desempeño de la función notarial e indicará las

anomalías observadas”. (Negrilla suplida). Regla 77(g), del

Reglamento Notarial de Puerto Rico, (Reglamento Notarial) 4

LPRA Ap. XXIV. No obstante, la evaluación del contenido, los

aspectos sustantivos y la interpretación de los documentos

públicos le corresponde al propio notario, al Registrador de

la Propiedad y a los tribunales. In re García Cabrera, supra,

pág. 214.

TS-13,924

5

Conviene puntualizar que la Regla 76 del Reglamento

Notarial permite que la ODIN emita instrucciones generales

encaminadas a orientar y guiar el ejercicio adecuado de la

función notarial. Íd., 4 LPRA Ap. XXIV. No obstante, surge de

la propia regla que “[l]as instrucciones estarán subordinadas

a las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia aplicables.

En ningún caso las instrucciones servirán de fundamento para

un señalamiento de falta de un inspector. La instrucción no

puede

considerarse

una

fuente

de

derecho

vinculante”.

(Negrilla suplida). Íd.

En lo que a esta controversia se refiere, la facultad

fiscalizadora de ODIN se extiende a evaluar el cumplimiento

del notario con los preceptos que rigen la cancelación de

derechos

arancelarios.

A

esos

efectos,

el

Art.

10

de

la Ley Notarial dispone que el notario tiene el deber de

adherir y cancelar en cada escritura original que otorgue, y

en las copias certificadas que se expidan del instrumento,

los sellos correspondientes de Rentas Internas y del Colegio

de Abogados de Puerto Rico. Íd., 4 LPRA sec. 2021. Esta

obligación es coetánea al momento de otorgar un documento

público. In re González Maldonado, 152 DPR 871, 919 (2000);

In re Merino Quiñones, 115 DPR 812, 813–814 (1984).

Omitir

la

cancelación

de

derechos

arancelarios

constituye una falta grave que expone al notario no solo a

sanciones

disciplinarias

severas

sino

a

consecuencias

penales, incluyendo la imputación del delito de apropiación

ilegal. Íd. “Al mismo tiempo, es importante subrayar que la

omisión de adherir y cancelar los sellos correspondientes deja

TS-13,924

6

en entredicho la validez de los instrumentos —incluso, la de

las copias certificadas— ya que éstos son anulables hasta que

dichos sellos sean adheridos y cancelados”. In re González

Maldonado, supra, pág. 919. Véase, además, Art. 10 de la Ley

Notarial, supra.

Este requisito tributario es de tal importancia que en

su momento expresamos que “[u]n notario que deja de adherir

sellos por una cantidad mayor a la fianza notarial, constituye

una amenaza —para el tráfico jurídico de los bienes inmuebles

así como para los que habitualmente utilizan sus servicios—

al igual que aquel notario que no haya prestado tal fianza”.

In re González Maldonado, supra, pág. 919.

B. Disposiciones sobre el

instrumentos públicos

cómputo

de

aranceles

en

Las normas atinentes al pago de aranceles notariales

sobre documentos públicos provienen de la Ley Núm. 101 de 12

de mayo de 1943, según enmendada, conocida como la Ley de

Arancel Notarial, 4 LPRA sec. 851 et seq. Al analizar su

naturaleza hemos expresado que se trata de una ley tributaria.

Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 DPR 50, 61 (1978). El

texto

estatutario

expresa

que

los

instrumentos

públicos

cancelarán sellos de rentas internas en función de la cuantía

del negocio jurídico allí consignado. Sec. 2 de la Ley de

Arancel Notarial, 4 LPRA sec. 281. Específicamente, la ley

provee una escala de valores que delimita el cómputo de

derechos arancelarios con arreglo a la categoría en la que

ubique la cuantía del documento público. Íd.

TS-13,924

Con

7

lo

anterior

en

mente,

Instrucción General #15 de la

aranceles

en

la

obra

notarial;

cabe

destacar

que

la

ODIN sobre

Cancelación de

función

Inspector

del

o

Inspectora de Protocolos y Notarías respecto al cumplimiento

de este deber, en su inciso (C) (4-5) explica que el cálculo

de los aranceles notariales en escrituras de arrendamiento se

realizará de la manera siguiente:

Arrendamiento:

el

canon

mensual

o

anual

multiplicado por el número de meses o años,

incluyendo las prórrogas, si las hubiese, cuando

el canon de estas se ha pactado. Artículos 1432,

1433 y 1066 del Código Civil de Puerto Rico, 31

LPRA secs. 4011, 4012 y 3041; Resolución de 23 de

junio de 1975 emitida por el Tribunal Superior,

Sala de San Juan, en el caso José R. Seda v. Gabriel

Hernández Rivera, Civil Núm. 74-2848, sobre

Divergencia de Criterio.

Arrendamiento con prórrogas y con cláusula que

exige la ratificación de cada prórroga en escritura

pública o el otorgamiento de escritura pública para

que estas entren en vigor: la escritura pública

posterior se considerará un documento sin cuantía.

Es precisamente el contenido de la instrucción y la

interpretación que en ella se enuncia, una de las razones

principales de la divergencia de criterio que nos ocupa. En

tanto las instrucciones de ODIN no pueden ser fundamento para

un señalamiento de falta, era necesario determinar si el

contenido era respaldado por una fuente vinculante.

II

A. Sobre las obligaciones condicionales

Según el Código Civil de 1930, aplicable a los hechos

del caso, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos

o cuasicontratos, y de las acciones u omisiones ilícitas en

las que medie algún grado de culpa o negligencia. Art 1042

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del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2992. Asimismo,

son exigibles desde luego las obligaciones cuyo cumplimiento

no depende de algún suceso futuro o incierto, o de un suceso

pasado ignorado por los interesados. Art. 1066 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3041. Cuando la eficacia de

una obligación está supeditada a la ocurrencia de algún suceso

sobre el cual no se tiene certeza, nos encontramos ante una

obligación condicional suspensiva. Jarra Corp. v. Axxis Corp.,

155 DPR 764, 773 (2001). La característica distintiva del

elemento

de

suspensividad

radica

en

que

la

obligación

únicamente cobra eficacia si se cumple el acontecimiento

objeto de la condición. López v. González, 163 DPR 275, 283

(2004). Si, por el contrario, la condición no se materializa,

el vínculo jurídico no llega a formalizarse. Íd.

En

otro

condicionales

suspensiva,

extremo

se

resolutorias.

la

obligación

encuentran

las

obligaciones

A

de

la

condición

una

condición

diferencia

que

surge

de

resolutoria produce efecto desde que se pacta y se extingue

una vez se cumple la condición. López v. González, supra, pág.

283.

Desde

el

preciso

momento

en

que

se

acuerda,

“la

obligación existe en su integridad como si la condición no se

hubiera pactado”. Atocha Thom McAn, Inc. v. Registrador, 123

DPR 571, 579 (1989).

En síntesis, las obligaciones condicionales, bien sean

resolutorias

o

suspensivas,

comparten

el

elemento

de

incertidumbre en cuanto a si se materializará la condición.

Jarra Corp. v. Axxis Corp., supra, pág. 773. Existe sin

embargo una diferencia fundamental en los efectos que el

TS-13,924

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cumplimiento

de

la

condición

produce

en

cada

tipo

de

obligación; para una de ellas el acontecimiento supone el

inicio del vínculo jurídico mientras que, en la otra, conlleva

su extinción. Íd.

B. La opción de prórroga en el contrato de arrendamiento

Jurisprudencialmente, definimos el contrato de opción

como el “convenio por el cual una parte [llamada concedente,

promitente u optatario] concede a la otra [llamada optante],

por tiempo fijo y en determinadas condiciones, la facultad,

que se deja exclusivamente a su arbitrio, de decidir respecto

a la celebración de un contrato principal”. Atocha Thom McAn,

Inc. v. Registrador, supra, pág. 584. En sus orígenes el

convenio de opción era visto únicamente como predecesor del

contrato de compraventa; actualmente se avala utilizar la

opción como antesala a la mayoría de los contratos. Íd.

No son muchas las ocasiones en las que este Tribunal ha

tenido la oportunidad de examinar la figura de la opción de

prórroga como pacto accesorio a un contrato de arrendamiento.

Hace sesenta y nueve años en Igartúa v. Ruiz, 79 DPR 481

(1956),

indicamos

que

la

prórroga

de

un

contrato

de

arrendamiento forma parte del convenio en cuestión. Íd., pág.

486. Sin embargo, reconocimos que “el contrato de opción es

un contrato unilateral, que puede ejercitarse por la sola

voluntad del optante”. Íd. Asimismo, en Atocha Thom McAn, Inc.

v. Registrador, supra, distinguimos el contrato de prórrogas

del contrato de opción y explicamos:

La diferencia estriba en que mientras en el

contrato de prórrogas su continuación es un hecho

cierto —pues ya hay acuerdo de voluntades— en el

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de opción el arrendamiento está sujeto a una

condición incierta: el ejercicio del derecho por

parte del optante. En puridad jurídica no puede,

pues, hablarse de un contrato de prórrogas de

arrendamiento si existe incertidumbre sobre su

existencia. Íd., pág. 585.

En otra ocasión dijimos que la opción de renovar “se

refiere a la facultad que se le confiere a uno de los

contratantes

para

que,

a

su

arbitrio,

decida

sobre

la

renovación o extensión de un contrato ya vigente entre las

partes”. Mayagüez Hilton Corp. v. Betancourt, 156 DPR 234,

247 (2002).

III

La controversia que se nos planteó en este caso precisaba

armonizar las normas generales sobre obligaciones y contratos

con las exigencias tributarias atadas a la práctica notarial.

En el contexto de los instrumentos públicos, el cómputo de

los derechos arancelarios tributables dimana del valor del

negocio jurídico otorgado. Así pues, entiendo que nuestro rol

interpretativo se circunscribía a evaluar si una obligación

que no ha cobrado vigencia, por estar sujeta a una condición

suspensiva, es computable al monto arancelario derivable del

negocio jurídico perfeccionado en el documento público. Mi

criterio es que no.

El cálculo de la cuantía del negocio jurídico no puede

tomar en cuenta una obligación que no nace al otorgarse el

documento público del que se trate. Ese es exactamente el caso

de las escrituras de arrendamiento en las que se pacta una

cláusula suspensiva de opción de prórroga. La obligación de

prorrogar el arrendamiento no surge desde el momento en que

TS-13,924

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se otorga el instrumento en el que se concede la opción, pues

la eficacia de la prórroga queda al arbitrio del arrendatario.

Solamente

si

el

optante

decidiera

ejercer

su

derecho

a

prorrogar surgiría el concurso de voluntades indispensable

para perfeccionar esa obligación.

No obstante, la determinación mayoritaria, en lugar de

seguir

los

lineamientos

estatutarios

para

determinar

la

existencia y extensión de una obligación arancelaria, se

desvió y optó por imponer unos nuevos parámetros tributarios.

De ahora en adelante, si en la escritura de arrendamiento se

pactó la formalidad de ratificar el ejercicio de la opción

mediante

instrumento

público,

no

se

tendrán

que

pagar

aranceles en el instrumento inicial por la potencial prórroga,

sino al ejercitar la opción. Por el contrario, quienes no

hayan convenido solemnidad alguna para optar, tendrán que

pagar aranceles por las prórrogas contempladas en la opción,

aunque

estas

natural

de

nunca

lo

lleguen

pautado,

a

los

ocurrir.

Como

consecuencia

otorgantes

que

acuerden

la

formalidad escrita para materializar la opción y luego decidan

no prorrogar, no habrán pagado aranceles por el periodo de

extensión que no se perfeccionó. En un mismo

escenario,

quienes no hayan convenido la formalidad escrita habrán pagado

aranceles por una prórroga que no llegó a existir. Sobre este

punto, recordemos que en Puerto Rico no existe mecanismo

formal alguno para que un otorgante de negocio jurídico reciba

un reembolso por aranceles notariales pagados en exceso.

La dicotomía que avala la Opinión no se ajusta a los

linderos

estatutarios

que

rigen

el

cálculo

de

aranceles

TS-13,924

12

notariales. Y es que, entiendo que si los periodos de prórroga

no perfeccionados fueran parte de la cuantía de la escritura

de arrendamiento, como indirectamente sugiere la Opinión del

Tribunal,

entonces

integridad

al

procedería

otorgarse

esa

cobrarse

el

escritura.

No

arancel

sería

en

su

propio

cobrarlo en la escritura en la que se ejerce la prórroga. De

lo contrario, algunos otorgantes terminarían tributando un

monto menor al valor del negocio. Debemos ser muy cautelosos

con esto, pues en ese caso podríamos estar instaurando, sub

judice, una exención arancelaria. Por eso, la Instrucción Núm.

15 de ODIN, supra, indica que las posibles prórrogas de un

arrendamiento cancelan aranceles al otorgarse la escritura

inicial, independientemente de si se pacta el requisito de

ratificarlas mediante otro instrumento. Aunque considero que

la instrucción es incorrecta, pues cuantifica negocios no

perfeccionados, al menos provee una respuesta uniforme.

Insisto en que lo único que puede alterar el computo

arancelario en estos casos es la naturaleza suspensiva o

resolutoria de la condición a la que está supeditada el

ejercicio de la opción, y no la formalidad requerida para

ratificar su ejercicio. En esa línea, la opción de prórroga

cuya vigencia queda al arbitrio de una manifestación de

voluntad

futura

entenderse

por

parte

perfeccionada

del

arrendatario,

desde

que

se

no

puede

otorga.

Consecuentemente, estimo que en una escritura de arrendamiento

con

opción

de

prórroga,

necesariamente

la

duración

del

arrendamiento —tributable— tiene que ser la que se puede

entender perfeccionada y vigente al momento del convenio.

TS-13,924

13

La formalidad pactada para el ejercicio de la condición

no altera la naturaleza incierta de su perfeccionamiento.

Independientemente del acuerdo que se requiera para ratificar

la voluntad de extender el contrato, la verdadera naturaleza

suspensiva de la obligación proviene de la incertidumbre sobre

el

ejercicio

de

la

opción

de

prórroga.

La

exigencia

de

concretar la potestad de prorrogar mediante escritura pública

es, a lo sumo, una segunda condición suspensiva accesoria a

la discreción del arrendatario de ejercer la opción.

Claramente, si la cláusula de opción es resolutoria, o

sea, si se pacta que un arrendamiento se entenderá prorrogado

salvo que el arrendador indique lo contrario, la duración del

negocio

otorgado

en

la

escritura

incluye

el

periodo

contemplado en la prórroga. Esto es así, porque como bien

discutimos

anteriormente,

las

obligaciones

condicionales

resolutorias se perfeccionan desde que se pactan. A diferencia

de la condición suspensiva, en la que el perfeccionamiento de

la obligación —en este caso la extensión del arrendamiento—

queda al arbitrio de una de las partes, la prórroga de

arrendamiento pactada mediante una cláusula resolutoria de

opción

se

perfecciona

desde

el

mismo

momento

en

que

se

suscribe el contrato de arrendamiento. Esto es plenamente

justificable

porque

en

las

obligaciones

condicionales

resolutorias lo que está en suspenso no es el nacimiento de

la

obligación,

sino

su

extinción.

Es

decir,

en

esas

circunstancias el cumplimiento de la condición resolutoria; a

saber, la manifestación del arrendador sobre su oposición a

TS-13,924

la

14

prórroga

del

contrato

conlleva

la

culminación

del

arrendamiento.

Ese es a mi entender el único razonamiento en derecho

que puede alterar, en casos como el de autos, la forma de

computar

el

arancel

de

un

instrumento

público

de

arrendamiento. De modo que estoy de acuerdo con la Opinión

Mayoritaria en cuanto a lo que concluye sobre las cláusulas

resolutorias de opción de prórroga. Procede en esos casos

calcular la duración del arrendamiento a base de todos los

periodos de extensión pactados. Ahora bien, hay que tener

presente que las escrituras de arrendamiento autorizadas por

el licenciado Chaves Torres contenían cláusulas suspensivas

de opción de prórroga y no cláusulas resolutorias. Por eso,

entiendo que ODIN se equivocó al señalarle deficiencias por

no

haber

adherido

y

cancelado

sellos

por

los

plazos

de

prórroga no perfeccionados.

IV

Finalmente, debo recalcar que al interpretar el derecho,

nuestras conclusiones no pueden basarse en fundamentos de

política pública que no le corresponden a esta Rama. Si la

Asamblea Legislativa entiende que el cálculo de los derechos

arancelarios aquí en disputa debe realizarse de otra manera,

bien puede así preceptuarlo mediante ley. No obstante, me

sostengo

en

que,

ante

la

ausencia

de

una

disposición

vinculante que atendiera puntualmente la controversia, el

ejercicio prudente de nuestro rol interpretativo debía ceñirse

a

la

aplicación

de

las

normas

generales

de

nuestro

ordenamiento civil. Por eso, me inclino hacia la no imposición

TS-13,924

15

de arancel a los periodos de extensión inciertos. Pesa en mi

criterio que nos encontramos ante un asunto de naturaleza

tributaria. El ejercicio de hermenéutica en estatutos de esta

naturaleza nos obliga a interpretar su vaguedad o ambigüedad

restrictivamente en contra del Estado. Recordemos que “[e]n

la interpretación de estatutos que imponen contribuciones, es

la práctica establecida no extender sus disposiciones, por

implicación, más allá del claro alcance del lenguaje usado, o

ampliar su radio de manera que comprenda materias que no han

sido específicamente señaladas”. Yiyi Motors, Inc. v. E.L.A.,

177 DPR 230 (2009), citando a: Gould v. Gould, 245 U.S. 151,

153 (1917).

V

La exigencia de cancelar aranceles notariales en una

escritura pública de arrendamiento no debe extenderse a los

periodos contemplados en una opción de prórroga supeditada a

una

condición

suspensiva.

Como

ese

no

fue

el

mayoritario, disiento respetuosamente.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

criterio