LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Collazo Muñiz v. New Fashion World Corporation h/n/c Aliss y otros

2025 TSPR 22

Poder Judicial de Puerto Rico

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Collazo Muñiz v. New Fashion World Corporation h/n/c Aliss y otros

CC-2023-0817

13 de marzo de 2025 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Derecho Laboral – Término adecuado para presentar una moción de desestimación frente a una querella presentada al palio del procedimiento sumario laboral provisto por la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Collazo Muñiz

Recurrido

Certiorari

v.

2025 TSPR 22

New Fashion World Corporation

h/n/c Aliss y otros

215 DPR ___

Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0817

13 de marzo de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Natalia Alexa Colón Díaz

Representante Legal del Amicus Curiae:

Centro Unido de Detallistas

Lcdo. Jorge C. Pizarro García

Materia:

Derecho Laboral – Término adecuado para presentar una

moción de desestimación frente a una querella presentada al palio

del procedimiento sumario laboral provisto por la Ley de

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Collazo Muñiz

Recurrido

v.

CC-2023-817

Certiorari

New Fashion World Corporation

h/n/c Aliss y otros

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2025.

En esta ocasión nos corresponde determinar cuál

es el término adecuado para presentar una moción de

desestimación frente a una Querella presentada al palio

del procedimiento sumario laboral provisto por la Ley

Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada,

conocida

como

la

Ley

de

Procedimiento

Sumario

de

Reclamaciones Laborales (Ley Núm. 2), 32 LPRA sec. 3118

et seq.

Adelantamos que, dados los contornos particulares

del procedimiento bajo la Ley Núm. 2, supra, la defensa

afirmativa de falta de jurisdicción sobre la persona

debe incluirse como parte de la alegación responsiva,

sin que por ello se pueda concluir que el patrono

querellado se somete a la jurisdicción del Tribunal de

CC-2023-817

2

Primera Instancia. Así, de proceder la defensa, el Tribunal

deberá desestimar y la parte querellante no podrá levantar que

el patrono se sometió a la jurisdicción con su alegación

responsiva. De lo contrario, tal y como resolvimos en Vizcarrondo

Morales v. MVM, Inc., infra, la parte querellada se expone a la

anotación de rebeldía. Veamos.

I

El 8 de septiembre de 2023, el Sr. Carlos Collazo Muñiz

(señor Collazo Muñiz) presentó una Querella en contra de su

antiguo patrono, New Fashion World Corporation H/N/C Tiendas

Aliss

(ALISS).1

Esta

se

basó

en

un

alegado

despido

injustificado y se instó al amparo del procedimiento sumario

laboral provisto por la Ley Núm. 2, supra.

Posteriormente, el señor Collazo Muñiz presentó una

Moción Acompañando Emplazamientos Diligenciados en la que

expuso que el emplazamiento se le diligenció a ALISS el 15 de

septiembre de 2023.2 Añadió que el diligenciamiento se efectuó

dejando una copia del emplazamiento a un agente autorizado o

persona designada por ley para recibirlo conforme a la Regla

4.4 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V.3

En

oposición,

el

25

de

septiembre

de

2023,

ALISS

presentó una Moción de desestimación al amparo de la Regla

1

Apéndice del Certiorari, págs. 17-26.

2

Íd.

Cabe destacar que la copia del emplazamiento fue diligenciado

personalmente y entregado en la Ave. Eugenio María de Hostos, tiendas

ALISS Mayagüez a la gerente Frances Rodríguez.

3

CC-2023-817

3

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.4 Sostuvo que el

emplazamiento no se diligenció conforme a derecho.

Acto

seguido,

el

señor

Collazo

Muñiz

presentó

una

Oposición a la moción de desestimación que nos dirige a la

médula de la controversia. Entiéndase, que ALISS no presentó

su alegación responsiva dentro del término de 10 días que

provee la Ley Núm. 2, supra.5 Ante ello, solicitó que se

denegara la moción de desestimación y que se le impusieran

honorarios de abogado por temeridad.6

Luego de varias mociones relacionadas a la validez del

emplazamiento, el 20 de octubre de 2023, el Tribunal de

Primera Instancia notificó una Resolución y Orden en la que

determinó que adquirió jurisdicción sobre ALISS.7 Entonces, y

en lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el foro de

primera instancia concedió a ALISS un término perentorio

adicional de 5 días para presentar su alegación responsiva,

so pena de la anotación de rebeldía.8 Inconforme con el

término concedido, el señor Collazo Muñiz presentó un recurso

de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones.9

Así las cosas, el foro apelativo intermedio notificó

una Sentencia en la que revocó la determinación del foro de

4

Apéndice del Certiorari, págs. 27-45.

5

Íd., págs. 46-56.

6

Íd.

7

Íd, págs. 14-16.

8

Íd.

9

Íd, págs. 97-113.

CC-2023-817

4

primera instancia.10 En cuanto al término para presentar la

alegación responsiva, el Tribunal de Apelaciones sostuvo lo

siguiente:

Del expediente ante nos surge que, una vez

diligenciado el emplazamiento, en lugar de

contestar oportunamente la acción de epígrafe

incoada bajo el procedimiento sumario de la Ley

Núm. 2-1961, supra, la parte recurrida optó por

solicitar

la

desestimación

del

caso.

En

particular, dentro del término jurisdiccional que

poseía para acreditar su alegación responsiva o,

en la alternativa, solicitar una prórroga

conforme exige la normativa actual, instó un

petitorio desestimatorio con argumentos dirigidos

a impugnar el diligenciamiento del emplazamiento.

Ello,

en

contravención

a

lo

expresamente

dispuesto en la precitada Sección 3 de la Ley

Núm. 2- 1961, supra, a los efectos de que debe

presentarse una sola alegación responsiva que

incluya todas las defensas u objeciones que tenga

a bien levantar la parte recurrida.

[…]

Conforme

a

ello,

evaluada

la

moción

de

desestimación promovida por la parte recurrida,

el foro a quo debía resolver que el patrono tenía

el deber de responder la Querella dentro del

término jurisdiccional provisto para ello o

solicitar una prórroga debidamente fundamentada

y juramentada a esos efectos. Vencido el término

aplicable sin que el recurrido presentara alguno

de los mencionados escritos, el foro de instancia

debía anotar la rebeldía de dicha parte, a tenor

con lo dispuesto por la Ley Núm. 2-1961, supra,

y su jurisprudencia interpretativa.

[…]

En

las

particulares

fácticas

de

esta

controversia, el foro recurrido carecía de

jurisdicción y discreción para extender el

término jurisdiccional de diez (10) días para que

el patrono sometiera su alegación responsiva. Al

así obrar, derrotó el fin perseguido por el

procedimiento sumario consagrado en la Ley Núm.

2-1961, supra. Es decir, el proceder del foro

primario es incompatible con la finalidad del

proceso mismo e incide, a su vez, con el postulado

de nuestro ordenamiento procesal civil que busca

garantizar una solución justa, rápida y económica

10

Apéndice del Certiorari, págs. 1-13.

CC-2023-817

5

de todo procedimiento, incluyendo el sumario

laboral. Regla I de Procedimiento Civil de 2009,

32 LPRA Ap. y, R. 1. Acorde con lo antedicho, en

el caso de autos procedía anotar la rebeldía de

la parte recurrida. En conclusión, se cometieron

los errores señalados. (Negrillas Suplida).11

Ante

esa

coyuntura,

ALISS

presentó

el

recurso

de

epígrafe y planteó que erró el Tribunal de Apelaciones al

determinar

que

el

foro

de

primera

instancia

actuó

sin

jurisdicción al ordenar la contestación a la Querella en el

término perentorio de cinco días.12

II

A. Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales

La Ley Núm. 2, supra, se creó con el fin de establecer

un procedimiento sumario para los casos de reclamaciones de

obreros

y

empleados

contra

sus

patronos

por

servicios

prestados. Por conducto de este procedimiento, se fomenta la

rápida

consideración

y

adjudicación

de

las

querellas

presentadas por los obreros o empleados.13 En suma, para

Apéndice del Certiorari, págs. 1-13. Cabe destacar que, el “término

jurisdiccional” al que el foro apelativo intermedio hace referencia, es

en realidad un término ordinario o de cumplimiento estricto que puede

prorrogarse por el tribunal, siempre y cuando, medie justa causa. Véase

R. Hernández Colón, Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis,

2017, págs. 232-233.

11

En su recurso, ALISS también señaló como primer error la falta de

jurisdicción por parte del Tribunal de Primera Instancia. Pues, según

esta, no se le había emplazado conforme a derecho. Ahora bien, queda

meridanamente claro, y así lo ha resuelto este Tribunal (véase Lucero

Cuevas v. The San Juan Star Company, 159 DPR 494 (2003)), que el carácter

sumario provisto por la Ley Núm. 2, supra, no puede ser utilizado como

subterfugio para quebrantar el debido proceso de ley de la parte

querellada. Sin embargo, del expediente del caso surge que el foro de

primera instancia tuvo vasta oportunidad de aquilatar toda la prueba

concerniente al emplazamiento del patrono querellado y determinó que este

fue conforme al procedimiento establecido por la Ley Núm. 2, supra. En

vista de lo anterior, rechazamos de plano el primer señalamiento de error

y concluimos que la corporación fue emplazada conforme a derecho.

12

13

Santiago Ortiz v. Real Legacy et al, 206 DPR 194, 206 (2021).

CC-2023-817

6

alcanzar su propósito, el legislador acortó los términos y

condiciones

que

ordinariamente

regulan

y

uniforman

la

litigación civil en nuestra jurisdicción.14

Como corolario de lo anterior, se instituyó un plazo

menor para que el patrono responda la Querella que se presentó

en

su

contra

o

solicite

una

prórroga

dentro

del

plazo

dispuesto. En específico, el patrono querellado tendrá un

plazo de diez o quince días, según corresponda al distrito

judicial donde fue presentada la Querella y su ubicación,

para presentar su alegación responsiva.

Ahora bien, a modo de excepción, el patrono puede

solicitar

una

prórroga

dentro

del

plazo

dispuesto

para

contestar en la cual exponga bajo juramento los motivos para

ello.15 En ningún otro caso, por mandato legislativo, tendrá

jurisdicción

el

tribunal

para

conceder

esta

prórroga.16

Incluso, aun si el patrono cumple con los criterios requeridos

para la solicitud de prórroga, el tribunal no está obligado

a concederla, ya que esta determinación dependerá de si la

parte querellada demostró, mediante la propia moción, la

existencia de una causa justificada para la dilación.17

Consecuentemente, será imprescindible que el patrono

se acate a los términos acortados. Pues, de lo contrario, el

incumplimiento con el plazo legal para contestar la querella

14

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 31 (2020).

15

32 LPRA sec. 3120.

16

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921 (2008).

17

Íd., pág. 931.

CC-2023-817

o

7

solicitar

una

prórroga

juramentada

impone

al

patrono

querellado los efectos de la litigación en rebeldía, pues ya

es norma reiterada que, en vista del lenguaje categórico de

la Ley Núm. 2, supra, los tribunales no tienen discreción

para negarse a anotar la rebeldía a un patrono.18

Una

vez

transcurre

el

término

para

contestar

la

Querella "el tribunal está impedido de tomar cualquier otra

determinación que no sea anotarle la rebeldía al querellado.

A ello queda limitada la jurisdicción del tribunal, según

establecido por la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra".19 Ello se

debe a que la naturaleza de las reclamaciones instadas al

palio de la Ley Núm. 2, supra, exigen celeridad en su trámite.

De relegarlas al trámite ordinario, impediríamos la obtención

del fin legislativo de proteger el empleo, desalentar los

despidos

injustificados

y

proveer

a

la

persona

obrera

despedida suficientes recursos económicos entre un empleo y

otro.20 Sobre ese particular, en Vizcarrondo Morales v. MVM,

Inc., supra, expresamos que:

[T]anto los tribunales como las partes deben

respetar: (1) los términos relativamente cortos

dispuestos en el estatuto para contestar la

querella; (2) los criterios estrictos para

conceder una prórroga para contestar la querella;

(3) el mecanismo especial que flexibiliza el

emplazamiento del patrono, y (4) entre otras

particularidades provistas por la ley, las

limitaciones en el uso de los mecanismos de

descubrimiento de prueba. De no hacerlo, el

procedimiento se convertiría en ordinario, lo

cual sería incompatible tanto con el mandato

legislativo

de

diligencia

en

el

dictamen

judicial, como con su carácter reparador.

18

Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., supra.

19

Íd., pág. 935.

20

Íd, supra.

CC-2023-817

8

B. La Ley Núm. 2, supra, y las Reglas de Procedimiento Civil

Expuesto lo anterior, debemos considerar que la propia

Ley Núm. 2, supra, dispone que las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, aplicarán supletoriamente en todo

aquello

que

no

esté

en

conflicto

con

específicas

de

esta

o

con

carácter

el

las

disposiciones

sumario

del

procedimiento especial establecido en esta legislación.21 En

vista de lo anterior, para resolver si el trámite ordinario

de

las

normas

de

procedimiento

civil

aplica

o

no

al

procedimiento sumario, es necesario determinar si la regla es

“conflictiva o contraria con alguna disposición específica de

la

ley

especial,

y

con

el

carácter

sumario

del

procedimiento”.22

Como corolario, en el caso de autos se trae a colación

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra. Según esta, una

persona que haya sido demandada podrá solicitar al tribunal

que desestime la acción antes de contestarla “cuando es

evidente de las alegaciones de la demanda que alguna de las

defensas afirmativas prosperará”.23 Máxime, eso aplica cuando

lo que se alega es que el Tribunal no adquirió jurisdicción

por

falta

de

emplazamiento.

Igualmente

importante,

las

propias Reglas de Procedimiento Civil, supra, disponen que la

notificación de estas mociones interrumpe el término para

presentar la alegación responsiva.24

21

32 LPRA sec. 3120.

22

Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 321 (1975).

23

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001).

24

Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

CC-2023-817

9

Ahora bien, en aras de atemperar las disposiciones de

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, con la celeridad

de las acciones instadas al palio de la Ley Núm. 2, supra,

impera la necesidad de distinguir el momento en que un patrono

querellado deberá presentar la defensa afirmativa de falta de

jurisdicción sobre su persona.

Sabido es que en el trámite ordinario, las Reglas de

Procedimiento Civil, supra, disponen que la defensa de falta

de jurisdicción sobre la persona se trata de una defensa que

debe tramitarse según dispone la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra, por lo que hay que presentar la alegación de

falta de jurisdicción “en la primera oportunidad y no deben

presentarse

otras

mociones

y

otras

alegaciones,

ya

que

implicaría una renuncia a los defectos en el emplazamiento.

Una moción posterior levantando esos defectos sería tardía y

no prosperaría”.25

Sin embargo, si bien es cierto que en el trámite

ordinario la norma es que las personas demandadas presenten

una moción de desestimación previo a la alegación responsiva,

hemos

rechazado

la

aplicación

de

mecanismos

procesales

incompatibles con el carácter sumario de la Ley Núm. 2, supra.

Así, reafirmamos el deber de los tribunales de evitar que se

desvirtúe la naturaleza sumaria del trámite y fomentamos la

intención del legislador en propiciar la rápida disposición

de las reclamaciones laborales.26

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal

civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, págs. 221-222.

25

26

Bacardí Corp. v. Torres Arroyo, 202 DPR 1014, 1019 (2019).

CC-2023-817

10

III

¿Procedía

que

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

extendiera el término de la parte querellada para presentar

su alegación responsiva sin que esta hubiese presentado una

solicitud de prórroga conforme a lo dispuesto por la Ley

Núm. 2, supra? Como bien resolvió el Tribunal de Apelaciones,

concluimos que no.

De los hechos se desprende que ALISS, quien figura como

patrono

querellado,

fue

emplazada

en

el

mismo

distrito

judicial que se inició la acción. Así, según las disposiciones

de la Ley Núm. 2, supra, contaba con un término de diez días

para presentar su alegación responsiva o, en la alternativa,

una moción en la cual expusiera bajo juramento las razones

que tuviere la querellada para solicitar una prórroga.

Este término de diez días para contestar la querella o

presentar una moción en la cual se expusieran bajo juramento

las razones que tuviere la querellada para solicitar una

prórroga, según reseñamos que la ley en cuestión provee para

ello, venció el 25 de septiembre de 2023. No obstante, ALISS

no presentó ni su alegación responsiva a la querella dentro

del

referido

término,

ni

una

solicitud

de

prórroga

debidamente fundamentada conforme a la Sección 3 de la Ley

Núm.

2,

supra.

Se

limitó

a

presentar

una

moción

de

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, supra.

CC-2023-817

11

Según

señalamos

en

la

normativa

aplicable,

en

el

trámite ordinario, será imprescindible que la defensa de

falta de jurisdicción sobre la persona se presente previo a

la alegación responsiva. De lo contrario, el juzgador podrá

determinar que la defensa se presentó de manera tardía y que

dicha parte se sometió a la jurisdicción del foro de primera

instancia. Sin embargo, la propia Ley Núm. 2, supra, dispone

que

para

determinar

la

aplicación

de

cierta

norma

de

procedimiento civil, primero se debe analizar si entra en

conflicto con el trámite sumario de la ley en cuestión.

Luego

de

un

análisis

exhaustivo

tanto

de

la

Ley

Núm. 2, supra, como de la jurisprudencia de este Tribunal,

concluimos que permitir que un patrono querellado presente

una moción de desestimación previo a su alegación responsiva

atenta en contra del carácter sumario por el cual se ideó

esta ley.

En vista de lo anterior, a diferencia del trámite

ordinario, en el trámite sumario será el deber del patrono

querellado presentar la defensa de falta de jurisdicción

sobre la persona como parte de su alegación responsiva. Al

así

hacerlo,

automática

esto

ante

la

no

se

considerará

jurisdicción

del

como

una

Tribunal

de

renuncia

Primera

Instancia. Claro está, la primera tarea del tribunal de

instancia será atender la alegada falta de jurisdicción pues,

como es harto conocido, los tribunales no pueden actuar sobre

un

demandado

si

no

adquieren

autoridad,

es

decir,

CC-2023-817

12

jurisdicción sobre este.27 De proceder la defensa de falta de

jurisdicción, corresponderá desestimar la acción.

Expuesto lo anterior, en aquellos casos donde no se

presente la alegación responsiva y se opte por presentar

únicamente una moción de desestimación, el patrono querellado

se arriesga a que, de no proceder en los méritos su solicitud

de desestimación y haberse vencido el término para responder

a la querella sin haber presentado en término una solicitud

de prórroga con justa causa, el tribunal de primera instancia

estará obligado a anotarle la rebeldía.

En el caso de autos, en su Resolución y orden, el foro

de primera instancia se apartó de la letra de la ley y le

concedió un término adicional a la parte querellada. En su

resolución el foro de primera instancia se limitó a disponer

lo siguiente: “Por lo antes expuesto este Tribunal determina

que

adquirió

jurisdicción

sobre

la

parte

demandada.

Se

concede a la parte demandada un término perentorio de 5 días

a

partir

de

la

presente

notificación

para

presentar

su

alegación responsiva, so pena de la anotación de rebeldía”.

Así, el foro erró en su proceder.

Como bien resaltó el foro apelativo intermedio en su

Sentencia,

tanto

los

tribunales

como

las

partes

deben

respetar, en lo pertinente, los términos cortos dispuestos en

el citado estatuto para contestar la querella, así como los

criterios

27

estrictos

para

conceder

Peña v. Warren, 162 DPR 764 (2004).

una

prórroga

a

esos

CC-2023-817

13

efectos. Una vez se extingue el término para contestar la

querella sin que el patrono acredite su alegación responsiva

o

solicitara

juramentada,

una

como

prórroga

ya

debidamente

concluimos,

el

fundamentada

Tribunal

de

y

Primera

Instancia está impedido de tomar cualquier otra determinación

que no sea anotarle la rebeldía a la parte querellada.

IV

Por último, el Centro Unido de Detallistas acudió ante

esta curia en calidad de amicus curiae y presentó un escrito

en el que solicitó que, en beneficio de los pequeños y

medianos negocios, nos alejemos del espíritu de la Ley Núm.

2, supra, y le concedamos un término mayor para comparecer al

Tribunal

luego

proceder,

pues

de

una

tal

querella.

petición

No

podemos

ciertamente

avalar

este

pretende

que

usurpemos las funciones legislativas.

En conclusión, en aras de salvaguardar la intención del

legislador, los foros judiciales tienen la obligación de

aplicar rigurosamente los términos taxativos provistos por

la Ley Núm. 2, supra. De ese modo, garantizarán la sencillez

y celeridad de los procedimientos procurados por la Asamblea

Legislativa en los casos de reclamaciones laborales. Como

consecuencia de lo anterior, debido a que la Ley Núm. 2,

supra,

exige

que

los

patronos

querellados

presenten

su

alegación responsiva en un término específico, ALISS incidió

al no hacerlo y procede la anotación de rebeldía.

CC-2023-817

14

V

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso

al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los

procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Collazo Muñiz

Recurrido

v.

CC-2023-817

Certiorari

New Fashion World Corporation

h/n/c Aliss y otros

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 13 de marzo de 2025.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión que antecede la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se confirma la sentencia

emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúe con los procedimientos conforme a lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado

señor Colón Pérez emite una Opinión de conformidad.

El Juez Asociado señor Feliberti Cintrón está conforme

en parte y disiente en parte, haciendo constar la

siguiente expresión:

Aunque estoy conforme con lo aquí hoy

pautado, opino que se le debió de dar

efecto

prospectivo,

por

lo

que

respetuosamente disiento con que se haya

concedido la anotación de rebeldía en

este caso.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Carlos Collazo Muñiz

Recurrido

v.

CC-2023-817

Certiorari

New Fashion World Corporation

h/n/c Aliss y otros

Peticionarios

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2025.

Aunque estamos conformes con la determinación a

la que hoy arriba este Tribunal, -- entiéndase, que en

un procedimiento sumario laboral presentado al palio

de la Ley Núm. 2-1961, infra, la defensa de falta de

jurisdicción sobre la persona debe incluirse como parte

de la única alegación responsiva que le permite la

mencionada pieza legislativa al patrono querellado --,

el proceder de una de las partes en el presente litigio,

ante una normativa de índole laboral en extremo clara,

nos mueve a realizar una breve reflexión. Veamos.

CC-2023-0817

2

I.

Los hechos medulares que dan margen al presente litigio

no están en controversia. En extrema síntesis, el Sr. Carlos

Collazo Muñiz (en adelante, “señor Collazo Muñiz”) presentó

ante el Tribunal de Primera Instancia una Querella por despido

injustificado en contra de su antiguo patrono, New Fashion

World Corp. h/n/c Tiendas Aliss (en adelante, “ALISS”). Lo

anterior,

al

amparo

del

procedimiento

sumario

laboral

provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, también

conocida

como

reclamaciones

la

Ley

laborales,

de

32

procedimiento

LPRA

sec.

3118

sumario

de

et

(en

seq.

adelante, “Ley Núm. 2-1961”).

Posteriormente, y tal como lo exige nuestro ordenamiento

jurídico, el 15 de septiembre de 2023 el señor Collazo Muñiz

presentó

ante

el

foro

primario

una

Moción

acompañando

emplazamientos diligenciados, mediante la cual acreditó que

éstos

últimos

habían

sido

diligenciados

en

la

persona

jurídica de ALISS. En respuesta a ello, y en lo que se

considera

su

primera

Primera

Instancia,

Moción

de

comparecencia

la

referida

desestimación

al

el

Tribunal

de

corporación

presentó

una

amparo

ante

de

la

Regla

10.2

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en la que alegó que el

mencionado emplazamiento no se había diligenciado conforme a

derecho.

Enterado de lo anterior, el señor Collazo Muñiz presentó

ante

el

foro

primario

una

Oposición

a

la

moción

de

desestimación. En dicho escrito, entre otros señalamientos,

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éste sostuvo que ALISS no había presentado la alegación

responsiva a su Querella dentro del término de diez (10) días

que establece la Ley Núm. 2-1961, supra, por lo que solicitó

que se denegara la Moción de desestimación presentada por la

referida

corporación,

por

ésta

no

considerarse

una

contestación adecuada, y se le impusieran a ALISS honorarios

de abogado por temeridad.

Así las cosas, y luego de varios trámites procesales no

necesarios aquí pormenorizar, el 20 de octubre de 2023 el

Tribunal de Primera Instancia notificó una Resolución y Orden

mediante la cual determinó que, contrario a lo señalado por

la

corporación,

en

efecto,

dicho

foro

sí

adquirió

jurisdicción sobre ALISS, por lo que le concedió a dicha parte

un término perentorio de cinco (5) días para presentar su

alegación responsiva, so pena de la anotación de rebeldía.

Inconforme con dicha determinación, el señor Collazo Muñiz

acudió en un recurso de

Certiorari

ante el Tribunal de

Apelaciones. A dicha solicitud, la referida corporación se

opuso.

Evaluados

los

alegatos

de

ambas

partes,

el

foro

apelativo intermedio, oportunamente, emitió una Sentencia en

virtud de la cual revocó el dictamen del foro primario.1

En

esencia, el Tribunal de Apelaciones concluyó que procedía la

anotación de rebeldía contra ALISS, por dicha parte no haber

presentado

su

alegación responsiva

o

una

solicitud

de

Panel Compuesto por los Jueces de Apelaciones Bermúdez Torres, Adames

Soto y Aldebol Mora.

1

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prórroga dentro del término establecido para ello por la Ley

Núm.

2-1961,

supra.

En

desacuerdo,

la

referida

compañía

acudió ante esta Curia.

II.

A.

Así las cosas, y como bien se señala en la Opinión que

hoy emite este Tribunal, en el presente caso veníamos llamados

y llamadas a reiterar el proceder que debe seguir el Tribunal

de Primera Instancia cuando, -- en una querella que se tramita

al

amparo

de

la

Ley

Núm.

2-1961,

supra

--,

el

patrono

querellado opta por presentar una moción de desestimación por

falta de jurisdicción sobre la persona en virtud de la Regla

10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, en lugar de una

alegación responsiva o una solicitud de prórroga, tal como lo

exige la disposición legal que gobierna estos asuntos. Ese

era, en esencia, el único asunto que se encontraba ante

nuestra consideración en el caso de marras.

Emprendida la tarea, reiteramos que, en escenarios como

estos, es deber del patrono querellado presentar la defensa

de falta de jurisdicción sobre la persona como parte de la

única alegación responsiva que, -- en el proceso sumario que

hoy nos ocupa --, puede realizar ante el foro primario. Es

decir, no podrá hacerlo en un documento separado como suele

hacerse en el proceso civil ordinario.

Presentada

la

alegación

responsiva,

de

proceder

la

defensa antes señalada, y conforme se recoge en la Opinión

que hoy dicta este Alto Foro, el Tribunal de Primera Instancia

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deberá desestimar la acción. Por el contrario, del foro

primario determinar que tiene jurisdicción sobre la persona,

deberá

proceder

a

atender,

a

la

brevedad

posible,

la

reclamación instada por el obrero u obrera en sus méritos.

La importancia de que el patrono querellado presente la

defensa de falta de jurisdicción como parte de su alegación

responsiva, según se deriva de la Opinión que hoy emite este

Tribunal, radica, pues, en que, de ésta no proceder, el pleito

sumario pueda continuar con la prontitud que requiere. Ello,

toda vez que dicha parte, -- entiéndase el patrono querellado

--, ya habrá presentado ante el Tribunal de Primera Instancia

sus planteamientos respecto a los méritos de la reclamación,

salvando así la naturaleza sumaria de este tipo de litigio.

B.

La determinación a la que hoy llega este Alto Foro,

reiteramos, no debe sorprendernos. Lo anterior así, puesto

que, la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961, supra, no admite, - ya fuese, en el pasado, en el presente o en el futuro --,

interpretación distinta.

En específico, la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961, infra,

dispone, claramente y sin ambages, que:

El secretario del tribunal notificará a la parte

querellada con copia de la querella, apercibiéndole

que deberá radicar su contestación por escrito, con

constancia de haber servido copia de la misma al

abogado de la parte querellante o a ésta si hubiere

comparecido por derecho propio, dentro de diez (10)

días después de la notificación, si ésta se hiciere

en el distrito judicial en que se promueve la

acción, y dentro de quince (15) días en los demás

casos, y apercibiéndole, además, que si así no lo

hiciere, se dictará sentencia en su contra,

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concediendo el remedio solicitado, sin más citarle

ni oírle. […]

El querellado deberá hacer una sola alegación

responsiva en la cual deberá incluir todas sus

defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia

a todas las defensas u objeciones que no incluya en

dicha alegación responsiva. (Énfasis suplido). 32

LPRA sec. 3120.

Como se puede apreciar, de la precitada disposición

legal son dos (2) regulaciones las que claramente, y en lo

pertinente, se desprenden. Primero, que el patrono querellado

en este tipo de procedimiento sumario laboral, como regla

general, tiene tan solo diez (10) días para presentar su

contestación a la querella. Si así no lo hace, se dictará

sentencia en su contra sin más.

Segundo, la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961, supra,

describe, de forma clara, la naturaleza y contenido de la

única alegación responsiva a la querella que se permite.

Además, enmarca la consecuencia de incumplir con el requisito

de contenido allí esbozado.

En cuanto a la naturaleza de la contestación, como hemos

podido observar, la ley aquí bajo estudio requiere que la

misma se haga en un solo escrito, en el cual se incluyan todas

las defensas y objeciones que la parte que presenta la misma

entienda pertinentes. No se excluye de éstas, claro está, la

defensa de falta de jurisdicción sobre la persona.

En fin, la Sección 3 de la Ley Núm. 2-1961, supra,

únicamente

querella,

permite

--

dentro

que

el

patrono

pueda

contestar

de

los

términos

establecidos

en

la

el

estatuto --, mediante: (1) una alegación responsiva en la

CC-2023-0817

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cual incluya todas sus defensas y objeciones, incluyendo la

defensa

de

falta

de

jurisdicción;

o

(2)

una

moción

de

prórroga. En otras palabras, dentro del término provisto, el

patrono tiene que presentar alguno de estos dos escritos, y

no otro. Esta interpretación es cónsona con el texto del

estatuto.

Empero, -- y por entender que las leyes no operan en el

vacío --, es importante señalar que dicha interpretación

también está en armonía con el propósito de nuestra Asamblea

Legislativa de “abreviar el procedimiento de forma que sea lo

menos oneroso posible para el obrero”. Lucero v. San Juan

Star, 159 DPR 494, 504 (2003). Es decir, con el propósito de

facilitar la rapidez o celeridad de la resolución de estas

reclamaciones. Dávila, Rivera v. Antilles Shipping, Inc., 147

DPR 483, 492 (1999). De igual forma, la interpretación es

compatible con el principio de que las leyes laborales deben

interpretarse liberalmente a favor de la o el trabajador.

Véase, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928

(2008).

III.

Establecido lo anterior, en el presente caso, y según

adelantamos,

ALISS,

en

efecto,

reaccionó

a

tiempo

a

la

Querella instada en su contra por el señor Collazo Muñiz,

pero lo hizo mediante el vehículo procesal incorrecto. En

específico, la referida corporación, -- ante un estado de

derecho que deslumbra por su claridad --, optó por presentar

ante el foro primario una moción de desestimación, ajena a la

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naturaleza de un procedimiento sumario laboral presentado al

palio de la Ley Núm. 2-1961, supra, en lugar de una alegación

responsiva.

Tal

proceder,

incompatible

con

la

Ley

como

Núm.

hemos

2-1961,

señalado,

supra,

y,

es

como

correctamente hoy se resuelve, no tiene cabida en nuestro

ordenamiento jurídico. La referida corporación erró y por su

error no podía pagar el señor Collazo Muñiz.

IV.

Si bien estamos conforme con la decisión que hoy toma

este Tribunal, no deja de preocuparnos que, en escenarios

como los aquí bajo estudio, donde la normativa que gobierna

los asuntos en controversia es una en extremo clara, el

patrono insista en hacerse valer de esas ya tan rechazadas

tácticas

dilatorias

en

el

litigio,

las

cuales

no

solo

desnaturalizan el proceso sumario laboral contemplado en la

Ley Núm. 2-1961, supra, sino que también imponen una carga

innecesaria al obrero, el cual, -- ante el reclamo del patrono

--, está en la obligación de defenderse en una instancia

donde, a todas luces, no tenía que hacerlo. Ello, como mínimo,

nos

resulta

opresivo.

He

ahí

el

porqué

de

reflexión.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado

esta

breve