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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Arnaldo J. Irizarry Irizarry

2026 TSPR 109

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Arnaldo J. Irizarry Irizarry

TS-8,358

26 de octubre de 2026 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía y la notaría por incurrir en conducta que constituye depravación moral.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2026 TSPR 109

Arnaldo J. Irizarry Irizarry

Número del Caso:

Fecha:

218 DPR ___

TS-8,358

26 de octubre de 2026

Representante legal del peticionario:

Por derecho propio

Materia: Conducta Profesional – Suspensión indefinida del ejercicio

de la abogacía y la notaría por incurrir en conducta que constituye

depravación moral.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Arnaldo J. Irizarry Irizarry

TS-8,358

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2026.

En

el

ejercicio

de

nuestro

poder

inherente

de

reglamentar la profesión legal en Puerto Rico, en esta

ocasión

nos

vemos

en

la

obligación

de

suspender

indefinidamente de la práctica de la abogacía y la notaría

a un profesional del Derecho que incurrió en una conducta

delictiva

por

la

cual

fue

encontrado

culpable

y,

posteriormente, sentenciado en el foro federal.

Con

sus

actuaciones,

el

Lcdo.

Arnaldo

J.

Irizarry

Irizarry se apartó de los principios de honradez y moralidad

que deben distinguir a quienes pertenecemos a esta noble

profesión.

Su

proceder

revela

un

carácter

moralmente

corrompido que lo inhabilita para continuar en la práctica

jurídica en nuestra jurisdicción.

I

A.

El

Lcdo.

Arnaldo

J.

Irizarry

Irizarry

(licenciado

Irizarry Irizarry) fue admitido a la profesión legal el 13

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2

de agosto de 1986 y prestó juramento como notario el 27 de

agosto de 2010.

El 9 de noviembre de 2022, un jurado federal encontró

culpable al licenciado Irizarry Irizarry ante el Tribunal de

Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico (Tribunal

Federal), en el caso United States of America v. Arnaldo J.

Irizarry-Irizarry, Criminal No. 21-082 (ADC). La acusación

comprendió cuatro (4) cargos relacionados con fraude y lavado

de

dinero

en

conexión

con

nueve

millones

de

dólares

(9,000,000) en fondos públicos pertenecientes al Municipio

de Mayagüez y encomendados a Mayagüez Economic Development,

Inc. para su inversión, mediante transacciones que afectaron

el comercio interestatal.1

El 14 de noviembre de 2022, la Secretaría del Tribunal

Federal remitió a este Foro una copia del veredicto emitido

en el mencionado caso. Ante ello, el 1 de diciembre de 2022,

notificada el 7 de diciembre de ese mismo año, emitimos

una Resolución en la que le concedimos al abogado un término

de diez (10) días para que mostrara causa por la cual no

debíamos suspenderlo provisionalmente de la práctica de la

abogacía y la notaría, al amparo de nuestro poder inherente

para reglamentar la profesión legal, según reconocido en la

Sección 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, según enmendada,

4 LPRA sec. 735. Además, como medida cautelar y de forma

Véase el Jury Verdict Form de United States of

America v. Arnaldo J. Irizarry-Irizarry, Criminal No. 21082 (ADC), págs. 1-3, que obra en el expediente.

1

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3

preventiva,

ordenamos

incautar

obra

la

licenciado

al

Alguacilazgo

protocolar

Irizarry

y

el

Irizarry

de

este

Tribunal

sello

notarial

para

el

del

trámite

correspondiente.

En cumplimiento de lo ordenado, el 12 de diciembre de

2022, el licenciado Irizarry Irizarry presentó una moción.

En esta, manifestó que había sido encontrado culpable, a

pesar de que la prueba admitida durante el juicio no demostró

que

tuviera

participación

o

conocimiento,

directo

o

indirecto, del esquema fraudulento por el cual fue acusado.

Sostuvo que, por ello, el jurado había errado al declararlo

culpable. Explicó que el esquema había sido llevado a cabo

por una persona a quien representaba, el Sr. Eugenio García

Jiménez, y que su intervención se limitó a representarlo

como abogado en diferentes asuntos corporativos. En ese

sentido, alegó que el jurado entendió que él debía tener

conocimiento del esquema por el hecho de ser el abogado de

su

representado,

aunque

desconocía

tanto

la

actividad

fraudulenta de su cliente como que los honorarios que recibió

por sus servicios profesionales fueron pagados con fondos

obtenidos mediante el fraude.

Además, argumentó que no se desfiló ni una scintilla de

evidencia relacionada con actos de deshonestidad de su parte,

y mucho menos con conducta inmoral o de depravación moral.

A su vez, solicitó, respetuosamente, que no se le suspendiera

hasta que se dictara Sentencia en su caso. Por último,

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4

informó que había apelado el veredicto ante el Tribunal de

Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito,

con sede en Boston.

Luego

de

evaluar

la

mencionada

moción,

el

20

de

diciembre de 2022, notificada el 27 de diciembre de 2022,

emitimos una Resolución en la que ordenamos la suspensión

provisional del licenciado Irizarry Irizarry del ejercicio

de la abogacía y la notaría. También, le ordenamos que nos

mantuviera informados sobre el estado del proceso penal que

se

seguía

en

su

contra

ante

el

Tribunal

Federal

y

le

apercibimos de que, si se confirmaba la condena y esta

adviniera final y firme, procederíamos a suspenderlo de

manera indefinida de la profesión legal.

Tras

múltiples

trámites

relacionados

con

la

notificación a sus clientes sobre su suspensión provisional

y con la inspección y aprobación de su obra notarial, el 31

de julio de 2026, el abogado compareció mediante una Moción

en cumplimiento de Resolución. A través de este escrito, nos

informó que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos

para el Primer Circuito, con sede en Boston, Massachusetts,

denegó

su

apelativo.

apelación,

Así

las

con

cosas,

lo

nos

cual

culminó

solicitó

el

que

proceso

tomáramos

conocimiento de la determinación final emitida en el proceso

federal.

A continuación, exponemos el marco jurídico aplicable

a este asunto.

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5

II

Reiteradamente hemos expresado que tenemos el poder

inherente de regular la profesión legal, pues nos compete

asegurarnos de que aquellas personas admitidas a la práctica

de la abogacía, así como a la notaría, ejerzan sus funciones

de manera

responsable,

competente y diligente.

In

re

Carrasco Castillo, 215 DPR 798, 803 (2025); In re Catalá

Suárez, 213 DPR 131, 134 (2023); In re Santiago Maldonado,

206 DPR 1029, 1039 (2021). En el ejercicio de esa autoridad,

podemos desaforar o suspender a los miembros de la profesión

legal

que

no

sean

aptos

para

desempeñar

tan

delicado

ministerio. In re Santamaría Torres, 208 DPR 383, 385–386

(2021); In re Ortiz Abrams, 194 DPR 492, 495 (2016); In re

González Díaz, 163 DPR 648, 650 (2005).

En consecuencia, la Sección 9 de la Ley de 11 de marzo

de 1909, supra, reconoce la facultad de este Tribunal para

separar

sumariamente

de

la

profesión

jurídica

ante

un

dictamen de culpabilidad contra un abogado o una abogada. In

re Peluzzo Perotín, 195 DPR 323, 327 (2016), citando a S.

Steidel Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del

abogado, San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 356. Tal disposición

expone lo siguiente:

El abogado [o la abogada] que fuere culpable de

engaño, conducta inmoral (malpractice), delito

grave

(felony)

o

delito

menos

grave

(misdemeanor), en conexión con el ejercicio de

su profesión o que fuere culpable de cualquier

delito que implicare depravación moral, podrá

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ser suspendido o destituido de su profesión por

el Tribunal Supremo de Puerto Rico. La persona

que siendo abogado [o abogada] fuere convicta

de un delito grave cometido en conexión con la

práctica de su profesión o que implique

depravación moral, cesará convicta que fuere,

de ser abogado o de ser competente para la

práctica de su profesión. [...]”. 4 LPRA sec.

735.

Así pues, el mecanismo reconocido

9, supra,

e

instrumentado

por

en la citada Sección

este

Tribunal,

torna

innecesario recurrir al proceso disciplinario ordinario que

provee la Regla 14 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA

Ap. XXI-B. In re Carrasco Castillo, supra, pág. 804; In re

Velilla

Reyes,

200

DPR

248,

252

(2018); In

re

Peluzzo

Perotín, supra, págs. 327–328.

De conformidad con lo anterior, hemos sostenido que toda

conducta delictiva de un integrante de la profesión legal

que evidencie un quebrantamiento moral puede dar lugar a su

desaforo

o

suspensión,

aun

cuando

esa

conducta

no

sea

producto o no esté en conexión con el ejercicio de la

profesión. In re Santamaría Torres, supra, pág. 386; In re

Ortiz Abrams, supra, págs. 495-496; In re Colón Ledée, 190

DPR 51, 54 (2014). Es decir, los motivos para ejercer nuestra

facultad disciplinaria no se limitan a los específicamente

dispuestos por ley, sino que se extienden a toda conducta

desplegada

por

quien

ejerce

la

abogacía

que

afecte

su

condición moral y, de esa forma, la haga indigna de ser

miembro de este foro. In re Colón Ledée, supra, pág. 54. En

ese sentido, hemos manifestado que la depravación moral

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consiste en hacer algo contrario a la justicia, la honradez,

los buenos principios o la moral. In re Santamaría Torres,

supra, pág. 386; In re Colón Ledée, supra, pág. 55; In re

Martínez Maldonado, 185 DPR 1085, 1087 (2012); In re Colón

Muñoz, 149 DPR 627, 659 (1999).

A la luz de la normativa antes esbozada, procedemos a

disponer del presente asunto disciplinario.

III

Luego de evaluar el expediente del licenciado Irizarry

Irizarry, queda claro que este fue declarado culpable en el

Tribunal Federal por delitos de fraude, lavado de dinero y

apropiación ilegal, y que esa determinación fue confirmada

por los foros apelativos a los que recurrió. La conducta

desplegada por el abogado constituye depravación moral y

evidencia

una

falta

de

respeto,

honradez

y

sinceridad

incompatible con el ejercicio de la profesión legal.

De

esta

incapacitado

manera,

para

concluimos

ejercer

la

que

el

profesión

abogado

legal,

está

lo

que

constituye motivo suficiente para suspenderlo de la abogacía

en Puerto Rico. Por consiguiente,

en virtud de nuestra

facultad para reglamentar la profesión jurídica, procede la

suspensión

permanente

e

indefinida

del

Sr.

Arnaldo

J.

Irizarry Irizarry del ejercicio de la abogacía y la notaría.

IV

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

suspende

indefinidamente al señor Irizarry Irizarry del ejercicio de

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la abogacía y la notaría.

En consecuencia, y de no haberlo hecho aún, el señor

Irizarry Irizarry deberá notificar inmediatamente a todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándoles. Asimismo, deberá devolver a sus clientes

los

expedientes

de

los

casos

pendientes,

así

como

los

honorarios recibidos por trabajos no realizados. De igual

manera, deberá informar inmediatamente de su suspensión a

cualquier foro judicial y administrativo en los que tenga

algún

asunto

pendiente

y

acreditar

a

este

Tribunal

el

cumplimiento con lo anterior, incluyendo una lista de los

foros a los cuales les notificó de su suspensión, dentro del

término

de

treinta

días

(30),

contado

a

partir

de

la

notificación de esta Opinión “Per curiam” y Sentencia.

A

su

vez,

reafirmamos

que

desde

su

suspensión

provisional del ejercicio de la notaría, la fianza que

garantiza las funciones notariales quedó automáticamente

cancelada. Esta fianza se considerará buena y válida por

tres (3) años después de su terminación, en cuanto a los

actos realizados durante el periodo en que

vigente.

Se dictará Sentencia de conformidad.

esta estuvo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

TS-8,358

Arnaldo J. Irizarry Irizarry

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam

que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la

presente Sentencia, se suspende indefinidamente al Sr.

Arnaldo J. Irizarry Irizarry del ejercicio de la abogacía

y la notaría.

En virtud de tal suspensión, se le impone el deber

de, notificar inmediatamente a todos sus clientes sobre su

inhabilidad para continuar representándoles. Asimismo,

deberá devolver a sus clientes los expedientes de los casos

pendientes, así como los honorarios recibidos por trabajos

no

realizados.

De

igual

manera,

deberá

informar

inmediatamente de su suspensión a cualquier foro judicial

y administrativo en los que tenga algún asunto pendiente y

acreditar a este Tribunal el cumplimiento con lo anterior,

incluyendo una lista de los foros a los cuales les notificó

de su suspensión, dentro del término de treinta días (30),

contado a partir de la notificación de esta Opinión “Per

curiam” y Sentencia.

A su vez, se reafirma que desde su suspensión

provisional del ejercicio de la notaría, la fianza que

garantiza las funciones notariales quedó automáticamente

cancelada. Esta fianza se considerará buena y válida por

tres (3) años después de su terminación, en cuanto a los

actos realizados durante el periodo en que esta estuvo

vigente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo