Tribunal Supremo de Puerto Rico
Sierra Lugo v. Sunrun PR Operations, LLC y otros
2026 TSPR 76
Poder Judicial de Puerto Rico
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico
Sierra Lugo v. Sunrun PR Operations, LLC y otros
CC-2024-0599
10 de julio de 2026 · Hon. Camille Rivera Pérez · Obligaciones y Contratos; Arbitraje – Si corresponde al tribunal o al árbitro adjudicar planteamientos dirigidos a impugnar el consentimiento contractual cuando el contrato contiene una cláusula de arbitraje que delega expresamente en el árbitro la determinación de su alcance o aplicabilidad, y que además establece que el proceso se regirá por la Ley Federal de Arbitraje.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Sierra Lugo
Recurrida
v.
Sunrun PR Operations, LLC; Máximo
Solar Industries, Inc.,
Aseguradoras ABC, John Doe y
Richard Roe
Certiorari
2026 TSPR 76
218 DPR ___
Peticionarios
Número del Caso:
Fecha:
CC-2024-0599
10 de julio de 2026
Tribunal de Apelaciones:
Panel IX
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcdo. Jorge Fernández Reboredo
Lcdo. Pedro J. Cruz Pérez
Representante legal del recurrido:
Lcdo. Rafael Román Jiménez
Materia: Obligaciones y Contratos; Arbitraje – Si corresponde al
tribunal o al árbitro adjudicar planteamientos dirigidos a impugnar
el consentimiento contractual cuando el contrato contiene una
cláusula de arbitraje que delega expresamente en el árbitro la
determinación de su alcance o aplicabilidad, y que además establece
que el proceso se regirá por la Ley Federal de Arbitraje.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Sierra Lugo
Recurrida
v.
CC-2024-0599
Certiorari
Sunrun PR Operations, LLC;
Máximo Solar Industries,
Inc., Aseguradoras ABC, John
Doe y Richard Roe
Peticionarios
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Rivera
Pérez.
En San Juan, Puerto Rico a 10 de julio de 2026.
En
el
presente
caso,
examinamos
si
corresponde
al
tribunal o al árbitro adjudicar planteamientos dirigidos a
impugnar el consentimiento contractual cuando el contrato
contiene una cláusula de arbitraje que delega expresamente
en el árbitro la determinación de su alcance o aplicabilidad,
y que además establece que el proceso se regirá por la Ley
Federal de Arbitraje.
Resolvemos
que,
ante
la
ausencia
de
alegaciones
dirigidas a impugnar la validez de la cláusula de delegación,
el
foro
judicial
controversias
carece
relacionadas
de
facultad
con
la
para
validez,
adjudicar
alcance
o
aplicabilidad del acuerdo arbitral. En tales circunstancias,
corresponde
al
árbitro
atender
los
planteamientos
CC-2024-0599
2
formulados, toda vez que las partes, en virtud de lo pactado,
le delegaron expresamente la facultad de decidir sobre su
propia jurisdicción.
I.
El 7 de septiembre de 2020, la Sra. Nancy Sierra Lugo
(recurrida) suscribió un contrato para el arrendamiento de
un sistema solar fotovoltaico con Sunrun PR Operations, LLC
(Sunrun), que sería instalado en su residencia.1 En dicho
contrato se acordó que, de no poder resolver las disputas de
manera
informal,
resolución
de
el
arbitraje
controversias,
sería
el
único
incluyendo
medio
aquellas
de
que
versaban sobre su alcance o aplicabilidad.2
Insatisfecha con la ejecución del contrato aludido, el
4 de diciembre de 2023, la señora Sierra Lugo presentó una
Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios
contra Sunrun, Máximo Solar Industries, Inc. (Máximo Solar
o
peticionario),
y
sus
respectivas
aseguradoras.3
En
síntesis, alegó que el sistema solar fue instalado en su
residencia, pero falló a las pocas semanas y nunca llegó a
funcionar adecuadamente y que, pese a múltiples gestiones
realizadas ante ambas compañías para corregir la avería,
incluyendo
llamadas,
citas
y
promesas
de
servicio
no
cumplidas, el sistema permaneció inoperante por más de un
año. Aunque le fue concedido un crédito parcial, la señora
Véase Apéndice del recurso, págs. 138-178.
Íd., págs. 155-156.
3 Íd., págs. 69-78. Las aseguradoras fueron designadas con nombres
ficticios, conforme a lo dispuesto en la Regla 15.4 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V.
1
2
CC-2024-0599
3
Sierra Lugo sostuvo que su situación no fue resuelta y que
persistía
el
incumplimiento
de
las
obligaciones
contractuales asumidas por las partes demandadas.
En vista de ello, la recurrida solicitó al foro primario
que
decretara
la
resolución
del
contrato,
ordenara
la
remoción del equipo instalado y que se le reembolsaran las
sumas pagadas durante la vigencia de este. Además, reclamó
una indemnización por los daños contractuales sufridos,
incluyendo el costo de continuar utilizando el servicio de
energía eléctrica provisto por LUMA Energy, así como por los
daños extracontractuales y las angustias mentales sufridas.
Asimismo, la recurrida planteó que su consentimiento
estuvo viciado y bajo la errónea impresión —inducida por
alegadas falsas representaciones— de que lo hacía con Máximo
Solar, y no con Sunrun.4 En consecuencia, también solicitó
que se declarara la nulidad del contrato.
La alegación ocho (8) de la Demanda lee:
En todo momento la codemandada MAXIMO SOLAR INDUSTRIES, INC.
había representado a la parte demandante que era con ella
con quien había otorgado el Contrato. Téngase en cuenta que
fue con la codemandada MAXIMO SOLAR INDUSTRIES, INC. con
quien la parte demandante siempre se comunicó a través de
sus empleados o representantes. Varios meses después de la
instalación, -y ante la falta de funcionamiento del sistema
solar fotovoltaico instalado-, la parte demandante requirió
copia del Contrato que nunca había recibido. Es entonces
cuando la parte demandante advino en conocimiento de que con
quien había otorgado el Contrato era con la codemandada
SUNRUN PR OPERATIONS, LLC. (Negrillas en el original).
Específicamente expuso en la alegación 33 de la Demanda lo siguiente:
Ante el reiterado, craso y contumaz incumplimiento de las
partes demandadas con su obligación contractual, la parte
compareciente solicita la resolución del Contrato y el pago
de las prestaciones, así como los daños y perjuicios sufridos
como consecuencia del incumplimiento contractual. Además,
el consentimiento de la parte demandante estuvo viciado,
pues mediante falsas representaciones y maquinaciones
insidiosas se le hizo creer que con quien estaba contratando
era con la codemandada MAXIMO SOLAR INDUSTRIES, INC., a lo
que hay que añadir que la parte demandante firmó el Contrato
electrónicamente sin que se le proveyera la oportunidad de
4
CC-2024-0599
4
Luego de varios trámites procesales,5 el 8 de marzo de
2024, Máximo Solar presentó una Solicitud de desestimación
al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V.6 En su escrito, alegó que el contrato suscrito por la
recurrida y Sunrun contenía una cláusula de arbitraje válida,
mediante la cual las partes se obligaron a resolver cualquier
disputa o controversia mediante dicho mecanismo. Argumentó
que esta cláusula era exigible conforme a derecho y que, en
consecuencia, el Tribunal debía desestimar la demanda por
falta
de
jurisdicción,
ya
que
la
controversia
debía
ventilarse ante un foro arbitral. Añadió que la señora Sierra
Lugo no había formulado alegaciones específicas de fraude en
relación con dicha cláusula arbitral.
En la alternativa, Máximo Solar planteó que no debía
figurar como parte en el pleito, ya que actuó únicamente
como contratista autorizado para la instalación del sistema
en representación de Sunrun. Además, alegó que la Demanda
debía ser desestimada por falta de parte indispensable, ya
que
una
de
las
partes
contratantes
—Sunrun—
no
había
solicitud
desestimación,
comparecido al pleito.
En
su
recurrida
Oposición
alegó
que
a
existían
de
hechos
materiales
la
en
controversia que impedían la desestimación del pleito sin
revisarlo y leerlo. Por consiguiente, el Contrato objeto de
la presente reclamación es nulo. (Negrillas en el original).
5 Entre estos trámites, está la presentación de una contestación a la
demanda por parte de Máximo Solar y el traslado del caso al Tribunal de
Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, por ser el foro
correspondiente según la ubicación de la oficina principal de Sunrun.
6 Véase Apéndice del recurso, págs. 120-178.
CC-2024-0599
5
antes celebrar una vista evidenciaria. Argumentó entonces,
luego de exponer el derecho aplicable, que la cláusula de
arbitraje
era
nula
e
ineficaz
por
haber
sido
incluida
mediante fraude y engaño.7 Además, añadió que el acuerdo
surgió de un contrato de adhesión, por lo que cualquier
ambigüedad debía interpretarse a su favor conforme dispone
el Código Civil y la jurisprudencia
para
este tipo de
contratos. Finalmente, rechazó el señalamiento de falta de
parte indispensable, aclarando que Sunrun fue debidamente
emplazada y que, incluso, había solicitado la anotación de
rebeldía por su incomparecencia.
El 15 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia
acogió la solicitud de desestimación presentada por Máximo
Solar y dictó una Sentencia, mediante la cual desestimó con
perjuicio la Demanda.8 El foro primario concluyó que la
cláusula de arbitraje pactada en el contrato era válida,
exigible e irrevocable, conforme a la Ley Núm. 376 de 8 de
mayo de 1951, según enmendada, Ley de Arbitraje Comercial en
Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3201 et seq., (Ley de Arbitraje
Comercial de 1951),9 y a la Federal Arbitration Act (FAA), 9
USC sec. 1 et seq. Además, aunque Máximo Solar argumentó que
La alegación 24 de la Oposición a solicitud de desestimación lee:
“No obstante lo anterior, es la posición de la parte demandante que la
cláusula de arbitraje fue incluida en el contrato como resultado de
fraude y engaño. Por consiguiente, dicha cláusula de arbitraje es nula
e ineficaz. Además, la parte demandante nunca ha reconocido tácitamente
que el acuerdo de arbitraje sea válido”. Véase Apéndice del recurso,
pág. 186.
8 Íd., págs. 17-25.
9 Dicha ley fue derogada por la Ley Núm. 147 de 9 de agosto de 2024, Ley
de Arbitraje de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3230 et seq. Sin embargo, se
cita el estatuto derogado, por ser el vigente al momento de los hechos
en controversia.
7
CC-2024-0599
6
la Demanda carecía de una reclamación con derecho a remedio,
el Tribunal de Primera Instancia ultimó que la cláusula de
arbitraje pactada era lo suficientemente amplia para incluir
controversias relacionadas sobre diseño e instalación, y
aspectos vinculados a la participación de Máximo Solar como
socio de instalación.10
Finalmente, en cuanto a la alegación de fraude que
hiciera la señora Sierra Lugo en la Demanda, el Tribunal
determinó que no cumplió con el requisito de especificidad
de la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Asimismo,
descartó
indispensable,
la
tras
alegación
constatar
que
de
falta
Sunrun
de
parte
había
sido
debidamente emplazada.
En desacuerdo con esa determinación, el 17 de junio de
2024, la señora Lugo Sierra presentó un recurso de apelación
ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia, alegó que el
foro de primera instancia erró al desestimar su Demanda sin
permitirle presentar evidencia sobre el alegado fraude en la
contratación. Por su parte, el 29 de julio de 2024, Máximo
Solar
presentó
un
Alegato
en
oposición
a
recurso
de
apelación.
Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el
7 de agosto de 2024, el Tribunal de Apelaciones dictó la
Sentencia recurrida, mediante la cual revocó la decisión del
Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso para la
celebración de una vista evidenciaria dirigida a evaluar la
10
Véase Apéndice del recurso, pág. 24.
CC-2024-0599
validez
de
7
la
cláusula
de
arbitraje
Inconforme,
Máximo
Solar
contenida
en
el
Moción
de
contrato.11
presentó
una
Reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar”.
Aun en desacuerdo con el dictamen, Máximo Solar presentó
ante este Tribunal un recurso de certiorari, y señaló los
siguientes errores:
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL REVOCAR LA
DESESTIMACIÓN A LA DEMANDA POR EL FORO PRIMARIO
ANTE LA DEFENSA AFIRMATIVA DE MÁXIMO SOLAR SOBRE LA
EXISTENCIA DE UN ACUERDO DE ARBITRAJE ENTRE LAS
PARTES.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ENTENDER QUE LA
MERA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE FRAUDE O ENGAÑO
ERA SUFICIENTE PARA CONTROVERTIR EL HECHO MATERIAL
Y PRESUNCIÓN SOBRE LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA
ARBITRAL.
ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ORDENAR LA
CELEBRACIÓN DE UNA VISTA EVIDENCIARIA CUANDO EL
FORO PRIMARIO EJERCIÓ PROPIAMENTE SU DISCRECIÓN Y
ATENDIÓ EL RECURSO DE FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE
LA PERSONA, EVALUANDO LOS DOCUMENTOS Y ESCRITOS QUE
OBRABAN EN EL EXPEDIENTE.
Expedido el auto de certiorari, y con el beneficio de
la comparecencia de las partes, procedemos a exponer el marco
jurídico
aplicable
a
la
controversia
ante
nuestra
consideración.
II.
A.
Teoría general de las obligaciones y contratos.
Como es conocido en nuestro ordenamiento los contratos
existen
desde
que
una
o
varias
personas
consienten
en
obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a
11
Íd., págs. 3-15.
CC-2024-0599
8
prestar algún servicio.
Art. 1206 del Código Civil de 1930
(derogado), 31 LPRA sec. 3371;12 García Reyes v. Cruz Auto
Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas
Infante, 171 DPR 84, 102 (2007). Concretamente, existe un
contrato cuando concurren los requisitos siguientes: (1)
consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que
sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que
se establezca.
Art. 1213 del Código Civil (derogado), 31
LPRA sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra. Una
vez concurren las condiciones esenciales para su validez, un
contrato es obligatorio “cualquiera que sea la forma en que
se haya celebrado”. Art. 1230 del Código Civil de 1930
(derogado), 31 LPRA sec. 3451.
En
nuestra
jurisdicción,
rige
la
libertad
de
contratación, por lo que las partes contratantes pueden
establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que
tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la
ley, a la moral y al orden público.
Art. 1207 del Código
Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña
v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173-174 (2011); Guadalupe
Solís v. González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007). Además,
“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece
la obligatoriedad del contrato según sus términos y las
El presente contrato se formalizó el 7 de noviembre de 2020, según
surge de la prueba documental que obra en el expediente. A esa fecha,
estaba vigente el Código Civil de 1930, por lo cual, sus disposiciones
son aplicables al recurso instado ante esta Curia. El Código Civil de
Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 55-2020) entró en vigor el 28 de noviembre
de 2020.
12
CC-2024-0599
9
consecuencias necesarias derivadas de la buena fe”. BPPR v.
Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).
De otra parte, en ocasiones algunos contratos requieren
que se realice un ejercicio de interpretación para poder
determinar
la
naturaleza
incurrieron
las
partes
de
las
obligaciones
contratantes.
Nissen
en
que
Holland
v.
Genthaller, 172 DPR 503, 513 (2007); S.L.G. Irizarry v.
S.L.G. García, 155 DPR 713, 725-726 (2001).
En ese sentido,
hemos reiterado que, si los términos de un contrato son
claros
y
no
dejan
duda
sobre
la
intención
de
los
contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
Art. 1233 del Código Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec.
3471; Carmona, Negrón v. BSN y otros, 214 DPR 388 (2024);
Guadalupe Solís v. González Durieux, supra, pág. 684.
En cambio, cuando la voluntad o intención de las partes
contratantes no se puede determinar a partir de una lectura
literal de las cláusulas contractuales, entonces se debe
recurrir a la evidencia extrínseca para juzgarla. Nissen
Holland v. Genthaller, supra, págs. 518-519. A tales fines,
procede
considerar,
entre
otros
factores,
los
actos
anteriores, coetáneos y posteriores de los contratantes, así
como el uso o costumbre y demás circunstancias que revelen
la intención contractual. Íd.
B. Los contratos de adhesión.
Los contratos de adhesión son aquellos contratos en
cuya redacción no interviene una de las partes y en los que
el
desequilibrio
de
poder
entre
las
partes
impide
un
CC-2024-0599
10
verdadero proceso previo de negociación. Suárez Figueroa v.
Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 711 (2008). Toda vez que,
en
esta
modalidad
de
contratación,
“‘no
consiente
la
deliberación previa, y, por tanto, es rígidamente uniforme’,
la realidad del consumidor queda ceñida a decidir entre
aceptar
en
su
totalidad
estructurado
por
el
el
esquema
predisponente
[,]
unilateralmente
o
retirarse
del
negocio”. (nota al calce omitida). Íd., pág. 712.
En
atención
a
lo
anterior,
la
doctrina
y
la
jurisprudencia coinciden en que la interpretación de los
contratos de adhesión debe favorecer a la parte que nada
tuvo que ver con su redacción. Coop. Sabaneña v. Casiano
Rivera, supra, págs. 176-177. El propósito, según hemos
expresado, es “promover, hasta donde ello sea posible, la
igualdad
jurídica
en
materia
de
contratación”.
Suárez
Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra, a la pág. 712. No
obstante, esto no significa que, al dilucidar controversias
sobre este tipo de contratos, las mismas siempre deban
interpretarse de manera irrazonable y mucho menos que este
tipo de contratos estén viciados de nulidad.
Tan solo
significa que el análisis de los contratos de adhesión se
realizará razonablemente del modo favorable a la parte más
débil.
Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, págs. 176-
177.
Además,
solamente
cuando
el
contrato
de
adhesión
contiene cláusulas oscuras o ambiguas se activa la norma de
interpretación que requiere que toda duda debe resolverse
CC-2024-0599
11
contra la parte que redactó el contrato. En ausencia de
ambigüedad u oscuridad, el contrato debe ser interpretado
según sus términos. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra,
pág. 177; S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR
48, 72 (2011).
Por último, y en lo aquí pertinente, destacamos que en
Aponte Valentín v. Pfizer Pharm., 208 DPR 263, 282, 286-287
(2021), reiteramos que un contrato típico de adhesión,
no significa que esté viciado de nulidad.
Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157,
166 esc. 9 (1994); C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95
DPR 311, 314 (1967); Casanova v. P.R.-Amer.
Ins. Co., 106 DPR 689, 697 (1978). Así pues,
solo cuando el contrato de adhesión contiene
cláusulas ambiguas es que se activa la norma
de interpretación contra la parte que lo
redactó. Véase Arthur Young & Co. v. Vega III,
supra, pág. 166 esc. 9. (Negrillas suplidas).
C. La cláusula de arbitraje.
En Puerto Rico existe una fuerte política pública a
favor de la utilización del arbitraje como método alterno
para la solución de disputas y toda duda sobre su procedencia
debe resolverse en la afirmativa. Municipio Mayagüez v.
Lebrón, 167 DPR 713, 721 (2006). Esta política pública se
recogía
en
la
Ley
de
Arbitraje
Comercial
de
1951,13 y
Dado que el contrato fue suscrito en 2020 y la acción judicial se
instó en el 2023, resulta aplicable la Ley de Arbitraje de 1951, supra.
La Ley Núm. 147-2024, Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3230
et seq., aunque no aplicable al presente caso, consolidó en un solo
cuerpo normativo el régimen aplicable al arbitraje doméstico e
internacional. Exposición de Motivos, Ley Núm. 147-2024, supra, pág. 1.
Además, la nueva Ley persigue tres objetivos fundamentales: (1)
actualizar las normas aplicables cuando las partes no eligen una
organización arbitral o cuando se requiere complementar sus reglas; (2)
fomentar el estudio y la práctica del arbitraje como método alterno de
solución de disputas; y (3) adaptar la normativa de arbitraje comercial
internacional a la cultura jurídica local, conservando los principios
inspirados en la Ley Modelo de la UNCITRAL. Íd., págs. 1-2. Esta
legislación también delimita el alcance y la eficacia de los acuerdos
13
CC-2024-0599
12
respondía al “interés del Estado de facilitar la solución de
disputas por la vía más rápida, flexible y menos onerosa que
los tribunales para la resolución de controversias que emanan
de la relación contractual entre las partes”. H.R., Inc. v.
Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597, 605 (2014).
La Ley de Arbitraje Comercial del 1951 fue aprobada con
el propósito de autorizar, reglamentar y hacer exigibles los
convenios de arbitraje comercial en Puerto Rico, y derogó
expresamente las disposiciones del ordenamiento español que
regían previamente en esta materia.14 Exposición de Motivos
de la Ley de Arbitraje Comercial de 1951. Esta Ley fue
redactada utilizando como modelo la Ley Federal de Arbitraje,
comúnmente conocida como Federal Arbitration Act (FAA), 9
USCA sec. 1 et seq. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,
179 DPR 359, 369 (2010). Por consiguiente, la jurisprudencia
interpretativa del estatuto federal aludido nos sirve de
guía en la disposición de los casos en la jurisdicción local.
Íd.
Al igual que la FAA, la Ley de Arbitraje Comercial de
1951 reflejó el principio fundamental de que el arbitraje es
un asunto contractual. Aponte Valentín et al. v. Pfizer
Pharm., supra, pág. 282; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves
Rivera, supra, pág. 720. Véase, además, Rent-A-Center, West,
de arbitraje, así como la distribución de responsabilidades entre los
tribunales y los árbitros en torno a su interpretación y ejecución.
Véase, Art. 2.03 de la Ley Núm. 147-2024, 32 LPRA sec. 3231b.
14 Artículos 790 al 839 y 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para
España y Ultramar, promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.
Véase, Exposición de Motivos de la derogada Ley de Arbitraje Comercial
de 1951.
CC-2024-0599
13
Inc. v. Jackson, 561 US 63, 67 (2010). En su Artículo 1, la
Ley de Arbitraje Comercial de 1951, 32 LPRA sec. 3201,
disponía:
Dos o más partes podían convenir por
escrito en someter a arbitraje, conforme a las
disposiciones
de
esa
Ley,
cualquier
controversia que pudiera ser objeto de una
acción existente entre ellas a la fecha del
convenio; o bien incluir en un convenio por
escrito una disposición para el arreglo
mediante arbitraje de cualquier controversia
que surgiera en el futuro entre ellas,
derivada de dicho acuerdo o relacionada con
este. Tal convenio será válido, exigible, e
irrevocable salvo por los fundamentos que
existieran en derecho para la revocación de
cualquier convenio. (Negrillas suplidas).15
Por lo tanto, aun ante la fuerte política pública que
lo favorece, el arbitraje solo puede exigirse cuando se ha
pactado y en los términos acordados. S.L.G. Méndez-Acevedo
v. Nieves Rivera, supra, pág. 368; Crufon Const. v. Aut.
Edif. Púbs., 156 DPR 197, 205 (2002); H.R., Inc. v. Vissepó
& Diez Const. Corp., supra, pág. 605.
Por otra parte, hemos señalado que las partes están
obligadas a cumplir con los acuerdos de arbitraje, en virtud
del principio de la buena fe contractual que rige en nuestro
ordenamiento jurídico. Constructora Estelar v. Aut. Edif.
Púb., 183 DPR 1, 41-42 (2011); Méndez Jiménez v. Carso
Const., 202 DPR 554, 558-559 (2019). Este principio “exige
no defraudar la confianza que el otro ha puesto en una
Destacamos que la Ley Federal de Arbitraje dispone que: “A written
provision in […] a contract evidencing a transaction involving commerce
to settle by arbitration a controversy thereafter arising out of such
contract […] shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon
such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any
contract”. (Negrillas suplidas). 9 USCA sec. 2.
15
CC-2024-0599
14
promesa o conducta”. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb.,
supra, pág. 41. Véase, además, Aponte Valentín v. Pfizer
Pharm., supra, pág. 287. “[U]na vez acordado el arbitraje,
los tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia
y tienen que dar cumplimiento al arbitraje acordado.” S.L.G.
Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 368; Municipio
Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 721. Véase, además, Moses H.
Cone Hosp. v. Mercury Constr. Corp., 460 US 1, 24 (1983).
Cónsono con ello, el Art. 3 de la Ley de Arbitraje
Comercial de 1951, 32 LPRA sec. 3203, disponía lo siguiente:
Si cualquiera de las partes de un convenio escrito
de arbitraje incoare acción u otro recurso en
derecho, el tribunal ante la cual dicha acción o
recurso estuviere pendiente, una vez satisfecha de
que cualquier controversia envuelta en dicha acción
o recurso puede someterse a arbitraje al amparo de
dicho convenio, dictará, a moción de cualquiera de
las partes del convenio de arbitraje, la suspensión
de la acción o recurso hasta tanto se haya procedido
al arbitraje de conformidad con el convenio.
(Negrillas suplidas).
De igual manera, la sec. 3 de la FAA dispone que:
If any suit or proceeding be brought in any of
the courts of the United States upon any issue
referable to arbitration under an agreement in
writing for such arbitration, the court in which
such suit is pending, upon being satisfied that the
issue involved in such suit or proceeding is
referable to arbitration under such an agreement,
shall on application of one of the parties stay the
trial of the action until such arbitration has been
had in accordance with the terms of the agreement,
providing the applicant for the stay is not in
default in proceeding with such arbitration.
(Negrillas suplidas)
En Smith v. Spizzirri, 601 US 472 (2024) el Tribunal
Supremo
de
los
Estados
Unidos
interpretó
el
referido
estatuto. En este caso, luego de concedido el removal a la
CC-2024-0599
15
Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Arizona,
los
demandados
solicitaron
al
tribunal
que
se
ordenara el arbitraje y se desestimara la demanda. Alegaron
que todas las controversias instadas en la demanda eran
arbitrables.
Los
demandantes
admitieron
que
todas
las
controversias eran arbitrables, sin embargo, no procedía la
desestimación de la demanda debido a que conforme a la sec.
3 de la FAA lo que procedía era la suspensión de los
procedimientos. El Tribunal de distrito emitió una orden
obligando a las partes a someterse a arbitraje y desestimó
la demanda sin perjuicio.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno
Circuito de los Estados Unidos confirmó la sentencia. Señaló
que conforme a varias sentencias previas, emitidas por el
Circuito, se reconoce la discreción que tiene el tribunal
para desestimar la demanda.16 El Tribunal Supremo de los
Estados Unidos expidió el recurso de certiorari. Analizada
la controversia, resolvió que la sec. 3 de la FAA obliga
(compels) al tribunal a suspender el procedimiento, y no
tiene
discreción
para
desestimar
una
demanda
bajo
el
fundamento de que todas las reclamaciones están sujetas a
arbitraje.17 Además, expresó que:
La Jueza Senior, Susan P. Graber emitió un voto concurrente al cual
se le unió la Jueza Roopali H. Desai, en el que sostuvo que la postura
del Noveno Circuito era errónea y solicitó al Tribunal Supremo a abordar
la controversia ya que “los tribunales de apelación están divididos” en
cuanto a si procede la desestimación sin perjuicio o la suspensión de
los procedimientos.
17 “In this statutory interpretation case, text, structure, and purpose
all point to the same conclusion: When a federal court finds that a
dispute is subject to arbitration, and a party has requested a stay of
the court proceeding pending arbitration, the court does not have
16
CC-2024-0599
16
Keeping the suit on the court’s docket makes
good sense in light of this potential ongoing role,
and it avoids costs and complications that might
arise if a party were required to bring a new suit
and pay a new filing fee to invoke the FAA’s
procedural protections. Id., pág. 6.
De
otra
parte,
el
arbitraje
es
un
mecanismo
para
resolver únicamente aquellas controversias que las partes
han acordado someter a arbitraje. Como norma general, es
función del tribunal auscultar la intención de las partes
para determinar cuáles son las controversias que pactaron
arbitrar, toda vez que, “[siendo el arbitraje] un asunto
contractual no se puede obligar a una parte a someter a
arbitraje
una
disputa
que
dicha
parte
no
ha
acordado
someter”. Crufon Const. Corp. v. Aut. Edif. Púbs., supra,
pág. 205.
En ese sentido, una de las controversias que suelen
suscitarse en estos pleitos es si el acuerdo de arbitraje
crea el deber de arbitrar una controversia en particular.
Esto es lo que se conoce como arbitrabilidad. World Films,
Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352, 361 (1990),
citando a AT&T Technologies, Inc. v. Communications Workers
of America, 475 U.S. 643 (1986).
Por otro lado, conforme al Art. 4 de la Ley de Arbitraje
Comercial de 1951, 32 LPRA sec. 3204, corresponde a los
tribunales atender las controversias sobre la existencia o
discretion to dismiss the suit on the basis that all the claims are
subject to arbitration.”(nota al calce omitida). Id., pág.3 “When a
district court finds that a lawsuit involves an arbitrable dispute, and
a party requests a stay pending arbitration, §3 of the FAA compels the
court to stay the proceeding.” Id., pag. 6.
CC-2024-0599
17
validez del convenio de arbitraje o el incumplimiento de
este. “La determinación de si un acuerdo crea el deber de
las partes de arbitrar una controversia en particular es
tarea judicial”. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,
supra,
págs.
367-368,
citando
a
World
Films,
Inc.
v.
Paramount Pict. Corp., supra, pág. 361. Anteriormente, hemos
identificado tres modalidades de esa controversia: (1) si
existe un convenio de arbitraje; (2) si dicho convenio cubre
la controversia particular planteada; y (3) si el convenio
se extiende a una disputa sobre la duración o expiración del
contrato. Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, págs. 720721; U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133,
144 (1994).
Ahora bien, debido a que los convenios de arbitraje son
contratos, el primer principio que subyace a todas nuestras
decisiones
sobre
arbitraje
es
que
el
arbitraje
es
estrictamente una cuestión de consentimiento. En ese sentido
las
partes
pueden
establecer
distintos
acuerdos
en
lo
relativo al arbitraje. Es decir, pueden acordar someter el
fondo de una controversia a un árbitro; y pueden pactar que
sea un árbitro, en lugar de un tribunal, quien resuelva tanto
las
cuestiones
controversias
de
umbrales
de
arbitrabilidad
como
fondo.
S.L.G
Méndez-Acevedo
v.
las
Nieves
Rivera, supra, pág. 366. Por tanto, la pregunta de umbral
que debe formularse en toda controversia relacionada con
arbitraje debe ser: ¿a qué consintieron las partes?.
D. La legislación federal y su jurisprudencia.
CC-2024-0599
18
Como ya indicáramos, en el ámbito federal, el arbitraje
está regido por la FAA. Esta legislación establece un marco
jurídico uniforme para la validez, exigibilidad y ejecución
de los acuerdos de arbitraje en los Estados Unidos. Conforme
a su Sección 2, un acuerdo escrito de arbitraje es válido,
exigible e irrevocable, salvo por las causales de nulidad
aplicables a cualquier contrato en derecho o en equidad.18
La jurisprudencia federal ha delineado los parámetros
sobre
quién
decide
la
arbitrabilidad.
Así,
el
Tribunal
Supremo federal resolvió en First Options of Chicago, Inc.
v. Kaplan, 514 U.S. 938 (1995), que corresponde a los
tribunales decidir si existe un acuerdo válido de arbitraje
y si una disputa particular cae dentro de sus términos. A su
vez, en Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388
US 395 (1967), y más tarde en Buckeye Check Cashing, Inc. v.
Cardegna, 546 US 440 (2006), se estableció la doctrina de
separabilidad: una impugnación dirigida al contrato en su
totalidad
—como por alegaciones de fraude generalizado—
corresponde
al
árbitro,
mientras
que
una
impugnación
específica a la cláusula arbitral compete al tribunal.
Más adelante, en Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson,
supra, el Supremo Federal resolvió que cuando las partes
La sec. 2 del título 9 USCA sec. 2, dispone: “A written provision in
any maritime transaction or a contract evidencing a transaction
involving commerce to settle by arbitration a controversy thereafter
arising out of such contract or transaction, or the refusal to perform
the whole or any part thereof, or an agreement in writing to submit to
arbitration an existing controversy arising out of such a contract,
transaction, or refusal, shall be valid, irrevocable, and enforceable,
save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation
of any contract or as otherwise provided in chapter 4”.
18
CC-2024-0599
19
acuerdan de manera clara e inequívoca delegar al árbitro la
decisión sobre la validez, exigibilidad o aplicabilidad de
la
cláusula
delegación,
arbitral,
salvo
el
que
tribunal
una
de
debe
las
respetar
partes
esa
impugne
específicamente la cláusula de delegación. Finalmente, en
Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 US 79 (2002), se
aclaró que las cuestiones meramente procesales —como plazos,
renuncias (waiver) o cumplimiento de condiciones internas
del foro— son materia propia del árbitro, y no del tribunal.19
Recientemente, en Coinbase, Inc. v. Suski, 602 US 143
(2024), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reafirmó
que la cláusula de arbitraje es un asunto contractual basado
en la intención de las partes. Incluso, estas pueden formar
múltiples niveles de acuerdos sobre arbitraje, a saber,
pueden acordar enviar los méritos de una disputa a un árbitro
(nivel básico), y también pueden acordar que un árbitro, en
lugar de un tribunal, resolverá las cuestiones umbrales de
arbitrabilidad,
así
como
las
disputas
de
méritos
subyacentes.
Por otra parte, la American Arbitration Association
(AAA), una de las principales instituciones que administran
En Puerto Rico, la Ley Núm. 147-2024, supra, adopta este marco y lo
armoniza con nuestra tradición jurídica. Su Art. 2.03(b) dispone que
corresponde al tribunal decidir si existe un acuerdo de arbitraje o si
una controversia está sujeta a este, salvo que las partes acuerden lo
contrario expresamente o al pactar contractualmente que el arbitraje
será regido por una organización arbitral. A su vez, el Art. 2.03(c)
reconoce que corresponde al árbitro resolver las condiciones pactadas
para activar el arbitraje. Esta normativa reafirma la política pública
fuerte y constante a favor del arbitraje, tal como lo hemos sostenido
en nuestra jurisprudencia. Véase S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Nieves,
195 DPR 138 (2016).
19
CC-2024-0599
20
procesos arbitrales en el país, ha promulgado el Reglamento
de Arbitraje Comercial (“Commercial Arbitration Rules”),20
el cual regula el procedimiento arbitral cuando las partes
acuerdan someter sus disputas a la AAA. En lo que atañe,
este
Reglamento
establece
los
parámetros
sobre
la
competencia del árbitro para decidir cuestiones relativas a
la existencia, validez y alcance del acuerdo arbitral.21
Por último, destacamos, que en S.L.G Méndez Acevedo v.
Nieves
Rivera,
supra,
tuvimos
la
oportunidad
de
pronunciarnos, por primera vez de forma expresa, sobre la
aplicabilidad de la doctrina de separabilidad en el contexto
del arbitraje comercial, al amparo de la hoy derogada Ley de
Arbitraje Comercial de 1951. En ese caso, resolvimos que,
cuando un contrato contiene una cláusula de arbitraje amplia,
corresponde al árbitro –y no a los tribunales– dirimir una
controversia en la que se impugna la validez o la existencia
del contrato en su totalidad. Adoptamos así la doctrina de
separabilidad, conforme a la cual las cláusulas de arbitraje
Reglas enmendadas y en vigor desde el 1 de septiembre de 2022.
La Regla 7 (Jurisdiction) dispone:
(a)
The arbitrator shall have the power to rule on his or her own
jurisdiction, including any objections with respect to the existence,
scope, or validity of the arbitration agreement or to the arbitrability
of any claim or counterclaim, without any need to refer such matters
first to a court.
(b)
The arbitrator shall have the power to determine the existence or
validity of a contract of which an arbitration clause forms a part. Such
an arbitration clause shall be treated as an agreement independent of
the other terms of the contract. A decision by the arbitrator that the
contract is null and void shall not for that reason alone render invalid
the arbitration clause.
(c)
A party must object to the jurisdiction of the arbitrator or to
the arbitrability of a claim or counterclaim no later than the filing
of the answering statement to the claim or counterclaim that gives rise
to the objection. The arbitrator may rule on such objections as a
preliminary matter or as part of the final award. Commercial Arbitration
Rules, R-7, pp. 14-15.
20
21
CC-2024-0599
21
son independientes del contrato principal que las contiene,
y pueden ser exigibles aun cuando se cuestione la validez
general del acuerdo.
Al hacerlo, nos acogimos a la distinción desarrollada
por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Buckeye
Check
Cashing,
Inc.
v.
Cardegna,
supra,
entre
las
impugnaciones dirigidas específicamente contra la cláusula
arbitral –que deben ser evaluadas por el tribunal– y aquellas
que atacan la validez del contrato como un todo, las cuales
deben ser referidas al foro arbitral. Esa determinación
armoniza con la política pública sólida y reiterada de
nuestra jurisdicción a favor del arbitraje como mecanismo
válido, eficaz y preferente de solución de controversias, y
reafirma
que,
una
vez
pactado
válidamente,
el
convenio
arbitral debe ser respetado y ejecutado según sus términos.
III.
En su recurso de certiorari, Máximo Solar alegó que
erró el Tribunal de Apelaciones al revocar el dictamen
emitido por el Tribunal de Primera Instancia debido a que
entre las partes existe un contrato válido y cuya cláusula
de arbitraje no puede ser impugnada por una mera alegación
de fraude. Por otra parte, la señora Sierra Lugo reiteró los
argumentos esbozados en su oposición a la solicitud de
desestimación, es decir, alegó que la cláusula de arbitraje
no fue producto de una negociación y que la misma fue
incluida en el contrato mediante fraude y engaño.
CC-2024-0599
22
Como indicamos, en nuestro ordenamiento jurídico rige
el principio de libertad contractual, por el cual las partes
pueden hacer los acuerdos que crean por convenientes siempre
que no contravengan la ley, la moral y el orden público.22
En lo atinente a la controversia ante nos, reiteramos que en
nuestra
jurisdicción
se
reconoce
que
las
partes
pueden
válidamente pactar una cláusula de arbitraje para que al
amparo de dicho método se resuelvan las disputas, pretiriendo
así el trámite en los tribunales.
En relación con los hechos del presente caso, surge que
el 7 de septiembre de 2020, la señora Sierra Lugo suscribió
un contrato para el arrendamiento con Sunrun de un sistema
solar fotovoltaico para generar energía eléctrica con una o
más baterías. Este sería instalado en su residencia por un
“socio de instalación”, en este caso, Máximo Solar.23 Además,
el referido contrato contenía una cláusula arbitral en su
Sección
G
(11)
la
cual
dispone,
en
lo
pertinente,
lo
siguiente:
11. Resolución de disputas; Arbitraje; Renuncia a
la demanda colectiva
[…]
b. ARBITRAJE. SI LAS PARTES NO PUEDEN RESOLVER LA
DISPUTA DE MANERA INFORMAL, LA DISPUTA, INCLUYENDO
LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE O LA APLICABILIDAD DE
ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE, SE DETERMINARÁ MEDIANTE
ARBITRAJE VINCULANTE ANTE UN ÁRBITRO. […]
En el presente caso, la recurrida no argumentó ninguno de estos
principios, los cuales en el pasado hemos reconocido como frenos a la
libertad de contratación privada. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const.
Co, 152 DPR 652, 659 (2000).
23 Véase Cláusula E del contrato intitulado Diseño e Instalación.
Apéndice del recurso, págs. 138-178.
22
CC-2024-0599
23
EL ARBITRAJE IMPLICA QUE USTED RENUNCIA A SU
DERECHO DE JUICIO POR JURADO Y QUE TODAS LAS
DISPUTAS SERÁN DECIDIDAS POR UN ÁRBITRO. ESTE
ACUERDO PARA ARBITRAR LAS DISPUTAS ESTÁ REGIDO POR
LA LEY FEDERAL DE ARBITRAJE (FEDERAL ARBITRATION
ACT, “FAA”), EL ARBITRAJE SERÁ ADMINISTRADO POR
[Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.]
JAMS[,]
DE
CONFORMIDAD
CON
SUS
REGLAS
Y
PROCEDIMIENTOS DEL ARBITRAJE SIMPLIFICADO. EL
ARBITRAJE ESTARÁ A CARGO DE LA OFICINA DE JMAS MÁS
CERCANA AL HOGAR.
[…]
c.[…]
d.[…]
e.[…]
f.[…]. (Mayúsculas en el original y negrilla
suplida).24
De una lectura de la cláusula arbitral, antes citada,
se desprende el lenguaje expreso de la intención de utilizar
el arbitraje como mecanismo para adjudicar las controversias
que surgieran entre las partes en relación con el contrato
principal de arrendamiento. Entre esas controversias, se
incluyó la determinación del alcance o la aplicabilidad de
este acuerdo de arbitraje.
En la Demanda presentada, la recurrida alegó unos hechos
que,
a
su
entender,
evidencian
un
craso
y
patente
incumplimiento contractual. Por lo cual, argumentó que “no
quiere el Sistema Solar y desea y requiere de este Tribunal
que ordene la resolución del Contrato y que las partes
demandadas se lleven el equipo de su propiedad, el cual lleva
más de un año sin funcionar. Además, la parte demandante
requiere
la
presente”.25
24
25
devolución
del
Por
lado,
otro
dinero
también
pagado
alegó
hasta
el
que
su
Véase, Apéndice del Recurso de Certiorari Civil, págs. 155-156.
Íd., pág. 74, alegación 40 de la demanda.
CC-2024-0599
24
consentimiento
estuvo
viciado
porque,
ante
representaciones y maquinaciones insidiosas,
creer
que
con
quien
estaba
contratando
falsas
se le hizo
era
con
el
peticionario. Añadió que firmó el contrato electrónicamente,
sin que se le proveyera la oportunidad de revisarlo ni
leerlo.26
Por
lo
cual,
considera
que
el
contrato
de
arrendamiento objeto de la presente reclamación es nulo.
Por
lo
cuestionó
anterior,
en
la
surge
Demanda
arrendamiento.
Luego,
desestimación
y
en
que
la
señora
la
validez
del
su
oposición
a
consignado
el
derecho
Sierra
Lugo
contrato
de
la
moción
aplicable
a
de
la
controversia alegó que, la cláusula de arbitraje no era
válida por haber sido negociada mediando fraude o engaño.
Además, la recurrida reconoció en su escrito en oposición
que, para dejar sin efecto una cláusula de selección de foro
hay que atacar su validez “de forma específica demostrando
que ésta fue incluida en el contrato como resultado de fraude
o engaño”.27 No obstante, en este caso, no cumplió con dicho
requisito.
En suma, de una lectura de las alegaciones de la
Demanda, de los argumentos posteriores, y de los autos del
caso, surge claramente que la recurrida no incluyó una
alegación específica dirigida a rebatir la presunción de
Del contrato de arrendamiento aquí en controversia surge que este
fue redactado en el idioma español. Asimismo, avisa que “[a]ntes de dar
inicio a cualquier tipo de Trabajo, usted tiene derecho a recibir una
copia completa de este Contrato, firmado por usted y Sunrun”. Véase,
Apéndice del Recurso, pág.139.
27 Subrayado y negrillas en el original. Véase, Apéndice del recurso a
la pág.189.
26
CC-2024-0599
25
validez de la cláusula de selección de foro.28 Ni especificó
o alegó cuáles fueron los actos fraudulentos con relación a
la inclusión de dicha cláusula.29 La Regla 7.2. de las Reglas
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que “todas
las aseveraciones de fraude o error, las circunstancias que
constituyen
el
fraude
o
error
deberán
exponerse
detalladamente”. Puntualizamos que las aseveraciones sobre
fraude o error “se consideran materias especiales, las cuales
deben exponerse detalladamente en las alegaciones”. Carpets
& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 641 (2009). Por lo
tanto,
erró
el
Tribunal
de
Apelaciones
al
considerar
meramente “la alegación de fraude y engaño” sin realizar un
análisis integral de las alegaciones de la demanda y el
derecho aplicable a la controversia.30
Asimismo, resulta de particular importancia que el foro
apelativo no tomó en consideración lo resuelto en Bobé et
al. v. UBS Financial Service, supra. Allí, aclaramos que
corresponde al tribunal evaluar alegaciones de fraude o
engaño cuando estas se dirigen específicamente a la cláusula
de selección de foro o de arbitraje, esto es, cuando se
cuestiona la validez de la cláusula en sí por la forma en
Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 6, 22-23 (2017)
Véase nota al calce núm. 8.
30 Al resolver una moción de desestimación, el tribunal debe aceptar como
ciertas las alegaciones contenidas en la demanda y considerarlas de la
forma más razonable a la parte demandante. “Sólo se darán como ciertos
aquellos hechos correctamente alegados, sin considerar las alegaciones
con contenido hipotético”. Véase Comité Asesor Permanente de las Reglas
de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil,
Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de
Puerto Rico, marzo de 2008, pág. 134. Véase, además, Aut. Tierras v.
Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409(2008); García v. E.L.A., 163 DPR
800 (2005); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).
28
29
CC-2024-0599
que
fue
26
incorporada
reconocimos
que
al
cuando
contrato.
las
No
obstante,
alegaciones
de
también
vicio
del
consentimiento no impugnan de manera específica la cláusula
en controversia, sino que se dirigen al contrato en su
totalidad, no procede que el foro judicial entre a evaluar
el fondo de dichas alegaciones. En el presente caso, aunque
el contrato suscrito es uno de adhesión las alegaciones de
fraude y engaño no cumplieron con el grado de especificidad
que requiere el ordenamiento jurídico. Si bien la recurrida
reconoció lo resuelto en
Bobé et al. v. UBS Financial
Service, supra, dejó de alegar específicamente el fraude en
la incorporación de la cláusula de arbitraje al contrato de
arrendamiento.
De lo antes expuesto, surge que las alegaciones sobre
vicio en el consentimiento fueron dirigidas a impugnar la
validez del contrato principal de arrendamiento. No fue hasta
que
el
peticionario
solicitó
que
la
controversia
sobre
incumplimiento de dicho contrato fuese atendida ante un
árbitro, que la recurrida alegó fraude en la inclusión de la
cláusula
de
arbitraje,
esto
sin
especificar
en
qué
consistió.31 En consecuencia, erró el Tribunal de Apelaciones
al considerar una mera alegación de fraude y no tomar en
El Tribunal Supremo ha mencionado que para que una demanda fundada en
fraude se considere suficiente, los hechos que en ella se aleguen tienen
que ser de tal naturaleza que, al tomarlos por ciertos, puedan justificar
una sentencia condenatoria. Martínez v. Jiménez et al., 21 DPR 209, 213
(1914). Simples conclusiones, conjeturas y suposiciones o sospechas no
son por sí solas suficientes para sustanciar una alegación de fraude.
Íd.
31
CC-2024-0599
27
consideración la doctrina de separabilidad aplicable a la
controversia.
De otra parte, es importante reiterar que el hecho de
que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes
fuese uno de adhesión, no significa que esté viciado de
nulidad.32 Incluso, el mero hecho de que una cláusula de
selección de foro no sea negociada, no la convierte en
inejecutable,
porque
simplemente
no
fue
objeto
de
negociación.33 Estos fueron los únicos criterios argumentados
por la recurrida en el presente caso.
Por último, en el presente caso el Tribunal de Primera
Instancia dictó Sentencia desestimando
con perjuicio
la
demanda instada por la recurrida. Inconforme, la recurrida
acudió al Tribunal de Apelaciones el cual, luego de analizada
la controversia, revocó el dictamen desestimatorio. En este
aspecto, conforme al mandato dispuesto en el Art. 3 de la
Ley de Arbitraje Comercial de 1951, supra, y lo resuelto en
Smith v. Spizzirri, supra, no erró el foro intermedio al
Destacamos que, en el presente caso, la controversia a resolverse no
era la validez o posible violación al orden público en nuestra
jurisdicción de las cláusulas de arbitraje en los contratos de
arrendamiento de sistemas fotovoltaicos, donde el consumidor solo decide
entre aceptar en su totalidad el contrato o retirarse del negocio.
Tampoco la posible anulabilidad de aquella cláusula que excluye la
jurisdicción de una agencia reglamentadora, en vista de que no se
recurrió a estas. Véase, Art. 1249 (g) del Código Civil de 2020, 31 LPRA
sec. 9803.
En el caso de autos, estaba en controversia si procedía la celebración
de una vista evidenciaria para dilucidar si el consentimiento de la
recurrida estuvo viciado al momento de firmar el contrato de
arrendamiento con Sunrun. Conforme a lo resuelto, estamos ante una
cláusula de arbitraje amplia y mandataria en la que corresponde al
árbitro dilucidar dicha controversia, acorde con el principio de
separabilidad adoptado en nuestra jurisdicción.
33 Véanse, Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 US 585 (1991);
Samalot-Martinez v. Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd., 2024 WL 308234
(1er Cir).
32
CC-2024-0599
28
revocar la sentencia desestimatoria. El dictamen que debió
emitir el Tribunal de Primera Instancia, una vez concluyó
que todas las controversias de la demanda eran arbitrables,
era
la
suspensión
de
los
procedimientos
y
no
una
desestimación con perjuicio de la causa de acción.34
En conclusión, procede modificar la Sentencia recurrida
a los únicos fines de dejar sin efecto la celebración de la
vista
evidenciaria
ordenada
por
el
foro
apelativo
intermedio. En su defecto procede la suspensión de los
procedimientos ante el foro primario hasta tanto se haya
procedido al arbitraje de conformidad con el convenio y lo
aquí dispuesto.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, modificamos el
dictamen recurrido a los únicos fines de dejar sin efecto la
celebración
de
la
vista
evidenciaria
ordenada.
En
consecuencia, ordenamos la suspensión de los procedimientos
ante
el
foro
primario
hasta
tanto
se
cumpla
con
el
procedimiento de arbitraje suscrito por las partes en el
convenio y de conformidad con lo aquí dispuesto.
Se dictará sentencia en conformidad.
Camille Rivera Pérez
Jueza Asociada
“Section 3 does exactly that. It overrides any discretion a district
court might otherwise have had to dismiss a suit when the parties have
agreed to arbitration.”. Smith v. Spizzirri, supra, pág. 5.
34
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Sierra Lugo
Recurrida
v.
CC-2024-0599
Certiorari
Sunrun PR Operations, LLC;
Máximo Solar Industries,
Inc., Aseguradoras ABC, John
Doe y Richard Roe
Peticionarios
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico a 10 de julio de 2026.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente
Sentencia, modificamos el dictamen recurrido a los únicos
fines de dejar sin efecto la celebración de la vista
evidenciaria ordenada. En consecuencia, ordenamos la
suspensión de los procedimientos ante el foro primario hasta
tanto se cumpla con el procedimiento de arbitraje suscrito
por las partes en el convenio y de conformidad con lo aquí
dispuesto.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite
la siguiente expresión disidente:
Distinto a lo que contiende la mayoría,
tenemos
ante
nuestra
consideración
una
controversia sobre el perfeccionamiento de un
contrato y, por consiguiente, la eficacia de una
cláusula de arbitraje. La Sra. Nancy Sierra Lugo
(señora Sierra Lugo) alega que esta cláusula se
introdujo a su contrato de financiamiento de
placas solares de manera unilateral y sin obtener
su consentimiento. En particular, aduce que su
consentimiento estuvo viciado y que la tramitación
del contrato estuvo plagada de irregularidades que
CC-2024-0599
redujeron su oportunidad de conocer la extensión
del acuerdo. Alega que firmó el contrato de forma
electrónica sin tener la oportunidad de leerlo y
bajo la impresión de que contrataba con Máximo
Solar Industries, Inc. (Máximo Solar) y no con
Sunrun PR Operations (Sunrun). Asimismo, arguye
que no fue hasta varios meses luego de que
culminara la instalación de las placas solares que
se le proveyó copia del contrato. Sin embargo, a
pesar de que la señora Sierra Lugo levanta
planteamientos serios sobre la posible nulidad de
dicha cláusula arbitral, esta Curia limita la
jurisdicción de los tribunales para dilucidar su
validez. Por entender que procedía ordenar una
vista evidenciaria para dirimir la eficacia del
acuerdo objeto de la controversia, me veo obligada
a disentir respetuosamente.
La mayoría razona que la señora Sierra Lugo
formuló una alegación de nulidad general en cuanto
al contrato y que, por virtud de la doctrina de
separabilidad, procedía presentar alegaciones
específicas sobre la cláusula arbitral. Empero,
este proceder le impone requisitos adicionales a
los exigidos por las Reglas de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V, en cuanto a las alegaciones
de la demanda. La Regla 6.1 de Procedimiento Civil
se limita a requerir una relación sucinta y
sencilla de hechos demostrativos de que la parte
tiene derecho a un remedio. Íd. La Opinión
mayoritaria, no obstante, le exige a la señora
Sierra Lugo una alegación específica de fraude en
cuanto a la cláusula de arbitraje, previo a tener
acceso a los tribunales, a pesar de que presentó
varias alegaciones en su demanda a los fines de
impugnar la manera en que se tramitó el contrato
que contiene la cláusula arbitral.
Por
otro
lado,
bien
sabemos
que
el
consentimiento es uno de los elementos esenciales
para la configuración de un contrato, pues el
contrato se define como un “acuerdo de voluntades
por medio del cual los interesados se obligan”.
SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48,
62 (2011). Cónsono con lo anterior, las partes
pueden pactar las cláusulas que entiendan por
conveniente siempre y cuando no sean contrarias a
la ley, a la moral o al orden público. 31 LPRA
sec. 9753. Conforme a la libertad contractual, las
partes pueden acordar cláusulas de selección de
foro para “establecer cuál será el foro donde se
atenderán las disputas posibles que puedan surgir
de la relación contractual entre las partes”. Bobé
2
CC-2024-0599
3
et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 15–
16, (2017).
En cuanto a la selección del arbitraje como
un mecanismo alterno de resolución de conflictos,
este Tribunal ha delimitado las instancias en las
cuales le compete a los tribunales intervenir para
evaluar un acuerdo arbitral, tal como: (1) la
existencia de un convenio de arbitraje; (2) si el
convenio
de
arbitraje
alcanza
determinada
controversia, y (3) si el convenio de arbitraje
cobija una disputa sobre la duración del contrato.
Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 720-721
(2006); U.C.P.R v. Triangle Engineering Corp., 136
DPR 133, 144 (1994); World Films, Inc., v.
Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352, 361 (1990). A
modo que, “la determinación de si un acuerdo crea
el deber de las partes de arbitrar una controversia
en particular es tarea judicial”. World Films,
Inc. v. Paramount Pictures Corp., supra, pág. 361.
En
esa
línea,
la
cláusula
de
arbitraje
controvertida se pactó en un contrato de adhesión,
lo cual resulta preocupante dado que pudieran
surgir dudas sobre si las partes negociaron la
selección de foro, según corresponde. Recordemos
que
el
hecho
que
las
partes
acuerden
voluntariamente someter sus controversias al
arbitraje es un requisito indispensable para
validar la selección de dicho foro como mecanismo
alterno a los tribunales de justicia. Aponte
Valentín v. Pfizer Pharm., LLC, 208 DPR 263, 293
(2021) (Expresión disidente de la Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez); Aquino González v. A.E.E.L.A,
182 DPR 1, 20 (2011).35
Por último, huelga señalar que, en reiteradas
ocasiones, esta Curia ha aplicado el principio de
autorrestricción respecto a la revisión de laudos
arbitrales, en ánimo de conceder amplia deferencia
a las determinaciones del árbitro, aun cuando
incurra en errores de hecho o derecho. C.O.P.R. v.
S.P.U., 181 DPR 299, 369 (2011). Véase también
Febus y otros v. MARPE Const. Corp., 135 DPR 206,
218 (1994); J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89
DPR 498, 503 (1963). Es bajo este contexto de
revisión judicial limitada —y considerando las
restricciones que implica— que debemos evaluar si
procede referir la controversia al foro arbitral,
35 Entiendo
necesario distinguir lo expresado en mi expresión disidente
en Aponte Valentín v. Pfizer Pharm., 208 DPR 263 (2021), del caso de
autos, pues un acuerdo de arbitraje convenido de manera voluntaria y
conforme a derecho es exigible. No obstante, en esta ocasión, justamente
está en controversia si la Sra. Nancy Sierra Lugo pactó de manera
voluntaria el acuerdo de arbitraje.
CC-2024-0599
4
a pesar de que persisten interrogantes sobre la
validez del contrato y la voluntariedad de las
partes al firmarlo.
Una mayoría de mis compañeros y compañeras
de estrado optó por aplicar de manera automática
el precedente establecido en S.L.G. Méndez-Acevedo
v. Nieves Rivera, 179 DPR 359 (2010), para validar
la
arbitrabilidad
del
acuerdo
objeto
de
controversia. No estoy de acuerdo con este curso
de acción, máxime cuando la controversia de autos
envuelve asuntos de alto interés público y versa
sobre un modelo de contratación que se ha
proliferado en los últimos años a raíz de la
inestabilidad del sistema eléctrico.36 Reitero que
aquí, precisamente, está en controversia la
validez del contrato suscrito entre la señora
Sierra Lugo y Sunrun y, por consiguiente, la
validez de la referida cláusula de arbitraje.
Correspondía, como mínimo, concederle a la señora
Sierra Lugo la oportunidad de participar de una
vista evidenciaria previo a referirla a arbitraje.
Por entender que queda en disputa la eficacia de
este acuerdo, disiento respetuosamente.
El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con
opinión escrita a la cual se une la Jueza Presidenta Oronoz
Rodríguez. El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente con
opinión escrita.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
36 Noticel,
Sobre 100 mil clientes tienen sistemas solares en Puerto Rico
y en medición neta, https://noticel.com/ultima-hora/20240218/sobre-110mil-clientes-tienen-sistemas-solares-en-puerto-rico-y-en-medicionneta/, (última visita: 13 de marzo de 2026).
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Sierra Lugo
Recurrida
v.
CC-2024-0599
Certiorari
Sunrun PR Operations, LLC;
Máximo Solar Industries,
Inc., Aseguradoras ABC, John
Doe y Richard Doe
Peticionarios
Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor
ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se une la Jueza Presidenta
ORONOZ RODRÍGUEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de julio de 2026.
Hay ocasiones en que los remedios pueden ser peor que
la enfermedad. Nos encontramos ante una de esas situaciones.
Hay ocasiones en que los remedios que provee el arbitraje
no son aplicables para atender determinados males sociales
o desigualdades. En el caso que nos ocupa, no debemos ignorar
que existe una política pública más fuerte a favor de la
protección de los consumidores y las partes económicamente
inferiores en las relaciones contractuales.
Ante
esa
realidad,
la
validez
de
un
acuerdo
de
arbitraje ante planteamientos de fraude, engaño o inducción
a
error,
en
inseparable
este
del
contexto,
representa
cuestionamiento
al
una
controversia
consentimiento
del
CC-2024-0599
2
contrato en general. Resolverlo en primer orden es tarea
inherentemente judicial.
Por
considerar
esencialmente
delineó
que
un
el
Tribunal
curso de
de
acción
Apelaciones
adecuado
para
atender las alegaciones legítimas respecto a la invalidez
de una cláusula de arbitraje, incluida en un claro contrato
de
adhesión
relacionado
con
un
servicio
esencial,
respetuosamente disiento del resultado al que llega una
mayoría de este Tribunal, así como las razones que lo
fundamentan.
En adelante, trazo las razones de mi desavenencia, no
sin antes destacar algunas de las incidencias procesales más
importantes de este caso.
I
Este caso tiene su origen el 4 de diciembre de 2023
cuando la Sra. Nancy Sierra Lugo (señora Sierra Lugo o
recurrida) presentó una Demanda en contra de Sunrun PR
Operations, LLC (Sunrun) y Máximo Solar Industries, Inc.
(Máximo Solar o parte peticionaria).1 En ella, solicitó la
resolución y nulidad de un contrato para el arrendamiento
de un sistema solar fotovoltaico que firmó con Sunrun, la
remoción del equipo instalado en su propiedad por las partes
Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso
SJ2023CV11245 en el Sistema Unificado de Manejo y
Administración de Casos del Tribunal de Primera Instancia
(SUMAC-TPI).
1
CC-2024-0599
demandadas,
3
la
devolución
del
dinero
pagado
hasta
ese
momento y la indemnización por daños contractuales.
En
lo
pertinente,
contratación,
Máximo
aludió
Solar
–
a
que,
previo
vendedora
y
a
la
socia
de
instalación de Sunrun – le representó falsamente, en todo
momento, que era la compañía que otorgaba el contrato.2 En
ese sentido, puntualizó que no fue hasta que recibió la
copia del contrato, varios meses después de la instalación,
que se enteró de que realmente había contratado con Sunrun.
Además, agregó que el contrato fue firmado electrónicamente
sin que se le proveyera la oportunidad de revisarlo y leerlo.
En derecho, arguyó que esto último, sumado a que no se le
brindó copia física del documento contractual, tornaba nulo
el acuerdo y viciaba su consentimiento.
Luego de varias incidencias procesales, las cuales
incluyeron la contestación de la Demanda3, el 8 de marzo de
2024, Máximo Solar presentó una Solicitud de desestimación
al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA
Ap. V, en la que adujo que el contrato suscrito entre la
señora
Sierra
Lugo
y
Sunrun
contenía
una
cláusula
de
arbitraje que abarcaba cualquier disputa contractual entre
las
partes
y
que,
por
eso,
el
tribunal
carecía
de
jurisdicción sobre la controversia objeto de la reclamación.
Véase la alegación núm. 8 de la Demanda, Entrada Núm.
1 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.
2
Véase Entrada Núm. 13 del expediente digital del caso
en el SUMAC-TPI.
3
CC-2024-0599
4
En particular, la parte peticionaria citó la sección G
(11) del contrato, la cual preceptúa el procedimiento para
resolver disputas al adoptar, primero, un proceso informal
de resolución de disputas y luego el arbitraje.4 Por último,
argumentó
que
las
alegaciones
de
fraude
hechas
por
la
recurrida iban dirigidas al contrato en general, no a la
cláusula
de
arbitraje,
y,
por
lo
tanto,
debían
ser
adjudicadas por un árbitro o árbitra.
El 18 de abril de 2024, la señora Sierra Lugo presentó
una Oposición a solicitud de desestimación en la que expuso
que la referida cláusula de arbitraje era inaplicable, pues
Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 155-156.
Junto a la moción, la parte peticionaria incluyó como anejo
el contrato firmado entre las partes.
4
Cabe destacar que, según el texto de la cláusula, el
arbitraje
sería
el
único
medio
de
resolución
de
controversias, a menos que una de las partes tuviera
permitido presentar una reclamación ante un tribunal que
atienda causas menores. En concreto, el contrato dispone:
EL ARBITRAJE SERÁ EL ÚNICO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS, SALVO QUE UNA DE LAS PARTES TENGA
PERMITIDO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE UN
TRIBUNAL QUE ENTIENDE EN CAUSAS MENORES (EN TANTO
Y EN CUANTO El MONTO CONTROVERTIDO SEA MENOR QUE
EL LÍMITE DE RECLAMACIÓN PARA ESE TRIBUNAL) EN
LUGAR DE SOMETERSE A ARBITRAJE, SIEMPRE QUE ESE
TRIBUNAL TENGA COMPETENCIA SOBRE LA CONTROVERSIA,
Y LA CONTROVERSIA SEA EXCLUSIVAMENTE EN SU NOMBRE
Y NO EN NOMBRE DE OTRA PERSONA. (Ennegrecido
nuestro). Apéndice de la Petición de Certiorari,
pág. 155.
Igualmente, se establece que el árbitro o la árbitra podrá
asignar la totalidad o parte de los costos del arbitraje,
incluidos los honorarios del árbitro o la árbitra y los
honorarios razonables de la parte vencedora. Íd., págs. 155156.
CC-2024-0599
5
fue incluida como resultado de fraude y engaño.5 Asimismo,
sumó
que
el
contrato
debía
ser
analizado
como
uno
de
adhesión.
El 15 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia
emitió una Sentencia en la que desestimó el pleito en su
totalidad.6
A
su
juicio,
no
estaba
en
controversia
la
existencia del acuerdo de arbitraje, toda vez que la señora
Sierra Lugo no realizó alegaciones específicas sobre la
naturaleza engañosa o fraudulenta de su inclusión, como
exige la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.
Por ello, concluyó que no poseía jurisdicción para atender
la reclamación.
Inconforme, la señora Sierra Lugo acudió al Tribunal
de Apelaciones. Este, por su parte, revocó la determinación
del foro primario y devolvió el caso para la celebración de
una vista evidenciaria con el singular fin de evaluar la
validez
de
la
cláusula
de
arbitraje
contenida
en
el
contrato. En concreto, razonó:
Por tanto, ante la alegación de fraude y engaño en
torno a la cláusula de arbitraje y la posibilidad
de que esta sea nula e ineficaz, el [Tribunal de
Primera Instancia] debió examinar la invalidez de
la cláusula de selección de foro luego de una vista
evidenciaria. A tales efectos, el foro primario
debió celebrar una vista evidenciaria para evaluar
la validez de la cláusula de selección de foro.
Entrada Núm. 25 del expediente digital del caso en el
SUMAC-TPI.
5
Entrada Núm. 27 del expediente digital del caso en el
SUMAC-TPI. Procesalmente, el foro primario acogió la moción
de desestimación de Máximo Solar como una solicitud de
sentencia sumaria.
6
CC-2024-0599
6
Celebrada la vista evidenciaria, el [Tribunal de
Primera Instancia] podrá dirimir la obligación de
arbitrar y declararse sin jurisdicción, de ser
necesario, pero si declara que la cláusula de
arbitraje
es
ineficaz
para
atender
la
7
controversia, se debe continuar el caso.
Esa conclusión la conjugó, a su vez, con el estándar de
adjudicación aplicable ante una solicitud de desestimación
bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.
En desacuerdo, Máximo Solar presentó la petición de
certiorari
que
nos
ocupa.
En
planteamientos.
Así,
argumentó
esencia,
reiteró
sus
que
aplicable
el
era
principio de separabilidad adoptado en nuestra jurisdicción
en S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359
(2010),
dado
que
la
señora
Sierra
Lugo
no
alegó
específicamente cómo se cometió fraude o engaño al incluirse
esa disposición en el acuerdo y se limitó a atacar la validez
del contrato en términos generales. Por último, planteó que
acudir al foro arbitral no representa un acto oneroso ni
dificulta el acceso a la justicia, especialmente ante la
adopción reciente de servicios de resolución de disputa de
forma virtual o híbrida.
Por
su
parte,
la
señora
Sierra
Lugo
defendió
la
determinación del Tribunal de Apelaciones. Es su posición
que, desde un inicio, cuestionó directamente la validez de
la cláusula de arbitraje porque en sus comparecencias alegó
que esta fue incluida en el contrato como resultado de fraude
y engaño y no fue producto de negociación. Igualmente,
7
Íd., pág. 12.
CC-2024-0599
7
recalcó que también adujo que, durante la contratación,
Máximo Solar le representó que era la compañía con la que se
estaba contratando, fue la única entidad con la que se
comunicó la recurrida y no le proveyó a esta una copia física
del contrato. Todo ello, plasmó, debía ser adjudicado por el
tribunal en una vista evidenciaria en la que escuchara a las
partes.
De
igual
forma,
según
sostuvo,
se
debió:
(1)
auscultar si el contrato, por ser de adhesión, contenía
cláusulas ambiguas que favorecían a la parte que las redactó;
y
(2)
considerar
que
al
implementarse
la
cláusula
de
arbitraje se provocaría una clara y patente inequidad.
Contando
con
este
recuento,
procedo
a
exponer
los
fundamentos en derecho que sustentan mi discrepancia con la
postura asumida por una mayoría de este Tribunal.
II
A.
La moción de desestimación presentada al amparo de la
Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, es la que promueve
una parte demandada previo a contestar la demanda para que
esta se desestime. Accurate Sols. v. Heritage Environmental,
193 DPR 423, 432 (2015); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.
Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); véase R. Hernández Colón,
Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil,
6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 305. Esta acción
procede
cuando
de
las
alegaciones
de
la
demanda
surge
evidentemente que alguna defensa afirmativa derrotará la
pretensión de la parte demandante. Díaz Vázquez et al. v.
CC-2024-0599
8
Colón Peña et al., 214 DPR 1135 (2024), citando a Eagle
Security v. Efrón Dorado et al., 211 DPR 70, 83 (2023);
Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022). Por
tanto, la solicitud de desestimación puede basarse en varios
fundamentos, entre los que se destacan por su pertinencia a
la controversia de autos: la falta de jurisdicción sobre la
persona y el dejar de exponer una reclamación que justifique
la concesión de un remedio.
Por un lado, la jurisdicción se entiende como el poder
de un tribunal para considerar y decidir los casos y las
controversias que se presentan ante él. Pueblo v. Torres
Medina, 211 DPR 950, 958
reiterada
de
que
los
(2023).
tribunales
Esto motiva la
debemos
ser
norma
celosos
guardianes de nuestra jurisdicción y, por ello, los asuntos
relacionados a ella son privilegiados, deben atenderse de
forma preferente y pueden plantearse motu proprio por el
tribunal. Mun. Río Grande v. Adq. Finca et al., 2025 TSPR
36, 215 DPR ___ (2025); Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom,
190 DPR 652, 660 (2014). Por todo eso, si un tribunal no
tiene jurisdicción, solo tiene autoridad para así declararlo
y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos. Íd.
Propiamente, la jurisdicción sobre la persona se trata
del poder del tribunal para sujetar a una parte a su decisión
o, es decir, emitir una decisión obligatoria para esta.
(Citas omitidas). Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.,
184 DPR 689, 701 (2012). Distinto a la jurisdicción sobre la
materia – la cual las partes no pueden otorgar ni privarle
CC-2024-0599
9
a un tribunal – la jurisdicción sobre la persona es un
derecho
individual
y
renunciable.
Unisys
v.
Ramallo
Brothers, 128 DPR 842, 862 esc. 5 (1991).8
En el pasado, hemos resuelto que, enfrentado a una
moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de
Procedimiento Civil, supra, bajo el fundamento de falta de
jurisdicción
sobre
la
persona,
un
tribunal
tiene
gran
discreción para escoger cómo proceder entre: (1) evaluar la
solicitud según las alegaciones de la demanda únicamente;
(2) analizar conjuntamente los documentos o declaraciones
juradas
incluidas en apoyo de
alegaciones
y
los
documentos
la moción
o
las
junto con las
contradeclaraciones
juradas que acompañe la parte demandante en su oposición;
(3)
señalar
una
vista
preliminar
evidenciaria;
o
(4)
posponer la cuestión para decidirla después de la vista en
su fondo para resolver el caso. Trans-Oceanic Life Ins. v.
Oracle Corp., supra, págs. 705-706; Molina v. Supermercado
Amigo, Inc., 119 DPR 330, 338 (1987).
Del tribunal optar por la primera opción, deberá dar
por ciertos los hechos
descartar
las
bien alegados por las partes y
conclusiones
de
derecho.
Molina
v.
Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 338. Si se escoge la
Similarmente, también hemos expresado que las
cláusulas de selección de foro no afectan la jurisdicción
del tribunal sobre la materia, sino la jurisdicción sobre la
persona. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597,
606, esc. 16 (2014). Por ejemplo, mediante una cláusula de
arbitraje, las partes acuerdan voluntariamente limitar la
jurisdicción de los tribunales sobre su persona para, en su
lugar, dar paso al arbitraje. Íd., pág. 606.
8
CC-2024-0599
segunda
10
opción,
presente
será
documentos
necesario
o
que
la
parte
contradeclaraciones
demandante
juradas
que
demuestren que hay jurisdicción sobre la persona. TransOceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra, pág. 706; Molina
v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 339. Similarmente,
si el tribunal decide celebrar la vista evidenciaria, la
parte
demandante
estará
obligada
a
establecer
mediante
preponderancia de la prueba que existe jurisdicción sobre la
persona. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág.
340.
En relación con este último curso de acción, también
precisamos,
en
el
contexto
de
la
presunta
falta
de
jurisdicción sobre una parte no domiciliada, que, en la etapa
inicial
de
un
jurisdicción
caso,
sobre
la
descubrimiento
de
jurisdiccional.
Íd.,
para
dilucidar
persona,
prueba
pág.
se
limitado
341.
la
cuestión
de
puede
solicitar
el
a
controversia
También,
la
destacamos
que
“[c]uando la determinación jurisdiccional pueda disponer de
todo o parte del caso, es aconsejable la celebración, lo
antes posible, de la vista evidenciaria […]”. Íd.
Por otro lado, cuando se fundamenta una moción de
desestimación
reclamación
bajo
que
la
defensa
justifique
la
de
dejar
de
exponer
concesión
de
un
una
remedio,
nuestros lineamientos jurisprudenciales establecen que el
tribunal deberá, al resolverla, tomar como ciertos todos los
hechos
bien
aseverados
alegados
de
manera
en
la
clara
demanda
y
y
que
hayan
concluyente.
sido
Casillas
CC-2024-0599
11
Carrasquillo v. ELA, supra, pág. 247; González Méndez v.
Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016). En esa tarea,
el tribunal está llamado a interpretar las alegaciones de
forma conjunta y liberal, así como de la manera más favorable
a la parte demandante. Casillas Carrasquillo v. ELA, supra;
González Méndez v. Acción Social et al., supra.
Así, la encomienda implica razonar si, a la luz de la
situación más favorable a la parte demandante y resolviendo
toda
duda
constituir
a
su
una
favor,
la
demanda
reclamación
válida.
es
suficiente
(Citas
para
omitidas).
Casillas Carrasquillo v. ELA, supra; González Méndez v.
Acción Social et al., supra, pág. 235. A tales efectos, la
demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre que
la parte demandante carece de derecho a remedio alguno, bajo
cualquier hecho que pueda probar. Casillas Carrasquillo v.
ELA, supra; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra,
pág. 429. Por ello, como norma general, se debe conceder la
desestimación cuando existan circunstancias que permiten al
tribunal determinar, sin ambages, que la demanda carece de
todo mérito y que la parte demandante no tiene derecho a
algún remedio. González Méndez v. Acción Social et al.,
supra, pág. 235.
Sin embargo, debe advertirse que la desestimación bajo
este fundamento se enmarca en que la privación a un litigante
de su día en corte es una medida procedente solo en casos
extremos y claros. Costas Elena y otro v. Magic Sport y
otros, 213 DPR 523, 534 (2024); Rosario v. Nationwide Mutual,
CC-2024-0599
12
158 DPR 775, 780 (2003). Esto, en vista de las posibles
implicaciones que tiene tal medida sobre el debido proceso
de ley. Rosario v. Nationwide Mutual, supra, pág. 780,
citando a Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617
(1990).
Además, hemos reconocido que cuando “esté involucrado
un alto interés público no debe desestimarse ninguna acción
mediante
este
mecanismo
procesal,
salvo
en
aquellas
ocasiones en que no quepa duda que bajo ninguna situación de
hecho que surja lógicamente de la demanda es posible conceder
un remedio adecuado, cualquiera que éste sea”. Aut. Tierras
v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.
Cabe destacar que la atención de este tipo de moción
debe
considerar
que,
por
virtud
de
la
Regla
6.1
de
Procedimiento Civil, supra, la demanda únicamente tiene que
contener “una relación sucinta y sencilla de los hechos
demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a
un
remedio”.
alegaciones
Esto,
es
pues,
el
notificar,
singular
a
propósito
grandes
de
rasgos,
las
las
reclamaciones en contra de la parte demandada para que esta
pueda
comparecer
a
defenderse.
Sánchez
v.
Aut.
de
los
Puertos, 153 DPR 559, 569-570 (2001).
Por último en este respecto, según la Regla 10.2 de
Procedimiento
Civil,
supra,
cuando
se
fundamenta
una
solicitud de desestimación a su amparo bajo el fundamento de
dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión
de un remedio y, a la misma vez, se exponen materias no
CC-2024-0599
13
contenidas en la alegación impugnada y estas no son excluidas
por el tribunal, entonces la moción debe ser considerada
propiamente como una solicitud de sentencia sumaria y, por
ende, deberá estar sujeta a todos los trámites requeridos
por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, hasta
su resolución final. Véanse Bonnelly Sagrado et al. v. United
Surety, 207 DPR 715, 722-723 (2021) y Sifontes v. Oliver
Exterminating Services Corp., 128 DPR 207 (1991).
En ese contexto, hemos reiterado que esta conversión
tiene lugar cuando una parte somete materias que no formaron
parte
de
las
admisiones,
alegaciones,
tales
certificaciones
y
como:
deposiciones,
contestaciones
a
interrogatorios. Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR
300, 309 (1997). Cuando se presentan este tipo de materias,
el tribunal tiene plena discreción para aceptarlas. Íd. En
el ejercicio de esta, el foro primario puede denegar tanto
la conversión a una moción de sentencia sumaria como la
desestimación, “si de la materia ofrecida surge que el caso
no se debería despachar sumariamente y que para su resolución
se debería celebrar una vista en su fondo.” Íd.
B.
Sabido
es
que
en
nuestra
jurisdicción
existe
una
importante política pública que favorece el arbitraje como
método alterno para solucionar disputas. Landrau Cabezudo et
al. v. Puertos et al., 2025 TSPR 7, 215 DPR ____ (2025);
Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm, 208 DPR 263, 282
(2021). Ello responde al interés del Estado en facilitar
CC-2024-0599
14
vías rápidas, flexibles y menos onerosas que los tribunales
para resolver controversias entre partes. Landrau Cabezudo
et al. v. Puertos et al., supra; H.R., Inc. v. Vissepó &
Diez Constr., 190 DPR 597, 605 (2014).
Con arreglo a ello, mediante el arbitraje, aquellas
partes
que
válida
y
voluntariamente
lo
hayan
pactado
sustituyen a los tribunales por un árbitro o árbitra para
que este o esta determine todas las controversias de hecho
y de derecho que surjan entre ellas. Landrau Cabezudo et al.
v. Puertos et al., supra; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves
Rivera, supra, pág. 368. Por esta razón, aunque se fomenta
el arbitraje, su uso solamente corresponderá cuando las
partes así lo pacten. Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm,
supra,
págs.
282-283;
S.L.G.
Méndez-Acevedo
v.
Nieves
Rivera, supra.
En este sentido, cabe subrayar el principio reiterado
de que el arbitraje es una figura inherentemente contractual
y, por ello, no se puede obligar a una parte a someter una
disputa al procedimiento de arbitraje, a menos que se haya
pactado de esa forma. Kendall Hope Tucker v. Money Group,
LLC y otros, 2026 TSPR 9, 217 DPR ___ (2026); S.L.G. MéndezAcevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 367.
Por este motivo, una de las controversias que con
frecuencia se suscita es si las partes están obligadas a
arbitrar y la tarea de descifrarlo recae inherentemente en
CC-2024-0599
15
los tribunales.9 Kendall Hope Tucker v. Money Group, LLC y
otros, supra; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm, supra,
pág. 283; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra,
pág. 367; Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 US
440, 444–445 (2006).
En
torno
a
esta
primordial
tarea
judicial,
hemos
pautado que los tribunales deben auscultar: (1) si existe un
convenio
de
arbitraje;
(2)
si
ese
convenio
alcanza
determinada controversia; y (3) si el convenio alcanza una
disputa sobre la duración o expiración del contrato. Aponte
Valentín et al. v. Pfizer Pharm, supra, pág. 283; S.L.G.
Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 367. Esta tarea
tampoco puede divorciarse de las razones que, anteriormente,
hemos esgrimido para determinar la no aplicabilidad de una
cláusula de selección de foro, tales como: (1) que el foro
seleccionado
sea
irrazonable
e
injusto;
(2)
que
de
ventilarse el caso en tal foro se incurriría en una clara y
Al cumplir esa función, hemos reconocido contadas,
pero importantes, excepciones a la obligatoriedad del
arbitraje, principalmente en el contexto de las relaciones
obrero-patronales
y
leyes
protectoras.
Quiñones
v.
Asociación, 161 DPR 668, 673-674 (2004). En el pasado, he
sido enfático sobre la necesidad de garantizar el acceso a
los remedios establecidos por nuestros estatutos de
protección a la ciudadanía, especialmente en el ámbito
laboral, frente a las cláusulas de arbitraje. Véanse Aponte
Valentín et al. v. Pfizer Pharm, 208 DPR 263 (2021) (Opinión
disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez); Méndez
Jiménez v. Carso Const., 202 DPR 554 (2019) (Sentencia)
(Opinión disidente del Juez Asociado señor Estrella
Martínez). Recientemente, renové ese llamado en el ámbito de
los contratos individuales de empleo, los cuales en su
mayoría son de adhesión. Kendall Hope Tucker v. Money Group,
LLC y otros, 2026 TSPR 9, 217 DPR ___ (2026) (Opinión
disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez).
9
CC-2024-0599
16
patente inequidad o sería irrazonable e injusto; (3) que la
cláusula no es válida porque fue negociada mediando fraude
o engaño; y (4) que la implantación de la cláusula derrotaría
la política pública del Estado. Unisys v. Ramallo Brothers,
128 DPR 842, 857 (1991). Y es que, incluso, hemos conjugado
las cláusulas de arbitraje en el mismo plano que las de
selección de foro. Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198
DPR 6, 17-18 (2017).
No obstante, esta tarea no es impuesta exclusivamente
por la jurisprudencia, sino que es delegada a los tribunales
por los estatutos federales y locales que favorecen el
arbitraje.
A
nivel
federal,
la
Federal
Arbitration
Act
(FAA), 9 USCA sec. 1 et seq., mandata a los tribunales a
reconocer
como
válidas,
irrevocables
y
ejecutables
las
disposiciones contractuales a favor del arbitraje, “save
upon such grounds as exist at law or in equity for the
revocation of any contract”. 9 USCA sec. 2. Entretanto, a
nivel local, la Ley de Arbitraje Comercial en Puerto Rico,
Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 LPRA ant. sec. 3201 et
seq. (derogada) (Ley de Arbitraje Comercial de 1951), en su
Artículo 1, disponía que todo convenio de arbitraje sería
válido, exigible e irrevocable “salvo por los fundamentos
que existieran en derecho para la revocación de cualquier
convenio”. 32 LPRA ant. sec. 3201.10 Asimismo, por virtud
La Ley de Arbitraje de 1951, supra, era el estatuto
vigente al momento de los hechos del caso y, por ello, se
cita, pese a ser derogada por la Ley de arbitraje de Puerto
10
CC-2024-0599
17
estatutaria, las controversias sobre la existencia o validez
de un contrato de arbitraje deberán ser resueltas por los
tribunales. Art. 4 de la Ley de Arbitraje Comercial de 1951,
32 LPRA ant. sec. 3204.
Así, enfrentado a este tipo de controversia a la luz de
la FAA, el más alto foro federal, al igual que los tribunales
inferiores, ha resuelto que los tribunales pueden invalidar
un acuerdo de arbitraje conforme a las mismas defensas que
aplican a todo contrato. Gaines v. AT&T Mobility Servs.,
LLC, 424 F.Supp.3d 1004 (S.D. Cal. 2019); Circuit City
Stores, Inc. v. Adams, 279 F.3d 889 (9no Cir. 2002); Doctor's
Associates, Inc. v. Casarotto, 517 US 681, 687 (1996);
Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson, 513 US 265, 281 (1995).
Incluso,
las
expresiones
del
Tribunal
Supremo
federal
permiten examinar la validez de acuerdos de arbitraje ante
defensas
aplicables
al
contrato
en
general.
Doctor's
Associates, Inc. v. Casarotto, supra, págs. 686-687; Perry
v. Thomas, 482 US 483 (1987). Lo importante es que no se
invaliden los acuerdos mediante leyes o normas estatales
aplicables únicamente a acuerdos de arbitraje.
Doctor's
Associates, Inc. v. Casarotto, supra. En concreto, el más
alto foro federal expresó:
Repeating our observation in Perry, the text
of §2 [of the FAA] declares that state law may be
applied
“if that
law
arose
to
govern
issues concerning the validity, revocability, and
enforceability of contracts generally.” Thus,
generally applicable contract defenses, such as
Rico, Ley Núm. 147 de 9 de agosto de 2024, 32 LPRA sec. 3230
et seq.
CC-2024-0599
18
fraud, duress, or unconscionability, may be
applied to invalidate arbitration agreements
without contravening §2.
[…]
Courts may not, however, invalidate arbitration
agreements under state laws applicable only to
arbitration provisions. (Ennegrecido nuestro)
(Citas omitidas). Íd., págs. 686-687.
De esta forma, se ha reconocido la facultad del tribunal
para acudir a normas del derecho contractual para determinar
si existe un acuerdo de arbitraje válido al amparo del
estatuto federal. Perry v. Thomas, supra, pág. 490. Así
también lo hemos hecho en Puerto Rico. Véanse, entre otros,
Kendall Hope Tucker v. Money Group, LLC y otros, supra;
Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm, supra; H.R., Inc. v.
Vissepó & Diez Constr., supra; Constructora Estelar v. Aut.
Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aquino González v. A.E.E.L.A.,
182 DPR 1 (2011); VDE Corporation v. F&R Contractors, 180
DPR 21, 33 (2010); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,
supra.
C.
Entre las normas del derecho contractual a las que
debemos
acudir
los
tribunales
se
encuentra
la
más
fundamental de ellas: un contrato es perfeccionado cuando
concurren los elementos de la causa de la obligación que se
establezca, el objeto cierto que sea materia del contrato y
el consentimiento de las partes contratantes. Art. 1213 del
CC-2024-0599
19
Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3391.11 De concurrir
las condiciones esenciales para su validez, un contrato es
obligatorio sin importar la forma en que se haya celebrado.
Art. 1230 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3451.
Fundamentalmente, los contratos se perfeccionan por el mero
consentimiento y obligan a las partes desde que consienten
tanto al cumplimiento de lo expresamente pactado como a todas
las consecuencias que sean conformes a la buena fe, el uso
y la ley. Art. 1210 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant.
sec. 3375.
Por su pertinencia, corresponde destacar el elemento
del consentimiento, el cual se manifiesta por el concurso de
la oferta y de la aceptación de la cosa y la causa que
constituyen el contrato. Art. 1214 del Código Civil de 1930,
31 LPRA ant. sec. 3401. Respecto a este, el profesor José
Vélez Torres expuso que “[l]a prestación del consentimiento
para que sea considerada válida, presume una voluntad capaz
que sea, además, libre y que tenga completo conocimiento
sobre lo que está haciendo; es decir, una voluntad que actúa
libre y espontáneamente”. (Ennegrecido nuestro). J.R. Vélez
Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San
Juan, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana,
1990, T. V, Vol. II, pág. 45.
Aunque la Ley Núm. 55-2020 derogó el Código Civil de
1930, se cita este último por ser el estatuto vigente al
momento de firmarse el contrato.
11
CC-2024-0599
20
En la misma línea, hemos expresado que “para que se
entienda prestado el consentimiento a un negocio jurídico,
ya [sea] expresa o implícitamente, es necesario que el
declarante tenga conocimiento adecuado del alcance de su
declaración”.
(Ennegrecido
Registrador,
114
DPR
nuestro).
850,
863
Colón
(1983);
Gutiérrez
véanse
v.
también
Federico De Castro y Bravo, El Negocio Jurídico, Madrid,
Gráficas
Marisal,
1971,
pág.
58
y
J.
Puig
Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona,
Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 77. En pocas palabras,
el ejercicio válido de una facultad requiere el previo
conocimiento de su plenitud. Colón Gutiérrez v. Registrador,
supra.
Con ese mismo enfoque, citamos favorablemente a Lete
del Río y Lete Achirica en cuanto a que el consentimiento
“debe
haberse
deliberadamente;
formado
[…]
en
contrario,
caso
libre,
se
consciente
dice
que
y
está
viciado, lo que da lugar a la anulabilidad del negocio”.
S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 62
(2011),
citando
Achirica, Derecho
a
J.M.
de
Lete
del
Obligaciones,
Río
y
J.
Lete
Navarra,
Ed.
Thomson/Aranzadi, 2005, Vol. 1, págs. 430–431.
Por todo ello, tan requerido es el consentimiento de
las partes para la validez de un contrato que, de este verse
afectado, podría ocasionar la nulidad del negocio jurídico.
S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, págs. 62–
63; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 885–886
CC-2024-0599
21
(2008); Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 228–229
(2007); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004). Entre
las causas que pueden viciar el consentimiento prestado, se
reconocen el error, la violencia, la intimidación y el dolo.
Bosques v. Echevarría, supra, pág. 836; Colón v. Promo Motor
Imports, Inc., 144 DPR 659 (1997).
Este último, el dolo, existe cuando con el uso de
“palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los
contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato
que, sin ellas, no hubiera hecho”. Art. 1221 del Código Civil
de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3408. Acerca de los tipos de dolo,
el que conlleva la nulidad de los contratos es el grave,
siempre
que
no
haya
sido
empleado
por
las
dos
partes
contratantes. Art. 1222 del Código Civil de 1930, 31 ant.
sec. 3409. Entretanto, el dolo incidental solo obliga al que
lo llevó a cabo a indemnizar daños y perjuicios. Íd.
Al respecto, hemos reconocido que el dolo se trata de
“todo un complejo de malas artes, contrario a las leyes de
la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena,
generalmente en propio beneficio”. S.L.G. Ortiz-Alvarado v.
Great
American,
supra,
pág.
63,
citando
a L.
Díez-
Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed.,
Navarra, Ed. Thomson/Aranzadi, 2007, Vol. I, pág. 170. En
ese sentido, también hemos favorecido que el dolo implica
cualquier clase de comportamiento, ya sea por comisión u
omisión,
y
abarca
cualquier
conducta
como
“astucias,
argucias, mentiras, sugestiones, [y] artificios; consisten
CC-2024-0599
22
en la invención de hechos falsos, en la ocultación de los
existentes, o en
suministrar referencias incompletas de
éstos, etc.”. Íd., págs. 64-65, citando a M. Albaladejo
García, Derecho Civil: introducción y parte general, 17ma
ed., Madrid, Ed. Edifoser, 2006, T. I, págs. 607-608.
Además, hemos sido claros en que callar sobre una
circunstancia importante respecto al objeto del contrato
constituye dolo. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American,
supra, pág. 66; Bosques v. Echevarría, supra, pág. 836;
Márquez
v.
Torres
Campos,
111
DPR
854
(1982).
Por
consiguiente, no siempre es necesaria una acción afirmativa
para que se incurra en dolo. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great
American, supra, pág. 66.
Por otra parte, otra de las causas que podría viciar el
consentimiento de una parte contratante es que se viole el
principio de la buena fe. S.L.G. Silva-Alicea v. Boquerón
Resort, 186 DPR 532, 548 (2012). La buena fe significa que
las partes están obligadas a actuar honrada y lealmente e
implica guardar fidelidad a la palabra dada y no defraudar
la confianza ni abusar de ella para que la negociación
refleje una voluntad que no sea producto de la malicia o el
engaño. Íd., pág. 547, citando a L. Díez-Picazo, La doctrina
de los propios actos, Barcelona, Ed. Bosch, 1963, pág. 157.
En efecto, esta permea en todo el proceso de contratación;
esto es, desde las fases iniciales y preparatorias hasta la
negociación del contrato y su cumplimiento. Íd., págs. 547548.
CC-2024-0599
23
Así, una posible violación a la buena fe incluye “no
revelar hechos importantes durante un proceso de negociación
que muy bien pudieron conllevar a una contratación que de
otra forma no hubiese tenido lugar. En estos casos, el
principio de buena fe se invoca porque la oferta o publicidad
no responde a las exigencias de lealtad y honestidad”.
(Ennegrecido
nuestro).
Íd.,
pág.
548;
M.J.
Godreau
Robles, Lealtad y buena fe contractual, 58 (Núm. 3) Rev.
Jur. U.P.R. 367, 419-420 (1989). Sin embargo, no toda omisión
conlleva
la nulidad, pues se requiere que la falta de
información
sobre
un
hecho
recaiga
sobre
elementos
esenciales del contrato que, de conocerse, hubiese evitado
que la otra parte prestara su consentimiento. S.L.G. SilvaAlicea v. Boquerón Resort, supra, pág. 548. Por último, no
debe olvidarse que la buena fe cobra todavía más importancia
– y utilidad – ante el fenómeno de los contratos de adhesión.
Godreau Robles, op. cit., pág. 418.
De igual manera, nuestro ordenamiento contractual se
enmarca en el principio de la autonomía contractual o la
libertad de contratación, de forma que se permite que las
partes
establezcan
los
pactos,
las
cláusulas
y
las
condiciones que estimen convenientes, siempre que no sean
contrarias a la ley, la moral y el orden público. Demeter
Int’l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 727 (2018); Art. 1207
del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3372. Sobre este
último, el “orden público, lo hemos definido como el medio
para lograr un balance entre la autonomía de la voluntad y
CC-2024-0599
24
la protección del bienestar común”. Demeter Int’l v. Srio.
Hacienda, supra, pág. 728, citando a De Jesús González v.
A.C., 148 DPR 255, 266 (1999). De esta manera, este Tribunal
se ha posicionado en contra de auxiliar a aquella parte que
incurra en conducta contraria a la ley, la moral y el orden
público. Íd. Por eso, se ha empleado la doctrina del orden
público para declarar nulas aquellas cláusulas que atenten
crasamente contra el buen orden del sistema jurídico, tales
como las de contratos de carácter leonino o que le otorgan
a una de las partes una ventaja injustificada. Íd.; De Jesús
González v. A.C., supra, pág. 267.
En último término, tampoco podemos dejar a un lado
nuestra
jurisprudencia
concerniente
a
los
contratos
de
adhesión. Estos comprenden aquellos acuerdos en los que una
de las partes no interviene en su redacción y en los que el
desequilibrio
de
poder
entre
estas
impide
un
verdadero
proceso previo de negociación. Suárez Figueroa v. Sabanera
Real, Inc., 173 DPR 694, 711 (2008). En estos, según hemos
indicado, se reduce al mínimo la bilateralidad contractual.
Íd., págs. 711-712, citando a Zequeira v. CRUV, 83 DPR 878,
881 (1961). Igualmente, como no hay deliberación anterior al
contrato y este
suele
ser uniforme, la realidad de un
consumidor se limita a decidir entre: (1) aceptar el esquema
unilateralmente estructurado; o (2) retirarse del negocio.
Íd., pág. 712. Es decir, o lo tomas o lo dejas.
En una sociedad en la que proliferan cada vez más los
contratos
de
adhesión,
se
atenta
contra
la
verdadera
CC-2024-0599
25
libertad de contratación, pero sobre todo se suscita un
dilema existencial cuando se trata del acceso a un servicio
esencial, como lo es la energía eléctrica en Puerto Rico y
la adquisición de fuentes alternas de energía.
En este tema, hemos precisado que la interpretación de
los contratos de adhesión debe favorecer a la parte más débil
económicamente y a la que no tuvo injerencia sobre la
redacción del acuerdo. Íd.; Herrera v. First National City
Bank, 103 DPR 724, 727 (1975). El propósito de aplicar esta
norma responde a promover la igualdad jurídica, hasta donde
sea posible. Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra,
págs. 712-713, citando a Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd.,
129 DPR 763, 776 (1992). Esto, además, debe ser conjugado
con la norma codificada de que las cláusulas obscuras de un
contrato no deben ser interpretadas para favorecer a la parte
que hubiese ocasionado la obscuridad. Art. 1240 del Código
Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3478.
Dicho
todo
lo
anterior,
la
encomienda
judicial
de
evaluar las cláusulas de arbitraje a la luz de nuestro
derecho de obligaciones y contratos para resolver si fueron
consentidas
y
paradójicamente,
pactadas
a
una
válidamente
colisión
con
nos
la
lleva,
doctrina
de
separabilidad, adoptada por este Tribunal en S.L.G. MéndezAcevedo v. Nieves Rivera, supra, tal y como explico en la
próxima sección.
D.
CC-2024-0599
A
nivel
desarrollado
26
federal,
no
sin
la doctrina de
recibir
críticas12,
se
ha
separabilidad, aplicable al
momento de evaluar si existe un acuerdo válido de arbitraje.
Véanse Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 US
Para algunos tribunales estatales, la doctrina de
separabilidad es inaplicable en su jurisdicción. Véanse
Shaffer v. Jeffery, 915 P.2d 910 esc. 13 (Okla., 1996);
George Engine Co., Inc. v. Southern Shipbuilding Corp., 350
So.2d 881 (La. 1977); Fouquette v. First American Nat.
Securities, Inc., 464 N.W.2d 760 (Minn.App., 1991). Véanse,
también, T. Baker, Arbitration: Arbitration in the 21st
Century: Where We’ve Been, Where We’re Going, 53 Okla. L.
Rev. 653, 674 (2000); J. Douglas Stiner, Arbitration:
Shaffer v. Jeffery: The Oklahoma Supreme Court Rejects the
Separability Doctrine and Takes A Step Back in the
Enforcement of Arbitration Clauses Under Oklahoma Law, 50
Okla. L. Rev. 243 (1997).
12
En Shaffer v. Jeffery, el Tribunal Supremo de Oklahoma
resolvió que la ley estatal proarbitraje de ese entonces,
idéntica a la FAA, no requería la separabilidad. Esa fue la
norma vigente hasta el 2020 cuando ese mismo foro reconoció
que una enmienda posterior impuso la doctrina. Signature
Leasing, LLC v. Buyer’s Group, LLC, 466 P.3d 544 (Okla.,
2020).
Para una muestra de la visión académica, véanse T. Payne &
R. Bales, What A Contract Has Joined Together Let No Court
Cast Asunder: Abolishing Separability and Codifying the
Scope of the Provisions of Arbitration Agreements, 120 W.
Va. L. Rev. 537 (2017); Stephen J. Ware, The Centrist Case
Against Current (Conservative) Arbitration Law, 68 Fla. L.
Rev. 1227 (2016); S.J. Ware, Arbitration Law’s Separability
Doctrine after Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 8
Nev. L.J. 107 (2007); Z.M. Curtin, Rethinking Prima Paint
Separability in Today's Changed Arbitration Regime: The Case
for Inseparability and Judicial Decisionmaking in the
Context of Mental Incapacity Defenses, 90 Iowa L. Rev. 1905
(2005); R. C. Reuben, First Options, Consent to Arbitration,
and the Demise of Separability: Restoring Access to Justice
for Contracts with Arbitration Provisions, 56 SMU L. Rev.
819 (2003); T.J. Monestier, “Nothing Comes of Nothing” ...
or Does It??? A Critical Re-Examination of the Doctrine of
Separability in American Arbitration, 12 Am. Rev. Int'l Arb.
223 (2001); T. Baker, op. cit.; A. Scott Rau, “The
Arbitrability Question Itself”, 10 Am. Rev. Int’l Arb. 287,
335-336 (1999).
CC-2024-0599
395
(1967)
27
y
su
progenie.
En
términos
sencillos,
esta
propugna que, si la impugnación se dirige al contrato en su
totalidad, esta deberá ser atendida por un árbitro o árbitra;
mientras
que,
específicamente
si
la
hacia
la
impugnación
cláusula
está
arbitral,
orientada
deberá
ser
resuelta por el tribunal. Buckeye Check Cashing, Inc. v.
Cardegna,
supra, págs.
445-446.
Para nuestros homólogos
federales, esa distinción responde al lenguaje de la FAA
porque, a su juicio, al proveer un remedio a una parte que
solicita el cumplimiento de una cláusula de arbitraje no
permite
que
los
tribunales
federales
consideren
reclamaciones de fraude dirigidas al contrato en general.
Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., supra, págs.
403-404.13
Sin embargo, no se deben pasar por alto expresiones del
propio alto foro federal que limitan el alcance de esta
norma, tales como: (1) al decidir si las partes acordaron
arbitrar cierta materia, incluyendo la “arbitrabilidad”, los
tribunales deben generalmente aplicar principios de derecho
Esta lectura de la FAA obtuvo críticas instantáneas,
lideradas por el Juez Asociado Hugo Black en una opinión
disidente en Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co.,
supra. Para él, la intención legislativa del Congreso no fue
crear una abarcadora ley federal sustantiva para imponerse
sobre los tribunales estatales. Esta noción, a su vez, resonó
en las voces de los Jueces Asociados Stevens y O’Connor en
Perry v. Thomas, supra, y en la del Juez Asociado Thomas en
DirectTV, Inc. v. Imburgia, 577 US 47 (2015), entre otros
casos.
13
CC-2024-0599
28
estatal relacionados a la formación de contratos14; (2) los
desarrollos
de
la
doctrina
de
separabilidad
no
pueden
divorciarse del principio que subyace toda jurisprudencia de
arbitraje: que el arbitraje es un asunto estrictamente de
consentimiento y es una vía para resolver disputas, pero
solo aquellas que las partes acordaron someter15; (3) por lo
anterior, los tribunales deben ordenar el arbitraje de una
disputa solo cuando se convencen de que ni la formación del
acuerdo de arbitraje ni su aplicabilidad están en disputa,
pues allí donde una parte cuestione uno o ambos asuntos, el
tribunal
debe
resolverlo16;
y
(4)
la
aplicación
de
la
presunción que favorece el arbitraje (y la separabilidad)
únicamente se ha favorecido cuando refleja y deriva su
legitimidad de una conclusión de que arbitrar una disputa en
particular era la intención de las partes porque su acuerdo
expreso de arbitrarla se formó válidamente, es legalmente
ejecutable y abarca la disputa17.
Al ser así, vale reiterar que el Tribunal Supremo
federal también ha matizado que las causas para la revocación
de
un
contrato,
la
equidad
y
las
defensas
generales
aplicables a los contratos están disponibles para invalidar
First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 US 938,
944 (1995).
14
Granite Rock Co. v. International
Teamsters, 561 US 287, 298-299 (2010).
15
16
Íd., págs. 299-300.
17
Íd., págs. 302-303.
Broth.
of
CC-2024-0599
29
acuerdos de arbitraje, incluso cuando es de aplicación la
FAA.18 Doctor's Associates, Inc. v. Casarotto, supra, págs.
686-687; Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson, supra, pág.
281.
Incluso,
livianamente
en
la
irrazonabilidad,
ese
análisis,
doctrina
basada
en
de
no
debe
descartarse
unconscionability
equidad,
mediante
la
o
cual
tribunales en los Estados Unidos han rechazado poner en vigor
contratos
que
estiman
irrazonables
si
son
injustos,
sustantivamente, u opresivos a una parte en maneras que
sugieren abusos en su formación, procesalmente.
Véanse,
entre otros, M. Weston et al., Arbitration: Law, Policy and
Practice, 2nda ed., Durham, Carolina Academic Press, 2024,
págs.
181-190;
C.
McCullough,
Unconscionability
As
A
Coherent Legal Concept, 164 U. Pa. L. Rev. 779 (2016); M.
Lonegrass, Finding Room for Fairness in Formalism – The
En Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson, el Tribunal
Supremo federal estableció:
18
In any event, §2 [of the FAA] gives States a
method for protecting consumers against unfair
pressure to agree to a contract with an unwanted
arbitration
provision.
States
may
regulate
contracts, including arbitration clauses, under
general contract law principles and they may
invalidate an arbitration clause “upon such
grounds as exist at law or in equity for the
revocation of any contract.” What States may not
do is decide that a contract is fair enough to
enforce all its basic terms (price, service,
credit), but not fair enough to enforce its
arbitration clause. The Act makes any such state
policy unlawful, for that kind of policy would
place arbitration clauses on an unequal “footing,”
directly contrary to the Act's language and
Congress' intent. (Énfasis en el original) (Citas
omitidas). Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson,
513 US 265, 281 (1995).
CC-2024-0599
30
Sliding Scale Approach To Unconscionability, 44 Loy. U. Chi.
L.J. 1 (2012); S. Antonetti Zequeira, Arbitraje Comercial en
Puerto Rico: ¿Solución o problema?, XI Rev. de la Academia
Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación 1 (2013); C.
Knapp,
Blowing
the
Whistle
on
Mandatory
Arbitration:
Unconscionability As A Signaling Device, 46 San Diego L.
Rev. 609 (2009).
Más allá de eso, en S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves
Rivera,
supra,
este
Tribunal
importó
la
doctrina
de
separabilidad a nuestra jurisdicción y, al así hacerlo,
distanció artificialmente el cuestionamiento de una cláusula
de arbitraje de la impugnación general de un contrato en el
que haya un presunto pacto de arbitraje. De esa forma, se
refirió al arbitraje la pregunta misma de si las partes están
obligadas a arbitrar.
En esa ocasión, se entendió que esta doctrina era
compatible con nuestra jurisdicción, especialmente por la
política
pública
que
favorece
el
arbitraje
como
método
alterno de solución de disputas. S.L.G. Méndez-Acevedo v.
Nieves Rivera, supra, págs. 379-380. Esto se hizo, además,
fundamentándose
en
las
palabras
del
Juez
Asociado
del
Tribunal Supremo señor Negrón García, respecto a que “si el
razonamiento esbozado en la jurisprudencia federal o de
otros estados de la Unión nos convence, es perfectamente
apropiado acogerlo para resolver el caso que esté ante la
consideración del Tribunal”. Íd., pág. 380. Véase también
Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 430 esc. 3 (1997)
CC-2024-0599
31
(Opinión disidente del Juez Asociado señor Negrón García).
A lo sumo, se estimó que la doctrina de separabilidad
vigoriza la política pública proarbitraje. Íd.
En
virtud
de
ello,
se
acogió
la
doctrina
de
separabilidad como una excepción a la norma general de
nuestro
andamiaje
contractual,
según
la
cual
un
pacto
accesorio es nulo si el contrato principal es nulo. Íd.,
pág. 382. De esta forma, en un ejercicio de abstracción
extrema, nos apartamos de la asentada tradición civilista y
codificada
de
que
las
cláusulas
accesorias
al
contrato
principal dependen de este para su existencia y validez, lo
cual las hace nulas si también lo es el contrato principal.
Véanse Municipio v. Vidal, 65 DPR 370, 375 (1945); Arts.
1144 y 1161 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs.
3204 & 3245. Estas cláusulas son, en esencia, incidentales
a la obligación principal, las cuales hay que cumplir, pero
que no son el motivo determinante del negocio. J.R. Vélez
Torres, Derecho de obligaciones: curso de derecho civil, 2da
ed., San Juan, Ed. U.I.A., 1997, pág. 67. Estas obligaciones,
por su naturaleza dependiente, corren la misma suerte que
las principales. Municipio v. Vidal, supra, pág. 375.
Los fundamentos citados para adoptar este curso de
acción fueron varios. Por un lado, se interpretó la doctrina
de separabilidad como una figura jurídica “lisonjera para
resolver una controversia en particular”. Íd. Asimismo, se
destacó que la doctrina representaba un avance contra los
prejuicios judiciales hacia el arbitraje y que, a su vez,
CC-2024-0599
fue
32
endosada
en
otros
países
como
Inglaterra,
España,
Francia y Alemania. Íd., págs. 383-384.
Por otro lado, se subrayó una multiplicidad de razones
de política pública para favorecer la doctrina, tales como:
(1) evitar la duplicidad de procedimientos, al impedir que
se requiera a un tribunal determinar la validez del acuerdo
con el único propósito de establecer finalmente que un
árbitro o árbitra tiene la autoridad para resolver la disputa
contractual; (2) evitar que las partes utilicen tácticas
dilatorias para retrasar o evadir el arbitraje; (3) honrar
la intención de las partes al pactar el arbitraje; y (4)
promover la conveniencia de que las partes puedan excluir la
aplicación
de
la
doctrina
si
redactan
la
cláusula
de
arbitraje utilizando un lenguaje que delimite su alcance.
Íd., pág. 384. Esto último, se consideró independientemente
de que el contrato sea uno de adhesión y de que la redacción
de la cláusula no sea negociada y no esté al alcance de la
parte con menor poder en la relación contractual.
Incluso más, el Tribunal en esa ocasión reconoció que
no todas las controversias deberán referirse al arbitraje,
pues una parte debe tener derecho a ser escuchada en los
tribunales, a “tener su día en corte”, a menos que haya
acordado someterse al arbitraje. Íd., pág. 385, citando a
J.J. Barceló III, International Commercial Arbitration: Who
decides
the
Arbitrator's
Jurisdiction?
Separability
and
Competence-Competence in Transnational Perspective, 36 Vand.
J. Transnat'l L. 1115, 1120 (2003). En ese sentido, también
CC-2024-0599
33
se destacó que, para aplicarse la doctrina, será necesario
que el acuerdo de arbitraje sea suficientemente amplio y que
no
limite
la
intervención
arbitral
a
controversias
claramente definidas. Íd. Por eso, se pautó que la labor
judicial en este extremo implicará evaluar si la cláusula de
arbitraje es taxativa o si es lo suficientemente amplia como
para que la controversia sobre la validez del contrato
principal sea adjudicada por un árbitro o árbitra. Íd., págs.
386-387.
Dicho
todo
esto,
según
adelanté,
la
acepción
y
aplicación irreflexiva de la doctrina de separabilidad da al
traste con la encomienda judicial de evaluar la validez de
las cláusulas de arbitraje a la luz de nuestro derecho de
obligaciones
y
contratos,
especialmente
en
cuanto
al
requisito esencial del consentimiento. En otras palabras,
sostengo que nuestro derecho contractual opera en contra de
la adopción de la doctrina de separabilidad y, sobre todo,
de su aplicación precipitada, instintiva o mecánica cuando
existe controversia sobre la formación del contrato.
Y es que con la aplicación automática de la doctrina de
separabilidad se favorece desmedidamente que una parte evada
la
revisión
judicial
de
un
contrato,
mediante
la
mera
inclusión de lenguaje a favor del arbitraje, y así se prive
a la otra parte de cuestionar si, en efecto, el contrato es
válido y, por ende, si el pacto de arbitrar es legítimo.
En
palabras
de
un
autor,
referir
una
disputa
al
arbitraje cuando no solo la cláusula de arbitraje está sujeta
CC-2024-0599
34
a impugnación, sino el contrato en su totalidad, puede
implicar perder de vista la principal y única pregunta: si
existe un consentimiento legalmente ejecutable de someterse
al arbitraje. A. Scott Rau, “The Arbitrability Question
Itself”, 10 Am. Rev. Int’l Arb. 287, 335-336 (1999). De esa
manera, no puede obviarse que la existencia de un acuerdo de
arbitraje
puede
cuestionan
la
ser
impugnada
existencia
de
por
un
otros
arreglo
vicios
que
contractual
vinculante en primer lugar.19 Íd., pág. 335. Al fin y al
cabo, ¿cómo puede validarse una cláusula de un contrato que
se alega fue inducido mediante fraude, engaño o dolo cuando
el contrato en su totalidad es posiblemente nulo?20 Dicho de
“[T]he existence of an ‘agreement’ to arbitrate
may also be tainted by other flaws that call into question
the very existence of a binding contractual arrangement in
the first place: There is simply no agreement to anything,
for example, where a signature has been forged, or where an
authentic signature was obtained at gunpoint”. (Énfasis en
el original) (Citas omitidas). A. Scott Rau, op. cit., pág.
335.
19
El autor, Todd Baker, plantea la pregunta en estos
términos: “This curious interpretation [that the federal
court may only consider allegations of fraud regarding the
arbitration clause itself] raises a serious question: How
can a provision of an allegedly fraudulently induced
contract be enforced when the contract as a whole is possibly
void altogether? Again, the [Prima] Court seems to ignore
this question entirely”. T. Baker, op. cit., pág. 662.
20
Asimismo, en palabras críticas del Juez Asociado Stevens,
suscritas por el Juez Asociado Breyer y las Juezas Asociadas
Ginsburg y Sotomayor, “Prima Paint y su progenie le permiten
a
un
tribunal
desprender
un
acuerdo
de
arbitraje
potencialmente
válido
de
un
contrato
potencialmente
inválido”. (Traducción nuestra). Rent-A-Center, West, Inc.
v. Jackson, 561 U.S. 63, 85 (2010) (Opinión disidente del
Juez Asociado Stevens).
CC-2024-0599
35
otro modo, si existen dudas sobre la formación válida de un
contrato en sí, ¿cómo no las va a haber sobre una cláusula
contenida en él, así sea de arbitraje, y cómo se justifica
obviarlas y someter a una de las partes a arbitrar?
Además, como sugiere esto último, la aplicación de la
doctrina de separabilidad redunda en elevar los acuerdos de
arbitraje a una posición superior y más fuerte con relación
al resto de los contratos.21 De ordinario, tendríamos reparos
en que, durante el litigio de un caso, un tribunal hiciera
valer una cláusula particular de un contrato cuya validez
está bajo cuestionamiento en el mismo procedimiento. Sin
embargo,
un
pacto
de
arbitraje
no
recibe
el
mismo
tratamiento, a menos que, de alguna forma, la parte cuestione
directamente la validez de la inclusión de esa disposición
en el contrato igualmente cuestionado.
Por
otra
parte,
como
en
el
caso
de
epígrafe,
la
extensión de esta norma obvia que las acciones de una parte
contratante en relación con la totalidad del contrato pueden
afectar la inclusión de la cláusula de arbitraje. Son ejemplo
perfecto de ello todas nuestras expresiones al respecto de
que el que una parte guarde silencio o no revele hechos
Amerita destacar que el Juez Asociado Hugo Black
reiteró que ello iba directamente en contra de la intención
legislativa de la FAA, de la cual se deriva la doctrina de
separabilidad. A su juicio, lo deseado era únicamente
colocar los acuerdos de arbitraje en la misma posición que
otras
obligaciones
contractuales,
dado
el
prejuicio
existente en aquel entonces hacia este tipo de cláusula.
Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., supra, pág.
423 (Opinión disidente del Juez Asociado Black).
21
CC-2024-0599
36
importantes durante el proceso de negociación podría viciar
el consentimiento. Cónsono con nuestra jurisprudencia, esta
acción
podría
implicar
tanto
dolo
como
violaciones
al
principio de buena fe. Y es lógico, toda vez que, aun
tratándose de un pacto de arbitraje, si una parte guardó
silencio – o peor, ofuscó o engaño a la otra – sobre un
elemento
esencial
verdaderamente
se
de
un
contrato,
contrataría,
se
como
con
podría
quién
viciar
el
consentimiento acerca del contrato y sus disposiciones.
Asimismo,
proarbitraje,
igual
en
que
nuestra
existe
una
política
pública
jurisdicción
existen
amplios
estatutos y jurisprudencia a favor de la protección de los
consumidores y las partes económicamente inferiores en las
relaciones contractuales.22 La aplicación de la doctrina de
separabilidad,
incluso
en
los
casos
más
evidentes
de
contratos de adhesión e indistintamente de que se trate de
productos
o
servicios
esenciales,
atenta
contra
estas
Véanse, entre otros, la Ley orgánica del Departamento
de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,
según enmendada, 3 LPRA sec. 341 et seq., y la Carta de
Derechos del Consumidor en su Art. 7A, 3 LPRA sec. 341f-1;
Art. 1240 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3478;
DACO v. LUMA y otros, 2025 TSPR 126, 217 DPR ___ (2025);
Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177, 188189 (2010); Suárez v. Levitt Homes, 167 DPR 526, 530-531
(2006); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 591 (2005); Aponte
v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 144 DPR 830, 833-834 esc. 1
(1998); Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186,
214 (1997); Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 DPR
452, 459 (1978).
22
CC-2024-0599
nociones
37
protectoras
básicas.23
Este
efecto
sería
más
irrazonable si el mecanismo impuesto, como en este caso,
puede exponer a la parte reclamante, la cual está en una
posición inferior de por sí, a la imposición de costas por
la
reclamación
de
su
derecho,
incluso
aquel
que
sea
estatutario. En el pasado, he advertido que medidas como la
imposición
de
costas,
honorarios
legales
y
gastos
del
arbitraje a la parte más débil plantea un severo disuasivo
o
chilling
effect
sobre
la
vindicación
de
derechos
estatutarios o, en este caso, de acceso a la justicia.
Kendall Hope Tucker v. Money Group, LLC y otros, supra, pág.
23 (Opinión disidente del Juez Asociado Estrella Martínez).
Además,
debemos
considerar
que
cuando
se
trata
de
la
obtención de un servicio esencial y se presenta una falta de
opciones reales de negociación, el interés de protección al
consumidor
o
la
parte
más
desventajada
en
la
relación
contractual aumenta notablemente.
Con todo esto en mente, si nuestra amplia adopción de
la doctrina de separabilidad estuvo basada en razones de
política
pública,
ciertamente
sus
efectos
nocivos
y
contrarios a nuestros estatutos y a otras doctrinas deben
llevarnos a reevaluar ese precedente.
A nivel del más alto foro federal, las voces
disidentes de las Juezas Asociadas Ginsburg y Sotomayor en
DirectTV, Inc. v. Imburgia, supra, advirtieron que la
extensión de la FAA por el Tribunal Supremo ha redundado en
degradar los derechos de los consumidores, blindar los
contratos de adhesión e insular a las compañías con gran
poder económico de responsabilidad por sus actos.
23
CC-2024-0599
38
III
En
esta
ocasión,
teníamos
la
tarea
de
revisar
la
determinación del Tribunal de Apelaciones de revocar al
Tribunal
de
Primera
Instancia
y,
a
mi
entender,
correctamente devolver el caso para la celebración de una
vista evidenciaria con el único y limitado fin de evaluar la
validez de la cláusula de arbitraje contenida en el contrato
presuntamente pactado entre Máximo Solar y la señora Sierra
Lugo.
Para el foro intermedio, la alegación de fraude y engaño
en torno a la cláusula de arbitraje, así como la posibilidad
de que esta fuera nula e ineficaz, debió llevar al Tribunal
de Primera Instancia a celebrar la vista. En cambio, para el
foro primario, este no poseía jurisdicción para entender
sobre el caso, dado a que Máximo Solar demostró la existencia
de un acuerdo de arbitraje sin que la señora Sierra Lugo
expusiera detalladamente las circunstancias de fraude al
negociar la cláusula de arbitraje ni realizara alegaciones
específicas sobre la naturaleza engañosa o fraudulenta de
esta cláusula.
Por
su
parte,
Máximo
Solar
reiteró
ante
nos
el
razonamiento del foro primario. Por eso, como su posición es
que la recurrida únicamente atacó de forma general la validez
del contrato, sus alegaciones y el resto de la reclamación
debían litigarse ante un árbitro o árbitra.
Entretanto,
correspondía
la
señora
resolver:
(1)
Sierra
si
Lugo
las
sostuvo
partes
que
nos
válidamente
CC-2024-0599
39
pactaron una cláusula de arbitraje porque se cuestionó su
inclusión independientemente de las reclamaciones generales
sobre el contrato; y (2) si el contrato, por ser de adhesión,
contenía cláusulas ambiguas que favorecían a la parte que
las redactó. Sobre ello, reafirmó que, desde el inicio del
pleito, alegó que la cláusula de arbitraje fue incluida como
resultado
también
de
fraude
y
engaño.
Igualmente,
adujo que Máximo Solar realizó
enfatizó
que
representaciones
falsas de que era la única compañía con la que contrataría
y que no le proveyó copia física del contrato. Por todo ello,
razonó que era necesario que el tribunal escuchara a las
partes en una vista evidenciaria.
Habida cuenta de lo anterior, una mayoría de este
Tribunal opta por modificar el dictamen del Tribunal de
Apelaciones, dejar sin efecto la vista evidenciaria ordenada
por este y, en su lugar, decretar la suspensión de los
procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto,
pues, según su criterio, la señora Sierra Lugo no incluyó
una alegación específica dirigida a rebatir la presunción de
validez de la cláusula de selección del foro arbitral y no
especificó cuáles fueron los actos fraudulentos relacionados
con la inclusión de esta. Por eso, la mayoría estimó que,
como
las
alegaciones
de
vicio
en
el
consentimiento
se
dirigieron a impugnar la validez del contrato en general,
procedía aplicar la doctrina de separabilidad y someter la
cuestión de la validez del contrato a la consideración de un
árbitro o árbitra.
CC-2024-0599
40
Como considero que, con este curso de acción, este
Tribunal se aparta de lo que estimo prudente al momento de
evaluar cláusulas de arbitraje en contratos de adhesión,
cuya validez también es cuestionada desde un inicio por
vicios
al
consentimiento,
respetuosamente
disiento.
A
diferencia del resultado al que se llega en esta ocasión,
soy del criterio de que el Tribunal de Apelaciones actuó
correctamente al devolver el caso al foro primario. Solo así
se podría garantizar el “día en corte” de la recurrida para
demostrar en qué consistió el fraude y el engaño que llevó
a su contratación con Sunrun, el rol que jugó Máximo Solar
en ello y la invalidez de la cláusula de arbitraje. A mi
juicio, es tarea eminentemente judicial el evaluar primero
si existió un acuerdo válido para arbitrar antes de obligar
a las partes a someter su controversia a ese mecanismo,
especialmente cuando se presentan planteamientos de fraude,
engaño o inducción a error que potencialmente vician el
consentimiento de una parte con poder desigual en un contrato
de adhesión en el contexto de un servicio esencial, como lo
es la energía eléctrica. En otras palabras, sostendría que
determinar la validez de una cláusula de arbitraje en este
escenario es un asunto inseparable del cuestionamiento al
consentimiento del contrato en general.
A.
En primer orden, en lugar de desestimar o suspender los
procedimientos, al devolverse el caso al foro primario y
ordenarse una vista evidenciaria para atender la validez del
CC-2024-0599
41
contrato entre las partes, se enfocaría la atención de ese
tribunal
única
y
principalmente
en
las
alegaciones
al
respecto que la señora Sierra Lugo planteó desde un inicio.
Al
igual,
como
es
sabido,
el
tribunal
tendría
a
su
disposición la herramienta de proveer para un descubrimiento
de prueba limitado a la controversia jurisdiccional. Molina
v.
Supermercado
sentido,
con
preocupaciones
Amigo,
este
Inc.,
proceder
típicas
de
supra,
no
se
pág.
En
este
presentarían
las
onerosidad,
341.
dilación
y
descubrimiento excesivo de prueba. Además, en un balance
justo de intereses, más debería pesar la preocupación de
someter a una parte a participar en el arbitraje cuando
posiblemente no lo pactó válidamente.
Sin embargo, el resultado al que llega este Tribunal
hoy le exige un grado de especificidad a la recurrida que no
corresponde con la etapa de los procedimientos en la que se
encuentra el caso. Más allá de ello, contradice lo que
requiere la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, al
momento de incluirse las alegaciones en la demanda. León
Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 40 (2020); Torres,
Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501-502 (2010). Esto,
pues, se le colocó un peso desmedido a lo que debía plantear
sobre fraude, error y dolo en la producción del contrato.
Incluso así, un análisis de la Demanda y la oposición a la
desestimación demuestran que la señora Sierra Lugo plasmó,
desde un inicio, alegaciones que apuntaban a vicios en el
consentimiento del contrato y el acuerdo de arbitrar.
CC-2024-0599
42
Distinto a ese proceder, soy del criterio de que,
enfrentado a la solicitud de desestimación, el foro primario
debía analizar las alegaciones de forma liberal y favorable
a la recurrida, dándolas por ciertas conforme al estándar de
adjudicación
aplicable
y,
de
esa
forma,
correspondía
concluir que la señora Sierra Lugo planteaba una reclamación
que justificaría la concesión de un remedio.24 Ello, pues,
realizó alegaciones desde un principio que van a la médula
de la formación del contrato y el acuerdo de arbitraje. Por
eso, en vez de desestimar sin más, el Tribunal de Primera
Instancia
debía
atender
las
alegaciones
en
una
vista
evidenciaria.
B.
En segundo orden, no coincido con la aplicación de la
doctrina de separabilidad a espaldas de nuestro amplio y
directamente
vinculante
derecho
contractual.
Al
así
proceder, se rehúye la tarea judicial – y la encomienda
estatutaria – de evaluar si una parte consintió a someterse
al arbitraje. Y es que razones de peso apoyan la aplicación
Contrario a la actuación del foro primario al acoger
la moción de desestimación como una solicitud de sentencia
sumaria, lo correcto era atenderla según la Regla 10.2 de
Procedimiento Civil, supra, a cuyo amparo se presentó. Esto,
pues, más allá de adjuntar el contrato y alegar sobre sus
disposiciones, Máximo Solar realmente no expuso materias no
contenidas en la Demanda, toda vez que la señora Sierra Lugo
realizó alegaciones sobre el contrato, su contenido y su
invalidez. En ese punto, se encontraban en disputa dos (2)
versiones sobre las mismas materias. Para la señora Sierra
Lugo, sobre si el contrato se formó válidamente; para Máximo
Solar, sobre si el contenido del contrato obligaba al
arbitraje.
24
CC-2024-0599
43
de un escrutinio mayor en este contexto, pues: (1)
el
arbitraje es una figura eminentemente contractual que, para
su eficacia, requiere que las partes lo pacten de manera
libre, deliberada, con conocimiento y conscientes de sus
consecuencias; (2) el error, el dolo y hasta el silencio
pueden viciar el consentimiento; (3) una violación a la buena
fe que se deben las partes, ya sea en la negociación o en
las fases previas, podría provocar que una de ellas no haya
prestado
su
consentimiento
válidamente;
(4)
no
revelar
hechos importantes u ofuscarlos podría implicar una falta a
la buena fe que vicia el consentimiento; (5) estando en
litigio un contrato de adhesión, que sobre todo tiene que
ver con un servicio tan preciado como la energía eléctrica,
así como con el ejercicio del derecho a la propiedad privada,
lo
correspondiente
es
proteger
a
la
parte
más
débil
económicamente que, además, no ha tenido injerencia sobre la
redacción del acuerdo; y (6) razones de orden público, en
protección
de
los
consumidores
frente
a
acuerdos
con
carácter leonino y prácticas desleales que toman una ventaja
injustificada, podrían llevar a su declaración de nulidad.
Además de lo anterior, nuestro ordenamiento no reconoce
como posible la separación de una obligación accesoria de
aquella
principal,
de
forma
que
la
primera
sea
válida
mientras que la segunda no. Si bien ello no debe motivar a
los tribunales a fallar automáticamente a favor de esa parte,
sí debe llevar a permitirle su “día en corte” para atender
sus reclamos sobre la validez del contrato y el acuerdo de
CC-2024-0599
44
arbitraje, en especial sin artificialmente separar un asunto
del otro.
Sobre todo, lo que adujo la señora Sierra Lugo desde la
presentación de la Demanda apunta a estas posibilidades. En
un inicio, la recurrida alegó que Máximo Solar: (1) fue la
única compañía con la que se comunicó; (2) previo a la
contratación y durante ella, le representó falsamente que
era la única compañía con la que contrataba; (3) no le brindó
una copia del contrato hasta varios meses después de la
instalación del equipo fotovoltaico; y (4) no le proveyó la
oportunidad de revisar y leer el contrato antes de firmarlo
electrónicamente. Este tipo de actuaciones, de ser ciertas,
podía probar alguno de los fundamentos citados para viciar
el consentimiento y así justificar un remedio a favor de la
recurrida. Dicho lo anterior, correspondía garantizarle su
día en corte para demostrar esas alegaciones.
Visto de este modo, las razones de política pública que
llevaron a adoptar y aplicar la doctrina de separabilidad en
S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, no están
presentes en este caso, sino que, por el contrario, son
contradichas por nuestros
estatutos y
la jurisprudencia
sobre el derecho contractual. A esto se suma, además, que es
aconsejable
la
celebración
de
una
vista
cuando
una
determinación jurisdiccional como esta puede disponer de
todo el caso, especialmente dadas las circunstancias ya
descritas. Incluso, la celebración de una vista puntual y
limitada a las alegaciones que se tengan sobre la validez y
CC-2024-0599
45
la formación del contrato y de la cláusula de arbitraje
atiende
la
preocupación
de
dilación
excesiva
que
busca
atender la doctrina.25 De igual forma, se debe tener en cuenta
que, de lo contrario, se podría estar refiriendo al arbitraje
a partes que no consintieron a ello, con los costos y
obstáculos que implica, únicamente porque el tribunal decide
ignorar
los
cuestionamientos
dirigidos
a
elementos
esenciales del contrato.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente
disiento del curso de acción adoptado por una mayoría de este
Tribunal.
A
diferencia
de
este,
hubiese
confirmado
la
Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y ordenado
que el foro primario atendiera mediante vista evidenciaria
las alegaciones legítimas sobre la invalidez de la cláusula
de arbitraje en cuestión, incluida en un evidente contrato
de adhesión.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
Ese, por cierto, es el mecanismo que requiere el Art.
4 de la Ley de Arbitraje Comercial de 1951, 32 LPRA sec.
3204, cuando, luego de oír a las partes sobre la existencia
o validez de un convenio de arbitraje, el tribunal encuentra
que se ha suscitado una controversia sobre la existencia,
validez o incumplimiento de tal acuerdo.
25
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Nancy Sierra Lugo
Recurrida
v.
Sunrun PR Operations, LLC;
Máximo Solar Industries, Inc.;
Aseguradoras ABC; John Doe; y
Richard Roe
CC-2024-0599
Peticionarios
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN
PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 10 de julio de 2026.
En momentos en que nuestro País atraviesa una crisis
energética, -- tanto por el costo como por la inestabilidad
de ese servicio esencial --, cientos de miles de hogares
puertorriqueños se han visto precisados a buscar alternativas
que les permitan lidiar con esa problemática.1 En respuesta
a esa necesidad urgente, pautas comerciales de empresas que
instalan sistemas de energía solar inundan los medios de
comunicación, -- desde la radio y la televisión hasta las
vallas publicitarias y la Internet --, anunciando tentadoras
ofertas y prometiendo una mejor calidad de vida.
En ese contexto, imaginemos que representantes de una
de esas empresas acuden a la casa de una puertorriqueña o de
un puertorriqueño para instalar un sistema de energía solar,
Según los datos reportados por la Administración de Información
Energética de los Estados Unidos, para el mes de marzo de 2026, unos
196,588 hogares puertorriqueños tenían instalados sistemas de generación
de energía solar participantes del programa de medición neta. U.S. Energy
Information Administration, “Net metering”, Monthly Electric Power
Industry
Report,
marzo
de
2026,
https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/#netmeter.
1
CC-2024-0599
2
y, durante el proceso, le acercan una tableta electrónica y
le dicen: “deme su firmita por aquí”, pretendiendo con ello
amarrarle a una infinidad de obligaciones que ni tan si
quiera
pudo
ver
o
conocer.
Pues,
de
eso,
en
palabras
sencillas, se trata la causa de epígrafe.
Así las cosas, ante esa nueva realidad impuesta por la
digitalización del tráfico jurídico, nos parecía imperativo
que este Alto Foro, como último intérprete de las leyes,
hubiese examinado, -- con mayor detenimiento y consideración
a
las
dinámicas
contemporáneas
--,
el
elemento
del
consentimiento contractual, necesario para la existencia de
cualquier convenio vinculante. Ello, pues, descansar, -- como
hoy lo hace una mayoría de este Tribunal --,2 en los preceptos
legales formulados a base de la lógica del acuerdo impreso y
de la firma autógrafa ya resulta anacrónico.
Como una mayoría de mis compañeras y compañeros de
estrado no lo hizo, procedemos, desde la disidencia, a así
hacerlo. Veamos.
I.
Allá para el 4 de diciembre de 2023, la Sra. Nancy
Sierra Lugo (en adelante, “señora Sierra Lugo”) presentó,
ante el Tribunal de Primera Instancia, una Demanda sobre
incumplimiento de contrato y daños en contra de Sunrun PR
Hoy se decide validar una cláusula de arbitraje contenida en un contrato
cuyo texto, -- según las propias alegaciones de la Demanda de autos --,
no se le permitió leer ni revisar a la clienta reclamante antes de que
se le estamparan sus iniciales y firma electrónica, y del cual tampoco
se le entregó una copia. Ello, con el objetivo de mantener en suspenso
su reclamación, y, en consecuencia, obligarla a someterse a un
procedimiento arbitral, sujetando así su derecho a tener un día en corte
a la determinación que eventualmente se tome en el referido foro privado.
2
CC-2024-0599
Operations,
3
LLC
(en
adelante,
“Sunrun”)
y
Maximo
Solar
Industries, Inc. (en adelante, “Maximo Solar”).
En síntesis, en el referido escrito, expuso que, el 7
de septiembre de 2020, firmó electrónicamente un contrato de
alquiler de un sistema de energía solar para su residencia,3
sin que se le diera la oportunidad de revisar ni leer su
contenido.4 Señaló, además, que, en ese momento, se le hizo
creer
erróneamente
que
estaba
suscribiendo
el
referido
acuerdo con la empresa Maximo Solar.
Asimismo, la señora Sierra Lugo alegó que el mencionado
sistema de energía fotovoltaica falló a las dos (2) semanas
de haber sido instalado, por lo que se comunicó con dicha
compañía. Indicó que, a pesar de que Maximo Solar determinó
que todo estaba
bien,
el referido sistema eléctrico
se
mantuvo inoperante durante unos seis (6) meses más.
Ante la relatada situación, la señora Sierra Lugo adujo
que solicitó una copia del mencionado contrato a Maximo
Solar, ya que nunca se le había provisto una. Mencionó que
no fue hasta que recibió el duplicado del referido documento
que tuvo acceso a la totalidad de los términos y condiciones
Del contrato en cuestión se desprende que las iniciales y la firma
atribuidas a la señora Sierra Lugo fueron integradas a éste mediante la
plataforma digital de manejo de firmas electrónicas y generación
automatizada de documentos DocuSign, las cuales están enmarcadas con un
recuadro rotulado con las siglas “DS” o la frase “DocuSigned by:”,
seguidas de un código alfanumérico de identificación. Además, el referido
acuerdo indica, expresamente, que “Sunrun generó de forma automática este
formulario el 9/7/2020”. (Énfasis suplido). Contrato, Apéndice del
certiorari, pág. 178.
3
4
Demanda, Apéndice del certiorari, pág. 77.
CC-2024-0599
4
que establecía el acuerdo, así como advino en conocimiento
de que, en realidad, había otorgado el contrato con Sunrun.5
De igual modo, la señora Sierra Lugo arguyó que así se
enteró de que tenía un derecho contractual a recibir una
copia completa del mismo antes de que se iniciara cualquier
tipo de trabajo, cosa que indicó aquí no sucedió. Manifestó,
además, que, a pesar de haber realizado múltiples gestiones
tanto
con
Maximo
Solar
como
con
Sunrun,
sus
reclamos
permanecieron sin resolverse y el sistema solar instalado en
su casa se mantuvo sin funcionar por más de un (1) año.
En virtud de todo lo anterior, la señora Sierra Lugo
solicitó, al foro primario, que: (1) declarara la nulidad y
resolución del contrato en cuestión; (2) ordenara la remoción
de los equipos y la devolución del dinero pagado; y (3)
condenara a las empresas demandadas a indemnizarla por todos
los daños contractuales y extracontractuales sufridos.
Luego de varias
incidencias procesales
innecesarias
aquí pormenorizar, el 15 de febrero de 2024, Maximo Solar
presentó,
ante
Demanda.6 En lo
el
foro
primario,
su
Contestación
pertinente, argumentó que el
a
la
mencionado
A grandes rasgos, el contrato en cuestión contemplaba el arrendamiento
del servicio de generación y almacenamiento de energía eléctrica mediante
la instalación de un sistema, -- compuesto por paneles interconectados
de celdas fotovoltaicas, inversores, baterías y otros equipos afines -, en la residencia de la señora Sierra Lugo, durante un término de tracto
sucesivo de veinticinco (25) años y por un canon mensual de doscientos
cuarenta y seis dólares ($246.00) para el primer año, con un aumento
anual de un uno punto nueve por ciento (1.9%). En virtud de éste, Sunrun
se obligó a monitorear proactivamente, así como proveer mano de obra y
materiales para reparar o reemplazar el sistema de energía solar objeto
del acuerdo durante veinticinco (25) años después de su instalación.
5
Asimismo, el 8 de marzo de 2024, Maximo Solar interpuso, ante el foro
primario, una Solicitud de Desestimación, mediante la cual esbozó,
esencialmente, los mismos planteamientos de su escrito anterior.
6
CC-2024-0599
5
contrato contenía una cláusula de arbitraje que requería
desestimar
el
pleito
al
amparo
de
la
Regla
10.2
de
Procedimiento Civil, infra.
Según
Maximo
Solar,
la
mencionada
disposición
contractual exigía un proceso de arbitraje, -- a cargo de la
organización Judicial Arbitration and Mediation Services,
Inc. --, como el único medio de resolución de controversias
entre ésta y sus clientes. Lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Federal de Arbitraje, infra.
Por su parte, el 18 de abril de 2024, la señora Sierra
Lugo presentó, ante el Tribunal de Primera Instancia, una
Oposición a solicitud de desestimación. En suma, planteó que
existían
hechos
desestimar
su
materiales
recurso
sin
en
controversia
que
la
celebración
de
impedían
una
vista
evidenciaria. De igual modo, argumentó que la cláusula de
arbitraje contenida en el contrato en controversia era nula
e ineficaz,
así
como que debía
interpretarse
de manera
desfavorable para la parte que la incluyó, por figurar en un
contrato celebrado por adhesión.
Habiendo evaluado los planteamientos de las partes, el
15 de mayo de 2024, el foro primario emitió una Sentencia
mediante la cual acogió la solicitud de Maximo Solar y, en
consecuencia,
desestimó
con
perjuicio
la
Demanda.
Esencialmente, el Tribunal de Primera Instancia razonó que
la cláusula de arbitraje en cuestión era válida, exigible e
irrevocable, conforme a las leyes estatales y federales
CC-2024-0599
6
aplicables; y que las alegaciones de fraude no cumplieron
con la especificidad requerida por el ordenamiento procesal.
Inconforme con tal proceder, el 17 de junio de 2024, la
señora Sierra Lugo presentó, ante el Tribunal de Apelaciones,
una Apelación. En ésta, señaló que el foro primario erró al
desestimar con perjuicio su reclamación sin haberle permitido
celebrar una vista evidenciaria en la que pudiera demostrar
la nulidad e ineficacia del contrato en virtud del cual se
le obligó a someterse a un foro arbitral.
Por su parte, el 29 de julio de 2024, Maximo Solar
presentó,
ante
el
foro
apelativo
intermedio,
su
correspondiente Alegato en oposición a recurso de apelación.
Mediante éste, y, en esencia, dicha parte expuso los mismos
fundamentos que había esbozado previamente para solicitar la
desestimación del pleito.
Examinados los alegatos de ambas partes, el 7 de agosto
de 2024, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia, en
virtud de la cual revocó el dictamen del Tribunal de Primera
Instancia. En síntesis, concluyó que, conforme al estándar
aplicable a una solicitud de desestimación, el foro primario
incidió al disponer del pleito
con perjuicio
sin antes
celebrar una vista evidenciaria para evaluar la validez de
la cláusula de arbitraje, siendo ello una tarea que le
compete particularmente a los tribunales.
En desacuerdo con el revés judicial, y, tras solicitar
reconsideración infructuosamente, el 27 de septiembre de
2024, Maximo Solar compareció ante nos mediante el Recurso
CC-2024-0599
7
de certiorari civil de epígrafe. En éste, esencialmente,
imputa al foro apelativo intermedio haber errado al revertir
el dictamen desestimatorio emitido por el Tribunal de Primera
Instancia y ordenar la celebración de una vista evidenciaria,
ante la defensa de falta de jurisdicción por la existencia
de un acuerdo de arbitraje, el cual se presume válido.
Por su parte, el 11 de abril de 2025, la señora Sierra
Lugo acudió ante nos mediante un Alegato de certiorari civil
[de la] parte recurrida. En síntesis,
argumenta que el
Tribunal de Apelaciones actuó conforme a derecho al recovar
el dictamen recurrido y al exigir la celebración de una vista
evidenciaria, toda vez que el estándar de adjudicación de
una
solicitud
de
desestimación
requiere
considerar
como
ciertas todas las alegaciones bien hechas en la Demanda, así
como resolver toda duda en favor de la parte que se vería
privada de tener su día en corte.
Sobre el particular, la señora Sierra Lugo abunda que,
al
haberse
alegado
la
invalidez
del
acuerdo,
resultaba
necesario que el foro primario permitiera la presentación de
prueba, de modo que estuviese en posición de decidir si el
acuerdo de arbitraje era válido o no. Ello, como asunto de
umbral para disponer del pleito u ordenar su continuación.
Asimismo, dicha parte enfatiza que el presente litigio
está enmarcado por una práctica desleal de las compañías de
energía solar, que consiste en incluir cláusulas de arbitraje
en sus contratos, “las cuales no sólo no explican, sino que
ni tan siquiera mencionan a sus clientes, induciéndolos a
CC-2024-0599
8
error y a firmar electrónicamente y sin [proveerles] copia”.
(Énfasis suplido). Alegato de certiorari civil [de la] parte
recurrida, pág. 5.
Como adelantamos, hoy, una mayoría de este Tribunal
concluye, -- a nuestro juicio, erradamente --, que procede
obligar a las partes a someterse, -- a sus expensas --, a un
arbitraje, al sujetar la continuación de los procedimientos
ante el Tribunal de Primera Instancia a la determinación de
tal foro privado. Lo anterior, en un escenario en el que,
además, se le priva a la parte demandante la oportunidad de
probar, -- en una vista evidenciaria --, sus alegaciones de
que no tuvo la oportunidad de leer o revisar el acuerdo al
cual se le estamparon sus iniciales y firma, y de cuya faz
surge
de
que
fue
generado
automáticamente
mediante
una
herramienta digital.
Con
tal
coincidir.
proceder,
Así,
pues,
como
ya
mencionamos,
examinemos
a
no
podemos
continuación
los
fundamentos que motivan nuestro disenso.
II.
A.
i.
Como es sabido, toda parte contra la que, en nuestra
jurisdicción, se interponga una demanda puede solicitar su
desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento
Civil, 32 LPRA Ap. V. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et
al., 214 DPR 1135 (2024); Costas Elena y otros v. Magic Sport
y otros, 213 DPR 523, 533 (2024); Eagle Security v. Efrón
CC-2024-0599
9
Dorado et al., 211 DPR 70 (2023). La referida regla permite
hacer tal solicitud por las siguientes razones: (1) falta de
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4)
insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5)
dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión
de
un
remedio;
o
(6)
dejar
de
acumular
una
parte
indispensable. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al.,
supra; Rivera, Lozada v. Universal, 214 DPR 1007 (2024);
Costas Elena y otros v. Magic Sport y otros, supra; Conde
Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020).
ii.
En lo relacionado con los primeros dos escenarios en
los que se puede solicitar la desestimación de una demanda,
debemos
recordar
que
la
jurisdicción
es
el
poder
o
la
autoridad que posee un tribunal para atender y adjudicar un
caso o controversia. Friger Salgueiro v. Mech-Tech Coll.,
LLC,
2026
TSPR
30,
pág.
4,
218
DPR
___
(2026); Mojica
Rodríguez v. ESSROC, 2026 TSPR 47, pág. 8, 218 DPR ___ (2026);
Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935
(2011). Al respecto, hemos sentenciado que los tribunales
deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y, de carecer
de ésta, sólo resta que así lo declararen y desestimen la
reclamación sin entrar en los méritos de la controversia.
MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 211 DPR 135, 146
(2023); Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374,
386-387 (2020); S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182
CC-2024-0599
10
DPR 675, 682-683 (2011). Lo anterior es así, debido a que la
falta
de
subsanada;
jurisdicción:
(2)
las
(1)
no
es
susceptible
partes
no
pueden
de
ser
voluntariamente
conferírsela ni abrogársela al tribunal; y (3) conlleva la
nulidad de los dictámenes emitidos. Asoc. Fotoperiodistas v.
Rivera Schatz, supra; Pagán v. Alcalde Mun. De Cataño, 143
DPR 314, 326 (1997); Vázquez v. Administración de Reglamentos
y Permisos, 128 DPR 513, 537 (1991). Así pues, cuando la
parte demandada entienda que un foro carece de jurisdicción,
tiene la opción de interponer tal defensa, ya sea en una
moción de desestimación o en la contestación a la demanda.
R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho
procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2007,
Sec. 2601, pág. 230.
iii.
Ahora bien, indistintamente de lo anterior, para que
proceda un planteamiento desestimatorio bajo la Regla 10.2
de Procedimiento Civil, supra, se tiene que demostrar, de
forma certera, que la parte demandante no tiene derecho a
remedio alguno
bajo cualquier
estado de derecho que se
pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando
la demanda lo más liberalmente en su favor. Rivera San Feliz
v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías
et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Para
ello, los tribunales están obligados a tomar como ciertos
todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos
de la forma más favorable a la parte demandante. Rivera,
CC-2024-0599
Lozada
Yabucoa
v.
et
11
Universal,
supra;
Cobra
Acquisitions
v.
al.,
DPR
829,
396
Casillas
210
(2022);
Mun.
Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022); Cruz Pérez v.
Roldán Rodríguez et al., 206 DPR 261, 267 (2021). En ese
sentido, el asunto a evaluarse no radica en dictaminar si la
parte demandante prevalecerá finalmente en el pleito, sino,
más bien, si ésta tiene o no derecho a continuar con su caso.
J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da.
ed., Publicaciones JTS, 2011, T. II, págs. 270-272.
Así pues, teniendo esas normas procesales en mente,
debemos evaluar si, tomando como ciertas las alegaciones de
la presente reclamación y despejando toda duda de la manera
más
favorable
para
la
parte
demandante,
procedía
su
desestimación a la luz del derecho aplicable al remedio
solicitado. Estamos convencidos de que no. Veamos el porqué.
B.
i.
Como se sabe, con el fin de promover una política
pública liberal en favor de los acuerdos de arbitraje, así
como de eliminar la hostilidad existente hacia ese mecanismo
de resolución de conflictos, el Congreso de los Estados
Unidos promulgó la Ley Federal de Arbitraje (en adelante y
por sus siglas en inglés, “FAA”), 9 USCA sec. 1 et seq.
Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., 208 DPR 263, 279
(2021); AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 563 U.S. 333, 339
(2011); Hall Street Associates, L.L.C. v. Mattel, Inc., 552
U.S. 576, 581 (2008). Así, el referido estatuto federal
CC-2024-0599
12
dispone que la mayoría de los contratos comerciales en que
se
establecen
acuerdos
de
arbitraje
entre
las
partes
otorgantes serán válidos, exigibles e irrevocables, salvo
en aquellos casos en que el acuerdo mediante el cual se
instrumenten sea revocable por las causas que invaliden
cualquier otro contrato en derecho o en equidad.7
A la luz de
la
precitada disposición, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos ha reiterado que el “arbitraje es
un
asunto
de
contrato
y
de
consentimiento”.
(Énfasis
suplido). Coinbase, Inc. v. Suski, 602 U.S. 143, 145 (2024);
AT&T Mobility LLC v. Concepcion, supra, pág. 339; Rent-ACenter, West, Inc. v. Jackson, 561 U.S. 63, 67 (2010). En
consecuencia,
como
los
acuerdos
de
arbitraje
son
simplemente contratos, el punto de partida al enfrentarse
a cualquier controversia que los involucre radica en evaluar
si existe un consentimiento contractual de las partes para
someterse a ese mecanismo. Coinbase, Inc. v. Suski, pág.
148; Lamps Plus, Inc. v. Varela, 587 U.S. 176, 183-184
(2019); Granite Rock Co. v. Teamsters, 561 U.S. 287, 299
(2010); First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S.
938, 943 (1995).
De igual modo, -- y, por exigencia expresa del FAA,
supra,
7
y
de
su
jurisprudencia
interpretativa
--,
Específicamente, la Sec. 2 del FAA, 9 USCA sec. 2, dispone:
A written provision in any maritime transaction or a contract
evidencing a transaction involving commerce to settle by
arbitration a controversy thereafter arising out of such
contract or transaction […] shall be valid, irrevocable, and
enforceable, save upon such grounds as exist at law or in
equity for the revocation of any contract.
las
CC-2024-0599
13
legislaturas y los tribunales estatales están obligados a
tratar
los
acuerdos
de
arbitraje
comprendidos
bajo
el
referido estatuto en igualdad de condiciones que el resto
de los acuerdos vinculantes, conforme a las normas generales
de contratación de cada jurisdicción. Rent-A-Center, West,
Inc. v. Jackson, supra, págs. 67-68; AT&T Mobility LLC v.
Concepcion, supra, pág. 341; Lamps Plus, Inc. v. Varela,
supra, pág. 183; Doctor’s Associates, Inc. v. Casarotto,
517 U.S. 681, 687 (1996). Así debió haberse hecho en el
presente
caso,
pero
una
mayoría
de
mis
compañeras
y
compañeros de estrado no lo hizo.
ii.
Ahora bien, el Alto Foro Judicial federal ha delineado
ciertas normas para establecer qué ente, -- si un árbitro
o
un
tribunal
determinar
la
--,
tiene
validez
y
jurisdicción
extensión
de
primaria
tales
para
acuerdos,
dependiendo del tipo de impugnación de la que se trate,
conforme a lo que se ha denominado como la “doctrina de
separabilidad” (severability doctrine).
A
tenor
acuerdan,
de
de
ésta,
manera
cuando
las
partes
contratantes
expresa,
que
cualquier
objeción
respecto a la arbitrabilidad de las controversias que puedan
surgir entre ellas será atendida por un árbitro, operarán
las siguientes normas: (1) si la impugnación se dirige a la
validez
general
del
contrato,
la
adjudicación
de
la
arbitrabilidad le corresponderá al foro arbitral; pero si
se alega, de manera particularizada, que la cláusula de
CC-2024-0599
14
arbitraje
específicamente
incorporada
mediante
es
fraude
inválida
o
por
engaño,
haber
sido
entonces
le
corresponde al foro judicial atender tal planteamiento.
Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson, supra, págs. 70-72;
Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 U.S. 440, 444445 (2006); Prima Paint Corp. Flood & Conklin Mfg. Co., 388
U.S. 395, 403-404 (1967).
Lo anterior es así, toda vez que, ante la existencia
de un contrato por escrito entre las partes, el FAA, supra,
establece que un acuerdo de arbitraje contenido en él será
válido, exigible e irrevocable, sin mencionar la validez
del resto del convenio. Íd. En consecuencia, si se impugna
la validez de todo el contrato o de una parte específica de
él distinta del acuerdo de arbitraje, -- por ejemplo, porque
fueron
producto
de
dolo
o
porque
alguna
ley
permite
invalidar el acuerdo a base de alguna de sus provisiones -, el derecho sustantivo federal en materia de arbitraje
requiere que se “separe” el acuerdo de arbitraje del resto
del convenio, de modo que subsista la eficacia del primero.
Íd.
Sin embargo, -- y de particular importancia para la
correcta disposición de las controversias que hoy nos ocupan
--, al desarrollar la doctrina de separabilidad, el Tribunal
Supremo federal ha dejado claro que la vertiente de la
impugnación generalizada de la validez del contrato se
distingue de aquellos supuestos en los que no se haya
llegado a configurar un contrato, por haber estado ausente
CC-2024-0599
alguno
de
15
los
perfeccionamiento.8
elementos
Véase
indispensables
Rent-A-Center,
para
su
Inc.
v.
West,
Jackson, supra, pág. 70 esc. 2; y Buckeye Check Cashing,
Inc. v. Cardegna, supra, pág. 444 esc. 1. Específicamente,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos precisó que “la
controversia sobre la validez del contrato es distinta de
la controversia de si se perfeccionó un acuerdo entre el
acreedor
y
el
deudor”.9
(Traducción
nuestra
y
énfasis
suplido). Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, supra,
pág. 444 esc. 1.
La razón para tal distinción es muy sencilla: si no se
llegó
a
materializar
un
contrato
vinculante
por
la
inexistencia de alguno de los requisitos indispensables
para el perfeccionamiento de cualquier convenio, conforme
a las normas generales de contratación de cada jurisdicción,
pues, realmente, no cabe hablar de que existió un acuerdo.
Es decir, ante la inexistencia absoluta o radical de un
contrato, no hay forma alguna de “separar” una cláusula de
arbitraje del resto de un acuerdo impugnado. Sin contrato,
no hay arbitraje; y sin arbitraje, lo que procede es que el
Como ejemplos de tales circunstancias en las que no se llega a
perfeccionar un contrato por la ausencia de un elemento indispensable,
-- de modo que no les aplica la doctrina de separabilidad --, el
Tribunal Supremo federal mencionó los cuestionamientos relativos a la
firma del contrato, la falta de autoridad de un mandatario para obligar
a su mandante y la capacidad mental del suscribiente para prestar su
consentimiento al acuerdo. Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546
U.S. 440, 444 esc. 1 (2006).
8
(“The issue of the contract’s validity is different from the issue
whether any agreement between the alleged obligor and obligee was ever
concluded”).
9
CC-2024-0599
foro
16
judicial
o
administrativo
competente
dilucide
las
controversias planteadas, tal y como ocurre de ordinario.
Así, pues, aclarado lo anterior, -- y, partiendo de la
premisa fundamental de que el arbitraje es esencialmente un
asunto de contrato y consentimiento --, nos corresponde
ahora examinar las normas generales de contratación bajo el
ordenamiento
civil
evaluar
aquí
si
puertorriqueño,
se
llegó
a
de
modo
perfeccionar
que
un
podamos
contrato,
conforme a las alegaciones de la Demanda de epígrafe.10
C.
i.
Como
se
sabe,
el
contrato
es
el
negocio
jurídico
bilateral por el cual dos (2) o más partes expresan su
consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear,
regular, modificar o extinguir obligaciones. Art. 1230 del
Código
Civil,
obligaciones
31
LPRA
sec.
9751.
son
los
vínculos
Por
otro
jurídicos
de
lado,
las
carácter
patrimonial en virtud de los cuales la parte deudora tiene
el deber de ejecutar una prestación que consiste en dar,
hacer o no hacer algo en provecho de la parte acreedora, la
cual, a su vez, tiene un derecho de crédito para exigir su
cumplimiento. Art. 1060 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8981.
Si bien reconocemos que las disposiciones aplicables a los hechos de
marras son las del Código Civil de 1930, hemos decidido hacer referencia
aquí a los artículos correspondientes del vigente Código Civil de 2020,
siempre que recojan esencialmente las mismas normas que su predecesor
o codifiquen los principios de interpretación contractual desarrollados
en la jurisprudencia de este Tribunal aplicables a la presente
controversia.
10
CC-2024-0599
17
Un contrato se perfecciona cuando las partes manifiestan
su consentimiento sobre el objeto y la causa que lo motiva,
salvo en los casos en que se requiera alguna formalidad
solemne o se pacte una condición suspensiva. Art. 1237 del
Código
Civil,
31
LPRA
sec.
9771.
Es
decir,
sin
consentimiento no hay contrato. In re Feliciano Ruiz, 117
DPR 269, 276 (1986); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173
DPR 870, 886 (2008); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830,
836 (2004).
Sobre este último extremo, se considera que existe
consentimiento
por
el
concurso
entre
una
oferta
y
su
correspondiente aceptación, cuando el oferente recibe la
aceptación.11 Art. 1238 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9772.
Por ello, el tratadista Luis Medina de Lemus nos señala
que,
para
la
adecuada
formación
de
un
contrato,
el
manifestarse
de
un
modo
y
M.
Medina
“consentimiento
debe
consciente”.12
(Énfasis
suplido).
de
libre
Lemus,
Derecho civil, Madrid, Ed. Dilex, 2004, T. II, Vol. 1, pág.
Se entiende por oferta el acto unilateral dirigido a una persona
determinable mediante el cual se le expresan todos los elementos
necesarios para la existencia del contrato propuesto o el medio para
establecerlos. Art. 1239 del Código Civil, 31 LPRA 9773. La aceptación
se refiere al acto unilateral, puro y simple mediante el cual se presta
conformidad a una oferta. Art. 1241 del Código Civil, 31 LPRA 9775.
11
En iguales términos se expresan Castán y Puig Brutau. Al respecto,
Castán nos señala que el consentimiento, -- al cual describe como el
“elemento más sustancial” y el cual “constituye el alma del contrato”
--, “resulta por la conjunción de voluntades conscientes, inteligentes
y libres”. (Énfasis suplido). J. Castán Tobeñas, Derecho civil español,
común y foral, Madrid, Ed. Reus, 2008, T. 3, págs. 636-637. Asimismo,
Puig Brutau nos indica que “es necesario que el contrato nazca como
obra de la voluntad libre y consciente de los que lo otorgan”, de modo
que, “[p]ara que exista contrato ha de haber un consentimiento serio,
espontáneo y libre”. (Énfasis suplido). J. Puig Brutau, Fundamentos de
derecho civil, Barcelona, Ed. BOSCH, 1988, T. II, Vol. I, pág. 73.
12
CC-2024-0599
18
290. De igual modo, el Prof. José R. Vélez Torres nos
explica que, la “prestación del consentimiento, para que
sea considerada válida, presume una voluntad capaz que sea,
además, libre y que tenga completo conocimiento sobre lo
que está haciendo”. (Énfasis suplido). J.R. Vélez Torres,
Curso de derecho civil, San Juan, Ed. UIPR, 1990, T. IV,
Vol. II, pág. 45.
Nótese que nuestro ordenamiento integra los elementos
esenciales del contrato como un sistema interdependiente,
de modo que no cabe hablar de un consentimiento prestado en
el
vacío
o
desvinculado
del
resto
de
los
requisitos
indispensables de objeto y causa. Por lo tanto, para que
exista un consentimiento que perfeccione un contrato, se
requiere que éste se preste específicamente respecto a las
obligaciones que conforman el acuerdo del que se trate.
Dicho
exige,
de
como
otro
modo,
condición
el
mínima
consentimiento
contractual
absoluta,
las
que
partes
contratantes tengan, por lo menos, una oportunidad real de
conocer los términos y condiciones del convenio para el que
se preste. Adelantamos, ello no sucedió aquí, conforme a lo
alegado en la Demanda de epígrafe.
ii.
Al respecto, resulta imprescindible distinguir entre:
(1)
la
ausencia
total
o
radical
del
elemento
de
consentimiento; y (2) las causas de anulación del contrato
por
haber
mediado
algún
vicio
de
la
voluntad
en
la
prestación de tal conformidad. Lo anterior así, pues, de
CC-2024-0599
19
tal diferenciación depende si el negocio jurídico es nulo
de
pleno
derecho
(entiéndase,
que
nunca
existió
como
cuestión jurídica); o si, por el contrario, es meramente
anulable (es decir, aunque existió, se invalida por decreto
judicial).
Recordemos que un contrato es nulo de pleno derecho
cuando alguno de sus elementos esenciales, -- a saber, el
consentimiento, el objeto y la causa --, es inexistente;
mientras que es anulable si concurre algún vicio de la
voluntad.13 Art. 342 del Código Civil, 31 LPRA 6312.
Respecto a este segundo escenario, la ley establece
que el error, el dolo, la violencia y la intimidación vician
la voluntad, de modo que el negocio jurídico en el que medie
alguno de estos defectos será anulable si fue determinante
para su otorgamiento. Arts. 285 y 286 del Código Civil, 31
LPRA secs. 6191 y 6192. Entiéndase, en estos casos, no hay
duda de que se prestó un consentimiento para perfeccionar
el negocio jurídico; lo que sucede es que ese consentimiento
se prestó bajo unas circunstancias que lo contaminan o lo
desvirtúan
de
tal
manera
que
podrían
justificar
su
anulación.
Sobre el particular, Puig Brutau nos ilustra que por “nulidad de
pleno derecho, llamada también nulidad radical o absoluta, se entiende
aquella imperfección de los contratos que le impide producir sus propios
efectos”, debido a que, -- a diferencia de las causas de anulación que
establece el Código Civil --, el aparente acuerdo fue “celebrado en
contravención con normas imperativas o prohibitivas, o por faltarle
alguno de sus requisitos esenciales”. (Énfasis suplido). J. Puig
Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. BOSCH, 1988, T.
II, Vol. I, págs. 286-287.
13
CC-2024-0599
En
20
cambio,
la
ausencia
total
o
radical
del
consentimiento se refiere a algo distinto. Se trata, pues,
de que la falta de este elemento indispensable del contrato
impide el perfeccionamiento mismo del convenio. Por tal
razón, Medina de Lemus nos comenta que “[b]asta que no pueda
darse el consentimiento, el objeto o la causa para que,
mejor que de nulidad, pueda hablarse de inexistencia” del
contrato. (Énfasis suplido). Medina de Lemus, op. cit.,
pág. 361.
iii.
Ahora bien, no empece a todo lo anterior, debemos
recordar aquí que toda relación contractual, -- antes,
durante y después de su perfeccionamiento y ejecución --,
se tiene que regir por el principio fundamental de la buena
fe, el cual permea todo el ordenamiento jurídico. Prods.
Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 528 (1982); Colón v.
Glamorous
Nails,
167
DPR
33,
44-46
(2006);
PRFS
v.
Promoexport, 187 DPR 42, 56-58 (2012). Así, y, como una de
las vertientes de la buena fe, se ha reconocido que las
partes
contratantes
tienen
un
deber
de
obtener
y
proporcionar información de circunstancias de hecho y de
derecho en las etapas conducentes al perfeccionamiento del
acuerdo. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR
48, 65-66 (2011); S.L.G. Silva-Alicea v. Boquerón Resort,
186 DPR 532, 548 (2012); Bosques v. Echevarría, 162 DPR
830, 836 (2004); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 697698 (2008). Véase, también, Art. 1271, 31 LPRA sec. 9881.
CC-2024-0599
21
Por supuesto, subsumido en tal principio se encuentra
el deber de divulgar o presentar íntegramente el texto del
acuerdo; especialmente, cuando se trate de los llamados
“contratos celebrados por adhesión”, esos que sólo redacta
una de las partes y la otra se ve precisada a aceptar su
contenido. Art. 1248 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9802.
Sobre el particular, nos parece en extremo pertinente el
planteamiento desarrollado por el Prof. Michel J. Godreau
Robles en su ampliamente citado artículo Lealtad y buena fe
contractual, 58 Rev. Jur. UPR 367, 379 (1989).
Allí, el profesor Godreau Robles nos señala que la
“doctrina de la buena fe podría utilizarse para atemperar
el grado evidente de desbalance negocial que se da en varias
facetas de los contratos de adhesión”, como, por ejemplo,
mediante un ajuste jurisprudencial de las normas “respecto
al perfeccionamiento de estos contratos, la doctrina sobre
la forjación del consentimiento y los defectos que puedan
viciarlo”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 419.
En esa dirección, el referido estudioso trae a nuestra
atención que, en el caso de los contratos de adhesión, “no
tiene sentido hablar de negociación, pues la característica
de este tipo de contratación es precisamente la eliminación
de esa fase”. Íd. Por lo tanto, el profesor Godreau Robles
nos plantea que se justifica trasladar las normas de la
buena
fe
que
hemos
desarrollado
para
esa
etapa
precontractual a su equivalente en los contratos celebrados
por adhesión, la cual denomina la “publicidad de la oferta”.
CC-2024-0599
22
Íd. En específico, dicho académico nos sugiere “instaurar
como defensa la anulación del contrato que se logra mediante
una oferta o publicidad que no responde a las exigencias de
la buena fe, porque no es leal y honesta, aunque no podamos
ubicarla dentro de los parámetros tradicionales del dolo”.
(Énfasis suplido). Íd., pág. 420.
En sintonía con lo anterior, el profesor Godreau Robles
nos propone reconocer, como corolario del principio de la
buena fe, el “deber de todo contratante-dictador de: (1) no
sólo
divulgar
todos
los
términos
y
condiciones
de
la
contratación, sino de (2) cerciorarse de que el consumidor
con quien contrata entienda tales términos y condiciones”.
(Énfasis
suplido).
Íd.
Es
decir,
más
allá
de
nuestra
posición respecto a la exigencia mínima de la divulgación
del
contenido
del
contrato
consentimiento
que
lo
para
materializar
perfeccione,
el
un
mencionado
catedrático considera, como una vertiente de la buena fe
contractual,
el
deber
de
que la
parte
que
redacte
el
acuerdo, -- a saber, la de mayor poder en la negociación -, se asegure de que la parte que se ve precisada a aceptar
su contenido, -- entiéndase, la más vulnerable --, comprenda
lo que está aceptando.
Y es que, -- en armonía con la introducción de este
escrito y como bien señala el profesor Godreau Robles --,
las
empresas
han
llegado
“al
extremo
de
crear
en
los
consumidores la creencia […] de que muchos de los productos
y servicios que se ofrecen son indispensables para el
CC-2024-0599
23
disfrute de la vida moderna”, para lo que se “valen de todas
las artimañas de la psicología mercantil utilizando los
medios masivos de comunicación, logrando así que muchas
personas se lancen al perfeccionamiento de contratos que
representan
beneficios
verdaderas
distan
mucho
cargas
de
económicas,
lo
prometido”.
y
cuyos
(Énfasis
suplido). Íd. Tal, nos parece, es el caso de autos.
D.
Por último, debido a que la presente controversia gira
en torno a un contrato efectuado automáticamente mediante
una plataforma digital de integración de manejo de firmas
electrónicas,
conviene
aquí
examinar
también
las
disposiciones de la Ley Núm. 148 de 8 de agosto de 2006,
conocida como Ley de Transacciones Electrónicas, 10 LPRA
sec. 4081 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 148-2006”).
Estatuto aprobado en atención “a los grandes adelantos en
la tecnología informática y el vertiginoso crecimiento de
dicha tecnología en el ámbito comercial”, -- situación que
ha facilitado que la ciudadanía pueda “realizar por vía
electrónica todo tipo de transacciones” --; pero, a su vez,
procurando “controles suficientes para prevenir el fraude
y los abusos potenciales”. Exposición de motivos de la Ley
Núm. 148-2006, supra.
A esos fines, dicha ley establece que “[n]o se le
restará efecto o validez legal a un Documento Electrónico
o Firma Electrónica por el mero hecho de estar en formato
electrónico”, así como tampoco “se le restará efecto o
CC-2024-0599
validez
24
legal
a
un
contrato
por
haberse
utilizado
un
Documento Electrónico en su formación”. (Énfasis suplido).
Art. 7 (a) y (b) de la Ley Núm. 148-2006, 10 LPRA sec. 4086.
Es decir, mediante tal disposición estatutaria, se les
extendió validez legal a los instrumentos digitales, tal y
como si estuviesen impresos y suscritos a puño y letra.
Ahora bien, de las precitadas normas, surgen varios
conceptos que debemos examinar. Particularmente, la Ley
Núm. 148-2006, supra, define “contrato” como “la obligación
legal que resulta del acuerdo entre las partes, conforme
con esta Ley y otras leyes aplicables”. (Énfasis suplido).
Art. 2 (6) de la Ley Núm. 148-2006, 10 LPRA sec. 4081.
Asimismo, la ley precisa que “documento electrónico”
se
refiere
comunicado,
a
un
“archivo
recibido
o
creado,
almacenado
generado,
por
enviado,
cualquier
medio
electrónico”. Art. 2 (8) de la Ley Núm. 148-2006, supra.
Además, el precitado estatuto define “firma electrónica”
como la “totalidad de datos en forma electrónica consignados
en
un
mensaje,
adjuntados
o
documento
lógicamente
o
transacción
asociados
a
electrónica,
dicho
o
mensaje,
documento o transacción, que puedan ser utilizados para
identificar al signatario e indicar que éste aprueba la
información
recogida
en
el
mensaje,
documento
o
transacción”. (Énfasis suplido). Art. 2 (13) de la Ley Núm.
148-2006, supra.
A la luz de las definiciones que anteceden, se desprende
que
el
marco
de
operación
y
validez
de
los
referidos
CC-2024-0599
25
instrumentos y procesos electrónicos están subordinados a
los
requisitos
sustantivos
que
establece
nuestro
ordenamiento jurídico para el perfeccionamiento de todo
acuerdo
vinculante,
con
especial
atención
al
consentimiento. Así lo deja claro su Art. 3 (d), el cual
señala
que
toda
transacción
“estará
sujeta
además
a
cualquier otra ley aplicable”. Art. 3 (d) de la Ley Núm.
148-2006, supra.
En sintonía con lo anterior, el Art. 5 de la Ley Núm.
148-2006, supra, aclara que sus disposiciones solamente
aplicarán a negocios jurídicos efectuados “entre dos o más
partes, cada una de las cuales haya acordado realizar
Transacciones por medios electrónicos”, para lo cual se
considerará “el contexto y las circunstancias que rodean la
Transacción,
incluyendo
la
conducta
de
las
partes”.
(Énfasis suplido). Art. 5 (b) de la Ley Núm. 148-2006,
supra. De igual modo, la referida disposición estatutaria
establece un derecho irrenunciable mediante el cual una
“persona que acuerde efectuar una Transacción por medios
electrónicos podrá negarse a efectuar otras Transacciones
por medios electrónicos”. Art. 5 (c) de la Ley Núm. 1482006, supra.
También, debemos destacar que la Ley Núm. 148-2006,
supra,
provee
ciertas
salvaguardas.
Específicamernte,
dispone que “[s]i quien envía el Documento Electrónico
impide que el que lo recibe imprima o almacene el archivo,
el Documento Electrónico no será vinculante para el que lo
CC-2024-0599
26
recibe. (Énfasis suplido). Art. 8 (c) de la Ley Núm. 1482006, supra. Asimismo, dicta que una firma electrónica “será
atribuible a determinada persona si existe por actuación de
dicha persona”, lo cual se determinará conforme al “contexto
y circunstancias de su creación, ejecución o adopción,
incluyendo
el
acuerdo
de
las
partes,
si
alguno,
y
de
conformidad con cualquier otra ley aplicable”. (Énfasis
suplido). Art. 9 de la Ley Núm. 148-2006, supra.
Así pues, y, en definitiva, tanto el propósito como el
alcance
de
la
Ley
Núm.
148-2006,
supra,
consisten
en
equiparar a las transacciones electrónicas con los negocios
jurídicos celebrados a través de medios análogos o en papel,
mas no en sustituir o suplir los requisitos esenciales para
el
perfeccionamiento
de
cualquier
contrato,
a
saber:
objeto, causa y consentimiento. Por lo tanto, el mero hecho
de que se haya empleado uno de los mecanismos electrónicos
autorizados no tiene el efecto de perfeccionar un contrato
ante una falta de consentimiento. Como adelantamos, en tal
deficiencia, precisamente, radica el caso de marras.
Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que
procedemos a disponer, -- desde la disidencia --, de la
controversia planteada en el caso que nos ocupa.
III.
En esta ocasión, como hemos visto, una mayoría de mis
compañeras y compañeros de estrado entendió que se puede
prestar un consentimiento válido, -- aunque una de las
partes contratantes alegue que ni tan siquiera tuvo la
CC-2024-0599
27
oportunidad de leer o revisar el contenido de un contrato
al que integraron sus iniciales y firmas electrónicas de
una manera automatizada --, para poner en vigor una cláusula
de
arbitraje
y
condicionar
la
continuación
de
los
procedimientos judiciales a la determinación de tal foro
privado. Fallan malamente en su proceder.
Y es que, a partir del cuadro fáctico de autos, -- el
cual, como adelantamos, se debe tomar por cierto al tratarse
aquí de una solicitud de desestimación bajo la Regla 10.2
de Procedimiento Civil, supra --, somos de la opinión que,
en la etapa procesal en la que se encuentra la causa de
epígrafe,
no
procede
un
fallo
desestimatorio
ni
una
suspensión de los procedimientos, por no ser de aplicación
la doctrina de separabilidad antes reseñada. Lo anterior es
así, debido a que estamos ante una alegación de ausencia
total
del
elemento
de
consentimiento,
requerido
para
perfeccionar cualquier acuerdo en nuestra jurisdicción. En
consecuencia,
--
y,
dada
la
clara
controversia
de
si
existió, o no, un consentimiento que forjara un contrato,
habiéndose planteado que no se tuvo la oportunidad de leer
ni de revisar su contenido --, procedía la celebración de
una vista evidenciaria en la que la señora Sierra Lugo
pudiese probar tales alegaciones.
IV.
Llegar a un resultado distinto, -- como hoy lo hace
una mayoría de este Tribunal --, equivaldría a menoscabar
o privar de su derecho a tener un día en corte a personas
CC-2024-0599
28
que, como consecuencia de las nuevas dinámicas que impone
la digitalización del tráfico jurídico, se vean precisadas
a estampar sus marcas autógrafas a ciegas en aparatos
electrónicos, para intentar perfeccionar contratos que van
desde la búsqueda desesperada de opciones para enfrentar la
crisis energética que atraviesa el País, -- similar a
situaciones como las de autos --, hasta acuerdos relativos
a otros aspectos trascendentales en sus vidas, como los
asuntos médicos y el manejo de su información privada.
Por supuesto, la posición que aquí adoptamos no tiene
el alcance de sugerir que la diversidad de contratos que
diariamente se suscriben a través de medios electrónicos
son
nulos
por
el
mero
hecho
de
haberse
otorgado
digitalmente. Más bien, nuestro planteamiento va dirigido
a exponer que, para que se configure un consentimiento que
perfeccione un acuerdo vinculante, -- cualquiera que sea -, se requiere que las partes tengan, cuanto menos, una
oportunidad real de conocer los términos y condiciones que
lo conforman, de modo que exista una correspondencia entre
una
oferta
concreta
(objeto
y
causa)
y
su
aceptación
específica (consentimiento).
Concluir lo contrario sería abrir una puerta peligrosa
para que la mera otorgación de una firma en el vacío faculte
a quien la requiera a comprometer, a su arbitrio, la persona
y los bienes de quien la preste, estampando esa marca
autógrafa
en
una
infinidad
de
acuerdos
desconocidos
e
CC-2024-0599
29
indeterminables para esta última. A ello, el Juez que
suscribe no le puede imprimir un voto de conformidad.
V.
Es, pues, por todo lo antes expuesto que disentimos
del curso de acción seguido en el día de hoy por una mayoría
de mis compañeras y compañeros de estado.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado