LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rivera Ortiz v. Rolón Merced

2025 TSPR 25

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Rivera Ortiz v. Rolón Merced

CC-2023-0076

17 de marzo de 2025 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Derecho de Familia – Paralización de un procedimiento de reclamación de pensión alimentaria contra un miembro activo en el servicio militar al amparo del estatuto federal del Servicemembers Civil Relief Act.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maribel Rivera Ortiz

Peticionaria

Certiorari

v.

2025 TSPR 25

Melvin Rolón Merced

215 DPR ___

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

CC-2023-0076

17 de marzo de 2025

Tribunal de Apelaciones:

Panel IV

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Hilda Esther Colón Rivera

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcda. Jerusa Cruz Alfaro

Lcda. Ligia E. Santos Torres

Materia: Derecho de Familia – Paralización de un procedimiento de

reclamación de pensión alimentaria contra un miembro activo en el

servicio militar al amparo del estatuto federal del Servicemembers

Civil Relief Act.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maribel Rivera Ortiz

Peticionaria

v.

CC-2023-0076

Certiorari

Melvin Rolón Merced

Recurrido

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2025.

En este caso, nos corresponde dilucidar si el

Tribunal de Apelaciones erró al denegar expedir un

recurso

de

certiorari

para

modificar

una

determinación del Tribunal de Primera Instancia que

paralizó los procedimientos sobre una petición de

alimentos.

Adelantamos que el Tribunal de Primera Instancia

actuó correctamente al ordenar la paralización. Ello,

debido

a

que

se

trataba

de

un

procedimiento

de

reclamación de pensión alimentaria en contra de un

miembro activo en el servicio militar al amparo del

estatuto federal del Servicemembers Civil Relief Act

(SCRA),

50

USCA

sec.

3901

et

seq.

Por

tanto,

CC-2023-0076

2

confirmamos la determinación del foro apelativo intermedio.

I

En sustancia y en síntesis, este caso, como tantos

otros,

se

relaciona

con

una

pensión

alimentaria,

cuyos

detalles no es necesario pormenorizar. Estos son los hechos

pertinentes.

La

Sra.

Maribel

Rivera

Ortiz

(peticionaria)

y

el

Sr. Melvin Rolón Merced (recurrido) se casaron el 23 de

septiembre de 2003 -en Puerto Rico-. Durante su matrimonio,

procrearon una hija (MRR) nacida el 16 de abril de 2004 -en

el

estado

de

Florida-.1

Las

partes

se

divorciaron

en

diciembre de 2008 en el estado de Virginia, lugar en el que

convivieron

previo

a

su

separación

en

2007.2

Tras

la

separación en 2007, la peticionaria se mudó con MRR a Puerto

Rico en donde han continuado residiendo hasta el presente.3

El 20 de abril de 2022, la peticionaria presentó en el

Tribunal de Primera Instancia una Petición de alimentos a

favor de su hija y en contra del recurrido.4

Posteriormente, el 27 de mayo de 2022, el recurrido

solicitó la aplicación de la protección que le otorga el

Servicemembers Civil Relief Act, supra, a un militar activo

de

suspender

o

paralizar

los

procedimientos

o

pleitos

Véase Certificado de nacimiento, Apéndice de Recurso de certiorari,

pág. 90.

1

Véase Stipulation and Agreement, Apéndice de Recurso de certiorari,

pág. 76.

2

3

Íd.

4

Petición, Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 68.

CC-2023-0076

judiciales

3

o

administrativos

en

su

contra

mientras

se

encuentra activo en el servicio militar de Estados Unidos.5

Sostuvo que es un militar activo domiciliado en el estado

de Virginia y movilizado al estado de California. Conforme

a

ello,

según

surge

del

expediente,

el

recurrido

se

encontraba activo en el servicio militar a bordo de un barco

de la Marina de los Estados Unidos.6

Por su parte, el 7 de junio de 2022, la peticionaria

replicó mediante una moción en la que citó el Servicemembers

Civil Relief Act, supra, y arguyó que no es aplicable al

caso por la falta de una declaración de guerra. Además,

peticionó

una

pensión

alimentaria

provisional

y

final

correspondiente.7

Luego, el 17 de junio de 2022, el recurrido presentó

una moción en la que reiteró la solicitud de la paralización

del

procedimiento

judicial.8

Allí,

en

virtud

del

Servicemembers Civil Relief Act, supra, argumentó que el

foro primario debía paralizar los procedimientos hasta que

la Marina de los Estados Unidos lo autorizara a salir de su

estado de militar activo -al encontrarse a bordo de un barco

militar-, para responder a la acción legal en su contra y

defender sus derechos a tenor con el debido proceso de ley

que le garantiza nuestra Constitución. Asimismo, afirmó que

5

Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 111-112.

6

Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 129 y 131.

7

Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 114-117.

8

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 118.

CC-2023-0076

4

cumplió con la información requerida por el estatuto federal

a través de los documentos presentados como anejos.

Así las cosas, el 17 de agosto de 2022,9 el Tribunal

de

Primera

Instancia

ordenó

la

paralización

de

los

procedimientos mientras el recurrido se mantuviera en el

servicio militar activo. Ello, por entender que el recurrido

cumplió con la presentación de la información requerida al

amparo de lo establecido en el Servicemembers Civil Relief

Act, supra.10

En desacuerdo, el 30 de agosto de 2022, la peticionaria

presentó

una

moción

de

reconsideración

sobre

la

paralización.11 El 12 de septiembre de 2022, el Tribunal de

Primera

Instancia

denegó

la

moción

de

reconsideración

presentada por la peticionaria a través de una resolución

en la que razonó lo siguiente: “Se mantiene vigente la orden

de paralización. En este caso el Tribunal no ha relevado del

pago de pensión alimentaria a la parte demandada”.12

Inconforme, el 5 de octubre de 2022, la peticionaria

presentó

un

recurso

de

certiorari

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. En resumen, alegó que el foro primario abusó

de su discreción al aplicar la disposición federal contenida

en el Servicemembers Civil Relief Act, supra, y ordenar la

9

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 56.

Advertimos que la información requerida fue acreditada mediante los

comunicados presentados que surgen del expediente. Apéndice de Recurso

de certiorari, págs. 129 y 131.

10

11

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 57.

12

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67.

CC-2023-0076

5

paralización, por entender que solamente es aplicable en

tiempos en los que existe una declaración de guerra. De otra

parte, arguyó que, si el recurrido estuviera cobijado por

la disposición federal, la misma es inaplicable al caso de

autos, porque se dejó una menor sin alimentos a pesar del

alto interés público y a su vez, el Estado incumplió con el

deber de “parens patriae” al no velar por el interés óptimo

de la menor.

Conforme a lo anterior, la peticionaria expresó que el

foro primario erró al no referir el asunto a la Examinadora

de Pensiones Alimentarias (EPA) con la finalidad de imponer

una pensión provisional, ya que planteó que el recurrido

puede comparecer a presentar evidencia sobre sus ingresos a

través de su representación legal. Finalmente, solicitó que

se deje sin efecto la paralización.13

Por su parte, el recurrido compareció mediante una

Moción denegatoria de auto certiorari y/o alegato y arguyó

que el foro primario ejerció correctamente su discreción al

ordenar la paralización tras aplicar el Servicemembers Civil

Relief

Act,

supra.

Contrario

a

lo

alegado

por

la

peticionaria, señaló que el Tribunal de Primera Instancia

no lo relevó de continuar pagando la pensión alimentaria

fijada por el estado de Virginia, por lo que la pensión

alimentaria permaneció intacta. Así, fundamentó que fue

correcta “[l]a decisión del [foro primario] al paralizar los

13

Apéndice de Recurso de certiorari, págs. 48-53.

CC-2023-0076

6

procedimientos de alimentos y su eventual fijación final,

mientras subsista la pensión fijada como provisional […]”.14

Después

partes,

el

de

23

considerar

de

diciembre

los

de

planteamientos

2022,

el

de

las

Tribunal

de

Apelaciones notificó una Resolución mediante la cual denegó

expedir el auto solicitado conforme a la Regla 40 de su

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII y concluyó lo siguiente:

[E]l dictamen recurrido es uno fundamentalmente

correcto en derecho y […] ninguno de los

criterios expuestos en la Regla 40 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones amerita la necesidad

de nuestra intervención. Evidentemente, el TPI

realizó un balance adecuado entre los derechos

involucrados, y luego de un ponderado análisis,

falló cuidadosamente a favor de los derechos de

ambas partes al paralizar. En vista de ausencia

de abuso de discreción, ni parcialidad, no

intervendremos con la sana discreción del

[Tribunal de Primera Instancia]. (Negrilla

suplida).15

El 9 de enero de 2023, la peticionaria presentó una

moción de reconsideración. Luego, el 19 de enero de 2023,

el foro apelativo intermedio notificó una Resolución que

declaró “no ha lugar” la moción y resaltamos que puntualizó

en un escolio que:

El día 20 de abril de 2022, la señora Rivera

Ortiz presentó una Petición sobre un aumento de

pensión alimentaria. El pasado 12 de septiembre,

el tribunal de instancia decretó Orden en la cual

expresó "[e]n este caso el tribunal no ha

relevado del pago de la pensión alimentaria a la

parte demandada". Por lo que, se mantuvo vigente

la obligación de alimentos por la cantidad de

$546.00 mensuales y ello fue admitido por el

señor Rolón Merced en su Moción Denegatoria de

Auto de Certiorari y/o Alegato. Más aún, en

14

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 150.

15

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 11.

CC-2023-0076

7

conformidad

con

la

Ley

Orgánica

de

la

Administración para el Sustento de Menores, la

determinación

o

fijación

de

una

pensión

alimentaria es efectiva desde la fecha en que se

presente

la

reclamación

o

modificación.

(Negrilla suplida).16

En desacuerdo, el 26 de enero de 2023, la peticionaria

presentó un Recurso de certiorari ante este Tribunal y

señaló lo siguiente:

El dictamen del TA en el caso de autos es

contrario a lo resuelto por dicho foro intermedio

en el caso de Figueroa Padilla, Morales Andújar

Ex parte, 2010 TA 972 donde una de las partes

invocó el SCRA y se resolvió que el asunto de

alimentos se encuentra revestido del más alto

interés público y tomando en consideración que

el alimentante estaba debidamente representado

no procedía la paralización del caso, por lo que

existe conflicto entre las decisiones de paneles

del TA sobre el asunto en cuestión y lo resuelto

en el caso de autos, e incluso al no realizar un

análisis “in toto” de las disposiciones del SCRA

y obviando que el alimentante no se perjudica

toda vez que está debidamente representado con

abogado,

violentándole

así

el

derecho

constitucional a la vida a la alimentista la cual

está cobijada en la Constitución.

Erró el TA al concluir que el dictamen

recurrido es uno fundamentalmente correcto toda

vez que el TPI alegadamente realizó un balance

adecuado entre los derechos involucrados por lo

que falló cuidadosamente a favor de ambas partes,

a pesar de que surgía de los autos que la pensión

alimentaria originalmente impuesta por el estado

de Virginia cesó cuando la menor advino los

18 años o culminara la escuela superior (hecho

admitido por el propio recurrido desde mayo

2022), y que brilla por su ausencia en los autos

resolución dictada por el TPI ordenando al

recurrido a que continuara pagando dicha pensión

previo a ordenar la paralización del caso, por

lo que ha mediado prejuicio, parcialidad, error

craso y manifiesto en la apreciación de los autos

y la prueba, e incluso al concluir implícitamente

que la resolución del 12 de septiembre de 2022 y

notificada el 14 de septiembre de 2022 donde el

16

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 26.

CC-2023-0076

8

TPI expresó que no había relevado al recurrido

de la pensión alimentaria significa que la menor

no quedó desprovista de una pensión alimentaria.

Por su parte, el recurrido presentó su Alegato en

oposición. En síntesis, explicó que solicitó la paralización

al amparo de la sección 3932 del Servicemembers Civil Relief

Act,

50

USCA

sec.

3932,

mencionó

que

cumplió

con

la

presentación de la documentación requerida y enfatizó que

el foro

primario

no lo relevó

del pago

de

la

pensión

alimentaria.

Con el beneficio de la comparecencia de las partes,

resolvemos.

II

A. Paralización al amparo del Servicemembers Civil Relief

Act (SCRA)

En 1940, el Congreso de Estados Unidos implementó el

estatuto federal llamado Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief

Act

(SSCRA)

aplicable

a

nuestra

jurisdicción

con

la

finalidad de proteger a los miembros de las fuerzas armadas

de los Estados Unidos del rigor de los trámites de las

acciones civiles de las cuales puedan ser parte.17

Con el objetivo de que los miembros de las fuerzas

armadas concentren sus esfuerzos y energías en el ejercicio

del servicio militar, el mencionado estatuto federal provee

En lo pertinente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos puntualizó

que “The Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act is always to be

liberally construed to protect those who have been obliged to drop their

own affairs to take up the burdens of the nation.” Boone v. Lightner,

319 US 561, 575, (1943). Posteriormente, el Máximo Foro federal expresó

que “the [statute] must be read with an eye friendly to those who dropped

their affairs to answer their country's call.” Le Maistre v. Leffers,

333 US 1, 6 (1948).

17

CC-2023-0076

9

algunos remedios, entre los que se encuentra la suspensión

temporera

de

los

procedimientos

judiciales

o

administrativos. Esto, para evitar que se puedan afectar

adversamente los derechos civiles de los miembros del cuerpo

militar durante la prestación del servicio.18

De este modo, todo miembro del servicio militar que

sea compelido a una causa judicial o administrativa ante un

foro que esté sujeto a la aplicación de la mencionada ley,

está

facultado

para

solicitar

la

paralización

correspondiente. Ello, siempre que cumpla con el elemento

de estar o haber estado activo en el servicio militar.19 De

ser

concedida

la

paralización,

la

misma

constituye

una

posposición de los procedimientos, hasta tanto el miembro

activo

sea

relevado

de

su

servicio

militar

y

pueda

comparecer a defenderse.20 Por consiguiente, la paralización

en controversia se perfila como un mecanismo de defensa y

no como un mecanismo de opresión sobre la parte contraria.21

En lo concerniente a la controversia, antes de la

enmienda de 2003 (que discutiremos más adelante), la sección

521 del SSCRA disponía lo siguiente sobre la paralización:

At any stage thereof any action or proceeding in

any court in which a person in military service

is involved, either as plaintiff or defendant,

18

50 USCA sec. 3902.

19

Véanse: 50 USCA secs. 3931 y 3932.

Coburn v. Coburn, 412 So.2d 947, 949 (Fla. Dist. Ct. App. 1982) (“This

section allows a postponement only until such time as a defendant is

unhampered by his military service to defend the action.”).

20

Runge v. Fleming, 181 F. Supp. 224, 228 (N.D. Iowa 1960) (“[W]hile

immunity sought under section 521 may be used as a ‘shield for defense’,

it is not an ‘instrument for the oppression of opposing part.”).

21

CC-2023-0076

10

during the period of such service or within sixty

days thereafter may, in the discretion of the

court in which it is pending, on its own motion,

and shall, on application to it by such person

or some person on his behalf, be stayed as

provided in this Act […] unless, in the opinion

of the court, the ability of plaintiff to

prosecute the action or the defendant to conduct

his defense is not materially affected by reason

of his military service. (Negrilla y subrayado

suplidos).22

Tras evaluar la sección 521 del SSCRA -que equivale a

la sección aplicable en este caso- antes de ser enmendada,

el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Boone v. Lightner,

319 US 561 (1943), interpretó que, la paralización de los

procedimientos está sujeta a la discreción del tribunal.23

Así,

en

el

ejercicio

de

su

discreción,

adicional

al

requisito de estar o haber estado activo en el servicio

militar, el tribunal debe considerar si el recurrido tiene

capacidad

para

conducir

su

defensa

y

ésta

no

se

ve

materialmente afectada por razón de su servicio militar.24

50 USC App. ant. sec. 521 (1940) (que actualmente es el remedio que

establece 50 USC App. secs. 521 y 522).

22

Tabor v. Miller, 389 F.2d 645, 647 (3d Cir. 1968) (citando a Boone v.

Lightner, 319 US 561 (1943)) (“The court had discretion to determine,

from all the circumstances of the case, whether a continuance was

justified.”). Véase, también, State ex rel. Swanson v. Heaton, 22 N.W.2d

815, 816 (Iowa 1946) (“Whether the ability of the service man to prosecute

or defend is materially affected, is to be determined by the court in the

exercise of a sound judicial discretion.”).

23

Boone v. Lightner, supra, págs. 565-569 (“The Act cannot be construed

to require continuance on mere showing that the defendant was in

Washington in the military service. Canons of statutory construction

admonish us that we should not needlessly render as meaningless the

language which, after authorizing stays, says ‘unless, in the opinion of

the court, the ability of plaintiff to prosecute the action or the

defendant to conduct his defense is not materially affected by reason of

his military service.’ The Act of 1940 was a substantial re-enactment of

that of 1918, 50 U.S.C.A. Appendix, s 101 et seq. The legislative history

of its antecedent shows that this clause was deliberately chosen and that

judicial discretion thereby conferred on the trial court instead of rigid

and undiscriminating suspension of civil proceedings was the very heart

of the policy of the Act.”).

24

CC-2023-0076

11

En otras palabras, el tribunal tenía discreción para

denegar la paralización y ordenar la continuación del caso

si entendía que el servicio militar ofrecido no afectaba

materialmente la habilidad del miembro del servicio militar

a presentar su defensa o su reclamo durante el trámite

judicial.25

Conforme

a

lo

anterior,

el

tribunal

debía

considerar los siguientes criterios:“(1) the servicemember

(or a person on his or her behalf) applied for the stay and

(2) the court determined that the servicemember's ability

to prosecute or defend the action was, in fact, materially

affected by reason of his or her military service”.26

Ahora bien, en 2003 el mencionado estatuto federal fue

enmendado e intitulado como Servicemembers Civil Relief Act

(SCRA)27 con la finalidad de clarificar el lenguaje del

SSCRA,

incorporar

las

interpretaciones

judiciales

Hernandez v. Hernandez, 906 A.2d 429, 435-436 esc. 3 (Md. Ct. Spec.

App. 2006) (“That is, under the previous iteration of the statute, the

court had discretion to deny a stay if it believed the servicemember's

military service would not materially affect his ability to prosecute

or defend the action. In 2003, Congress amended the Act, renaming it

the “Servicemember's Civil Relief Act,” and removing the discretionary

power of the court to deny a stay […].”).

25

In re Marriage of Herridge, 279 P.3d 956, 960 (Wash. Ct. App. 2012).

Asimismo, en Childs v. Childs, 310 P.3d 955, 959–960 (Alaska 2013), el

Tribunal Supremo de Alaska afirmó que el análisis presentado era

aplicable al estatuto anterior que cambió tras la enmienda realizada.

Ello, al expresar lo siguiente: “Although our prior decisions relating

to the Act have not dealt specifically with the requirements of §

522(b)(2), numerous courts, including the United States Supreme Court,

have concluded that a servicemember invoking a stay under the Act must

make a showing that the servicemember's rights or ability to present a

defense would be materially affected by the servicemember's military

duties. A servicemember is not entitled to a stay simply by virtue of

serving in the armed forces; the servicemember must show that, due to

military service, the servicemember's ability to raise a claim or

defense would be prejudiced if a stay were denied.”

26

Véase Ley Pub. Núm. 108–189 de 19 de diciembre de 2003 (117 Stat.

2835) que enmendó el Soldiers' and Sailors' Civil Relief Act of 1940.

27

CC-2023-0076

12

realizadas y reflejar el desarrollo de la vida Americana

desde 1940.28

Entre

las

enmiendas,

discreción

que

otorgaba

se

el

produjo

un

cambio

en

la

estatuto

anterior

en

la

sección 3932 del SCRA. Ello, porque el cumplimiento de los

requisitos

relacionados

con

la

presentación

de

la

información requerida tras la enmienda implica que la orden

de paralización por parte del foro primario será de carácter

mandatorio por un mínimo de 90 días.29 Además de surgir

claramente

del

estatuto,

esto

interpretaciones

realizadas

por

es

cónsono

tribunales

de

con

las

distintos

estados.30 En lo pertinente, la sección 3932 del precitado

estatuto federal dispone lo siguiente:

(a) Applicability of section

This section applies to any civil action or

proceeding,

including

any

child

custody

proceeding, in which the plaintiff or defendant

Véase D. Dahle, The Servicemembers Civil Relief Act of 2003 Protecting

the Rights of Guard and Reserve Members, 48 ADVOCATE 13, 13 (2005).

28

In re Marriage of Herridge, supra (“Congress substantially amended

the Act in 2003. As discussed above, the SCRA now mandates that an

application for a stay by a servicemember contain specific information

in support of that request. […] [T]hose courts that have assessed the

effect of the 2003 amendments have generally held that a servicemember

must now comply with the express requirements of that statute in order

to be entitled to a mandatory stay of proceedings.”). Véase, también,

M. Dahle, supra, pág. 14 (“In Section 522, in actions where the member

has notice, the SCRA provides for an automatic mandatory procedural stay

for a minimum of 90 days, upon the application of the member.”).

29

Véanse, además: In re Walter, 234 S.W.3d 836, 837 (Tex. App. 2007)

(“According to that statute [50 USCA sec. 3932], the trial court shall,

upon application by a person in military service, stay a civil action

for a period of not less than 90 days if two conditions are met […].

The two conditions must be included in the application […].”); In re

Marriage of Bradley, 137 P.3d 1030, 1034 (Kan. 2006) (“A stay of

proceedings [in 50 USCA sec. 3932(b)(1)] is mandatory upon a properly

supported application by the servicemember, but not so if the statutory

conditions are not met.”); King v. Irvin, 614 S.E.2d 190, 193 esc. 12

(Ga. Ct. App. 2005) (“In 2003, however, Congress amended the Act to

require that servicemembers include in their stay applications specific

information not provided.”).

30

CC-2023-0076

13

at the time of filing an application under this

section-(1) is in military service or is within 90 days

after termination of or release from military

service; and

(2) has received notice of the action or

proceeding.

(b) Stay of proceedings

(1) Authority for stay

At any stage before final judgment in a civil

action or proceeding in which a servicemember

described in subsection (a) is a party, the court

may on its own motion and shall, upon application

by the servicemember, stay the action for a

period of not less than 90 days, if the

conditions in paragraph (2) are met.

(2) Conditions for stay

An application for a stay under

(1) shall include the following:

paragraph

(A) A letter or other communication setting forth

facts stating the manner in which current

military duty requirements materially affect the

servicemember's ability to appear and stating a

date when the servicemember will be available to

appear.

(B) A letter or other communication from the

servicemember's commanding officer stating that

the

servicemember's

current

military

duty

prevents appearance and that military leave is

not authorized for the servicemember at the time

of the letter.

(c) Application not a waiver of defenses

An application for a stay under this section does

not constitute an appearance for jurisdictional

purposes and does not constitute a waiver of any

substantive or procedural defense (including a

defense

relating

to

lack

of

personal

jurisdiction)

[…].

(Negrilla

y

subrayado

suplidos).31

A tenor con lo antes expuesto, para que determinado

procedimiento judicial o administrativo promovido en contra

de

31

un

miembro

del

50 USCA sec. 3932.

servicio

militar

quede

sujeto

a

la

CC-2023-0076

14

paralización

contemplada

en

el

estatuto,

la

solicitud

correspondiente debe presentarse dentro del periodo en que

se encuentre activo en el servicio militar, o durante los

90

días

siguientes

a

la

fecha

funciones.

Específicamente,

conformidad

con

la

de

debemos

precitada

terminación

de

sus

resaltar

que,

de

que

la

disposición,

para

petición de paralización mencionada sea oponible, debe haber

mediado

la

notificación

de

la

causa

de

acción

o

procedimiento al solicitante del remedio.

Entonces, según surge del estatuto, el tribunal (motu

proprio) podrá ordenar la paralización sin contar con una

solicitud del miembro del servicio militar. Sin embargo, en

este caso, nos encontramos con una petición presentada por

el recurrido. En ese escenario, la orden de paralización

solamente

estará

condicionada

a

que

la

petición

correspondiente se acompañe con una carta o comunicación que

acredite la imposibilidad del solicitante para comparecer a

los trámites judiciales o administrativos de los cuales sea

parte. La comunicación deberá establecer la forma en que las

responsabilidades que ejerce en el servicio militar afectan

materialmente su capacidad de comparecer, y a su vez, debe

hacer constar la fecha desde la cual estará disponible para

comparecer.

De

igual

forma,

la

eficacia

de

la

solicitud

de

paralización quedará supeditada también a la presentación

de una carta o comunicación suscrita por el Commanding

Officer

del

solicitante

para

certificar

que

las

tareas

CC-2023-0076

15

militares que a este le han sido delegadas le impiden

comparecer a los procedimientos y que, al momento de la

comunicación, no es acreedor de una licencia especial o

permiso

para

Ciertamente,

si

interrumpir

la

petición

su

cumple

servicio

con

los

militar.

requisitos

mencionados, el foro primario no tendrá discreción para

denegar la paralización. Finalmente, la paralización no

podrá ser otorgada por un término menor a 90 días.

Por otra parte, cónsono con los criterios esbozados,

debemos mencionar que el precepto federal en cuestión provee

discreción al tribunal para que, sujeto al cumplimiento de

ciertos criterios, pueda extender la paralización de una

acción judicial o administrativa en beneficio de un miembro

del servicio militar. Al respecto, la precitada sección

3932, en su inciso (d) establece:

(d) Additional stay

(1) Application

A servicemember who is granted a stay of a civil

action or proceeding under subsection (b) may

apply for an additional stay based on continuing

material affect of military duty on the

servicemember's ability to appear. Such an

application may be made by the servicemember at

the time of the initial application under

subsection (b) or when it appears that the

servicemember is unavailable to prosecute or

defend the action. The same information required

under subsection (b)(2) shall be included in an

application under this subsection.

(2) Appointment of counsel when additional stay

refused

If the court refuses to grant an additional stay

of proceedings under paragraph (1), the court

shall

appoint

counsel

to

represent

the

servicemember in the action or proceeding.

(Negrilla suplida).32

32

Íd.

CC-2023-0076

Lo

16

anterior

extensión

de

fundamentarse

comparecer

significa

una

en

por

que

los

que,

paralización

no

ha

deberes

la

decretada

cesado

que

solicitud

la

ejerce

para

tiene

imposibilidad

en

el

la

que

de

servicio

militar. Al mismo tiempo, su eficacia estriba en que se

presente dentro de la vigencia de la paralización original

o en el momento en que surja el impedimento, así como en que

se acompañe la petición con la misma documentación exigida

en los incisos (b)(2)(A) y (B) de la precitada sección 3932.

Finalmente, en el análisis de la totalidad del estatuto

federal, debemos mencionar que la sección 3931 posee también

la protección de la paralización aplicable a un escenario

distinto con la posibilidad de dictar sentencia en rebeldía

cuando el militar en el servicio activo no ha sido notificado

ni ha comparecido al pleito en ningún momento.33 De todas

formas, la sección 3931 en los incisos (e) y (f) excluye

expresamente el remedio de la paralización de la sección

3932 aplicable a la controversia en este caso al disponer

que:

La Sección 3931 establece lo siguiente sobre el remedio de la

paralización:

(a) Applicability of section

This section applies to any civil action or proceeding, including any

child custody proceeding, in which the defendant does not make an

appearance.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(d) Stay of proceedings

In an action covered by this section in which the defendant is in

military service, the court shall grant a stay of proceedings for a

minimum period of 90 days under this subsection upon application of

counsel, or on the court's own motion, if the court determines that-(1) there may be a defense to the action and a defense cannot be

presented without the presence of the defendant; or

(2) after due diligence, counsel has been unable to contact the defendant

or otherwise determine if a meritorious defense exists. 50 USCA sec.

3931 (a) y (d).

33

CC-2023-0076

17

(e) Inapplicability of section 3932 procedures

A stay of proceedings under subsection (d) shall

not be controlled by procedures or requirements

under section 3932 of this title.

(f) Section 3932 protection

If a servicemember who is a defendant in an

action covered by this section receives actual

notice of the action, the servicemember may

request a stay of proceeding under section 3932

of this title.34

i. Aplicación

alimentaria

del

SCRA

en

procedimientos

de

pensión

En cuanto a la aplicación de la legislación federal en

los procedimientos de pensión alimentaria, en Shelor v.

Shelor, 383 S.E.2d 895 (Ga. 1989) el Tribunal Supremo de

Georgia sostuvo que las modificaciones temporeras de pensión

alimentaria,

en

general,

no

afectan

materialmente

los

derechos del militar en servicio, porque son de carácter

interlocutorio

al

estar

sujetas

a

modificación.

Posteriormente, cónsono con el carácter temporero de la

orden, en Lenser v. McGowan, 191 S.W.3d 506 (Ark. 2004), el

Tribunal

Supremo

de

Arkansas

indicó

que

una

orden

de

paralización emitida al amparo del SCRA no impide que se

emita una orden temporera sobre la custodia del menor hasta

que pueda comparecer el militar en servicio.35

Por otro lado, tras la enmienda del SCRA en 2003, la

Administración para el Sustento de Menores (ASUME) emitió

34

50 USCA sec. 3931 (e) y (f).

Shelor v. Shelor, 383 S.E.2d 895 (Ga. 1989); Lenser v. McGowan, 191

S.W.3d 506 (Ark. 2004)(“The circuit court has jurisdiction to consider

matters such as support, custody, and other similar matters that arise

during the course of the stay.”). Véase, también, M. E. Sullivan, A

Judge´s

Guide

to

the

Servicemembers

Civil

Relief

Act,

https://www.nclamp.gov/media/425665/jdg-guide.pdf (última visita, 10 de

diciembre de 2024).

35

CC-2023-0076

18

una Orden Administrativa en la que, entre otras cosas,

explicó y discutió las mejores prácticas sobre la aplicación

de

la

nueva

legislación

federal

y

en

lo

pertinente,

puntualizó lo siguiente sobre los alimentos:

5. Paralización Automátic[a]. La nueva ley

ordena una paralización automática de por lo

menos 90 días a petición del militar. La

aplicación de la paralización debe incluir: a)

una carta u otra comunicación declarando como

las obligaciones militares presentes afectan la

habilidad del militar para comparecer y declarar

una fecha en que el militar estará disponible

para

comparecer y

b) una carta u

otra

comunicación del comandante declarando que las

obligaciones militares actuales del militar

impiden su comparecencia y que el permiso militar

para ausentarse no está autorizado para el

militar al momento de la carta. Ver § 522(b)(2)

[…].

.

.

.

.

.

.

10. Alimentos. En muchos casos, la paga de un

progenitor

puede

aumentar

o

reducirse

dramáticamente como resultado de la activación

[…]. La paga militar incluye pagas especiales

libre de impuestos y mesadas que son incluidas

en el ingreso bruto […]. Dineros ganados en zona

de combate son libres de impuesto. Muchos

tribunales han acordado expeditar las vistas

para militares desplegados o entrar órdenes

interinas hasta tal tiempo en que ellos

comparezcan. Si no existe una orden o acuerdo de

alimentos, la Marina o la Infantería de Marina

tienen

sus propias

guías recomendadas

de

36

alimentos […]. (Negrilla suplida).

III

La controversia ante nuestra consideración es sobre

una orden de paralización emitida por el foro primario

durante los procedimientos relacionados con una pensión

alimentaria a solicitud de un militar en el servicio activo

OA-2004-04 Cumplimiento con los requisitos del Servicemembers Civil

Relief Act of 2003.

36

CC-2023-0076

al

amparo

19

de

lo

establecido

en

la

sección

3932

del

Servicemembers Civil Relief Act, 50 USCA sec. 3901 et seq.

Veamos.

La peticionaria plantea que el Tribunal de Primera

Instancia erró al ordenar la paralización sin fijar una

pensión provisional a sabiendas de que la pensión fijada

originalmente por el estado de Virginia cesó en mayo de 2022

cuando la menor advino los 18 años y tuvo el efecto de

dejarla desprovista de alimentos durante el servicio militar

del recurrido.37 Así, alega que abusó de su discreción ante

el alto interés público que poseen los alimentos de un

menor.38 De otra parte, aduce que el Tribunal de Apelaciones

y el foro primario fallaron al no considerar que el recurrido

ha tenido representación legal todo el tiempo y su habilidad

de conducir su defensa no se ha visto afectada materialmente

por el servicio militar. Más aún, cuando la peticionaria

entiende

que

la

evidencia

a

presentarse

en

el

trámite

procesal no requeriría de su presencia.39

Por su parte, el recurrido arguye que solicitó la

paralización al amparo de la sección 3932 del Servicemembers

Civil Relief Act, supra, y cumplió con la presentación de

la documentación requerida en el estatuto. Conforme a ello,

plantea que el foro primario en el ejercicio de su discreción

37

Recurso de certiorari, págs. 2-3.

38

Recurso de certiorari, pág. 23.

39

Recurso de certiorari, págs. 19-20.

CC-2023-0076

20

no lo relevó del pago de la pensión alimentaria. Así, asevera

que el referido foro estableció una pensión provisional a

favor de la menor que eventualmente será atendida en una

vista de pensión final. Afirmó que continúa pagando la

pensión según fue implementada en el estado de Virginia y

resaltó que no posee ningún retraso en el pago.40

De entrada, según surge de los autos del caso, como

hecho

incontrovertido,

el

recurrido

se

encuentra

en

el

servicio activo de la Marina de los Estados Unidos fuera de

la jurisdicción del tribunal. Por ello, está protegido por

el Servicemembers Civil Relief Act, supra, y tiene derecho

a beneficiarse de los remedios que provee el estatuto como

lo es la paralización. Un remedio que, según mencionamos,

se fundamenta en evitar que se vean afectados de manera

adversa los derechos civiles de los miembros de las fuerzas

armadas mientras prestan sus servicios en favor de los

Estados Unidos.

En virtud de lo discutido en el segundo acápite sobre

el estatuto federal y la sección 3932 aplicable al caso,

debemos resaltar que la peticionaria presenta un análisis

parcialmente incorrecto del derecho aplicable en base a los

criterios

que

otorgaban

discreción

al

tribunal

al

fundamentar su reclamo en la interpretación que se realizaba

antes de la enmienda al estatuto federal en el 2003. Según

Conforme a esto, el recurrido citó que existe un principio naval

establecido [32 CFR sec. 733.3 – Information and policy on support of

dependents] por el que continuará pagando su obligación alimentaria

hasta que el foro primario disponga de forma distinta.

40

CC-2023-0076

la

21

disposición

federal

enmendada,

la

protección

de

la

paralización que provee el SCRA en la sección 3932 es de

carácter mandatorio tras el cumplimiento de los requisitos

presentados.

La paralización al amparo de la sección 3932 del

Servicemembers Civil Relief Act, supra,41 aplicable en este

caso, primeramente, requiere que el solicitante se encuentre

activo en el servicio militar o durante los 90 días siguientes

a la fecha de terminación de sus funciones. Además, el militar

en el servicio debe ser notificado sobre la causa de acción

o el procedimiento y solicitar el remedio de la paralización.

Después de cumplir con lo anterior, al Tribunal de Primera

Instancia le correspondía examinar el cumplimiento de la

presentación de los documentos y la información requerida

en la sección 3932, a saber: (A) Una carta o comunicación

que

acredite

la

imposibilidad

del

solicitante

para

comparecer a los trámites judiciales o administrativos al

establecer la forma en que las responsabilidades que ejerce

en el servicio militar afectan materialmente su capacidad

de comparecer, y además, hacer constar la fecha desde la

cual estará disponible para comparecer. (B) Una carta o

comunicación

suscrita

por

el

Commanding

Officer

del

solicitante en la que certifique que las tareas militares

delegadas le impiden comparecer a los procedimientos y que,

al momento de la comunicación, no es acreedor de una licencia

41

50 USCA sec. 3932.

CC-2023-0076

22

especial o permiso para interrumpir su servicio militar.

Claramente, tras cumplir con los requerimientos mencionados,

procedía la orden de la paralización de forma mandatoria

como lo ordenó el foro primario.

Ahora bien, en este caso, el Tribunal de Primera

Instancia ordenó la paralización de los procedimientos sobre

la reclamación de pensión alimentaria de la peticionaria.

Una determinación fundamentada en el cumplimiento de los

requisitos

de

la

recurrido.

Así,

sección

después

3932

de

del

SCRA

ordenar

la

por

parte

del

paralización,

el

12 de septiembre de 2022, el foro primario denegó una moción

de reconsideración presentada por la peticionaria a través

de

una

resolución

en

la

que

reiteró

que

mantenía

la

paralización, y puntualizó que el tribunal no había relevado

al recurrido del pago de la pensión alimentaria impuesta por

el estado de Virginia.42

Particularmente,

paralización

como

un

en

cuanto

remedio

en

a

la

los

aplicación

casos

de

de

la

familia,

debemos resaltar que las secciones discutidas expresamente

establecen que serán aplicables en toda acción civil hasta

en

los

casos

jurisprudencia

de

custodia

esbozada

se

y

conforme

observa

la

a

ello,

en

la

aplicación

a

los

distintos procedimientos que incluyen los casos de familia.

Más

aún,

cuando

se

ha

determinado

que

el

carácter

interlocutorio de las modificaciones temporeras en los casos

42

Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67.

CC-2023-0076

23

de familia no afecta los derechos del militar en servicio.

Tras evaluar la totalidad de la legislación federal y

al considerar el carácter mandatorio de la paralización como

resultado del cumplimiento de los requisitos, concluimos que

el

foro

primario

actuó

correctamente

al

no

relevar

al

recurrido del pago de la pensión alimentaria con el efecto

de implementar una orden de pensión provisional durante la

orden de paralización emitida con el fin de mantener el

“status

quo”.

Una

actuación

que

es

cónsona

con

las

interpretaciones realizadas que resaltan que el carácter

interlocutorio

de

una

orden

no

es

contrario

al

Servicemembers Civil Relief Act, supra.

Finalmente, los foros primarios no pueden ignorar que,

en los casos de los alimentos de un menor, tras llevar a

cabo un balance de intereses, deberán considerar y evitar

que el menor quede desprovisto de su derecho a una pensión

alimentaria. En el caso de autos, el Tribunal de Primera

Instancia no relevó del pago de pensión al recurrido, lo que

tiene el efecto de acoger la pensión establecida como una

pensión provisional que, posteriormente será evaluada y

considerada

en

el

momento

en

que

se

levante

la

paralización.43 Así, somos del criterio de que el Tribunal

de

Apelaciones

actuó

correctamente

al

confirmar

la

determinación del foro primario.

Véase Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 12

de septiembre de 2022. Apéndice de Recurso de certiorari, pág. 67.

43

CC-2023-0076

24

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la

Resolución

emitida

por

el

Tribunal

de

Apelaciones

y

devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúe los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia de conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Maribel Rivera Ortiz

Peticionaria

v.

CC-2023-0076

Certiorari

Melvin Rolón Merced

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de marzo de 2025.

Por los fundamentos antes expuestos en la

Opinión que antecede la cual se hace formar parte

íntegra de la presente, se confirma la Resolución

emitida por el Tribunal de Apelaciones y devolvemos

el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúe los procedimientos conforme a lo aquí

resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Asociada

Rivera Pérez no interviene.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo