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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Gobierno Municipal de Mayagüez v. Montaz Mercado y otros

2026 TSPR 93

Poder Judicial de Puerto Rico

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Gobierno Municipal de Mayagüez v. Montaz Mercado y otros

AC-2025-0087

20 de agosto de 2026 · Hon. Roberto Feliberti Cintrón · Procedimiento Civil – No hace falta acreditar justa causa para fundamentar una solicitud de ejecución de sentencia en cobro de dinero transcurrido el término de cinco (5) años desde la determinación que puso fin al pleito, pero dentro del término prescriptivo de quince (15) años para la ejecución de sentencia cuando se le notificó de esto a las partes.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Ángel Luis Montaz Mercado

Recurrido

________________________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Maribel Santana Martínez

Recurrida

________________________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Mario Otero Rosario

Recurrido

________________________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

2026 TSPR 93

Peticionario

218 DPR ___

v.

David Vélez Castillo

Recurrido

________________________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Carmen N. Padilla Ayala

Recurrida

________________________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Félix Pérez Montañez

Recurrido

AC-2025-0087

2

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Overlinda Ramírez Caraballo

Recurrida

________________________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Tamaris Barbosa Rosado

Recurrida

________________________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Ramón Álvarez Rodríguez

Recurrido

Número del Caso:

Fecha:

AC-2025-0087

20 de agosto de 2026

Tribunal de Apelaciones:

Panel VI

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Eliezer Aldarondo Ortiz

Lcdo. Eliezer Aldarondo López

Lcda. Rosa Campos Silva

Lcdo. Simone Cataldi Malpica

Lcda. Diorangelis Santos Rivera

Lcda. Sofia V. Rico Maldonado

Representante legal de la parte recurrida:

Lcda. Fransheska M. Ruiz Feliciano

Materia: Procedimiento Civil – No hace falta acreditar justa causa

para fundamentar una solicitud de ejecución de sentencia en cobro

de dinero transcurrido el término de cinco (5) años desde la

determinación que puso fin al pleito, pero dentro del término

prescriptivo de quince (15) años para la ejecución de sentencia

cuando se le notificó de esto a las partes.

AC-2025-0087

3

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Ángel Luis Montaz Mercado

Recurrido

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Maribel Santana Martínez

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Mario Otero Rosario

Recurrido

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

David Vélez Castillo

Recurrido

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Carmen N. Padilla Ayala

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Félix Pérez Montañez

Recurrido

AC-2025-0087

Certiorari

AC-2025-0087

2

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Overlinda Ramírez Caraballo

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Tamaris Barbosa Rosado

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Ramón Álvarez Rodríguez

Recurrido

El Juez Asociado Señor Feliberti Cintrón emitió la Opinión

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2026.

Nos corresponde determinar si una parte está obligada a

acreditar

justa

causa

para

fundamentar

una

solicitud

de

ejecución de sentencia en cobro de dinero, cuyo carácter es

de naturaleza personal, transcurrido el término de cinco (5)

años

desde

la

determinación

que

puso

fin

al

pleito,

pero dentro del término prescriptivo de quince (15) años

aplicable a la acción de ejecución de sentencia en cobro de

dinero por una deuda personal cuando se le notificó de esto

a las partes y la sentencia aún no había sido satisfecha.

AC-2025-0087

3

Adelantamos

que,

bajo

ese

escenario,

un

tribunal

posee discreción para denegar dicha solicitud.

no

Por ello,

contestamos en la negativa la interrogante planteada.

A continuación, exponemos el trasfondo fáctico y procesal

que dio origen al presente caso.

I

Durante los años 2012 al 2014, el Gobierno Municipal de

Mayagüez (Municipio

de Mayagüez

o peticionario)

presentó

diversos procedimientos independientes contra los siguientes

demandados: el Sr. Ángel Luis Montaz Mercado (señor Montaz

Mercado); la Sra. Maribel Santana Martínez (señora Santana

Martínez), el Sr. Mario Otero Rosario (señor Otero Rosario);

el Sr. David Emilio Vélez Castillo (señor Vélez Castillo);

la Sra. Carmen

N.

el

Sr.

Pérez

la

Sra.

Félix

Overlinda

Padilla

Ayala

Montañez

Ramírez

(señora

(señor

Caraballo

Padilla

Pérez

Ayala);

Montañez);

(señora

Ramírez

Caraballo); la Sra. Tamaris Barbosa Rosado (señora Barbosa

Rosado); y, el Sr. Ramon Álvarez Rodríguez (señor Álvarez

Rodríguez)

1

(en

conjunto,

los

demandados

o

recurridos).1

Los números de casos asignados a las demandas presentadas por el

Gobierno Municipal de Mayagüez (Municipio de Mayagüez o peticionario)

sobre cobro de dinero tramitados al amparo de la Regla 60 de las Reglas

de Procedimiento Civil de 2009 (Reglas de Procedimiento Civil) son los

siguientes: Gobierno Municipal de Mayagüez v. Ángel Luis Montaz Mercado,

Caso Núm. IACI2012-00744; Gobierno Municipal de Mayagüez v. Maribel

Santana Martínez, Caso Núm. IACI2013-00823; Gobierno Municipal de

Mayagüez v. Mario Otero Rosario, Caso Núm. IACI2013-00824; Gobierno

Municipal de Mayagüez v. David Vélez Castillo, Caso Núm. IACI2012-00745;

Gobierno

Municipal

de

Mayagüez

v.

Carmen

N.

Padilla

Ayala,

Caso Núm. IACI2014-01215); Gobierno Municipal de Mayagüez v. Félix Pérez

Montañez, Caso Núm. IACI2013-00828; Gobierno Municipal de Mayagüez v.

Overlinda Ramírez Caraballo, Caso Núm. IACI201300822; Gobierno Municipal

de Mayagüez v. Tamaris Barbosa Rosado, Caso Núm. IACI2014-01367; y,

Gobierno

Municipal

de

Mayagüez

v.

Ramón

Álvarez

Rodríguez,

Caso Núm. IACI2014-01366.

AC-2025-0087

4

En esencia, el peticionario alegó que había otorgado un

préstamo comercial a cada uno de los demandados con cargo a

los fondos del programa de préstamos a microempresas del

Municipio de Mayagüez.

No obstante, el peticionario sostuvo

que éstos incumplieron con sus obligaciones y no realizaron

pago alguno. Por tal razón, el Municipio de Mayagüez solicitó

que se ordenara a los recurridos pagar la totalidad de las

sumas adeudadas, así como los intereses, según pactados.

Todos estos procedimientos fueron tramitados al amparo de la

Regla 60 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 (Reglas

de Procedimiento Civil), 32 LPRA Ap. V.

Así las cosas, tras anotársele la rebeldía a la señora

Santana Martínez y a la señora Ramírez Caraballo y, luego de

que

el

señor

Montaz

Mercado,

el

señor

Otero

Rosario,

el señor Vélez Castillo, la señora Padilla Ayala, el señor

Pérez Montañez, la señora Barbosa Rosado y el señor Álvarez

Rodríguez reconocieran adeudar las cantidades reclamadas por

el peticionario en sus demandas, el Tribunal de Primera

Instancia dictó nueve (9) sentencias entre los años 2012

al 2014, mediante las cuales declaró Ha Lugar la solicitud

del Municipio de Mayagüez y ordenó el pago de las sumas

reclamadas, más intereses, costas y honorarios de abogado.2

2

Precisa señalar que las Sentencias en cobro de dinero emitidas por

el Tribunal de Primera Instancia no obran en el expediente ante nos,

por tanto, tomamos conocimiento judicial de éstas: Sentencia del

27 de agosto de 2012 en el Caso Núm. IACI2012-00744, por la suma principal

de $5,000, más intereses post sentencia computados al 4.25%; Sentencia

del 29 de octubre de 2014 en el Caso Núm. IACI2013-00823, por la suma

principal de $5,225, más intereses post sentencia computados al 4.25%;

Sentencia del 13 de agosto de 2013 en el Caso Núm. IACI2013-00824, por la

suma principal de $5,225, más intereses post sentencia computados

al 4.25%; Sentencia del 19 de diciembre de 2012 en el Caso

AC-2025-0087

5

Once (11) años más tarde, el 14 de agosto de 2025,

el peticionario presentó ante el foro primario nueve (9)

mociones

intituladas

sentencia

—correspondientes

tramitados—.

compareció

Moción

solicitando

a

los

ejecución

distintos

de

casos

En dichas mociones, el Municipio de Mayagüez

con

nueva

representación

legal

y

solicitó

la

ejecución de las sentencias emitidas en cada uno de los casos,

conforme a la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, infra.

En lo pertinente, el peticionario indicó que, pese a las

gestiones de cobro de dinero realizadas para recobrar los

fondos

públicos,

determinadas

en

los

demandados

las

Sentencias,

adeudaban

más

correspondientes acumulados a la fecha.

las

los

sumas

intereses

Ante ello, y tras

haber transcurrido más de cinco (5) años desde que se emitió

cada una de las sentencias, el Municipio de Mayagüez solicitó

que

se

expidiera

un

nuevo

sentencia para cada caso.

mandamiento

de

ejecución

de

El peticionario acreditó que las

mociones fueron notificadas a las partes a su última dirección

conocida.

Núm. IACI2012-00745, por la suma principal de $4,688.68, más intereses

post sentencia computados al 4.25%, y una partida en concepto de costas

y honorarios de abogado; Sentencia del 26 de junio de 2015 en el

Caso Núm. IACI2014-01215, por la suma principal de $5,019.77, más

intereses post sentencia computados al 4.25%; Sentencia del 3 de abril

de 2014 en el Caso Núm. IACI2013-00828, por la suma principal de

$6,017.50;

Sentencia

del

16

de

agosto

de

2013

en

el

Caso

Núm. IACI201300822, por la suma principal de $7,314.21, más intereses

post sentencia computados al 4.25%, más la cantidad de $700 por concepto

de honorarios de abogado; Sentencia del 25 de agosto de 2014 en el Caso

Núm. IACI2014-01367, por la suma principal de $7,774.72, más intereses

post sentencia computados al 4.25%; y Sentencia del 25 de agosto de 2014

en el Caso Núm. IACI2014-01366, por la suma principal de $6,080.77,

más intereses post sentencia computados al 4.25%.

AC-2025-0087

6

El 22 de agosto de 2025, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Resolución por cada caso, cada una con el número

correspondiente

de

caso,

proveyendo

No

Ha

Lugar

a

las

solicitudes presentadas por el Municipio de Mayagüez.

Inconforme, el 25 de septiembre de 2025, el peticionario

presentó en cada uno de los casos una solicitud intitulada

Moción

de

reconsideración

sobre

“Moción

anunciando

representación legal” y “Moción solicitando ejecución de

sentencia”.

En síntesis, el Municipio de Mayagüez sostuvo

que el foro primario carecía de discreción para denegar su

moción para asumir representación legal cuando se cumplía con

los requisitos procesales y que, además, su petición de

ejecución

de

sentencia

En

a

este

cuanto

último

procedía

en

estricto

planteamiento,

el

derecho.

peticionario

argumentó que, por tratarse de la ejecución de una sentencia

en cobro de dinero de carácter personal, su solicitud estaba

sujeta al término prescriptivo de quince (15) años, conforme

al Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930

(Código Civil derogado), infra.3

Sin embargo, el 10 de septiembre de 2025, el Tribunal de

Primera

Instancia

declaró

No

Ha

Lugar

las

mociones

de

reconsideración presentadas por el Municipio de Mayagüez.

3

El Código Civil de Puerto Rico, Edición de 1930 (Código Civil

derogado) fue derogado por la Ley Núm. 5-2020, conocida como Código Civil

de Puerto Rico de 2020, el cual entró en vigor el 1 de junio de 2020.

No obstante, debido a que los hechos en este caso se desarrollaron a la

luz del Código Civil derogado, aplicaremos este cuerpo legal. Ello, pues

las disposiciones del nuevo Código Civil de Puerto Rico de 2020 no alteran

los derechos adquiridos durante la vigencia del Código Civil derogado.

Art. 1806 del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 11711.

AC-2025-0087

7

A raíz de ello, el 8 de octubre de 2025, el peticionario

acudió

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones

mediante

los

siguientes recursos de certiorari, a saber: TA2025CE00576,

TA2025CE00577, TA2025CE00578, TA2025CE00579, TA2025CE00580,

TA2025CE00581,

TA2025CE00582,

TA2025CE00583,

y

TA2025CE00584.

En síntesis, en cada uno de sus escritos el

Municipio

Mayagüez

de

sostuvo

que

el

Tribunal

de

Primera Instancia se excedió en su discreción al no conceder

la solicitud de sus abogados para asumir su representación

legal.

De otra parte, el peticionario reiteró que, debido a

que las sentencias en controversia fueron emitidas durante la

vigencia del Código Civil derogado, y por tratarse de una

acción de cobro de dinero personal, el término prescriptivo

aplicable para solicitar su ejecución era de quince (15) años.

A tales efectos, el Municipio de Mayagüez argumentó que,

al momento de evaluar su moción de ejecución de sentencia,

el foro primario debió considerar el término prescriptivo

correspondiente a la causa de acción aplicable al caso.

Asimismo, añadió que impedir la ejecución de las sentencias

antes mencionadas resultaría en un menoscabo de los fondos

públicos, los cuales debían ser restituidos.

Tras la consolidación de los recursos, el 22 de octubre

de 2025, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia

mediante la cual revocó la determinación del Tribunal de

Primera Instancia respecto a no autorizar que los abogados

del Municipio de Mayagüez asumieran su representación legal.

No

obstante,

en

cuanto

a

la

solicitud

de

ejecución

de

AC-2025-0087

8

sentencia presentada por el peticionario, el Tribunal de

Apelaciones

determinó

que,

habiendo

transcurrido

más

de

cinco (5) años desde que las sentencias advinieron finales y

firmes, autorizar o denegar una solicitud al amparo de la

Regla 51.1 de Procedimiento Civil, infra, estaba dentro de la

discreción

del

foro

primario,

siempre

que

el

promovente

hubiera presentado la justa causa correspondiente para la

dilación.

Para sustentar su determinación, el foro apelativo

intermedio citó nuestra determinación en Banco Terr. y Agríc.

de PR v. Marcial, 44 DPR 129, 132 (1932), y al profesor Rafael

Hernández

Colón.

Así

pues,

el

Tribunal

de

Apelaciones

concluyó lo siguiente:

Conforme surge de la discusión que antecede,

la autorización para ejecutar la sentencia,

transcurridos cinco (5) años desde que la misma

advino final y firme, es discrecional del tribunal.

A su vez, como requisito para expedir tal

autorización, el promovente deberá justificar la

dilación en el procedimiento de ejecución, lo cual

no ocurrió en el caso de epígrafe.4

(Énfasis

suplido).

En consecuencia, el foro apelativo intermedio señaló que,

al

considerar

que

el

Municipio

de

Mayagüez

no

presentó

justificación alguna en cuanto a las razones por las cuales

la ejecución no se llevó a cabo dentro del plazo de cinco (5)

años, no intervendría con la determinación del Tribunal de

Primera Instancia.

No obstante, autorizó la representación

legal del Municipio de Mayagüez y, así modificada, confirmó

4

Sentencia del Tribunal de Apelaciones,

pág. 34.

Apéndice del certiorari,

AC-2025-0087

la

9

Resolución

emitida

el

22

de

agosto

de

2025

por

el

foro primario.

Inconforme, el 31 de octubre de 2025, el peticionario

presentó una solicitud de reconsideración.

Sin embargo,

el 3 de noviembre de 2025, el Tribunal de Apelaciones emitió

una Resolución mediante la cual proveyó No Ha Lugar a la

misma.

Insatisfecho aún con el dictamen, el 25 de noviembre

de 2025, el Municipio de Mayagüez presentó un recurso de

apelación ante este Tribunal, en el cual expuso el siguiente

señalamiento de error:

Erró el Tribunal de Apelaciones al requerir que la

parte promovente acreditara justa causa para

solicitar autorización para ejecutar una sentencia

transcurridos más de cinco (5) años desde que

advino final y firme, aun cuando dicha exigencia no

se desprende de la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil ni de su jurisprudencia interpretativa.

El 27 de febrero de 2026, acogimos el recurso como una

petición

de

certiorari,

y expedimos el mismo.

por

ser

el

recurso

apropiado,

Como parte del trámite procesal de

este recurso, el 25 de abril de 2026, el peticionario presentó

su alegato.

En esencia, el Municipio de Mayagüez reiteró

que, conforme a la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, infra,

el único requisito para ejecutar una sentencia en cobro de

dinero transcurrido cinco (5) años, es presentar una moción

a los fines de que el tribunal la autorizara y notificar a

todas las partes.

sentencia

en

cobro

Argumenta que, en casos de ejecución de

de

dinero

personal,

no

es

necesario

demostrar justa causa como requisito adicional, contrario a

AC-2025-0087

10

lo resuelto por el foro apelativo intermedio, pues el término

prescriptivo aplicable a la causa de acción es de quince (15)

años según el Art. 1864 del Código Civil derogado, infra.

Finalmente,

sostiene

que

el

foro

apelativo

intermedio

interpretó una norma errónea e inaplicable al caso y que el

análisis correcto requiere determinar si la sentencia sigue

siendo ejecutable dentro del término prescriptivo aplicable.

Por su parte, el 26 de mayo de 2026, el señor Montaz

Mercado presentó su alegato en oposición al recurso. En éste,

expuso que

el foro apelativo intermedio no

discreción

al

denegar

la

solicitud

abusó de

presentada

por

su

el

peticionario, toda vez que la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, infra, establece expresamente que las solicitudes de

ejecución

de

sentencia

tardías

“requiere[n]

autorización

judicial”, lo cual implica necesariamente un ejercicio de

discreción y la evaluación de las circunstancias particulares

de cada caso.5

Sostiene que nuestro ordenamiento jurídico no

respalda los planteamientos del Municipio de Mayagüez, pues

éstos menoscaban los principios de estabilidad y certeza

jurídica que rigen los procedimientos ante los tribunales.

Por

último,

sostiene

que

el

peticionario

no

demostró

circunstancias suficientes que justificaran su demora ante el

remedio solicitado.

Transcurrido el término correspondiente sin que los demás

recurridos presentaran su escrito en oposición, el 27 de mayo

5

Alegato en oposici[ó]n

certiorari, pág. 5.

al

recurso

de

apelaci[ó]n,

Apéndice

del

AC-2025-0087

de 2026,6

11

el caso quedó sometido en los méritos.

procedemos a exponer el derecho aplicable.

Siendo así,

Veamos.

II

A. El procedimiento de ejecución de sentencia

El

procedimiento

naturaleza,

es

un

de

ejecución

procedimiento

de

sentencia,

por

su

suplementario

que

da

continuidad al proceso judicial una vez se emite el fallo que

pone fin al litigio.

Money's People, Inc. v. López Llanos,

202 DPR 889, 909 (2019); Mun. de San Juan v. Prof. Research,

171 DPR 219, 247–248 (2007).

Se trata de la fase procesal

dirigida a hacer efectivo el cumplimiento de un dictamen final

y firme del tribunal.

supra, pág. 909.

Money's People, Inc. v. López Llanos,

Así pues, cuando no se presenta de manera

independiente al pleito original, esta gestión ejecutoria no

constituye

una

reclamación

judicial

nueva,

continuación del trámite previamente iniciado.

sino

la

Íd.

Al analizarse dentro del ámbito de las obligaciones,

la parte que obtiene una sentencia a su favor adquiere un

interés jurídico reconocido para asegurar su cumplimiento.

Pagán de Joglar v. Cruz Viera, 136 DPR 750, 757-758 (1994);

J. A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil,

6

Cabe resaltar que, conforme obra en el expediente, la Sra. Maribel

Santana Martínez (señora Santana Martínez), el Sr. Mario Otero Rosario

(señor Otero Rosario); el Sr. David Emilio Vélez Castillo (señor Vélez

Castillo); la Sra. Carmen N. Padilla Ayala (señora Padilla Ayala);

el Sr. Félix Pérez Montañez (señor Pérez Montañez); la Sra. Overlinda

Ramírez Caraballo (señora Ramírez Caraballo); la Sra. Tamaris Barbosa

Rosado (señora Barbosa Rosado); y, el Sr. Ramon Álvarez Rodríguez (señor

Álvarez Rodríguez) no comparecieron durante los procedimientos ante el

foro apelativo intermedio, así como tampoco presentaron sus alegatos en

oposición ante este Tribunal, a pesar de habérseles ordenado hacerlo el

27 de marzo de 2026.

AC-2025-0087

2da

ed.,

12

San

Juan,

Pubs.

JTS,

2011,

T.

IV,

pág.

1429.

De modo que, una vez la sentencia adquiere firmeza, si la

parte obligada incumple con lo dispuesto y la prestación

ordenada no ha sido satisfecha, resulta necesario acudir a su

ejecución forzosa. Money's People, Inc. v. López Llanos,

supra, pág. 908; Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra,

pág. 248; Pagán de Joglar v. Cruz Viera, supra, pág. 758.

Cónsono con lo anterior, la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, regula lo concerniente al procedimiento

para ejecutar una sentencia que adviene final y firme.7

BPPR

v.

SLG

Gómez-López,

213

DPR

314,

330

(2023).

En específico, establece lo siguiente:

La parte a cuyo favor se dicte sentencia,

podrá ejecutarla mediante el procedimiento fijado

en esta Regla 51, en cualquier tiempo dentro de

cinco (5) años de ser firme la misma. Expirado dicho

término, la sentencia podrá ejecutarse mediante

autorización del tribunal, a moción de parte y

previa notificación a todas las partes. Si después

de registrada la sentencia se suspende la ejecución

de la misma por una orden o sentencia del tribunal,

o por efecto de ley, el tiempo durante el cual ha

sido suspendida dicha ejecución deberá excluirse

del cómputo de los cinco (5) años durante los cuales

podrá expedirse el mandamiento de ejecución.

(Énfasis y subrayado suplido). Regla 51.1 de

Procedimiento Civil, supra.

Como podemos observar, la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, supra, hoy vigente, la cual es prácticamente idéntica

7

Conviene señalar que, al presente, el procedimiento de ejecución de

sentencia, además de regirse por la Regla 51 de las Reglas de

Procedimiento

Civil

de

2009

(Reglas

de

Procedimiento

Civil),

32 LPRA Ap. V, también se encuentra regulado por los Arts. 249 y 252 del

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico (Código de Enjuiciamiento

Civil), 32 LPRA secs. 1130 y 1133.

El Art. 249 del Código de

Enjuiciamiento Civil, supra, versa sobre aquellos bienes exentos de

ejecución, mientras que el Art. 252 del mismo cuerpo legal trata sobre

penalidades por omisión o destrucción de avisos de ventas judiciales.

AC-2025-0087

13

a la versión previamente derogada,8 dispone que la parte que

obtiene una sentencia a su favor puede hacerla efectiva en

cualquier momento dentro de los cinco (5) años de que ésta

advino final y ejecutable, sin necesidad de presentar una

moción

al

tribunal

ni

notificar

a

la

parte

contraria.

BPPR v. SLG Gómez-López, supra, pág. 330; Mun. de San Juan v.

Prof.

Research,

supra,

147 DPR 1, 7 (1998).

pág.

248; Igaravidez

v.

Ricci,

Es decir, dentro del plazo de cinco (5)

años de haberse dictado la sentencia, la parte prevaleciente

puede presentar su sentencia final y firme en la Secretaría

del

tribunal

y

obtener

un

sentencia a tales efectos.9

mandamiento

de

ejecución

de

Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, supra; Regla 65.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V.

Véase, además, Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange,

42 DPR 291, 300 (1931).

De forma que, solo cuando expira

el término de cinco (5) años de ésta ser firme, se requiere

autorización del tribunal para su ejecución, previa moción

y notificación a todas las partes.

Mun. de San Juan v. Prof.

8

La actual Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V,

corresponde básicamente a la Regla 51.1 de Procedimiento Civil para el

Tribunal General de Justicia, 1979, 32 LPRA ant. Ap. III (derogado), según

consta en el Informe de Reglas de Procedimiento Civil, marzo de 2008,

pág. 570. Además, cabe resaltar que la actual Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, supra, no fue objeto de modificaciones sustantivas y su enmienda

fue a los efectos de mejorar su redacción.

Íd.; J. Cuevas Segarra,

Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011,

T. IV, pág. 1426.

9

Véase, además, Komodidad Dist. v. S.L.G. Sanchez, Doe, 180 DPR 167,

172–174 (2010) (Sentencia).

Allí, en el marco de una solicitud de

ejecución de sentencia de cobro de dinero reconocimos que, aunque la

práctica usual es que se presenta una moción al tribunal para que éste,

a su vez, ordene al Secretario que expida el correspondiente mandamiento,

si la moción se presenta dentro de los cinco (5) años de haberse emitido

el dictamen, basta con que la parte prevaleciente presente copia de la

sentencia final y firme en la Secretaría del tribunal para que ésta expida

dicho mandamiento de ejecución.

AC-2025-0087

Research,

14

supra,

pág.

248;

Igaravidez

v.

Ricci,

supra,

pág. 7; Pagán de Joglar v. Cruz Viera, supra, esc. 11,

pág. 758.

En armonía con lo previamente expuesto, el propósito de

la notificación es garantizar que la parte afectada por la

sentencia, luego de haber transcurrido un tiempo considerable

desde que ésta advino final y firme, pueda presentar su

posición por escrito en caso de contar con alguna defensa.

Banco Terr. y Agríc. de PR v. Marcial, supra, pág. 132;10

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1431.

Véase, además, Figueroa

v. Banco de San Juan, 108 DPR 680, 690 (1979); Avilés Vega v.

Torres, 97 DPR 144, 149–150 (1969) (Per Curiam).

A su vez,

lo anterior le brinda al tribunal la oportunidad de, con base

en los hechos probados, evaluar si la situación jurídica

permanece inalterada, si la sentencia continúa insatisfecha

y si no existe alguna otra razón que impida su ejecución.

10

A modo ilustrativo, en Banco Terr. y Agríc. de PR v. Marcial,

44 DPR 129, 131 (1932), en el contexto de una causa de acción de desahucio

tramitada mediante un procedimiento sumario, evaluamos una solicitud de

ejecución de sentencia al amparo del derogado Art. 243 del Código de

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA ant. sec. 1125 (vigente al momento de los

hechos), la cual reconocía el derecho a la reivindicación de la posesión

de un inmueble. Dicha solicitud fue presentada por la parte prevaleciente

ocho (8) años después de que la sentencia advino final y firme.

Así pues, a la luz de las circunstancias particulares de ese caso,

concluimos que el promovente no expuso razón alguna que justificara su

inacción previa ni presentó fundamento que permitiera al tribunal ejercer

a su favor la discreción judicial para autorizar la ejecución tardía.

Banco Terr. y Agríc. de PR v. Marcial, supra, pág. 132. En consecuencia,

determinamos que el tribunal tenía discreción para conceder dicha

solicitud.

Íd.

En específico, concluimos que: “[a]parte de las

autoridades, nos parece manifiestamente prudente, por lo menos en casos

en que esté envuelto el título de propiedad inmueble, que la corte no

esté obligada a conceder la ejecución de la sentencia después del término

de cinco años, de lo contrario la sentencia se convierte en un gravamen

perpetuo por la mera negligencia del dueño de la misma al no ejecutarla”.

Íd., págs. 131-132. Véase, además, R. Hernández Colón, Práctica jurídica

de Puerto Rico, Derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Lexisnexis de

Puerto Rico, 2017, págs. 633–634.

AC-2025-0087

15

Íd.; Banco Terr. y Agríc. de PR v. Marcial, supra, pág. 132.

Finalmente, cuando se trata de la ejecución de una sentencia

en cobro de dinero, la Regla 51.2 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V, especifica que ésta se hará cumplir mediante

un mandamiento de ejecución, el cual será diligenciado por un

alguacil para ser entregado a la parte interesada.

BPPR v.

SLG Gómez-López, supra, págs. 330-331.

B. El término prescriptivo para

sentencia en cobro de dinero

La

prescripción

extintiva

es

la

ejecución

una

materia

de

una

sustantiva,

no procesal, que se rige por los principios del derecho civil.

Birriel Colón v. Econo y otro, 213 DPR 80, 94-95 (2023);

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 321 (2004).

Ésta constituye

una figura jurídica que extingue el derecho de una persona a

ejercer una causa de acción determinada y que se encuentra

estrechamente

vinculada

al

reivindicar.

Birriel

Colón

derecho

v.

Econo

que

se

intenta

y

otro,

supra,

págs. 94-95; Cacho González et al. v. Santarrosa et al.,

203 DPR 215, 228 (2019).

Asimismo, hemos expresado que su

propósito es sancionar la inercia y promover el ejercicio

oportuno de las acciones.

supra, pág. 95.

Birriel Colón v. Econo y otro,

Ello se debe a que nuestro ordenamiento

jurídico parte de la premisa de que las reclamaciones válidas

se ejercen oportunamente, por lo que una persona no debe estar

sujeta

a

la

incertidumbre

indefinida.

Íd.

Cónsono

con

lo

de

anterior,

una

es

reclamación

harto

conocido

de

forma

que

las

acciones prescriben por el mero transcurso del término fijado

AC-2025-0087

en ley.

sec.

16

Art. 1861 del Código Civil derogado, 31 LPRA ant.

5291;

Vera

v.

Dr.

Bravo,

supra,

págs.

321–322.

No obstante, hemos reconocido que dicho término puede ser

interrumpido mediante el ejercicio de la acción ante los

tribunales, la reclamación extrajudicial, y el reconocimiento

de la obligación por parte del deudor.

Art. 1873 del Código

Civil derogado, 31 LPRA ant. sec. 5303; Birriel Colón v. Econo

y otro, supra, pág. 96; Cacho González et al. v. Santarrosa

et al., supra, pág. 228.

Cuando se interrumpe el término

prescriptivo a través de la presentación de una demanda,

“[s]i el demandante triunfa, habrá obtenido un título nuevo,

la sentencia, y comenzará para él una nueva prescripción,

la de la ʽactio judicatiʼ, es decir, la de la acción dirigida

a

pedir

la

ejecución

de

la

sentencia”.

L.

Díez-Picazo,

La prescripción en el Código Civil, 1ra ed., Barcelona, Ed.

Bosh,

1964,

pág.

109.

Es

decir,

el

efecto

interruptor

propiamente “es el resultado de la sentencia judicial que,

al reconocer el derecho y dotarle de eficacia, crea para él,

un nuevo título, además de vigorizarlo”. (Énfasis suplido).

L. Díez-Picazo, La prescripción extintiva en el Código Civil

y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2da ed., Madrid,

Civitas, 2007, pág. 159.

En conformidad con esto, y de acuerdo con el Art. 1864

del Código Civil derogado, 31 LPRA ant. sec. 5294, en nuestro

ordenamiento jurídico las acciones personales que no cuentan

con término prescriptivo específico están sujetas a un plazo

prescriptivo

de

quince

(15)

años,

también

conocido

como

AC-2025-0087

17

“prescripción ordinaria”.

Xerox Corp. v. Gómez Rodríguez y

otros, 201 DPR 945, 952 (2019).

En particular, el artículo

citado dispone que “[l]a acción hipotecaria prescribe a los

veinte (20) años, y las [acciones] personales que no tengan

señalado

(15)”.

término

especial

(Énfasis

suplido).

de

prescripción,

Art.

1864

a

los

quince

Código

Civil

resuelto

que,

del

derogado, supra.

En

línea

con

lo

anterior,

hemos

en las acciones de cobro de dinero de carácter personal,

la parte a cuyo

favor se dictó

una sentencia

monetaria

conserva el derecho de solicitar su ejecución dentro del

término

prescriptivo

para

las

Mun.

San

Prof.

Research,

de

Juan

v.

acciones

ordinarias.11

supra,

pág.

247;

Pagán de Joglar v. Cruz Viera, supra, esc. 11, pág. 758;

Padilla v.

Vidal,

71

DPR 517, 526 (1950);

Rodríguez v.

Martínez, 68 DPR 450, 453–454 (1948); Valiente v. Buxó,

68 DPR 132, 135–136 (1948).

Ello se debe a que, una vez se

emite la sentencia que pone fin al procedimiento judicial de

cobro de dinero, la obligación original se extingue y, en su

lugar, surge una nueva y distinta obligación de carácter

11

Cabe destacar que en Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219,

237 (2007), en una etapa post sentencia de los procedimientos resolvimos

que, ante la ausencia de alguna disposición en la Ley de Patentes

Municipales respecto al procedimiento judicial para ejecutar una

sentencia basada en una estipulación en un pleito de cobro de patentes,

correspondía acudir al Código Civil y a las Reglas de Procedimiento Civil

en materia de ejecución de sentencias para determinar el periodo

prescriptivo de dicha obligación.

En consecuencia, determinamos que,

una vez el litigio de cobro de dinero concluyó mediante estipulación,

la obligación original quedó extinguida y surgió en su lugar una nueva

obligación de carácter personal, la cual era exigible dentro del término

prescriptivo de quince (15) años establecido en el Art. 1864 del

Código Civil derogado, 31 LPRA ant. sec. 5294. Íd., págs. 246-247.

AC-2025-0087

18

personal,12 la cual establece entre las partes una relación

acreedor

y

deudor

por

sentencia.

Mun.

de

San

Juan

v.

Prof. Research, supra, págs. 246-247; Pagán de Joglar v. Cruz

Viera, supra, pág. 757; Padilla v. Vidal, supra, pág. 526;

Rodríguez v. Martínez, supra, pág. 453.

En consecuencia,

conforme a lo dispuesto en el Art. 1864 del Código Civil

derogado, la parte a cuyo a favor se dictó una sentencia en

cobro

de

dinero,

cuenta

con

un

término

prescriptivo

de

quince (15) años para solicitar su ejecución y hacer exigible

la suma adeudada.

Mun. De San Juan v. Prof. Research, supra,

pág. 247; Padilla v. Vidal, supra, pág. 526.

Aunque la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, es de

carácter procesal, su alcance no puede examinarse de forma

aislada a los derechos sustantivos de las partes.

Sec.

Prof.

6

Const.

LPRA

Tomo

1;13

supra,

pág.

237.

PR,

Research,

Mun.

Art. V,

de

San

Juan

v.

Es

indispensable

interpretar el término de cinco (5) años que dispone dicha

12

Es preciso señalar que los derechos personales son aquellos que

atribuyen a su titular la facultad de dirigirse contra una persona y

reclamarle una acción u omisión.

Betancourt González v. Pastrana

Santiago, 200 DPR 169, 182 (2018). “Un derecho personal, por ejemplo,

sería el derecho del acreedor a reclamar una suma de dinero”. (Énfasis

suplido).

Íd., pág. 183 (citando a L. Díez-Picazo, Fundamentos del

Derecho Civil patrimonial, 6ta ed., Pamplona, Ed. Civitas, 2007, Vol. I,

pág. 75).

13

Resulta pertinente destacar que el Art. V, Sec. 6 de la Constitución

de Puerto Rico, LPRA Tomo 1, dispone lo siguiente:

El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de

evidencia y de procedimiento civil y criminal que no

menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las

partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea

Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y

regirán sesenta [(60)] días después de la terminación de dicha

sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la

cual

tendrá

facultad,

tanto

en

dicha

sesión

como

posteriormente, para enmendar, derogar o complementar

cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal

efecto. (Énfasis y subrayado suplido).

AC-2025-0087

19

regla en armonía con los plazos prescriptivos sustantivos

aplicables

a

la

obligación

correspondiente,

a

fin

de

determinar hasta cuándo el tribunal conserva autoridad para

autorizar la ejecución de una sentencia una vez expirado dicho

término.

Al

Íd.; Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1431.

respecto,

de

manera

ilustrativa,

el

tratadista

José A. Cuevas Segarra14 reseña lo siguiente:

Dentro de cinco (5) años de ser firme la sentencia,

podrá ser ésta ejecutada. Pasado dicho término,

sólo el tribunal podrá autorizar la ejecución,

luego de notificar y escuchar a las partes. No es

necesario que se celebre una vista. Es suficiente

con la razonable oportunidad a las partes para que

comparezcan por escrito.

Aunque esta disposición es de carácter procesal,

debemos tener en mente los términos prescritos para

el cumplimiento de las obligaciones para que

podamos determinar por cuánto tiempo el tribunal

retiene autoridad para permitir la ejecución de una

sentencia expirado el término de cinco años. Por

ejemplo, en el caso de las sentencias en cobro de

dinero, el término prescriptivo es de quince (15)

años.

Art.

1864

del

Código

Civil,

31 LPRA [ant. sec.] 5294. (Énfasis suplido y citas

omitidas). Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1431.

Así pues, cuando la reclamación monetaria ha sido reducida

a sentencia, el término prescriptivo de quince (15) años

comienza a transcurrir desde el momento en que la misma

adviene final y firme, pues es desde entonces que el acreedor

puede exigir su cumplimiento forzoso.

Art. 1871 del Código

Civil derogado, 31 LPRA ant. sec. 5301; Padilla v. Vidal,

supra, pág. 526; Rodríguez v. Martínez, supra, pág. 454;

Valiente v. Buxó, supra, págs. 135–136.

14

En consecuencia,

Cabe señalar que el Comité Asesor Permanente de las Reglas de

Procedimiento Civil vigentes estuvo integrado, entre otros, por el

tratadista José A. Cuevas Segarra.

AC-2025-0087

20

dicho término prescriptivo delimita el periodo dentro del

cual el tribunal conserva autoridad para ordenar la ejecución

de la sentencia.

Por tanto, mientras la acción no haya

prescrito, el foro judicial mantiene facultad para hacer

cumplir su dictamen.

Mun. de San Juan v. Prof. Research,

supra, pág. 247.

Como dato histórico, bajo el hoy derogado Art. 243 del

Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico (Código de

Enjuiciamiento Civil), 32 LPRA ant. sec. 1125, la ejecución

de una sentencia en cobro de dinero se encontraba expresamente

excluida del mecanismo de ejecución dentro del mismo pleito

una vez transcurrido el término inicial de cinco (5) años.15

Padilla v. Vidal, supra, pág. 526.

Sin embargo, con la

adopción

Procedimiento

de

las

nuevas

Reglas

de

Civil,

se eliminó toda discreción procesal, sin que dicha limitación

fuera incorporada en la actual Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, supra, pues la nueva regla no contiene (ni alude) a la

exclusión expresa de las acciones de cobro de dinero que

anteriormente

imponía

el

Enjuiciamiento Civil, supra.

15

Art.

243

del

Código

de

Véase, además, Informe de las

Por su parte, el Art. 243 del Código de Enjuiciamiento Civil,

32 LPRA ant. sec. 1125, disponía que “[e]n todos los casos, excepto para

cobro de dinero, podrá exigirse el cumplimiento de la sentencia o llevar

a cabo su ejecución, después de un término de cinco [(5)] años, a contar

desde la fecha en que hubiere sido registrada mediante autorización de la

corte a instancia de parte, o sentencia dada al efecto, en procedimientos

adicionales”. (Énfasis suplido). No obstante, el Art. 243 del Código de

Enjuiciamiento Civil fue derogado por las Reglas de Procedimiento Civil

de 1958 (derogadas), 32 LPRA Ap. II.

AC-2025-0087

Reglas

21

de

Procedimiento

Civil,

febrero

de

1996,

págs. 221-222.16

En

consecuencia,

conforme

al

ordenamiento

jurídico

aplicable, una sentencia en cobro de dinero puede ejecutarse

en el mismo pleito dentro de los primeros cinco (5) años desde

que la sentencia advino final e inapelable, sin intervención

judicial alguna.17

pág. 248.

Mun. de San Juan v. Prof. Research, supra,

Así pues, una vez expirado dicho término, la parte

podrá solicitar su ejecución mediante una moción presentada

al

tribunal,

previa

notificación

a

todas

las

partes,

dentro del término prescriptivo de quince (15) años.

Íd.,

págs. 248-249.

16

A modo de ilustración, en el Informe de las Reglas de Procedimiento

Civil, febrero de 1996, págs. 221-222, al comentar sobre el proyecto de

la Regla 51.1 de Procedimiento Civil de 1996 (el cual es sustancialmente

análogo a la regla vigente y corresponde a la Regla 51.1 de las Reglas de

Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia, 1979

(derogada)), se indicó lo siguiente en torno a la “autorización del

tribunal” para las mociones de ejecución de sentencia presentadas

transcurrido el término de cinco (5) años, a saber:

La frase "autorización del tribunal" que aparece en esta regla

no implica variante alguna en cuanto a la prescripción que

para ejecución de sentencia disponen los Arts. 1864 y 1871

del Código Civil, 31 LPRA [ant.] secs. 5294 y 5301. El lenguaje

utilizado en la regla no debe interpretarse como que el

tribunal habrá de considerar cuán diligente ha sido el

acreedor por sentencia en su cobro, puesto que el término de

prescripción de quince (15) años lo protege. La regla persigue

ofrecer al tribunal la oportunidad de determinar si la

situación jurídica no ha cambiado, y sólo para ello se

requiere la notificación al deudor por sentencia luego de

transcurridos cinco (5) años del dictamen.

Esta regla corresponde sustancialmente a la Regla 51.1 de

1979 y a la Regla 51.1 del Proyecto de Reglas de Procedimiento

Civil de 1994 y no tiene equivalente en las reglas federales.

Íd. (Énfasis suplido).

17

Cabe señalar que, como regla general, los procedimientos de ejecución

de sentencia se dilucidan en la misma sala sentenciadora. Igaravidez v.

Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998). Sin embargo, hemos reconocido, a modo de

excepción, el derecho a entablar una acción independiente de ejecución de

sentencia en cobro de dinero, cuyo carácter es personal, instada dentro

del término prescriptivo de quince (15) años. Mun. de San Juan v. Prof.

Research, supra, pág. 248; Padilla v. Vidal, 71 DPR 517, 526 (1950);

Rodríguez v. Martínez, 68 DPR 450, 453–454 (1948).

AC-2025-0087

22

C. La protección de los fondos públicos

En nuestro ordenamiento jurídico, existe una política

pública enmarcada en la Constitución de Puerto Rico para que

el

Estado

recobre

real

pertenecen al erario.

y

efectivamente

los

fondos

que

Art. VI, Sec. 9, Const. PR, LPRA

Tomo 1; E.L.A. v. Soto Santiago, 131 DPR 304, 324 (1992).

Cónsono con lo anterior, “[h]emos reiterado, además, que el

manejo prudente de fondos públicos está saturado de intereses

de orden público, sin que importe la cuantía involucrada”.

E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 643 (2005).

Cualquier suma,

por mínima que sea, reviste importancia cuando se trata de

los bienes o fondos pertenecientes a una comunidad municipal,

pues los intereses de dichas comunidades son, en esencia,

los del pueblo y los de sus contribuyentes.

razón,

Íd.

Por tal

su manejo y utilización exigen un alto grado de

diligencia, reflejado en las disposiciones legales que los

regulan.

Íd.

En virtud de lo anterior, hemos reconocido que el Gobierno

tiene la capacidad de incoar acciones para reclamar fondos

públicos que se adeuden, tanto estatales como municipales,

para lograr que se reviertan a su fuente de origen, ya sea a

las arcas del Gobierno central o de los gobiernos municipales.

Íd.,

a

págs.

643-644.

controversias

nuestro

proceder

Por

que

ha

sido

ello,

cuando

involucran

nos

enfrentamos

fondos

públicos,

consistentemente

adecuada protección y salvaguarda.

velar

por

su

Mun. de Quebradillas v.

Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1015 (2011).

Lo contrario

AC-2025-0087

23

“socavaría

la

intereses

y

la

política

dineros

prevaricación,

incumplimientoʼ”.

pública

del

el

de

pueblo

contra

favoritismo

(Énfasis

ʽprotección

y

el

los

suplido).

de

los

dispendio,

riesgos

Íd.,

pág.

del

1016

(citando a Cancel v. Municipio de San Juan, 101 DPR 296,

300 (1973)). Así, de no tomar acción al respecto, “estaríamos

dejando en manos privadas unos fondos públicos que no le

corresponden”.

Mun. de Quebradillas v. Corp. Salud Lares,

supra, pág. 1016.

III

El Municipio de Mayagüez sostiene que, conforme a la

Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, cuando se presenta

una

solicitud

de

ejecución

de

sentencia

transcurrido

el

término de cinco (5) años, nuestro ordenamiento jurídico

únicamente requiere que la parte promovente interponga una

moción en la que solicite autorización al tribunal y, a su

vez,

notifique

a

todas

las

partes.

Alega

que

el

foro

apelativo intermedio interpretó la controversia bajo una

norma legal incorrecta y que, contrario a lo resuelto por

Banco Terr. y Agríc. de PR v. Marcial, supra, pág. 131,

en el contexto de una acción de cobro de dinero personal no

es necesario acreditar, como requisito adicional, justa causa

para justificar la procedencia de una solicitud de ejecución

de sentencia en cobro de una suma adeudada.

Le asiste la

razón.

El peticionario añade que, al momento de ejecutar una

sentencia final y firme transcurrido más de cinco (5) años,

AC-2025-0087

el

24

tribunal

debe

considerar

si

dicha

sentencia

continúa

siendo ejecutable dentro del término prescriptivo aplicable

a la acción correspondiente.

En virtud de ello, señala que,

por tratarse este caso de la ejecución de sentencias en cobro

de dinero con carácter personal, según el Art. 1864 del Código

Civil derogado, supra, el Municipio de Mayagüez cuenta con un

término prescriptivo de quince (15) años para ejecutar los

dictámenes.

Por ello, afirma que cumplió con todos los

requisitos establecidos en la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, supra, por lo que los foros recurridos carecían de

discreción para denegar su solicitud.

También le asiste

la razón.

Por su parte, el señor Montaz Mercado plantea en su

escrito

en

oposición

que

los

foros

recurridos

actuaron

correctamente en su determinación, toda vez que la Regla 51.1

de Procedimiento Civil, infra, establece de manera inequívoca

que

las

solicitudes

tardías

de

ejecución

de

sentencia

requieren un análisis discrecional el cual debe considerar

las

circunstancias

particulares

de

cada

caso.

Si

bien

reconoce que las sentencias en cobro de dinero cuentan con un

término

prescriptivo

sustantivo,

argumenta

que

ello

no

elimina la facultad del tribunal para considerar factores de

equidad, diligencia y razonabilidad, especialmente ante la

ausencia

de

hechos

o

circunstancias

que

justifiquen

la

dilación en la presentación del remedio solicitado por el

Municipio de Mayagüez.

No le asiste la razón.

AC-2025-0087

25

Conforme al derecho previamente expuesto, la Regla 51.1

de Procedimiento Civil, supra, establece el procedimiento a

seguir

ante

una

solicitud

de

ejecución

de

sentencia.

Por su parte, dicha disposición establece que todo litigante

que obtenga una sentencia a su favor puede ejecutarla en

cualquier momento

dentro de los cinco (5) años de ésta

adquirir

sin

firmeza

la

intervención

del

tribunal.

Sin embargo, una vez transcurrido dicho término, la regla

requiere

que

la

parte

interesada

presente

ante

el

foro

primario una moción de ejecución de sentencia en la que

solicite autorización para ejecutarla, previa notificación a

todas las partes.

Cónsono con lo anterior, la jurisprudencia interpretativa

ha reconocido que la ejecución de una sentencia en cobro de

dinero constituye una nueva obligación de carácter personal

sin término particular, por lo que le aplica el término

prescriptivo de quince (15) años dispuesto en el Art. 1864

del Código Civil derogado, supra.

De manera que, tratándose

de la ejecución de una sentencia en cobro de dinero, el plazo

de

cinco

(5)

años

establecido

en

la

Regla

51.1

de

Procedimiento Civil, supra, debe interpretarse en armonía con

el término prescriptivo que rige esta causa de acción.

Así

pues,

en

el

caso

ante

nuestra

consideración,

como resultado de un procedimiento de cobro de dinero al

amparo

de

la

Regla

60

de

Procedimiento

Civil,

supra,

el Municipio de Mayagüez obtuvo nueve (9) sentencias a su

favor en las que se determinó que los recurridos adeudaban

AC-2025-0087

26

sumas líquidas y exigibles.

Dichas sentencias advinieron

finales y firmes entre los años 2012 y 2014.

Posteriormente, el 14 de agosto de 2025, el peticionario

compareció ante el Tribunal de Primera Instancia mediante una

Moción solicitando ejecución de sentencia en cada uno de los

casos previamente mencionados.

En esencia, el peticionario

solicitó

con

ejercer

su

derecho

base

a

las

sentencias

dictadas, y alegó que los recurridos no las habían satisfecho;

que había realizado gestiones de cobro sin éxito, y que las

sumas adeudadas estaban vencidas, líquidas y exigibles.

Como puede apreciarse, no cabe duda de que el Municipio

de Mayagüez presentó su solicitud de ejecución de sentencia

aproximadamente

once

(11)

años

más

tarde

desde

que

las

sentencias advinieron finales.

Sin embargo, conforme al

derecho

cuando

previamente

discutido,

se

trata

de

la

ejecución de una sentencia en cobro de dinero, lo único que

exige nuestro ordenamiento jurídico vigente para llevar a

cabo la ejecución de una sentencia monetaria transcurridos

los cinco (5) años desde que advino final y firme es que:

(1) la solicitud se presente dentro del término prescriptivo

de la causa de acción, y (2) se solicite autorización del

tribunal, previa notificación a todas las partes.

Como mencionamos anteriormente, en Banco Terr. y Agríc.

de PR v. Marcial, supra, pág. 131, en el contexto de una causa

de acción de desahucio tramitada mediante un procedimiento

sumario para recobrar la posesión de un inmueble, reconocimos

la facultad discrecional del tribunal para denegar una moción

AC-2025-0087

27

de ejecución cuando han transcurrido cinco (5) años desde que

la sentencia adquirió firmeza. No obstante, allí establecimos

que el alcance de dicha determinación quedó limitado al marco

fáctico particular de ese caso, el cual involucraba el título

de una propiedad inmueble.18

Recordemos

autorización

que

al

el

tribunal

Íd., pág. 132.

propósito

que

de

la

dispone

la

solicitud

Regla

51.1

de

de

Procedimiento Civil, supra, una vez transcurrido el término

de cinco (5) años es que, tras evaluar los hechos del caso

luego de emitido su dictamen, el tribunal se convenza de que

la

sentencia

impedimento

no

ha

alguno

sido

para

satisfecha

su

y

ejecución.

de

De

que

no

existe

igual

forma,

siendo este un caso de cobro de dinero resulta aplicable el

término de quince (15) años dispuesto en el Art. 1864 del

Código Civil derogado (vigente al momento de los hechos),19

el cual establece el plazo dentro del cual un acreedor por

18

En específico, en Banco Terr. y Agríc. de PR v. Marcial, supra,

págs. 131-132, concluimos lo siguiente:

Aparte de las autoridades, nos parece manifiestamente

prudente, por lo menos en casos en que esté envuelto el título

de propiedad inmueble, que la corte no esté obligada a

conceder la ejecución de la sentencia después del término de

cinco años; de lo contrario la sentencia se convierte en un

gravamen perpetuo por la mera negligencia del dueño de la

misma al no ejecutarla. Creemos, pues, que la disposición del

referido artículo 685, en el sentido de que la sentencia puede

ser ejecutada mediante autorización de la corte es permisiva

en cuanto a la facultad que se le da a la corte en pleitos

como el presente, y que el tribunal debe determinar en el

ejercicio de una sana discreción si la sentencia durmiente

debe ejecutarse. (Énfasis suplido). Íd.

19

Es de notar que bajo el Código Civil de 2020 la disposición análoga

para recobrar una acción personal sin término especial señalado se

encuentra, al presente, en el Art. 1203 del Código Civil de 2020, el cual

establece un término prescriptivo de cuatro (4) años. 31 LPRA sec. 9495.

No obstante, según adelantamos, las circunstancias ante nuestra

consideración se desarrollaron bajo la vigencia del Código Civil derogado.

Por tanto, constituye el estado de derecho aplicable a los hechos ante

nuestra consideración.

AC-2025-0087

sentencia

28

puede

ejercer

su

derecho

a

ejecutar

una

determinación en cobro de una deuda con carácter personal.

Es dicho término prescriptivo de quince (15) años el que

delimita el periodo durante el cual el tribunal conserva

autoridad

para

ordenar

la

ejecución

de

la

sentencia.

Así, una vez evaluado lo anterior, mientras la acción personal

no haya prescrito, el Tribunal de Primera Instancia conserva

la facultad de hacer efectivo su dictamen y autorizar su

ejecución.

sentencia

De modo que, si la solicitud de ejecución de

se

presentó

dentro

del

término

prescriptivo

aplicable de quince (15) años, se le notificó de esto a las

partes y las sentencias aún no habían sido satisfechas,

el foro primario carecía de discreción para denegarla.

En el caso ante nuestra consideración, no hay controversia

en torno a que las sentencias emitidas en cada uno de los

casos, las cuales pusieron fin al litigio, concretaron una

obligación

legal

de

pago

de

carácter

personal,

cuyo cumplimiento adviene exigible dentro del término de

quince (15) años establecido en el Art. 1864 del Código Civil

derogado, supra.

Por lo tanto, a la luz de lo anterior,

el

Mayagüez

Municipio

quince

(15)

de

años

para

cuenta

ejecutar

con

las

un

término

sentencias

que

de

le

impusieron a los demandados la obligación de pagar las sumas

adeudadas y reclamadas.

Asimismo,

previa

moción,

el

peticionario

solicitó

la

autorización del Tribunal de Primera Instancia para ejecutar

los dictámenes finales y, a su vez, certificó haber notificado

AC-2025-0087

29

a los demandados a su dirección de récord.

Todo ello se hizo

dentro del término prescriptivo de quince (15) años para la

causa de acción vigente al momento de los hechos.

Además,

los recurridos no se opusieron a sus solicitudes de ejecución,

así

como

tampoco

reconocidas

en

obra

las

del

expediente

sentencias

hayan

que

sido

las

deudas

satisfechas.

Por consiguiente, ante este escenario, no resultaba necesario

acreditar

“justa

causa”

para

que

el

tribunal

hiciera

efectivos sus dictámenes, pues conservaba la autoridad para

hacer valer las sentencias.

En virtud de lo anterior, concluimos que el peticionario

presentó sus mociones de ejecución de sentencia dentro del

término prescriptivo aplicable a la causa de acción de cobro

personal

respecto

años

2012

Regla

51.1

y

2014,

de

a

las

y

sentencias

cumplió

Procedimiento

con

dictadas

las

Civil,

entre

exigencias

supra.

Por

de

los

la

tanto,

concluimos que el foro primario no tenía discreción para

denegar

las

solicitudes

del

Municipio

de

Mayagüez.

Tal conclusión se sostiene en derecho y cobra mayor relevancia

al tratarse de fondos del erario, respecto a los cuales hemos

reconocido

el

derecho

a

recobro

y

los

cuales,

además,

están cobijados de un alto interés público.20

20

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso el Municipio de

Mayagüez desembolsó un dinero público mediante un contrato de préstamo a

favor de cada uno de los aquí demandados, fondos que no cabe duda de que

el peticionario tiene pleno derecho a recobrar. Mun. de Quebradillas v.

Corp. Salud Lares, 180 DPR 1003, 1016 (2011).

AC-2025-0087

30

IV

Por

los

parcialmente

fundamentos

antes

la

emitida

Sentencia

expuestos,

por

el

se

revoca

Tribunal

de

Apelaciones el 22 de octubre de 2025, manteniéndose únicamente

la modificación para autorizar la representación legal del

Municipio de Mayagüez.

En consecuencia, se devuelven los

casos

epígrafe

al

continuación

de

consolidados

Instancia

para

la

de

Tribunal

los

de

Primera

procedimientos

conformidad con lo aquí resuelto.

Se dictará Sentencia en conformidad.

ROBERTO FELIBERTI CINTRÓN

Juez Asociado

en

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Ángel Luis Montaz Mercado

Recurrido

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Maribel Santana Martínez

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Mario Otero Rosario

Recurrido

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

David Vélez Castillo

Recurrido

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Carmen N. Padilla Ayala

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Félix Pérez Montañez

Recurrido

AC-2025-0087

Certiorari

AC-2025-0087

32

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Overlinda Ramírez Caraballo

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Tamaris Barbosa Rosado

Recurrida

_______________________________

Gobierno Municipal de Mayagüez

Peticionario

v.

Ramón Álvarez Rodríguez

Recurrido

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que antecede,

la cual se hace formar parte íntegra de la presente Sentencia,

se revoca parcialmente la Sentencia emitida el 22 de octubre

de 2025 por el Tribunal de Apelaciones, manteniéndose únicamente

la modificación para autorizar la representación legal del

Municipio de Mayagüez. En consecuencia, se devuelven los casos

consolidados de epígrafe al Tribunal de Primera Instancia para

la continuación de los procedimientos, en conformidad con lo

resuelto en la Opinión.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal

Supremo Interina.

El Juez Asociado señor Candelario López emite

una Opinión de conformidad en parte y disidente en parte.

Bettina Zeno González

Secretaria del Tribunal Supremo Interina

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

Ángel Luis Montaz Mercado

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

Maribel Santana Martínez

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

Mario Otero Rosario

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

David Vélez Castillo

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

AC-2025-0087

Certiorari

AC-2025-0087

2

Carmen N. Padilla Ayala

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

Félix Pérez Montañez

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

Overlinda Ramírez Caraballo

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

Tamaris Barbosa Rosado

Recurrido

Gobierno Municipal de

Mayagüez

Peticionario

v.

Ramón Álvarez Rodríguez

Recurrido

AC-2025-0087

3

Opinión de conformidad en parte y disidente en parte emitida

por el Juez Asociado SEÑOR CANDELARIO LÓPEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2026.

Estoy conforme, en principio, con el razonamiento bajo

el cual la mayoría establece que las acciones para ejecutar

las sentencias que obtuvo el peticionario desde hace más de

una década no están prescritas y, además, con su conclusión

de que el tribunal sentenciador mantiene autoridad para

ejecutar una sentencia mientras la acción ordinaria no haya

prescrito.

Sin embargo, me veo obligado a distanciarme del curso

de acción que hoy se adopta, pues entiendo que no existen

bases razonables para concluir que un tribunal no tiene

discreción para denegar una moción de ejecución de sentencia

pasado el término de cinco años dentro del cual nuestro

ordenamiento le permite procurar la ejecución sin permiso

del tribunal. Amparado en premisas que debieron llevarle a

la conclusión opuesta, hoy se imparte un nivel de automatismo

a los procedimientos de ejecución de sentencia a mi juicio

incompatible

con

los

objetivos

de

la

Regla

51.1

de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51.1.

Dejando de lado la diligencia y prontitud que debe

mostrar un acreedor al hacer valer su sentencia a través de

los

procedimientos

ordenamiento,

hoy

de

una

ejecución

mayoría

de

provistos

este

por

nuestro

Tribunal

estima

razonable conceder hasta quince años para que un acreedor

que claramente se durmió sobre sus laureles cobre su deuda

AC-2025-0087

4

sin explicar las razones para su inercia. En el camino, lo

libera

de

probar

--no

meramente

alegar--

que

las

circunstancias bajo las que se emitió su sentencia no han

cambiado, que su deuda permanece impagada y que no existen

razones que impidan la ejecución.

Tras analizar con detenimiento los autos, no puedo

adoptar el razonamiento de la mayoría, especialmente al

considerar

su

aparente

incompatibilidad

con

las

disposiciones del Código Civil de 2020, 31 LPRA sec. 5311 et

seq., las cuales obligan al acreedor que interese ejecutar

su sentencia pasado el referido término de cinco años, a

exponer, como condición sine qua non, lo que el peticionario

con tanta vehemencia aquí objetó: la justa causa que tuvo

para no solicitar antes la ejecución de su sentencia y las

gestiones

extrajudiciales

realizadas

para

cobrar

su

acreencia. Estamos, en suma, ante una norma que considero

innecesaria.

Por

las

razones

que

conforme

en

parte

disiento

y

expongo

en

a

continuación,

estoy

parte

de

la

Opinión

cuidadosamente

el

expediente,

mayoritaria.

I

Luego

de

examinar

entiendo que, desde su perspectiva, la mayoría expuso en su

Opinión lo que entiende es un resumen adecuado del trasfondo

fáctico

y

procesal

presente

en

el

recurso

ante

nuestra

consideración. Aun así, en aras de exponer mi postura en un

contexto adecuado, considero necesario ofrecer una relación

de hechos más completa, que nos permita identificar de manera

AC-2025-0087

5

precisa qué hizo el peticionario --y más importante, qué no- en su intento por revivir y ejecutar su sentencia, y por

qué

no

debimos

validar

tan

liberalmente

una

década

de

inacción en el ejercicio de su derecho a ejecutarla.

Como relata la Opinión mayoritaria, entre el 28 de mayo

de 2012 y el 27 de mayo de 2014, el Municipio Autónomo de

Mayagüez (Municipio) presentó sendas demandas en cobro de

dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32

LPRA

Ap.

recuperar

V,

R.

60,

dinero

contra

otorgado

las

en

partes

concepto

recurridas,

de

para

préstamos

y

donativos que estos no repagaron. En cada una de estas alegó

haber

otorgado

los

referidos

incentivos

con

fondos

provenientes de su programa de préstamos para el desarrollo

de

microempresas,

pero

los

recurridos

incumplieron

los

términos de estos contratos y no realizaron ninguno de los

pagos pactados. Alegó, además, haber realizado gestiones de

cobro

que

resultaron

infructuosas,

por

lo

cual

declaró

vencidas estas obligaciones y reclamó, en cada una de las

acciones instadas, el pago de las cantidades desembolsadas a

cada parte recurrida, más intereses al 10% y honorarios de

abogado.

Atendidas

estas

demandas,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia concedió los remedios solicitados por el Municipio.

Siguiendo el orden de los casos establecido en el epígrafe

de este recurso, surge de los expedientes del foro apelativo

que el 27 de agosto de 2012 el foro primario emitió sentencia

contra

el

condenándolo

recurrido

Sr.

Ángel

Luis

Montaz

a

$5,000

en

concepto

de

pagar

Mercado,

principal

e

AC-2025-0087

6

intereses reclamados. Asimismo, el 29 de octubre de 2014

emitió

sentencia

en

rebeldía

contra

de

la

Sra.

Maribel

Santana Martínez por la cantidad de $5,225 en principal e

interés adeudado. Por otro lado, el 13 de agosto de 2013

condenó al Sr. Mario Otero Rosario a pagar $5,225, también

en

concepto

de

principal

e

interés,

y

concedió

el

desistimiento de la acción en cuanto a otros codemandados.

De igual modo, el 19 de diciembre de 2012 emitió sentencia

contra el Sr. David Emilio Vélez Castillo por $4,688.68, más

$50 en concepto de costas y $300 en honorarios de abogado.

Además, el 16 de junio de 2015, sentenció a favor del

Municipio contra la Sra. Carmen N. Padilla Ayala por la

cantidad de $5,019.77. El 3 de abril de 2014 emitió sentencia

contra el Sr. Félix Pérez Montañés, ordenándole a pagar

$6,017.50, mientras que el 16 de agosto de 2013 emitió

sentencia

en

rebeldía

contra

la

Sra.

Overlinda

Ramírez

Caraballo por $7,000 en principal, $314.21 en intereses hasta

entonces acumulados y $700 en honorarios de abogado. A su

vez, el 25 de agosto de 2015 ordenó a la Sra. Tamaris Barbosa

Rosado a pagar $7,774.72 en principal e intereses adeudados.

Finalmente, el 25 de agosto de 2014 condenó al Sr. Ramón

Álvarez Rodríguez a satisfacer la cantidad principal de

$6,000 más $80.77 en intereses.

Excepto por la señora Santana Martínez y la señora

Ramírez Caraballo, quienes no comparecieron a sus respectivas

vistas en su fondo y, por tanto, les fue anotada su rebeldía,

todos los demandados comparecieron por derecho propio y

admitieron las deudas reclamadas. No surge de los expedientes

AC-2025-0087

7

apelativos evidencia del diligenciamiento o la notificación

de la citación a vista a las recurridas contra quienes se

anotó

rebeldía.

Tampoco

surge

que

el

Municipio

hubiese

solicitado ejecutar su sentencia en cinco de los nueve casos

ante

nuestra

consideración,

por

lo

que

no

existen

mandamientos de ejecución. Por otro lado, el expediente

refleja --y, como veremos, el Municipio admite abiertamente- que los mandamientos que solicitó y que el tribunal expidió

en los restantes cuatro casos nunca fueron diligenciados,

sin que el Municipio diera seguimiento alguno.1

Así las cosas, el 14 de agosto de 2025 --esto es, a más

de una década de que el tribunal dictara las referidas

sentencias-- el Municipio presentó en los nueve casos objeto

del presente recurso escritos intitulados Moción solicitando

ejecución de sentencia. En estos reclamó que “a pesar de los

esfuerzos

por

parte

del

Municipio

para

que

[la

parte

demandada] cumpla con el pago de lo adeudado, los mismos han

sido infructuosos”. Sin más, solicitó del foro sentenciador

que ordenara la ejecución de estas sentencias, “ya que su

obtención

redunda

en

el

mejor

interés

público

para

el

Municipio y sus ciudadanos”. No informó ni acreditó en qué

consistieron

sus

esfuerzos

de

cobro,

por

qué

no

fueron

exitosos, ni las razones por las que no solicitó la ejecución

con anterioridad. Por el contrario, atribuyó responsabilidad

Surge del expediente judicial que el Municipio solicitó la expedición

de mandamientos de ejecución en los casos IACI201200744, IACI201300822,

IACI201401367 e IACI201401366, instados contra el señor Montaz Mercado,

la señora Ramírez Caraballo, la señora Barbosa Rosado y el señor Álvarez

Rodríguez.

1

AC-2025-0087

8

al alguacil del tribunal por la falta de diligenciamiento de

los mandamientos expedidos, omitiendo explicar, sin embargo,

por qué nunca dio seguimiento a los procesos que instó.

Tampoco adveró su reclamo de que la deuda aún no había sido

satisfecha mediante declaración jurada o documentos que así

lo acreditaran. Meramente alegó en sus mociones que la deuda

aún no había sido satisfecha.

Ante la absoluta ausencia de explicaciones que moviesen

su discreción, el foro de instancia denegó de plano la

ejecución de las sentencias emitidas.2 En atención a ello,

el Municipio presentó Moción de reconsideración sobre “Moción

anunciando

representación

legal”

y

“Moción

solicitando

ejecución de sentencia”. En lo pertinente, señaló que al

amparo de la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap.

V, R. 51.1, luego de haber transcurrido el periodo de cinco

años allí dispuesto para ejecutar la sentencia sin permiso

del tribunal, “procede [la] ejecución únicamente con la

autorización del tribunal, notificación a todas las partes y

orden del tribunal para ejecutar la sentencia”. Puesto que

“[a] tenor con dicha regla, el Municipio solicitó permiso al

Tribunal, notificó a las partes y aseguró que la cuantía

[...] no ha sido satisfecha”, su moción cumplió --según el

Municipio-- los requisitos aplicables y procedía conceder el

remedio solicitado.

Véanse resoluciones de 22 de agosto de 2025, notificadas todas el 28

de agosto de 2025. En estas, el tribunal declara “No Ha Lugar en ambas

mociones”, en referencia a las mociones de ejecución de sentencia y a

las mociones para que se aceptara nueva representación legal.

2

AC-2025-0087

9

En apoyo a su exposición, el Municipio aseveró que, ante

una controversia similar, el Tribunal de Apelaciones revocó

al foro de instancia en PR Recovery v. Paraíso Infantil,

Inc., KLCE202400775, 2024 PR Ap. LEXIS 2133, 2024 WL 4369247,

y permitió la ejecución de una sentencia a más de cinco años

de

advenir

final

y

firme.

Según

el

Municipio,

el

foro

apelativo concluyó que la peticionaria cumplió en ese caso

con las exigencias de la Regla 51.1 de Procedimiento Civil

al presentar una moción de ejecución y notificarla a la parte

recurrida.

Sin

embargo,

no

describió

las

circunstancias

presentes en el caso que citó, ni comparó las múltiples

gestiones de cobro allí acreditadas por el acreedor con sus

propias gestiones en este caso.

El

10

de

septiembre

de

2025,

notificada

el

15

de

septiembre de 2025, el foro de instancia declaró No Ha Lugar,

de plano, las mociones de reconsideración presentadas por el

Municipio.

Inconforme con esta determinación, el 9 de octubre de

2025 el Municipio presentó sendas peticiones de certiorari

ante el Tribunal de Apelaciones para revisar las sentencias

emitidas en los nueve casos. En cada uno de sus recursos

señaló errores idénticos, esto es, que el foro de instancia

abusó de su discreción al denegar de plano tanto su moción

para

asumir

representación

legal

como

su

solicitud

de

ejecución de sentencia.3 En esencia, reiteró su teoría de que

En términos específicos, en sus recursos ante el foro revisor señaló

la comisión de los siguientes errores por el foro sentenciador:

3

AC-2025-0087

cumplió

con

Procedimiento

10

los

requisitos

Civil,

que

supra,

exige

pues

la

Regla

solicitó

51.1

permiso

de

del

tribunal para ejecutar las sentencias, notificó sus mociones

a las partes y “aseguró” al foro que las cuantías reclamadas

no han sido satisfechas. Asimismo, insistió en lo que, en su

apreciación, fue resuelto en PR Recovery v. Paraíso Infantil,

Inc., supra, en cuanto a los requisitos que exige la citada

regla y su supuesto cumplimiento con los “únicos” requisitos

de

solicitar

autorización

al

tribunal

y

notificar

su

petitorio a las partes.

Además de reiterar ante el foro revisor sus argumentos

ante el foro sentenciador, el Municipio arguye por primera

vez ante el Tribunal de Apelaciones que no expedir sus

recursos constituiría un fracaso de la justicia, pues sus

acciones

“están

cimentadas

en

que

el

Municipio

pueda

recuperar los fondos públicos que fueron destinados a la

parte

demandada

y

que,

a

raíz

de

su

incumplimiento

contractual, se han visto perdidos”. Sin embargo, no discute

qué efecto tuvo su inacción en esta supuesta pérdida. Además,

aduce que las partes demandadas “han ignorado cumplir con lo

dispuesto” en las sentencias en cuestión, por lo que es

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar

la Moción de asumir representación legal en la etapa postsentencia.

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar

la solicitud de permiso para ejecutar la sentencia pasado el

término de cinco (5) años.

El Honorable Tribunal de Primera Instancia abusó de su

discreción al denegar de plano las mociones post-sentencia

presentadas por el Municipio.

Véase Apéndice del recurso, pág. 43.

AC-2025-0087

11

indispensable

permitir

menoscabo

las

en

la

arcas

ejecución

y

así

evitar

“un

municipales”

que

“[afectará]

directamente la utilización de fondos públicos”.

No obstante, tal y como ante el foro de instancia, el

Municipio

omitió

relatar

al

foro

intermedio

las

circunstancias presentes en Recovery v. Paraíso Infantil,

Inc., supra, y las gestiones allí acreditadas por el acreedor

para cobrar su deuda, y compararlas con las que él realizó

en este caso.

Luego de que el Tribunal de Apelaciones ordenara la

consolidación

de

los

nueve

recursos

presentados

por

el

Municipio, modificó las sentencias emitidas por el foro de

instancia a los efectos de autorizar la representación legal

del Municipio. Sin embargo, mantuvo vigente la denegatoria

de la moción de ejecución de sentencia. Al así hacerlo,

razonó que autorizar o no la ejecución de una sentencia

pasado el término de cinco años que dispone la Regla 51.1 de

Procedimiento Civil, supra, es discrecional y depende de la

justificación que presente el promovente para establecer por

qué no se llevó a cabo dentro del plazo de cinco años.

Como reconoce la mayoría en su Opinión, el Tribunal de

Apelaciones citó al tratadista Rafael Hernández Colón, así

como nuestros pronunciamientos en Banco Terr. y Agríc. de

P.R. v. Marcial, 44 DPR 129, 132 (1932), en el sentido de

que el promovente de una moción de este tipo “tiene que

acreditar, con hechos, que la sentencia no ha sido satisfecha

y,

además,

que

no

existe

razón

ejecución”. (Negrillas suplidas).

alguna

que

impida

su

AC-2025-0087

12

Al aplicar estos principios, el foro intermedio destacó

que el Municipio no justificó las razones por las que no

había solicitado la ejecución de cinco de sus sentencias a

pesar de haberse expedido mandamiento a esos efectos. Señaló,

además,

que

en

justificación

los

restantes

alguna

para

cuatro

la

casos

dilación.

no

presentó

Resumió

su

razonamiento como sigue:

Recordemos que, nos encontramos ante sentencias

que advinieron finales y firmes entre los años 2012

a 2015. Transcurridos más de cinco (5) años desde

que la sentencia advino final y firme, autorizar o

denegar una solicitud al amparo de la Regla 51.1

de Procedimiento Civil, supra, recae sobre la sana

discreción del foro de instancia. Al tomar en

consideración que el Municipio no presentó las

razones por las cuales la ejecución no se llevó a

cabo dentro del plazo de cinco (5) años, no

intervendremos con la discreción del TPI.4

De esta forma, el Tribunal de Apelaciones modificó los

dictámenes recurridos en cuanto a la denegatoria a autorizar

la

representación

legal

del

Municipio

únicamente,

pero

mantuvo incólume la determinación del foro sentenciador en

cuanto a la ejecución de la sentencia.

El 31 de octubre de 2025, el Municipio solicitó la

reconsideración

de

esta

determinación,

por

entender

que

“ninguna ley, regla o jurisprudencia del Tribunal Supremo de

Puerto Rico” requiere acreditar justa causa para la dilación

como requisito para que se autorice la ejecución de una

sentencia al amparo de la Regla 51.1 de Procedimiento Civil,

supra. Insistió en que, bajo estas circunstancias, solo es

necesario: (1) solicitar la autorización del tribunal y (2)

4

Véase Apéndice del recurso, pág. 35.

AC-2025-0087

13

notificar la moción a las partes. Según el Municipio, esta

sentencia crea un tercer requisito que no forma parte de

nuestro ordenamiento.

El 3 de noviembre de 2025, el foro intermedio rechazó

reconsiderar su dictamen.

Así las cosas, el 25 de noviembre de 2025 el Municipio

compareció ante nos señalando la comisión del siguiente error

por el Tribunal de Apelaciones:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL REQUERIR QUE LA

PARTE PROMOVENTE ACREDITARA JUSTA CAUSA PARA

SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR UNA SENTENCIA

TRANSCURRIDOS MAS DE CINCO (5) AÑOS DESDE QUE

ADVINO FINAL Y FIRME, AUN CUANDO DICHA EXIGENCIA

NO SE DESPRENDE DE LA REGLA 51.1 DE PROCEDIMIENTO

CIVIL NI DE SU JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA.

Tanto

en

su

escrito

como

en

su

eventual

alegato

presentado luego de que acogiéramos su recurso, reitera una

vez más su postura de que cumplió con los requisitos que

impone la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, esto es,

autorización por el tribunal previa moción a esos efectos y

notificación a las partes. En cuanto a las fuentes en que el

foro apelativo basó su determinación, reclama en su alegato,

en primer término, que “imponer” un nuevo requisito procesal

a base de la opinión de un tratadista contravendría los

Artículos 2 y 6 del Código Civil de 2020. A su vez, destaca

que Banco Terr. y Agríc. de P.R. v. Marcial, supra, fue

resuelto en 1932 bajo el Código de Enjuiciamiento Civil

derogado en 1958, y, además, se trataba de la ejecución de

un título de propiedad inmueble, no de un cobro de dinero,

por lo que el foro intermedio lo interpretó en un contexto

incorrecto.

AC-2025-0087

14

No obstante, lo anterior, nuevamente omitió discutir su

inacción en el cobro de sus acreencias, y las razones por

las que no dio seguimiento a los mandamientos de ejecución

expedidos. Tampoco ofreció justificación alguna para no haber

solicitado antes la ejecución.

El 26 de mayo de 2026, la parte recurrida presentó su

alegato

en

oposición

a

este

recurso.

A

grandes

rasgos,

plantea que el foro de instancia no abusó de su discreción

al denegar las solicitudes de ejecución presentadas por el

peticionario,

pues,

en

su

apreciación,

la

autorización

judicial que requiere la Regla 51.1 de Procedimiento Civil,

supra, implica un ejercicio de discreción ante los hechos

particulares

de

cada

caso.

Ante

ello,

reitera

que

la

peticionaria no ofreció justificaciones para solicitar la

ejecución en esta etapa, por lo cual el tribunal estaba

facultado para denegarlas.

II

El trasfondo procesal reseñado denota claramente la

creencia del Municipio de que la autorización judicial a la

que se refiere la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra,

para permitir la ejecución de una sentencia expirado el

término de cinco años desde que advino firme opera de forma

automática. Enfrentado a su incuestionable dejadez en el

ejercicio de su derecho a ejecutar las sentencias ganadas,

el peticionario optó por no ofrecer siquiera un atisbo de

justificación para su inacción. En su lugar, descansa en su

reclamo de que cumplió los requisitos aplicables al amparo

de esta regla, pues formuló su petición mediante moción que

AC-2025-0087

15

notificó a las partes en cada caso. Entiende, por lo tanto,

que el tribunal no tenía discreción para denegar su moción

de ejecución en esta etapa, en abstracción total de la

existencia o no de justificación para la dilación.

Así lo creen también mis compañeros y compañeras que

hoy conforman una mayoría de este Tribunal. Como expone la

Opinión, es el criterio mayoritario que, cuando se trata de

la

ejecución

de

sentencias

en

cobro

de

dinero,

nuestro

ordenamiento solo exige: (1) que la solicitud se presente

dentro

del

término

prescriptivo

de

la

causa

de

acción

ordinaria, y (2) que se solicite autorización del tribunal,

previa notificación a todas las partes. Cumplidos estos dos

requisitos,

descartan

sentenciadores

tengan

por

completo

discreción

alguna

que

los

foros

para

denegar

la

solicitud de ejecución. En consecuencia, no es necesario

exponer

justa

causa

para

la

dilación

en

el

proceso

de

ejecución de sentencia.

Con el mayor de los respetos al criterio mayoritario,

aunque coincido en parte con algunas de sus premisas, no

comparto del todo su razonamiento y, por lo tanto, me veo

impedido de adoptar su conclusión.

De entrada, estoy de acuerdo con la mayoría en el

sentido de que, por su naturaleza, las acciones para ejecutar

las sentencias que obtuvo el Municipio desde hace más de una

década no están prescritas. Es norma reiterada que una vez

un demandante obtiene sentencia a su favor, se esfuma la

causa de acción originaria y surge entre las partes, ipso

facto, una nueva relación de acreedor y deudor por sentencia.

AC-2025-0087

16

Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, 246-247

(2007); Rodríguez v. Martínez, 68 DPR 450, 453 (1948). Como

resultado de esta llamada “mutación de causa”, la naciente

acción para exigir el cumplimiento de obligaciones declaradas

por sentencia comienza desde que esta queda firme. Art. 1871

del Código Civil de 1930 vigente al momento de los hechos,

31 LPRA ant. sec. 5301. En ausencia de disposición específica

que lo contradiga, el término prescriptivo para ejercitar

este tipo de acción es necesariamente de quince años, pues

se trata de una acción personal sin término especial de

prescripción señalado. Art. 1864 del Código Civil, 31 LPRA

ant. sec. 5294.

Asimismo,

luce

plausible

su

análisis

en

cuanto

al

periodo de tiempo durante el cual un tribunal sentenciador

mantiene su autoridad para permitir la ejecución siguiendo

los

procedimientos

provistos

por

la

Regla

51.1

de

Procedimiento Civil, supra. Ciertamente, aunque como norma

general las sentencias se ejecutan en la sala sentenciadora,

Igaravidez v. Ricci, 147 DPR 1, 7 (1998), es igualmente

normativo que un acreedor por sentencia tiene dos vías para

hacerla valer: solicitar su ejecución dentro del mismo pleito

en que se dictó, al amparo de la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil,

supra,

o,

en

la

alternativa,

instar

una

acción

independiente para ejecutarla. Mun. de San Juan v. Prof.

Research, supra, pág. 248, citando a Quiñones v. Jiménez

Conde, 117 DPR 1, 8 (1986); Padilla v. Vidal, 71 DPR 517,

525 (1950), citando a Tettamanzi et al. v. Zeno, 24 DPR 775

(1917) y Candal v. Pierluisi et al., 28 DPR 606 (1920).

AC-2025-0087

17

En rigor, el término prescriptivo a que hace referencia

el Art. 1864 del Código Civil, supra, aplica solo al inicio

de acciones personales sin término especial de prescripción

señalado. Técnicamente, no puede aplicar a los procedimientos

de ejecución solicitados dentro del mismo pleito al amparo

de la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, pues estos

son, por su naturaleza, procedimientos suplementarios que

constituyen una prolongación o apéndice del proceso que dio

lugar a la sentencia, no acciones independientes. Negrón v.

Srio. de Justicia, 154 DPR 79 (2001); Igaravidez v. Ricci,

supra.

Se

trata,

en

esencia,

de

actividades

procesales

efectuadas luego del pronunciamiento judicial medular, para

acomodar la realidad exterior al mandato del tribunal. Negrón

v. Srio. de Justicia, supra, pág. 90.

En otras palabras, la Regla 51.1 rige los procedimientos

suplementarios de ejecución como resultado de una acción, no

los elementos sustantivos de la acción como tal. Por lo

tanto, las mociones de ejecución al amparo de esta regla no

pueden

estar

sujetas

directamente

al

referido

término

quincenal que disponía el Código Civil entonces vigente.

Dicho

esto,

al

menos

en

principio,

luce

razonable

considerar el término de prescripción dispuesto para el

cumplimiento de esta obligación declarada por sentencia -como vimos, 15 años-- al determinar por cuánto tiempo retiene

el tribunal su autoridad para permitir la ejecución. Véase

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed.,

San Juan Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1431. Poco sentido

tendría permitir la ejecución de una sentencia a través de

AC-2025-0087

18

un mecanismo suplementario de carácter procesal habiendo

prescrito

el

derecho

sustantivo

correspondiente

a

la

obligación declarada por sentencia.

III

Siendo así, estoy conforme y me parece adecuado que el

análisis de esta controversia parta de la premisa de que la

obligación

declarada

por

sentencia

en

cobro

de

dinero

prescribe a los quince años. Con las reservas que expondré

más

adelante,

compartimos

el

criterio

de

que

el

foro

sentenciador puede permitir la ejecución de una sentencia

mientras la acción no haya prescrito.

Ahora bien, no puedo estar de acuerdo con la conclusión

a la que llega la mayoría a partir de estas premisas. En

específico,

difiero

de

su

apreciación

de

que,

como

el

tribunal sentenciador conserva la facultad de autorizar la

ejecución mientras la acción personal no haya prescrito, si

la solicitud de ejecución se presenta dentro del término

prescriptivo de quince años, se notifica a las partes y las

sentencias aún no han sido satisfechas, el foro sentenciador

no tiene discreción para denegarla.

Con el mayor respeto al criterio de la mayoría, esta

conclusión constituye un non sequitur. El hecho de que un

tribunal tenga autoridad para permitir la ejecución de una

sentencia

durante

quince

años

no

implica

que

no

puede

denegarla antes. Lo único que puede derivarse de esta premisa

es que, transcurridos esos quince años, pierde esa autoridad.

No antes.

AC-2025-0087

19

Establecido lo anterior, la posición de la mayoría

adscribe

al

foro

sentenciador

una

autoridad

puramente

ministerial en cuanto a la ejecución de sentencias. Bajo este

escenario su rol se limitaría a verificar si el acreedor

solicitó la ejecución de su sentencia y si notificó su moción

a las partes a su última dirección conocida.5

A

mi

juicio,

nuestro

ordenamiento

no

apoya

tal

conclusión. En lo pertinente, la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil, supra, dispone lo siguiente:

La parte a cuyo favor se dicte sentencia podrá

ejecutarla mediante el procedimiento fijado en

esta Regla 51, en cualquier tiempo dentro de cinco

(5) años de ésta ser firme. Expirado dicho término,

la sentencia podrá ejecutarse mediante una

autorización del tribunal, a moción de parte y

previa notificación a todas las partes. Si después

de registrada la sentencia se suspende su ejecución

por una orden o sentencia del tribunal, o por

efecto de ley, el tiempo durante el cual ha sido

suspendida dicha ejecución deberá excluirse del

cómputo de los cinco (5) años durante los cuales

podrá expedirse el mandamiento de ejecución.

(Negrillas suplidas).

Surgen de esta regla dos etapas que definen la autoridad

del tribunal en cuanto a la ejecución de una sentencia.

Durante la primera, el acreedor puede ejecutar su sentencia

en cualquier momento durante los primeros cinco años de

advenir firme, sin necesidad de permiso del tribunal. En este

caso no es necesario presentar y notificar una moción a estos

efectos. Basta con presentar su sentencia en la secretaría

del

tribunal

para

obtener

un

mandamiento

de

ejecución.

Komodidad Dist. v. SLG Sánchez, Doe, 180 DPR 167, 172-173

En este caso no surge del expediente que se haya verificado que la

dirección actual de los demandados, aquí recurridos, es la misma de hace

diez años, cuando se obtuvo la sentencia.

5

AC-2025-0087

20

(2010). Pasado este término, se activa una segunda etapa en

la cual solo puede ejecutarse la sentencia con autorización

judicial, a moción de parte, notificada a las demás partes

en el pleito. Íd., pág. 172.

La intención clara del legislador fue dotar al acreedor

de un derecho absoluto a ejecutar su sentencia durante un

periodo de cinco años desde que esta adviene final y firme.

En atención a ello, le exime del requisito de presentación y

notificación de una moción de ejecución, pues ello “tendría

el efecto de prevenir al deudor, dándole oportunidad para

esconder o transferir propiedades y frustrar así el propósito

del mandato de ejecución”. Avilés Vega v. Torres, supra, pág.

149.

En cuanto a la ejecución pasado el referido término de

cinco años, en Banco Terr. y Agríc. de P.R. v. Marcial,

supra,

expusimos

judicial

para

la

el

objetivo

ejecución

de

de

requerir

una

autorización

sentencia

en

estos

términos:

El propósito de la ley ... es que una parte que

tiene una sentencia y desea hacerla efectiva por

el procedimiento sumario de la corte, debe hacerlo

prontamente, y si se duerme sobre sus laureles por

cinco años, el tiempo y sus cambios arrojan ciertas

dudas sobre la sentencia, o por lo menos sobre el

derecho a una ejecución sumaria, y que dicha parte

no podrá obtener la ejecución a menos que la corte,

basada en hechos probados, esté convencida de que

la sentencia no ha sido satisfecha y de que no

existe otra razón que impida su ejecución.

(Negrillas suplidas). Íd., pág. 132.

Como se puede apreciar, nuestro ordenamiento procesal

siempre ha requerido del acreedor por sentencia que actúe

con diligencia en el ejercicio de su derecho de ejecución.

AC-2025-0087

De

lo

21

contrario,

existe

una

presunción

de

cambio

de

circunstancias que impide la ejecución sumaria, que solo

puede ser rebatida a base de hechos probados que convenzan

al

tribunal

sentenciador

de

que

procede

autorizar

la

ejecución. Como bien indica la Opinión, el propósito de la

solicitud de autorización es que, tras evaluar los hechos

del caso, el tribunal se convenza de que la sentencia no ha

sido satisfecha y de que no existe impedimento para su

ejecución. A mi juicio, esto solo se logra permitiéndole

requerir información que le ofrezca esa certeza.

El

presente

caso

ejemplifica

perfectamente

esa

necesidad. Durante la etapa de juicio, siete de los nueve

deudores comparecieron por derecho propio y admitieron las

deudas

reclamadas.

Municipio

no

Aun

solicitó

así,

la

ganadas

las

sentencias,

el

expedición

de

mandamientos

de

ejecución en la mitad de estos casos, y en la otra mitad no

se aseguró que se diligenciaran. A más de una década de

haberse dictado las referidas sentencias, no informó ni

acreditó

cualesquiera

esfuerzos

de

cobro

que

hubiese

realizado, si alguno, ni las razones por las que no solicitó

la ejecución antes. No ofreció prueba fehaciente de gestiones

para corroborar la ubicación de sus deudores. Meramente

“aseguró” que sus acreencias no habían sido satisfechas.

Es esta la principal razón de mi disenso. Como vimos,

nuestro ordenamiento requiere que los tribunales se cercioren

de que no existen circunstancias que impidan su autorización

para ejecutar la sentencia a base de hechos probados, no de

alegaciones

escuetas.

El

automatismo

que

la

Opinión

AC-2025-0087

22

mayoritaria imprime a la Regla 51.1 de Procedimiento Civil,

supra, no fomenta el cumplimiento de esta obligación por el

foro primario. Todo lo contrario. Los trámites y esfuerzos

para cobrar una sentencia son gestiones que el tribunal debe

revisar para asegurarse de que la sentencia no ha sido

satisfecha total o parcialmente. Retirar la discreción del

tribunal al examinar una solicitud de ejecución presentada a

más de cinco años de advenir final y firme una sentencia

fomenta la dejadez del acreedor. En efecto, convierte la

función judicial en una eminentemente clerical, quedando

totalmente desprovisto de facultad discrecional alguna para

actuar, independientemente de las justificaciones --o falta

de ellas-- para una demora que podría alcanzar hasta quince

años. De paso, convierten estas sentencias en gravámenes

perpetuos por la mera negligencia del acreedor.

Esa no pudo haber sido la intención legislativa al

requerir autorización judicial para ejecutar una sentencia

tras un largo periodo de inacción y abandono del derecho a

ejecutarla. Las alegaciones no son prueba. ¿Qué valor puede

tener pautar, por un lado, que el tribunal debe quedar

convencido,

mediante

hechos

probados,

de

que

la

circunstancias bajo las cuales emitió una sentencia no han

cambiado en diez años, que las deudas no han sido satisfechas

y que no existen circunstancias que impidan la ejecución de

su sentencia, si a renglón seguido eximimos al acreedor de

presentar esa prueba?

AC-2025-0087

23

IV

La

Opinión

mayoritaria

falla

en

explicar

las

contradicciones señaladas, lo cual era, a mi juicio, de

especial importancia dado que la obligación del acreedor de

justificar su inacción es casi centenaria. Véase Banco Terr.

y Agríc. de P.R. v. Marcial, supra. De paso, era pertinente

considerar de manera más profunda el trasfondo histórico de

la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra, a la luz de las

disposiciones legales que le sirvieron de antecedente. A

continuación, expongo ese trasfondo.

Como vimos, el texto de nuestra actual Regla 51.1 de

Procedimiento Civil, supra, permite a un acreedor ejecutar

su sentencia sin permiso del tribunal dentro de los primeros

cinco años de advenir final y firme. Pasado este término, su

letra

requiere

la

ejecución

mediante

autorización

del

tribunal, solicitada por moción que debe ser notificada a

las

partes

en

el

pleito.

Como

establece

la

Opinión

mayoritaria, esta versión de la regla corresponde a la Regla

51.1 de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R.

51.1, a su vez equivalente a la Regla 51.1 de Procedimiento

Civil de 1958, 32 LPRA Ap. II, R. 51.1, con modificaciones

mínimas para mejorar su claridad.

Establecido lo anterior, es un hecho reconocido que la

Regla 51.1 de Procedimiento Civil proviene de los artículos

239 y 242 del Código de Enjuiciamiento Civil.6 Por un lado,

Véase Anteproyecto de Reglas de Enjuiciamiento Civil para el Tribunal

General de Justicia (1954), págs. 120-121. Disponible al 13 de agosto de

2026 en

6

AC-2025-0087

24

el citado Art. 239 leía como sigue: “[l]a parte a cuyo favor

se hubiere dictado sentencia, podrá en cualquier tiempo,

dentro de los cinco años después de registrada, obtener una

orden de ejecución para su cumplimiento”. 31 LPRA sec. 1121

(ed. 1933). Por su parte, el Art. 243, 31 LPRA sec. 1125 (ed.

1933), disponía lo siguiente:

En todos los casos, excepto para cobro de dinero,

podrá exigirse el cumplimiento de la sentencia o

llevar a cabo su ejecución, después de un término

de cinco años, a contar desde la fecha en que

hubiere sido registrada mediante autorización de la

corte a instancia de parte, o sentencia dada al

efecto, en procedimientos adicionales. (Negrillas

suplidas).

No

es

difícil

identificar

las

similitudes

--y

la

diferencia-- entre la Regla 51.1 de Procedimiento Civil,

supra, y los Arts. 239 y 243 del Código de Enjuiciamiento

Civil, supra. El Art. 239 permitía entonces --como la Regla

51.1 ahora-- ejecutar toda sentencia sin permiso del tribunal

durante

los

primeros

cinco

años.

Aunque

con

la

notable

excepción de sentencias en cobro de dinero, el Art. 243

permitía la ejecución luego de ese término inicial, con

autorización judicial a instancias de parte. Es de notar que

ambos artículos mantuvieron intacta su redacción desde que

fueron adoptados de California en 1895 hasta que entraron en

vigor las Reglas de Procedimiento Civil de 1958.

A pesar de su innegable paralelismo, la Regla 51.1 de

Procedimiento

Civil,

supra,

no

adoptó

la

exclusión

de

sentencias en cobro de dinero que disponía el Art. 243 del

https://poderjudicial.pr/tribunal-supremo/secretariado-de-laconferencia-judicial-y-notarial/borrador-del-proyecto-de-reglas-deenjuiciamiento-civil-1954/.

AC-2025-0087

25

Código de Enjuiciamiento Civil, supra. Como resultado, desde

entonces el mecanismo de ejecución dispuesto en la regla

comenzó a aplicar a toda sentencia, incluso aquellas dictadas

en cobro de dinero.

Aun así, este hecho no obliga a concluir, como sostiene

la mayoría, que como la Regla 51.1 “no contiene (ni alude)”

a la exclusión antes provista por el Art. 243, se “eliminó

toda discreción procesal”.

En Padilla v. Vidal, supra, expusimos el desarrollo

histórico de esta legislación de la siguiente forma:

Antes de 8 de abril de 1861 en California podía

exigirse de acuerdo con la ley, el cumplimiento de

una sentencia en cualquier tiempo dentro de los

cinco años después de dictada. Una vez expirado

ese término también podía lograrse la ejecución

mediante moción dirigida a la corte. Entre el 8 de

abril de 1861 y el 2 de abril de 1866 sólo podía

obtenerse una orden de ejecución dentro de los

cinco años inmediatamente siguientes a la fecha en

que se dictó la sentencia. Sin embargo, desde el 2

de abril de 1866 hasta el 9 de marzo de 1895 el

cumplimiento o la ejecución de una sentencia podía

exigirse allí en todo caso, excepto en acciones en

cobro de dinero, después de expirado el término de

cinco años, mediante orden de la corte. En esa

forma rigió el artículo 685 del Código de

Enjuiciamiento Civil de California hasta que en la

última fecha indicada (9 de marzo de 1895) se

enmendó ese artículo para que leyera en la forma

que reza actualmente, a saber: (Traducción

nuestra.)

“En todos los casos podrá exigirse el cumplimiento

de la sentencia o llevar a cabo su ejecución

después de un término de cinco años, a contar desde

la fecha en que hubiere sido registrada, mediante

autorización de la corte, a instancia de parte, o

a virtud de sentencia dictada con tal fin, fundada

en procedimientos suplementarios; pero nada de lo

contenido en este artículo se interpretará en el

sentido de revivir una sentencia en cobro de dinero

que estuviere prescrita al momento de aprobarse la

presente ley”.

AC-2025-0087

26

Así pues, como el artículo 243 --que es el

fundamental a ser interpretado en la cuestión que

nos ocupa-- es una adaptación verbatim del artículo

685 del Código de Enjuiciamiento Civil de

California que rigió en dicho estado desde el 2 de

abril de 1866 hasta el 9 de marzo de 1895, nuestro

deber primordial es averiguar qué interpretación

se dió allí a dicho artículo. (Negrillas suplidas).

Íd., pág. 520-521.

Como

explicamos

en

esa

ocasión,

la

exclusión

de

sentencias en cobro de dinero provista por el Art. 243 de

nuestro Código de Enjuiciamiento Civil se debió a que, en

lugar de adoptar el Art. 685 del Código de Enjuiciamiento

Civil

de

California

según

enmendado

para

eliminarla,

incorporamos su versión anterior, que sí la contenía. Por lo

tanto,

a

diferencia

de

la

versión

adoptada

en

nuestra

jurisdicción, el Art. 685 del Código de Enjuiciamiento Civil

de

California

sentencia

así

fuera

enmendado

del

permitía

término

ejecutar

inicial

de

cualquier

cinco

años,

independientemente de la naturaleza del pleito.

Este hecho es significativo, pues el comentario oficial

a la Regla 51.1 contenida en el Anteproyecto de Reglas de

Enjuiciamiento Civil para el Tribunal General de Justicia de

1954 --que pasó a formar parte de las Reglas de Procedimiento

Civil en 1958, sin cambios-- establece la relación directa

entre

la

regla

propuesta

y

el

Art.

685

del

Código

californiano. En lo pertinente, el comentario establece, en

primer término, que “[e]sta regla cubre lo dispuesto en los

arts. 239 y 243 del [Código de Enjuiciamiento Civil], del

último de los cuales omite aquella disposición con relación

a la excepción en casos sobre cobro de dinero”. Sin embargo,

a renglón seguido aclara lo siguiente: “[n]uestro art. 243

AC-2025-0087

27

es igual al 685 del Cód. de Enj. Civil de California, pero

en este último no aparece la excepción en cuanto a los casos

de cobro de dinero”. (Negrillas suplidas).

A raíz de este comentario, debemos concluir que la Regla

51.1

de

Procedimiento

Civil

de

1958

y,

por

ende,

las

versiones de 1979 y 2009, adoptaron el esquema dispuesto en

el Art. 685 de California, según enmendado para eliminar la

exclusión de sentencias en cobro de dinero. Solo así puede

explicarse la mención expresa a esta enmienda como parte del

comentario.

En

consecuencia,

nuestro

deber

era

considerar

la

interpretación dada en esa jurisdicción al citado Art. 685,

pues, como se sabe, cuando un estatuto es adoptado de una

ley extranjera o de otra jurisdicción, debemos presumir que

se adopta con la interpretación que se le haya dado hasta

ese momento en la jurisdicción de donde procede. COSSEC v.

González López, 179 DPR 793, 811 (2010), citando a St. Paul

Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 121 DPR 761, 768-769

(1988); Padilla v. Vidal, supra.

En atención a lo anterior, como cuestión de umbral, el

Tribunal Supremo de California, en efecto, ha resuelto que

el Art. 685 aplica a toda sentencia. En Doehla v. Phillips,

151 Cal. 488 (1907), el Tribunal atendió una solicitud de

ejecución de una sentencia en cobro de dinero dictada el 30

de diciembre de 1891, que condenó al demandado al pago de

$581.25. El acreedor no hizo gestión alguna para ejecutar su

sentencia, y el 30 de diciembre de 1896 pasó el término de

cinco años que tenía para ejecutarla. Al discutir el alcance

AC-2025-0087

28

de la enmienda al Art. 685 que eliminó la exclusión de casos

sobre cobro de dinero, el Tribunal explicó que su único

efecto fue extender la aplicación de este artículo a todo

tipo de caso, incluyendo aquellos sobre cobro de dinero.

De igual modo, en Weldon v. Rogers, 151 Cal. 432 (1907),

un acreedor obtuvo sentencia el 2 de abril de 1891 --casi

cuatro años antes de la enmienda al Art. 685--, contra la

cual no actuó hasta el 10 de abril de 1905, cuando se solicitó

la

ejecución.

El

deudor

objetó

la

solicitud

bajo

el

fundamento de que la sentencia en su contra antecedía la

fecha de la enmienda al Art. 685 y, por lo tanto, no podía

ser aplicada retroactivamente. El Tribunal aclaró que la

sentencia en cuestión operaba con pleno vigor al momento en

que se enmendó el Art. 685 porque no habían transcurrido

cinco años desde que fue emitida. En consecuencia, concluyó

que la enmienda aplicaba a sentencias emitidas antes esta de

entrar en vigor, siempre que no se hubiese ya cumplido el

periodo de cinco años desde que advino final.7 En otras

palabras, concluyó que la enmienda no podía revivir una

sentencia ya durmiente, pero que aplicaba a sentencias que

aún estuviesen dentro del plazo inicial de cinco años.

Por otro lado, en Weldon v. Rogers, 159 Cal. 700 (1911),

una de varias secuelas del caso anterior, el deudor impugnó

una

segunda

orden

de

ejecución

bajo

la

teoría

de

que

constituía un abuso de discreción permitirla. Al confirmar

En esencia, la enmienda aplicó retroactivamente a toda sentencia emitida

hasta cinco años antes de su entrada en vigor el 9 de marzo de 1895. Así

también resolvió el Tribunal en Doehla v. Phillips, supra.

7

AC-2025-0087

al

foro

29

inferior,

el

conceder

más

impidiera

Tribunal

de

una

rechazó

orden

que

de

el

Art.

685

ejecución.

Así,

explicó que la discreción concedida al amparo del Art. 685

era sumamente amplia, y que “pueden existir muchos asuntos

posteriores a la sentencia que muevan la discreción del

tribunal a conceder o denegar una orden [de ejecución]”.

(Negrillas suplidas). Indicó, a modo de ejemplo, que la

incuria del acreedor, o su intención manifiesta de causar

molestias al deudor podrían constituir causa para denegar la

ejecución.

Asimismo,

procedimientos

frívolos

y

sin

fundamento por el deudor con la intención de retrasar la

ejecución

podrían

inducir

petición.8

Concluyó,

en

al

tribunal

suma,

que

a

conceder

ninguna

de

la

estas

circunstancias constituiría un abuso de discreción por el

foro

sentenciador

al

conceder

o

denegar

una

moción

de

ejecución.

Estas determinaciones despejan cualquier duda en cuanto

a la discreción de los tribunales de California para atender

peticiones de ejecución transcurrido el término inicial de

8

Textualmente, el Tribunal expuso lo siguiente:

“But we think there may be many matters arising after

judgment which might properly appeal to the court's

discretion in granting or refusing the order. Such things,

for example, as the petitioner's laches, or his manifest

intention to annoy the judgment debtor by execution upon a

judgment which had been satisfied to within a few cents of

the whole amount involved, might properly cause a denial of

the motion by the court; while conduct by the judgment

debtor, such as frivolous and ill-founded proceedings, taken

for the manifest purpose of delaying the judgment creditor

in the enforcement of his rights, might well influence the

court in permitting the execution of the dormant judgment.

No abuse of discretion by the court appears from the record

before us”. Íd., pág. 466.

AC-2025-0087

30

cinco años para ejecutarla. Conforme lo resuelto, la enmienda

que eliminó la exclusión de casos de cobro del Art. 685 del

Código de California no restó discreción a los tribunales

para

conceder

o

rechazar

solicitudes

de

ejecución

de

sentencias en cobro de dinero. Por el contrario, creó una

norma de aplicación uniforme para atender estas peticiones,

en la cual el tribunal sentenciador goza de amplia discreción

no solo para concederla, sino para rechazarla. A mi modo de

ver, estos pronunciamientos debieron servirnos de guía para

determinar que, en este caso, el foro inferior no solo cuenta

con discreción para hacerlo, sino que actuó dentro de su

facultad discrecional al denegar las tardías mociones de

ejecución

en

cada

uno

de

los

casos

ante

nuestra

consideración.

V

Al margen de los criterios ya esbozados, la utilidad de

la norma hoy pautada luce cuestionable, tomando en cuenta

los efectos que tendrán sobre esta las disposiciones del

Código Civil vigente. Me explico.

Según discutido, el criterio mayoritario es que un

tribunal sentenciador retiene autoridad para permitir la

ejecución de una sentencia mientras no haya prescrito la

acción ordinaria. Como vimos, al momento de estos hechos la

acción

para

ejecutar

una

sentencia

en

cobro

de

dinero

prescribía a los quince años, por tratarse de una acción

personal sin término de prescripción especialmente señalado.

Durante igual término el tribunal mantendría su autoridad

para permitir la ejecución de la sentencia. Como corolario,

AC-2025-0087

31

se elimina toda discreción del tribunal para denegar la

moción de ejecución, y se libera al acreedor de ofrecer justa

causa para su tardanza en ejecutar su sentencia.

Así las cosas, la adopción incondicionada en términos

temporales de esta norma podría tornarla ineficaz ante la

entrada en vigor del Código Civil de 2020. Como se sabe, los

distintos términos prescriptivos contenidos en el código

derogado

permanecen

en

este,

pero

han

sido

uniformados

sustancialmente y, en su mayoría, se han acortado. En el caso

de las acciones personales de cualquier tipo, el nuevo código

dispone que prescriben a los cuatro años. Art. 1203 del

Código Civil vigente, 31 LPRA sec. 9495. Entre estas acciones

se encuentran aquellas que, bajo el código derogado, no

tenían un término especial señalado.

Notablemente, el término prescriptivo de esta acción es

menor bajo el Código Civil de 2020 que el de cinco años que

dispone la Regla 51.1 de Procedimiento Civil, supra. En

consecuencia, la ejecución de cualquier sentencia que cree

un

título

personal

prescribirá

a

los

cuatro

años.

Como

corolario, en todos los casos en que un acreedor solicite la

ejecución luego de transcurridos cinco años, y el deudor

levante

la

prescripción

como

defensa,

será

necesario

acreditar exactamente lo que el peticionario objetó en este

caso: las gestiones extrajudiciales que realizó para cobrar

su acreencia, cuál fue su resultado, y ofrecer justa causa

AC-2025-0087

32

para la dilación. De no hacerlo, no podrá demostrar que

interrumpió la prescripción de su acción.9

Estas circunstancias sugieren que la norma que hoy se

pauta no es realmente necesaria. La Opinión guarda silencio

en cuanto a estos particulares, los cuales entiendo no podían

ser

omitidos.

En

ausencia

de

ello,

no

puedo

avalar

la

posición de la mayoría en estos aspectos.

En cuanto a esto, me distancio del análisis de la

mayoría para diferenciar el presente caso de otros en los

que

hemos

validado

la

discreción

que

ahora

se

rechaza.

Específicamente, surge de la Opinión mayoritaria que en Banco

Terr. y Agríc. de P.R. v. Marcial, supra, en el contexto de

una

acción

de

desahucio,

reconocimos

la

discreción

del

tribunal sentenciador para denegar una moción de ejecución

presentada pasado el término de cinco años desde que la

sentencia advino firme. Sin embargo, aduce que en esa ocasión

limitamos el alcance de nuestra determinación a los hechos

específicos

de

ese

caso,

establecer

una

regla

por

distinta

lo

en

que

el

no

es

óbice

contexto

de

para

las

sentencias en cobro de dinero.

Esta luce como una distinción sin diferencia. A mi modo

de ver, independientemente de cuál sea el origen de la

Es de notar que esta aparente inconsistencia entre la Regla 51.1 de

Procedimiento Civil y el Código Civil se manifiesta de manera aun más

problemática en el caso de ejecuciones dentro del término de cinco años

de advenir firme la sentencia. La reducción de los términos prescriptivos

abre la puerta a que el acreedor de una obligación que prescribió intente

ejecutarla luego del cuarto año, dentro del término de cinco años que

provee la Regla 51.1, sin necesidad de solicitar permiso del tribunal,

presentar una moción ni notificar su petición a las partes, como le

permite la citada regla. A mi juicio, atemperar estas disposiciones

reglamentarias con la nueva realidad sustantiva requiere acción

legislativa.

9

AC-2025-0087

33

acción, al emitirse una sentencia surge una acción para

exigir

el

sentencia.

cumplimiento

La

de

una

obligación

obligación

del

tribunal

declarada

será

por

siempre

cerciorarse de que las circunstancias no han cambiado y de

que no existe razón que impida autorizar la ejecución. No me

parece razonable interpretar que la necesidad de acreditar

justa causa dependa de la naturaleza de la acción originaria,

ni crear, como resultado, dos tipos de sentencias que se

atienden de manera distinta al amparo de una regla cuya

redacción no hace tal distinción.

En conclusión, estoy conforme con la forma en que la

Opinión establece que las causas de acción en cobro de las

sentencias emitidas no están prescritas. Asimismo, concuerdo

con su apreciación de que un tribunal sentenciador mantiene

autoridad

para

permitir

la

ejecución

de

una

sentencia

mientras la acción ordinaria no haya prescrito. A mi juicio,

no será poco el litigio innecesario que se ahorre al resaltar

estas normas.

De otra parte, estoy en desacuerdo con la determinación

que emite hoy la mayoría, al eliminar la discreción de un

tribunal sentenciador para autorizar o no la ejecución de

una sentencia, pues hacerlo contradice fatalmente nuestro

propio mandato de cerciorarse de que las circunstancias

favorecen autorizar la ejecución. Ante las circunstancias de

este caso, es aun más pronunciada la necesidad de emitir un

juicio informado sobre la procedencia de las peticiones

formuladas por un acreedor que abandonó su causa y, luego de

diez años sentado sobre su derecho de ejecución, se beneficia

AC-2025-0087

34

ahora de los intereses, costas, gastos y honorarios que

generó su desidia. Entiendo que el foro sentenciador y el

Tribunal de Apelaciones emitieron determinaciones correctas

que yo hubiese confirmado. Por no ser este el criterio de la

mayoría, estoy conforme en parte y disiento en cuanto al

resultado alcanzado.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado