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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: María M. Figueroa Carrasquillo

2025 TSPR 19

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: María M. Figueroa Carrasquillo

AB-2023-0095

5 de marzo de 2025 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplimiento con las órdenes del Tribunal Supremo y los requerimientos de la Oficina del Procurador General.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2025 TSPR 19

María M. Figueroa Carrasquillo

(TS-8,967)

Número del Caso:

Fecha:

215 DPR ___

AB-2023-0095

5 de marzo de 2025

Oficina del Procurador General:

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Representante legal de la promovida:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida

del ejercicio de la abogacía y la notaría por incumplimiento con las

órdenes del Tribunal Supremo y los requerimientos de la Oficina del

Procurador General.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María M. Figueroa Carrasquillo

TS-8,967

AB-2023-0095

PER CURIAM

San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2025.

Ante el incumplimiento con nuestras órdenes y con

los requerimientos de la Oficina del Procurador General

(OPG), nos vemos en la obligación de ejecutar nuestra

autoridad

disciplinaria

y

suspender

inmediata

e

indefinidamente a la Lcda. María M. Figueroa Carrasquillo

de la profesión legal. 1

I

El 19 de abril de 2023, la Sra. Gloria M. Sánchez

Acevedo presentó una Queja por incumplimiento de contrato

de

servicios

Carrasquillo.

legales

contra

la

licenciada

En atención a ello, la

Figueroa

Subsecretaria

de

___________________

1La

Lcda. María M. Figuera Carrasquillo fue admitida al ejercicio de la

abogacía el 1 de julio de 1988 y prestó juramento como notaria el

11 de diciembre de 1989.

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2

este Tribunal, Lcda. Bettina Zeno González, le requirió su

comparecencia mediante dos comunicados remitidos el 9 y 31 de

mayo de 2023, respectivamente. Debido a que la abogada no

contestó, el 26 de junio de 2023 emitimos una Resolución para

que, en un término de diez días, la letrada mostrara causa por

la cual no debíamos suspenderla de la profesión por incumplir

con nuestras órdenes.

El 7 de julio de 2023 la licenciada Figueroa Carrasquillo

compareció mediante un escrito intitulado Solicitud de término

adicional en la que alegó no haber recibido ningún comunicado

de este Tribunal ni de la señora Sánchez Acevedo concerniente

a la alegada Queja. Con estas alegaciones solicitó un plazo de

treinta

días

para

contestar

que

le

concedimos

mediante

Resolución de 9 de agosto de 2023.

Un mes después, nos peticionó treinta días adicionales

para contestar la Queja que le concedimos mediante Resolución

emitida el 18 de septiembre de 2023. El 12 de octubre de 2023

la letrada anunció a la Lcda. Norana Sánchez Alvarado como su

representación legal quien, a su vez, solicitó treinta días

adicionales

para

estudiar

y

contestar

la

Queja.

En

esa

oportunidad le concedimos veinte días y se le apercibió que de

incumplir podría conllevar sanciones disciplinarias serias,

incluyendo la suspensión de la profesión mediante Resolución de

25 de octubre de 2023. En noviembre de 2023 la letrada contestó

la Queja. El 24 de enero de 2024 se le refirió el caso a la OPG

para la correspondiente investigación de la Queja. La OPG nos

peticionó un plazo de sesenta días para iniciar y concluir la

investigación y para presentar el Informe.

AB-2023-0095

En

el

3

interín,

la

licenciada

Figueroa

Carrasquillo

presentó una Moción informativa en la que alegó que intentó

entregarle el expediente y pagarle $5,000 mediante cheque

certificado a la señora Sánchez Acevedo como abono a los

honorarios pactados a ser devueltos, pero que ésta no lo aceptó.

Además, procuraba que este Tribunal le ordenara a la quejosa

que recibiera el expediente y el dinero. En esa ocasión la

Subsecretaria de este Tribunal le notificó a la letrada la

deficiencia de la falta de notificación a la OPG.

El 5 de junio de 2024, la OPG nos solicitó treinta días

adicionales

porque,

como

parte

de

su

investigación,

le

remitieron a la letrada un requerimiento de información. Ante

esa consideración, le concedimos el término solicitado y le

referimos

la

Moción

Informativa

que

había

presentado

la

licenciada Figueroa Carrasquillo a través de su abogada. Surge

del expediente que el 17 de junio la licenciada Figueroa

Carrasquillo contestó el Primer requerimiento.

Ahora bien, la señora Sánchez Acevedo compareció ante

este Tribunal mediante un comunicado para informar que declinó

recibir el dinero porque era en efectivo y que la licenciada

Figueroa Carrasquillo no le entregó el expediente. Le remitimos

este comunicado a la OPG el 9 de julio de 2024.

A raíz del comunicado de la quejosa, la OPG solicitó un

término de treinta días para culminar la investigación y rendir

el Informe que les fue concedido mediante Resolución de 24 de

julio de 2024. Entretanto, el 16 de julio de 2024 la OPG le

notificó un Segundo requerimiento a la licenciada Figueroa

Carrasquillo para atender e investigar el comunicado de la

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4

quejosa. El 23 de agosto de 2024, la OPG nos solicitó un término

adicional de treinta días -que le fue concedido- porque el

31 de julio de 2024 la abogada de la promovida informó mediante

un certificado médico que la licenciada Figueroa Carrasquillo

estaría en un tratamiento médico hasta el 14 de agosto de 2024.

El 16 de septiembre de 2024, la licenciada Sánchez

Alvarado presentó una Moción [de] renuncia a representación

legal. En esta señaló que desconoce del paradero de la letrada

desde que notificó el estado de salud según constaba en el

certificado

médico.

Adujo

que

la

licenciada

Figueroa

Carrasquillo no le contestaba las llamadas ni los mensajes, por

lo que desconoce su estado de salud o las circunstancias por

las cuales ésta no le ha contestado. Reconoció que estaba

pendiente el Segundo requerimiento que la OPG y que se lo

notificó a la licenciada Figueroa Carrasquillo el 22 de julio

de 2024. Con esta explicación, nos solicitó y así le fue

concedido, el relevo de representación legal.

Ante este cuadro, compareció la OPG mediante un documento

intitulado Escrito Informativo y en solicitud de orden para, en

síntesis, solicitar que le ordenáramos a la licenciada Figueroa

Carrasquillo a cumplir con el requerimiento de la OPG y le

concediéramos treinta días desde que la letrada contestara para

culminar la investigación y el Informe. En atención a esta

moción, el 6 de diciembre de 2024 emitimos una Resolución en la

que le ordenamos a la letrada que, en un término final e

improrrogable

de

cuarenta

y

cinco

días,

contestara

el

requerimiento de información de la OPG y le advertimos que el

incumplimiento con la orden podría conllevar la suspensión de

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5

la práctica de la abogacía por violación al Canon 9 del Código

de Ética Profesional, infra. La licenciada Figueroa Carrasquillo

no compareció.

II

El Canon 9 del Código de Ética Profesional, (4 LPRA

Ap. IX), (Canon 9) establece que los profesionales del Derecho

deben “observar para con los tribunales una conducta que se

caracterice por el mayor respeto”.2

El respeto aludido se

despliega cuando los abogados atienden con premura y obedecen

nuestras órdenes, al igual que los requerimientos de cualquier

foro o brazo auxiliar de esta Curia al que se encuentre obligado

a comparecer.3 Sin embargo, cuando los requerimientos y las

órdenes se relacionan a procedimientos disciplinarios, los

miembros de la profesión legal deben prestar atención especial.4

El incumplimiento con esta obligación es un claro menosprecio

a

la

autoridad de

indiferencia

a

este

nuestras

Tribunal.5

Además,

advertencias

sobre

la

las

actitud

de

sanciones

disciplinarias y el incumplimiento con ellas es causa suficiente

para una suspensión inmediata e indefinida de la práctica de la

profesión legal.6

En otras palabras, esta conducta no es

compatible con la práctica de la profesión, lacera nuestro poder

2

In re Silva Iglecia, 201 DPR 678, 682 (2019).

3

In re Cardona Estelritz, 201 DPR 607, 613 (2018) (citando In re Marín Serrano,

supra; In re Rodríguez Quesada, 195 DPR 967 (2016); In re Stacholy Ramos, 195 DPR

858 (2016)).

4

Íd. (citando In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, pág. 226).

5

Íd. (citando In re Marín Serrano, supra; In re Rodríguez Quesada, supra. Véase,

además: In re De León Rodríguez, 190 DPR 378, 390–391 (2014); In re Irizarry

Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014)).

6

Íd. (citando In re Marín Serrano, supra; In re Vera Vélez, supra, págs. 226–

227; In re Toro Soto, 181 DPR 654, 660 (2011); In re Martínez Sotomayor I, 181

DPR 1, 3 (2011)).

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6

inherente de regular la profesión y evidentemente constituye

una violación al Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra.7

Asimismo, hemos expresado que lo anterior es extensivo a los

requerimientos de nuestros brazos auxiliares, entre los cuales

se encuentra la OPG.8

III

Desde que se presentó la Queja la licenciada Figueroa

Carrasquillo no ha sido proactiva en la tramitación de su

procedimiento disciplinario.

Si bien contestó la Queja y el

Primer requerimiento, era necesario que la licenciada Figueroa

Carrasquillo cumpliera con el Segundo requerimiento para que la

OPG culminara la investigación y que esta dependencia pudiera

presentarnos el Informe. Debido a que la licenciada Figueroa

Carrasquillo

hizo

caso

omiso,

la

OPG

solicitó

nuestra

intervención y, a pesar de haberle ordenado que cumpliera con

el requerimiento de información de la OPG y de advertirle las

consecuencias

de

incumplir

con

la

última

licenciada Figueroa Carrasquillo incumplió.

Resolución,

la

Este proceder

ciertamente infringe el Canon 9.

La

conducta

desplegada

por

la

licenciada

Figueroa

Carrasquillo denota ausencia de interés en la profesión y

constituye una falta de respeto tanto hacia el Tribunal como

para la OPG. Lamentablemente, su infracción al Canon 9, exige

que suspendamos de manera inmediata e indefinida a la licenciada

Figueroa Carrasquillo de la profesión legal.

7

Íd.(citando In re Marín Serrano, supra; In re Figueroa Cortés,196 DPR 1 (2016)).

8

In re López Pérez, 201 DPR 123, 126 (2018).

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7

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión

inmediata

e

indefinida

de

la

Lcda.

María

M.

Figueroa

Carrasquillo del ejercicio de la profesión legal.

La señora Figueroa Carrasquillo deberá notificar de forma

inmediata a sus clientes que, por motivo de su suspensión, no

podrá continuar proveyéndoles consultoría ni representación

legal, y debe devolver a éstos los expedientes de cualquier caso

ya atendido o pendiente de resolución y los honorarios que haya

recibido por cualquier trabajo no realizado. Además, tendrá la

responsabilidad de informar inmediatamente de su suspensión a

todos los foros judiciales y administrativos en los que tenga

algún caso pendiente. De igual manera, deberá subsanar todas

las

deficiencias

que

impiden

la

aprobación

de

su

obra

protocolar. Finalmente, tendrá que acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con todo lo anterior, incluyendo

una lista de los clientes y los foros a quienes le notificó de

su suspensión, dentro del término de treinta días, contado a

partir de la notificación de la presente Opinión Per Curiam y

Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que no se reinstale al

ejercicio de la abogacía de solicitarlo en el futuro.

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute

inmediatamente la obra y el sello notarial de la licenciada

Figueroa Carrasquillo y los entregue al Director de la Oficina

de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación

e

informe.

Consecuentemente,

la

fianza

notarial

queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y

válida por 3 años después de su terminación en cuanto a los

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8

actos realizados por la licenciada Figueroa Carrasquillo durante

el periodo en que la fianza estuvo vigente.

Notifíquese.

Se dictará sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María M. Figueroa Carrasquillo

TS-8,967

AB-2023-0095

SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 2025.

Por los fundamentos expuestos, decretamos la

suspensión inmediata e indefinida de la Lcda. María M.

Figueroa Carrasquillo del ejercicio de la profesión

legal.

La señora Figueroa Carrasquillo deberá notificar

de forma inmediata a sus clientes que, por motivo de su

suspensión, no podrá continuar proveyéndoles consultoría

ni representación legal, y debe devolver a éstos los

expedientes de cualquier caso ya atendido o pendiente de

resolución y los honorarios que haya recibido por

cualquier trabajo no realizado. Además, tendrá la

responsabilidad de informar inmediatamente de su

suspensión a todos los foros judiciales y administrativos

en los que tenga algún caso pendiente. De igual manera,

deberá subsanar todas las deficiencias que impiden la

aprobación de su obra protocolar. Finalmente, tendrá que

acreditar y certificar ante este Tribunal el cumplimiento

con todo lo anterior, incluyendo una lista de los

clientes y los foros a quienes le notificó de su

suspensión, dentro del término de treinta días, contado

a partir de la notificación de la presente Opinión

Per Curiam y Sentencia. No hacerlo pudiera conllevar que

no se reinstale al ejercicio de la abogacía de

solicitarlo en el futuro.

AB-2023-0095

2

Se ordena al Alguacil de este Tribunal que incaute

inmediatamente la obra y el sello notarial de la licenciada

Figueroa Carrasquillo y los entregue al Director de la Oficina

de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación

e informe. Consecuentemente, la fianza notarial queda

automáticamente cancelada. La fianza se considerará buena y

válida por 3 años después de su terminación en cuanto a los

actos realizados por la licenciada Figueroa Carrasquillo durante

el periodo en que la fianza estuvo vigente.

Notifíquese.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo