LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Velázquez Feliciano y otros v. Velázquez Feliciano y otros

2026 TSPR 110

Poder Judicial de Puerto Rico

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Velázquez Feliciano y otros v. Velázquez Feliciano y otros

CC-2026-0815

28 de octubre de 2026 · Resolución del Tribunal con Votos particulares de conformidad · Resolución del Tribunal con Votos particulares de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Velázquez Feliciano y otros

Recurridos

Certiorari

v.

2026 TSPR 110

Víctor Manuel Velázquez Feliciano

y otros

218 DPR ___

Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

CC-2026-0815

28 de octubre de 2026

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Representante legal de la parte peticionaria:

Por derecho propio

Materia: Resolución

conformidad.

del

Tribunal

con

Votos

particulares

de

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones

del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un

servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Velázquez Feliciano y

otros

Recurridos

CC-2026-0815

v.

Víctor Manuel Velázquez

Feliciano y otros

Peticionarios

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.

Atendidos el Recurso de Certiorari y la Moción

Urgente en Solicitud de Auxilio de Jurisdicción, se provee

No Ha Lugar a ambos.

Asimismo, se le impone una sanción económica de

$500.00 al Sr. Víctor M. Velázquez Feliciano y una sanción

económica de $500.00 a la Sra. Mercedes Velázquez

Feliciano

por

comparecer

al

Tribunal

de

Primera

Instancia, al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal

Supremo de Puerto Rico mediante escritos plagados con

citaciones falsamente atribuidas a este Foro, y realizar

imputaciones frívolas en contra de los procesos y el

personal del Poder Judicial. Cada sanción será pagadera

mediante sellos de rentas internas a ser cancelados en la

Secretaría del Tribunal Supremo, dentro de los treinta

(30) días siguientes a la notificación de esta Resolución.

Adviértase a la comunidad general que, al comparecer

por derecho propio, al amparo de la Regla 9.4 de

Procedimiento Civil, 4 LPRA Ap. XXI-B, los litigantes pro

se deberán emplear un deber de diligencia y competencia

similar al que obedecen quienes han sido admitidos a

practicar la abogacía en nuestra jurisdicción, en

relación con la utilización de herramientas tecnológicas

para preparar sus escritos. Esto incluye, pero no se

limita, al deber de validar el contenido generado mediante

instrumentos tecnológicos e inteligencia artificial.

Faltar a este deber podría conllevar sanciones económicas

o

de

otra

naturaleza,

conforme

provee

nuestro

ordenamiento procesal civil.

CC-2026-0815

2

Notifíquese inmediatamente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Rivera Pérez emite un

voto particular de conformidad al cual se une el Juez

Asociado señor Candelario López. El Juez Asociado señor

Candelario López emite un voto particular de conformidad

al cual se une la Jueza Asociada señora Pabón Charneco,

el Juez Asociado señor Kolthoff Caraballo y la Jueza

Asociada Rivera Pérez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Velázquez Feliciano y

otros

v.

CC-2026-0815

Certiorari

Víctor Manuel Velázquez

Feliciano y otros

Voto particular de conformidad emitido por la Jueza Asociada

Rivera Pérez.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.

En In re Irizarry Centeno, 2026 TSPR 41, 218 DPR ___

(2026),

dictaminamos

que

el

uso

de

herramientas

de

inteligencia artificial no releva a los integrantes de la

profesión legal de su deber de diligencia y competencia

tecnológica, lo cual incluye verificar las fuentes jurídicas

que invocan

en

los escritos

presentados ante

los foros

judiciales. A su vez, en la Opinión de conformidad que emití

en el referido caso, resalté que, en tiempos en que la

tecnología

permite

generar

textos

con

apariencia

de

autoridad, el compromiso con la verdad y la autenticidad del

derecho exige particular rigor.

La controversia que hoy nos ocupa presenta una dimensión

distinta, pues se trata de una parte que compareció por

derecho

propio

y

sustentó

sus

planteamientos

en

jurisprudencia inexistente. Bajo ese contexto, debo precisar

que el derecho a litigar pro se no comprende la prerrogativa

de invocar un derecho inexistente o alucinado, a expensas

CC-2026-0815

2

del deber de veracidad que sostiene la sana administración

de la justicia. Ello constituye una falta que trasciende el

incumplimiento de un deber procesal, pues compromete la

integridad

de

la

función

adjudicativa

y

menoscaba

la

confianza pública en la administración de la justicia.

En vista de lo que antecede, estoy conforme con el curso

de

acción

adoptado

por

esta

Curia.

El

derecho

a

autorrepresentarse no exime a quien suscribe un escrito

presentado

ante

los

tribunales

de

la

responsabilidad

inherente a su presentación. No obstante, considero necesario

precisar el fundamento de esa obligación y algunos criterios

que pueden orientar el ejercicio de la facultad sancionadora

de los tribunales. Veamos.

I

Dado

que

los

hechos

procesales

fueron

fielmente

pormenorizados en el Voto Particular de conformidad del Juez

Asociado señor Candelario López, basta con reafirmar que la

parte peticionaria ha desplegado un patrón de actuaciones

procesales

que

comprende

la

presentación

de

escritos

invocando disposiciones legales inexistentes y la imputación

de alteraciones de una grabación oficial de videoconferencia

del Poder Judicial. Esto último sin ápice de prueba que le

sustente. Este patrón no se limitó a sus comparecencias ante

los foros inferiores, sino que, al acudir ante esta Curia

mediante un recurso de certiorari, la parte peticionaria

continuó sustentándose en autoridades que no corresponden a

pronunciamientos de este Tribunal. Particularmente, invocó

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3

los siguientes casos: In re Marín Rivera, 169 DPR 896 (2007);

Sanz v. Municipio de San Juan, 154 DPR 370 (2001); Pueblo v.

Colón Lozada, 151 DPR 734 (2000)y Pueblo v. Casiano, 117 DPR

842 (1986).

Ciertamente, la verificación de la veracidad de estas y

otras

“referencias

jurisprudenciales”

requirió

invertir

tiempo y recursos de este Tribunal que, de otro modo, habrían

podido

destinarse

a

la

atención

de

las

controversias

legítimamente sometidas ante nuestra consideración.

Así,

lejos de constituir una irregularidad inconsecuente, esta

práctica impone a la función adjudicativa una carga indebida.

No es tarea de los tribunales depurar escritos jurídicos que

contienen

derecho

ficticio

generado

por

inteligencia

artificial, ni subsanar el incumplimiento con un estándar

mínimo de sentido común que exige que todas las partes se

abstengan de citar jurisprudencia inexistente y de atribuir

a

las

decisiones

judiciales

expresiones

que

estas

no

el fundamento de

la

contienen.1

Dicho esto, pasamos a

exponer

obligación de las partes que comparecen por derecho propio

de revisar la veracidad y exactitud de las fuentes de derecho

que citan en sus escritos y los criterios que deben orientar

el ejercicio de la facultad sancionadora de los tribunales.

Sobre el estándar mínimo al cual hago referencia, véase, Kulkarni v.

Merit Sys. Prot. Bd., No. 2025-1597, 2025 WL 3627611, a la pág. 3 (Fed.

Cir. 15 de diciembre de 2025). La cita original es la siguiente: “[w]hile

pro se litigants are understandably held to a less stringent standard

than parties represented by counsel, a baseline, common-sense standard

nonetheless requires that all parties refrain from citing non-existent

case law and quoting non-existent language”. Íd.

1

CC-2026-0815

4

II

Como punto de partida se encuentra la Regla 9.1 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual impone a quien

suscribe un escrito el deber afirmativo de realizar una

investigación razonable sobre los hechos y el derecho que

sustentan sus planteamientos. Véase, además, In re Irizarry

Centeno, supra. La firma de un escrito no constituye una mera

formalidad

procesal,

pues

certifica

que

quien

comparece

examinó su contenido y que, conforme a su mejor conocimiento,

información y creencia, formada después de una investigación

razonable, sus alegaciones encuentran sustento en los hechos

y respaldo por el derecho vigente. Regla 9.1 de Procedimiento

Civil, supra; Pagán Rodríguez v. Pres. Cáms. Legs., 206 DPR

277, 289 (2021).

Por su parte, la Regla 9.4 de Procedimiento Civil,

supra, regula la representación por derecho propio. Esta

exige, entre otras condiciones, que la persona posea los

conocimientos

y

capacidades

mínimos

para

defender

sus

intereses y cumplir con las normas procesales, y que su

comparecencia no entorpezca la adecuada administración de la

justicia. Íd. Asimismo, el inciso (b) de la referida Regla

exige que la parte tenga conocimiento pleno de que la persona

será tratada como cualquier otra parte representada por

abogado o abogada. Íd.

Como corolario, las personas que se representan por

derecho propio quedan sujetas a las sanciones contempladas

en

la

Regla

9.3

de

Procedimiento

Civil,

supra,

de

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5

determinarse

que

su

conducta

obstaculiza

la

sana

administración de la justicia o infringe sus deberes hacia

el Tribunal. Por lo tanto, quien decide asumir su propia

representación

también

asume

las

responsabilidades

procesales inherentes a esa determinación. Dicho de otro

modo, la ausencia de representación legal no convierte en

facultativo el cumplimiento de las reglas procesales ni

obliga a los foros adjudicativos a tolerar actuaciones que

comprometan la integridad de los procedimientos. Véase Febles

v. Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).

En

definitiva,

el

deber

procesal

de

ceñirse

a

la

veracidad de las fuentes citadas en los escritos judiciales

es

diáfano.

algunas

No

obstante,

consideraciones

estimo

que

pertinente

pueden

identificar

contribuir

a

una

evaluación ponderada de cada caso al determinar la sanción

que deberá aplicarse a raíz de su incumplimiento.2

En mi Opinión de conformidad del caso In re Irizarry

Centeno, supra, distinguí entre el ejercicio legítimo de

formular argumentos jurídicos novedosos y la presentación de

autoridades

ficticias

como

si

constituyeran

precedentes

auténticos. Nuevamente, reafirmo esta distinción y preciso

que es extensible a las partes que se representan por derecho

propio.

Por

lo

cual,

reitero

que

una

interpretación

desacertada del derecho no equivale, necesariamente, a una

Entre estas, adelanto, que los foros inferiores pueden hacer uso de

las órdenes de mostrar causa. Con estas, se puede conocer la intención,

el origen e incluso la manera en que el litigante investigó y/o redactó

el escrito.

2

CC-2026-0815

6

representación falsa de su contenido. En cambio, cuando se

invoca una decisión inexistente para sustentar una postura,

se introduce al proceso adjudicativo una fuente de autoridad

que carece de fuerza normativa. Esta última es la práctica

que no podemos tolerar.

Tal

actuación

no

solo

dificulta

el

examen

de

la

controversia, sino que, conforme adelanté, impone a los

tribunales y a la parte adversa la carga de identificar y

desmentir

un

derecho

que

nunca

debió

incorporarse

al

procedimiento. Así pues, aunque la comparecencia por derecho

propio

puede

constituir

una

circunstancia

pertinente

al

determinar la severidad de la sanción, esto no desplaza el

deber mínimo de verificar que las autoridades invocadas

realmente existen.

Ahora bien, la controversia que hoy examinamos no es

novel en la jurisdicción federal, por lo que contamos con el

insumo

de

distintos

consecuencias

de

tribunales

presentar

que

escritos

han

que

evaluado

contienen

las

citas

inexistentes con apariencia de haber sido generadas mediante

inteligencia artificial. Por ejemplo, en Kulkarni v. Merit

Sys. Prot. Bd., No. 2025-1597, 2025 WL 3627611, decidido el

15 de diciembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones para el

Circuito Federal reconoció que, aunque los litigantes por

derecho propio reciben ordinariamente un trato procesal menos

riguroso, todos están sujetos al deber mínimo de abstenerse

de

citar

jurisprudencia

inexistente

o

atribuir

a

las

decisiones judiciales expresiones que estas no contienen.

CC-2026-0815

7

Consecuentemente, el referido Foro ordenó el desglose de los

escritos que adolecían de este defecto.

De otra parte, en Jones v. Kankakee Cnty. Sheriff's

Dep't, 164 F.4th 967 (7mo Cir. 2026), un litigante pro se

compareció mediante un escrito de apelación que contenía

expresiones

incorrectamente

atribuidas

a

decisiones

judiciales. El referido Foro emitió una orden de mostrar

causa, a la cual el señor Jones respondió negando haber usado

inteligencia

artificial.

Ante

ello,

el

Séptimo

Circuito

razonó lo siguiente:

While AI presents great overall promise, the experience so

far in litigation has revealed instances of inaccurate factual and

legal representations to courts. How to respond both in individual

cases and at the broader level of court rules and policies is a

challenge fully upon the judiciary, federal and state. Where all

of this lands for pro se litigants—parties who represent themselves

and who do so almost always without any legal training—is an

important component of the ongoing dialogue and one implicated by

our reaction to the quotation errors in Jones’s brief.

[…]

Whether we are right or Jones is right need not detain us,

for we have no reason to believe his misstatements of law were

knowing or intentional. Nor do we have any reason to believe he

has the training necessary or resources available to check the

accuracy of legal citations. In the circumstances before us, then,

and mindful that before today’s decision we have not supplied any

guidance on the use of AI by pro se litigants, we stop short of

imposing any form of sanction on Jones. Íd.

En otras palabras, el Foro optó por no sancionarle al

considerar, entre otros factores, la ausencia de indicios de

faltar a la verdad intencionalmente, la posible falta de

preparación y recursos para verificar las autoridades, así

como la ausencia de orientación judicial previa sobre el uso

de inteligencia artificial. Íd.

Estas

sobre

el

decisiones,

deber

de

aunque

verificar

persuasivas,

nos

las

citadas

fuentes

ilustran

y

su

CC-2026-0815

extensión

8

tanto

a

los

abogados,

abogadas,

como

a

los

litigantes por derecho propio. Sin embargo, la razonabilidad

de la investigación y la severidad de la sanción deben

evaluarse a la luz de las circunstancias particulares de

quien comparece. A modo de ejemplo, los tribunales pueden

considerar el carácter aislado o reiterado de la conducta,

la investigación razonablemente exigible al compareciente

considerando

su

preparación

o

conocimientos

previos

en

derecho y los recursos disponibles (ej. confinados), así como

la suficiencia de las medidas menos severas tomadas por los

tribunales para disuadir su repetición.

Estos

ejercicio

criterios

prudente

orientadores

de

la

no

discreción

son

sustitutos

judicial,

sino

del

que

permiten distinguir entre un error atribuible a la falta de

conocimientos en derecho y una conducta que, por su gravedad,

persistencia

o

consecuencias,

amerita

una

respuesta

más

rigurosa.

III

En el caso ante nos, la parte peticionaria no se limitó

a invocar una sola autoridad incorrecta o a cometer un error

aislado de citación. Por el contrario, conforme surge del

expediente, su actuación forma parte de un patrón procesal

más

amplio,

el

cual

comprende

la

presentación

de

disposiciones legales inexistentes ante las tres instancias

judiciales. En vista de la conducta reiterada desplegada por

la parte peticionaria, concluyo que no estamos ante una

situación aislada de mera inadvertencia o de interpretación

CC-2026-0815

9

debatible del derecho. Más bien, nos encontramos ante un

incumplimiento persistente del deber mínimo de verificar las

fuentes jurídicas utilizadas para comparecer ante los foros

inferiores y para solicitar nuestra intervención. Tampoco

puede pasar desapercibido que, en el presente caso, los

litigantes

por

derecho

propio

incurrieron

en

un

patrón

frívolo y temerario caracterizado por imputar actuaciones

constitutivas de delito sin mérito alguno y sustentado en

citas falsas.

Reconocer

lo

contrario

supondría

trasladar

al

foro

adjudicador la responsabilidad principal de comprobar la

autenticidad de cada autoridad invocada por quien comparece,

cuando

se

supone

que

al

firmar

el

escrito

esa

persona

certifica haber realizado una investigación razonable. Ello,

a su vez, es insostenible e incompatible con la función

adjudicativa y con el respeto a los tribunales. Por lo tanto,

la sanción que hoy imponemos encuentra su justificación en

el incumplimiento de las obligaciones procesales y en las

repercusiones que ello tiene para la sana administración de

la justicia.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, estoy conforme con

el curso de acción adoptado por una mayoría de este Tribunal.

La

comparecencia

por

derecho

propio

constituye

una

manifestación legítima del acceso a la justicia. Sin embargo,

no

supone

el

derecho

a

sustituir

el

derecho

vigente

y

vinculante por uno alucinado. La flexibilidad procesal que

CC-2026-0815

10

le ha sido reconocida a quienes comparecen por derecho propio

no

les

inmuniza

del

deber

de

diligencia

que

exige

la

presentación de un escrito ante los foros judiciales.

Por ello, y en consideración al patrón de conducta

desplegado por la parte peticionaria, estoy conforme con la

denegatoria de expedición del recurso de certiorari, de la

moción en auxilio de jurisdicción y la imposición de una

sanción económica de $500.00 a cada parte aquí peticionaria,

la cual juzgo proporcional a las circunstancias particulares

del caso.

Camille Rivera Pérez

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Velázquez Feliciano y

otros

Recurridos

CC-2026-0815

v.

Víctor Manuel Velázquez

Feliciano y otros

Peticionarios

El Juez Asociado SEÑOR CANDELARIO LÓPEZ emite un Voto

Particular de Conformidad al cual se unen la Jueza Asociada

señora Pabón Charneco, el Juez Asociado señor Kolthoff

Caraballo y la Jueza Asociada Rivera Pérez.

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2026.

Hoy este Tribunal desestima dos recursos presentados

por

personas

que

acudieron

a

los

foros

judiciales

en

representación de sí mismas y les impone una sanción de

$1,000 por inducir a error al Poder Judicial y prolongar los

procesos

adjudicativos

injustificadamente.

Al

fijar

la

cantidad de la sanción en cuestión, tomamos en consideración

el estado de litigante pro se, el propósito de los escritos,

incluyendo los ataques frívolos realizados en contra de los

funcionarios y los procesos del Poder Judicial, y el uso

rampante

de

argumentación

inexistentes.

Por

esta

determinación

que

hoy

sustentada

razón,

en

estoy

emitimos,

citas

conforme

legales

con

la

particularmente

la

advertencia que hemos realizado a la comunidad general, a

los efectos de que el deber de diligencia y competencia

tecnológica al momento de comparecer a los tribunales se

extienda

a

todo

el

que

pretenda

litigar

en

nuestra

CC-2026-0815

2

jurisdicción,

independientemente

de

que

comparezca

con

representación legal o por derecho propio.

A mi juicio, esta Resolución es de alta envergadura

para nuestro ordenamiento jurídico, pues tomamos un paso

afirmativo para garantizar la integridad de los procesos

judiciales

en

nuestros

tribunales

ante

el

desarrollo

rampante de la inteligencia artificial, y por primera vez,

tenemos la oportunidad de expresarnos sobre el tema en el

contexto de litigantes pro se. Por un lado, reconocemos la

importancia del derecho a la autorrepresentación, ya que

para muchas personas es

su

única vía de

acceso a los

tribunales. Sin embargo, este derecho no se ejerce sin

responsabilidades, y quien comparece por derecho propio no

puede obtener un trato preferencial en cuanto al contenido

de los escritos que presenta ante los tribunales.

En ese sentido, considero prudente recalcar que, bien

utilizadas, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a

entender un trámite, ordenar ideas o redactar con mayor

claridad,

particularmente

para

aquellos

que

tienen

los

conocimientos mínimos sobre el tema. No obstante, en manos

de

quienes

no

pueden

distinguir

un

precedente

de

su

apariencia, produce lo contrario de lo que promete: escritos

que lucen autorizados, pero descansan en decisiones que

nunca se emitieron. Eso, precisamente, fue lo que sucedió

en el caso ante nuestra consideración.

CC-2026-0815

Cada

3

cita

falsa

obliga

al

tribunal

y

a

la

parte

contraria a refutar un derecho que nunca existió, y esa

demora la paga el sistema. La sanción de hoy responde a esa

conducta y la advertencia al riesgo de que se repita. Así,

con aras de preservar el derecho que tiene la ciudadanía

para comparecer a los tribunales pro se y, a la misma vez,

proteger

la

dignidad

de

los

procesos

adjudicativos

que

administra el Poder Judicial, estoy conforme con la decisión

que ha tomado esta Curia. Cualquier otra determinación en

esta etapa procesal sería innecesaria e inoficiosa, pues no

alteraría la realidad fáctica de la conducta desplegada por

los

litigantes

y

continuaría

entorpeciendo

la

sana

a

este

administración de la justicia.

Veamos

el

trámite

procesal

que

nos

trae

desenlace.

I

Este caso tuvo su origen el 26 de diciembre de 2024,

cuando se presentó una demanda sobre división y liquidación

de

caudal

hereditario

en

contra

del

Sr.

Víctor

Manuel

Velázquez Feliciano y la Sra. Mercedes Velázquez Feliciano

(parte

peticionaria

o

peticionarios).1

Tras

varias

incidencias procesales y una segunda demanda presentada en

contra de estos,2

ambos casos fueron consolidados.3

Véase Entrada 1 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

Véase Entrada 1 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2025CV00213.

3 Véase Entrada 22 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

1

2

CC-2026-0815

4

En lo pertinente a lo que nos concierne, desde los

comienzos

del

comparecieron

pleito

por

legal

en

conducto

cuestión,

las

de

respectivas

sus

partes

representaciones legales. Sin embargo, el 23 de junio de

2026, el Lcdo. Luis H. Rodríguez Pérez (licenciado Rodríguez

Pérez), abogado de los peticionarios, solicitó el relevo de

la representación legal por diferencias sobre la dirección

del caso y las acciones correspondientes.4 Del mismo modo,

el 29 de julio de 2026, la parte peticionaria compareció por

derecho propio y solicitó que se relevara al licenciado

Rodríguez Pérez como su abogado, pues la comunicación y la

confianza entre ambos se habían visto laceradas.5 Evaluados

los escritos presentados, el TPI accedió al relevo de la

representación legal del letrado y concedió un término de

treinta días para que los peticionarios informaran su nueva

representación legal.6

No obstante, el 4 de agosto de 2026, los peticionarios

presentaron una Moción de notificación de comparecencia

conjunta por derecho propio (Pro se) y solicitud de término,

mediante la cual informaron su deseo de representarse pro

se

en

los

casos

consolidados.7

Además,

ese

mismo

día

presentaron una segunda moción en la que solicitaron que se

expidiera una orden de citación duces tecum a un tercero

ajeno a los procedimientos.8 Evaluadas ambas peticiones, el

Véase Entrada 49 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2025CV00213.

Véase Entrada 34 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

6 Véase Entrada 35 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

7 Véase Entrada 36 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

8 Véase Entrada 37 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

4

5

CC-2026-0815

5

TPI emitió dos órdenes notificadas el 4 de agosto de 2026.

Mediante la primera, denegó la solicitud de expedición de

citación duces tecum.9 Por conducto de la segunda, citó a

las partes a una vista argumentativa, a celebrarse el 18 de

agosto de 2026 mediante videoconferencia, para auscultar si

los peticionarios satisfacían los criterios de la Regla 9.4

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.10

Surge de la Minuta que, durante la vista argumentativa,

el juez de instancia formuló una serie de preguntas a los

peticionarios para cualificar su conocimiento en relación

con las Reglas de Procedimiento Civil y determinar si se

podían representar por derecho propio.11 Al culminar la

vista, el TPI notificó una Orden en la que concluyó que,

tras una lectura de las mociones presentadas y la evaluación

de las argumentaciones realizadas durante la vista, ninguno

de los peticionarios estaba apto para representarse por

derecho propio.12 En extrema síntesis, el adjudicador del

foro primario esbozó que los peticionarios no tenían los

conocimientos

mínimos

necesarios

para

representarse

adecuadamente, y que resolver lo contrario contribuiría a

una demora indebida en los procedimientos, causando que se

entorpeciera la adecuada administración de la justicia.

Véase Entrada 38 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

Véase Entrada 39 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

11 Véanse Entradas 43 y 54 de SUMAC TPI, en los alfanuméricos SJ2024CV11716

y SJ2025CV00213, respectivamente.

12 Véanse Entradas 40 y 53 de SUMAC TPI, en los alfanuméricos SJ2024CV11716

y SJ2025CV00213, respectivamente.

9

10

CC-2026-0815

6

En el caso particular del Sr. Víctor Manuel Velázquez

Feliciano (señor Velázquez Feliciano), indicó que, ante las

preguntas realizadas durante la vista, este demostró poseer

conocimiento legal previo y que, por esta razón, autorizó

inicialmente que pudiese representarse pro se. Sin embargo,

explicó

que

la

argumentación

peticionario

a

medida

comportamiento

hacia

que

la

oral

continuó

realizada

la

representación

vista

legal

por

el

y

su

de

la

contraparte fueron suficientes para convencer al TPI de que,

tomando en consideración todos los criterios esbozados en

la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, era improcedente

autorizar su comparecencia por derecho propio. Por lo tanto,

el TPI concedió un término de treinta días para que los

peticionarios comparecieran por conducto de representación

legal. Asimismo, le apercibió de que el incumplimiento de

esta Orden podría acarrear la imposición de sanciones como

la eliminación de alegaciones y la anotación de rebeldía.

Inconformes,

el

17

de

septiembre

de

2026,

los

peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones (TA)

mediante una solicitud en auxilio de jurisdicción y un

recurso de certiorari para, entre otras cosas: (a) impugnar

la orden denegatoria emitida el 4 de agosto de 2026 sobre

la citación duces tecum; (b) impugnar la orden emitida el

18 de agosto de 2026 pertinente a su comparecencia por

derecho propio; y (c) solicitar que el caso fuese asignado

a otro juez por presuntas cuestiones éticas.13 En cuanto a

13

Véase Entrada 1 de SUMAC TA, en el alfanumérico TA2026CE01230.

CC-2026-0815

7

este último asunto, la parte peticionaria anejó un documento

intitulado

como

Queja

ética

urgente

[…]

dirigido

a

la

Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de Administración

de Tribunales (OAT), suscrito el 15 de septiembre de 2026.14

Por medio de esta, el señor Velázquez Feliciano alegó que

el

audio

oficial

de

la

vista

argumentativa

había

sido

manipulado para eliminar contenido de esta, configurando “un

patrón de prevaricación y falsificación ideológica” para

despojarles

de

su

derecho

a

representarse

por

derecho

propio. Como parte de este alegado patrón, adujo que el juez

de

instancia

se

inventó

reglas

jurídicas,

alteró

deliberadamente el tracto procesal del pleito “con el fin

de

manipular

y

desvirtuar”

el

caso

y

omitió

hechos

esenciales arbitrariamente.

Así las cosas, el 18 de septiembre de 2026, el TA emitió

una Resolución mediante la cual denegó la expedición del

certiorari y declaró No Ha Lugar la solicitud en auxilio de

jurisdicción.15

En

lo

pertinente

a

la

solicitud

para

intervenir con la orden denegatoria emitida por el TPI el 4

de agosto de 2026, el foro apelativo intermedio indicó no

tener

la

jurisdicción

para

atenderla

por

haber

sido

presentada de manera tardía. Sobre la orden emitida el 18

de agosto de 2026, el TA denegó la expedición del certiorari

pues, a su juicio, el juez de instancia ejerció su discreción

conforme a derecho y no incurrió en arbitrariedad, prejuicio

Véase Anejo 1 en Entrada 1 de SUMAC TA, en el alfanumérico

TA2026CE01230.

15 Véase Entrada 3 de SUMAC TA, en el alfanumérico TA2026CE01230.

14

CC-2026-0815

8

ni abuso craso de discreción al ordenar a los peticionarios

contratar representación legal conforme a las Reglas de

Procedimiento Civil.

En lo que respecta a las imputaciones éticas contra el

juez

de

instancia,

el

TA

optó

por

no

pronunciarse

al

respecto. Cabe resaltar, además, que el 21 de septiembre de

2026, los peticionarios presentaron una Moción en solicitud

de

inhibición

y

recusación

voluntaria

[…]

para

que

el

adjudicador del TPI se inhibiera inmediatamente por alegada

imparcialidad y acusaciones de fraude.16 Ante ello, ese mismo

día, el juez de instancia emitió una Orden de inhibición

para referir el expediente del caso a su juez pareja y así

evitar cualquier imagen de imparcialidad.17

En desacuerdo con el dictamen del TA, el 19 de octubre

de

2026,

la

parte

peticionaria

presentó

el

Recurso

de

Certiorari y la Moción Urgente en Solicitud de Auxilio de

Jurisdicción que nos lleva a expresarnos en la tarde de hoy.

A

saber,

los

peticionarios

crasamente

de

su

facultad

señalan

que

discrecional

el

al

TA

abusó

denegar

la

expedición del recurso de certiorari ante sí, pues, según

argumentó, el TPI revocó de manera punitiva y arbitraria su

derecho a representarse por derecho propio. Además, señaló

que el TA fue cómplice al avalar un “récord viciado por la

omisión y supresión deliberada de las incidencias reales de

Véase Entrada 55 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

Entradas 56 y 57 de SUMAC TPI, en los alfanuméricos SJ2024CV11716

y SJ2025CV00213, respectivamente. Actualmente, el Hon. José Luis Parés

Quiñones es el juez que dilucida el caso en cuestión.

16

17 Véanse

CC-2026-0815

9

sala” y al “refrendar el andamiaje de malicia procesal e

incongruencias

fácticas

del

récord

de

instancia”.

En

específico, sostuvo que las fechas del sistema SUMAC fueron

alteradas

“para

encubrir

deficiencias

en

el

desempeño

judicial y el retraso del pleito”, y que un audio oficial

del

Poder

Judicial

fue

“materialmente

amputado

en

su

origen”. Por todo lo anterior, solicitó que ordenáramos la

paralización de los procedimientos judiciales en el caso de

autos; que revoquemos las órdenes interlocutorias emitidas

por el TPI el 4 y el 18 de agosto de 2026; y que refiramos

las

incidencias

señaladas

a

las

diferentes

instrumentalidades del Poder Judicial con el fin de realizar

investigaciones éticas en contra del juez de instancia.

II

En Puerto Rico, el derecho a la representación por

derecho propio se reconoce para toda persona natural y se

extiende

tanto

al

ámbito

civil

como

al

criminal.

Para

viabilizar el acceso a la justicia de quienes comparecen por

derecho propio, el Poder Judicial creó los Centros Pro Se,

mediante los cuales se ofrecen servicios de orientación a

quienes interesen representarse por sí mismos en procesos

judiciales. A través del Programa de Acceso para Litigantes

por Derecho Propio, este provee las herramientas necesarias

CC-2026-0815

10

para contribuir a que la comunidad general pueda tener una

autorrepresentación efectiva ante los tribunales.18

Desde Lizarríbar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770 (1988),

esta Curia reconoció que el derecho de las personas a

comparecer por derecho propio en el ámbito civil goza de

rango constitucional. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica

de Puerto Rico - Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan,

Ed. LexisNexis, 2017, pág. 83. Esto, pues, tras un análisis

de la jurisprudencia norteamericana, se concluyó que, a la

luz de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados

Unidos,19

el

derecho

constitucional

de

renunciar

a

la

asistencia de abogado en la esfera criminal implicaba un

reconocimiento

implícito

del

derecho

a

la

autorrepresentación. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, supra,

pág. 784. Por consiguiente, en lo pertinente al ámbito

civil, pronunciamos que “toda vez que en esta esfera no se

reconoce

el

derecho

a

asistencia

de

abogado

a

los

litigantes, resulta más apremiante aún el derecho a la

representación por sí mismo en tales casos […] que por lo

Para más información, véase Poder Judicial de Puerto Rico, Programa de

Acceso

para

Litigantes

por

Derecho

Propio,

https://poderjudicial.pr/iniciativas-y-proyectos/centros-pro-se/

(última visita, 26 de octubre de 2026).

18

19

La Sexta Enmienda de la Constitución federal dispone que:

In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the

right to a speedy and public trial, by an impartial jury of

the state and district wherein the crime shall have been

committed, which district shall have been previously

ascertained by law, and to be informed of the nature and

cause of the accusation; to be confronted with the witnesses

against him; to have compulsory process for obtaining

witnesses in his favor, and to have the assistance of counsel

for his defense. Emda. VI, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1.

CC-2026-0815

general

los

11

intereses

afectados

no

gozan

de

la

misma

jerarquía o no revisten de ordinario la misma importancia

[que en lo criminal]”. Íd., pág. 785.

Sin embargo, la constitucionalidad de este derecho no

lo hace absoluto, pues con el fin de la mejor administración

de la justicia, delineamos un listado de criterios que el

Tribunal

debía

reconocer

el

considerar

derecho

Posteriormente,

la

a

y

balancear

la

representación

Asamblea

Legislativa

al

momento

de

pro

se.20

incorporó

estos

factores mediante legislación a las Reglas de Procedimiento

Civil.

Así,

la

Regla

9.4

de

Procedimiento

Civil, supra,

reconoce el derecho de toda persona natural a comparecer por

derecho propio en casos civiles ordinarios. No obstante,

En específico, acogimos los criterios establecidos en la jurisprudencia

estatal y federal y pronunciamos que solamente las personas naturales

pueden acudir a los tribunales en defensa de sus derechos, sujeto a que

los tribunales balanceen las siguientes consideraciones para su

concesión: “(a) la representación, como regla general, no puede ser

híbrida, esto es, no debe estar representado por abogado y a la misma

vez representarse por derecho propio; (b) la decisión tiene que haber

sido tomada voluntariamente, de manera inteligente y con pleno

conocimiento de causa; (c) tiene que hacerse mediante solicitud expresa

(inequívoca) al tribunal; (d) debe ser formulada oportunamente, pues

mientras más adelantado el proceso, mayor la discreción del juez para

denegarla; (e) se tomará, además, en consideración la demora o

interrupción de los procedimientos y su efecto sobre la adecuada

administración de la justicia; (f) deberá atender asimismo el tribunal

al factor de la calidad de la representación que la parte habrá de ser

capaz de procurarse, así como la complejidad de la controversia a

adjudicarse; (g) la parte o el acusado tendrá el deber de cumplir

esencialmente con las reglas procesales y

el derecho sustantivo

aplicable, aunque no se requerirá un conocimiento técnico de los mismos;

(h) no está obligado el magistrado a ilustrar a quien opte por tal derecho

acerca de esas leyes o reglas; (i) el magistrado tampoco viene obligado

a nombrarle abogados asesores durante el proceso; (j) el magistrado no

tiene el deber de inquirir respecto a las razones por las cuales ha

elegido la representación por derecho propio, aunque en los casos que

estime conveniente podría así hacerlo, y (k) finalmente, el magistrado

tampoco tiene la obligación de informar al acusado o a las partes de su

derecho a la autorrepresentación”. Lizarríbar v. Martínez Gelpí, supra,

págs. 785-786.

20

CC-2026-0815

12

este derecho no es ilimitado ni absoluto, pues su ejercicio

está condicionado a una evaluación judicial de los criterios

establecidos en la referida regla. Véase Pueblo v. Cruzado,

161 DPR 840, 846 (2004). A saber, el estatuto establece que

el

tribunal

debe

considerar:

representada

por

abogado;

(a)

(b)

si

la

persona

está

si

la

decisión

de

autorrepresentación es voluntaria e inteligente, con pleno

conocimiento de que será tratada como cualquier otra parte

representada por abogado o abogada; (c) si la persona puede

representarse a sí misma de manera adecuada, de acuerdo a

la complejidad de la controversia a adjudicarse; (d) si la

persona posee la capacidad y conocimientos mínimos para

defender sus intereses, cumplir con las reglas procesales y

alegar

el

derecho

sustantivo

aplicable;

(e)

si

su

comparecencia pro se entorpecerá la adecuada administración

de la justicia, o atentará contra la dignidad del tribunal,

las partes o sus abogados. 32 LPRA Ap. V, R. 9.4.

De este modo, surge con meridiana claridad que la Regla

9.4

de

Procedimiento

Civil,

supra,

impone

un

deber

afirmativo al TPI de evaluar que la persona cumpla con los

requisitos previamente esbozados durante todo el proceso.

Después de todo, el fundamento principal que promulga esta

regla es que todos los litigantes son iguales ante la ley.

Asimismo, la regla dispone que el incumplimiento de alguno

de

estos

requisitos

será

causa

suficiente

para

que

el

tribunal suspenda la autorrepresentación y le ordene que

comparezca con representación legal en un plazo determinado.

CC-2026-0815

13

Por tanto, el foro judicial habrá de lograr un justo balance

de

estos

criterios

y,

al

mismo

tiempo,

atender

las

circunstancias particulares del caso, los intereses de las

partes y la eficiencia en la administración de la justicia,

antes

de

determinar

autorrepresentación.

que

Íd.

procede

Véase,

además,

suspender

la

Lizarríbar

v.

Martínez Gelpí, supra, pág. 786 (1988).

A tenor de lo esbozado, esta regla también dispone que

toda persona que comparezca por derecho propio estará sujeta

a los requisitos de conducta que rigen la profesión legal,

incluyendo la imposición de sanciones establecidas por la

Regla 9.3 de Procedimiento Civil, supra. Es decir, toda

persona que comparezca de manera pro se deberá ejercer un

cumplimiento continuo de los factores esbozados en la Regla

9.4, so pena de enfrentarse a las consecuencias procesales

provistas para las partes que ostentan representación legal,

como, por ejemplo, la imposición de sanciones económicas o

de otra naturaleza. 32 LPRA Ap. V, R. 9.3. Dicho de otro

modo, ante los ojos de los tribunales, quien opta por

representarse por derecho propio, lo hace consciente de que

será tratado como cualquier parte con representación legal,

y el tribunal no está obligado a ilustrarle acerca de las

leyes o reglas, ni a nombrarle abogado o abogada que le

asesore durante el proceso. Íd., R. 9.4.

A esos efectos, las personas que se representan por

derecho

propio

están

sujetas

a

las

mismas

sanciones

establecidas por las Reglas de Procedimiento Civil para los

CC-2026-0815

14

abogados y para las partes debido a que ejercen un rol dual

en el pleito. Hernández Colón, op. cit., pág. 85. Entre

estas posibles sanciones, se encuentran las establecidas por

concepto de costas y honorarios de abogados. A saber, en

Nieves Huertas et al. v. ELA I (Sentencia), 189 DPR 611

(2013), impusimos una sanción de $10,000 en honorarios de

abogados a unos litigantes pro se por presentar un caso

frívolo. De este modo, cabe resaltar que la Regla 44.2 de

Procedimiento Civil, supra, faculta al tribunal a imponer

sanciones económicas en cualquier etapa del proceso a una

parte o a su representante legal por conducta constitutiva

de

demora,

inacción,

abandono,

obstrucción

o

falta

de

diligencia en perjuicio de la eficiente administración de

la justicia. Al amparo de esta regla, el tribunal puede

imponer una variedad de sanciones económicas que incluyen

cualquier multa de índole punitiva con el propósito de

penalizar determinado comportamiento. Hernández Colón, op.

cit., pág. 432.

III

Este Tribunal optó por declarar no ha lugar ambos

recursos presentados por la parte peticionaria, pues estos

no lograron argumentar efectivamente que estuviesen ante una

situación excepcional en la que existan circunstancias de

verdadera urgencia ni un daño sustancial o irreparable a las

partes. Asimismo, justipreciamos que, en lo pertinente al

certiorari, los peticionarios no presentaron un caso fuerte

con probabilidades de prevalecer. Esto, así pues, según obra

CC-2026-0815

15

en el expediente, ante la solicitud de los peticionarios

para

comparecer

argumentativa

pro

se,

el

correspondiente,

TPI

celebró

formuló

una

la

vista

serie

de

preguntas para calificar su conocimiento y determinar si se

podían

representar

consideración

las

por

derecho

argumentaciones

propio,

y

el

y

tomó

en

comportamiento

desplegado en la vista para arribar a su conclusión. Así,

el TPI actuó dentro de la sana discreción que le confiere

la Regla 9.4 de Procedimiento Civil, supra, y concluyó que

los

peticionarios

no

tienen

los

conocimientos

mínimos

necesarios para representarse adecuadamente y concedió un

término de treinta días para que comparecieran por conducto

de representación legal.

De ordinario, este tipo de caso culminaría con la

evaluación de la petición, su determinación correspondiente

y la notificación a las partes. Sin embargo, tras una

evaluación exhaustiva del expediente electrónico en los

foros inferiores, al igual que los documentos presentados

por los peticionarios ante nos, la conducta empleada por la

parte peticionaria durante las diferentes etapas del proceso

judicial no puede quedar impune ni despacharse con un mero

no ha lugar.

Hoy

nos

vemos

forzados

a

emitir

un

mensaje

a

la

comunidad general, pues pudimos identificar que, desde su

primera comparecencia pro se, los peticionarios estuvieron

induciendo a error a los tribunales mediante el uso de citas

falsas y jurisprudencia ficticia. A saber, los peticionarios

CC-2026-0815

incurrieron

16

en

un

patrón

frívolo

de

atacar

injustificadamente a los foros inferiores con alegaciones

constitutivas de delito, mientras, a su vez, incurren en una

falta

de

diligencia

tecnológicas

e

por

el

mal

inteligencia

uso

de

herramientas

artificial

en

sus

comparecencias. Esto surge tras una evaluación minuciosa de

los

escritos

peticionarios,

presentados

en

donde

por

derecho

identificamos

propio

por

los

una

serie

de

irregularidades que atentan contra la dignidad de nuestros

tribunales:

1. En su Moción solicitando relevo de representación

legal […],21 la parte peticionaria citó tres casos

para hacer sus argumentos y redactó unas supuestas

expresiones emitidas por este Tribunal: In re

Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666 (2010); In re Ramos

Hernández, 183 DPR 647, 655 (2011); y In re Alvelo

San Miguel, 166 DPR 341. Los primeros dos casos

constan en las decisiones emitidas por esta Curia,

pero las expresiones citadas ad verbatim en el

documento no existen. En cuanto al tercer caso, In

re Alvelo San Miguel, 166 DPR 341, resulta que este

no consta en las decisiones emitidas por este foro.

2. Lo mismo sucedió en su Moción de notificación de

comparecencia conjunta por derecho propio (Pro se)

[…],22 en donde citó dos casos que no existen en

nuestras colecciones de Decisiones de Puerto Rico:

Ex parte López Mendoza, 121 DPR 673 (1988) y

Asociación de Propietarios v. Solimar, 142 DPR 159

(1977).

3. En su Moción en solicitud urgente de paralización

[…],23 los peticionarios citaron Vargas v. Alco,

162 DPR 450 (2004), un caso que tampoco consta en

las decisiones de este Tribunal.

4. Posteriormente, en su Moción en solicitud de

inhibición

y

recusación

[…],24

la

parte

peticionaria volvió a citar dos casos que tampoco

Véase Entrada 34 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

Véase Entrada 36 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

23 Véase Entrada 45 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

24 Véase Entrada 55 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2024CV11716.

21

22

CC-2026-0815

17

existen como parte de las decisiones emitidas por

el Tribunal Supremo de Puerto Rico: Sucesión de

Carrasquillo v. Cruz, 156 DPR 328 (2002) y Vargas

v. Alco, 162 DPR 450 (2004) por segunda vez.

5. Asimismo, en su Moción urgente en solicitud de

suspensión y prórroga […],25 los peticionarios

citaron In re Almodóvar Marchany, 172 DPR 954

(2008),

pero

surge

tras

una

investigación

exhaustiva que la cita correcta es In re Almodóvar

Marchany, 167 DPR 400 (2006). Por otro lado,

citaron otro caso que no consta en nuestras

decisiones: Soc. de Gananciales v. G. P. Real

Estate, 173 DPR 921 (2008).

6. Luego, en su recurso de certiorari ante el TA,26

los peticionarios volvieron a citar diez casos que

no obran en nuestras decisiones: Sucesión de

Carrasquillo v. Cruz, 156 DPR 328 (2002) por

segunda vez; Ex Parte Suro, 124 DPR 220 (1989);

Sucesión Bravo v. Sucesión Marín, 141 DPR 24

(1996); Rivera v. L. G. S. Corp., 183 DPR 814

(2011); Felician Alvarado v. De Jesús, 192 DPR 740

(2015); Pueblo v. Flores, 134 DPR 395 (1993); S.

L. G. Rivera v. Martínez, 170 DPR 814 (2007);

Vargas v. Alco, 162 DPR 450 (2004) por tercera vez;

Sucesión de Santos v. Santos, 154 DPR 872 (2001);

Soc. de Gananciales v. G. P. Real Estate, 173 DPR

921 (2008) por segunda vez. A su vez, citaron a

Mora Development v. Sandin, 118 DPR 484 (1987), un

caso citado incorrectamente pero que, tras una

investigación exhaustiva, presumimos que pretendía

citar a Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733

(1987).

7. Finalmente, en su recurso de certiorari ante nos,

la parte peticionaria continuó con su patrón de

citaciones ficticias y citó los siguientes cuatro

casos que tampoco obran en nuestros dictámenes: In

re Marín Rivera, 169 DPR 896 (2007); Pueblo v.

Casiano, 117 DPR 842 (1986); Sanz v. Municipio de

San Juan, 154 DPR 370 (2001); y Pueblo v. Colón

Lozada, 151 DPR 734 (2000).

Dicho de otro modo, la parte peticionaria compareció

pro se y basó su argumentación legal en jurisprudencia que

simple y sencillamente no existe. De su faz, podemos concluir

que los casos fueron creados artificialmente por herramientas

25

26

Véase Entrada 59 de SUMAC TPI, en el alfanumérico SJ2025CV00213.

Véase Entrada 1 de SUMAC TA, en el alfanumérico TA2026CE01230.

CC-2026-0815

18

tecnológicas que emplearon los peticionarios para preparar

sus escritos.

En In re Irizarry Centeno, 2026 TSPR 41, 218 DPR ____

(2026), atendimos un caso en el que dos abogadas citaron ad

verbatim varios casos que supuestamente pertenecían a la

jurisprudencia

de

este

Tribunal.

Ante

señalamientos

de

citaciones falsas por su contraparte, las abogadas admitieron

el

uso

de

impuso una

citas

sanción

inexistentes

de

y

$1,000

el

por

foro

primario

causar

les

dilaciones

injustificadas en el manejo del caso. En su Resolución, el

tribunal de instancia concluyó que las actuaciones de las

abogadas causaron perjuicio a la otra parte, alteraron el

curso del litigio y retrasaron la solución definitiva del

pleito. Posteriormente, al evaluar la conducta profesional

de las abogadas, tomamos en consideración la totalidad de

las circunstancias y les apercibimos a estas de que, de

incurrir en conducta antiética ulterior, se podrían exponer

a sanciones disciplinarias más severas. Asimismo, advertimos

a la clase togada sobre su deber de actuar con competencia y

diligencia tecnológica en todo momento, incluyendo el deber

de

validar

el

contenido

generado

mediante

pasado

de

herramientas

tecnológicas.

De

igual

manera,

el

6

octubre

de

2026,

emitimos una Resolución en donde le impusimos una multa de

$1,000 a una abogada por realizar dos representaciones falsas

CC-2026-0815

19

al atribuir a este Tribunal citas y determinaciones que nunca

se han emitido.27

Cónsono con nuestro proceder en los dos casos citados y

la jurisprudencia que se ha desarrollado sobre el tema en

otras jurisdicciones estadounidenses, coincido en que “la

inclusión de citas inexistentes o tergiversadas atribuidas a

decisiones de este Tribunal constituye conducta sancionable,

no por la adopción de argumentos novedosos o interpretaciones

extensivas del derecho, sino por presentar como precedente

vigente pronunciamientos que este Tribunal nunca emitió. Ello

entorpece la función adjudicativa, obliga al foro y a la

parte adversa a desmentir derecho ficticio y erosiona la

confianza en la administración de la justicia”. Opinión de

Conformidad de la Jueza Asociada Rivera Pérez en In re

Irizarry Centento, 2026 TSPR 41, 218 DPR ____ (2026).

En

el

pasado,

impuesto

en

relación

las

sanciones

con

económicas

citaciones

ficticias

que

hemos

han

sido

dirigidas a personas admitidas a la práctica de la abogacía

en nuestra jurisdicción. Distinto es el trato para aquellos

litigantes pro se a quienes no necesariamente les aplican

las

Reglas

de

Conducta

Profesional

de

Puerto

Rico.

No

obstante, tal y como establece nuestro ordenamiento jurídico,

toda persona que comparezca por derecho propio estará sujeta

a

los

mismos

estándares

que

rigen

la

profesión

legal,

incluyendo la imposición de sanciones económicas o de otra

27

TS-18,105.

CC-2026-0815

naturaleza

20

por

conducta

que

constituya

la

dilación

injustificada de los procesos. Por lo tanto, hoy promulgamos

categóricamente

que

la

inclusión

de

citas

ficticias

o

tergiversadas tiene el efecto práctico de inducir a error al

Tribunal y constituye razón suficiente para sancionar a todo

litigante,

independientemente

de

que

se

represente

por

derecho propio.

Además de lo esbozado, considero que la conducta de los

peticionarios fue frívola en el sentido de que, mediante sus

escritos

pro

se,

se

dedicaron

descontextualizadas

e

a

infundadas

realizar

basadas

imputaciones

en

un

craso

desconocimiento de los procedimientos judiciales y de nuestro

estado

de

derecho.28

imputaciones

Por

realizadas,

lo

tanto,

mediante

me

parece

escritos

que

las

plagados

con

citaciones falsamente atribuidas a este Tribunal, atentan

contra la dignidad del Poder Judicial. De esta manera, estoy

satisfecho

con

la

sanción

económica

impuesta

a

los

peticionarios, pues no podemos permitir que los litigantes

que

comparezcan

procedimientos

por

derecho

injustificadamente

propio

prolonguen

los

con

distorsiones

de

Entre estas, los peticionarios adujeron que el juez de instancia: (1)

se inventó citas y estatutos para utilizar la ley “fraudulentamente” y

denegarle la autorrepresentación; (2) “alteró de forma maliciosa las

constancias electrónicas” del SUMAC “con el fin de manipular y desvirtuar

los efectos legales [del proceso] y ocultar su deficiente ejercicio

ministerial”; (3) tomó represalias en contra de estos al omitir

“maliciosamente” circunstancias particulares del caso en sus dictámenes;

e (4) incurrió en actos de “falsificación ideológica del derecho

aplicable para provocar [su] indefensión”. No menos importante, mediante

escritos presentados ante este Tribunal, el TA y la OAT, la parte

peticionaria ha acusado a funcionarios del Poder Judicial, sin ningún

tipo de evidencia, de alterar la grabación oficial de la vista

argumentativa celebrada el 18 de agosto de 2026, y ha planteado que esta

“fue materialmente alterada, mutilada y amputada de forma selectiva”.

28

CC-2026-0815

derecho

y

21

alegaciones

infundadas

que

comprometan

la

integridad de nuestro sistema judicial. Además, esta es

consistente con las sanciones económicas que hemos impuesto

en los últimos meses por cuestiones similares.

Asimismo,

cabe

recalcar

que

este

Tribunal

continúa

alerta para identificar a litigantes que comparecen ante los

tribunales mediante mociones y recursos que evidentemente

han

sido

confeccionados

con

el

uso

de

herramientas

de

inteligencia artificial. Esto por sí solo no es razón para

sanciones. Después de todo, estamos ante una tecnología que

ha

revolucionado

quehaceres

de

y

nuestra

continúa

sociedad,

evolucionando

incluyendo

todos

la

los

profesión

legal. Sin embargo, lo que sí es motivo de censura y sanciones

es que estas herramientas sean utilizadas para inducir a

error al Tribunal con representaciones falsas de citas y

determinaciones que nunca se han emitido, tal y como hicieron

los peticionarios en el pleito ante nos: siete documentos

con decenas de citaciones inexistentes para fundamentar sus

posturas, sin haber corroborado la veracidad de estas.

Anticipamos que esta no será la última vez en la cual

personas que no han sido admitidas a la abogacía optarán por

utilizar estas herramientas para comparecer pro se en lugar

de

adquirir

representación

legal.

Por

lo

tanto,

la

advertencia que hoy emite este Tribunal va dirigida a todos

esos litigantes pro se que consideran que con el uso de

inteligencia artificial tienen un conocimiento legal supremo

en la palma de su mano. Adviértase que deberán emplear los

CC-2026-0815

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mismos niveles de diligencia y competencia tecnológica que

obedece la comunidad legal de Puerto Rico al presentar sus

escritos. De lo contrario, estarán expuestos a las sanciones

previstas por nuestro ordenamiento procesal civil.

Por los fundamentos expuestos, estoy conforme.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado