Tribunal Supremo de Puerto Rico
Velázquez Feliciano y otros v. Velázquez Feliciano y otros
2026 TSPR 110
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
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Velázquez Feliciano y otros v. Velázquez Feliciano y otros
CC-2026-0815
28 de octubre de 2026 · Resolución del Tribunal con Votos particulares de conformidad · Resolución del Tribunal con Votos particulares de conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Velázquez Feliciano y otros
Recurridos
Certiorari
v.
2026 TSPR 110
Víctor Manuel Velázquez Feliciano
y otros
218 DPR ___
Peticionarios
Número del Caso:
Fecha:
CC-2026-0815
28 de octubre de 2026
Tribunal de Apelaciones:
Panel III
Representante legal de la parte peticionaria:
Por derecho propio
Materia: Resolución
conformidad.
del
Tribunal
con
Votos
particulares
de
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del
proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones
del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un
servicio público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Velázquez Feliciano y
otros
Recurridos
CC-2026-0815
v.
Víctor Manuel Velázquez
Feliciano y otros
Peticionarios
RESOLUCIÓN
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.
Atendidos el Recurso de Certiorari y la Moción
Urgente en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción, se provee
No Ha Lugar a ambos.
Asimismo, se le impone una sanción económica de
$500.00 al Sr. Víctor M. Velázquez Feliciano y una sanción
económica de $500.00 a la Sra. Mercedes Velázquez
Feliciano
por
comparecer
al
Tribunal
de
Primera
Instancia, al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal
Supremo de Puerto Rico mediante escritos plagados con
citaciones falsamente atribuidas a este Foro, y realizar
imputaciones frívolas en contra de los procesos y el
personal del Poder Judicial. Cada sanción será pagadera
mediante sellos de rentas internas a ser cancelados en la
Secretaría del Tribunal Supremo, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la notificación de esta Resolución.
Adviértase a la comunidad general que, al comparecer
por derecho propio, al amparo de la Regla 9.4 de
Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. XXI-B, los litigantes pro
se deberán emplear un deber de diligencia y competencia
similar al que obedecen quienes han sido admitidos a
practicar la abogacía en nuestra jurisdicción, en
relación con la utilización de herramientas tecnológicas
para preparar sus escritos. Esto incluye, pero no se
limita, al deber de validar el contenido generado mediante
instrumentos tecnológicos e inteligencia artificial.
Faltar a este deber podría conllevar sanciones económicas
o
de
otra
naturaleza,
conforme
provee
nuestro
ordenamiento procesal civil.
CC-2026-0815
2
Notifíquese inmediatamente.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Rivera Pérez emite un
voto particular de conformidad al cual se une el Juez
Asociado señor Candelario López. El Juez Asociado señor
Candelario López emite un voto particular de conformidad
al cual se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco,
el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y la Jueza
Asociada Rivera Pérez.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Velázquez Feliciano y
otros
v.
CC-2026-0815
Certiorari
Víctor Manuel Velázquez
Feliciano y otros
Voto particular de conformidad emitido por la Jueza Asociada
Rivera Pérez.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.
En In re Irizarry Centeno, 2026 TSPR 41, 218 DPR ___
(2026),
dictaminamos
que
el
uso
de
herramientas
de
inteligencia artificial no releva a los integrantes de la
profesión legal de su deber de diligencia y competencia
tecnológica, lo cual incluye verificar las fuentes jurídicas
que invocan
en
los escritos
presentados ante
los foros
judiciales. A su vez, en la Opinión de conformidad que emití
en el referido caso, resalté que, en tiempos en que la
tecnología
permite
generar
textos
con
apariencia
de
autoridad, el compromiso con la verdad y la autenticidad del
derecho exige particular rigor.
La controversia que hoy nos ocupa presenta una dimensión
distinta, pues se trata de una parte que compareció por
derecho
propio
y
sustentó
sus
planteamientos
en
jurisprudencia inexistente. Bajo ese contexto, debo precisar
que el derecho a litigar pro se no comprende la prerrogativa
de invocar un derecho inexistente o alucinado, a expensas
CC-2026-0815
2
del deber de veracidad que sostiene la sana administración
de la justicia. Ello constituye una falta que trasciende el
incumplimiento de un deber procesal, pues compromete la
integridad
de
la
función
adjudicativa
y
menoscaba
la
confianza pública en la administración de la justicia.
En vista de lo que antecede, estoy conforme con el curso
de
acción
adoptado
por
esta
Curia.
El
derecho
a
autorrepresentarse no exime a quien suscribe un escrito
presentado
ante
los
tribunales
de
la
responsabilidad
inherente a su presentación. No obstante, considero necesario
precisar el fundamento de esa obligación y algunos criterios
que pueden orientar el ejercicio de la facultad sancionadora
de los tribunales. Veamos.
I
Dado
que
los
hechos
procesales
fueron
fielmente
pormenorizados en el Voto Particular de conformidad del Juez
Asociado señor Candelario López, basta con reafirmar que la
parte peticionaria ha desplegado un patrón de actuaciones
procesales
que
comprende
la
presentación
de
escritos
invocando disposiciones legales inexistentes y la imputación
de alteraciones de una grabación oficial de videoconferencia
del Poder Judicial. Esto último sin ápice de prueba que le
sustente. Este patrón no se limitó a sus comparecencias ante
los foros inferiores, sino que, al acudir ante esta Curia
mediante un recurso de certiorari, la parte peticionaria
continuó sustentándose en autoridades que no corresponden a
pronunciamientos de este Tribunal. Particularmente, invocó
CC-2026-0815
3
los siguientes casos: In re Marín Rivera, 169 DPR 896 (2007);
Sanz v. Municipio de San Juan, 154 DPR 370 (2001); Pueblo v.
Colón Lozada, 151 DPR 734 (2000)y Pueblo v. Casiano, 117 DPR
842 (1986).
Ciertamente, la verificación de la veracidad de estas y
otras
“referencias
jurisprudenciales”
requirió
invertir
tiempo y recursos de este Tribunal que, de otro modo, habrían
podido
destinarse
a
la
atención
de
las
controversias
legítimamente sometidas ante nuestra consideración.
Así,
lejos de constituir una irregularidad inconsecuente, esta
práctica impone a la función adjudicativa una carga indebida.
No es tarea de los tribunales depurar escritos jurídicos que
contienen
derecho
ficticio
generado
por
inteligencia
artificial, ni subsanar el incumplimiento con un estándar
mínimo de sentido común que exige que todas las partes se
abstengan de citar jurisprudencia inexistente y de atribuir
a
las
decisiones
judiciales
expresiones
que
estas
no
el fundamento de
la
contienen.1
Dicho esto, pasamos a
exponer
obligación de las partes que comparecen por derecho propio
de revisar la veracidad y exactitud de las fuentes de derecho
que citan en sus escritos y los criterios que deben orientar
el ejercicio de la facultad sancionadora de los tribunales.
Sobre el estándar mínimo al cual hago referencia, véase, Kulkarni v.
Merit Sys. Prot. Bd., No. 2025-1597, 2025 WL 3627611, a la pág. 3 (Fed.
Cir. 15 de diciembre de 2025). La cita original es la siguiente: “[w]hile
pro se litigants are understandably held to a less stringent standard
than parties represented by counsel, a baseline, common-sense standard
nonetheless requires that all parties refrain from citing non-existent
case law and quoting non-existent language”. Íd.
1
CC-2026-0815
4
II
Como punto de partida se encuentra la Regla 9.1 de
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual impone a quien
suscribe un escrito el deber afirmativo de realizar una
investigación razonable sobre los hechos y el derecho que
sustentan sus planteamientos. Véase, además, In re Irizarry
Centeno, supra. La firma de un escrito no constituye una mera
formalidad
procesal,
pues
certifica
que
quien
comparece
examinó su contenido y que, conforme a su mejor conocimiento,
información y creencia, formada después de una investigación
razonable, sus alegaciones encuentran sustento en los hechos
y respaldo por el derecho vigente. Regla 9.1 de Procedimiento
Civil, supra; Pagán Rodríguez v. Pres. Cáms. Legs., 206 DPR
277, 289 (2021).
Por su parte, la Regla 9.4 de Procedimiento Civil,
supra, regula la representación por derecho propio. Esta
exige, entre otras condiciones, que la persona posea los
conocimientos
y
capacidades
mínimos
para
defender
sus
intereses y cumplir con las normas procesales, y que su
comparecencia no entorpezca la adecuada administración de la
justicia. Íd. Asimismo, el inciso (b) de la referida Regla
exige que la parte tenga conocimiento pleno de que la persona
será tratada como cualquier otra parte representada por
abogado o abogada. Íd.
Como corolario, las personas que se representan por
derecho propio quedan sujetas a las sanciones contempladas
en
la
Regla
9.3
de
Procedimiento
Civil,
supra,
de
CC-2026-0815
5
determinarse
que
su
conducta
obstaculiza
la
sana
administración de la justicia o infringe sus deberes hacia
el Tribunal. Por lo tanto, quien decide asumir su propia
representación
también
asume
las
responsabilidades
procesales inherentes a esa determinación. Dicho de otro
modo, la ausencia de representación legal no convierte en
facultativo el cumplimiento de las reglas procesales ni
obliga a los foros adjudicativos a tolerar actuaciones que
comprometan la integridad de los procedimientos. Véase Febles
v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).
En
definitiva,
el
deber
procesal
de
ceñirse
a
la
veracidad de las fuentes citadas en los escritos judiciales
es
diáfano.
algunas
No
obstante,
consideraciones
estimo
que
pertinente
pueden
identificar
contribuir
a
una
evaluación ponderada de cada caso al determinar la sanción
que deberá aplicarse a raíz de su incumplimiento.2
En mi Opinión de conformidad del caso In re Irizarry
Centeno, supra, distinguí entre el ejercicio legítimo de
formular argumentos jurídicos novedosos y la presentación de
autoridades
ficticias
como
si
constituyeran
precedentes
auténticos. Nuevamente, reafirmo esta distinción y preciso
que es extensible a las partes que se representan por derecho
propio.
Por
lo
cual,
reitero
que
una
interpretación
desacertada del derecho no equivale, necesariamente, a una
Entre estas, adelanto, que los foros inferiores pueden hacer uso de
las órdenes de mostrar causa. Con estas, se puede conocer la intención,
el origen e incluso la manera en que el litigante investigó y/o redactó
el escrito.
2
CC-2026-0815
6
representación falsa de su contenido. En cambio, cuando se
invoca una decisión inexistente para sustentar una postura,
se introduce al proceso adjudicativo una fuente de autoridad
que carece de fuerza normativa. Esta última es la práctica
que no podemos tolerar.
Tal
actuación
no
solo
dificulta
el
examen
de
la
controversia, sino que, conforme adelanté, impone a los
tribunales y a la parte adversa la carga de identificar y
desmentir
un
derecho
que
nunca
debió
incorporarse
al
procedimiento. Así pues, aunque la comparecencia por derecho
propio
puede
constituir
una
circunstancia
pertinente
al
determinar la severidad de la sanción, esto no desplaza el
deber mínimo de verificar que las autoridades invocadas
realmente existen.
Ahora bien, la controversia que hoy examinamos no es
novel en la jurisdicción federal, por lo que contamos con el
insumo
de
distintos
consecuencias
de
tribunales
presentar
que
escritos
han
que
evaluado
contienen
las
citas
inexistentes con apariencia de haber sido generadas mediante
inteligencia artificial. Por ejemplo, en Kulkarni v. Merit
Sys. Prot. Bd., No. 2025-1597, 2025 WL 3627611, decidido el
15 de diciembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones para el
Circuito Federal reconoció que, aunque los litigantes por
derecho propio reciben ordinariamente un trato procesal menos
riguroso, todos están sujetos al deber mínimo de abstenerse
de
citar
jurisprudencia
inexistente
o
atribuir
a
las
decisiones judiciales expresiones que estas no contienen.
CC-2026-0815
7
Consecuentemente, el referido Foro ordenó el desglose de los
escritos que adolecían de este defecto.
De otra parte, en Jones v. Kankakee Cnty. Sheriff's
Dep't, 164 F.4th 967 (7mo Cir. 2026), un litigante pro se
compareció mediante un escrito de apelación que contenía
expresiones
incorrectamente
atribuidas
a
decisiones
judiciales. El referido Foro emitió una orden de mostrar
causa, a la cual el señor Jones respondió negando haber usado
inteligencia
artificial.
Ante
ello,
el
Séptimo
Circuito
razonó lo siguiente:
While AI presents great overall promise, the experience so
far in litigation has revealed instances of inaccurate factual and
legal representations to courts. How to respond both in individual
cases and at the broader level of court rules and policies is a
challenge fully upon the judiciary, federal and state. Where all
of this lands for pro se litigants—parties who represent themselves
and who do so almost always without any legal training—is an
important component of the ongoing dialogue and one implicated by
our reaction to the quotation errors in Jones’s brief.
[…]
Whether we are right or Jones is right need not detain us,
for we have no reason to believe his misstatements of law were
knowing or intentional. Nor do we have any reason to believe he
has the training necessary or resources available to check the
accuracy of legal citations. In the circumstances before us, then,
and mindful that before today’s decision we have not supplied any
guidance on the use of AI by pro se litigants, we stop short of
imposing any form of sanction on Jones. Íd.
En otras palabras, el Foro optó por no sancionarle al
considerar, entre otros factores, la ausencia de indicios de
faltar a la verdad intencionalmente, la posible falta de
preparación y recursos para verificar las autoridades, así
como la ausencia de orientación judicial previa sobre el uso
de inteligencia artificial. Íd.
Estas
sobre
el
decisiones,
deber
de
aunque
verificar
persuasivas,
nos
las
citadas
fuentes
ilustran
y
su
CC-2026-0815
extensión
8
tanto
a
los
abogados,
abogadas,
como
a
los
litigantes por derecho propio. Sin embargo, la razonabilidad
de la investigación y la severidad de la sanción deben
evaluarse a la luz de las circunstancias particulares de
quien comparece. A modo de ejemplo, los tribunales pueden
considerar el carácter aislado o reiterado de la conducta,
la investigación razonablemente exigible al compareciente
considerando
su
preparación
o
conocimientos
previos
en
derecho y los recursos disponibles (ej. confinados), así como
la suficiencia de las medidas menos severas tomadas por los
tribunales para disuadir su repetición.
Estos
ejercicio
criterios
prudente
orientadores
de
la
no
discreción
son
sustitutos
judicial,
sino
del
que
permiten distinguir entre un error atribuible a la falta de
conocimientos en derecho y una conducta que, por su gravedad,
persistencia
o
consecuencias,
amerita
una
respuesta
más
rigurosa.
III
En el caso ante nos, la parte peticionaria no se limitó
a invocar una sola autoridad incorrecta o a cometer un error
aislado de citación. Por el contrario, conforme surge del
expediente, su actuación forma parte de un patrón procesal
más
amplio,
el
cual
comprende
la
presentación
de
disposiciones legales inexistentes ante las tres instancias
judiciales. En vista de la conducta reiterada desplegada por
la parte peticionaria, concluyo que no estamos ante una
situación aislada de mera inadvertencia o de interpretación
CC-2026-0815
9
debatible del derecho. Más bien, nos encontramos ante un
incumplimiento persistente del deber mínimo de verificar las
fuentes jurídicas utilizadas para comparecer ante los foros
inferiores y para solicitar nuestra intervención. Tampoco
puede pasar desapercibido que, en el presente caso, los
litigantes
por
derecho
propio
incurrieron
en
un
patrón
frívolo y temerario caracterizado por imputar actuaciones
constitutivas de delito sin mérito alguno y sustentado en
citas falsas.
Reconocer
lo
contrario
supondría
trasladar
al
foro
adjudicador la responsabilidad principal de comprobar la
autenticidad de cada autoridad invocada por quien comparece,
cuando
se
supone
que
al
firmar
el
escrito
esa
persona
certifica haber realizado una investigación razonable. Ello,
a su vez, es insostenible e incompatible con la función
adjudicativa y con el respeto a los tribunales. Por lo tanto,
la sanción que hoy imponemos encuentra su justificación en
el incumplimiento de las obligaciones procesales y en las
repercusiones que ello tiene para la sana administración de
la justicia.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme con
el curso de acción adoptado por una mayoría de este Tribunal.
La
comparecencia
por
derecho
propio
constituye
una
manifestación legítima del acceso a la justicia. Sin embargo,
no
supone
el
derecho
a
sustituir
el
derecho
vigente
y
vinculante por uno alucinado. La flexibilidad procesal que
CC-2026-0815
10
le ha sido reconocida a quienes comparecen por derecho propio
no
les
inmuniza
del
deber
de
diligencia
que
exige
la
presentación de un escrito ante los foros judiciales.
Por ello, y en consideración al patrón de conducta
desplegado por la parte peticionaria, estoy conforme con la
denegatoria de expedición del recurso de certiorari, de la
moción en auxilio de jurisdicción y la imposición de una
sanción económica de $500.00 a cada parte aquí peticionaria,
la cual juzgo proporcional a las circunstancias particulares
del caso.
Camille Rivera Pérez
Jueza Asociada
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Velázquez Feliciano y
otros
Recurridos
CC-2026-0815
v.
Víctor Manuel Velázquez
Feliciano y otros
Peticionarios
El Juez Asociado SEÑOR CANDELARIO LÓPEZ emite un Voto
Particular de Conformidad al cual se unen la Jueza Asociada
señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo y la Jueza Asociada Rivera Pérez.
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.
Hoy este Tribunal desestima dos recursos presentados
por
personas
que
acudieron
a
los
foros
judiciales
en
representación de sí mismas y les impone una sanción de
$1,000 por inducir a error al Poder Judicial y prolongar los
procesos
adjudicativos
injustificadamente.
Al
fijar
la
cantidad de la sanción en cuestión, tomamos en consideración
el estado de litigante pro se, el propósito de los escritos,
incluyendo los ataques frívolos realizados en contra de los
funcionarios y los procesos del Poder Judicial, y el uso
rampante
de
argumentación
inexistentes.
Por
esta
determinación
que
hoy
sustentada
razón,
en
estoy
emitimos,
citas
conforme
legales
con
la
particularmente
la
advertencia que hemos realizado a la comunidad general, a
los efectos de que el deber de diligencia y competencia
tecnológica al momento de comparecer a los tribunales se
extienda
a
todo
el
que
pretenda
litigar
en
nuestra
CC-2026-0815
2
jurisdicción,
independientemente
de
que
comparezca
con
representación legal o por derecho propio.
A mi juicio, esta Resolución es de alta envergadura
para nuestro ordenamiento jurídico, pues tomamos un paso
afirmativo para garantizar la integridad de los procesos
judiciales
en
nuestros
tribunales
ante
el
desarrollo
rampante de la inteligencia artificial, y por primera vez,
tenemos la oportunidad de expresarnos sobre el tema en el
contexto de litigantes pro se. Por un lado, reconocemos la
importancia del derecho a la autorrepresentación, ya que
para muchas personas es
su
única vía de
acceso a los
tribunales. Sin embargo, este derecho no se ejerce sin
responsabilidades, y quien comparece por derecho propio no
puede obtener un trato preferencial en cuanto al contenido
de los escritos que presenta ante los tribunales.
En ese sentido, considero prudente recalcar que, bien
utilizadas, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a
entender un trámite, ordenar ideas o redactar con mayor
claridad,
particularmente
para
aquellos
que
tienen
los
conocimientos mínimos sobre el tema. No obstante, en manos
de
quienes
no
pueden
distinguir
un
precedente
de
su
apariencia, produce lo contrario de lo que promete: escritos
que lucen autorizados, pero descansan en decisiones que
nunca se emitieron. Eso, precisamente, fue lo que sucedió
en el caso ante nuestra consideración.
CC-2026-0815
Cada
3
cita
falsa
obliga
al
tribunal
y
a
la
parte
contraria a refutar un derecho que nunca existió, y esa
demora la paga el sistema. La sanción de hoy responde a esa
conducta y la advertencia al riesgo de que se repita. Así,
con aras de preservar el derecho que tiene la ciudadanía
para comparecer a los tribunales pro se y, a la misma vez,
proteger
la
dignidad
de
los
procesos
adjudicativos
que
administra el Poder Judicial, estoy conforme con la decisión
que ha tomado esta Curia. Cualquier otra determinación en
esta etapa procesal sería innecesaria e inoficiosa, pues no
alteraría la realidad fáctica de la conducta desplegada por
los
litigantes
y
continuaría
entorpeciendo
la
sana
a
este
administración de la justicia.
Veamos
el
trámite
procesal
que
nos
trae
desenlace.
I
Este caso tuvo su origen el 26 de diciembre de 2024,
cuando se presentó una demanda sobre división y liquidación
de
caudal
hereditario
en
contra
del
Sr.
Víctor
Manuel
Velázquez Feliciano y la Sra. Mercedes Velázquez Feliciano
(parte
peticionaria
o
peticionarios).1
Tras
varias
incidencias procesales y una segunda demanda presentada en
contra de estos,2
ambos casos fueron consolidados.3
Véase Entrada 1 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
Véase Entrada 1 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2025CV00213.
3 Véase Entrada 22 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
1
2
CC-2026-0815
4
En lo pertinente a lo que nos concierne, desde los
comienzos
del
comparecieron
pleito
por
legal
en
conducto
cuestión,
las
de
respectivas
sus
partes
representaciones legales. Sin embargo, el 23 de junio de
2026, el Lcdo. Luis H. Rodríguez Pérez (licenciado Rodríguez
Pérez), abogado de los peticionarios, solicitó el relevo de
la representación legal por diferencias sobre la dirección
del caso y las acciones correspondientes.4 Del mismo modo,
el 29 de julio de 2026, la parte peticionaria compareció por
derecho propio y solicitó que se relevara al licenciado
Rodríguez Pérez como su abogado, pues la comunicación y la
confianza entre ambos se habían visto laceradas.5 Evaluados
los escritos presentados, el TPI accedió al relevo de la
representación legal del letrado y concedió un término de
treinta días para que los peticionarios informaran su nueva
representación legal.6
No obstante, el 4 de agosto de 2026, los peticionarios
presentaron una Moción de notificación de comparecencia
conjunta por derecho propio (Pro se) y solicitud de término,
mediante la cual informaron su deseo de representarse pro
se
en
los
casos
consolidados.7
Además,
ese
mismo
día
presentaron una segunda moción en la que solicitaron que se
expidiera una orden de citación duces tecum a un tercero
ajeno a los procedimientos.8 Evaluadas ambas peticiones, el
Véase Entrada 49 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2025CV00213.
Véase Entrada 34 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
6 Véase Entrada 35 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
7 Véase Entrada 36 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
8 Véase Entrada 37 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
4
5
CC-2026-0815
5
TPI emitió dos órdenes notificadas el 4 de agosto de 2026.
Mediante la primera, denegó la solicitud de expedición de
citación duces tecum.9 Por conducto de la segunda, citó a
las partes a una vista argumentativa, a celebrarse el 18 de
agosto de 2026 mediante videoconferencia, para auscultar si
los peticionarios satisfacían los criterios de la Regla 9.4
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.10
Surge de la Minuta que, durante la vista argumentativa,
el juez de instancia formuló una serie de preguntas a los
peticionarios para cualificar su conocimiento en relación
con las Reglas de Procedimiento Civil y determinar si se
podían representar por derecho propio.11 Al culminar la
vista, el TPI notificó una Orden en la que concluyó que,
tras una lectura de las mociones presentadas y la evaluación
de las argumentaciones realizadas durante la vista, ninguno
de los peticionarios estaba apto para representarse por
derecho propio.12 En extrema síntesis, el adjudicador del
foro primario esbozó que los peticionarios no tenían los
conocimientos
mínimos
necesarios
para
representarse
adecuadamente, y que resolver lo contrario contribuiría a
una demora indebida en los procedimientos, causando que se
entorpeciera la adecuada administración de la justicia.
Véase Entrada 38 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
Véase Entrada 39 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
11 Véanse Entradas 43 y 54 de SUMAC TPI, en los alfanuméricos SJ2024CV11716
y SJ2025CV00213, respectivamente.
12 Véanse Entradas 40 y 53 de SUMAC TPI, en los alfanuméricos SJ2024CV11716
y SJ2025CV00213, respectivamente.
9
10
CC-2026-0815
6
En el caso particular del Sr. Víctor Manuel Velázquez
Feliciano (señor Velázquez Feliciano), indicó que, ante las
preguntas realizadas durante la vista, este demostró poseer
conocimiento legal previo y que, por esta razón, autorizó
inicialmente que pudiese representarse pro se. Sin embargo,
explicó
que
la
argumentación
peticionario
a
medida
comportamiento
hacia
que
la
oral
continuó
realizada
la
representación
vista
legal
por
el
y
su
de
la
contraparte fueron suficientes para convencer al TPI de que,
tomando en consideración todos los criterios esbozados en
la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, era improcedente
autorizar su comparecencia por derecho propio. Por lo tanto,
el TPI concedió un término de treinta días para que los
peticionarios comparecieran por conducto de representación
legal. Asimismo, le apercibió de que el incumplimiento de
esta Orden podría acarrear la imposición de sanciones como
la eliminación de alegaciones y la anotación de rebeldía.
Inconformes,
el
17
de
septiembre
de
2026,
los
peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones (TA)
mediante una solicitud en auxilio de jurisdicción y un
recurso de certiorari para, entre otras cosas: (a) impugnar
la orden denegatoria emitida el 4 de agosto de 2026 sobre
la citación duces tecum; (b) impugnar la orden emitida el
18 de agosto de 2026 pertinente a su comparecencia por
derecho propio; y (c) solicitar que el caso fuese asignado
a otro juez por presuntas cuestiones éticas.13 En cuanto a
13
Véase Entrada 1 de SUMAC TA, en el alfanumérico TA2026CE01230.
CC-2026-0815
7
este último asunto, la parte peticionaria anejó un documento
intitulado
como
Queja
ética
urgente
[…]
dirigido
a
la
Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración
de Tribunales (OAT), suscrito el 15 de septiembre de 2026.14
Por medio de esta, el señor Velázquez Feliciano alegó que
el
audio
oficial
de
la
vista
argumentativa
había
sido
manipulado para eliminar contenido de esta, configurando “un
patrón de prevaricación y falsificación ideológica” para
despojarles
de
su
derecho
a
representarse
por
derecho
propio. Como parte de este alegado patrón, adujo que el juez
de
instancia
se
inventó
reglas
jurídicas,
alteró
deliberadamente el tracto procesal del pleito “con el fin
de
manipular
y
desvirtuar”
el
caso
y
omitió
hechos
esenciales arbitrariamente.
Así las cosas, el 18 de septiembre de 2026, el TA emitió
una Resolución mediante la cual denegó la expedición del
certiorari y declaró No Ha Lugar la solicitud en auxilio de
jurisdicción.15
En
lo
pertinente
a
la
solicitud
para
intervenir con la orden denegatoria emitida por el TPI el 4
de agosto de 2026, el foro apelativo intermedio indicó no
tener
la
jurisdicción
para
atenderla
por
haber
sido
presentada de manera tardía. Sobre la orden emitida el 18
de agosto de 2026, el TA denegó la expedición del certiorari
pues, a su juicio, el juez de instancia ejerció su discreción
conforme a derecho y no incurrió en arbitrariedad, prejuicio
Véase Anejo 1 en Entrada 1 de SUMAC TA, en el alfanumérico
TA2026CE01230.
15 Véase Entrada 3 de SUMAC TA, en el alfanumérico TA2026CE01230.
14
CC-2026-0815
8
ni abuso craso de discreción al ordenar a los peticionarios
contratar representación legal conforme a las Reglas de
Procedimiento Civil.
En lo que respecta a las imputaciones éticas contra el
juez
de
instancia,
el
TA
optó
por
no
pronunciarse
al
respecto. Cabe resaltar, además, que el 21 de septiembre de
2026, los peticionarios presentaron una Moción en solicitud
de
inhibición
y
recusación
voluntaria
[…]
para
que
el
adjudicador del TPI se inhibiera inmediatamente por alegada
imparcialidad y acusaciones de fraude.16 Ante ello, ese mismo
día, el juez de instancia emitió una Orden de inhibición
para referir el expediente del caso a su juez pareja y así
evitar cualquier imagen de imparcialidad.17
En desacuerdo con el dictamen del TA, el 19 de octubre
de
2026,
la
parte
peticionaria
presentó
el
Recurso
de
Certiorari y la Moción Urgente en Solicitud de Auxilio de
Jurisdicción que nos lleva a expresarnos en la tarde de hoy.
A
saber,
los
peticionarios
crasamente
de
su
facultad
señalan
que
discrecional
el
al
TA
abusó
denegar
la
expedición del recurso de certiorari ante sí, pues, según
argumentó, el TPI revocó de manera punitiva y arbitraria su
derecho a representarse por derecho propio. Además, señaló
que el TA fue cómplice al avalar un “récord viciado por la
omisión y supresión deliberada de las incidencias reales de
Véase Entrada 55 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
Entradas 56 y 57 de SUMAC TPI, en los alfanuméricos SJ2024CV11716
y SJ2025CV00213, respectivamente. Actualmente, el Hon. José Luis Parés
Quiñones es el juez que dilucida el caso en cuestión.
16
17 Véanse
CC-2026-0815
9
sala” y al “refrendar el andamiaje de malicia procesal e
incongruencias
fácticas
del
récord
de
instancia”.
En
específico, sostuvo que las fechas del sistema SUMAC fueron
alteradas
“para
encubrir
deficiencias
en
el
desempeño
judicial y el retraso del pleito”, y que un audio oficial
del
Poder
Judicial
fue
“materialmente
amputado
en
su
origen”. Por todo lo anterior, solicitó que ordenáramos la
paralización de los procedimientos judiciales en el caso de
autos; que revoquemos las órdenes interlocutorias emitidas
por el TPI el 4 y el 18 de agosto de 2026; y que refiramos
las
incidencias
señaladas
a
las
diferentes
instrumentalidades del Poder Judicial con el fin de realizar
investigaciones éticas en contra del juez de instancia.
II
En Puerto Rico, el derecho a la representación por
derecho propio se reconoce para toda persona natural y se
extiende
tanto
al
ámbito
civil
como
al
criminal.
Para
viabilizar el acceso a la justicia de quienes comparecen por
derecho propio, el Poder Judicial creó los Centros Pro Se,
mediante los cuales se ofrecen servicios de orientación a
quienes interesen representarse por sí mismos en procesos
judiciales. A través del Programa de Acceso para Litigantes
por Derecho Propio, este provee las herramientas necesarias
CC-2026-0815
10
para contribuir a que la comunidad general pueda tener una
autorrepresentación efectiva ante los tribunales.18
Desde Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770 (1988),
esta Curia reconoció que el derecho de las personas a
comparecer por derecho propio en el ámbito civil goza de
rango constitucional. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica
de Puerto Rico - Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan,
Ed. LexisNexis, 2017, pág. 83. Esto, pues, tras un análisis
de la jurisprudencia norteamericana, se concluyó que, a la
luz de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados
Unidos,19
el
derecho
constitucional
de
renunciar
a
la
asistencia de abogado en la esfera criminal implicaba un
reconocimiento
implícito
del
derecho
a
la
autorrepresentación. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, supra,
pág. 784. Por consiguiente, en lo pertinente al ámbito
civil, pronunciamos que “toda vez que en esta esfera no se
reconoce
el
derecho
a
asistencia
de
abogado
a
los
litigantes, resulta más apremiante aún el derecho a la
representación por sí mismo en tales casos […] que por lo
Para más información, véase Poder Judicial de Puerto Rico, Programa de
Acceso
para
Litigantes
por
Derecho
Propio,
https://poderjudicial.pr/iniciativas-y-proyectos/centros-pro-se/
(última visita, 26 de octubre de 2026).
18
19
La Sexta Enmienda de la Constitución federal dispone que:
In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the
right to a speedy and public trial, by an impartial jury of
the state and district wherein the crime shall have been
committed, which district shall have been previously
ascertained by law, and to be informed of the nature and
cause of the accusation; to be confronted with the witnesses
against him; to have compulsory process for obtaining
witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel
for his defense. Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.
CC-2026-0815
general
los
11
intereses
afectados
no
gozan
de
la
misma
jerarquía o no revisten de ordinario la misma importancia
[que en lo criminal]”. Íd., pág. 785.
Sin embargo, la constitucionalidad de este derecho no
lo hace absoluto, pues con el fin de la mejor administración
de la justicia, delineamos un listado de criterios que el
Tribunal
debía
reconocer
el
considerar
derecho
Posteriormente,
la
a
y
balancear
la
representación
Asamblea
Legislativa
al
momento
de
pro
se.20
incorporó
estos
factores mediante legislación a las Reglas de Procedimiento
Civil.
Así,
la
Regla
9.4
de
Procedimiento
Civil, supra,
reconoce el derecho de toda persona natural a comparecer por
derecho propio en casos civiles ordinarios. No obstante,
En específico, acogimos los criterios establecidos en la jurisprudencia
estatal y federal y pronunciamos que solamente las personas naturales
pueden acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, sujeto a que
los tribunales balanceen las siguientes consideraciones para su
concesión: “(a) la representación, como regla general, no puede ser
híbrida, esto es, no debe estar representado por abogado y a la misma
vez representarse por derecho propio; (b) la decisión tiene que haber
sido tomada voluntariamente, de manera inteligente y con pleno
conocimiento de causa; (c) tiene que hacerse mediante solicitud expresa
(inequívoca) al tribunal; (d) debe ser formulada oportunamente, pues
mientras más adelantado el proceso, mayor la discreción del juez para
denegarla; (e) se tomará, además, en consideración la demora o
interrupción de los procedimientos y su efecto sobre la adecuada
administración de la justicia; (f) deberá atender asimismo el tribunal
al factor de la calidad de la representación que la parte habrá de ser
capaz de procurarse, así como la complejidad de la controversia a
adjudicarse; (g) la parte o el acusado tendrá el deber de cumplir
esencialmente con las reglas procesales y
el derecho sustantivo
aplicable, aunque no se requerirá un conocimiento técnico de los mismos;
(h) no está obligado el magistrado a ilustrar a quien opte por tal derecho
acerca de esas leyes o reglas; (i) el magistrado tampoco viene obligado
a nombrarle abogados asesores durante el proceso; (j) el magistrado no
tiene el deber de inquirir respecto a las razones por las cuales ha
elegido la representación por derecho propio, aunque en los casos que
estime conveniente podría así hacerlo, y (k) finalmente, el magistrado
tampoco tiene la obligación de informar al acusado o a las partes de su
derecho a la autorrepresentación”. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, supra,
págs. 785-786.
20
CC-2026-0815
12
este derecho no es ilimitado ni absoluto, pues su ejercicio
está condicionado a una evaluación judicial de los criterios
establecidos en la referida regla. Véase Pueblo v. Cruzado,
161 DPR 840, 846 (2004). A saber, el estatuto establece que
el
tribunal
debe
considerar:
representada
por
abogado;
(a)
(b)
si
la
persona
está
si
la
decisión
de
autorrepresentación es voluntaria e inteligente, con pleno
conocimiento de que será tratada como cualquier otra parte
representada por abogado o abogada; (c) si la persona puede
representarse a sí misma de manera adecuada, de acuerdo a
la complejidad de la controversia a adjudicarse; (d) si la
persona posee la capacidad y conocimientos mínimos para
defender sus intereses, cumplir con las reglas procesales y
alegar
el
derecho
sustantivo
aplicable;
(e)
si
su
comparecencia pro se entorpecerá la adecuada administración
de la justicia, o atentará contra la dignidad del tribunal,
las partes o sus abogados. 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.
De este modo, surge con meridiana claridad que la Regla
9.4
de
Procedimiento
Civil,
supra,
impone
un
deber
afirmativo al TPI de evaluar que la persona cumpla con los
requisitos previamente esbozados durante todo el proceso.
Después de todo, el fundamento principal que promulga esta
regla es que todos los litigantes son iguales ante la ley.
Asimismo, la regla dispone que el incumplimiento de alguno
de
estos
requisitos
será
causa
suficiente
para
que
el
tribunal suspenda la autorrepresentación y le ordene que
comparezca con representación legal en un plazo determinado.
CC-2026-0815
13
Por tanto, el foro judicial habrá de lograr un justo balance
de
estos
criterios
y,
al
mismo
tiempo,
atender
las
circunstancias particulares del caso, los intereses de las
partes y la eficiencia en la administración de la justicia,
antes
de
determinar
autorrepresentación.
que
Íd.
procede
Véase,
además,
suspender
la
Lizarríbar
v.
Martínez Gelpí, supra, pág. 786 (1988).
A tenor de lo esbozado, esta regla también dispone que
toda persona que comparezca por derecho propio estará sujeta
a los requisitos de conducta que rigen la profesión legal,
incluyendo la imposición de sanciones establecidas por la
Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, toda
persona que comparezca de manera pro se deberá ejercer un
cumplimiento continuo de los factores esbozados en la Regla
9.4, so pena de enfrentarse a las consecuencias procesales
provistas para las partes que ostentan representación legal,
como, por ejemplo, la imposición de sanciones económicas o
de otra naturaleza. 32 LPRA Ap. V, R. 9.3. Dicho de otro
modo, ante los ojos de los tribunales, quien opta por
representarse por derecho propio, lo hace consciente de que
será tratado como cualquier parte con representación legal,
y el tribunal no está obligado a ilustrarle acerca de las
leyes o reglas, ni a nombrarle abogado o abogada que le
asesore durante el proceso. Íd., R. 9.4.
A esos efectos, las personas que se representan por
derecho
propio
están
sujetas
a
las
mismas
sanciones
establecidas por las Reglas de Procedimiento Civil para los
CC-2026-0815
14
abogados y para las partes debido a que ejercen un rol dual
en el pleito. Hernández Colón, op. cit., pág. 85. Entre
estas posibles sanciones, se encuentran las establecidas por
concepto de costas y honorarios de abogados. A saber, en
Nieves Huertas et al. v. ELA I (Sentencia), 189 DPR 611
(2013), impusimos una sanción de $10,000 en honorarios de
abogados a unos litigantes pro se por presentar un caso
frívolo. De este modo, cabe resaltar que la Regla 44.2 de
Procedimiento Civil, supra, faculta al tribunal a imponer
sanciones económicas en cualquier etapa del proceso a una
parte o a su representante legal por conducta constitutiva
de
demora,
inacción,
abandono,
obstrucción
o
falta
de
diligencia en perjuicio de la eficiente administración de
la justicia. Al amparo de esta regla, el tribunal puede
imponer una variedad de sanciones económicas que incluyen
cualquier multa de índole punitiva con el propósito de
penalizar determinado comportamiento. Hernández Colón, op.
cit., pág. 432.
III
Este Tribunal optó por declarar no ha lugar ambos
recursos presentados por la parte peticionaria, pues estos
no lograron argumentar efectivamente que estuviesen ante una
situación excepcional en la que existan circunstancias de
verdadera urgencia ni un daño sustancial o irreparable a las
partes. Asimismo, justipreciamos que, en lo pertinente al
certiorari, los peticionarios no presentaron un caso fuerte
con probabilidades de prevalecer. Esto, así pues, según obra
CC-2026-0815
15
en el expediente, ante la solicitud de los peticionarios
para
comparecer
argumentativa
pro
se,
el
correspondiente,
TPI
celebró
formuló
una
la
vista
serie
de
preguntas para calificar su conocimiento y determinar si se
podían
representar
consideración
las
por
derecho
argumentaciones
propio,
y
el
y
tomó
en
comportamiento
desplegado en la vista para arribar a su conclusión. Así,
el TPI actuó dentro de la sana discreción que le confiere
la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, y concluyó que
los
peticionarios
no
tienen
los
conocimientos
mínimos
necesarios para representarse adecuadamente y concedió un
término de treinta días para que comparecieran por conducto
de representación legal.
De ordinario, este tipo de caso culminaría con la
evaluación de la petición, su determinación correspondiente
y la notificación a las partes. Sin embargo, tras una
evaluación exhaustiva del expediente electrónico en los
foros inferiores, al igual que los documentos presentados
por los peticionarios ante nos, la conducta empleada por la
parte peticionaria durante las diferentes etapas del proceso
judicial no puede quedar impune ni despacharse con un mero
no ha lugar.
Hoy
nos
vemos
forzados
a
emitir
un
mensaje
a
la
comunidad general, pues pudimos identificar que, desde su
primera comparecencia pro se, los peticionarios estuvieron
induciendo a error a los tribunales mediante el uso de citas
falsas y jurisprudencia ficticia. A saber, los peticionarios
CC-2026-0815
incurrieron
16
en
un
patrón
frívolo
de
atacar
injustificadamente a los foros inferiores con alegaciones
constitutivas de delito, mientras, a su vez, incurren en una
falta
de
diligencia
tecnológicas
e
por
el
mal
inteligencia
uso
de
herramientas
artificial
en
sus
comparecencias. Esto surge tras una evaluación minuciosa de
los
escritos
peticionarios,
presentados
en
donde
por
derecho
identificamos
propio
por
los
una
serie
de
irregularidades que atentan contra la dignidad de nuestros
tribunales:
1. En su Moción solicitando relevo de representación
legal […],21 la parte peticionaria citó tres casos
para hacer sus argumentos y redactó unas supuestas
expresiones emitidas por este Tribunal: In re
Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666 (2010); In re Ramos
Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011); y In re Alvelo
San Miguel, 166 DPR 341. Los primeros dos casos
constan en las decisiones emitidas por esta Curia,
pero las expresiones citadas ad verbatim en el
documento no existen. En cuanto al tercer caso, In
re Alvelo San Miguel, 166 DPR 341, resulta que este
no consta en las decisiones emitidas por este foro.
2. Lo mismo sucedió en su Moción de notificación de
comparecencia conjunta por derecho propio (Pro se)
[…],22 en donde citó dos casos que no existen en
nuestras colecciones de Decisiones de Puerto Rico:
Ex parte López Mendoza, 121 DPR 673 (1988) y
Asociación de Propietarios v. Solimar, 142 DPR 159
(1977).
3. En su Moción en solicitud urgente de paralización
[…],23 los peticionarios citaron Vargas v. Alco,
162 DPR 450 (2004), un caso que tampoco consta en
las decisiones de este Tribunal.
4. Posteriormente, en su Moción en solicitud de
inhibición
y
recusación
[…],24
la
parte
peticionaria volvió a citar dos casos que tampoco
Véase Entrada 34 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
Véase Entrada 36 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
23 Véase Entrada 45 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
24 Véase Entrada 55 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.
21
22
CC-2026-0815
17
existen como parte de las decisiones emitidas por
el Tribunal Supremo de Puerto Rico: Sucesión de
Carrasquillo v. Cruz, 156 DPR 328 (2002) y Vargas
v. Alco, 162 DPR 450 (2004) por segunda vez.
5. Asimismo, en su Moción urgente en solicitud de
suspensión y prórroga […],25 los peticionarios
citaron In re Almodóvar Marchany, 172 DPR 954
(2008),
pero
surge
tras
una
investigación
exhaustiva que la cita correcta es In re Almodóvar
Marchany, 167 DPR 400 (2006). Por otro lado,
citaron otro caso que no consta en nuestras
decisiones: Soc. de Gananciales v. G. P. Real
Estate, 173 DPR 921 (2008).
6. Luego, en su recurso de certiorari ante el TA,26
los peticionarios volvieron a citar diez casos que
no obran en nuestras decisiones: Sucesión de
Carrasquillo v. Cruz, 156 DPR 328 (2002) por
segunda vez; Ex Parte Suro, 124 DPR 220 (1989);
Sucesión Bravo v. Sucesión Marín, 141 DPR 24
(1996); Rivera v. L. G. S. Corp., 183 DPR 814
(2011); Felician Alvarado v. De Jesús, 192 DPR 740
(2015); Pueblo v. Flores, 134 DPR 395 (1993); S.
L. G. Rivera v. Martínez, 170 DPR 814 (2007);
Vargas v. Alco, 162 DPR 450 (2004) por tercera vez;
Sucesión de Santos v. Santos, 154 DPR 872 (2001);
Soc. de Gananciales v. G. P. Real Estate, 173 DPR
921 (2008) por segunda vez. A su vez, citaron a
Mora Development v. Sandin, 118 DPR 484 (1987), un
caso citado incorrectamente pero que, tras una
investigación exhaustiva, presumimos que pretendía
citar a Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733
(1987).
7. Finalmente, en su recurso de certiorari ante nos,
la parte peticionaria continuó con su patrón de
citaciones ficticias y citó los siguientes cuatro
casos que tampoco obran en nuestros dictámenes: In
re Marín Rivera, 169 DPR 896 (2007); Pueblo v.
Casiano, 117 DPR 842 (1986); Sanz v. Municipio de
San Juan, 154 DPR 370 (2001); y Pueblo v. Colón
Lozada, 151 DPR 734 (2000).
Dicho de otro modo, la parte peticionaria compareció
pro se y basó su argumentación legal en jurisprudencia que
simple y sencillamente no existe. De su faz, podemos concluir
que los casos fueron creados artificialmente por herramientas
25
26
Véase Entrada 59 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2025CV00213.
Véase Entrada 1 de SUMAC TA, en el alfanumérico TA2026CE01230.
CC-2026-0815
18
tecnológicas que emplearon los peticionarios para preparar
sus escritos.
En In re Irizarry Centeno, 2026 TSPR 41, 218 DPR ____
(2026), atendimos un caso en el que dos abogadas citaron ad
verbatim varios casos que supuestamente pertenecían a la
jurisprudencia
de
este
Tribunal.
Ante
señalamientos
de
citaciones falsas por su contraparte, las abogadas admitieron
el
uso
de
impuso una
citas
sanción
inexistentes
de
y
$1,000
el
por
foro
primario
causar
les
dilaciones
injustificadas en el manejo del caso. En su Resolución, el
tribunal de instancia concluyó que las actuaciones de las
abogadas causaron perjuicio a la otra parte, alteraron el
curso del litigio y retrasaron la solución definitiva del
pleito. Posteriormente, al evaluar la conducta profesional
de las abogadas, tomamos en consideración la totalidad de
las circunstancias y les apercibimos a estas de que, de
incurrir en conducta antiética ulterior, se podrían exponer
a sanciones disciplinarias más severas. Asimismo, advertimos
a la clase togada sobre su deber de actuar con competencia y
diligencia tecnológica en todo momento, incluyendo el deber
de
validar
el
contenido
generado
mediante
pasado
de
herramientas
tecnológicas.
De
igual
manera,
el
6
octubre
de
2026,
emitimos una Resolución en donde le impusimos una multa de
$1,000 a una abogada por realizar dos representaciones falsas
CC-2026-0815
19
al atribuir a este Tribunal citas y determinaciones que nunca
se han emitido.27
Cónsono con nuestro proceder en los dos casos citados y
la jurisprudencia que se ha desarrollado sobre el tema en
otras jurisdicciones estadounidenses, coincido en que “la
inclusión de citas inexistentes o tergiversadas atribuidas a
decisiones de este Tribunal constituye conducta sancionable,
no por la adopción de argumentos novedosos o interpretaciones
extensivas del derecho, sino por presentar como precedente
vigente pronunciamientos que este Tribunal nunca emitió. Ello
entorpece la función adjudicativa, obliga al foro y a la
parte adversa a desmentir derecho ficticio y erosiona la
confianza en la administración de la justicia”. Opinión de
Conformidad de la Jueza Asociada Rivera Pérez en In re
Irizarry Centento, 2026 TSPR 41, 218 DPR ____ (2026).
En
el
pasado,
impuesto
en
relación
las
sanciones
con
económicas
citaciones
ficticias
que
hemos
han
sido
dirigidas a personas admitidas a la práctica de la abogacía
en nuestra jurisdicción. Distinto es el trato para aquellos
litigantes pro se a quienes no necesariamente les aplican
las
Reglas
de
Conducta
Profesional
de
Puerto
Rico.
No
obstante, tal y como establece nuestro ordenamiento jurídico,
toda persona que comparezca por derecho propio estará sujeta
a
los
mismos
estándares
que
rigen
la
profesión
legal,
incluyendo la imposición de sanciones económicas o de otra
27
TS-18,105.
CC-2026-0815
naturaleza
20
por
conducta
que
constituya
la
dilación
injustificada de los procesos. Por lo tanto, hoy promulgamos
categóricamente
que
la
inclusión
de
citas
ficticias
o
tergiversadas tiene el efecto práctico de inducir a error al
Tribunal y constituye razón suficiente para sancionar a todo
litigante,
independientemente
de
que
se
represente
por
derecho propio.
Además de lo esbozado, considero que la conducta de los
peticionarios fue frívola en el sentido de que, mediante sus
escritos
pro
se,
se
dedicaron
descontextualizadas
e
a
infundadas
realizar
basadas
imputaciones
en
un
craso
desconocimiento de los procedimientos judiciales y de nuestro
estado
de
derecho.28
imputaciones
Por
realizadas,
lo
tanto,
mediante
me
parece
escritos
que
las
plagados
con
citaciones falsamente atribuidas a este Tribunal, atentan
contra la dignidad del Poder Judicial. De esta manera, estoy
satisfecho
con
la
sanción
económica
impuesta
a
los
peticionarios, pues no podemos permitir que los litigantes
que
comparezcan
procedimientos
por
derecho
injustificadamente
propio
prolonguen
los
con
distorsiones
de
Entre estas, los peticionarios adujeron que el juez de instancia: (1)
se inventó citas y estatutos para utilizar la ley “fraudulentamente” y
denegarle la autorrepresentación; (2) “alteró de forma maliciosa las
constancias electrónicas” del SUMAC “con el fin de manipular y desvirtuar
los efectos legales [del proceso] y ocultar su deficiente ejercicio
ministerial”; (3) tomó represalias en contra de estos al omitir
“maliciosamente” circunstancias particulares del caso en sus dictámenes;
e (4) incurrió en actos de “falsificación ideológica del derecho
aplicable para provocar [su] indefensión”. No menos importante, mediante
escritos presentados ante este Tribunal, el TA y la OAT, la parte
peticionaria ha acusado a funcionarios del Poder Judicial, sin ningún
tipo de evidencia, de alterar la grabación oficial de la vista
argumentativa celebrada el 18 de agosto de 2026, y ha planteado que esta
“fue materialmente alterada, mutilada y amputada de forma selectiva”.
28
CC-2026-0815
derecho
y
21
alegaciones
infundadas
que
comprometan
la
integridad de nuestro sistema judicial. Además, esta es
consistente con las sanciones económicas que hemos impuesto
en los últimos meses por cuestiones similares.
Asimismo,
cabe
recalcar
que
este
Tribunal
continúa
alerta para identificar a litigantes que comparecen ante los
tribunales mediante mociones y recursos que evidentemente
han
sido
confeccionados
con
el
uso
de
herramientas
de
inteligencia artificial. Esto por sí solo no es razón para
sanciones. Después de todo, estamos ante una tecnología que
ha
revolucionado
quehaceres
de
y
nuestra
continúa
sociedad,
evolucionando
incluyendo
todos
la
los
profesión
legal. Sin embargo, lo que sí es motivo de censura y sanciones
es que estas herramientas sean utilizadas para inducir a
error al Tribunal con representaciones falsas de citas y
determinaciones que nunca se han emitido, tal y como hicieron
los peticionarios en el pleito ante nos: siete documentos
con decenas de citaciones inexistentes para fundamentar sus
posturas, sin haber corroborado la veracidad de estas.
Anticipamos que esta no será la última vez en la cual
personas que no han sido admitidas a la abogacía optarán por
utilizar estas herramientas para comparecer pro se en lugar
de
adquirir
representación
legal.
Por
lo
tanto,
la
advertencia que hoy emite este Tribunal va dirigida a todos
esos litigantes pro se que consideran que con el uso de
inteligencia artificial tienen un conocimiento legal supremo
en la palma de su mano. Adviértase que deberán emplear los
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mismos niveles de diligencia y competencia tecnológica que
obedece la comunidad legal de Puerto Rico al presentar sus
escritos. De lo contrario, estarán expuestos a las sanciones
previstas por nuestro ordenamiento procesal civil.
Por los fundamentos expuestos, estoy conforme.
Raúl A. Candelario López
Juez Asociado