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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Carlos A. Santiago Rivera

2026 TSPR 114

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Carlos A. Santiago Rivera

TS-16,789

3 de noviembre de 2026 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento reiterado con las órdenes del Tribunal Supremo.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2026 TSPR 114

Carlos A. Santiago Rivera

Número del Caso:

Fecha:

218 DPR ___

TS-16,789

3 de noviembre de 2026

Representante legal del peticionario:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del

ejercicio de la abogacía por incumplimiento reiterado con las órdenes

del Tribunal Supremo.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos A. Santiago Rivera

TS-16,789

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2026.

Por las razones que exponemos a continuación, nos

vemos precisados a ejercer nuestro poder disciplinario

para

suspender

de

forma

inmediata

e

indefinida

al

Lcdo. Carlos Alá Santiago Rivera del ejercicio de la

abogacía.

I

El Lcdo. Carlos Alá Santiago Rivera (licenciado

Santiago Rivera o promovente) fue admitido al ejercicio

de la abogacía el 20 de febrero de 2008.

El presente trámite disciplinario se originó el

22 de diciembre de 2025. En esa fecha, el licenciado

Santiago Rivera presentó una Queja contra el Lcdo. Marcos

Díaz Galarza (licenciado Díaz Galarza

o promovido) como

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2

resultado de unas alegadas irregularidades en el proceso de

reclutamiento de personal docente de la Escuela de Derecho de la

Universidad de Puerto Rico.

Luego de una serie de trámites procesales innecesarios de

pormenorizar, el 13 de abril de 2026, el licenciado Díaz Galarza

presentó

una

Moción

de

desestimación

en

la

que

sostuvo

la

improcedencia de la Queja radicada en su contra. En específico,

debido a que el promovente falló en exponer hechos concretos que

permitan sostener una violación ética por su parte. Añadió que,

en lugar de demostrar una falta ética, las acciones del licenciado

Santiago Rivera reflejan un descontrol y uso impropio del proceso

disciplinario para extender al plano ético una controversia que

ha

sido,

desde

su

origen,

de

naturaleza

administrativa

y

académica.

Por su parte, el licenciado Santiago Rivera presentó una

Moción en oposición a la solicitud de desestimación del 13 de

abril de 2026 y para solicitar reconsideración a la resolución

del Tribunal Supremo del 10 de abril de 2026 en la que, reafirmando

un supuesto patrón conductual de desviación profesional de los

estándares éticos por parte del promovido, arguyó que procedía

declarar

no

ha

lugar

la

Moción

de

desestimación

y,

consecuentemente, referir el asunto ante la consideración de la

Oficina del Procurador General de Puerto Rico.

Luego de evaluar todos los documentos presentados por las

partes, el 29 de mayo de 2026 desestimamos y archivamos la Queja

que

presentó

el

licenciado

Santiago

Rivera

en

contra

del

licenciado Díaz Galarza. Además, como resultado de la temeridad y

frivolidad en la argumentación de sus planteamientos, le impusimos

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una sanción de

3

$500.00, pagadera mediante sellos de rentas

internas a ser cancelados en la Secretaría del Tribunal Supremo,

dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de

la referida Resolución.

En desacuerdo, el 15 de junio de 2026, el promovente

presentó una Moción de reconsideración en la que cuestionó la

autoridad de este Tribunal para imponerle una sanción económica

en ausencia de una exposición de fundamentos fácticos y jurídicos.

Así, pues, según éste, procedía dejar sin efecto la sanción o

exponer los fundamentos para su imposición. Empero, el 17 de junio

de 2026, luego de atender la Moción de reconsideración, proveímos

no ha lugar.

El 7 de octubre de 2026, todavía en incumplimiento con la

sanción del 29 de mayo de 2026, emitimos una nueva Resolución

mediante la cual le concedimos al licenciado Santiago Rivera un

término final e improrrogable de diez (10) días para cumplir con

lo ordenado. Allí, le apercibimos que su incumplimiento con el

pago de los $500.00 podría conllevar la imposición de sanciones

mayores, incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía.

Acto seguido, el 19 de octubre de 2026, en lugar de cumplir

con lo ordenado, el promovente presentó un recurso titulado Moción

informativa y en respuesta a la resolución del 7 de octubre de

2026. En síntesis, el licenciado Santiago Rivera reafirmó su

oposición a que se le impusieran sanciones económicas y expresó

que no iba a pagar la sanción ordenada y que no la pagaría aunque

la misma se tratara del pago de $1.00.

Así las cosas, procedemos a resolver este asunto sin trámite

ulterior.

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4

II

Bajo el antiguo Código de Ética Profesional de 1970, 4 LPRA

Ap. IX (derogado), era meridianamente claro que, dentro de las

facultades del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se encontraba el

poder inherente y exclusivo para reglamentar la profesión de la

abogacía. Esa práctica se mantuvo inalterada por virtud de las

nuevas

Reglas

Regla

8.1

de

dispone

Conducta

que:

Profesional.1

“[t]odo

asunto

En

específico,

relacionado

con

la

la

reglamentación del ejercicio de la profesión legal, como la

admisión o la separación de sus miembros, es facultad inherente

del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.2

Con lo anterior en mente, en In re Adolfo Matías Balaguer,

2026 TSPR 21, 217 DPR ___ (2026), aclaramos que las faltas

disciplinarias que eran comúnmente sancionadas al amparo del Canon

9

del

Código

de

Ética

Profesional

de

1970,

supra,

serían

examinadas bajo el crisol de las Reglas 3.3(a), 8.1, 8.1(b) y

8.4(a) de las Reglas de Conducta Profesional, supra. Por su

pertinencia, impera repasar las mencionadas disposiciones.

La Regla 3.3(a) de las Reglas de Conducta Profesional,

supra,

señala

tribunales

que

los

letrados

deben

prevalezca

siempre

un

“procurar

ambiente

de

que

en

los

decoro

y

formalidad”.3 Según expresamos en In re: Adolfo Matías Balaguer,

supra, “al consagrar el texto del Canon 9 del Código de Ética

Profesional, supra, la Regla 3.3(a) procura que los profesionales

1

Véase, In re Rs. Conducta Prof. PR, 2025 TSPR 64, 216 DPR _ (2025).

2

Reglas de Conducta Profesional, supra, pág. 205 del PDF.

3

Reglas de Conducta Profesional, supra, pág. 134 del PDF.

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5

del derecho se conduzcan con respeto ante los tribunales”.4

Añadimos

que

“toda

conducta

que

lacere

la

función

de

los

tribunales es contraria a la exigencia ética que surge de la

Regla 3.3(a)”.5

Por otro lado, según expresáramos, la regla que atiende

directamente la facultad de este Tribunal para atender asuntos

disciplinarios

es

la

Regla

8.1

de

las

Reglas

de

Conducta

Profesional, supra. Por su importancia, la incluimos de manera

íntegra:

Todo asunto relacionado con la reglamentación del

ejercicio de la profesión legal, como la admisión o

la separación de sus miembros, es facultad inherente

del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una persona

aspirante a admisión al ejercicio de la abogacía o

de la notaría, o un abogado o una abogada que

participe en una solicitud de admisión al ejercicio

de la abogacía o de la notaría o participe en un

asunto disciplinario, no podrá:

(a) hacer, a sabiendas, una declaración falsa de

hechos sustanciales; o

(b) dejar de divulgar información necesaria para

corregir una apreciación errónea que conoce que

surgió en el asunto; o incumplir, a sabiendas, con

una orden o un requerimiento de información

formulado por la autoridad disciplinaria o encargada

del procedimiento de admisión. Esta regla no

requiere la divulgación de información protegida por

la Regla 1.6.6

Conforme a la precitada regla, al igual que el antiguo

Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, la Regla 8.1(b)

de las Reglas de Conducta Profesional, supra, consagra aquellas

situaciones específicas en que un abogado deja de cumplir con las

órdenes

o

requerimientos

de

este

Tribunal

en

asuntos

disciplinarios. Así, queda cristalizada la obligación de los

4

In re: Adolfo Matías Balaguer, 2026 TSPR 21, 217 DPR ___ (2026).

5

Íd.

Reglas de Conducta Profesional, supra, 205. 134 del PDF. Negrillas

suplidas.

6

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6

miembros de la profesión legal de hacer valer las órdenes de este

Tribunal.

En ese sentido, tal y como expresamos en In re: Adolfo

Matías Balaguer, supra, “el incumplimiento con las órdenes de este

Tribunal en un caso disciplinario es conducta suficiente para

ejercer nuestro poder inherente de disciplinar a los abogados

admitidos a nuestra jurisdicción”.7

Por último, la Regla 8.4(a) de las Reglas de Conducta

Profesional, supra, dispone que constituye conducta impropia el

violar estas reglas.8 Como corolario, en los comentarios a esta

regla, indicamos que las personas que ejercen la abogacía y que

violan las disposiciones reglamentarias aquí discutidas, están

sujetas a imposición de medidas disciplinarias.9

III

De una evaluación sosegada del recuento fáctico, resulta

obligatorio

concluir

que

el

licenciado

Santiago

Rivera

ha

desplegado una conducta que exhibe un patrón de falta de respeto

e indiferencia a nuestras órdenes y apercibimientos. Evidencia de

ello es que, pese a que se le concedió amplia oportunidad, el

promovente no cumplió con las oportunidades provistas para cumplir

con el pago de la sanción económica impuesta. Le apercibimos que

la desatención a nuestras órdenes podría conllevar una sanción

tan severa como la separación inmediata e indefinida de la

profesión jurídica. En menosprecio de nuestras advertencias, el

licenciado Santiago Rivera optó por la desidia y, peor todavía,

expresó que bajo ningún concepto cumpliría con el pago de la

7

In re: Adolfo Matías Balaguer, supra. Negrillas suplidas.

8

Reglas de Conducta Profesional, supra, pág. 209 del PDF.

9

Íd.

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7

sanción impuesta, “ni aunque la misma se tratara del pago de

$1.00”.

Claramente, la displicencia del licenciado Santiago Rivera

contraviene los postulados de las Reglas de Conducta Profesional,

supra. Destacamos que, de las reglas que rigen el comportamiento

de los profesionales del derecho, no surge que la aceptación por

parte del sancionado sea un requisito para la validez de la sanción

impuesta. Luego de presentar infructuosamente una moción de

reconsideración, que es la única herramienta para impugnar la

sanción, los abogados no tienen otra opción que no sea la de

cumplir estrictamente con lo ordenado. Rehusarse tajantemente a

hacer valer la voluntad de este Tribunal, de la manera en la que

lo ha hecho el licenciado Santiago Rivera, es una conducta que,

por sí misma, constituye razón suficiente para ejercer nuestro

poder disciplinario. Ante esta realidad, nos vemos obligados a

suspenderlo inmediata e indefinidamente del ejercicio de la

abogacía.

IV

Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo.

Carlos Alá Santiago Rivera. Como consecuencia, se le impone el

deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para

continuar representándoles. Del mismo modo, se le ordena que

devuelva a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y

cualquier cantidad recibida en honorarios por los servicios no

rendidos.

Se

le

impone

también

la

obligación

de

inmediatamente

de

su

suspensión

a

los

judiciales

foros

informar

y

administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por último,

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8

acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado

dentro del término de treinta (30) días, contado a partir de la

notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se le advierte al señor Carlos Alá Santiago Rivera que su

incumplimiento con el pago de las sanciones impuestas en las

quejas AB-2025-0347, AB-2025-0348 y AB-2026-0083 se considerará

en caso de que solicite reinstalación al ejercicio de la profesión

legal.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor

Carlos Alá Santiago Rivera por medio del correo electrónico

registrado

en

personalmente

el

a

Registro

través

de

Único

la

de

Abogados

Oficina

del

Tribunal.

Se dictará Sentencia en conformidad.

y

Abogadas

Alguacil

de

y

este

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Carlos A. Santiago Rivera

TS-16,789

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión

Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte

íntegra de esta Sentencia, suspendemos de forma

inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía al

Lcdo. Carlos A. Santiago Rivera.

Como consecuencia, se le impone el deber de

notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para

continuar representándoles. Del mismo modo, se le ordena

que devuelva a sus clientes los expedientes de los casos

pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por

los servicios no rendidos. Se le impone también la

obligación de informar inmediatamente de su suspensión a

los foros judiciales y administrativos en los que tenga

asuntos pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal

el cumplimiento con lo aquí ordenado dentro del término

de treinta (30) días, contado a partir de la notificación

de esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se le advierte al señor Carlos Alá Santiago Rivera

que su incumplimiento con el pago de las sanciones

impuestas en las quejas AB-2025-0347, AB-2025-0348 y

AB-2026-0083 se considerará en caso de que solicite

reinstalación al ejercicio de la profesión legal.

TS-16,789

2

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor

Carlos Alá Santiago Rivera por medio del correo electrónico

registrado en el Registro Único de Abogados y Abogadas y

personalmente a través de la Oficina del Alguacil de este

Tribunal.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez, el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza

Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor

Estrella Martínez no intervinieron.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo