Tribunal Supremo de Puerto Rico
Beta Electric Corporation v. Municipio de Gurabo
2026 TSPR 101
Poder Judicial de Puerto Rico
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Beta Electric Corporation v. Municipio de Gurabo
CC-2025-0558
23 de septiembre de 2026 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Derecho Tributario; Procedimiento Civil – La Sala Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos creada en virtud de la Ley Núm. 126-2016 tiene competencia exclusiva sobre todas las controversias contributivas, así como las que surjan de leyes especiales que conceden una exención o un crédito contributivo.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Beta Electric Corporation
Recurrida
2026 TSPR 101
v.
218 DPR ___
Municipio de Gurabo
Peticionario
Número del Caso:
Fecha:
CC-2025-0558
23 de septiembre de 2026
Tribunal de Apelaciones:
Panel VII
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. Miguel Eliza Rivera
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcda. Rebecca Díaz Guerrero
Lcdo. Segundo García Cabán
Materia: Derecho Tributario; Procedimiento Civil - La Sala
Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos creada
en virtud de la Ley Núm. 126-2016 tiene competencia exclusiva sobre
todas las controversias contributivas, así como las que surjan de
leyes especiales que conceden una exención o un crédito contributivo.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Beta Electric Corporation
Recurrida
v.
CC-2025-0558
Certiorari
Municipio de Gurabo
Peticionario
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor Kolthoff
Caraballo
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2026.
Hoy tenemos la oportunidad de hacer valer la
intención de la Asamblea Legislativa en la creación de
una sala especializada en controversias contributivas
y
delitos
económicos,
según
dispuesto
en
la
Ley
Núm. 123 de 5 de agosto de 2016 (Ley 123-2016). La
cual, en aras de lidiar con los tecnicismos del Derecho
Tributario y la importancia de mantener un sistema de
contribuciones uniforme, creó la Sala Especializada en
Asuntos Contributivos y Delitos Económicos de la Región
Judicial de San Juan (Sala Especializada) y le otorgó
competencia exclusiva sobre todas las controversias
contributivas, sean civiles o penales.
CC-2025-0558
2
Luego de un análisis exhaustivo de la Ley 123-2016,
supra,
concluimos
que
el
legislador
tuvo
la
intención
de
centralizar todo tipo de controversia contributiva en la Sala
Especializada de la Región Judicial de San Juan, incluyendo,
como en el caso ante nuestra consideración, las controversias
centradas en si una ley especial que concede una exención
contributiva a la Autoridad de Energía Eléctrica se extiende a
sus subcontratistas. Veamos.
I
La controversia ante nos originó en junio del 2024 cuando
la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) contrató a Beta Electric
Corporation (Beta o Recurrido) para la reparación de alambrados
públicos en diversas áreas, incluyendo en el Municipio de Gurabo
(Municipio o Peticionario). Ese mismo mes, el Municipio le
notificó
a
Beta
que
exigiría
el
pago
de
arbitrios
de
construcción que autoriza la Ley Núm. 107 de 13 de agosto
de
2020,
según
enmendada,
mejor
conocida
como
el
Código
Municipal de Puerto Rico, 21 LPRA sec. 7001 et seq. (Código
Municipal), por su parte en las obras localizadas dentro de
Gurabo.1
En desacuerdo, Beta se comunicó con el Municipio para
impugnar la imposición del arbitrio y alegó, en vista de que
fueron subcontratados por la AEE, que ellos están exentos de
este tipo de arbitrio. Lo anterior debido a que la Ley Núm. 83
de mayo de 1941, mejor conocida como la Ley de la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico, 22 LPRA sec. 192 et seq.
1
21 LPRA sec. 7331.
CC-2025-0558
3
(Ley 83-1941), eximió a la AEE de todo tipo de contribuciones,
sean estatales o municipales.2
Pese a lo anterior, el Municipio le comunicó a Beta que
no estaba exenta de los arbitrios de construcción sobre las
obras realizadas o a realizarse en Gurabo, aunque las mismas
sean a raíz de una subcontratación por la AEE. Además, el
Municipio
estableció
que
la
obra
tenía
un
valor
de
$1,364,499.50, por lo que el arbitrio correspondiente era de
$68,225.00.
Convencida de su planteamiento, Beta presentó una Demanda
en la Sala Superior de Caguas contra el Municipio. Allí, Beta
buscaba una Sentencia Declaratoria que estableciera que la
exención
contributiva
que
goza
la
AEE
por
virtud
de
la
Ley 83-1941, supra, les aplica igualmente a sus subcontratistas
y, como resultado, no estaría sujeta al pago de los arbitrios
de construcción que les fueron impuestos.
No obstante lo anterior, el Municipio no compareció ante
el foro primario en el término correspondiente. Como resultado,
Beta sometió una Solicitud de Anotación de Rebeldía y, como
corolario, el Tribunal de Primera Instancia le anotó la rebeldía
al Municipio y pautó un juicio en rebeldía.
Ya con la rebeldía anotada en su contra, el Municipio
compareció ante el foro primario y sometió una Urgente Solicitud
de Paralización de los Procedimientos y Traslado al Amparo de
la Ley 123 de 5 de agosto de 2016 y la Orden Administrativa
OAJP-2016-009, en la que solicitó la paralización del caso y
La Sección 22 de la Ley 83-1941, 22 LPRA sec. 212, establece que la AEE
“no será requerida a pagar ninguna contribución estatal o municipal”.
2
CC-2025-0558
4
que el mismo se trasladara a la Sala Especializada de la Región
Judicial de San Juan. Lo anterior debido a que el Municipio
alegó que la Ley 123-2016, supra, enmendó el artículo 5.005 de
la Ley Núm. 201-2003, según enmendada, mejor conocida como la
Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 2003 (Ley de
la Judicatura), con el propósito de darle competencia a la Sala
Especializada en controversias como la presente.
En
desacuerdo
con
la
solicitud
del
Municipio,
Beta
sometió una Oposición a Moción en Solicitud de Paralización de
los Procedimientos y Traslado al Amparo de la Ley 123 de 5 de
agosto
de
2016
en
la
que
argumentó
que
la
solicitud
del
Municipio era tardía. Ello debido a que habían transcurrido los
30 días que permite la Regla 3.6 de las Reglas de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, R 3.6 (Regla 3.6), para solicitar el
traslado de un pleito. Además, Beta alegó que la Ley 123-2016,
supra, no aplicaba al presente caso, dado que, según esta, esa
ley no aplica a los arbitrios municipales. Finalmente, Beta
alegó que, al habérsele anotado la rebeldía, el Municipio estaba
impedido de someter la solicitud de traslado del pleito.
El 7 de abril de 2025, el Municipio sometió una Moción
Solicitando Relevo de Anotación de Rebeldía y que se Deje sin
Efecto
Señalamiento
de
Juicio
en
Rebeldía
y
Reiterando
Solicitud de Traslado. Ese mismo día, el Municipio sometió su
Contestación a la Demanda Enmendada. El 2 de mayo de 2025, el
Tribunal
de
Primera
Instancia
emitió
una
Resolución
Interlocutoria en la que dejó sin efecto la anotación de
rebeldía y el señalamiento de juicio. A su vez, el foro primario
emitió una Orden de Traslado en la que, por entender que la
CC-2025-0558
5
Ley 123-2016, supra, aplicaba al caso, ordenó el traslado a la
Región Judicial de San Juan para que se ventilara en la Sala
Especializada.
En desacuerdo con el dictamen, Beta recurrió ante el
Tribunal
de
Apelaciones
por
conducto
de
una
Petición
de
Certiorari en la que argumentó que erró el foro primario al
ordenar el traslado a la Sala Especializada. Lo anterior debido
a que, según Beta, la Ley 123-2016, supra, no aplica al presente
caso toda vez que la controversia se centra en la imposición
de arbitrios de construcción municipales y la Ley 123-2016,
supra, no incluye el Código Municipal, supra, expresamente en
las leyes especiales a las cuales esa ley le aplica.3 Además,
Beta alegó que la Ley 123-2016, supra, no aplica a la presente
controversia en vista de que la ley establece de manera expresa
que aplica a las leyes que impongan algún tributo “[a] favor
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o de cualquiera de
sus instrumentalidades o subdivisiones”, pero no menciona los
municipios
directamente.4
Finalmente,
según
Beta,
como
el
Código Municipal, supra, le da autonomía a los municipios del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
los
arbitrios
de
construcción municipales no se deben considerar como un tributo
a
favor
del
Estado
Libre
Asociado
de
Puerto
Rico,
sus
instrumentalidades o subdivisiones.5
Así
las
cosas,
el
Tribunal
de
Apelaciones,
en
una
votación dividida, emitió una Sentencia en la que revocó la
3
Exposición de Motivos de la Ley 123-2016, supra.
4
Íd.
5
21 LPRA sec. 7011.
CC-2025-0558
6
determinación del Tribunal de Primera Instancia. La mayoría del
foro apelativo intermedio concluyó que la Ley 123-2016, supra,
no aplica a los arbitrios de construcción municipales, debido
a que esa ley no incluyó al Código Municipal, supra, como una
de las leyes especiales a la cual se le otorgó competencia
exclusiva a la Sala Especializada. Además, el Tribunal de
Apelaciones
argumentó
que
el
Código
Municipal,
supra,
les
otorgó autonomía a los municipios, por lo que estos no pueden
ser considerados parte del Estado Libre Asociado. Finalmente,
el Tribunal de Apelaciones resaltó que la solicitud de traslado
se hizo fuera de los 30 días que permite la Regla 3.6(a) de
Procedimiento Civil, supra.6
Inconforme con el dictamen del Tribunal de Apelaciones,
el Municipio recurrió ante este Tribunal con una Petición de
Certiorari.
En
síntesis,
el
Municipio
señaló
que
el
foro
apelativo intermedio erró al revocar la orden de traslado del
Tribunal de Primera Instancia la cual ordenó que el pleito
se ventilara en la Sala Especializada, resolviendo que la
Ley 123-2026, supra, no aplica a los arbitrios municipales y,
además, que erró el Tribunal de Apelaciones al revocar la orden
de traslado del foro primario, dado que la solicitud de traslado
fue sometida fuera del término permitido. Expedida la Petición
de Certiorari y contando con el beneficio de la comparecencia
de ambas partes, procedemos a resolver.
6
32 LPRA Ap. V, R 3.6(a).
CC-2025-0558
7
II
A.
Competencia
Al enfrentarnos a un asunto de “competencia”, en primer
lugar,
debemos
“jurisdicción”.
autoridad
que
controversias”.7
distinguir
La
este
jurisdicción
tiene
un
tribunal
se
concepto
con
el
de
refiere
al
“poder
o
casos
y
para
considerar
La Constitución de Puerto Rico le confiere
jurisdicción unificada a todos los tribunales de Puerto Rico.8
Por su parte, la competencia es la forma en que el tribunal
canaliza su jurisdicción a través de los foros judiciales.9 Es
decir, las reglas de competencia buscan promover “la mejor
distribución de los casos y asuntos a través del sistema,
procurando así una más eficiente utilización de los recursos y
vela[r] más cabalmente porque se haga justicia”.10
Cónsono con lo anterior, la Regla 3.2 de Procedimiento
Civil, supra, busca organizar eficientemente las tramitaciones
procesales
dentro
específico,
la
del
Regla
sistema
3.2
de
judicial
unificado.11
Procedimiento
Civil,
En
supra,
establece que:
[t]odo pleito se presentará en la sala que
corresponda según lo dispuesto por ley y por estas
reglas, pero no se desestimará ningún caso por
haberse sometido a una sala sin competencia. Todo
pleito se tramitará en la sala en que se presente
por convenio de las partes y la anuencia
Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374 (2020); Peerless Oil v.
Hnos. Torres Pérez, 186 DPR 239 (2012); González v. Mayagüez Resort & Casino,
176 DPR 848 (2009).
7
8
Art. V, Sec. 2, Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1.
Rodríguez v. Cingular, 160 DPR 167 (2003); Horizon v. Jta. Revisora, RA
Holdings, 191 DPR 228 (2014).
9
10
Rodríguez v. Cingular, supra; Vives Vázquez v. ELA, 142 DPR 117 (1996).
11
LEMAR S.E. v. Vargas Rosado, 130 DPR 203 (1992).
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8
fundamentada del juez que presida dicha sala en ese
momento. De lo contrario, se transferirá por orden
del juez o la jueza a la sala correspondiente.12
Como
regla
general,
la
sala
con
competencia
se
determinará por la residencia de la parte demandada.13 En el
caso de que el pleito se centre en un inmueble, la sala con
competencia es la del lugar dónde el inmueble está situado.14
En casos de daños y perjuicios, la sala con competencia es la
ubicada en el lugar de los hechos.15 No obstante, conforme con
la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, supra, todo pleito podrá
ser
presentado
y
tramitado
en
una
sala
distinta,
si
fue
previamente acordado por las partes y cuenta con la anuencia
fundamentada de quien presida la sala.16 Sobre este particular,
hemos establecido que los jueces de los foros primarios deben
abstenerse de prestar su anuencia para obviar las reglas de
competencia, si de su faz el caso no presenta circunstancias
extraordinarias que apoyen el haber sido presentado en una sala
sin competencia, dado que dar su anuencia sin fundamento sería
un
abuso
de
discreción.17
De
no
contar
con
la
anuencia
fundamentada de quien presida el caso, el mismo se trasladará
a la sala con competencia.18
12
32 LPRA Ap. V, R 3.2.
13
32 LPRA Ap. V, R 3.5.
14
32 LPRA Ap. V, R 3.3.
15
32 LPRA Ap. V, R 3.4.
16
LEMAR S.E. v. Vargas Rosado, supra; 32 LPRA Ap. V, R 3.2.
LEMAR S.E. v. Vargas Rosado, supra; Colón v. Tribunal Superior, 97 DPR
106 (1969).
17
18
32 LPRA Ap. V, R 3.2.
CC-2025-0558
9
Ahora bien, tal y como expuesto en la Regla 3.2 de
Procedimiento Civil, supra, leyes especiales pueden contener
directrices adicionales que afecten las reglas de competencia
y le otorgue competencia exclusiva a una sala en específico
sobre una materia. Es decir, aunque el sistema judicial de
Puerto Rico goza de una jurisdicción unificada, la Asamblea
Legislativa tiene la facultad para aprobar leyes especiales con
el
propósito
de
crear
salas
especializadas
que
tengan
competencia exclusiva sobre una materia.19 No obstante, cabe
recalcar que ningún caso se desestimará ni se considerará nulo
por haber sido presentado en una sala sin competencia.20 Ello,
debido a que la validez de una determinación emana de la
jurisdicción y no de la competencia.21
B.
Traslado de Pleitos
La Regla 3.6 de Procedimiento Civil, supra, establece
que, si una de las partes desea impugnar la competencia de la
sala en la que el pleito se está desfilando para solicitar el
traslado, la parte deberá presentar, en un término no mayor de
30 días a partir del emplazamiento, una solicitud para trasladar
el caso a la sala correspondiente.22 No obstante, el tribunal
podrá, motu proprio, trasladar el caso, en cualquier momento,
si encuentra que así lo amerita en nombre de la justicia.23
Artículo 2.001 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, mejor conocida
como la Ley de la Judicatura, según enmendada, 4 LPRA sec. 24b; Const. ELA
[Const. PR], supra; Lausell Ducós v. A.C.A.A., 111 DPR 593 (1981).
19
20
Vives Vázquez v. ELA, supra; 32 LPRA Ap. V, R 3.2.
Ramírez v. Registrador, 116 DPR 541 (1985); Colón v. Tribunal Superior,
supra.
21
22
32 LPRA Ap. V, R 3.6(a).
23
32 LPRA Ap. V, R 3.6(b).
CC-2025-0558
10
Este Tribunal ha pronunciado que los tribunales deben
buscar optimizar los trámites procesales de los pleitos en sus
salas, con el fin de evitar demoras innecesarias y adjudicar
controversias
de
forma
rápida
y
eficiente.24
Además,
es
imperativo que los tribunales se organicen de una manera que
evite
que
dos
tribunales
atiendan
casos
simultáneos
que
contemplen la misma controversia, dado que evitar la duplicidad
de pleitos es un principio fundamental de nuestro derecho
procesal.25 Por esto, hemos expresado que, en el caso de que un
tribunal determine que el pleito se está ventilando en una sala
sin competencia, los tribunales deben trasladar, motu proprio,
el caso a la sala correspondiente.26
C.
Ley 123-2016, supra
Hace
una
década,
la
Asamblea
Legislativa
aprobó
la
Ley 123-2016, supra, con el propósito de enmendar la Ley de la
Judicatura, supra, y crear una sala especializada en asuntos
contributivos y delitos económicos en la Región Judicial de San
Juan.27
Lo
anterior,
debido
a
que
la
Asamblea
Legislativa
entendió que, históricamente, las controversias contributivas
o las de delitos económicos creaban dificultades en los foros
primarios, dado que los pleitos sobre derecho contributivo o
corporativo requieren peritaje especializado. Además, como las
contribuciones son la forma más directa en que los ciudadanos
In re: Pagani Padró, 181 DPR 517 (2011); Heftler Const. Co. v. Tribunal
Superior, 103 DPR 844 (1975).
24
Rivera Schatz v. ELA, 191 DPR 470 (2014); M-Care Compounding et al. v.
Depto. Salud, 186 DPR 159 (2012).
25
Rial v. Comisionado de Seguros de Puerto Rico, 211 DPR 122 (2023); LEMAR
S.E. v. Vargas Rosado, supra.
26
27
Exposición de Motivos de la Ley 123-2016, supra.
CC-2025-0558
11
interactúan con el gobierno, la Asamblea Legislativa encontró
prudente crear una Sala Especializada que pueda interpretar las
leyes contributivas o económicas para que las mismas se apliquen
de manera uniforme en todo Puerto Rico.28
Como corolario de lo anterior, la Asamblea Legislativa
enumeró las leyes contributivas que estarían sujetas a la
competencia de la Sala Especializada. La Ley 123-2016, supra,
establece que la ley aplica a las controversias que surjan de
las leyes especiales tales como:
(1) la Ley Núm. 1-2011, según enmendada, mejor
conocida como el Código de Rentas Internas de
Puerto Rico de 2011;
(2) la Ley Núm. 83-1991, según enmendada, mejor
conocida como la Ley de Contribución Municipal
sobre la Propiedad de 1991;
(3) la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según
enmendada, mejor conocida como el Código de Seguros
de Puerto Rico;
(4) la Ley Núm. 73-2008, según enmendada, mejor
conocida como la Ley de Incentivos Económicos para
el Desarrollo de Puerto Rico;
(5) la Ley Núm. 74-2010, según enmendada, mejor
conocida como la ley de Desarrollo Turístico de
Puerto Rico de 2010;
(6) la Ley Núm. 133 de 10 de julio de 1974, según
enmendada, mejor conocida como la Ley de Patentes
Municipales;
(7) entre otras.29
Es decir, la Asamblea Legislativa no creó una lista
restrictiva de las leyes especiales de las cuales puedan surgir
controversias
en
las
que
la
Sala
Especializada
tendrá
competencia exclusiva.
La
Ley
123-2016,
supra,
también
se
promulgó
para
uniformar las controversias del sistema contributivo de Puerto
Rico al crear la Sala Especializada en contribuciones. De
28
Íd; US v. Ptasynski, 462 US 74 (1983); Moore v. US, 602 US _ (2024).
29
Exposición de Motivos de la Ley 123-2016, supra.
CC-2025-0558
12
acuerdo con la exposición de motivos, la Asamblea Legislativa
entendió que los ciudadanos están sujetos a contribuciones a
diario
y,
como
resultado,
encontró
imperativo
que
los
ciudadanos tengan un cierto grado de certeza o predictibilidad
de que las contribuciones se le van a aplicar uniformemente a
todos
los
contribuyentes
y
que
las
controversias
correspondientes se resuelvan de la misma manera.30 Por esto,
la
Asamblea
Legislativa
centralizó
el
lugar
en
dónde
se
adjudicarán las controversias sobre contribuciones o delitos
económicos que “surjan de cualquier ley que imponga algún tipo
de contribución o tributo a favor del Estado Libre Asociado de
Puerto
Rico,
o
de
cualquiera
de
sus
instrumentalidades
o
subdivisiones”.31
Finalmente, la Asamblea Legislativa enfatizó que la Sala
Especializada también atenderá controversias civiles que surjan
de cualquier ley especial que conceda una exención o crédito
contributivo.32 Es decir, la Sala Especializada no solo tiene
competencia sobre controversias que surjan de leyes especiales
que les imponen contribuciones a los ciudadanos, sino que, de
acuerdo con la intención de la Asamblea Legislativa, también
tendrá competencia en controversias en las que una parte reclame
una exención o un crédito contributivo.
D.
Ley de la Judicatura, supra
El Artículo 5.005 de la Ley de la Judicatura, supra,
establece que:
30
Íd.
31
Íd.
32
Íd.
CC-2025-0558
13
El Tribunal Supremo […] designará una (1) Sala
Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos
Económicos en el Tribunal Superior de San Juan.
Esta Sala atenderá las controversias contributivas
en casos civiles que surjan de cualquier ley que
imponga cualquier tipo de contribución o tributo a
favor del Gobierno de Puerto Rico, cualquiera de
sus instrumentalidades o subdivisiones; cualquier
ley especial que conceda créditos contributivos,
así como cualquier ley especial que conceda
exención contributiva cobijadas por algún decreto,
resolución o concesión de exención contributiva.
Además,
atenderá
los
casos
de
delitos
económicos que surjan de:
(i) violaciones al “Código de Rentas Internas de
Puerto Rico de 2011,” según enmendado, así como a
otras leyes especiales en asuntos de materia
compleja tales como, pero sin limitarse a, la
Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada,
conocida como la “Ley de Bancos”, la Ley Núm. 255
de 28 de octubre de 2002, según enmendada, conocida
como la “Ley de Sociedades y Cooperativas de Ahorro
y Crédito”, y la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963,
según enmendada, conocida como la “Ley Uniforme de
Valores”;
(ii) violaciones de ley derivadas y/o cometidas de
los delitos descritos en el inciso anterior; y
(iii) aquellos otros que determine el Tribunal
Supremo, mediante las reglas de administración que
adopte a esos fines.33
E.
Código Municipal, supra
1. Autonomía de los municipios
El Artículo 1.006 del Código Municipal, supra, le otorga
a los municipios capacidad legal independiente y separada del
Gobierno
estatal
de
Puerto
Rico.34
Sin
embargo,
ese
mismo
artículo define a un municipio como una “entidad jurídica de
gobierno local, subordinada a la Constitución de Puerto Rico y
sus leyes”.35 Por otro lado, el Artículo 1.007 del Código
Municipal, supra, establece que la autonomía municipal otorgada
33
4 LPRA 25e.
34
21 LPRA sec. 7011.
35
Íd.
CC-2025-0558
14
se ejercerá “sin menoscabar los poderes y facultades de la
Asamblea Legislativa”.36 Además, ese artículo establece que la
Asamblea Legislativa es quien le otorga los poderes necesarios
a los municipios para hacer efectiva y ejercer su autonomía.37
Conforme con lo anterior, aunque los municipios tienen
libertad para administrar sus bienes y asuntos procesales de
la manera que encuentren más eficiente, los municipios no tienen
un poder inherente para imponer contribuciones, ya que están
sujetos a lo establecido por la Asamblea Legislativa y los
poderes otorgados por el Código Municipal, supra.38
2. Facultades y Deberes de los municipios
El
Artículo
1.039(e)
del
Código
Municipal,
supra,
establece que las legislaturas municipales tienen la facultad
de
legislar
y
autorizar
la
imposición
de
contribuciones,
incluyendo arbitrios.39
El Artículo 2.007 del Código Municipal, supra, establece
que los municipios deben establecer una Unidad Administrativa
de
Finanzas,
Finanzas.40
Finanzas,
la
cual
estará
Como
parte
de
este
36
21 LPRA sec. 7012.
37
Íd.
deberá,
dirigida
las
entre
por
funciones
otras
un
Director
de
del
Director
de
supervisar
la
cosas,
Art. IV, Sec. 2, Const. ELA [Const. PR], LPRA, Tomo 1; McNeil Healthcare,
LLC v. Municipio de Las Piedras, 213 DPR 177 (2023); Lilly del Caribe, Inc.
v. Municipio de Carolina, 210 DPR 306 (2022); Pfizer Pharmaceuticals v.
Municipio de Vega Baja, 182 DPR 267 (2011); Compañía de Turismo de Puerto
Rico v. Municipio de Vieques, 179 DPR 578 (2010); Levy, Hijo v. Mun. de
Manatí, 151 DPR 292 (2000).
38
21 LPRA sec. 7065; Interior Developers, Inc. v. Municipio de San Juan,
177 DPR 693 (2009).
39
40
21 LPRA sec. 7155.
CC-2025-0558
recaudación
15
de
patentes
municipales,
arbitrios,
impuestos,
tarifas y derechos.41
3. Arbitrios de Construcción
El Artículo 2.109(c) del Código Municipal, supra, le
brinda a los municipios la facultad para imponer arbitrios de
construcción, por vía de legislación municipal.42 Ese artículo
establece que:
[t]oda obra de construcción dentro de los límites
territoriales de un municipio, realizada por una
persona natural o jurídica privada, o que sea
llevada a cabo por una persona natural o jurídica
privada a favor o en representación de, o por
contrato o subcontrato suscrito con una agencia
pública o corporación pública o instrumentalidad
del Gobierno estatal o municipal o del Gobierno
federal, incluyendo aquella obra que no requiera la
solicitud o expedición de un permiso, deberá pagar
arbitrio de construcción correspondiente, previo al
comienzo de la obra.43
Previo a la existencia del Código Municipal, supra, los
municipios
tenían
construcción
por
la
facultad
conducto
del
para
imponer
Artículo
arbitrios
2.002(d)
de
la
de
ya
derogada Ley Núm. 81-1991, mejor conocida como la Ley de
Municipios Autónomos de Puerto Rico, según enmendada, 21 LPRA
ant. sec. 4001 et seq.44
4. Pago e Impugnación de los Arbitrios de Construcción
El
Artículo
2.110(b)
del
Código
Municipal,
supra,
establece que el Director de Finanzas de los municipios debe
hacer
un
análisis
del
valor
estimado
de
las
obras
de
construcción en su municipio para aplicarles los arbitrios de
41
21 LPRA sec. 7155(c).
42
21 LPRA sec. 7331(c).
43
Íd.
44
21 LPRA sec. 4052.
CC-2025-0558
16
construcción correspondientes.45 El Director de Finanzas puede
aceptar o rechazar la valorización sometida por los dueños o
representantes de la obra.46 En el caso de que se acepte la
valorización sometida, el Director de Finanzas notificará al
dueño o representante de la obra para que pague el arbitrio de
construcción correspondiente. A contrario sensu, en el caso de
que el Director de Finanzas rechace la valorización sometida,
este tendrá 15 días para completar un estimado preliminar del
valor de la obra a la cual se le impondrán los arbitrios de
construcción.47 El Director de Finanzas se comunicará con el
contribuyente para informarles el nuevo estimado de la obra.
Con esta notificación, el contribuyente puede hacer el pago del
arbitrio de construcción, negarse a hacer el pago, o pagar bajo
protesta.48
De negarse a hacer el pago, este deberá detener la obra
de construcción y solicitar una revisión judicial ante el
Tribunal de Primera Instancia.49 De pagar bajo protesta, el
contribuyente también someterá un escrito de reconsideración
ante el Director de Finanzas del municipio.50 El Director de
Finanzas tendrá un término de 10 días para contestarle al
contribuyente
y
emitir
una
decisión
final
respecto
a
los
arbitrios de construcción a ser impuestos sobre la obra del
45
21 LPRA 7332(b).
46
Íd.
47
21 LPRA sec. 7332(b)(2).
48
21 LPRA sec. 7332(c).
49
21 LPRA sec. 7332(c)(3); 21 LPRA sec. 7081.
50
21 LPRA sec. 7332(d).
CC-2025-0558
17
contribuyente.51 Al recibir la decisión final, o al no recibir
contestación alguna del Director de Finanzas del municipio en
el
término
de
10
días
establecido
por
ley
para
la
reconsideración, el contribuyente podrá solicitar una revisión
judicial ante el Tribunal de Primera Instancia.52
III
Previamente mencionamos que los municipios no tienen un
poder inherente para imponer contribuciones o tributos.53 El
poder gubernamental para imponer contribuciones emana de la
Constitución de Puerto Rico, pero la Asamblea Legislativa le
transfirió
ciertos
poderes
para
imponer
contribuciones
o
tributos a los municipios por conducto de una creación de ley.54
Es decir, el Código Municipal, supra, y sus antecedentes, fueron
las leyes habilitadoras en las que la Asamblea Legislativa le
delegó ciertos poderes contributivos a los municipios, los
cuales antes le pertenecían al gobierno central.
No obstante lo anterior, hay que reconocer que cuando la
Asamblea Legislativa aprobó la Ley 123-2016, supra, el Código
Municipal, supra, no estaba vigente, pues este entró en vigor
en el 2020. Por esto, era imposible que la legislatura incluyera
explícitamente al Código Municipal, supra, en el listado de
leyes especiales de las cuales pudiera surgir una controversia
51
Íd.
21 LPRA sec. 7332; Interior Developers, Inc. v. Municipio de San Juan,
supra; Olivo v. Srio. de Hacienda, 164 DPR 165 (2005).
52
McNeil Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras, supra; Lilly del
Caribe, Inc. v. Municipio de Carolina, supra; Pfizer Pharmaceuticals v.
Municipio de Vega Baja, supra; Compañía de Turismo de Puerto Rico v.
Municipio de Vieques, supra; Levy, Hijo v. Mun. de Manatí, supra.
53
Const. ELA [Const. PR], supra; 21 LPRA sec. 7331; Véase Carlos Díaz Olivo,
Derecho Tributario: Aspectos Constitucionales y Procesales de la
Tributación, 2019, pág. 135.
54
CC-2025-0558
contributiva
18
sobre
la
cual
la
Sala
Especializada
tuviera
competencia exclusiva.
Sin embargo, lo cierto es que la Ley 123-2016, supra,
recogió lo dispuesto en la Ley Núm. 83-1991, según enmendada,
mejor conocida como la Ley de Contribución Municipal sobre la
Propiedad de 1991, y la Ley Núm. 133 de 10 de julio de 1974,
según
enmendada,
mejor
conocida
como
la
Ley
de
Patentes
Municipales, ambas de rango municipal. O sea, ambas leyes
especiales
fueron
derogadas
y
consolidadas
en
el
Código
Municipal, supra. Por esto, dado que estas leyes autorizan
contribuciones
Asamblea
a
favor
Legislativa
de
tuvo
municipios,
la
intención
es
evidente
que
la
incluir
a
los
de
municipios al mencionar que la Ley 123-2016, supra, le aplicaba
a toda contribución a favor del Estado Libre Asociado, sus
instrumentalidades o subdivisiones.
Además,
la
lista
de
leyes
especiales
que
brindó
el
legislador en la Ley 123-2016, supra, no es una taxativa. Como
mencionado anteriormente, la Ley 123-2016, supra, incluyó una
lista
de
leyes
especiales
de
las
cuales
pudieran
surgir
controversias contributivas y, en estas, la Sala Especializada
tuviera competencia exclusiva. No obstante, la lista no es
taxativa, dado que la misma acaba con “entre otras”. Al observar
esta inclusión, es evidente que el legislador previó que pudiera
haber estatutos adicionales que impongan alguna contribución,
a los cuales le fuera beneficioso ventilar las controversias
en la Sala Especializada. Por esto, al examinar la Exposición
de Motivos de la Ley 123-2016, supra, es claro que la intención
CC-2025-0558
19
original de la Asamblea Legislativa era de centralizar todas
las controversias contributivas en la Sala Especializada.
Por otro lado, el Código Municipal, supra, provee un
proceso de impugnación de los arbitrios municipales ante los
municipios y, de estar insatisfecho, el contribuyente podrá
recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia en revisión
judicial.55 Como parte del proceso, los contribuyentes pueden
negarse a pagar los arbitrios impuestos y acudir en revisión
judicial directamente o pagar en protesta, lo cual conlleva
someter un escrito de reconsideración, esperar 10 días para
determinación final del municipio y, entonces o al no recibir
una contestación, acudir al Tribunal de Primera Instancia en
revisión judicial.56
Como detallado en los hechos, Beta se negó a pagar el
arbitrio y recurrió ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala
Superior de Caguas, para solicitar la revisión judicial e
impugnar la imposición del arbitrio. Antes de comparecer ante
el
foro
primario
y
solicitar
el
traslado
a
la
Sala
Especializada, se le anotó la rebeldía al Municipio. Beta arguye
que no procede el traslado a la Sala Especializada toda vez que
el Municipio contaba con una anotación de rebeldía en su contra
y solicitó el traslado a destiempo.
55
21 LPRA sec. 7332.
Íd. En el Artículo 7.213 del Código Municipal, 21 LPRA sec. 8175(3), la
Asamblea Legislativa estableció una excepción a las normativas de
competencia cuando se trate de controversias cuantitativas sobre patentes
municipales. De este modo, el contribuyente que impugna el monto exigido
podrá presentar y litigar el caso, por conveniencia de los testigos, en la
Región Judicial correspondiente a la residencia del contribuyente, sin tener
que configurarse los otros requisitos establecidos en la Regla 3.2 de
Procedimiento Civil, supra. De no configurarse la excepción a las normativas
de competencia, una controversia sobre arbitrios o contribuciones
municipales se tramitará por el curso ordinario para asuntos relacionados
al Código Municipal, supra.
56
CC-2025-0558
20
A pesar de que inicialmente el Municipio no compareció y
se le anotó la rebeldía, el foro primario posteriormente levantó
la anotación de rebeldía. En cuanto al traslado, si bien es
cierto que las Regla 3.6 de Procedimiento Civil, supra, dispone
un término de 30 días para solicitar el traslado, un tribunal
puede atender tal solicitud fuera de tal término si, como en
el caso de autos, el legislador ha determinado que este tipo
de controversia se atenderá en una sala especializada. Además,
en el caso de marras no se pactó un convenio entre las partes
sobre la sala preferida para ventilar el caso, por lo que no
se configuró la excepción a las reglas de competencia detallada
en la Regla 3.2 de Procedimiento Civil, supra, y el foro
primario
estaba
facultado
para
atender
la
solicitud
de
traslado.57
El Tribunal de Primera Instancia ordenó el traslado a la
Sala Especializada por entender que se encontraba ante una
controversia
de
naturaleza
contributiva.
La
Ley
123-2016,
supra, expresamente indica que toda controversia que surja de
una ley especial que conceda una exención o crédito contributivo
deberá verse en la Sala Especializada. Por esto,
Especializada
controversias
tiene
que
competencia
surjan
en
cuanto
exclusiva
a
la
la Sala
sobre
las
aplicabilidad
a
subcontratistas de la exención contributiva otorgada por la
Ley 83-1941, supra, la cual otorgó una exención contributiva
32 LPRA Ap. V, R 3.2. Dado que la controversia ante nos no trata sobre
patentes municipales, el contribuyente no tiene la facultad unilateral de
escoger entre la Sala Especializada en la Región Judicial de San Juan o la
región en que se encuentre el municipio de la residencia del contribuyente
para que sirva como el foro competente en el que se presente y litigue el
caso, como detallado en el Artículo 7.213 del Código Municipal, supra.
57
CC-2025-0558
21
total a la AEE. Como resultado, la orden de traslado a la Sala
Especializada fue correcta.
En
conclusión,
determinamos
que
la
controversia
del
pleito entre Beta y el Municipio se centra en las disposiciones
de
la
Ley
83-1941,
supra,
que
le
otorgó
una
exención
contributiva a la AEE. Dado a que la Ley 123-2016, supra,
expresamente aplica a las controversias que surjan de leyes
especiales que proveen una exención o un crédito contributivo,
la controversia entre Beta y el Municipio es de naturaleza
contributiva y se debe ventilar en la Sala Especializada.
IV
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,
se revoca la Sentencia recurrida y se confirma la orden de
traslado emitida por el Tribunal de Primera Instancia, que
ordenó el traslado del pleito a la Sala Especializada en Asuntos
Contributivos y Delitos Económicos en la Región Judicial de San
Juan, para que esta determine si la exención de contribuciones
otorgada a la AEE por conducto de la Ley 83-1941, supra, aplica
igualmente a los subcontratistas de las obras de la AEE.
Se dictará sentencia en conformidad.
Erick V. Kolthoff Caraballo
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Beta Electric Corporation
Recurrida
v.
CC-2025-0558
Certiorari
Municipio de Gurabo
Peticionario
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2026.
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión
que antecede la cual se hace formar parte íntegra de
la presente, se revoca la Sentencia recurrida y se
confirma la orden de traslado emitida por el Tribunal
de Primera Instancia, que ordenó el traslado del pleito
a la Sala Especializada en Asuntos Contributivos y
Delitos Económicos en la Región Judicial de San Juan,
para
que
esta
determine
si
la
exención
de
contribuciones otorgada a la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) por conducto de la Ley Núm. 83 de mayo
de 1941, mejor conocida como la Ley de la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico, 22 LPRA sec. 192 et
seq., aplica igualmente a los subcontratistas de las
obras de la AEE.
Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica
el Secretario del Tribunal Supremo. El Juez Asociado
señor
Candelario
López
emitió
una
Opinión
de
conformidad. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez
emitió una Opinión disidente.
El Juez Asociado señor
Estrella Martínez
disintió e hizo constar la expresión siguiente:
Como observamos, la controversia
medular de este caso gira en torno a
determinar si una exención contributiva
CC-2025-0558
que cobija a la Autoridad de Energía Eléctrica
(AEE), al amparo de la Sección 22(a) de la Ley de
la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico,
Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, 22 LPRA sec. 212,
se extiende a Beta Electric Corporation (Beta) en
su carácter de subcontratista. En particular,
procede resolver si Beta está sujeta al arbitrio de
construcción
de
$68,225.00
impuesto
por
el
Municipio de Gurabo conforme al Art. 2.109 del
Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020,
21 LPRA sec. 7331, por los trabajos de reparación
e instalación de alambrado público para los que fue
contratada por la AEE o si, por el contrario,
también está exenta de ese arbitrio.
Por lo tanto, estamos ante una controversia
en la que Beta cuestiona su propia condición de
contribuyente y sostiene que no adeuda el arbitrio
de construcción que el Municipio de Gurabo pretende
cobrarle. Por esa razón, presentó una demanda de
sentencia declaratoria ante el Tribunal de Primera
Instancia, Sala Superior de Caguas.
De lo anterior surge la controversia procesal
que nos corresponde resolver: si, ante una
reclamación en la que se cuestiona la propia
obligación de contribuir, procede trasladar el caso
a la Sala Especializada de Asuntos Contributivos y
Delitos Económicos del Tribunal Superior de San
Juan, en lugar de mantenerlo en la Sala Superior de
Caguas. En ese contexto, este Tribunal concluyó que
el pleito debe ser atendido por esa Sala
Especializada, al considerar que tiene competencia
exclusiva para atender controversias de naturaleza
contributiva como la presente. Sin embargo, no
estoy de acuerdo con esa determinación. Me explico.
Si bien es cierto que la Opinión expone, en
una nota al calce, que la Asamblea Legislativa
estableció
una
excepción
a
las
normas
de
competencia cuando se trate de controversias
cuantitativas sobre patentes municipales, al amparo
del Art. 7.213 del Código Municipal de Puerto
Rico, 21 LPRA sec. 8175(3) —a saber, que el
contribuyente que impugna el monto exigido puede
presentar una demanda y litigar el caso en la región
judicial correspondiente al municipio de su
residencia—, considero que esa no es la única
excepción. A mi juicio, cuando exista una
controversia sobre si una persona es o no
contribuyente,
ya
sea
respecto
a
patentes
municipales u otros asuntos contributivos, esta
puede
presentar
una
demanda
de
sentencia
declaratoria fuera de la Sala Especializada en
Asuntos Contributivos y Delitos Económicos de la
Región Judicial de San Juan. Ello, debido a que
2
CC-2025-0558
existen circunstancias excepcionales que permiten
el uso de la sentencia declaratoria en procesos
contributivos y, por ende, este remedio puede ser
solicitado por la parte y concedido por cualquier
Tribunal de Primera Instancia. Veamos.
Como norma general, el uso de la sentencia
declaratoria en materia de contribuciones es
improcedente si existe un remedio adecuado en el
curso ordinario de la ley. Alcalde de Guayama v.
ELA, 192 DPR 329, 333 (2015); Cafeteros de P.R. v.
Tesorero, 74 DPR 752, 760 (1952). La razón para
ello
es
que
no
debe
permitirse
que
los
contribuyentes eviten acudir al proceso ordinario
mediante
el
procedimiento
de
sentencia
declaratoria. Alcalde de Guayama v. ELA, supra,
págs. 333-334. No obstante, existen circunstancias
excepcionales que permiten el uso de la sentencia
declaratoria en procesos contributivos. Entre estas
situaciones particulares hemos reconocido el
intento de cobrar contribuciones a quien no las
adeuda. Íd, pág. 334; Durlach Bros., Inc. v.
Domenech, Tes., 47 DPR 654 (1934). En estos casos,
tanto el interdicto como la sentencia declaratoria
constituyen remedios legales adecuados para impedir
el cobro de contribuciones que no le corresponde
pagar a una parte. De esta forma, si la ley impide
la imposición contributiva porque la persona o
entidad a quien se pretende cobrar no es un
contribuyente, se justifica la aplicación del
remedio
extraordinario
de
la
sentencia
declaratoria. Véase Alcalde de Guayama v. ELA,
supra, pág. 334. Ello, a mi criterio, sin que sea
necesario acudir única y exclusivamente a la Sala
Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos
Económicos de la Región Judicial de San Juan.
En ese sentido, cuando una parte pueda
demostrar con claridad que no puede ser considerada
como contribuyente ante el tributo que se le
pretende imponer, resulta irrazonable obligarla a
pagar la contribución para luego exigirle que, en
primer orden, agote los mecanismos administrativos
y, posteriormente, los judiciales, pues ello
implicaría el dispendio de recursos para finalmente
concluir que no era contribuyente. Íd.; Yiyi
Motors, Inc. v. E.L.A., 177 DPR 230, 279 (2009);
Interior Developers v. Mun. de San Juan, 177 DPR
693, 708-709 (2009). Del mismo modo, si nuestro
ordenamiento reconoce que una persona que no es
contribuyente no tiene que someterse al trámite
administrativo y judicial ordinario para impugnar
una contribución que no adeuda, por la misma
lógica, tampoco debe estar obligada a acudir
exclusivamente a la Sala Especializada en Asuntos
Contributivos y Delitos Económicos de la Región
3
CC-2025-0558
4
Judicial de San Juan cuando existe un remedio
adecuado y oportuno, como lo es la sentencia
declaratoria, que puede conceder cualquier Sala
Superior del Tribunal de Primera Instancia. En
estos casos, cuando la controversia se circunscribe
a determinar si la persona o entidad es o no
contribuyente, no se justifica restringir el acceso
a este remedio a una sola región judicial por razón
de la competencia especializada de esa Sala.
Exigir
que
una
parte
que
cuestiona
precisamente su condición de contribuyente tenga
que acudir a una única Sala Especializada en
Asuntos Contributivos y Delitos Económicos, ubicada
en San Juan, para obtener una determinación sobre
ese extremo supondría imponerle una carga procesal
que la propia sentencia declaratoria, como remedio
excepcional, procura evitar y, además, una carga
geográfica que, estoy convencido, no responde a la
intención legislativa de la Ley Núm. 123-2016, que
creó la Sala en controversia.
Por consiguiente, cuando concurran las
circunstancias que permiten recurrir al mecanismo
de la sentencia declaratoria para cuestionar la
imposición de un tributo a quien alega no estar
sujeto a este, como ocurrió en el presente caso,
entiendo que la controversia puede presentarse ante
el Tribunal de Primera Instancia de cualquier
región judicial, sin que la existencia de la Sala
Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos
Económicos de San Juan constituya un impedimento
para ello. A su vez, esta conclusión sería cónsona
con
lo
resuelto
en Alcalde
de
Guayama
v.
ELA, supra, y evitaría imponer a una persona que
cuestiona
precisamente
su
condición
de
contribuyente una carga geográfica que no resulta
compatible con lo dispuesto en ley ni con el derecho
de acceso a los tribunales.
Por
disiento.”
estas
razones,
respetuosamente,
El Juez Asociado señor Colón Pérez disintió y se unió a
la Opinión disidente de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Beta Electric Corporation
Recurrida
v.
CC-2025-0558
Municipio de Gurabo
Peticionario
Opinión de Conformidad emitida por el Juez Asociado señor
Candelario López.
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2026.
Estoy conforme con la determinación a la que llega una
mayoría de mis compañeros y compañeras de estrado y con el
resultado alcanzado en este caso. Considerado lo anterior
estimo pertinente puntualizar unas breves consideraciones
adicionales respecto al alcance de la competencia de la Sala
Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos
del Tribunal de Primera Instancia. En particular, entiendo
necesario enfatizar que la controversia de autos ofrece una
oportunidad para aclarar que la competencia de dicha Sala se
circunscribe únicamente a las materias para cuya atención
fue creada por la Asamblea Legislativa. En otras palabras,
coincido en que la Ley Núm. 123 de 5 de agosto de 2016 (Ley
Núm.
123-2016)
creó
la
Sala
Especializada
en
Asuntos
Contributivos y Delitos Económicos de la Región Judicial de
San Juan y le otorgó competencia exclusiva sobre ciertas
controversias
embargo,
contributivas,
añadiría
que
lo
sean
civiles
anterior
es
o
penales.
Sin
con
exclusión
de
cualquier otra materia ajena a las expresamente asignadas
por el legislador a esta Sala Especializada.
CC-2025-0558
La
2
misma
fue
creada
expresamente
por
la
Asamblea
Legislativa mediante la Ley Núm. 123-2016, la cual enmendó
el Artículo 5.005 de la Ley de la Judicatura de 2003, Ley
Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 2 (Ley Núm. 201-2003), con el
propósito específico de establecer una sala especializada
para
atender
controversias
contributivas
y
delitos
económicos. Al hacerlo, el legislador no solo dispuso la
creación de una nueva sala especializada dentro del Tribunal
de
Primera
Instancia,
sino
que
también
estableció
las
materias que correspondería atender a esa Sala.
La creación de esta respondió a una política pública
encaminada
a
fortalecer
que,
su
naturaleza,
por
la
adjudicación
presentan
un
de
controversias
elevado
grado
de
complejidad técnica. Véase Exposición de Motivos de la Ley
Núm.
123-2016.
En
cuanto
a
la
materia
contributiva,
el
legislador reconoció que el Derecho Contributivo constituye
una disciplina altamente especializada y de difícil manejo,
cuyas controversias suelen involucrar aspectos técnicos que
requieren
conocimiento
Asimismo,
respecto
a
y
los
preparación
delitos
particular.
económicos,
señaló
Íd.
que
estos comprenden desde complejos esquemas financieros hasta
violaciones
a
diversas
leyes
especiales,
por
lo
que
su
procesamiento exige jueces con el peritaje necesario para
atenderlos de manera justa y eficiente. Íd.
Resulta
legislativo
importante
fue
igualmente
resaltar
destacado
que
ese
durante
propósito
el
trámite
legislativo del Proyecto del Senado 1018, el cual propuso la
enmienda al Artículo 5.005 de la Ley Núm. 201-2003 para
CC-2025-0558
crear
la
3
Sala
Especializada
en
Asuntos
Contributivos
y
Delitos Económicos. En el Informe Positivo sobre el P. de la
S. 1018 (Informe), la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y
Veteranos del Senado de Puerto Rico explicó que la creación
de la Sala Especializada respondía a la necesidad de que
este tipo de controversias fueran atendidas por jueces con
el
conocimiento,
necesarios
la
experiencia
y
los
adiestramientos
para
resolver
asuntos
de
alta
técnica. Informe
Positivo
sobre
P.
de
el
complejidad
la
S.
1018,
septiembre de 2014, 17ma Asamblea Legislativa, 4ta Sesión
Ordinaria.
De
igual
procuraba
dotar
al
forma,
sistema
enfatizó
judicial
que
de
la
nueva
mayor
Sala
eficiencia
procesal, uniformidad y especialización, siguiendo el modelo
de
otras
salas
jurisdicción.
especializadas
Así,
en
existentes
específico,
el
en
Informe
nuestra
indicó
lo
siguiente:
La conceptualización de la Sala Especializada
en Delitos Económicos, deriva de su enfoque de
lograr que la ciudadanía en general deje de
sentir un aire de impunidad a la hora de
cometer este tipo de delitos que afectan al
País en general. Para que la misma sea una de
excelencia, se destacará la Sala con personal
que
posea
un
peritaje
y
conocimiento
específico del tema para que así el proceso y
procedimiento de enjuiciamiento sea atendido
con la mayor eficiencia posible. Íd.
Ahora bien, luego de aprobada la Ley Núm. 123-2016, el
28 de octubre de 2016, el Poder Judicial emitió la Orden
Administrativa Núm. OAJP-2016-009 (Orden) con el propósito
de
implementar
Contributivos
la
y
nueva
Delitos
Sala
Especializada
Económicos.
La
en
Asuntos
Orden
reconoce
CC-2025-0558
4
expresamente que la Ley Núm. 123-2016 creó dicha Sala y
reproduce
los
objetivos
Motivos,
entre
consignados
en
su
promover
un
mayor
ellos,
Exposición
grado
de
de
conocimiento y peritaje en la adjudicación de controversias
contributivas, asegurar la aplicación uniforme del Derecho
Contributivo
y
propiciar
una
solución
expedita
de
las
controversias comprendidas dentro de ese ámbito.
En
cumplimiento
con
la
administrativamente
la
Especializada.
particular,
En
ley,
organización
se
interna
dispuso
que
estableció
de
la
Sala
esta
estaría
integrada por tres salones de sesiones: uno para atender
los
asuntos
contributivos
de
naturaleza
civil
y
dos
destinados a los casos contributivos de naturaleza penal y
delitos económicos, distinguiendo entre la etapa de vista
preliminar y
reglamentó
la etapa
aspectos
de juicio
en
relacionados
con
su fondo. Asimismo,
la
asignación
de
jueces, los requisitos de adiestramiento especializado, el
trámite
de
los
casos,
el
calendario
de
sesiones
y
los
mecanismos administrativos necesarios para la implantación
de la nueva Sala.
Puntualizamos,
además,
que
la
Orden
dispuso
que
la
Sala Especializada trabajaría bajo un calendario especial
para
los
casos
de
asuntos
contributivos
y
delitos
económicos y que en sus salones de sesiones se atenderían
los asuntos propios de su competencia. De esa manera, la
Orden
desarrolló
los
mecanismos
necesarios
para
hacer
operativa la Sala Especializada creada por la Ley Núm. 1232016.
CC-2025-0558
Así
pues,
5
de
la
Ley
Núm.
123-2016
Administrativa Núm. OAJP-2016-009 surge
y
de
la
Orden
con claridad que
ambas persiguen un mismo objetivo, a saber, concentrar en
un
foro
especializado
controversias
cuya
la
atención
naturaleza
de
determinadas
requiere
conocimientos
técnicos particulares. Ello pues somos del criterio que la
razón de ser de la especialización judicial consiste en
concentrar
jueces
determinadas
posean
el
controversias
conocimiento,
en
la
un
foro
cuyos
preparación
y
la
experiencia necesarios para atender materias de particular
complejidad técnica.
Al
igual
que
ocurre
con
otras salas
especializadas
establecidas por mandato legislativo, la utilización de la
Sala
Especializada
en
Asuntos
Contributivos
Económicos debe guardar correspondencia con
y
Delitos
las materias
que la Asamblea Legislativa expresamente le encomendó. La
organización administrativa de los trabajos del Tribunal de
Primera
Instancia
debe
armonizar
con
esa
delimitación
legislativa y preservar el propósito por el cual fue creada
la
Sala.
Por
administrativa
consiguiente,
no
deben
consideraciones
incidir
para
de
asignar
índole
a
ésta
controversias distintas a aquellas comprendidas en la Ley
Núm. 123-2016, pues ello tendría el efecto de ampliar, por
la
vía
administrativa,
el
ámbito
de
competencia
que
el
legislador expresamente delimitó.
Asimismo,
resulta
pertinente
considerar
las
consecuencias prácticas que razonablemente pueden derivarse
de
la
determinación
que
hoy
adopta
este
Tribunal.
Al
CC-2025-0558
6
reconocerse
la
competencia
exclusiva
de
la
Sala
Especializada en Asuntos Contributivos y Delitos Económicos
para atender las controversias contributivas comprendidas
en la Ley Núm. 123-2016, es previsible que asuntos de esa
naturaleza que actualmente se tramitan en otras regiones
judiciales
sean
trasladados
como
corresponde
a
la
Sala
Especializada ubicada en la Región Judicial de San Juan y
que controversias futuras sean presentadas directamente en
la misma. Ello podría redundar en un aumento significativo
en el volumen de casos que esta habrá de atender. Esta
consecuencia
refuerza
la
importancia
de
preservar
el
carácter especializado que la Asamblea Legislativa imprimió
a esta Sala y de circunscribir la asignación de casos a las
materias que expresamente le fueron encomendadas por la Ley
Núm. 123-2016, con exclusión de cualquier otra materia no
contemplada por este estatuto.
Por todo lo anterior, no se debe permitir que la Sala
Especializada se les asignen indistintamente controversias
ajenas a esas materias, pues tendrían el efecto de diluir
la especialización que el legislador procuró establecer. En
tal escenario, los jueces designados dejarían de concentrar
sus
esfuerzos
en
el
conocimiento
de
las
materias
que
justificaron su designación y la Sala perdería el elemento
que
precisamente
Ello
no
solo
eficiencia
le
confiere
reduciría
que
los
inspiraron
su
carácter
beneficios
su
de
especializado.
uniformidad
creación,
sino
y
que
desvirtuaría la política pública expresamente adoptada por
la Asamblea Legislativa.
CC-2025-0558
En
7
consecuencia,
determinación
alcanzada
entiendo
esta
que
aunque
por
debió
estoy
la
aclarar
conforme
Opinión
con
la
mayoritaria,
expresamente
que
la
competencia exclusiva de la Sala Especializada en Asuntos
Contributivos y Delitos Económicos se circunscribe a las
materias
contempladas
en
exclusión
de
otra
cualquier
la
Ley
materia
Núm.
que
123-2016,
con
no
sido
haya
encomendada a dicho foro por la Asamblea Legislativa.
Raúl A. Candelario López
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Beta Electric Corporation
Recurrida
v.
CC-2025-0558
Municipio de Gurabo
Peticionario
La Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ emitió una Opinión disidente a
la que se unió el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2026.
Tenemos
ante
planteamientos
de
nuestra
Beta
Electric
consideración
los
Corporation
(Beta
Electric) quien, en su carácter de subcontratista de
la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), sostiene que
no procede la imposición de arbitrios de construcción
por las obras en el Municipio de Gurabo (Municipio).
En
particular,
aduce
que
la
exención
contributiva
reconocida a la AEE se extiende a sus subcontratistas.
Ahora
bien,
en
esta
etapa
de
los
procedimientos,
debemos determinar si el Tribunal de Apelaciones erró
al revocar la orden del foro primario de trasladar el
pleito a la Sala Especializada en Asuntos Contributivos
y Delitos Económicos (Sala Especializada). La mayoría
concluye que la Ley Núm. 123-2016 (2016 [Parte 2] Leyes
CC-2025-0558
2
de Puerto Rico 1414) tuvo la intención de centralizar todo tipo
de controversia contributiva en la Sala Especializada, por lo
que revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones y confirma
la
orden
de
traslado
del
foro
primario.
Respetuosamente,
difiero del proceder mayoritario.
De entrada, no podemos pasar por alto el momento y las
circunstancias procesales en las cuales el Municipio solicitó
el traslado del pleito. La Regla 3.6 de Procedimiento Civil,
32 LPRA Ap. V, provee un término de treinta (30) días a partir
de la fecha de la notificación de la demanda y el emplazamiento
para que la parte demandada que desee impugnar la falta de
competencia de una sala solicite el traslado del pleito a la
sala correspondiente. Este término procura promover la certeza
procesal y así evitar que la parte demandada permanezca en
silencio y, posteriormente, pretenda alterar el foro en el que
se ha atendido el caso.
Surge del expediente que el 5 de octubre de 2024 Beta
Electric presentó la Demanda de epígrafe y el 18 de diciembre
de 2024 diligenció el emplazamiento. Meses después, ante la
incomparecencia
del
Municipio,
el
Tribunal
de
Primera
Instancia pautó el juicio en rebeldía para el 1 de mayo de
2025. Fue entonces cuando el Municipio, estando en rebeldía,
solicitó la paralización de los procedimientos y el traslado
del pleito a la Sala Especializada. Este tracto procesal
demuestra
que
el
Municipio
conocía
la
naturaleza
de
la
reclamación desde sus inicios y, aun así, presentó su solicitud
de manera tardía. Por ello, en ausencia de una circunstancia
excepcional
que
justifique
apartarse
de
la
Regla
3.6
de
CC-2025-0558
3
Procedimiento Civil, supra, no procede trasladar el pleito,
máxime
cuando
ello
premiaría
la
inacción
procesal
del
Municipio. Ahora bien, aun si se obviara esta deficiencia
procesal, el petitorio del Municipio tampoco procede como una
cuestión de derecho.
Considerando
que
el
Derecho
Contributivo
es
una
disciplina altamente técnica y compleja, la Ley Núm. 123-2016
creó
la
Sala
Especializada
a
los
fines
de
que
nuestros
tribunales “ejerzan su rol con el mayor nivel de conocimiento
y peritaje posible en controversias de materia contributiva”.
Exposición de Motivos de la Ley Núm. 123-2016 (2016 [Parte 2]
Leyes de Puerto Rico 1415). En esencia, procura la eficiencia
procesal y un mayor grado de peritaje en casos de materia
contributiva. Entre otras cosas, la Ley Núm. 123-2016 incluyó
un listado de leyes especiales al amparo de las cuales pudieran
surgir controversias contributivas que la Sala Especializada
atendería.1 En cumplimiento con este mandato legislativo, la
Orden Núm. OAJP-2016-009 del 28 de octubre de 2016 estableció
las
disposiciones
administrativas
necesarias
para
la
implementación de la referida Sala Especializada.
Asimismo, la Exposición de Motivos de la precitada ley
estatuye que el personal de la Sala Especializada poseerá un
conocimiento específico del tema, de modo que “prove[a] a
nuestro sistema judicial peritaje en el proceso de adjudicar
En el listado se incorporaron expresamente leyes tales como el Código de
Rentas Internas de Puerto Rico de 2011; la Ley de Contribución Municipal
sobre la Propiedad de 1991; el Código de Seguros de Puerto Rico; la Ley de
Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico; la Ley de
Desarrollo Turístico de Puerto Rico de 2010, y la Ley de Patentes
Municipales. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 123-2016 (2016 [Parte 2]
Leyes de Puerto Rico 1415-1416).
1
CC-2025-0558
4
controversias contributivas de alto nivel técnico”. (Negrilla
suplida). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 123-2016 (2016
[Parte
2]
Leyes
de
Puerto
Rico
1419).
En
este
caso,
la
controversia central estriba en determinar si -conforme al
texto, propósito y marco jurídico de la Ley de la Autoridad de
Energía Eléctrica de Puerto Rico, Ley Núm. 83 de 2 de mayo de
1941, 22 LPRA sec. 191 et seq.- la exención contributiva
reconocida a la AEE puede hacerse extensiva al subcontratista
que presta sus servicios en beneficio del ente municipal. En
ese sentido, la controversia se reduce a una cuestión de
interpretación estatutaria y, por consiguiente, de estricto
derecho. A mi juicio, no estamos ante un caso de materia
contributiva
compleja
que
requiriera
un
peritaje
o
conocimiento técnico especializado. La mera presencia de un
arbitrio de construcción en la controversia no es fundamento
suficiente para trasladar un pleito a la Sala Especializada
cuando su resolución no requiere conocimiento especializado.
Entre otras cosas, una mayoría de este Tribunal plantea
que el Código Municipal de Puerto Rico, Ley Núm. 107-2020, 21
LPRA sec. 7001 et seq. (Código Municipal) no estaba vigente
para la fecha en que se aprobó la Ley Núm. 123-2016, por lo
que
“era
imposible
que
la
legislatura
[lo]
incluyera
explícitamente [] en el listado de leyes especiales de las
cuales pudiera surgir una controversia contributiva sobre la
cual la Sala Especializada tuviera competencia exclusiva”.2 No
obstante, menciona que la Ley de Contribución Municipal sobre
2
Opinión mayoritaria, pág. 17.
CC-2025-0558
5
la Propiedad de 1991, Ley Núm. 83-1991, 21 LPRA ant. sec. 5001
et seq. y la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10
de julio de 1974, 21 LPRA ant. sec. 621 et seq., las cuales
autorizaban
contribuciones
a
favor
de
los
municipios,
se
incluyeron en el listado de la Ley Núm. 123-2016. Razona que,
al
derogarse
dichas
leyes
y
consolidarse
en
el
Código
Municipal, es evidente la intención legislativa de incluir ese
tipo controversias en el alcance la Sala Especializada.
Como es sabido, la Asamblea Legislativa puede delegar la
facultad de imponer contribuciones a los municipios mediante
mandato claro y expreso. Interior Developers v. Mun. de San
Juan, 177 DPR 693, 703 (2009). Así lo hizo en el pasado mediante
la ahora derogada Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico,
Ley Núm. 81-1991, 21 LPRA ant. sec. 4001 et seq. (Ley de
Municipios Autónomos). En específico, el Artículo 2.002 de esta
ley disponía lo siguiente:
Además de las que se dispongan en otras leyes, el municipio
podrá imponer y cobrar contribuciones o tributos por los
conceptos y en la forma que a continuación se establece:
[…]
(d) Imponer y cobrar contribuciones, derechos, licencias,
arbitrios de construcción y otros arbitrios e impuestos, tasas
y tarifas razonables dentro de los límites territoriales del
municipio, compatibles con el Código de Rentas Internas y las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico […] (Negrilla
suplida). 21 LPRA ant. sec. 4052.
Al
igual
que
aquellas
leyes
a
las
que
la
ponencia
mayoritaria hace referencia, la Asamblea Legislativa derogó la
Ley de Municipios Autónomos y la sustituyó por el Código
Municipal. En lo pertinente, el Artículo 2.109 del Código
Municipal, 21 LPRA sec. 7331, le reconoce a los municipios las
facultades para imponer y cobrar contribuciones o tributos,
CC-2025-0558
6
incluidos los arbitrios de construcción. En específico, y como
un calco del derogado Artículo 2.002 de la Ley de Municipios
Autónomos, supra, establece lo siguiente:
Además de las que se dispongan en otras leyes, el municipio
podrá imponer y cobrar contribuciones o tributos por los
conceptos y en la forma que a continuación se establece:
[…]
(c)
Contribuciones,
derechos,
licencias,
arbitrios
de
construcción y otros arbitrios e impuestos, tasas y tarifas
razonables dentro de los límites territoriales del municipio,
compatibles con el Código de Rentas Internas y las leyes del
Gobierno de Puerto Rico […]. (Negrilla suplida). (21 LPRA sec.
7331)
Si bien es cierto que la aprobación del Código Municipal
fue posterior a la Ley Núm. 123-2016, la mayoría pasa por alto
que la Ley de Municipios Autónomos estaba vigente al momento
en que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 123-2016. Es
decir, al momento en que se creó la Sala Especializada, los
arbitrios de construcción –materia de controversia en este
caso–
constituían
reconocida
y
circunstancias,
una
categoría
contributiva
regulada
plenamente
por
resulta
significativo
ley.
que
municipal
Ante
la
tales
Asamblea
Legislativa, al diseñar el foro especializado e identificar
expresamente legislación contributiva municipal, no incluyera
la
Ley
de
Municipios
Autónomos.
Esta
exclusión
no
debe
entenderse como una inadvertencia legislativa, sino como una
omisión significativa y concienzuda para determinar el alcance
de la Sala Especializada.
De otra parte, resulta meritorio señalar el análisis que
establecimos en Cobra Acquisitions, LLC v. Mun. Yabucoa et al.,
210 DPR 384 (2022), ante unos hechos análogos al de autos. En
aquella ocasión, indicamos que, en primer lugar, el Tribunal
CC-2025-0558
7
de Primera Instancia debe examinar la procedencia del reclamo
principal, esto es, si el municipio tiene la autoridad para
imponer
el
tributo
al
contratista.
De
responder
en
la
afirmativa y determinar que el contratista es considerado un
contribuyente
segundo
para
lugar,
fines
del
examinar
si
arbitrio,
se
correspondería,
agotaron
los
en
remedios
administrativos. Este orden resulta particularmente pertinente
al caso de epígrafe, pues el cuestionamiento de Beta Electric
se circunscribe a la autoridad del Municipio a imponer el
tributo. En ese sentido, la cuestión inicial que habrá de
resolver el foro primario es eminentemente jurídica, por lo
que no sería necesario el traslado que hoy avala la mayoría.
La
Sala
Especializada
no
se
creó
para
sustituir
al
Tribunal de Primera Instancia en toda controversia que tenga
consecuencias contributivas. Más bien, pretende proveer un
foro con el conocimiento y peritaje especializado para aquellas
instancias en las que la naturaleza de la controversia así lo
amerite. Precisamente porque la Sala Especializada se creó para
aprovechar
el
conocimiento
especializado,
trasladar
innecesariamente un pleito de estricto derecho produciría un
resultado contrario al propósito de eficiencia que inspiró el
mecanismo.
En suma, el mero hecho de que se invoque una disposición
de naturaleza contributiva no constituye, por sí solo, una
controversia
que
requiera
la
intervención
de
la
Sala
Especializada. Del expediente ante nuestra consideración se
desprende que la cuestión planteada es, eminentemente, una de
estricto derecho. En ausencia de una controversia que por su
CC-2025-0558
8
naturaleza requiera la intervención de la Sala Especializada,
resulta improcedente el traslado del pleito; por consiguiente,
hubiese confirmado la Sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Ante esto, disiento respetuosamente.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta