Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rivera Ortiz v. Rolón Merced
2025 TSPR 25
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rivera Ortiz v. Rolón Merced
CC-2023-0076
17 de marzo de 2025 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Derecho de Familia – Paralización de un procedimiento de reclamación de pensión alimentaria contra un miembro activo en el servicio militar al amparo del estatuto federal del Servicemembers Civil Relief Act.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maribel Rivera Ortiz
Peticionaria
Certiorari
v.
2025 TSPR 25
Melvin Rolón Merced
215 DPR ___
Recurrido
Número del Caso:
Fecha:
CC-2023-0076
17 de marzo de 2025
Tribunal de Apelaciones:
Panel IV
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcda. Hilda Esther Colón Rivera
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcda. Jerusa Cruz Alfaro
Lcda. Ligia E. Santos Torres
Materia: Derecho de Familia – Paralización de un procedimiento de
reclamación de pensión alimentaria contra un miembro activo en el
servicio militar al amparo del estatuto federal del Servicemembers
Civil Relief Act.
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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maribel Rivera Ortiz
Peticionaria
v.
CC-2023-0076
Certiorari
Melvin Rolón Merced
Recurrido
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor
Kolthoff Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2025.
En este caso, nos corresponde dilucidar si el
Tribunal de Apelaciones erró al denegar expedir un
recurso
de
certiorari
para
modificar
una
determinación del Tribunal de Primera Instancia que
paralizó los procedimientos sobre una petición de
alimentos.
Adelantamos que el Tribunal de Primera Instancia
actuó correctamente al ordenar la paralización. Ello,
debido
a
que
se
trataba
de
un
procedimiento
de
reclamación de pensión alimentaria en contra de un
miembro activo en el servicio militar al amparo del
estatuto federal del Servicemembers Civil Relief Act
(SCRA),
50
USCA
sec.
3901
et
seq.
Por
tanto,
CC-2023-0076
2
confirmamos la determinación del foro apelativo intermedio.
I
En sustancia y en síntesis, este caso, como tantos
otros,
se
relaciona
con
una
pensión
alimentaria,
cuyos
detalles no es necesario pormenorizar. Estos son los hechos
pertinentes.
La
Sra.
Maribel
Rivera
Ortiz
(peticionaria)
y
el
Sr. Melvin Rolón Merced (recurrido) se casaron el 23 de
septiembre de 2003 -en Puerto Rico-. Durante su matrimonio,
procrearon una hija (MRR) nacida el 16 de abril de 2004 -en
el
estado
de
Florida-.1
Las
partes
se
divorciaron
en
diciembre de 2008 en el estado de Virginia, lugar en el que
convivieron
previo
a
su
separación
en
2007.2
Tras
la
separación en 2007, la peticionaria se mudó con MRR a Puerto
Rico en donde han continuado residiendo hasta el presente.3
El 20 de abril de 2022, la peticionaria presentó en el
Tribunal de Primera Instancia una Petición de alimentos a
favor de su hija y en contra del recurrido.4
Posteriormente, el 27 de mayo de 2022, el recurrido
solicitó la aplicación de la protección que le otorga el
Servicemembers Civil Relief Act, supra, a un militar activo
de
suspender
o
paralizar
los
procedimientos
o
pleitos
Véase Certificado de nacimiento, Apéndice de Recurso de certiorari,
pág. 90.
1
Véase Stipulation and Agreement, Apéndice de Recurso de certiorari,
pág. 76.
2
3
Íd.
4
Petición, Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 68.
CC-2023-0076
judiciales
3
o
administrativos
en
su
contra
mientras
se
encuentra activo en el servicio militar de Estados Unidos.5
Sostuvo que es un militar activo domiciliado en el estado
de Virginia y movilizado al estado de California. Conforme
a
ello,
según
surge
del
expediente,
el
recurrido
se
encontraba activo en el servicio militar a bordo de un barco
de la Marina de los Estados Unidos.6
Por su parte, el 7 de junio de 2022, la peticionaria
replicó mediante una moción en la que citó el Servicemembers
Civil Relief Act, supra, y arguyó que no es aplicable al
caso por la falta de una declaración de guerra. Además,
peticionó
una
pensión
alimentaria
provisional
y
final
correspondiente.7
Luego, el 17 de junio de 2022, el recurrido presentó
una moción en la que reiteró la solicitud de la paralización
del
procedimiento
judicial.8
Allí,
en
virtud
del
Servicemembers Civil Relief Act, supra, argumentó que el
foro primario debía paralizar los procedimientos hasta que
la Marina de los Estados Unidos lo autorizara a salir de su
estado de militar activo -al encontrarse a bordo de un barco
militar-, para responder a la acción legal en su contra y
defender sus derechos a tenor con el debido proceso de ley
que le garantiza nuestra Constitución. Asimismo, afirmó que
5
Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 111-112.
6
Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 129 y 131.
7
Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 114-117.
8
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 118.
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4
cumplió con la información requerida por el estatuto federal
a través de los documentos presentados como anejos.
Así las cosas, el 17 de agosto de 2022,9 el Tribunal
de
Primera
Instancia
ordenó
la
paralización
de
los
procedimientos mientras el recurrido se mantuviera en el
servicio militar activo. Ello, por entender que el recurrido
cumplió con la presentación de la información requerida al
amparo de lo establecido en el Servicemembers Civil Relief
Act, supra.10
En desacuerdo, el 30 de agosto de 2022, la peticionaria
presentó
una
moción
de
reconsideración
sobre
la
paralización.11 El 12 de septiembre de 2022, el Tribunal de
Primera
Instancia
denegó
la
moción
de
reconsideración
presentada por la peticionaria a través de una resolución
en la que razonó lo siguiente: “Se mantiene vigente la orden
de paralización. En este caso el Tribunal no ha relevado del
pago de pensión alimentaria a la parte demandada”.12
Inconforme, el 5 de octubre de 2022, la peticionaria
presentó
un
recurso
de
certiorari
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones. En resumen, alegó que el foro primario abusó
de su discreción al aplicar la disposición federal contenida
en el Servicemembers Civil Relief Act, supra, y ordenar la
9
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 56.
Advertimos que la información requerida fue acreditada mediante los
comunicados presentados que surgen del expediente. Apéndice de Recurso
de certiorari, págs. 129 y 131.
10
11
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 57.
12
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67.
CC-2023-0076
5
paralización, por entender que solamente es aplicable en
tiempos en los que existe una declaración de guerra. De otra
parte, arguyó que, si el recurrido estuviera cobijado por
la disposición federal, la misma es inaplicable al caso de
autos, porque se dejó una menor sin alimentos a pesar del
alto interés público y a su vez, el Estado incumplió con el
deber de “parens patriae” al no velar por el interés óptimo
de la menor.
Conforme a lo anterior, la peticionaria expresó que el
foro primario erró al no referir el asunto a la Examinadora
de Pensiones Alimentarias (EPA) con la finalidad de imponer
una pensión provisional, ya que planteó que el recurrido
puede comparecer a presentar evidencia sobre sus ingresos a
través de su representación legal. Finalmente, solicitó que
se deje sin efecto la paralización.13
Por su parte, el recurrido compareció mediante una
Moción denegatoria de auto certiorari y/o alegato y arguyó
que el foro primario ejerció correctamente su discreción al
ordenar la paralización tras aplicar el Servicemembers Civil
Relief
Act,
supra.
Contrario
a
lo
alegado
por
la
peticionaria, señaló que el Tribunal de Primera Instancia
no lo relevó de continuar pagando la pensión alimentaria
fijada por el estado de Virginia, por lo que la pensión
alimentaria permaneció intacta. Así, fundamentó que fue
correcta “[l]a decisión del [foro primario] al paralizar los
13
Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 48-53.
CC-2023-0076
6
procedimientos de alimentos y su eventual fijación final,
mientras subsista la pensión fijada como provisional […]”.14
Después
partes,
el
de
23
considerar
de
diciembre
los
de
planteamientos
2022,
el
de
las
Tribunal
de
Apelaciones notificó una Resolución mediante la cual denegó
expedir el auto solicitado conforme a la Regla 40 de su
Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII y concluyó lo siguiente:
[E]l dictamen recurrido es uno fundamentalmente
correcto en derecho y […] ninguno de los
criterios expuestos en la Regla 40 del Reglamento
del Tribunal de Apelaciones amerita la necesidad
de nuestra intervención. Evidentemente, el TPI
realizó un balance adecuado entre los derechos
involucrados, y luego de un ponderado análisis,
falló cuidadosamente a favor de los derechos de
ambas partes al paralizar. En vista de ausencia
de abuso de discreción, ni parcialidad, no
intervendremos con la sana discreción del
[Tribunal de Primera Instancia]. (Negrilla
suplida).15
El 9 de enero de 2023, la peticionaria presentó una
moción de reconsideración. Luego, el 19 de enero de 2023,
el foro apelativo intermedio notificó una Resolución que
declaró “no ha lugar” la moción y resaltamos que puntualizó
en un escolio que:
El día 20 de abril de 2022, la señora Rivera
Ortiz presentó una Petición sobre un aumento de
pensión alimentaria. El pasado 12 de septiembre,
el tribunal de instancia decretó Orden en la cual
expresó "[e]n este caso el tribunal no ha
relevado del pago de la pensión alimentaria a la
parte demandada". Por lo que, se mantuvo vigente
la obligación de alimentos por la cantidad de
$546.00 mensuales y ello fue admitido por el
señor Rolón Merced en su Moción Denegatoria de
Auto de Certiorari y/o Alegato. Más aún, en
14
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 150.
15
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 11.
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7
conformidad
con
la
Ley
Orgánica
de
la
Administración para el Sustento de Menores, la
determinación
o
fijación
de
una
pensión
alimentaria es efectiva desde la fecha en que se
presente
la
reclamación
o
modificación.
(Negrilla suplida).16
En desacuerdo, el 26 de enero de 2023, la peticionaria
presentó un Recurso de certiorari ante este Tribunal y
señaló lo siguiente:
El dictamen del TA en el caso de autos es
contrario a lo resuelto por dicho foro intermedio
en el caso de Figueroa Padilla, Morales Andújar
Ex parte, 2010 TA 972 donde una de las partes
invocó el SCRA y se resolvió que el asunto de
alimentos se encuentra revestido del más alto
interés público y tomando en consideración que
el alimentante estaba debidamente representado
no procedía la paralización del caso, por lo que
existe conflicto entre las decisiones de paneles
del TA sobre el asunto en cuestión y lo resuelto
en el caso de autos, e incluso al no realizar un
análisis “in toto” de las disposiciones del SCRA
y obviando que el alimentante no se perjudica
toda vez que está debidamente representado con
abogado,
violentándole
así
el
derecho
constitucional a la vida a la alimentista la cual
está cobijada en la Constitución.
Erró el TA al concluir que el dictamen
recurrido es uno fundamentalmente correcto toda
vez que el TPI alegadamente realizó un balance
adecuado entre los derechos involucrados por lo
que falló cuidadosamente a favor de ambas partes,
a pesar de que surgía de los autos que la pensión
alimentaria originalmente impuesta por el estado
de Virginia cesó cuando la menor advino los
18 años o culminara la escuela superior (hecho
admitido por el propio recurrido desde mayo
2022), y que brilla por su ausencia en los autos
resolución dictada por el TPI ordenando al
recurrido a que continuara pagando dicha pensión
previo a ordenar la paralización del caso, por
lo que ha mediado prejuicio, parcialidad, error
craso y manifiesto en la apreciación de los autos
y la prueba, e incluso al concluir implícitamente
que la resolución del 12 de septiembre de 2022 y
notificada el 14 de septiembre de 2022 donde el
16
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 26.
CC-2023-0076
8
TPI expresó que no había relevado al recurrido
de la pensión alimentaria significa que la menor
no quedó desprovista de una pensión alimentaria.
Por su parte, el recurrido presentó su Alegato en
oposición. En síntesis, explicó que solicitó la paralización
al amparo de la sección 3932 del Servicemembers Civil Relief
Act,
50
USCA
sec.
3932,
mencionó
que
cumplió
con
la
presentación de la documentación requerida y enfatizó que
el foro
primario
no lo relevó
del pago
de
la
pensión
alimentaria.
Con el beneficio de la comparecencia de las partes,
resolvemos.
II
A. Paralización al amparo del Servicemembers Civil Relief
Act (SCRA)
En 1940, el Congreso de Estados Unidos implementó el
estatuto federal llamado Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief
Act
(SSCRA)
aplicable
a
nuestra
jurisdicción
con
la
finalidad de proteger a los miembros de las fuerzas armadas
de los Estados Unidos del rigor de los trámites de las
acciones civiles de las cuales puedan ser parte.17
Con el objetivo de que los miembros de las fuerzas
armadas concentren sus esfuerzos y energías en el ejercicio
del servicio militar, el mencionado estatuto federal provee
En lo pertinente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puntualizó
que “The Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act is always to be
liberally construed to protect those who have been obliged to drop their
own affairs to take up the burdens of the nation.” Boone v. Lightner,
319 US 561, 575, (1943). Posteriormente, el Máximo Foro federal expresó
que “the [statute] must be read with an eye friendly to those who dropped
their affairs to answer their country's call.” Le Maistre v. Leffers,
333 US 1, 6 (1948).
17
CC-2023-0076
9
algunos remedios, entre los que se encuentra la suspensión
temporera
de
los
procedimientos
judiciales
o
administrativos. Esto, para evitar que se puedan afectar
adversamente los derechos civiles de los miembros del cuerpo
militar durante la prestación del servicio.18
De este modo, todo miembro del servicio militar que
sea compelido a una causa judicial o administrativa ante un
foro que esté sujeto a la aplicación de la mencionada ley,
está
facultado
para
solicitar
la
paralización
correspondiente. Ello, siempre que cumpla con el elemento
de estar o haber estado activo en el servicio militar.19 De
ser
concedida
la
paralización,
la
misma
constituye
una
posposición de los procedimientos, hasta tanto el miembro
activo
sea
relevado
de
su
servicio
militar
y
pueda
comparecer a defenderse.20 Por consiguiente, la paralización
en controversia se perfila como un mecanismo de defensa y
no como un mecanismo de opresión sobre la parte contraria.21
En lo concerniente a la controversia, antes de la
enmienda de 2003 (que discutiremos más adelante), la sección
521 del SSCRA disponía lo siguiente sobre la paralización:
At any stage thereof any action or proceeding in
any court in which a person in military service
is involved, either as plaintiff or defendant,
18
50 USCA sec. 3902.
19
Véanse: 50 USCA secs. 3931 y 3932.
Coburn v. Coburn, 412 So.2d 947, 949 (Fla. Dist. Ct. App. 1982) (“This
section allows a postponement only until such time as a defendant is
unhampered by his military service to defend the action.”).
20
Runge v. Fleming, 181 F. Supp. 224, 228 (N.D. Iowa 1960) (“[W]hile
immunity sought under section 521 may be used as a ‘shield for defense’,
it is not an ‘instrument for the oppression of opposing part.”).
21
CC-2023-0076
10
during the period of such service or within sixty
days thereafter may, in the discretion of the
court in which it is pending, on its own motion,
and shall, on application to it by such person
or some person on his behalf, be stayed as
provided in this Act […] unless, in the opinion
of the court, the ability of plaintiff to
prosecute the action or the defendant to conduct
his defense is not materially affected by reason
of his military service. (Negrilla y subrayado
suplidos).22
Tras evaluar la sección 521 del SSCRA -que equivale a
la sección aplicable en este caso- antes de ser enmendada,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Boone v. Lightner,
319 US 561 (1943), interpretó que, la paralización de los
procedimientos está sujeta a la discreción del tribunal.23
Así,
en
el
ejercicio
de
su
discreción,
adicional
al
requisito de estar o haber estado activo en el servicio
militar, el tribunal debe considerar si el recurrido tiene
capacidad
para
conducir
su
defensa
y
ésta
no
se
ve
materialmente afectada por razón de su servicio militar.24
50 USC App. ant. sec. 521 (1940) (que actualmente es el remedio que
establece 50 USC App. secs. 521 y 522).
22
Tabor v. Miller, 389 F.2d 645, 647 (3d Cir. 1968) (citando a Boone v.
Lightner, 319 US 561 (1943)) (“The court had discretion to determine,
from all the circumstances of the case, whether a continuance was
justified.”). Véase, también, State ex rel. Swanson v. Heaton, 22 N.W.2d
815, 816 (Iowa 1946) (“Whether the ability of the service man to prosecute
or defend is materially affected, is to be determined by the court in the
exercise of a sound judicial discretion.”).
23
Boone v. Lightner, supra, págs. 565-569 (“The Act cannot be construed
to require continuance on mere showing that the defendant was in
Washington in the military service. Canons of statutory construction
admonish us that we should not needlessly render as meaningless the
language which, after authorizing stays, says ‘unless, in the opinion of
the court, the ability of plaintiff to prosecute the action or the
defendant to conduct his defense is not materially affected by reason of
his military service.’ The Act of 1940 was a substantial re-enactment of
that of 1918, 50 U.S.C.A. Appendix, s 101 et seq. The legislative history
of its antecedent shows that this clause was deliberately chosen and that
judicial discretion thereby conferred on the trial court instead of rigid
and undiscriminating suspension of civil proceedings was the very heart
of the policy of the Act.”).
24
CC-2023-0076
11
En otras palabras, el tribunal tenía discreción para
denegar la paralización y ordenar la continuación del caso
si entendía que el servicio militar ofrecido no afectaba
materialmente la habilidad del miembro del servicio militar
a presentar su defensa o su reclamo durante el trámite
judicial.25
Conforme
a
lo
anterior,
el
tribunal
debía
considerar los siguientes criterios:“(1) the servicemember
(or a person on his or her behalf) applied for the stay and
(2) the court determined that the servicemember's ability
to prosecute or defend the action was, in fact, materially
affected by reason of his or her military service”.26
Ahora bien, en 2003 el mencionado estatuto federal fue
enmendado e intitulado como Servicemembers Civil Relief Act
(SCRA)27 con la finalidad de clarificar el lenguaje del
SSCRA,
incorporar
las
interpretaciones
judiciales
Hernandez v. Hernandez, 906 A.2d 429, 435-436 esc. 3 (Md. Ct. Spec.
App. 2006) (“That is, under the previous iteration of the statute, the
court had discretion to deny a stay if it believed the servicemember's
military service would not materially affect his ability to prosecute
or defend the action. In 2003, Congress amended the Act, renaming it
the “Servicemember's Civil Relief Act,” and removing the discretionary
power of the court to deny a stay […].”).
25
In re Marriage of Herridge, 279 P.3d 956, 960 (Wash. Ct. App. 2012).
Asimismo, en Childs v. Childs, 310 P.3d 955, 959–960 (Alaska 2013), el
Tribunal Supremo de Alaska afirmó que el análisis presentado era
aplicable al estatuto anterior que cambió tras la enmienda realizada.
Ello, al expresar lo siguiente: “Although our prior decisions relating
to the Act have not dealt specifically with the requirements of §
522(b)(2), numerous courts, including the United States Supreme Court,
have concluded that a servicemember invoking a stay under the Act must
make a showing that the servicemember's rights or ability to present a
defense would be materially affected by the servicemember's military
duties. A servicemember is not entitled to a stay simply by virtue of
serving in the armed forces; the servicemember must show that, due to
military service, the servicemember's ability to raise a claim or
defense would be prejudiced if a stay were denied.”
26
Véase Ley Pub. Núm. 108–189 de 19 de diciembre de 2003 (117 Stat.
2835) que enmendó el Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act of 1940.
27
CC-2023-0076
12
realizadas y reflejar el desarrollo de la vida Americana
desde 1940.28
Entre
las
enmiendas,
discreción
que
otorgaba
se
el
produjo
un
cambio
en
la
estatuto
anterior
en
la
sección 3932 del SCRA. Ello, porque el cumplimiento de los
requisitos
relacionados
con
la
presentación
de
la
información requerida tras la enmienda implica que la orden
de paralización por parte del foro primario será de carácter
mandatorio por un mínimo de 90 días.29 Además de surgir
claramente
del
estatuto,
esto
interpretaciones
realizadas
por
es
cónsono
tribunales
de
con
las
distintos
estados.30 En lo pertinente, la sección 3932 del precitado
estatuto federal dispone lo siguiente:
(a) Applicability of section
This section applies to any civil action or
proceeding,
including
any
child
custody
proceeding, in which the plaintiff or defendant
Véase D. Dahle, The Servicemembers Civil Relief Act of 2003 Protecting
the Rights of Guard and Reserve Members, 48 ADVOCATE 13, 13 (2005).
28
In re Marriage of Herridge, supra (“Congress substantially amended
the Act in 2003. As discussed above, the SCRA now mandates that an
application for a stay by a servicemember contain specific information
in support of that request. […] [T]hose courts that have assessed the
effect of the 2003 amendments have generally held that a servicemember
must now comply with the express requirements of that statute in order
to be entitled to a mandatory stay of proceedings.”). Véase, también,
M. Dahle, supra, pág. 14 (“In Section 522, in actions where the member
has notice, the SCRA provides for an automatic mandatory procedural stay
for a minimum of 90 days, upon the application of the member.”).
29
Véanse, además: In re Walter, 234 S.W.3d 836, 837 (Tex. App. 2007)
(“According to that statute [50 USCA sec. 3932], the trial court shall,
upon application by a person in military service, stay a civil action
for a period of not less than 90 days if two conditions are met […].
The two conditions must be included in the application […].”); In re
Marriage of Bradley, 137 P.3d 1030, 1034 (Kan. 2006) (“A stay of
proceedings [in 50 USCA sec. 3932(b)(1)] is mandatory upon a properly
supported application by the servicemember, but not so if the statutory
conditions are not met.”); King v. Irvin, 614 S.E.2d 190, 193 esc. 12
(Ga. Ct. App. 2005) (“In 2003, however, Congress amended the Act to
require that servicemembers include in their stay applications specific
information not provided.”).
30
CC-2023-0076
13
at the time of filing an application under this
section-(1) is in military service or is within 90 days
after termination of or release from military
service; and
(2) has received notice of the action or
proceeding.
(b) Stay of proceedings
(1) Authority for stay
At any stage before final judgment in a civil
action or proceeding in which a servicemember
described in subsection (a) is a party, the court
may on its own motion and shall, upon application
by the servicemember, stay the action for a
period of not less than 90 days, if the
conditions in paragraph (2) are met.
(2) Conditions for stay
An application for a stay under
(1) shall include the following:
paragraph
(A) A letter or other communication setting forth
facts stating the manner in which current
military duty requirements materially affect the
servicemember's ability to appear and stating a
date when the servicemember will be available to
appear.
(B) A letter or other communication from the
servicemember's commanding officer stating that
the
servicemember's
current
military
duty
prevents appearance and that military leave is
not authorized for the servicemember at the time
of the letter.
(c) Application not a waiver of defenses
An application for a stay under this section does
not constitute an appearance for jurisdictional
purposes and does not constitute a waiver of any
substantive or procedural defense (including a
defense
relating
to
lack
of
personal
jurisdiction)
[…].
(Negrilla
y
subrayado
suplidos).31
A tenor con lo antes expuesto, para que determinado
procedimiento judicial o administrativo promovido en contra
de
31
un
miembro
del
50 USCA sec. 3932.
servicio
militar
quede
sujeto
a
la
CC-2023-0076
14
paralización
contemplada
en
el
estatuto,
la
solicitud
correspondiente debe presentarse dentro del periodo en que
se encuentre activo en el servicio militar, o durante los
90
días
siguientes
a
la
fecha
funciones.
Específicamente,
conformidad
con
la
de
debemos
precitada
terminación
de
sus
resaltar
que,
de
que
la
disposición,
para
petición de paralización mencionada sea oponible, debe haber
mediado
la
notificación
de
la
causa
de
acción
o
procedimiento al solicitante del remedio.
Entonces, según surge del estatuto, el tribunal (motu
proprio) podrá ordenar la paralización sin contar con una
solicitud del miembro del servicio militar. Sin embargo, en
este caso, nos encontramos con una petición presentada por
el recurrido. En ese escenario, la orden de paralización
solamente
estará
condicionada
a
que
la
petición
correspondiente se acompañe con una carta o comunicación que
acredite la imposibilidad del solicitante para comparecer a
los trámites judiciales o administrativos de los cuales sea
parte. La comunicación deberá establecer la forma en que las
responsabilidades que ejerce en el servicio militar afectan
materialmente su capacidad de comparecer, y a su vez, debe
hacer constar la fecha desde la cual estará disponible para
comparecer.
De
igual
forma,
la
eficacia
de
la
solicitud
de
paralización quedará supeditada también a la presentación
de una carta o comunicación suscrita por el Commanding
Officer
del
solicitante
para
certificar
que
las
tareas
CC-2023-0076
15
militares que a este le han sido delegadas le impiden
comparecer a los procedimientos y que, al momento de la
comunicación, no es acreedor de una licencia especial o
permiso
para
Ciertamente,
si
interrumpir
la
petición
su
cumple
servicio
con
los
militar.
requisitos
mencionados, el foro primario no tendrá discreción para
denegar la paralización. Finalmente, la paralización no
podrá ser otorgada por un término menor a 90 días.
Por otra parte, cónsono con los criterios esbozados,
debemos mencionar que el precepto federal en cuestión provee
discreción al tribunal para que, sujeto al cumplimiento de
ciertos criterios, pueda extender la paralización de una
acción judicial o administrativa en beneficio de un miembro
del servicio militar. Al respecto, la precitada sección
3932, en su inciso (d) establece:
(d) Additional stay
(1) Application
A servicemember who is granted a stay of a civil
action or proceeding under subsection (b) may
apply for an additional stay based on continuing
material affect of military duty on the
servicemember's ability to appear. Such an
application may be made by the servicemember at
the time of the initial application under
subsection (b) or when it appears that the
servicemember is unavailable to prosecute or
defend the action. The same information required
under subsection (b)(2) shall be included in an
application under this subsection.
(2) Appointment of counsel when additional stay
refused
If the court refuses to grant an additional stay
of proceedings under paragraph (1), the court
shall
appoint
counsel
to
represent
the
servicemember in the action or proceeding.
(Negrilla suplida).32
32
Íd.
CC-2023-0076
Lo
16
anterior
extensión
de
fundamentarse
comparecer
significa
una
en
por
que
los
que,
paralización
no
ha
deberes
la
decretada
cesado
que
solicitud
la
ejerce
para
tiene
imposibilidad
en
el
la
que
de
servicio
militar. Al mismo tiempo, su eficacia estriba en que se
presente dentro de la vigencia de la paralización original
o en el momento en que surja el impedimento, así como en que
se acompañe la petición con la misma documentación exigida
en los incisos (b)(2)(A) y (B) de la precitada sección 3932.
Finalmente, en el análisis de la totalidad del estatuto
federal, debemos mencionar que la sección 3931 posee también
la protección de la paralización aplicable a un escenario
distinto con la posibilidad de dictar sentencia en rebeldía
cuando el militar en el servicio activo no ha sido notificado
ni ha comparecido al pleito en ningún momento.33 De todas
formas, la sección 3931 en los incisos (e) y (f) excluye
expresamente el remedio de la paralización de la sección
3932 aplicable a la controversia en este caso al disponer
que:
La Sección 3931 establece lo siguiente sobre el remedio de la
paralización:
(a) Applicability of section
This section applies to any civil action or proceeding, including any
child custody proceeding, in which the defendant does not make an
appearance.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(d) Stay of proceedings
In an action covered by this section in which the defendant is in
military service, the court shall grant a stay of proceedings for a
minimum period of 90 days under this subsection upon application of
counsel, or on the court's own motion, if the court determines that-(1) there may be a defense to the action and a defense cannot be
presented without the presence of the defendant; or
(2) after due diligence, counsel has been unable to contact the defendant
or otherwise determine if a meritorious defense exists. 50 USCA sec.
3931 (a) y (d).
33
CC-2023-0076
17
(e) Inapplicability of section 3932 procedures
A stay of proceedings under subsection (d) shall
not be controlled by procedures or requirements
under section 3932 of this title.
(f) Section 3932 protection
If a servicemember who is a defendant in an
action covered by this section receives actual
notice of the action, the servicemember may
request a stay of proceeding under section 3932
of this title.34
i. Aplicación
alimentaria
del
SCRA
en
procedimientos
de
pensión
En cuanto a la aplicación de la legislación federal en
los procedimientos de pensión alimentaria, en Shelor v.
Shelor, 383 S.E.2d 895 (Ga. 1989) el Tribunal Supremo de
Georgia sostuvo que las modificaciones temporeras de pensión
alimentaria,
en
general,
no
afectan
materialmente
los
derechos del militar en servicio, porque son de carácter
interlocutorio
al
estar
sujetas
a
modificación.
Posteriormente, cónsono con el carácter temporero de la
orden, en Lenser v. McGowan, 191 S.W.3d 506 (Ark. 2004), el
Tribunal
Supremo
de
Arkansas
indicó
que
una
orden
de
paralización emitida al amparo del SCRA no impide que se
emita una orden temporera sobre la custodia del menor hasta
que pueda comparecer el militar en servicio.35
Por otro lado, tras la enmienda del SCRA en 2003, la
Administración para el Sustento de Menores (ASUME) emitió
34
50 USCA sec. 3931 (e) y (f).
Shelor v. Shelor, 383 S.E.2d 895 (Ga. 1989); Lenser v. McGowan, 191
S.W.3d 506 (Ark. 2004)(“The circuit court has jurisdiction to consider
matters such as support, custody, and other similar matters that arise
during the course of the stay.”). Véase, también, M. E. Sullivan, A
Judge´s
Guide
to
the
Servicemembers
Civil
Relief
Act,
https://www.nclamp.gov/media/425665/jdg-guide.pdf (última visita, 10 de
diciembre de 2024).
35
CC-2023-0076
18
una Orden Administrativa en la que, entre otras cosas,
explicó y discutió las mejores prácticas sobre la aplicación
de
la
nueva
legislación
federal
y
en
lo
pertinente,
puntualizó lo siguiente sobre los alimentos:
5. Paralización Automátic[a]. La nueva ley
ordena una paralización automática de por lo
menos 90 días a petición del militar. La
aplicación de la paralización debe incluir: a)
una carta u otra comunicación declarando como
las obligaciones militares presentes afectan la
habilidad del militar para comparecer y declarar
una fecha en que el militar estará disponible
para
comparecer y
b) una carta u
otra
comunicación del comandante declarando que las
obligaciones militares actuales del militar
impiden su comparecencia y que el permiso militar
para ausentarse no está autorizado para el
militar al momento de la carta. Ver § 522(b)(2)
[…].
.
.
.
.
.
.
10. Alimentos. En muchos casos, la paga de un
progenitor
puede
aumentar
o
reducirse
dramáticamente como resultado de la activación
[…]. La paga militar incluye pagas especiales
libre de impuestos y mesadas que son incluidas
en el ingreso bruto […]. Dineros ganados en zona
de combate son libres de impuesto. Muchos
tribunales han acordado expeditar las vistas
para militares desplegados o entrar órdenes
interinas hasta tal tiempo en que ellos
comparezcan. Si no existe una orden o acuerdo de
alimentos, la Marina o la Infantería de Marina
tienen
sus propias
guías recomendadas
de
36
alimentos […]. (Negrilla suplida).
III
La controversia ante nuestra consideración es sobre
una orden de paralización emitida por el foro primario
durante los procedimientos relacionados con una pensión
alimentaria a solicitud de un militar en el servicio activo
OA-2004-04 Cumplimiento con los requisitos del Servicemembers Civil
Relief Act of 2003.
36
CC-2023-0076
al
amparo
19
de
lo
establecido
en
la
sección
3932
del
Servicemembers Civil Relief Act, 50 USCA sec. 3901 et seq.
Veamos.
La peticionaria plantea que el Tribunal de Primera
Instancia erró al ordenar la paralización sin fijar una
pensión provisional a sabiendas de que la pensión fijada
originalmente por el estado de Virginia cesó en mayo de 2022
cuando la menor advino los 18 años y tuvo el efecto de
dejarla desprovista de alimentos durante el servicio militar
del recurrido.37 Así, alega que abusó de su discreción ante
el alto interés público que poseen los alimentos de un
menor.38 De otra parte, aduce que el Tribunal de Apelaciones
y el foro primario fallaron al no considerar que el recurrido
ha tenido representación legal todo el tiempo y su habilidad
de conducir su defensa no se ha visto afectada materialmente
por el servicio militar. Más aún, cuando la peticionaria
entiende
que
la
evidencia
a
presentarse
en
el
trámite
procesal no requeriría de su presencia.39
Por su parte, el recurrido arguye que solicitó la
paralización al amparo de la sección 3932 del Servicemembers
Civil Relief Act, supra, y cumplió con la presentación de
la documentación requerida en el estatuto. Conforme a ello,
plantea que el foro primario en el ejercicio de su discreción
37
Recurso de certiorari, págs. 2-3.
38
Recurso de certiorari, pág. 23.
39
Recurso de certiorari, págs. 19-20.
CC-2023-0076
20
no lo relevó del pago de la pensión alimentaria. Así, asevera
que el referido foro estableció una pensión provisional a
favor de la menor que eventualmente será atendida en una
vista de pensión final. Afirmó que continúa pagando la
pensión según fue implementada en el estado de Virginia y
resaltó que no posee ningún retraso en el pago.40
De entrada, según surge de los autos del caso, como
hecho
incontrovertido,
el
recurrido
se
encuentra
en
el
servicio activo de la Marina de los Estados Unidos fuera de
la jurisdicción del tribunal. Por ello, está protegido por
el Servicemembers Civil Relief Act, supra, y tiene derecho
a beneficiarse de los remedios que provee el estatuto como
lo es la paralización. Un remedio que, según mencionamos,
se fundamenta en evitar que se vean afectados de manera
adversa los derechos civiles de los miembros de las fuerzas
armadas mientras prestan sus servicios en favor de los
Estados Unidos.
En virtud de lo discutido en el segundo acápite sobre
el estatuto federal y la sección 3932 aplicable al caso,
debemos resaltar que la peticionaria presenta un análisis
parcialmente incorrecto del derecho aplicable en base a los
criterios
que
otorgaban
discreción
al
tribunal
al
fundamentar su reclamo en la interpretación que se realizaba
antes de la enmienda al estatuto federal en el 2003. Según
Conforme a esto, el recurrido citó que existe un principio naval
establecido [32 CFR sec. 733.3 – Information and policy on support of
dependents] por el que continuará pagando su obligación alimentaria
hasta que el foro primario disponga de forma distinta.
40
CC-2023-0076
la
21
disposición
federal
enmendada,
la
protección
de
la
paralización que provee el SCRA en la sección 3932 es de
carácter mandatorio tras el cumplimiento de los requisitos
presentados.
La paralización al amparo de la sección 3932 del
Servicemembers Civil Relief Act, supra,41 aplicable en este
caso, primeramente, requiere que el solicitante se encuentre
activo en el servicio militar o durante los 90 días siguientes
a la fecha de terminación de sus funciones. Además, el militar
en el servicio debe ser notificado sobre la causa de acción
o el procedimiento y solicitar el remedio de la paralización.
Después de cumplir con lo anterior, al Tribunal de Primera
Instancia le correspondía examinar el cumplimiento de la
presentación de los documentos y la información requerida
en la sección 3932, a saber: (A) Una carta o comunicación
que
acredite
la
imposibilidad
del
solicitante
para
comparecer a los trámites judiciales o administrativos al
establecer la forma en que las responsabilidades que ejerce
en el servicio militar afectan materialmente su capacidad
de comparecer, y además, hacer constar la fecha desde la
cual estará disponible para comparecer. (B) Una carta o
comunicación
suscrita
por
el
Commanding
Officer
del
solicitante en la que certifique que las tareas militares
delegadas le impiden comparecer a los procedimientos y que,
al momento de la comunicación, no es acreedor de una licencia
41
50 USCA sec. 3932.
CC-2023-0076
22
especial o permiso para interrumpir su servicio militar.
Claramente, tras cumplir con los requerimientos mencionados,
procedía la orden de la paralización de forma mandatoria
como lo ordenó el foro primario.
Ahora bien, en este caso, el Tribunal de Primera
Instancia ordenó la paralización de los procedimientos sobre
la reclamación de pensión alimentaria de la peticionaria.
Una determinación fundamentada en el cumplimiento de los
requisitos
de
la
recurrido.
Así,
sección
después
3932
de
del
SCRA
ordenar
la
por
parte
del
paralización,
el
12 de septiembre de 2022, el foro primario denegó una moción
de reconsideración presentada por la peticionaria a través
de
una
resolución
en
la
que
reiteró
que
mantenía
la
paralización, y puntualizó que el tribunal no había relevado
al recurrido del pago de la pensión alimentaria impuesta por
el estado de Virginia.42
Particularmente,
paralización
como
un
en
cuanto
remedio
en
a
la
los
aplicación
casos
de
de
la
familia,
debemos resaltar que las secciones discutidas expresamente
establecen que serán aplicables en toda acción civil hasta
en
los
casos
jurisprudencia
de
custodia
esbozada
se
y
conforme
observa
la
a
ello,
en
la
aplicación
a
los
distintos procedimientos que incluyen los casos de familia.
Más
aún,
cuando
se
ha
determinado
que
el
carácter
interlocutorio de las modificaciones temporeras en los casos
42
Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67.
CC-2023-0076
23
de familia no afecta los derechos del militar en servicio.
Tras evaluar la totalidad de la legislación federal y
al considerar el carácter mandatorio de la paralización como
resultado del cumplimiento de los requisitos, concluimos que
el
foro
primario
actuó
correctamente
al
no
relevar
al
recurrido del pago de la pensión alimentaria con el efecto
de implementar una orden de pensión provisional durante la
orden de paralización emitida con el fin de mantener el
“status
quo”.
Una
actuación
que
es
cónsona
con
las
interpretaciones realizadas que resaltan que el carácter
interlocutorio
de
una
orden
no
es
contrario
al
Servicemembers Civil Relief Act, supra.
Finalmente, los foros primarios no pueden ignorar que,
en los casos de los alimentos de un menor, tras llevar a
cabo un balance de intereses, deberán considerar y evitar
que el menor quede desprovisto de su derecho a una pensión
alimentaria. En el caso de autos, el Tribunal de Primera
Instancia no relevó del pago de pensión al recurrido, lo que
tiene el efecto de acoger la pensión establecida como una
pensión provisional que, posteriormente será evaluada y
considerada
en
el
momento
en
que
se
levante
la
paralización.43 Así, somos del criterio de que el Tribunal
de
Apelaciones
actuó
correctamente
al
confirmar
la
determinación del foro primario.
Véase Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 12
de septiembre de 2022. Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67.
43
CC-2023-0076
24
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la
Resolución
emitida
por
el
Tribunal
de
Apelaciones
y
devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúe los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.
Se dictará Sentencia de conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Maribel Rivera Ortiz
Peticionaria
v.
CC-2023-0076
Certiorari
Melvin Rolón Merced
Recurrido
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2025.
Por los fundamentos antes expuestos en la
Opinión que antecede la cual se hace formar parte
íntegra de la presente, se confirma la Resolución
emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos
el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúe los procedimientos conforme a lo aquí
resuelto.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada
Rivera Pérez no interviene.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo