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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Edmundo Ayala Oquendo

2025 TSPR 9

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In re: Edmundo Ayala Oquendo

CP-2020-0019

23 de enero de 2025 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por un término de tres (3) meses por infringir los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2025 TSPR 9

Edmundo Ayala Oquendo

(TS-8,072)

Número del Caso:

Fecha:

215 DPR ___

CP-2020-0019

(AB-2019-0135)

23 de enero de 2025

Oficina del Procurador General:

Lcda. Lorena Cortés Rivera

Subprocuradora General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Minnie H. Rodríguez López

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Juliana N. Castro Ramos

Procuradora General Auxiliar

Representante legal del querellado:

Lcdo. Javier E. Boria Cruz

Comisionado Especial:

Hon. Aldo González Quesada

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de

la abogacía por un término de tres (3) meses por infringir los Cánones

9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2020-0019

(AB-2019-0135)

Edmundo Ayala Oquendo

(TS-8,072)

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2025.

Una vez más nos vemos obligados a suspender del

ejercicio de la abogacía, -- en esta ocasión por un

término de tres (3) meses --, a un miembro de la

profesión legal que, con su proceder, infringió los

Cánones 9 (conducta del abogado ante los tribunales),

12 (puntualidad y tramitación de las causas), 18

(competencia del abogado y consejo al cliente), 19

(deber

de

mantener

informado

al

cliente),

20

(renuncia de representación legal), 35 (sinceridad y

honradez) y 38 (preservación del honor y la dignidad

de la profesión) del Código de Ética Profesional,

infra. Veamos.

CP-2020-0019

2

I.

El

Lcdo.

Edmundo

Ayala

Oquendo

(en

adelante,

“licenciado Ayala Oquendo”) fue admitido al ejercicio de la

abogacía el 26 de junio de 1985, y al ejercicio de la notaría

el 2 de septiembre de 1986.1

Allá para el 17 de junio de 2019, la Sra. Josefina Z.

Scott, también conocida como la Sra. Josefina Z. Centinales

(en

adelante,

“señora

Centinales”),

presentó

ante

este

Tribunal una Queja en contra del licenciado Ayala Oquendo.

En ésta, alegó que el referido letrado no le informó sobre

la celebración de cierta vista celebrada el 13 de agosto de

2018, en la causa Josefina Z. Centinales v. Nathan Scott,

Civil Núm. NSRF201400871, en la cual el Tribunal de Primera

Instancia, en esencia, le otorgó la custodia de su hijo

menor,

JOSC,

al

Sr.

Nathan

Scott

(en

adelante,

“señor

Scott”), –- excónyuge de ésta --, paralizó determinado plan

de

relaciones

maternofiliales

y

señaló

una

vista

de

seguimiento en su caso para el 4 de octubre de 2018.

Enterado de la Queja en su contra, el 16 de julio de

2019 el licenciado Ayala Oquendo compareció ante nos e

indicó que desde principios del año 2017 no fungía como

abogado de la señora Centinales, luego de que ésta le

retirara la confianza, y le solicitara el expediente de su

caso, por no estar satisfecha con la representación legal

que éste le brindaba. Lo anterior sucedió tras ésta no haber

Cabe señalar que, en la actualidad, el licenciado Ayala Oquendo sólo

ejerce la abogacía.

1

CP-2020-0019

3

prevalecido en determinada solicitud de pensión excónyuge

donde fungió como su abogado.

En su contestación a la queja, el referido letrado fue

enfático en que la señora Centinales le contrató única y

exclusivamente para solicitar la pensión excónyuge a la que

hicimos referencia, y no para atender cuestiones de custodia

ni de relaciones paternofiliales, como las que se atendieron

en la vista celebrada el 13 de agosto de 2018 en el caso

Josefina

Z.

Centinales

v.

Nathan

Scott,

Civil

Núm.

NSRF201400871. El licenciado Ayala Oquendo explicó que la

razón

por

la

cual

no

radicó

la

Moción

de

renuncia

a

representación legal, para la fecha en que se celebró la

vista señalada por la señora Centinales, fue por olvido

involuntario.2

Habiéndose

referido

este

asunto

a

la

Oficina

del

Procurador General para la investigación de rigor, el 10 de

junio de 2020 el referido ente gubernamental presentó su

correspondiente Informe. En éste, -- luego de evaluar la

prueba testifical y documental ante su consideración --,

concluyó

que

el

referido

letrado

incurrió

en

conducta

contraria a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código

de Ética Profesional, infra. Concluyó esto, tras razonar

que, en efecto, y contrario a lo señalado por éste, el

licenciado Ayala Oquendo fue el abogado de récord de la

Es menester señalar que, dicha moción se presentó el 13 de septiembre

de 2018, luego de que el Tribunal de Primera Instancia, mediante una

Orden de mostrar causa, le requiriera al referido letrado que excusara

su incomparecencia.

2

CP-2020-0019

4

señora Centinales en el caso Josefina Z. Centinales v.

Nathan Scott, Civil Núm. NSRF201400871, desde el 30 de

octubre de 2015 hasta el 14 de septiembre de 2018, y que,

durante

ese

determinada

tiempo,

vista

sí

representó

a

esta

última

en

sobre

relaciones

paternofiliales

y

custodia de su hijo.3

Así las cosas, -- evaluado el Informe del Procurador

General, y tras el mencionado letrado tener la oportunidad

de expresarse sobre el mismo --, el 4 de diciembre de 2020

emitimos una Resolución mediante la cual le ordenamos a la

Oficina del Procurador General presentar la correspondiente

querella. Esa Resolución fue oportunamente notificada a

todas

las

partes

con

interés

en

el

presente

proceso

disciplinario.

Cumpliendo con lo ordenado, el 21 de diciembre de 2020

la Oficina del Procurador General presentó la Querella aquí

3 En particular, y en lo pertinente al procedimiento disciplinario

ante nos, el Procurador General sostuvo lo siguiente: (1) que la señora

Centinales contrató al licenciado Ayala Oquendo en el año 2015 para que

la representara en el caso núm. NSRF201400871; (2) que el referido

letrado fue notificado el 22 de julio de 2016 sobre un señalamiento de

vista cuyo fin era atender el Informe de la Unidad Social requerido por

el Tribunal de Primera Instancia; (3) que éste compareció a dicha vista;

(4) que el 11 de septiembre de 2017 el señor Scott presentó ante el foro

primario una Moción en solicitud de cambio de custodia y el Tribunal de

Primera Instancia le ordenó a este último notificar al abogado de récord

que representaba a la señora Centinales en el caso núm. NSRF201400871,

entiéndase, al licenciado Ayala Oquendo; (5) que luego de la debida

notificación, el foro primario señaló una Vista de lectura de Informe

Social para el 13 de agosto de 2018, la cual también fue notificada al

referido letrado; (6) que a dicha vista no compareció la señora

Centinales ni el licenciado Ayala Oquendo, por lo que el Tribunal de

Primera Instancia otorgó la custodia permanente del menor al señor Scott

de manera inmediata y emitió una Orden de mostrar causa a los efectos

de que el referido letrado explicara su incomparecencia;(7) que el 12

de septiembre de 2018 la señora Centinales presentó una moción por

derecho propio mediante la cual indicó que no había sido notificada de

la vista del 13 de agosto de 2018; y (8) que el 13 de septiembre de 2018

el licenciado Ayala Oquendo presentó su Moción de renuncia de

representación legal, la cual fue acogida el 14 de septiembre de 2018.

CP-2020-0019

5

en consideración. En ésta formuló los siguientes cargos en

contra del licenciado Ayala Oquendo:

Cargo I y II

El licenciado Edmundo Ayala Oquendo incurrió

en conducta contraria a los Cánones 9 y 12 de

Ética Profesional, al ausentarse sin excusa del

señalamiento a vista del 13 de agosto de 2018 en

el caso NSRF201400871 y no atender la Orden de

Mostrar Causa que se emitió como resultado de

dicha incomparecencia.

Cargo III, IV y V

El licenciado Ayala Oquendo no cumplió con

los deberes que le impone[n] los Cánones 18, 19 y

20 de Ética Profesional, al abandonar la

representación legal de su cliente en el caso, sin

informarla de ello y sin obtener la autorización

del Tribunal; al no presentar su renuncia de forma

oportuna y diligente; y al no mantener debidamente

informada a su cliente de los sucesos previos a

la vista del 13 de agosto de 2018 ni de dicho

señalamiento, a pesar de haber sido notificado de

todos.

Cargo VI

El licenciado Ayala Oquendo incurrió en

conducta contraria al deber de sinceridad y

honradez que le impone el Canon 35 al aseverar,

dentro del trámite de la queja AB-2019-0135, lo

siguiente: (i) que fue contratado única y

“exclusivamente para solicitar alimentos y/o

pensión excónyuge”; (ii) que no fue contratado

para los demás incidentes del caso, tales como la

custodia y las relaciones paternofiliales; (iii)

que en el expediente de Tribunal de Primera

Instancia no existía algún escrito suyo que se

relacionara con otro asunto que no fuera la

pensión excónyuge; y (iv) que para la vista

celebrada el 13 de agosto de 2018, ya no era el

representante legal de la promovente. Sin embargo,

el

expediente

judicial

no

sostiene

dichas

aseveraciones. Del expediente surge que el

licenciado Ayala Oquendo sí representó a la señora

Centinales en una vista en la que se determinaron

las relaciones paternofiliales y se mantuvo la

custodia de los menores inalterada; y que éste fue

el representante legal de la señora Centinales

CP-2020-0019

6

desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 14 de

septiembre de 2018.

Cargo VII

La conducta desplegada por el licenciado

Ayala Oquendo en los hechos que se esbozan en la

presente Querella, no exaltó el honor y la

dignidad de la profesión a la que pertenece, por

lo que violó el Canon 38.

Recibida la querella en su contra, el 10 de febrero de

2021 el licenciado Ayala Oquendo presentó su Réplica a

Querella. En esencia, éste reiteró sus alegaciones en cuanto

a que no era el abogado de la señora Centinales para el 13

de agosto de 2018, fecha en que se celebró la vista donde,

entre otras cosas, se le otorgó la custodia del hijo de ésta

al

señor

Scott;

que

por

olvido

involuntario

no

había

solicitado la renuncia a la representación legal al Tribunal

de Primera Instancia para esa fecha; y que sus actos no

tuvieron consecuencia alguna contra los intereses de la

señora Centinales.

Así pues, tras examinar la Querella y la contestación

a ésta presentada por el referido letrado, el 28 de noviembre

de 2023 emitimos una Resolución mediante la cual designamos

al Hon. Aldo J. González Quesada, ex juez del Tribunal de

Primera Instancia, como Comisionado Especial (en adelante

“comisionado especial González Quesada”). Éste tendría la

responsabilidad de recibir la prueba relacionada a este

proceso

disciplinario,

evaluar

la

misma,

hacer

las

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho de rigor,

así como emitir el correspondiente informe a este Tribunal.

CP-2020-0019

7

Luego de un extenso trámite procesal, el 27 de agosto

de 2024 el comisionado especial González Quesada presentó

su Informe del Comisionado Especial al Honorable Tribunal

(en adelante, “Informe”). En éste, concluyó que, en el

presente

proceso

disciplinario,

en

efecto,

se

logró

establecer con prueba clara, robusta y convincente que el

licenciado Ayala Oquendo violó los Cánones 9, 12, 18, 19,

20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra.

Ahora bien, el comisionado especial González Quesada

nos

solicitó

que,

al

momento

de

determinar

la

sanción

correspondiente, tomásemos en consideración lo siguiente:

(1) que el licenciado Ayala Oquendo fue admitido a ejercer

la profesión legal hace 38 años y la notaría hace 37 años;

(2) que el referido letrado no presentó prueba testifical

ni documental sobre su reputación en la comunidad; (3) que,

el 3 de mayo de 2012, el referido letrado fue suspendido del

ejercicio de la abogacía por un término de seis (6) meses

por infracción de los Cánones 18 y 35 del Código de Ética

Profesional, infra, así como por violación a la fe pública

notarial;4 (4) que el licenciado Ayala Oquendo no reconoció

la gravedad de su conducta ni los daños causados a la señora

Centinales;

y

(5)

que

esta

última

no

ha

recibido

resarcimiento alguno por parte del referido letrado.

Así las cosas, tras evaluar el Informe emitido por el

Comisionado Especial, y la Reacción a Informe del Honorable

4

In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572 (2012).

CP-2020-0019

8

Comisionado

aclarando

recomendaciones

hechos

expresadas

en

presentada

ruego

ante

por

licenciado

el

las

Ayala Oquendo, en la que este último incluyó argumentos

similares

a

procedemos,

los

pues,

ya

esbozados

a

disponer

por

del

éste

anteriormente,

presente

proceso

disciplinario.

II.

A.

Como es sabido, en el Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX., se agrupan las normas de conducta que rigen

las actuaciones de los miembros de la profesión legal en

nuestro País. In re Arzola Méndez, 212 DPR 235, 239 (2023);

In re Bauzá Tirado, 211 DPR 633, 635 (2023); In re González

Soto, 211 DPR 621, 628 (2023). Sobre los propósitos que

inspiran el precitado cuerpo legal, en el pasado hemos

señalado que éste tiene como función principal el promover

el desempeño personal y profesional de los abogados y las

abogadas admitidos al ejercicio de la abogacía en nuestra

jurisdicción, de acuerdo con los más altos principios de

conducta decorosa; lo que, a su vez, redunda en beneficio

de la profesión legal, la ciudadanía y las instituciones de

justicia. In re Navedo Dávila, 203 DPR 300, 306 (2019); In

re Cruz Liciaga, 198 DPR 828, 834 (2017); In re Franco

Rivera, 197 DPR 628, 634 (2017).

A tenor con lo anterior, en innumerables ocasiones,

este Tribunal ha sentenciado que el incumplimiento con las

antedichas normas éticas puede acarrear la imposición de

CP-2020-0019

9

serias sanciones disciplinarias. In re González Soto, supra;

In re Rodríguez Lugo, 201 DPR 729, 736 (2019); In re Cruz

Liciaga,

supra,

pág.

835.

Entre

estas

sanciones

se

encuentra, claro está, la suspensión del ejercicio de la

abogacía y la notaría.

B.

Establecido lo anterior, y ya más en lo relacionado al

proceso disciplinario que nos ocupa, el Canon 9 del Código

de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.9, exige que todo

abogado

o

abogada

observe

para

con

los

tribunales

una

conducta que se caracterice por el mayor respeto. In re Cay

Espinosa, 2024 TSPR 35, 213 DPR __ (2024); In re Sánchez

Rivoleda, 2024 TSPR 32, 213 DPR __ (2024); In re Espinosa

Valentín, 2024 TSPR 26, 213 DPR __ (2024). En lo pertinente,

esta Curia ha resuelto que un letrado o una letrada que no

cumple con las órdenes de este Tribunal, o con las órdenes

de cualquier foro ante el que

se encuentre obligado a

comparecer, infringe lo dispuesto en el referido canon. In

re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014); In re García

Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Irizarry Maldonado,

172 DPR 306, 307 (2007).

El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, C.12, por su parte, le requiere a los y las profesionales

del Derecho que sean puntuales y exactos en la tramitación

y presentación de las causas en las que representan a alguna

parte, desplegando todas las diligencias necesarias para

evitar dilación en el proceso esencial de impartir justicia.

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10

In re Torres Alvarado, 212 DPR 477, 486 (2023); In re Aponte

Morales, 211 DPR 171, 186 (2023); In re Rodríguez Lugo,

supra, pág. 737. Respecto al alcance del término diligencia

contemplado en la antes mencionada norma deontológica, hemos

señalado que el mismo exige que el abogado o la abogada

realice las gestiones que le fueron encomendadas por su

cliente de forma oportuna, adecuada y sin dilaciones que

puedan afectar la pronta solución de la controversia. In re

Rodríguez Lugo, supra; In re Morell Bergantiños, 195 DPR

759, 763 (2016); In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 635 (2016).

Así pues, “la incomparecencia injustificada a las vistas

señaladas

por

el

tribunal,

así

como

las

actuaciones

y

omisiones que coloquen en riesgo la causa de acción de los

clientes, son infracciones patentes a este canon”. In re

Nazario Díaz, supra.

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, C.18, por su lado, y en lo que aquí nos concierne,

establece que,

[e]s deber del abogado defender los intereses del

cliente diligentemente, desplegando en cada caso

su más profundo saber y habilidad y actuando en

aquella forma que la profesión jurídica en general

estima adecuada y responsable.

En ese sentido, cuando un abogado o una abogada acepta

la encomienda de representar a una persona y no la ejecuta

de forma adecuada y responsablemente, infringe el mencionado

Canon 18, supra. In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re

Cotto Luna, 187 DPR 584, 589 (2012); In re Pujol Thompson,

171 DPR 683, 698 (2007). Lo anterior así, pues se considera

CP-2020-0019

11

incompatible con la profesión, y por lo tanto una violación

ética, cualquier acto de un letrado o una letrada que

demuestre

desidia,

despreocupación,

indiferencia,

displicencia o inacción. In re Carrasquillo Bermúdez, 203

DPR 847, 861 (2020); In re López Santiago, 199 DPR 797, 811

(2018); In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013).

El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, C.19, como sabemos, es el que exige que un o una

representante legal, en todo momento, mantenga informado a

su cliente de los trámites relacionados al litigio en que

le representa. In re Crespo Pendas, 211 DPR 510, 517 (2023);

In re Díaz Nieves et als., supra, pág. 1015; In re Nieves

Nieves, 181 DPR 25, 39 (2011). A esos efectos, se incumple

con el referido canon cuando un abogado o una abogada no

mantiene informado a su cliente de la situación procesal del

caso, no le informa de un resultado adverso en la gestión

encomendada, se torna inaccesible o no atiende los reclamos

de información de su cliente. In re Rivera Rodríguez, 202

DPR 1026, 1048 (2019); In re Hernández López, 197 DPR 340,

350 (2017); In re Nazario Díaz, supra, pág. 638.

El Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, C.20, dentro del ordenamiento deontológico bajo estudio,

es el que establece el procedimiento que se debe seguir para

renunciar a la representación legal de un cliente. In re

Ocasio Bravo, 209 DPR 1043, 1054-1055 (2022); In re Nazario

Díaz, supra, pág. 639; In re Ramos Hernández, 183 DPR 647,

655 (2011). Al amparo del mismo, este Tribunal ha sido claro

CP-2020-0019

12

al expresar que “un togado [o togada] que haya comparecido

ante el tribunal, representando a un cliente, debe obtener

el

permiso

del

tribunal

para

que

la

renuncia

sea

efectiva”. In re Rivera Rodríguez, supra, págs. 1048–1049.

Presentada la misma, “la renuncia del abogado o de la abogada

está sujeta a que el foro pertinente la autorice y a que

éste

o

ésta

ocasionar

tome

las

medidas

perjuicio

a

su

razonables

representado”.

para

In

evitar

re

Torres

Alvarado, supra, pág. 489.

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.

IX, C.35, de otro lado, “recoge el deber que tienen los y

las

profesionales

del

Derecho

de

comportarse

de

forma

sincera y honrada”. In re Román Jiménez, 2024 TSPR 9, 213

DPR

__

(2024).

Sobre

el

particular,

este

Tribunal

ha

sentenciado que este canon se incumple por el simple hecho

de

un

abogado

o

una

abogada

faltar

a

la

verdad,

independientemente de las razones habidas para ello. In re

Raffucci Caro, 2024 TSPR 19, 213 DPR __ (2024); In re Lugo

Quiñones I, 206 DPR 1, 12 (2021); In re Charbonier Laureano,

204 DPR 351, 364 (2020). Ello es así, puesto que el ejercicio

de la profesión legal se fundamenta en la búsqueda de la

verdad. In re Lugo Quiñones I, supra; In re Ramírez Salcedo,

196 DPR 136, 148 (2016); In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 147

(2014). A esos fines, consistentemente hemos insistido en

que un o una profesional del Derecho incumple con el Canon

35, supra, cuando le provee al tribunal información falsa o

que no se ajuste a la verdad, o cuando oculte información

CP-2020-0019

13

que deba ser revelada. In re Jusino Torres, 210 DPR 919, 933

(2022); In re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 547 (2012);

In re Nieves Nieves, supra, pág. 45.

Por último, y en aras de disponer correctamente del

asunto disciplinario ante nuestra consideración, es menester

señalar que el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4

LPRA Ap. IX, C.38, es el que instituye el deber de todo

abogado o abogada de exaltar el honor y la dignidad de la

profesión legal. A tenor con lo anterior, este Tribunal ha

expresado que, por ser los abogados y las abogadas el espejo

donde se refleja la imagen de la profesión, éstos y éstas

deben

actuar

con

el

más

escrupuloso

sentido

de

responsabilidad, teniendo siempre presente la función social

que ejercen. In re Stacholy Ramos, 207 DPR 521, 531 (2021);

In re Ramos Sáenz, 205 DPR 1089, 1102 (2020); In re Reyes

Coreano, 190 DPR 739, 757 (2014). En ese sentido, “los

abogados y las abogadas deben evitar, incluso, la mera

apariencia de impropiedad ya que ésta puede ser perjudicial

a la confianza en las instituciones de justicia y en los

miembros de la profesión legal”. In re Santos Negrón, 212

DPR 965, 977 (2023). Véase, In re Suárez Marchán, 159 DPR

724, 745 (2003).

III.

Dicho ello, y ya para finalizar, debemos tener presente

que, al momento de determinar la sanción disciplinaria a

imponerle

al

abogado

o

abogada

por

una

conducta

que

constituya una infracción al ordenamiento deontológico antes

CP-2020-0019

14

reseñado, -- como aquí sucedió --, es deber de este Tribunal

el tomar en consideración los siguientes factores: (1) la

reputación del abogado en la comunidad, (2) su historial

disciplinario, (3) si la conducta es una aislada, (4) si

medió ánimo de lucro, (5) si presentó una defensa frívola

de su conducta, (6) si ocasionó perjuicio a alguna parte,

(7) si resarció al cliente, (8) si demostró aceptación o

arrepentimiento sincero por la conducta que le fue imputada,

y, (9) otros atenuantes o agravantes que surjan de los

hechos. In re Raffucci Caro, supra; In re Román Jiménez,

supra; In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 866 (2021).

Es, pues, a la luz de la normativa deontológica antes

expuesta que procedemos a disponer del proceso disciplinario

que nos ocupa.

IV.

Como mencionamos anteriormente, el presente proceso

disciplinario fue referido ante un Comisionado Especial, -en este caso, el comisionado especial González Quesada --,

quien

tuvo

la

detenidamente

oportunidad

la

prueba

de

examinar

presentada,

y

cuidadosa

y

hacer

sus

de

correspondientes determinaciones de hechos y conclusiones

de derecho. En su Informe, el comisionado especial González

Quesada concluyó que, con su conducta, el licenciado Ayala

Oquendo infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del

Código de Ética Profesional, supra. Coincidimos.

Y

es

que,

según

se

desprende

del

expediente

ante

nuestra consideración, y del muy bien elaborado Informe del

CP-2020-0019

15

comisionado especial González Quesada, sin lugar a dudas,

el

referido

conducta

letrado,

contraria

con

a

sus

varios

actuaciones,

de

los

incurrió

preceptos

en

éticos

recogidos en el Código de Ética Profesional, supra. Nos

explicamos.

En primer lugar, en el presente proceso disciplinario

ha quedado claramente establecido que el licenciado Ayala

Oquendo al, -- el 13 de agosto de 2018 --, ausentarse sin

excusa del señalamiento a vista en el caso Josefina Z.

Centinales v. Nathan Scott, Civil Núm. NSRF201400871, y no

atender

la

Orden

de

Mostrar

Causa

que

se

emitió

como

resultado de dicha incomparecencia, incurrió en conducta

contraria

a

los

Cánones

9

y

12

del

Código

de

Ética

Profesional, supra.

De

igual

demostrado

forma,

que,

el

representación

legal

informarla

ello

de

ha

quedado

referido

de

y

su

sin

aquí

letrado,

cliente

obtener

la

al

en

completamente

abandonar

el

la

caso,

sin

autorización

del

Tribunal; al no presentar su renuncia de forma oportuna y

diligente; y al no mantener debidamente informada a su

cliente de los sucesos previos a la vista del 13 de agosto

de 2018, ni de dicho señalamiento, a pesar de haber sido

notificado, no cumplió con los deberes que le imponen los

Cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, supra.

Por otra parte, el licenciado Ayala Oquendo incurrió

en conducta contraria al Canon 35 del Código de Ética

Profesional, supra, al aseverar, dentro del trámite de la

CP-2020-0019

queja

16

AB-2019-0135,

“exclusivamente

que:

para

(1)

fue

solicitar

contratado

alimentos

única

y/o

y

pensión

excónyuge”; (2) no fue contratado para los demás incidentes

del

caso,

tales

paternofiliales;

como

(3)

la

custodia

el

expediente

en

y

las

del

relaciones

Tribunal

de

Primera Instancia no existía algún escrito suyo que se

relacionara

con

otro

asunto

que

no

fuera

la

pensión

excónyuge; y (4) para la vista celebrada el 13 de agosto de

2018 ya no era el representante legal de la promovente. Ello

es

así,

judicial

puesto

no

que,

según

mencionamos,

el

expediente

sostiene

dichas

alegaciones,

sino

todo

lo

contrario. Del expediente ante nuestra consideración surge

que el referido letrado sí representó a la señora Centinales

en

la

vista

paternofiliales

donde

se

y

mantuvo

se

determinaron

la

las

custodia

relaciones

de

su

hijo

inalterada, y que éste fue el representante legal de la

promovente desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 14 de

septiembre de 2018.

Por último, concluimos que el licenciado Ayala Oquendo,

al desobedecer la obligación ética de conducirse de manera

responsable

y

comprometida

con

la

profesión

a

la

que

pertenece, de exaltar el honor y la dignidad de la misma y

de

cumplir

nuestro

con

las

ordenamiento

demás

responsabilidades

deontológico,

exhibió

que

una

impone

conducta

contraria a lo dispuesto en el Canon 38 del Código de Ética

Profesional, supra.

CP-2020-0019

17

V.

Por consiguiente, en vista de la conducta incurrida por

el licenciado Ayala Oquendo, -- en clara violación de los

Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética

Profesional, supra --, y tomando en consideración el hecho

de que el letrado no ha demostrado aceptación ni sincero

arrepentimiento por la conducta que le fue imputada, que

ocasionó perjuicio a la querellante y que ha sido objeto de

sanción

disciplinaria

en

el

pasado,

se

le

suspende

inmediatamente del ejercicio de la abogacía por el periodo

de tres (3) meses.

Consecuentemente, se le impone al señor Ayala Oquendo

el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad

para continuar representándolos, devolver los expedientes

de los casos pendientes, así como cualesquiera honorarios

recibidos

por

trabajos

no

realizados

e

informar

inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y

administrativos

en

donde

tenga

algún

asunto

pendiente.

Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante

este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo

una lista de los clientes y los foros a quienes le notificó

de su suspensión, dentro del término de treinta (30) días a

partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Notifíquese al señor Ayala Oquendo esta Opinión Per

Curiam y Sentencia.

Se dictará Sentencia de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Edmundo Ayala Oquendo

(TS-8,072)

CP-2020-0019

(AB-2019-0135)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2025.

Por las razones expuestas en la Opinión Per

Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

de la presente Sentencia, se le suspende al Sr.

Edmundo Ayala Oquendo inmediatamente del ejercicio

de la abogacía por el periodo de tres (3) meses.

Consecuentemente, se le impone al señor Ayala

Oquendo el deber de notificar a todos sus clientes

de su inhabilidad para continuar representándolos,

devolver los expedientes de los casos pendientes,

así como cualesquiera honorarios recibidos por

trabajos no realizados e informar inmediatamente de

su

suspensión

a

los

foros

judiciales

y

administrativos

en

donde

tenga

algún

asunto

pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar

y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con

lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y

los foros a quienes le notificó de su suspensión,

dentro del término de treinta (30) días a partir de

la notificación de esta Opinión Per Curiam y

Sentencia.

Notifíquese al señor Ayala Oquendo esta Opinión

Per Curiam y Sentencia.

CP-2020-0019

2

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del

Tribunal Supremo Interina.

Bettina Zeno González

Secretaria del Tribunal Supremo Interina