Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Edmundo Ayala Oquendo
2025 TSPR 9
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Edmundo Ayala Oquendo
CP-2020-0019
23 de enero de 2025 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de la abogacía por un término de tres (3) meses por infringir los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2025 TSPR 9
Edmundo Ayala Oquendo
(TS-8,072)
Número del Caso:
Fecha:
215 DPR ___
CP-2020-0019
(AB-2019-0135)
23 de enero de 2025
Oficina del Procurador General:
Lcda. Lorena Cortés Rivera
Subprocuradora General
Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
Subprocuradora General
Lcda. Minnie H. Rodríguez López
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Juliana N. Castro Ramos
Procuradora General Auxiliar
Representante legal del querellado:
Lcdo. Javier E. Boria Cruz
Comisionado Especial:
Hon. Aldo González Quesada
Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata del ejercicio de
la abogacía por un término de tres (3) meses por infringir los Cánones
9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
CP-2020-0019
(AB-2019-0135)
Edmundo Ayala Oquendo
(TS-8,072)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2025.
Una vez más nos vemos obligados a suspender del
ejercicio de la abogacía, -- en esta ocasión por un
término de tres (3) meses --, a un miembro de la
profesión legal que, con su proceder, infringió los
Cánones 9 (conducta del abogado ante los tribunales),
12 (puntualidad y tramitación de las causas), 18
(competencia del abogado y consejo al cliente), 19
(deber
de
mantener
informado
al
cliente),
20
(renuncia de representación legal), 35 (sinceridad y
honradez) y 38 (preservación del honor y la dignidad
de la profesión) del Código de Ética Profesional,
infra. Veamos.
CP-2020-0019
2
I.
El
Lcdo.
Edmundo
Ayala
Oquendo
(en
adelante,
“licenciado Ayala Oquendo”) fue admitido al ejercicio de la
abogacía el 26 de junio de 1985, y al ejercicio de la notaría
el 2 de septiembre de 1986.1
Allá para el 17 de junio de 2019, la Sra. Josefina Z.
Scott, también conocida como la Sra. Josefina Z. Centinales
(en
adelante,
“señora
Centinales”),
presentó
ante
este
Tribunal una Queja en contra del licenciado Ayala Oquendo.
En ésta, alegó que el referido letrado no le informó sobre
la celebración de cierta vista celebrada el 13 de agosto de
2018, en la causa Josefina Z. Centinales v. Nathan Scott,
Civil Núm. NSRF201400871, en la cual el Tribunal de Primera
Instancia, en esencia, le otorgó la custodia de su hijo
menor,
JOSC,
al
Sr.
Nathan
Scott
(en
adelante,
“señor
Scott”), –- excónyuge de ésta --, paralizó determinado plan
de
relaciones
maternofiliales
y
señaló
una
vista
de
seguimiento en su caso para el 4 de octubre de 2018.
Enterado de la Queja en su contra, el 16 de julio de
2019 el licenciado Ayala Oquendo compareció ante nos e
indicó que desde principios del año 2017 no fungía como
abogado de la señora Centinales, luego de que ésta le
retirara la confianza, y le solicitara el expediente de su
caso, por no estar satisfecha con la representación legal
que éste le brindaba. Lo anterior sucedió tras ésta no haber
Cabe señalar que, en la actualidad, el licenciado Ayala Oquendo sólo
ejerce la abogacía.
1
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3
prevalecido en determinada solicitud de pensión excónyuge
donde fungió como su abogado.
En su contestación a la queja, el referido letrado fue
enfático en que la señora Centinales le contrató única y
exclusivamente para solicitar la pensión excónyuge a la que
hicimos referencia, y no para atender cuestiones de custodia
ni de relaciones paternofiliales, como las que se atendieron
en la vista celebrada el 13 de agosto de 2018 en el caso
Josefina
Z.
Centinales
v.
Nathan
Scott,
Civil
Núm.
NSRF201400871. El licenciado Ayala Oquendo explicó que la
razón
por
la
cual
no
radicó
la
Moción
de
renuncia
a
representación legal, para la fecha en que se celebró la
vista señalada por la señora Centinales, fue por olvido
involuntario.2
Habiéndose
referido
este
asunto
a
la
Oficina
del
Procurador General para la investigación de rigor, el 10 de
junio de 2020 el referido ente gubernamental presentó su
correspondiente Informe. En éste, -- luego de evaluar la
prueba testifical y documental ante su consideración --,
concluyó
que
el
referido
letrado
incurrió
en
conducta
contraria a los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código
de Ética Profesional, infra. Concluyó esto, tras razonar
que, en efecto, y contrario a lo señalado por éste, el
licenciado Ayala Oquendo fue el abogado de récord de la
Es menester señalar que, dicha moción se presentó el 13 de septiembre
de 2018, luego de que el Tribunal de Primera Instancia, mediante una
Orden de mostrar causa, le requiriera al referido letrado que excusara
su incomparecencia.
2
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4
señora Centinales en el caso Josefina Z. Centinales v.
Nathan Scott, Civil Núm. NSRF201400871, desde el 30 de
octubre de 2015 hasta el 14 de septiembre de 2018, y que,
durante
ese
determinada
tiempo,
vista
sí
representó
a
esta
última
en
sobre
relaciones
paternofiliales
y
custodia de su hijo.3
Así las cosas, -- evaluado el Informe del Procurador
General, y tras el mencionado letrado tener la oportunidad
de expresarse sobre el mismo --, el 4 de diciembre de 2020
emitimos una Resolución mediante la cual le ordenamos a la
Oficina del Procurador General presentar la correspondiente
querella. Esa Resolución fue oportunamente notificada a
todas
las
partes
con
interés
en
el
presente
proceso
disciplinario.
Cumpliendo con lo ordenado, el 21 de diciembre de 2020
la Oficina del Procurador General presentó la Querella aquí
3 En particular, y en lo pertinente al procedimiento disciplinario
ante nos, el Procurador General sostuvo lo siguiente: (1) que la señora
Centinales contrató al licenciado Ayala Oquendo en el año 2015 para que
la representara en el caso núm. NSRF201400871; (2) que el referido
letrado fue notificado el 22 de julio de 2016 sobre un señalamiento de
vista cuyo fin era atender el Informe de la Unidad Social requerido por
el Tribunal de Primera Instancia; (3) que éste compareció a dicha vista;
(4) que el 11 de septiembre de 2017 el señor Scott presentó ante el foro
primario una Moción en solicitud de cambio de custodia y el Tribunal de
Primera Instancia le ordenó a este último notificar al abogado de récord
que representaba a la señora Centinales en el caso núm. NSRF201400871,
entiéndase, al licenciado Ayala Oquendo; (5) que luego de la debida
notificación, el foro primario señaló una Vista de lectura de Informe
Social para el 13 de agosto de 2018, la cual también fue notificada al
referido letrado; (6) que a dicha vista no compareció la señora
Centinales ni el licenciado Ayala Oquendo, por lo que el Tribunal de
Primera Instancia otorgó la custodia permanente del menor al señor Scott
de manera inmediata y emitió una Orden de mostrar causa a los efectos
de que el referido letrado explicara su incomparecencia;(7) que el 12
de septiembre de 2018 la señora Centinales presentó una moción por
derecho propio mediante la cual indicó que no había sido notificada de
la vista del 13 de agosto de 2018; y (8) que el 13 de septiembre de 2018
el licenciado Ayala Oquendo presentó su Moción de renuncia de
representación legal, la cual fue acogida el 14 de septiembre de 2018.
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5
en consideración. En ésta formuló los siguientes cargos en
contra del licenciado Ayala Oquendo:
Cargo I y II
El licenciado Edmundo Ayala Oquendo incurrió
en conducta contraria a los Cánones 9 y 12 de
Ética Profesional, al ausentarse sin excusa del
señalamiento a vista del 13 de agosto de 2018 en
el caso NSRF201400871 y no atender la Orden de
Mostrar Causa que se emitió como resultado de
dicha incomparecencia.
Cargo III, IV y V
El licenciado Ayala Oquendo no cumplió con
los deberes que le impone[n] los Cánones 18, 19 y
20 de Ética Profesional, al abandonar la
representación legal de su cliente en el caso, sin
informarla de ello y sin obtener la autorización
del Tribunal; al no presentar su renuncia de forma
oportuna y diligente; y al no mantener debidamente
informada a su cliente de los sucesos previos a
la vista del 13 de agosto de 2018 ni de dicho
señalamiento, a pesar de haber sido notificado de
todos.
Cargo VI
El licenciado Ayala Oquendo incurrió en
conducta contraria al deber de sinceridad y
honradez que le impone el Canon 35 al aseverar,
dentro del trámite de la queja AB-2019-0135, lo
siguiente: (i) que fue contratado única y
“exclusivamente para solicitar alimentos y/o
pensión excónyuge”; (ii) que no fue contratado
para los demás incidentes del caso, tales como la
custodia y las relaciones paternofiliales; (iii)
que en el expediente de Tribunal de Primera
Instancia no existía algún escrito suyo que se
relacionara con otro asunto que no fuera la
pensión excónyuge; y (iv) que para la vista
celebrada el 13 de agosto de 2018, ya no era el
representante legal de la promovente. Sin embargo,
el
expediente
judicial
no
sostiene
dichas
aseveraciones. Del expediente surge que el
licenciado Ayala Oquendo sí representó a la señora
Centinales en una vista en la que se determinaron
las relaciones paternofiliales y se mantuvo la
custodia de los menores inalterada; y que éste fue
el representante legal de la señora Centinales
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6
desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 14 de
septiembre de 2018.
Cargo VII
La conducta desplegada por el licenciado
Ayala Oquendo en los hechos que se esbozan en la
presente Querella, no exaltó el honor y la
dignidad de la profesión a la que pertenece, por
lo que violó el Canon 38.
Recibida la querella en su contra, el 10 de febrero de
2021 el licenciado Ayala Oquendo presentó su Réplica a
Querella. En esencia, éste reiteró sus alegaciones en cuanto
a que no era el abogado de la señora Centinales para el 13
de agosto de 2018, fecha en que se celebró la vista donde,
entre otras cosas, se le otorgó la custodia del hijo de ésta
al
señor
Scott;
que
por
olvido
involuntario
no
había
solicitado la renuncia a la representación legal al Tribunal
de Primera Instancia para esa fecha; y que sus actos no
tuvieron consecuencia alguna contra los intereses de la
señora Centinales.
Así pues, tras examinar la Querella y la contestación
a ésta presentada por el referido letrado, el 28 de noviembre
de 2023 emitimos una Resolución mediante la cual designamos
al Hon. Aldo J. González Quesada, ex juez del Tribunal de
Primera Instancia, como Comisionado Especial (en adelante
“comisionado especial González Quesada”). Éste tendría la
responsabilidad de recibir la prueba relacionada a este
proceso
disciplinario,
evaluar
la
misma,
hacer
las
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho de rigor,
así como emitir el correspondiente informe a este Tribunal.
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7
Luego de un extenso trámite procesal, el 27 de agosto
de 2024 el comisionado especial González Quesada presentó
su Informe del Comisionado Especial al Honorable Tribunal
(en adelante, “Informe”). En éste, concluyó que, en el
presente
proceso
disciplinario,
en
efecto,
se
logró
establecer con prueba clara, robusta y convincente que el
licenciado Ayala Oquendo violó los Cánones 9, 12, 18, 19,
20, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, infra.
Ahora bien, el comisionado especial González Quesada
nos
solicitó
que,
al
momento
de
determinar
la
sanción
correspondiente, tomásemos en consideración lo siguiente:
(1) que el licenciado Ayala Oquendo fue admitido a ejercer
la profesión legal hace 38 años y la notaría hace 37 años;
(2) que el referido letrado no presentó prueba testifical
ni documental sobre su reputación en la comunidad; (3) que,
el 3 de mayo de 2012, el referido letrado fue suspendido del
ejercicio de la abogacía por un término de seis (6) meses
por infracción de los Cánones 18 y 35 del Código de Ética
Profesional, infra, así como por violación a la fe pública
notarial;4 (4) que el licenciado Ayala Oquendo no reconoció
la gravedad de su conducta ni los daños causados a la señora
Centinales;
y
(5)
que
esta
última
no
ha
recibido
resarcimiento alguno por parte del referido letrado.
Así las cosas, tras evaluar el Informe emitido por el
Comisionado Especial, y la Reacción a Informe del Honorable
4
In re Ayala Oquendo, 185 DPR 572 (2012).
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8
Comisionado
aclarando
recomendaciones
hechos
expresadas
en
presentada
ruego
ante
por
licenciado
el
las
Ayala Oquendo, en la que este último incluyó argumentos
similares
a
procedemos,
los
pues,
ya
esbozados
a
disponer
por
del
éste
anteriormente,
presente
proceso
disciplinario.
II.
A.
Como es sabido, en el Código de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX., se agrupan las normas de conducta que rigen
las actuaciones de los miembros de la profesión legal en
nuestro País. In re Arzola Méndez, 212 DPR 235, 239 (2023);
In re Bauzá Tirado, 211 DPR 633, 635 (2023); In re González
Soto, 211 DPR 621, 628 (2023). Sobre los propósitos que
inspiran el precitado cuerpo legal, en el pasado hemos
señalado que éste tiene como función principal el promover
el desempeño personal y profesional de los abogados y las
abogadas admitidos al ejercicio de la abogacía en nuestra
jurisdicción, de acuerdo con los más altos principios de
conducta decorosa; lo que, a su vez, redunda en beneficio
de la profesión legal, la ciudadanía y las instituciones de
justicia. In re Navedo Dávila, 203 DPR 300, 306 (2019); In
re Cruz Liciaga, 198 DPR 828, 834 (2017); In re Franco
Rivera, 197 DPR 628, 634 (2017).
A tenor con lo anterior, en innumerables ocasiones,
este Tribunal ha sentenciado que el incumplimiento con las
antedichas normas éticas puede acarrear la imposición de
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9
serias sanciones disciplinarias. In re González Soto, supra;
In re Rodríguez Lugo, 201 DPR 729, 736 (2019); In re Cruz
Liciaga,
supra,
pág.
835.
Entre
estas
sanciones
se
encuentra, claro está, la suspensión del ejercicio de la
abogacía y la notaría.
B.
Establecido lo anterior, y ya más en lo relacionado al
proceso disciplinario que nos ocupa, el Canon 9 del Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, C.9, exige que todo
abogado
o
abogada
observe
para
con
los
tribunales
una
conducta que se caracterice por el mayor respeto. In re Cay
Espinosa, 2024 TSPR 35, 213 DPR __ (2024); In re Sánchez
Rivoleda, 2024 TSPR 32, 213 DPR __ (2024); In re Espinosa
Valentín, 2024 TSPR 26, 213 DPR __ (2024). En lo pertinente,
esta Curia ha resuelto que un letrado o una letrada que no
cumple con las órdenes de este Tribunal, o con las órdenes
de cualquier foro ante el que
se encuentre obligado a
comparecer, infringe lo dispuesto en el referido canon. In
re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014); In re García
Ortiz, 187 DPR 507, 524 (2012); In re Irizarry Maldonado,
172 DPR 306, 307 (2007).
El Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, C.12, por su parte, le requiere a los y las profesionales
del Derecho que sean puntuales y exactos en la tramitación
y presentación de las causas en las que representan a alguna
parte, desplegando todas las diligencias necesarias para
evitar dilación en el proceso esencial de impartir justicia.
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10
In re Torres Alvarado, 212 DPR 477, 486 (2023); In re Aponte
Morales, 211 DPR 171, 186 (2023); In re Rodríguez Lugo,
supra, pág. 737. Respecto al alcance del término diligencia
contemplado en la antes mencionada norma deontológica, hemos
señalado que el mismo exige que el abogado o la abogada
realice las gestiones que le fueron encomendadas por su
cliente de forma oportuna, adecuada y sin dilaciones que
puedan afectar la pronta solución de la controversia. In re
Rodríguez Lugo, supra; In re Morell Bergantiños, 195 DPR
759, 763 (2016); In re Nazario Díaz, 195 DPR 623, 635 (2016).
Así pues, “la incomparecencia injustificada a las vistas
señaladas
por
el
tribunal,
así
como
las
actuaciones
y
omisiones que coloquen en riesgo la causa de acción de los
clientes, son infracciones patentes a este canon”. In re
Nazario Díaz, supra.
El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, C.18, por su lado, y en lo que aquí nos concierne,
establece que,
[e]s deber del abogado defender los intereses del
cliente diligentemente, desplegando en cada caso
su más profundo saber y habilidad y actuando en
aquella forma que la profesión jurídica en general
estima adecuada y responsable.
En ese sentido, cuando un abogado o una abogada acepta
la encomienda de representar a una persona y no la ejecuta
de forma adecuada y responsablemente, infringe el mencionado
Canon 18, supra. In re Nazario Díaz, supra, pág. 636; In re
Cotto Luna, 187 DPR 584, 589 (2012); In re Pujol Thompson,
171 DPR 683, 698 (2007). Lo anterior así, pues se considera
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11
incompatible con la profesión, y por lo tanto una violación
ética, cualquier acto de un letrado o una letrada que
demuestre
desidia,
despreocupación,
indiferencia,
displicencia o inacción. In re Carrasquillo Bermúdez, 203
DPR 847, 861 (2020); In re López Santiago, 199 DPR 797, 811
(2018); In re Díaz Nieves et als., 189 DPR 1000, 1012 (2013).
El Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, C.19, como sabemos, es el que exige que un o una
representante legal, en todo momento, mantenga informado a
su cliente de los trámites relacionados al litigio en que
le representa. In re Crespo Pendas, 211 DPR 510, 517 (2023);
In re Díaz Nieves et als., supra, pág. 1015; In re Nieves
Nieves, 181 DPR 25, 39 (2011). A esos efectos, se incumple
con el referido canon cuando un abogado o una abogada no
mantiene informado a su cliente de la situación procesal del
caso, no le informa de un resultado adverso en la gestión
encomendada, se torna inaccesible o no atiende los reclamos
de información de su cliente. In re Rivera Rodríguez, 202
DPR 1026, 1048 (2019); In re Hernández López, 197 DPR 340,
350 (2017); In re Nazario Díaz, supra, pág. 638.
El Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, C.20, dentro del ordenamiento deontológico bajo estudio,
es el que establece el procedimiento que se debe seguir para
renunciar a la representación legal de un cliente. In re
Ocasio Bravo, 209 DPR 1043, 1054-1055 (2022); In re Nazario
Díaz, supra, pág. 639; In re Ramos Hernández, 183 DPR 647,
655 (2011). Al amparo del mismo, este Tribunal ha sido claro
CP-2020-0019
12
al expresar que “un togado [o togada] que haya comparecido
ante el tribunal, representando a un cliente, debe obtener
el
permiso
del
tribunal
para
que
la
renuncia
sea
efectiva”. In re Rivera Rodríguez, supra, págs. 1048–1049.
Presentada la misma, “la renuncia del abogado o de la abogada
está sujeta a que el foro pertinente la autorice y a que
éste
o
ésta
ocasionar
tome
las
medidas
perjuicio
a
su
razonables
representado”.
para
In
evitar
re
Torres
Alvarado, supra, pág. 489.
El Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap.
IX, C.35, de otro lado, “recoge el deber que tienen los y
las
profesionales
del
Derecho
de
comportarse
de
forma
sincera y honrada”. In re Román Jiménez, 2024 TSPR 9, 213
DPR
__
(2024).
Sobre
el
particular,
este
Tribunal
ha
sentenciado que este canon se incumple por el simple hecho
de
un
abogado
o
una
abogada
faltar
a
la
verdad,
independientemente de las razones habidas para ello. In re
Raffucci Caro, 2024 TSPR 19, 213 DPR __ (2024); In re Lugo
Quiñones I, 206 DPR 1, 12 (2021); In re Charbonier Laureano,
204 DPR 351, 364 (2020). Ello es así, puesto que el ejercicio
de la profesión legal se fundamenta en la búsqueda de la
verdad. In re Lugo Quiñones I, supra; In re Ramírez Salcedo,
196 DPR 136, 148 (2016); In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 147
(2014). A esos fines, consistentemente hemos insistido en
que un o una profesional del Derecho incumple con el Canon
35, supra, cuando le provee al tribunal información falsa o
que no se ajuste a la verdad, o cuando oculte información
CP-2020-0019
13
que deba ser revelada. In re Jusino Torres, 210 DPR 919, 933
(2022); In re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 547 (2012);
In re Nieves Nieves, supra, pág. 45.
Por último, y en aras de disponer correctamente del
asunto disciplinario ante nuestra consideración, es menester
señalar que el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4
LPRA Ap. IX, C.38, es el que instituye el deber de todo
abogado o abogada de exaltar el honor y la dignidad de la
profesión legal. A tenor con lo anterior, este Tribunal ha
expresado que, por ser los abogados y las abogadas el espejo
donde se refleja la imagen de la profesión, éstos y éstas
deben
actuar
con
el
más
escrupuloso
sentido
de
responsabilidad, teniendo siempre presente la función social
que ejercen. In re Stacholy Ramos, 207 DPR 521, 531 (2021);
In re Ramos Sáenz, 205 DPR 1089, 1102 (2020); In re Reyes
Coreano, 190 DPR 739, 757 (2014). En ese sentido, “los
abogados y las abogadas deben evitar, incluso, la mera
apariencia de impropiedad ya que ésta puede ser perjudicial
a la confianza en las instituciones de justicia y en los
miembros de la profesión legal”. In re Santos Negrón, 212
DPR 965, 977 (2023). Véase, In re Suárez Marchán, 159 DPR
724, 745 (2003).
III.
Dicho ello, y ya para finalizar, debemos tener presente
que, al momento de determinar la sanción disciplinaria a
imponerle
al
abogado
o
abogada
por
una
conducta
que
constituya una infracción al ordenamiento deontológico antes
CP-2020-0019
14
reseñado, -- como aquí sucedió --, es deber de este Tribunal
el tomar en consideración los siguientes factores: (1) la
reputación del abogado en la comunidad, (2) su historial
disciplinario, (3) si la conducta es una aislada, (4) si
medió ánimo de lucro, (5) si presentó una defensa frívola
de su conducta, (6) si ocasionó perjuicio a alguna parte,
(7) si resarció al cliente, (8) si demostró aceptación o
arrepentimiento sincero por la conducta que le fue imputada,
y, (9) otros atenuantes o agravantes que surjan de los
hechos. In re Raffucci Caro, supra; In re Román Jiménez,
supra; In re Lajara Radinson, 207 DPR 854, 866 (2021).
Es, pues, a la luz de la normativa deontológica antes
expuesta que procedemos a disponer del proceso disciplinario
que nos ocupa.
IV.
Como mencionamos anteriormente, el presente proceso
disciplinario fue referido ante un Comisionado Especial, -en este caso, el comisionado especial González Quesada --,
quien
tuvo
la
detenidamente
oportunidad
la
prueba
de
examinar
presentada,
y
cuidadosa
y
hacer
sus
de
correspondientes determinaciones de hechos y conclusiones
de derecho. En su Informe, el comisionado especial González
Quesada concluyó que, con su conducta, el licenciado Ayala
Oquendo infringió los Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del
Código de Ética Profesional, supra. Coincidimos.
Y
es
que,
según
se
desprende
del
expediente
ante
nuestra consideración, y del muy bien elaborado Informe del
CP-2020-0019
15
comisionado especial González Quesada, sin lugar a dudas,
el
referido
conducta
letrado,
contraria
con
a
sus
varios
actuaciones,
de
los
incurrió
preceptos
en
éticos
recogidos en el Código de Ética Profesional, supra. Nos
explicamos.
En primer lugar, en el presente proceso disciplinario
ha quedado claramente establecido que el licenciado Ayala
Oquendo al, -- el 13 de agosto de 2018 --, ausentarse sin
excusa del señalamiento a vista en el caso Josefina Z.
Centinales v. Nathan Scott, Civil Núm. NSRF201400871, y no
atender
la
Orden
de
Mostrar
Causa
que
se
emitió
como
resultado de dicha incomparecencia, incurrió en conducta
contraria
a
los
Cánones
9
y
12
del
Código
de
Ética
Profesional, supra.
De
igual
demostrado
forma,
que,
el
representación
legal
informarla
ello
de
ha
quedado
referido
de
y
su
sin
aquí
letrado,
cliente
obtener
la
al
en
completamente
abandonar
el
la
caso,
sin
autorización
del
Tribunal; al no presentar su renuncia de forma oportuna y
diligente; y al no mantener debidamente informada a su
cliente de los sucesos previos a la vista del 13 de agosto
de 2018, ni de dicho señalamiento, a pesar de haber sido
notificado, no cumplió con los deberes que le imponen los
Cánones 18, 19 y 20 del Código de Ética Profesional, supra.
Por otra parte, el licenciado Ayala Oquendo incurrió
en conducta contraria al Canon 35 del Código de Ética
Profesional, supra, al aseverar, dentro del trámite de la
CP-2020-0019
queja
16
AB-2019-0135,
“exclusivamente
que:
para
(1)
fue
solicitar
contratado
alimentos
única
y/o
y
pensión
excónyuge”; (2) no fue contratado para los demás incidentes
del
caso,
tales
paternofiliales;
como
(3)
la
custodia
el
expediente
en
y
las
del
relaciones
Tribunal
de
Primera Instancia no existía algún escrito suyo que se
relacionara
con
otro
asunto
que
no
fuera
la
pensión
excónyuge; y (4) para la vista celebrada el 13 de agosto de
2018 ya no era el representante legal de la promovente. Ello
es
así,
judicial
puesto
no
que,
según
mencionamos,
el
expediente
sostiene
dichas
alegaciones,
sino
todo
lo
contrario. Del expediente ante nuestra consideración surge
que el referido letrado sí representó a la señora Centinales
en
la
vista
paternofiliales
donde
se
y
mantuvo
se
determinaron
la
las
custodia
relaciones
de
su
hijo
inalterada, y que éste fue el representante legal de la
promovente desde el 30 de octubre de 2015 hasta el 14 de
septiembre de 2018.
Por último, concluimos que el licenciado Ayala Oquendo,
al desobedecer la obligación ética de conducirse de manera
responsable
y
comprometida
con
la
profesión
a
la
que
pertenece, de exaltar el honor y la dignidad de la misma y
de
cumplir
nuestro
con
las
ordenamiento
demás
responsabilidades
deontológico,
exhibió
que
una
impone
conducta
contraria a lo dispuesto en el Canon 38 del Código de Ética
Profesional, supra.
CP-2020-0019
17
V.
Por consiguiente, en vista de la conducta incurrida por
el licenciado Ayala Oquendo, -- en clara violación de los
Cánones 9, 12, 18, 19, 20, 35 y 38 del Código de Ética
Profesional, supra --, y tomando en consideración el hecho
de que el letrado no ha demostrado aceptación ni sincero
arrepentimiento por la conducta que le fue imputada, que
ocasionó perjuicio a la querellante y que ha sido objeto de
sanción
disciplinaria
en
el
pasado,
se
le
suspende
inmediatamente del ejercicio de la abogacía por el periodo
de tres (3) meses.
Consecuentemente, se le impone al señor Ayala Oquendo
el deber de notificar a todos sus clientes de su inhabilidad
para continuar representándolos, devolver los expedientes
de los casos pendientes, así como cualesquiera honorarios
recibidos
por
trabajos
no
realizados
e
informar
inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y
administrativos
en
donde
tenga
algún
asunto
pendiente.
Además, tiene la obligación de acreditar y certificar ante
este Tribunal el cumplimiento con lo anterior, incluyendo
una lista de los clientes y los foros a quienes le notificó
de su suspensión, dentro del término de treinta (30) días a
partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Notifíquese al señor Ayala Oquendo esta Opinión Per
Curiam y Sentencia.
Se dictará Sentencia de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Edmundo Ayala Oquendo
(TS-8,072)
CP-2020-0019
(AB-2019-0135)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2025.
Por las razones expuestas en la Opinión Per
Curiam que antecede, la cual se hace formar parte
de la presente Sentencia, se le suspende al Sr.
Edmundo Ayala Oquendo inmediatamente del ejercicio
de la abogacía por el periodo de tres (3) meses.
Consecuentemente, se le impone al señor Ayala
Oquendo el deber de notificar a todos sus clientes
de su inhabilidad para continuar representándolos,
devolver los expedientes de los casos pendientes,
así como cualesquiera honorarios recibidos por
trabajos no realizados e informar inmediatamente de
su
suspensión
a
los
foros
judiciales
y
administrativos
en
donde
tenga
algún
asunto
pendiente. Además, tiene la obligación de acreditar
y certificar ante este Tribunal el cumplimiento con
lo anterior, incluyendo una lista de los clientes y
los foros a quienes le notificó de su suspensión,
dentro del término de treinta (30) días a partir de
la notificación de esta Opinión Per Curiam y
Sentencia.
Notifíquese al señor Ayala Oquendo esta Opinión
Per Curiam y Sentencia.
CP-2020-0019
2
Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del
Tribunal Supremo Interina.
Bettina Zeno González
Secretaria del Tribunal Supremo Interina