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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sierra Lugo v. Sunrun PR Operations, LLC y otros

2026 TSPR 76

Poder Judicial de Puerto Rico

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Sierra Lugo v. Sunrun PR Operations, LLC y otros

CC-2024-0599

10 de julio de 2026 · Hon. Camille Rivera Pérez · Obligaciones y Contratos; Arbitraje – Si corresponde al tribunal o al árbitro adjudicar planteamientos dirigidos a impugnar el consentimiento contractual cuando el contrato contiene una cláusula de arbitraje que delega expresamente en el árbitro la determinación de su alcance o aplicabilidad, y que además establece que el proceso se regirá por la Ley Federal de Arbitraje.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Sierra Lugo

Recurrida

v.

Sunrun PR Operations, LLC; Máximo

Solar Industries, Inc.,

Aseguradoras ABC, John Doe y

Richard Roe

Certiorari

2026 TSPR 76

218 DPR ___

Peticionarios

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0599

10 de julio de 2026

Tribunal de Apelaciones:

Panel IX

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Jorge Fernández Reboredo

Lcdo. Pedro J. Cruz Pérez

Representante legal del recurrido:

Lcdo. Rafael Román Jiménez

Materia: Obligaciones y Contratos; Arbitraje – Si corresponde al

tribunal o al árbitro adjudicar planteamientos dirigidos a impugnar

el consentimiento contractual cuando el contrato contiene una

cláusula de arbitraje que delega expresamente en el árbitro la

determinación de su alcance o aplicabilidad, y que además establece

que el proceso se regirá por la Ley Federal de Arbitraje.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Sierra Lugo

Recurrida

v.

CC-2024-0599

Certiorari

Sunrun PR Operations, LLC;

Máximo Solar Industries,

Inc., Aseguradoras ABC, John

Doe y Richard Roe

Peticionarios

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada Rivera

Pérez.

En San Juan, Puerto Rico a 10 de julio de 2026.

En

el

presente

caso,

examinamos

si

corresponde

al

tribunal o al árbitro adjudicar planteamientos dirigidos a

impugnar el consentimiento contractual cuando el contrato

contiene una cláusula de arbitraje que delega expresamente

en el árbitro la determinación de su alcance o aplicabilidad,

y que además establece que el proceso se regirá por la Ley

Federal de Arbitraje.

Resolvemos

que,

ante

la

ausencia

de

alegaciones

dirigidas a impugnar la validez de la cláusula de delegación,

el

foro

judicial

controversias

carece

relacionadas

de

facultad

con

la

para

validez,

adjudicar

alcance

o

aplicabilidad del acuerdo arbitral. En tales circunstancias,

corresponde

al

árbitro

atender

los

planteamientos

CC-2024-0599

2

formulados, toda vez que las partes, en virtud de lo pactado,

le delegaron expresamente la facultad de decidir sobre su

propia jurisdicción.

I.

El 7 de septiembre de 2020, la Sra. Nancy Sierra Lugo

(recurrida) suscribió un contrato para el arrendamiento de

un sistema solar fotovoltaico con Sunrun PR Operations, LLC

(Sunrun), que sería instalado en su residencia.1 En dicho

contrato se acordó que, de no poder resolver las disputas de

manera

informal,

resolución

de

el

arbitraje

controversias,

sería

el

único

incluyendo

medio

aquellas

de

que

versaban sobre su alcance o aplicabilidad.2

Insatisfecha con la ejecución del contrato aludido, el

4 de diciembre de 2023, la señora Sierra Lugo presentó una

Demanda sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios

contra Sunrun, Máximo Solar Industries, Inc. (Máximo Solar

o

peticionario),

y

sus

respectivas

aseguradoras.3

En

síntesis, alegó que el sistema solar fue instalado en su

residencia, pero falló a las pocas semanas y nunca llegó a

funcionar adecuadamente y que, pese a múltiples gestiones

realizadas ante ambas compañías para corregir la avería,

incluyendo

llamadas,

citas

y

promesas

de

servicio

no

cumplidas, el sistema permaneció inoperante por más de un

año. Aunque le fue concedido un crédito parcial, la señora

Véase Apéndice del recurso, págs. 138-178.

Íd., págs. 155-156.

3 Íd., págs. 69-78. Las aseguradoras fueron designadas con nombres

ficticios, conforme a lo dispuesto en la Regla 15.4 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V.

1

2

CC-2024-0599

3

Sierra Lugo sostuvo que su situación no fue resuelta y que

persistía

el

incumplimiento

de

las

obligaciones

contractuales asumidas por las partes demandadas.

En vista de ello, la recurrida solicitó al foro primario

que

decretara

la

resolución

del

contrato,

ordenara

la

remoción del equipo instalado y que se le reembolsaran las

sumas pagadas durante la vigencia de este. Además, reclamó

una indemnización por los daños contractuales sufridos,

incluyendo el costo de continuar utilizando el servicio de

energía eléctrica provisto por LUMA Energy, así como por los

daños extracontractuales y las angustias mentales sufridas.

Asimismo, la recurrida planteó que su consentimiento

estuvo viciado y bajo la errónea impresión —inducida por

alegadas falsas representaciones— de que lo hacía con Máximo

Solar, y no con Sunrun.4 En consecuencia, también solicitó

que se declarara la nulidad del contrato.

La alegación ocho (8) de la Demanda lee:

En todo momento la codemandada MAXIMO SOLAR INDUSTRIES, INC.

había representado a la parte demandante que era con ella

con quien había otorgado el Contrato. Téngase en cuenta que

fue con la codemandada MAXIMO SOLAR INDUSTRIES, INC. con

quien la parte demandante siempre se comunicó a través de

sus empleados o representantes. Varios meses después de la

instalación, -y ante la falta de funcionamiento del sistema

solar fotovoltaico instalado-, la parte demandante requirió

copia del Contrato que nunca había recibido. Es entonces

cuando la parte demandante advino en conocimiento de que con

quien había otorgado el Contrato era con la codemandada

SUNRUN PR OPERATIONS, LLC. (Negrillas en el original).

Específicamente expuso en la alegación 33 de la Demanda lo siguiente:

Ante el reiterado, craso y contumaz incumplimiento de las

partes demandadas con su obligación contractual, la parte

compareciente solicita la resolución del Contrato y el pago

de las prestaciones, así como los daños y perjuicios sufridos

como consecuencia del incumplimiento contractual. Además,

el consentimiento de la parte demandante estuvo viciado,

pues mediante falsas representaciones y maquinaciones

insidiosas se le hizo creer que con quien estaba contratando

era con la codemandada MAXIMO SOLAR INDUSTRIES, INC., a lo

que hay que añadir que la parte demandante firmó el Contrato

electrónicamente sin que se le proveyera la oportunidad de

4

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4

Luego de varios trámites procesales,5 el 8 de marzo de

2024, Máximo Solar presentó una Solicitud de desestimación

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V.6 En su escrito, alegó que el contrato suscrito por la

recurrida y Sunrun contenía una cláusula de arbitraje válida,

mediante la cual las partes se obligaron a resolver cualquier

disputa o controversia mediante dicho mecanismo. Argumentó

que esta cláusula era exigible conforme a derecho y que, en

consecuencia, el Tribunal debía desestimar la demanda por

falta

de

jurisdicción,

ya

que

la

controversia

debía

ventilarse ante un foro arbitral. Añadió que la señora Sierra

Lugo no había formulado alegaciones específicas de fraude en

relación con dicha cláusula arbitral.

En la alternativa, Máximo Solar planteó que no debía

figurar como parte en el pleito, ya que actuó únicamente

como contratista autorizado para la instalación del sistema

en representación de Sunrun. Además, alegó que la Demanda

debía ser desestimada por falta de parte indispensable, ya

que

una

de

las

partes

contratantes

—Sunrun—

no

había

solicitud

desestimación,

comparecido al pleito.

En

su

recurrida

Oposición

alegó

que

a

existían

de

hechos

materiales

la

en

controversia que impedían la desestimación del pleito sin

revisarlo y leerlo. Por consiguiente, el Contrato objeto de

la presente reclamación es nulo. (Negrillas en el original).

5 Entre estos trámites, está la presentación de una contestación a la

demanda por parte de Máximo Solar y el traslado del caso al Tribunal de

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, por ser el foro

correspondiente según la ubicación de la oficina principal de Sunrun.

6 Véase Apéndice del recurso, págs. 120-178.

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5

antes celebrar una vista evidenciaria. Argumentó entonces,

luego de exponer el derecho aplicable, que la cláusula de

arbitraje

era

nula

e

ineficaz

por

haber

sido

incluida

mediante fraude y engaño.7 Además, añadió que el acuerdo

surgió de un contrato de adhesión, por lo que cualquier

ambigüedad debía interpretarse a su favor conforme dispone

el Código Civil y la jurisprudencia

para

este tipo de

contratos. Finalmente, rechazó el señalamiento de falta de

parte indispensable, aclarando que Sunrun fue debidamente

emplazada y que, incluso, había solicitado la anotación de

rebeldía por su incomparecencia.

El 15 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

acogió la solicitud de desestimación presentada por Máximo

Solar y dictó una Sentencia, mediante la cual desestimó con

perjuicio la Demanda.8 El foro primario concluyó que la

cláusula de arbitraje pactada en el contrato era válida,

exigible e irrevocable, conforme a la Ley Núm. 376 de 8 de

mayo de 1951, según enmendada, Ley de Arbitraje Comercial en

Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3201 et seq., (Ley de Arbitraje

Comercial de 1951),9 y a la Federal Arbitration Act (FAA), 9

USC sec. 1 et seq. Además, aunque Máximo Solar argumentó que

La alegación 24 de la Oposición a solicitud de desestimación lee:

“No obstante lo anterior, es la posición de la parte demandante que la

cláusula de arbitraje fue incluida en el contrato como resultado de

fraude y engaño. Por consiguiente, dicha cláusula de arbitraje es nula

e ineficaz. Además, la parte demandante nunca ha reconocido tácitamente

que el acuerdo de arbitraje sea válido”. Véase Apéndice del recurso,

pág. 186.

8 Íd., págs. 17-25.

9 Dicha ley fue derogada por la Ley Núm. 147 de 9 de agosto de 2024, Ley

de Arbitraje de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3230 et seq. Sin embargo, se

cita el estatuto derogado, por ser el vigente al momento de los hechos

en controversia.

7

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6

la Demanda carecía de una reclamación con derecho a remedio,

el Tribunal de Primera Instancia ultimó que la cláusula de

arbitraje pactada era lo suficientemente amplia para incluir

controversias relacionadas sobre diseño e instalación, y

aspectos vinculados a la participación de Máximo Solar como

socio de instalación.10

Finalmente, en cuanto a la alegación de fraude que

hiciera la señora Sierra Lugo en la Demanda, el Tribunal

determinó que no cumplió con el requisito de especificidad

de la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Asimismo,

descartó

indispensable,

la

tras

alegación

constatar

que

de

falta

Sunrun

de

parte

había

sido

debidamente emplazada.

En desacuerdo con esa determinación, el 17 de junio de

2024, la señora Lugo Sierra presentó un recurso de apelación

ante el Tribunal de Apelaciones. En esencia, alegó que el

foro de primera instancia erró al desestimar su Demanda sin

permitirle presentar evidencia sobre el alegado fraude en la

contratación. Por su parte, el 29 de julio de 2024, Máximo

Solar

presentó

un

Alegato

en

oposición

a

recurso

de

apelación.

Luego de evaluar los planteamientos de las partes, el

7 de agosto de 2024, el Tribunal de Apelaciones dictó la

Sentencia recurrida, mediante la cual revocó la decisión del

Tribunal de Primera Instancia y devolvió el caso para la

celebración de una vista evidenciaria dirigida a evaluar la

10

Véase Apéndice del recurso, pág. 24.

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validez

de

7

la

cláusula

de

arbitraje

Inconforme,

Máximo

Solar

contenida

en

el

Moción

de

contrato.11

presentó

una

Reconsideración, la cual fue declarada “no ha lugar”.

Aun en desacuerdo con el dictamen, Máximo Solar presentó

ante este Tribunal un recurso de certiorari, y señaló los

siguientes errores:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL REVOCAR LA

DESESTIMACIÓN A LA DEMANDA POR EL FORO PRIMARIO

ANTE LA DEFENSA AFIRMATIVA DE MÁXIMO SOLAR SOBRE LA

EXISTENCIA DE UN ACUERDO DE ARBITRAJE ENTRE LAS

PARTES.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ENTENDER QUE LA

MERA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA DE FRAUDE O ENGAÑO

ERA SUFICIENTE PARA CONTROVERTIR EL HECHO MATERIAL

Y PRESUNCIÓN SOBRE LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA

ARBITRAL.

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL ORDENAR LA

CELEBRACIÓN DE UNA VISTA EVIDENCIARIA CUANDO EL

FORO PRIMARIO EJERCIÓ PROPIAMENTE SU DISCRECIÓN Y

ATENDIÓ EL RECURSO DE FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE

LA PERSONA, EVALUANDO LOS DOCUMENTOS Y ESCRITOS QUE

OBRABAN EN EL EXPEDIENTE.

Expedido el auto de certiorari, y con el beneficio de

la comparecencia de las partes, procedemos a exponer el marco

jurídico

aplicable

a

la

controversia

ante

nuestra

consideración.

II.

A.

Teoría general de las obligaciones y contratos.

Como es conocido en nuestro ordenamiento los contratos

existen

desde

que

una

o

varias

personas

consienten

en

obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o a

11

Íd., págs. 3-15.

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8

prestar algún servicio.

Art. 1206 del Código Civil de 1930

(derogado), 31 LPRA sec. 3371;12 García Reyes v. Cruz Auto

Corp., 173 DPR 870, 886 (2008); Collazo Vázquez v. Huertas

Infante, 171 DPR 84, 102 (2007). Concretamente, existe un

contrato cuando concurren los requisitos siguientes: (1)

consentimiento de los contratantes; (2) objeto cierto que

sea materia del contrato; y (3) causa de la obligación que

se establezca.

Art. 1213 del Código Civil (derogado), 31

LPRA sec. 3391; García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra. Una

vez concurren las condiciones esenciales para su validez, un

contrato es obligatorio “cualquiera que sea la forma en que

se haya celebrado”. Art. 1230 del Código Civil de 1930

(derogado), 31 LPRA sec. 3451.

En

nuestra

jurisdicción,

rige

la

libertad

de

contratación, por lo que las partes contratantes pueden

establecer los pactos, las cláusulas y las condiciones que

tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la

ley, a la moral y al orden público.

Art. 1207 del Código

Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec. 3372; Coop. Sabaneña

v. Casiano Rivera, 184 DPR 169, 173-174 (2011); Guadalupe

Solís v. González Durieux, 172 DPR 676, 683 (2007). Además,

“[e]l principio contractual de pacta sunt servanda establece

la obligatoriedad del contrato según sus términos y las

El presente contrato se formalizó el 7 de noviembre de 2020, según

surge de la prueba documental que obra en el expediente. A esa fecha,

estaba vigente el Código Civil de 1930, por lo cual, sus disposiciones

son aplicables al recurso instado ante esta Curia. El Código Civil de

Puerto Rico de 2020 (Ley Núm. 55-2020) entró en vigor el 28 de noviembre

de 2020.

12

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9

consecuencias necesarias derivadas de la buena fe”. BPPR v.

Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 (2008).

De otra parte, en ocasiones algunos contratos requieren

que se realice un ejercicio de interpretación para poder

determinar

la

naturaleza

incurrieron

las

partes

de

las

obligaciones

contratantes.

Nissen

en

que

Holland

v.

Genthaller, 172 DPR 503, 513 (2007); S.L.G. Irizarry v.

S.L.G. García, 155 DPR 713, 725-726 (2001).

En ese sentido,

hemos reiterado que, si los términos de un contrato son

claros

y

no

dejan

duda

sobre

la

intención

de

los

contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.

Art. 1233 del Código Civil de 1930 (derogado), 31 LPRA sec.

3471; Carmona, Negrón v. BSN y otros, 214 DPR 388 (2024);

Guadalupe Solís v. González Durieux, supra, pág. 684.

En cambio, cuando la voluntad o intención de las partes

contratantes no se puede determinar a partir de una lectura

literal de las cláusulas contractuales, entonces se debe

recurrir a la evidencia extrínseca para juzgarla. Nissen

Holland v. Genthaller, supra, págs. 518-519. A tales fines,

procede

considerar,

entre

otros

factores,

los

actos

anteriores, coetáneos y posteriores de los contratantes, así

como el uso o costumbre y demás circunstancias que revelen

la intención contractual. Íd.

B. Los contratos de adhesión.

Los contratos de adhesión son aquellos contratos en

cuya redacción no interviene una de las partes y en los que

el

desequilibrio

de

poder

entre

las

partes

impide

un

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10

verdadero proceso previo de negociación. Suárez Figueroa v.

Sabanera Real, Inc., 173 DPR 694, 711 (2008). Toda vez que,

en

esta

modalidad

de

contratación,

“‘no

consiente

la

deliberación previa, y, por tanto, es rígidamente uniforme’,

la realidad del consumidor queda ceñida a decidir entre

aceptar

en

su

totalidad

estructurado

por

el

el

esquema

predisponente

[,]

unilateralmente

o

retirarse

del

negocio”. (nota al calce omitida). Íd., pág. 712.

En

atención

a

lo

anterior,

la

doctrina

y

la

jurisprudencia coinciden en que la interpretación de los

contratos de adhesión debe favorecer a la parte que nada

tuvo que ver con su redacción. Coop. Sabaneña v. Casiano

Rivera, supra, págs. 176-177. El propósito, según hemos

expresado, es “promover, hasta donde ello sea posible, la

igualdad

jurídica

en

materia

de

contratación”.

Suárez

Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra, a la pág. 712. No

obstante, esto no significa que, al dilucidar controversias

sobre este tipo de contratos, las mismas siempre deban

interpretarse de manera irrazonable y mucho menos que este

tipo de contratos estén viciados de nulidad.

Tan solo

significa que el análisis de los contratos de adhesión se

realizará razonablemente del modo favorable a la parte más

débil.

Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra, págs. 176-

177.

Además,

solamente

cuando

el

contrato

de

adhesión

contiene cláusulas oscuras o ambiguas se activa la norma de

interpretación que requiere que toda duda debe resolverse

CC-2024-0599

11

contra la parte que redactó el contrato. En ausencia de

ambigüedad u oscuridad, el contrato debe ser interpretado

según sus términos. Coop. Sabaneña v. Casiano Rivera, supra,

pág. 177; S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR

48, 72 (2011).

Por último, y en lo aquí pertinente, destacamos que en

Aponte Valentín v. Pfizer Pharm., 208 DPR 263, 282, 286-287

(2021), reiteramos que un contrato típico de adhesión,

no significa que esté viciado de nulidad.

Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 DPR 157,

166 esc. 9 (1994); C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95

DPR 311, 314 (1967); Casanova v. P.R.-Amer.

Ins. Co., 106 DPR 689, 697 (1978). Así pues,

solo cuando el contrato de adhesión contiene

cláusulas ambiguas es que se activa la norma

de interpretación contra la parte que lo

redactó. Véase Arthur Young & Co. v. Vega III,

supra, pág. 166 esc. 9. (Negrillas suplidas).

C. La cláusula de arbitraje.

En Puerto Rico existe una fuerte política pública a

favor de la utilización del arbitraje como método alterno

para la solución de disputas y toda duda sobre su procedencia

debe resolverse en la afirmativa. Municipio Mayagüez v.

Lebrón, 167 DPR 713, 721 (2006). Esta política pública se

recogía

en

la

Ley

de

Arbitraje

Comercial

de

1951,13 y

Dado que el contrato fue suscrito en 2020 y la acción judicial se

instó en el 2023, resulta aplicable la Ley de Arbitraje de 1951, supra.

La Ley Núm. 147-2024, Ley de Arbitraje de Puerto Rico, 32 LPRA sec. 3230

et seq., aunque no aplicable al presente caso, consolidó en un solo

cuerpo normativo el régimen aplicable al arbitraje doméstico e

internacional. Exposición de Motivos, Ley Núm. 147-2024, supra, pág. 1.

Además, la nueva Ley persigue tres objetivos fundamentales: (1)

actualizar las normas aplicables cuando las partes no eligen una

organización arbitral o cuando se requiere complementar sus reglas; (2)

fomentar el estudio y la práctica del arbitraje como método alterno de

solución de disputas; y (3) adaptar la normativa de arbitraje comercial

internacional a la cultura jurídica local, conservando los principios

inspirados en la Ley Modelo de la UNCITRAL. Íd., págs. 1-2. Esta

legislación también delimita el alcance y la eficacia de los acuerdos

13

CC-2024-0599

12

respondía al “interés del Estado de facilitar la solución de

disputas por la vía más rápida, flexible y menos onerosa que

los tribunales para la resolución de controversias que emanan

de la relación contractual entre las partes”. H.R., Inc. v.

Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597, 605 (2014).

La Ley de Arbitraje Comercial del 1951 fue aprobada con

el propósito de autorizar, reglamentar y hacer exigibles los

convenios de arbitraje comercial en Puerto Rico, y derogó

expresamente las disposiciones del ordenamiento español que

regían previamente en esta materia.14 Exposición de Motivos

de la Ley de Arbitraje Comercial de 1951. Esta Ley fue

redactada utilizando como modelo la Ley Federal de Arbitraje,

comúnmente conocida como Federal Arbitration Act (FAA), 9

USCA sec. 1 et seq. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,

179 DPR 359, 369 (2010). Por consiguiente, la jurisprudencia

interpretativa del estatuto federal aludido nos sirve de

guía en la disposición de los casos en la jurisdicción local.

Íd.

Al igual que la FAA, la Ley de Arbitraje Comercial de

1951 reflejó el principio fundamental de que el arbitraje es

un asunto contractual. Aponte Valentín et al. v. Pfizer

Pharm., supra, pág. 282; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves

Rivera, supra, pág. 720. Véase, además, Rent-A-Center, West,

de arbitraje, así como la distribución de responsabilidades entre los

tribunales y los árbitros en torno a su interpretación y ejecución.

Véase, Art. 2.03 de la Ley Núm. 147-2024, 32 LPRA sec. 3231b.

14 Artículos 790 al 839 y 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para

España y Ultramar, promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.

Véase, Exposición de Motivos de la derogada Ley de Arbitraje Comercial

de 1951.

CC-2024-0599

13

Inc. v. Jackson, 561 US 63, 67 (2010). En su Artículo 1, la

Ley de Arbitraje Comercial de 1951, 32 LPRA sec. 3201,

disponía:

Dos o más partes podían convenir por

escrito en someter a arbitraje, conforme a las

disposiciones

de

esa

Ley,

cualquier

controversia que pudiera ser objeto de una

acción existente entre ellas a la fecha del

convenio; o bien incluir en un convenio por

escrito una disposición para el arreglo

mediante arbitraje de cualquier controversia

que surgiera en el futuro entre ellas,

derivada de dicho acuerdo o relacionada con

este. Tal convenio será válido, exigible, e

irrevocable salvo por los fundamentos que

existieran en derecho para la revocación de

cualquier convenio. (Negrillas suplidas).15

Por lo tanto, aun ante la fuerte política pública que

lo favorece, el arbitraje solo puede exigirse cuando se ha

pactado y en los términos acordados. S.L.G. Méndez-Acevedo

v. Nieves Rivera, supra, pág. 368; Crufon Const. v. Aut.

Edif. Púbs., 156 DPR 197, 205 (2002); H.R., Inc. v. Vissepó

& Diez Const. Corp., supra, pág. 605.

Por otra parte, hemos señalado que las partes están

obligadas a cumplir con los acuerdos de arbitraje, en virtud

del principio de la buena fe contractual que rige en nuestro

ordenamiento jurídico. Constructora Estelar v. Aut. Edif.

Púb., 183 DPR 1, 41-42 (2011); Méndez Jiménez v. Carso

Const., 202 DPR 554, 558-559 (2019). Este principio “exige

no defraudar la confianza que el otro ha puesto en una

Destacamos que la Ley Federal de Arbitraje dispone que: “A written

provision in […] a contract evidencing a transaction involving commerce

to settle by arbitration a controversy thereafter arising out of such

contract […] shall be valid, irrevocable, and enforceable, save upon

such grounds as exist at law or in equity for the revocation of any

contract”. (Negrillas suplidas). 9 USCA sec. 2.

15

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14

promesa o conducta”. Constructora Estelar v. Aut. Edif. Púb.,

supra, pág. 41. Véase, además, Aponte Valentín v. Pfizer

Pharm., supra, pág. 287. “[U]na vez acordado el arbitraje,

los tribunales carecen de discreción respecto a su eficacia

y tienen que dar cumplimiento al arbitraje acordado.” S.L.G.

Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 368; Municipio

Mayagüez v. Lebrón, supra, pág. 721. Véase, además, Moses H.

Cone Hosp. v. Mercury Constr. Corp., 460 US 1, 24 (1983).

Cónsono con ello, el Art. 3 de la Ley de Arbitraje

Comercial de 1951, 32 LPRA sec. 3203, disponía lo siguiente:

Si cualquiera de las partes de un convenio escrito

de arbitraje incoare acción u otro recurso en

derecho, el tribunal ante la cual dicha acción o

recurso estuviere pendiente, una vez satisfecha de

que cualquier controversia envuelta en dicha acción

o recurso puede someterse a arbitraje al amparo de

dicho convenio, dictará, a moción de cualquiera de

las partes del convenio de arbitraje, la suspensión

de la acción o recurso hasta tanto se haya procedido

al arbitraje de conformidad con el convenio.

(Negrillas suplidas).

De igual manera, la sec. 3 de la FAA dispone que:

If any suit or proceeding be brought in any of

the courts of the United States upon any issue

referable to arbitration under an agreement in

writing for such arbitration, the court in which

such suit is pending, upon being satisfied that the

issue involved in such suit or proceeding is

referable to arbitration under such an agreement,

shall on application of one of the parties stay the

trial of the action until such arbitration has been

had in accordance with the terms of the agreement,

providing the applicant for the stay is not in

default in proceeding with such arbitration.

(Negrillas suplidas)

En Smith v. Spizzirri, 601 US 472 (2024) el Tribunal

Supremo

de

los

Estados

Unidos

interpretó

el

referido

estatuto. En este caso, luego de concedido el removal a la

CC-2024-0599

15

Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de

Arizona,

los

demandados

solicitaron

al

tribunal

que

se

ordenara el arbitraje y se desestimara la demanda. Alegaron

que todas las controversias instadas en la demanda eran

arbitrables.

Los

demandantes

admitieron

que

todas

las

controversias eran arbitrables, sin embargo, no procedía la

desestimación de la demanda debido a que conforme a la sec.

3 de la FAA lo que procedía era la suspensión de los

procedimientos. El Tribunal de distrito emitió una orden

obligando a las partes a someterse a arbitraje y desestimó

la demanda sin perjuicio.

Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno

Circuito de los Estados Unidos confirmó la sentencia. Señaló

que conforme a varias sentencias previas, emitidas por el

Circuito, se reconoce la discreción que tiene el tribunal

para desestimar la demanda.16 El Tribunal Supremo de los

Estados Unidos expidió el recurso de certiorari. Analizada

la controversia, resolvió que la sec. 3 de la FAA obliga

(compels) al tribunal a suspender el procedimiento, y no

tiene

discreción

para

desestimar

una

demanda

bajo

el

fundamento de que todas las reclamaciones están sujetas a

arbitraje.17 Además, expresó que:

La Jueza Senior, Susan P. Graber emitió un voto concurrente al cual

se le unió la Jueza Roopali H. Desai, en el que sostuvo que la postura

del Noveno Circuito era errónea y solicitó al Tribunal Supremo a abordar

la controversia ya que “los tribunales de apelación están divididos” en

cuanto a si procede la desestimación sin perjuicio o la suspensión de

los procedimientos.

17 “In this statutory interpretation case, text, structure, and purpose

all point to the same conclusion: When a federal court finds that a

dispute is subject to arbitration, and a party has requested a stay of

the court proceeding pending arbitration, the court does not have

16

CC-2024-0599

16

Keeping the suit on the court’s docket makes

good sense in light of this potential ongoing role,

and it avoids costs and complications that might

arise if a party were required to bring a new suit

and pay a new filing fee to invoke the FAA’s

procedural protections. Id., pág. 6.

De

otra

parte,

el

arbitraje

es

un

mecanismo

para

resolver únicamente aquellas controversias que las partes

han acordado someter a arbitraje. Como norma general, es

función del tribunal auscultar la intención de las partes

para determinar cuáles son las controversias que pactaron

arbitrar, toda vez que, “[siendo el arbitraje] un asunto

contractual no se puede obligar a una parte a someter a

arbitraje

una

disputa

que

dicha

parte

no

ha

acordado

someter”. Crufon Const. Corp. v. Aut. Edif. Púbs., supra,

pág. 205.

En ese sentido, una de las controversias que suelen

suscitarse en estos pleitos es si el acuerdo de arbitraje

crea el deber de arbitrar una controversia en particular.

Esto es lo que se conoce como arbitrabilidad. World Films,

Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352, 361 (1990),

citando a AT&T Technologies, Inc. v. Communications Workers

of America, 475 U.S. 643 (1986).

Por otro lado, conforme al Art. 4 de la Ley de Arbitraje

Comercial de 1951, 32 LPRA sec. 3204, corresponde a los

tribunales atender las controversias sobre la existencia o

discretion to dismiss the suit on the basis that all the claims are

subject to arbitration.”(nota al calce omitida). Id., pág.3 “When a

district court finds that a lawsuit involves an arbitrable dispute, and

a party requests a stay pending arbitration, §3 of the FAA compels the

court to stay the proceeding.” Id., pag. 6.

CC-2024-0599

17

validez del convenio de arbitraje o el incumplimiento de

este. “La determinación de si un acuerdo crea el deber de

las partes de arbitrar una controversia en particular es

tarea judicial”. S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,

supra,

págs.

367-368,

citando

a

World

Films,

Inc.

v.

Paramount Pict. Corp., supra, pág. 361. Anteriormente, hemos

identificado tres modalidades de esa controversia: (1) si

existe un convenio de arbitraje; (2) si dicho convenio cubre

la controversia particular planteada; y (3) si el convenio

se extiende a una disputa sobre la duración o expiración del

contrato. Municipio Mayagüez v. Lebrón, supra, págs. 720721; U.C.P.R. v. Triangle Engineering Corp., 136 DPR 133,

144 (1994).

Ahora bien, debido a que los convenios de arbitraje son

contratos, el primer principio que subyace a todas nuestras

decisiones

sobre

arbitraje

es

que

el

arbitraje

es

estrictamente una cuestión de consentimiento. En ese sentido

las

partes

pueden

establecer

distintos

acuerdos

en

lo

relativo al arbitraje. Es decir, pueden acordar someter el

fondo de una controversia a un árbitro; y pueden pactar que

sea un árbitro, en lugar de un tribunal, quien resuelva tanto

las

cuestiones

controversias

de

umbrales

de

arbitrabilidad

como

fondo.

S.L.G

Méndez-Acevedo

v.

las

Nieves

Rivera, supra, pág. 366. Por tanto, la pregunta de umbral

que debe formularse en toda controversia relacionada con

arbitraje debe ser: ¿a qué consintieron las partes?.

D. La legislación federal y su jurisprudencia.

CC-2024-0599

18

Como ya indicáramos, en el ámbito federal, el arbitraje

está regido por la FAA. Esta legislación establece un marco

jurídico uniforme para la validez, exigibilidad y ejecución

de los acuerdos de arbitraje en los Estados Unidos. Conforme

a su Sección 2, un acuerdo escrito de arbitraje es válido,

exigible e irrevocable, salvo por las causales de nulidad

aplicables a cualquier contrato en derecho o en equidad.18

La jurisprudencia federal ha delineado los parámetros

sobre

quién

decide

la

arbitrabilidad.

Así,

el

Tribunal

Supremo federal resolvió en First Options of Chicago, Inc.

v. Kaplan, 514 U.S. 938 (1995), que corresponde a los

tribunales decidir si existe un acuerdo válido de arbitraje

y si una disputa particular cae dentro de sus términos. A su

vez, en Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388

US 395 (1967), y más tarde en Buckeye Check Cashing, Inc. v.

Cardegna, 546 US 440 (2006), se estableció la doctrina de

separabilidad: una impugnación dirigida al contrato en su

totalidad

—como por alegaciones de fraude generalizado—

corresponde

al

árbitro,

mientras

que

una

impugnación

específica a la cláusula arbitral compete al tribunal.

Más adelante, en Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson,

supra, el Supremo Federal resolvió que cuando las partes

La sec. 2 del título 9 USCA sec. 2, dispone: “A written provision in

any maritime transaction or a contract evidencing a transaction

involving commerce to settle by arbitration a controversy thereafter

arising out of such contract or transaction, or the refusal to perform

the whole or any part thereof, or an agreement in writing to submit to

arbitration an existing controversy arising out of such a contract,

transaction, or refusal, shall be valid, irrevocable, and enforceable,

save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation

of any contract or as otherwise provided in chapter 4”.

18

CC-2024-0599

19

acuerdan de manera clara e inequívoca delegar al árbitro la

decisión sobre la validez, exigibilidad o aplicabilidad de

la

cláusula

delegación,

arbitral,

salvo

el

que

tribunal

una

de

debe

las

respetar

partes

esa

impugne

específicamente la cláusula de delegación. Finalmente, en

Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 US 79 (2002), se

aclaró que las cuestiones meramente procesales —como plazos,

renuncias (waiver) o cumplimiento de condiciones internas

del foro— son materia propia del árbitro, y no del tribunal.19

Recientemente, en Coinbase, Inc. v. Suski, 602 US 143

(2024), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reafirmó

que la cláusula de arbitraje es un asunto contractual basado

en la intención de las partes. Incluso, estas pueden formar

múltiples niveles de acuerdos sobre arbitraje, a saber,

pueden acordar enviar los méritos de una disputa a un árbitro

(nivel básico), y también pueden acordar que un árbitro, en

lugar de un tribunal, resolverá las cuestiones umbrales de

arbitrabilidad,

así

como

las

disputas

de

méritos

subyacentes.

Por otra parte, la American Arbitration Association

(AAA), una de las principales instituciones que administran

En Puerto Rico, la Ley Núm. 147-2024, supra, adopta este marco y lo

armoniza con nuestra tradición jurídica. Su Art. 2.03(b) dispone que

corresponde al tribunal decidir si existe un acuerdo de arbitraje o si

una controversia está sujeta a este, salvo que las partes acuerden lo

contrario expresamente o al pactar contractualmente que el arbitraje

será regido por una organización arbitral. A su vez, el Art. 2.03(c)

reconoce que corresponde al árbitro resolver las condiciones pactadas

para activar el arbitraje. Esta normativa reafirma la política pública

fuerte y constante a favor del arbitraje, tal como lo hemos sostenido

en nuestra jurisprudencia. Véase S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Nieves,

195 DPR 138 (2016).

19

CC-2024-0599

20

procesos arbitrales en el país, ha promulgado el Reglamento

de Arbitraje Comercial (“Commercial Arbitration Rules”),20

el cual regula el procedimiento arbitral cuando las partes

acuerdan someter sus disputas a la AAA. En lo que atañe,

este

Reglamento

establece

los

parámetros

sobre

la

competencia del árbitro para decidir cuestiones relativas a

la existencia, validez y alcance del acuerdo arbitral.21

Por último, destacamos, que en S.L.G Méndez Acevedo v.

Nieves

Rivera,

supra,

tuvimos

la

oportunidad

de

pronunciarnos, por primera vez de forma expresa, sobre la

aplicabilidad de la doctrina de separabilidad en el contexto

del arbitraje comercial, al amparo de la hoy derogada Ley de

Arbitraje Comercial de 1951. En ese caso, resolvimos que,

cuando un contrato contiene una cláusula de arbitraje amplia,

corresponde al árbitro –y no a los tribunales– dirimir una

controversia en la que se impugna la validez o la existencia

del contrato en su totalidad. Adoptamos así la doctrina de

separabilidad, conforme a la cual las cláusulas de arbitraje

Reglas enmendadas y en vigor desde el 1 de septiembre de 2022.

La Regla 7 (Jurisdiction) dispone:

(a)

The arbitrator shall have the power to rule on his or her own

jurisdiction, including any objections with respect to the existence,

scope, or validity of the arbitration agreement or to the arbitrability

of any claim or counterclaim, without any need to refer such matters

first to a court.

(b)

The arbitrator shall have the power to determine the existence or

validity of a contract of which an arbitration clause forms a part. Such

an arbitration clause shall be treated as an agreement independent of

the other terms of the contract. A decision by the arbitrator that the

contract is null and void shall not for that reason alone render invalid

the arbitration clause.

(c)

A party must object to the jurisdiction of the arbitrator or to

the arbitrability of a claim or counterclaim no later than the filing

of the answering statement to the claim or counterclaim that gives rise

to the objection. The arbitrator may rule on such objections as a

preliminary matter or as part of the final award. Commercial Arbitration

Rules, R-7, pp. 14-15.

20

21

CC-2024-0599

21

son independientes del contrato principal que las contiene,

y pueden ser exigibles aun cuando se cuestione la validez

general del acuerdo.

Al hacerlo, nos acogimos a la distinción desarrollada

por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Buckeye

Check

Cashing,

Inc.

v.

Cardegna,

supra,

entre

las

impugnaciones dirigidas específicamente contra la cláusula

arbitral –que deben ser evaluadas por el tribunal– y aquellas

que atacan la validez del contrato como un todo, las cuales

deben ser referidas al foro arbitral. Esa determinación

armoniza con la política pública sólida y reiterada de

nuestra jurisdicción a favor del arbitraje como mecanismo

válido, eficaz y preferente de solución de controversias, y

reafirma

que,

una

vez

pactado

válidamente,

el

convenio

arbitral debe ser respetado y ejecutado según sus términos.

III.

En su recurso de certiorari, Máximo Solar alegó que

erró el Tribunal de Apelaciones al revocar el dictamen

emitido por el Tribunal de Primera Instancia debido a que

entre las partes existe un contrato válido y cuya cláusula

de arbitraje no puede ser impugnada por una mera alegación

de fraude. Por otra parte, la señora Sierra Lugo reiteró los

argumentos esbozados en su oposición a la solicitud de

desestimación, es decir, alegó que la cláusula de arbitraje

no fue producto de una negociación y que la misma fue

incluida en el contrato mediante fraude y engaño.

CC-2024-0599

22

Como indicamos, en nuestro ordenamiento jurídico rige

el principio de libertad contractual, por el cual las partes

pueden hacer los acuerdos que crean por convenientes siempre

que no contravengan la ley, la moral y el orden público.22

En lo atinente a la controversia ante nos, reiteramos que en

nuestra

jurisdicción

se

reconoce

que

las

partes

pueden

válidamente pactar una cláusula de arbitraje para que al

amparo de dicho método se resuelvan las disputas, pretiriendo

así el trámite en los tribunales.

En relación con los hechos del presente caso, surge que

el 7 de septiembre de 2020, la señora Sierra Lugo suscribió

un contrato para el arrendamiento con Sunrun de un sistema

solar fotovoltaico para generar energía eléctrica con una o

más baterías. Este sería instalado en su residencia por un

“socio de instalación”, en este caso, Máximo Solar.23 Además,

el referido contrato contenía una cláusula arbitral en su

Sección

G

(11)

la

cual

dispone,

en

lo

pertinente,

lo

siguiente:

11. Resolución de disputas; Arbitraje; Renuncia a

la demanda colectiva

[…]

b. ARBITRAJE. SI LAS PARTES NO PUEDEN RESOLVER LA

DISPUTA DE MANERA INFORMAL, LA DISPUTA, INCLUYENDO

LA DETERMINACIÓN DEL ALCANCE O LA APLICABILIDAD DE

ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE, SE DETERMINARÁ MEDIANTE

ARBITRAJE VINCULANTE ANTE UN ÁRBITRO. […]

En el presente caso, la recurrida no argumentó ninguno de estos

principios, los cuales en el pasado hemos reconocido como frenos a la

libertad de contratación privada. Luan Invest. Corp. v. Rexach Const.

Co, 152 DPR 652, 659 (2000).

23 Véase Cláusula E del contrato intitulado Diseño e Instalación.

Apéndice del recurso, págs. 138-178.

22

CC-2024-0599

23

EL ARBITRAJE IMPLICA QUE USTED RENUNCIA A SU

DERECHO DE JUICIO POR JURADO Y QUE TODAS LAS

DISPUTAS SERÁN DECIDIDAS POR UN ÁRBITRO. ESTE

ACUERDO PARA ARBITRAR LAS DISPUTAS ESTÁ REGIDO POR

LA LEY FEDERAL DE ARBITRAJE (FEDERAL ARBITRATION

ACT, “FAA”), EL ARBITRAJE SERÁ ADMINISTRADO POR

[Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc.]

JAMS[,]

DE

CONFORMIDAD

CON

SUS

REGLAS

Y

PROCEDIMIENTOS DEL ARBITRAJE SIMPLIFICADO. EL

ARBITRAJE ESTARÁ A CARGO DE LA OFICINA DE JMAS MÁS

CERCANA AL HOGAR.

[…]

c.[…]

d.[…]

e.[…]

f.[…]. (Mayúsculas en el original y negrilla

suplida).24

De una lectura de la cláusula arbitral, antes citada,

se desprende el lenguaje expreso de la intención de utilizar

el arbitraje como mecanismo para adjudicar las controversias

que surgieran entre las partes en relación con el contrato

principal de arrendamiento. Entre esas controversias, se

incluyó la determinación del alcance o la aplicabilidad de

este acuerdo de arbitraje.

En la Demanda presentada, la recurrida alegó unos hechos

que,

a

su

entender,

evidencian

un

craso

y

patente

incumplimiento contractual. Por lo cual, argumentó que “no

quiere el Sistema Solar y desea y requiere de este Tribunal

que ordene la resolución del Contrato y que las partes

demandadas se lleven el equipo de su propiedad, el cual lleva

más de un año sin funcionar. Además, la parte demandante

requiere

la

presente”.25

24

25

devolución

del

Por

lado,

otro

dinero

también

pagado

alegó

hasta

el

que

su

Véase, Apéndice del Recurso de Certiorari Civil, págs. 155-156.

Íd., pág. 74, alegación 40 de la demanda.

CC-2024-0599

24

consentimiento

estuvo

viciado

porque,

ante

representaciones y maquinaciones insidiosas,

creer

que

con

quien

estaba

contratando

falsas

se le hizo

era

con

el

peticionario. Añadió que firmó el contrato electrónicamente,

sin que se le proveyera la oportunidad de revisarlo ni

leerlo.26

Por

lo

cual,

considera

que

el

contrato

de

arrendamiento objeto de la presente reclamación es nulo.

Por

lo

cuestionó

anterior,

en

la

surge

Demanda

arrendamiento.

Luego,

desestimación

y

en

que

la

señora

la

validez

del

su

oposición

a

consignado

el

derecho

Sierra

Lugo

contrato

de

la

moción

aplicable

a

de

la

controversia alegó que, la cláusula de arbitraje no era

válida por haber sido negociada mediando fraude o engaño.

Además, la recurrida reconoció en su escrito en oposición

que, para dejar sin efecto una cláusula de selección de foro

hay que atacar su validez “de forma específica demostrando

que ésta fue incluida en el contrato como resultado de fraude

o engaño”.27 No obstante, en este caso, no cumplió con dicho

requisito.

En suma, de una lectura de las alegaciones de la

Demanda, de los argumentos posteriores, y de los autos del

caso, surge claramente que la recurrida no incluyó una

alegación específica dirigida a rebatir la presunción de

Del contrato de arrendamiento aquí en controversia surge que este

fue redactado en el idioma español. Asimismo, avisa que “[a]ntes de dar

inicio a cualquier tipo de Trabajo, usted tiene derecho a recibir una

copia completa de este Contrato, firmado por usted y Sunrun”. Véase,

Apéndice del Recurso, pág.139.

27 Subrayado y negrillas en el original. Véase, Apéndice del recurso a

la pág.189.

26

CC-2024-0599

25

validez de la cláusula de selección de foro.28 Ni especificó

o alegó cuáles fueron los actos fraudulentos con relación a

la inclusión de dicha cláusula.29 La Regla 7.2. de las Reglas

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone que “todas

las aseveraciones de fraude o error, las circunstancias que

constituyen

el

fraude

o

error

deberán

exponerse

detalladamente”. Puntualizamos que las aseveraciones sobre

fraude o error “se consideran materias especiales, las cuales

deben exponerse detalladamente en las alegaciones”. Carpets

& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 641 (2009). Por lo

tanto,

erró

el

Tribunal

de

Apelaciones

al

considerar

meramente “la alegación de fraude y engaño” sin realizar un

análisis integral de las alegaciones de la demanda y el

derecho aplicable a la controversia.30

Asimismo, resulta de particular importancia que el foro

apelativo no tomó en consideración lo resuelto en Bobé et

al. v. UBS Financial Service, supra. Allí, aclaramos que

corresponde al tribunal evaluar alegaciones de fraude o

engaño cuando estas se dirigen específicamente a la cláusula

de selección de foro o de arbitraje, esto es, cuando se

cuestiona la validez de la cláusula en sí por la forma en

Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 6, 22-23 (2017)

Véase nota al calce núm. 8.

30 Al resolver una moción de desestimación, el tribunal debe aceptar como

ciertas las alegaciones contenidas en la demanda y considerarlas de la

forma más razonable a la parte demandante. “Sólo se darán como ciertos

aquellos hechos correctamente alegados, sin considerar las alegaciones

con contenido hipotético”. Véase Comité Asesor Permanente de las Reglas

de Procedimiento Civil, Informe de Reglas de Procedimiento Civil,

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Tribunal Supremo de

Puerto Rico, marzo de 2008, pág. 134. Véase, además, Aut. Tierras v.

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409(2008); García v. E.L.A., 163 DPR

800 (2005); Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 DPR 809 (1978).

28

29

CC-2024-0599

que

fue

26

incorporada

reconocimos

que

al

cuando

contrato.

las

No

obstante,

alegaciones

de

también

vicio

del

consentimiento no impugnan de manera específica la cláusula

en controversia, sino que se dirigen al contrato en su

totalidad, no procede que el foro judicial entre a evaluar

el fondo de dichas alegaciones. En el presente caso, aunque

el contrato suscrito es uno de adhesión las alegaciones de

fraude y engaño no cumplieron con el grado de especificidad

que requiere el ordenamiento jurídico. Si bien la recurrida

reconoció lo resuelto en

Bobé et al. v. UBS Financial

Service, supra, dejó de alegar específicamente el fraude en

la incorporación de la cláusula de arbitraje al contrato de

arrendamiento.

De lo antes expuesto, surge que las alegaciones sobre

vicio en el consentimiento fueron dirigidas a impugnar la

validez del contrato principal de arrendamiento. No fue hasta

que

el

peticionario

solicitó

que

la

controversia

sobre

incumplimiento de dicho contrato fuese atendida ante un

árbitro, que la recurrida alegó fraude en la inclusión de la

cláusula

de

arbitraje,

esto

sin

especificar

en

qué

consistió.31 En consecuencia, erró el Tribunal de Apelaciones

al considerar una mera alegación de fraude y no tomar en

El Tribunal Supremo ha mencionado que para que una demanda fundada en

fraude se considere suficiente, los hechos que en ella se aleguen tienen

que ser de tal naturaleza que, al tomarlos por ciertos, puedan justificar

una sentencia condenatoria. Martínez v. Jiménez et al., 21 DPR 209, 213

(1914). Simples conclusiones, conjeturas y suposiciones o sospechas no

son por sí solas suficientes para sustanciar una alegación de fraude.

Íd.

31

CC-2024-0599

27

consideración la doctrina de separabilidad aplicable a la

controversia.

De otra parte, es importante reiterar que el hecho de

que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes

fuese uno de adhesión, no significa que esté viciado de

nulidad.32 Incluso, el mero hecho de que una cláusula de

selección de foro no sea negociada, no la convierte en

inejecutable,

porque

simplemente

no

fue

objeto

de

negociación.33 Estos fueron los únicos criterios argumentados

por la recurrida en el presente caso.

Por último, en el presente caso el Tribunal de Primera

Instancia dictó Sentencia desestimando

con perjuicio

la

demanda instada por la recurrida. Inconforme, la recurrida

acudió al Tribunal de Apelaciones el cual, luego de analizada

la controversia, revocó el dictamen desestimatorio. En este

aspecto, conforme al mandato dispuesto en el Art. 3 de la

Ley de Arbitraje Comercial de 1951, supra, y lo resuelto en

Smith v. Spizzirri, supra, no erró el foro intermedio al

Destacamos que, en el presente caso, la controversia a resolverse no

era la validez o posible violación al orden público en nuestra

jurisdicción de las cláusulas de arbitraje en los contratos de

arrendamiento de sistemas fotovoltaicos, donde el consumidor solo decide

entre aceptar en su totalidad el contrato o retirarse del negocio.

Tampoco la posible anulabilidad de aquella cláusula que excluye la

jurisdicción de una agencia reglamentadora, en vista de que no se

recurrió a estas. Véase, Art. 1249 (g) del Código Civil de 2020, 31 LPRA

sec. 9803.

En el caso de autos, estaba en controversia si procedía la celebración

de una vista evidenciaria para dilucidar si el consentimiento de la

recurrida estuvo viciado al momento de firmar el contrato de

arrendamiento con Sunrun. Conforme a lo resuelto, estamos ante una

cláusula de arbitraje amplia y mandataria en la que corresponde al

árbitro dilucidar dicha controversia, acorde con el principio de

separabilidad adoptado en nuestra jurisdicción.

33 Véanse, Carnival Cruise Lines, Inc. v. Shute, 499 US 585 (1991);

Samalot-Martinez v. Norwegian Cruise Line Holdings, Ltd., 2024 WL 308234

(1er Cir).

32

CC-2024-0599

28

revocar la sentencia desestimatoria. El dictamen que debió

emitir el Tribunal de Primera Instancia, una vez concluyó

que todas las controversias de la demanda eran arbitrables,

era

la

suspensión

de

los

procedimientos

y

no

una

desestimación con perjuicio de la causa de acción.34

En conclusión, procede modificar la Sentencia recurrida

a los únicos fines de dejar sin efecto la celebración de la

vista

evidenciaria

ordenada

por

el

foro

apelativo

intermedio. En su defecto procede la suspensión de los

procedimientos ante el foro primario hasta tanto se haya

procedido al arbitraje de conformidad con el convenio y lo

aquí dispuesto.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, modificamos el

dictamen recurrido a los únicos fines de dejar sin efecto la

celebración

de

la

vista

evidenciaria

ordenada.

En

consecuencia, ordenamos la suspensión de los procedimientos

ante

el

foro

primario

hasta

tanto

se

cumpla

con

el

procedimiento de arbitraje suscrito por las partes en el

convenio y de conformidad con lo aquí dispuesto.

Se dictará sentencia en conformidad.

Camille Rivera Pérez

Jueza Asociada

“Section 3 does exactly that. It overrides any discretion a district

court might otherwise have had to dismiss a suit when the parties have

agreed to arbitration.”. Smith v. Spizzirri, supra, pág. 5.

34

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Sierra Lugo

Recurrida

v.

CC-2024-0599

Certiorari

Sunrun PR Operations, LLC;

Máximo Solar Industries,

Inc., Aseguradoras ABC, John

Doe y Richard Roe

Peticionarios

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico a 10 de julio de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, modificamos el dictamen recurrido a los únicos

fines de dejar sin efecto la celebración de la vista

evidenciaria ordenada. En consecuencia, ordenamos la

suspensión de los procedimientos ante el foro primario hasta

tanto se cumpla con el procedimiento de arbitraje suscrito

por las partes en el convenio y de conformidad con lo aquí

dispuesto.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emite

la siguiente expresión disidente:

Distinto a lo que contiende la mayoría,

tenemos

ante

nuestra

consideración

una

controversia sobre el perfeccionamiento de un

contrato y, por consiguiente, la eficacia de una

cláusula de arbitraje. La Sra. Nancy Sierra Lugo

(señora Sierra Lugo) alega que esta cláusula se

introdujo a su contrato de financiamiento de

placas solares de manera unilateral y sin obtener

su consentimiento. En particular, aduce que su

consentimiento estuvo viciado y que la tramitación

del contrato estuvo plagada de irregularidades que

CC-2024-0599

redujeron su oportunidad de conocer la extensión

del acuerdo. Alega que firmó el contrato de forma

electrónica sin tener la oportunidad de leerlo y

bajo la impresión de que contrataba con Máximo

Solar Industries, Inc. (Máximo Solar) y no con

Sunrun PR Operations (Sunrun). Asimismo, arguye

que no fue hasta varios meses luego de que

culminara la instalación de las placas solares que

se le proveyó copia del contrato. Sin embargo, a

pesar de que la señora Sierra Lugo levanta

planteamientos serios sobre la posible nulidad de

dicha cláusula arbitral, esta Curia limita la

jurisdicción de los tribunales para dilucidar su

validez. Por entender que procedía ordenar una

vista evidenciaria para dirimir la eficacia del

acuerdo objeto de la controversia, me veo obligada

a disentir respetuosamente.

La mayoría razona que la señora Sierra Lugo

formuló una alegación de nulidad general en cuanto

al contrato y que, por virtud de la doctrina de

separabilidad, procedía presentar alegaciones

específicas sobre la cláusula arbitral. Empero,

este proceder le impone requisitos adicionales a

los exigidos por las Reglas de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V, en cuanto a las alegaciones

de la demanda. La Regla 6.1 de Procedimiento Civil

se limita a requerir una relación sucinta y

sencilla de hechos demostrativos de que la parte

tiene derecho a un remedio. Íd. La Opinión

mayoritaria, no obstante, le exige a la señora

Sierra Lugo una alegación específica de fraude en

cuanto a la cláusula de arbitraje, previo a tener

acceso a los tribunales, a pesar de que presentó

varias alegaciones en su demanda a los fines de

impugnar la manera en que se tramitó el contrato

que contiene la cláusula arbitral.

Por

otro

lado,

bien

sabemos

que

el

consentimiento es uno de los elementos esenciales

para la configuración de un contrato, pues el

contrato se define como un “acuerdo de voluntades

por medio del cual los interesados se obligan”.

SLG Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48,

62 (2011). Cónsono con lo anterior, las partes

pueden pactar las cláusulas que entiendan por

conveniente siempre y cuando no sean contrarias a

la ley, a la moral o al orden público. 31 LPRA

sec. 9753. Conforme a la libertad contractual, las

partes pueden acordar cláusulas de selección de

foro para “establecer cuál será el foro donde se

atenderán las disputas posibles que puedan surgir

de la relación contractual entre las partes”. Bobé

2

CC-2024-0599

3

et al. v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 15–

16, (2017).

En cuanto a la selección del arbitraje como

un mecanismo alterno de resolución de conflictos,

este Tribunal ha delimitado las instancias en las

cuales le compete a los tribunales intervenir para

evaluar un acuerdo arbitral, tal como: (1) la

existencia de un convenio de arbitraje; (2) si el

convenio

de

arbitraje

alcanza

determinada

controversia, y (3) si el convenio de arbitraje

cobija una disputa sobre la duración del contrato.

Municipio Mayagüez v. Lebrón, 167 DPR 713, 720-721

(2006); U.C.P.R v. Triangle Engineering Corp., 136

DPR 133, 144 (1994); World Films, Inc., v.

Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352, 361 (1990). A

modo que, “la determinación de si un acuerdo crea

el deber de las partes de arbitrar una controversia

en particular es tarea judicial”. World Films,

Inc. v. Paramount Pictures Corp., supra, pág. 361.

En

esa

línea,

la

cláusula

de

arbitraje

controvertida se pactó en un contrato de adhesión,

lo cual resulta preocupante dado que pudieran

surgir dudas sobre si las partes negociaron la

selección de foro, según corresponde. Recordemos

que

el

hecho

que

las

partes

acuerden

voluntariamente someter sus controversias al

arbitraje es un requisito indispensable para

validar la selección de dicho foro como mecanismo

alterno a los tribunales de justicia. Aponte

Valentín v. Pfizer Pharm., LLC, 208 DPR 263, 293

(2021) (Expresión disidente de la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez); Aquino González v. A.E.E.L.A,

182 DPR 1, 20 (2011).35

Por último, huelga señalar que, en reiteradas

ocasiones, esta Curia ha aplicado el principio de

autorrestricción respecto a la revisión de laudos

arbitrales, en ánimo de conceder amplia deferencia

a las determinaciones del árbitro, aun cuando

incurra en errores de hecho o derecho. C.O.P.R. v.

S.P.U., 181 DPR 299, 369 (2011). Véase también

Febus y otros v. MARPE Const. Corp., 135 DPR 206,

218 (1994); J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89

DPR 498, 503 (1963). Es bajo este contexto de

revisión judicial limitada —y considerando las

restricciones que implica— que debemos evaluar si

procede referir la controversia al foro arbitral,

35 Entiendo

necesario distinguir lo expresado en mi expresión disidente

en Aponte Valentín v. Pfizer Pharm., 208 DPR 263 (2021), del caso de

autos, pues un acuerdo de arbitraje convenido de manera voluntaria y

conforme a derecho es exigible. No obstante, en esta ocasión, justamente

está en controversia si la Sra. Nancy Sierra Lugo pactó de manera

voluntaria el acuerdo de arbitraje.

CC-2024-0599

4

a pesar de que persisten interrogantes sobre la

validez del contrato y la voluntariedad de las

partes al firmarlo.

Una mayoría de mis compañeros y compañeras

de estrado optó por aplicar de manera automática

el precedente establecido en S.L.G. Méndez-Acevedo

v. Nieves Rivera, 179 DPR 359 (2010), para validar

la

arbitrabilidad

del

acuerdo

objeto

de

controversia. No estoy de acuerdo con este curso

de acción, máxime cuando la controversia de autos

envuelve asuntos de alto interés público y versa

sobre un modelo de contratación que se ha

proliferado en los últimos años a raíz de la

inestabilidad del sistema eléctrico.36 Reitero que

aquí, precisamente, está en controversia la

validez del contrato suscrito entre la señora

Sierra Lugo y Sunrun y, por consiguiente, la

validez de la referida cláusula de arbitraje.

Correspondía, como mínimo, concederle a la señora

Sierra Lugo la oportunidad de participar de una

vista evidenciaria previo a referirla a arbitraje.

Por entender que queda en disputa la eficacia de

este acuerdo, disiento respetuosamente.

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disiente con

opinión escrita a la cual se une la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez. El Juez Asociado señor Colón Pérez disiente con

opinión escrita.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

36 Noticel,

Sobre 100 mil clientes tienen sistemas solares en Puerto Rico

y en medición neta, https://noticel.com/ultima-hora/20240218/sobre-110mil-clientes-tienen-sistemas-solares-en-puerto-rico-y-en-medicionneta/, (última visita: 13 de marzo de 2026).

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Sierra Lugo

Recurrida

v.

CC-2024-0599

Certiorari

Sunrun PR Operations, LLC;

Máximo Solar Industries,

Inc., Aseguradoras ABC, John

Doe y Richard Doe

Peticionarios

Opinión disidente emitida por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ, a la cual se une la Jueza Presidenta

ORONOZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de julio de 2026.

Hay ocasiones en que los remedios pueden ser peor que

la enfermedad. Nos encontramos ante una de esas situaciones.

Hay ocasiones en que los remedios que provee el arbitraje

no son aplicables para atender determinados males sociales

o desigualdades. En el caso que nos ocupa, no debemos ignorar

que existe una política pública más fuerte a favor de la

protección de los consumidores y las partes económicamente

inferiores en las relaciones contractuales.

Ante

esa

realidad,

la

validez

de

un

acuerdo

de

arbitraje ante planteamientos de fraude, engaño o inducción

a

error,

en

inseparable

este

del

contexto,

representa

cuestionamiento

al

una

controversia

consentimiento

del

CC-2024-0599

2

contrato en general. Resolverlo en primer orden es tarea

inherentemente judicial.

Por

considerar

esencialmente

delineó

que

un

el

Tribunal

curso de

de

acción

Apelaciones

adecuado

para

atender las alegaciones legítimas respecto a la invalidez

de una cláusula de arbitraje, incluida en un claro contrato

de

adhesión

relacionado

con

un

servicio

esencial,

respetuosamente disiento del resultado al que llega una

mayoría de este Tribunal, así como las razones que lo

fundamentan.

En adelante, trazo las razones de mi desavenencia, no

sin antes destacar algunas de las incidencias procesales más

importantes de este caso.

I

Este caso tiene su origen el 4 de diciembre de 2023

cuando la Sra. Nancy Sierra Lugo (señora Sierra Lugo o

recurrida) presentó una Demanda en contra de Sunrun PR

Operations, LLC (Sunrun) y Máximo Solar Industries, Inc.

(Máximo Solar o parte peticionaria).1 En ella, solicitó la

resolución y nulidad de un contrato para el arrendamiento

de un sistema solar fotovoltaico que firmó con Sunrun, la

remoción del equipo instalado en su propiedad por las partes

Entrada Núm. 1 del expediente digital del caso

SJ2023CV11245 en el Sistema Unificado de Manejo y

Administración de Casos del Tribunal de Primera Instancia

(SUMAC-TPI).

1

CC-2024-0599

demandadas,

3

la

devolución

del

dinero

pagado

hasta

ese

momento y la indemnización por daños contractuales.

En

lo

pertinente,

contratación,

Máximo

aludió

Solar

–

a

que,

previo

vendedora

y

a

la

socia

de

instalación de Sunrun – le representó falsamente, en todo

momento, que era la compañía que otorgaba el contrato.2 En

ese sentido, puntualizó que no fue hasta que recibió la

copia del contrato, varios meses después de la instalación,

que se enteró de que realmente había contratado con Sunrun.

Además, agregó que el contrato fue firmado electrónicamente

sin que se le proveyera la oportunidad de revisarlo y leerlo.

En derecho, arguyó que esto último, sumado a que no se le

brindó copia física del documento contractual, tornaba nulo

el acuerdo y viciaba su consentimiento.

Luego de varias incidencias procesales, las cuales

incluyeron la contestación de la Demanda3, el 8 de marzo de

2024, Máximo Solar presentó una Solicitud de desestimación

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA

Ap. V, en la que adujo que el contrato suscrito entre la

señora

Sierra

Lugo

y

Sunrun

contenía

una

cláusula

de

arbitraje que abarcaba cualquier disputa contractual entre

las

partes

y

que,

por

eso,

el

tribunal

carecía

de

jurisdicción sobre la controversia objeto de la reclamación.

Véase la alegación núm. 8 de la Demanda, Entrada Núm.

1 del expediente digital del caso en el SUMAC-TPI.

2

Véase Entrada Núm. 13 del expediente digital del caso

en el SUMAC-TPI.

3

CC-2024-0599

4

En particular, la parte peticionaria citó la sección G

(11) del contrato, la cual preceptúa el procedimiento para

resolver disputas al adoptar, primero, un proceso informal

de resolución de disputas y luego el arbitraje.4 Por último,

argumentó

que

las

alegaciones

de

fraude

hechas

por

la

recurrida iban dirigidas al contrato en general, no a la

cláusula

de

arbitraje,

y,

por

lo

tanto,

debían

ser

adjudicadas por un árbitro o árbitra.

El 18 de abril de 2024, la señora Sierra Lugo presentó

una Oposición a solicitud de desestimación en la que expuso

que la referida cláusula de arbitraje era inaplicable, pues

Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 155-156.

Junto a la moción, la parte peticionaria incluyó como anejo

el contrato firmado entre las partes.

4

Cabe destacar que, según el texto de la cláusula, el

arbitraje

sería

el

único

medio

de

resolución

de

controversias, a menos que una de las partes tuviera

permitido presentar una reclamación ante un tribunal que

atienda causas menores. En concreto, el contrato dispone:

EL ARBITRAJE SERÁ EL ÚNICO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS, SALVO QUE UNA DE LAS PARTES TENGA

PERMITIDO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN ANTE UN

TRIBUNAL QUE ENTIENDE EN CAUSAS MENORES (EN TANTO

Y EN CUANTO El MONTO CONTROVERTIDO SEA MENOR QUE

EL LÍMITE DE RECLAMACIÓN PARA ESE TRIBUNAL) EN

LUGAR DE SOMETERSE A ARBITRAJE, SIEMPRE QUE ESE

TRIBUNAL TENGA COMPETENCIA SOBRE LA CONTROVERSIA,

Y LA CONTROVERSIA SEA EXCLUSIVAMENTE EN SU NOMBRE

Y NO EN NOMBRE DE OTRA PERSONA. (Ennegrecido

nuestro). Apéndice de la Petición de Certiorari,

pág. 155.

Igualmente, se establece que el árbitro o la árbitra podrá

asignar la totalidad o parte de los costos del arbitraje,

incluidos los honorarios del árbitro o la árbitra y los

honorarios razonables de la parte vencedora. Íd., págs. 155156.

CC-2024-0599

5

fue incluida como resultado de fraude y engaño.5 Asimismo,

sumó

que

el

contrato

debía

ser

analizado

como

uno

de

adhesión.

El 15 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

emitió una Sentencia en la que desestimó el pleito en su

totalidad.6

A

su

juicio,

no

estaba

en

controversia

la

existencia del acuerdo de arbitraje, toda vez que la señora

Sierra Lugo no realizó alegaciones específicas sobre la

naturaleza engañosa o fraudulenta de su inclusión, como

exige la Regla 7.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.

Por ello, concluyó que no poseía jurisdicción para atender

la reclamación.

Inconforme, la señora Sierra Lugo acudió al Tribunal

de Apelaciones. Este, por su parte, revocó la determinación

del foro primario y devolvió el caso para la celebración de

una vista evidenciaria con el singular fin de evaluar la

validez

de

la

cláusula

de

arbitraje

contenida

en

el

contrato. En concreto, razonó:

Por tanto, ante la alegación de fraude y engaño en

torno a la cláusula de arbitraje y la posibilidad

de que esta sea nula e ineficaz, el [Tribunal de

Primera Instancia] debió examinar la invalidez de

la cláusula de selección de foro luego de una vista

evidenciaria. A tales efectos, el foro primario

debió celebrar una vista evidenciaria para evaluar

la validez de la cláusula de selección de foro.

Entrada Núm. 25 del expediente digital del caso en el

SUMAC-TPI.

5

Entrada Núm. 27 del expediente digital del caso en el

SUMAC-TPI. Procesalmente, el foro primario acogió la moción

de desestimación de Máximo Solar como una solicitud de

sentencia sumaria.

6

CC-2024-0599

6

Celebrada la vista evidenciaria, el [Tribunal de

Primera Instancia] podrá dirimir la obligación de

arbitrar y declararse sin jurisdicción, de ser

necesario, pero si declara que la cláusula de

arbitraje

es

ineficaz

para

atender

la

7

controversia, se debe continuar el caso.

Esa conclusión la conjugó, a su vez, con el estándar de

adjudicación aplicable ante una solicitud de desestimación

bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra.

En desacuerdo, Máximo Solar presentó la petición de

certiorari

que

nos

ocupa.

En

planteamientos.

Así,

argumentó

esencia,

reiteró

sus

que

aplicable

el

era

principio de separabilidad adoptado en nuestra jurisdicción

en S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, 179 DPR 359

(2010),

dado

que

la

señora

Sierra

Lugo

no

alegó

específicamente cómo se cometió fraude o engaño al incluirse

esa disposición en el acuerdo y se limitó a atacar la validez

del contrato en términos generales. Por último, planteó que

acudir al foro arbitral no representa un acto oneroso ni

dificulta el acceso a la justicia, especialmente ante la

adopción reciente de servicios de resolución de disputa de

forma virtual o híbrida.

Por

su

parte,

la

señora

Sierra

Lugo

defendió

la

determinación del Tribunal de Apelaciones. Es su posición

que, desde un inicio, cuestionó directamente la validez de

la cláusula de arbitraje porque en sus comparecencias alegó

que esta fue incluida en el contrato como resultado de fraude

y engaño y no fue producto de negociación. Igualmente,

7

Íd., pág. 12.

CC-2024-0599

7

recalcó que también adujo que, durante la contratación,

Máximo Solar le representó que era la compañía con la que se

estaba contratando, fue la única entidad con la que se

comunicó la recurrida y no le proveyó a esta una copia física

del contrato. Todo ello, plasmó, debía ser adjudicado por el

tribunal en una vista evidenciaria en la que escuchara a las

partes.

De

igual

forma,

según

sostuvo,

se

debió:

(1)

auscultar si el contrato, por ser de adhesión, contenía

cláusulas ambiguas que favorecían a la parte que las redactó;

y

(2)

considerar

que

al

implementarse

la

cláusula

de

arbitraje se provocaría una clara y patente inequidad.

Contando

con

este

recuento,

procedo

a

exponer

los

fundamentos en derecho que sustentan mi discrepancia con la

postura asumida por una mayoría de este Tribunal.

II

A.

La moción de desestimación presentada al amparo de la

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, es la que promueve

una parte demandada previo a contestar la demanda para que

esta se desestime. Accurate Sols. v. Heritage Environmental,

193 DPR 423, 432 (2015); Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev.

Corp., 174 DPR 409, 428 (2008); véase R. Hernández Colón,

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil,

6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 305. Esta acción

procede

cuando

de

las

alegaciones

de

la

demanda

surge

evidentemente que alguna defensa afirmativa derrotará la

pretensión de la parte demandante. Díaz Vázquez et al. v.

CC-2024-0599

8

Colón Peña et al., 214 DPR 1135 (2024), citando a Eagle

Security v. Efrón Dorado et al., 211 DPR 70, 83 (2023);

Casillas Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022). Por

tanto, la solicitud de desestimación puede basarse en varios

fundamentos, entre los que se destacan por su pertinencia a

la controversia de autos: la falta de jurisdicción sobre la

persona y el dejar de exponer una reclamación que justifique

la concesión de un remedio.

Por un lado, la jurisdicción se entiende como el poder

de un tribunal para considerar y decidir los casos y las

controversias que se presentan ante él. Pueblo v. Torres

Medina, 211 DPR 950, 958

reiterada

de

que

los

(2023).

tribunales

Esto motiva la

debemos

ser

norma

celosos

guardianes de nuestra jurisdicción y, por ello, los asuntos

relacionados a ella son privilegiados, deben atenderse de

forma preferente y pueden plantearse motu proprio por el

tribunal. Mun. Río Grande v. Adq. Finca et al., 2025 TSPR

36, 215 DPR ___ (2025); Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom,

190 DPR 652, 660 (2014). Por todo eso, si un tribunal no

tiene jurisdicción, solo tiene autoridad para así declararlo

y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos. Íd.

Propiamente, la jurisdicción sobre la persona se trata

del poder del tribunal para sujetar a una parte a su decisión

o, es decir, emitir una decisión obligatoria para esta.

(Citas omitidas). Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp.,

184 DPR 689, 701 (2012). Distinto a la jurisdicción sobre la

materia – la cual las partes no pueden otorgar ni privarle

CC-2024-0599

9

a un tribunal – la jurisdicción sobre la persona es un

derecho

individual

y

renunciable.

Unisys

v.

Ramallo

Brothers, 128 DPR 842, 862 esc. 5 (1991).8

En el pasado, hemos resuelto que, enfrentado a una

moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, bajo el fundamento de falta de

jurisdicción

sobre

la

persona,

un

tribunal

tiene

gran

discreción para escoger cómo proceder entre: (1) evaluar la

solicitud según las alegaciones de la demanda únicamente;

(2) analizar conjuntamente los documentos o declaraciones

juradas

incluidas en apoyo de

alegaciones

y

los

documentos

la moción

o

las

junto con las

contradeclaraciones

juradas que acompañe la parte demandante en su oposición;

(3)

señalar

una

vista

preliminar

evidenciaria;

o

(4)

posponer la cuestión para decidirla después de la vista en

su fondo para resolver el caso. Trans-Oceanic Life Ins. v.

Oracle Corp., supra, págs. 705-706; Molina v. Supermercado

Amigo, Inc., 119 DPR 330, 338 (1987).

Del tribunal optar por la primera opción, deberá dar

por ciertos los hechos

descartar

las

bien alegados por las partes y

conclusiones

de

derecho.

Molina

v.

Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 338. Si se escoge la

Similarmente, también hemos expresado que las

cláusulas de selección de foro no afectan la jurisdicción

del tribunal sobre la materia, sino la jurisdicción sobre la

persona. H.R., Inc. v. Vissepó & Diez Constr., 190 DPR 597,

606, esc. 16 (2014). Por ejemplo, mediante una cláusula de

arbitraje, las partes acuerdan voluntariamente limitar la

jurisdicción de los tribunales sobre su persona para, en su

lugar, dar paso al arbitraje. Íd., pág. 606.

8

CC-2024-0599

segunda

10

opción,

presente

será

documentos

necesario

o

que

la

parte

contradeclaraciones

demandante

juradas

que

demuestren que hay jurisdicción sobre la persona. TransOceanic Life Ins. v. Oracle Corp., supra, pág. 706; Molina

v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 339. Similarmente,

si el tribunal decide celebrar la vista evidenciaria, la

parte

demandante

estará

obligada

a

establecer

mediante

preponderancia de la prueba que existe jurisdicción sobre la

persona. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág.

340.

En relación con este último curso de acción, también

precisamos,

en

el

contexto

de

la

presunta

falta

de

jurisdicción sobre una parte no domiciliada, que, en la etapa

inicial

de

un

jurisdicción

caso,

sobre

la

descubrimiento

de

jurisdiccional.

Íd.,

para

dilucidar

persona,

prueba

pág.

se

limitado

341.

la

cuestión

de

puede

solicitar

el

a

controversia

También,

la

destacamos

que

“[c]uando la determinación jurisdiccional pueda disponer de

todo o parte del caso, es aconsejable la celebración, lo

antes posible, de la vista evidenciaria […]”. Íd.

Por otro lado, cuando se fundamenta una moción de

desestimación

reclamación

bajo

que

la

defensa

justifique

la

de

dejar

de

exponer

concesión

de

un

una

remedio,

nuestros lineamientos jurisprudenciales establecen que el

tribunal deberá, al resolverla, tomar como ciertos todos los

hechos

bien

aseverados

alegados

de

manera

en

la

clara

demanda

y

y

que

hayan

concluyente.

sido

Casillas

CC-2024-0599

11

Carrasquillo v. ELA, supra, pág. 247; González Méndez v.

Acción Social et al., 196 DPR 213, 234 (2016). En esa tarea,

el tribunal está llamado a interpretar las alegaciones de

forma conjunta y liberal, así como de la manera más favorable

a la parte demandante. Casillas Carrasquillo v. ELA, supra;

González Méndez v. Acción Social et al., supra.

Así, la encomienda implica razonar si, a la luz de la

situación más favorable a la parte demandante y resolviendo

toda

duda

constituir

a

su

una

favor,

la

demanda

reclamación

válida.

es

suficiente

(Citas

para

omitidas).

Casillas Carrasquillo v. ELA, supra; González Méndez v.

Acción Social et al., supra, pág. 235. A tales efectos, la

demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre que

la parte demandante carece de derecho a remedio alguno, bajo

cualquier hecho que pueda probar. Casillas Carrasquillo v.

ELA, supra; Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra,

pág. 429. Por ello, como norma general, se debe conceder la

desestimación cuando existan circunstancias que permiten al

tribunal determinar, sin ambages, que la demanda carece de

todo mérito y que la parte demandante no tiene derecho a

algún remedio. González Méndez v. Acción Social et al.,

supra, pág. 235.

Sin embargo, debe advertirse que la desestimación bajo

este fundamento se enmarca en que la privación a un litigante

de su día en corte es una medida procedente solo en casos

extremos y claros. Costas Elena y otro v. Magic Sport y

otros, 213 DPR 523, 534 (2024); Rosario v. Nationwide Mutual,

CC-2024-0599

12

158 DPR 775, 780 (2003). Esto, en vista de las posibles

implicaciones que tiene tal medida sobre el debido proceso

de ley. Rosario v. Nationwide Mutual, supra, pág. 780,

citando a Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617

(1990).

Además, hemos reconocido que cuando “esté involucrado

un alto interés público no debe desestimarse ninguna acción

mediante

este

mecanismo

procesal,

salvo

en

aquellas

ocasiones en que no quepa duda que bajo ninguna situación de

hecho que surja lógicamente de la demanda es posible conceder

un remedio adecuado, cualquiera que éste sea”. Aut. Tierras

v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra, pág. 429.

Cabe destacar que la atención de este tipo de moción

debe

considerar

que,

por

virtud

de

la

Regla

6.1

de

Procedimiento Civil, supra, la demanda únicamente tiene que

contener “una relación sucinta y sencilla de los hechos

demostrativos de que la parte peticionaria tiene derecho a

un

remedio”.

alegaciones

Esto,

es

pues,

el

notificar,

singular

a

propósito

grandes

de

rasgos,

las

las

reclamaciones en contra de la parte demandada para que esta

pueda

comparecer

a

defenderse.

Sánchez

v.

Aut.

de

los

Puertos, 153 DPR 559, 569-570 (2001).

Por último en este respecto, según la Regla 10.2 de

Procedimiento

Civil,

supra,

cuando

se

fundamenta

una

solicitud de desestimación a su amparo bajo el fundamento de

dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión

de un remedio y, a la misma vez, se exponen materias no

CC-2024-0599

13

contenidas en la alegación impugnada y estas no son excluidas

por el tribunal, entonces la moción debe ser considerada

propiamente como una solicitud de sentencia sumaria y, por

ende, deberá estar sujeta a todos los trámites requeridos

por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, hasta

su resolución final. Véanse Bonnelly Sagrado et al. v. United

Surety, 207 DPR 715, 722-723 (2021) y Sifontes v. Oliver

Exterminating Services Corp., 128 DPR 207 (1991).

En ese contexto, hemos reiterado que esta conversión

tiene lugar cuando una parte somete materias que no formaron

parte

de

las

admisiones,

alegaciones,

tales

certificaciones

y

como:

deposiciones,

contestaciones

a

interrogatorios. Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR

300, 309 (1997). Cuando se presentan este tipo de materias,

el tribunal tiene plena discreción para aceptarlas. Íd. En

el ejercicio de esta, el foro primario puede denegar tanto

la conversión a una moción de sentencia sumaria como la

desestimación, “si de la materia ofrecida surge que el caso

no se debería despachar sumariamente y que para su resolución

se debería celebrar una vista en su fondo.” Íd.

B.

Sabido

es

que

en

nuestra

jurisdicción

existe

una

importante política pública que favorece el arbitraje como

método alterno para solucionar disputas. Landrau Cabezudo et

al. v. Puertos et al., 2025 TSPR 7, 215 DPR ____ (2025);

Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm, 208 DPR 263, 282

(2021). Ello responde al interés del Estado en facilitar

CC-2024-0599

14

vías rápidas, flexibles y menos onerosas que los tribunales

para resolver controversias entre partes. Landrau Cabezudo

et al. v. Puertos et al., supra; H.R., Inc. v. Vissepó &

Diez Constr., 190 DPR 597, 605 (2014).

Con arreglo a ello, mediante el arbitraje, aquellas

partes

que

válida

y

voluntariamente

lo

hayan

pactado

sustituyen a los tribunales por un árbitro o árbitra para

que este o esta determine todas las controversias de hecho

y de derecho que surjan entre ellas. Landrau Cabezudo et al.

v. Puertos et al., supra; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves

Rivera, supra, pág. 368. Por esta razón, aunque se fomenta

el arbitraje, su uso solamente corresponderá cuando las

partes así lo pacten. Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm,

supra,

págs.

282-283;

S.L.G.

Méndez-Acevedo

v.

Nieves

Rivera, supra.

En este sentido, cabe subrayar el principio reiterado

de que el arbitraje es una figura inherentemente contractual

y, por ello, no se puede obligar a una parte a someter una

disputa al procedimiento de arbitraje, a menos que se haya

pactado de esa forma. Kendall Hope Tucker v. Money Group,

LLC y otros, 2026 TSPR 9, 217 DPR ___ (2026); S.L.G. MéndezAcevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 367.

Por este motivo, una de las controversias que con

frecuencia se suscita es si las partes están obligadas a

arbitrar y la tarea de descifrarlo recae inherentemente en

CC-2024-0599

15

los tribunales.9 Kendall Hope Tucker v. Money Group, LLC y

otros, supra; Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm, supra,

pág. 283; S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra,

pág. 367; Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 US

440, 444–445 (2006).

En

torno

a

esta

primordial

tarea

judicial,

hemos

pautado que los tribunales deben auscultar: (1) si existe un

convenio

de

arbitraje;

(2)

si

ese

convenio

alcanza

determinada controversia; y (3) si el convenio alcanza una

disputa sobre la duración o expiración del contrato. Aponte

Valentín et al. v. Pfizer Pharm, supra, pág. 283; S.L.G.

Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, pág. 367. Esta tarea

tampoco puede divorciarse de las razones que, anteriormente,

hemos esgrimido para determinar la no aplicabilidad de una

cláusula de selección de foro, tales como: (1) que el foro

seleccionado

sea

irrazonable

e

injusto;

(2)

que

de

ventilarse el caso en tal foro se incurriría en una clara y

Al cumplir esa función, hemos reconocido contadas,

pero importantes, excepciones a la obligatoriedad del

arbitraje, principalmente en el contexto de las relaciones

obrero-patronales

y

leyes

protectoras.

Quiñones

v.

Asociación, 161 DPR 668, 673-674 (2004). En el pasado, he

sido enfático sobre la necesidad de garantizar el acceso a

los remedios establecidos por nuestros estatutos de

protección a la ciudadanía, especialmente en el ámbito

laboral, frente a las cláusulas de arbitraje. Véanse Aponte

Valentín et al. v. Pfizer Pharm, 208 DPR 263 (2021) (Opinión

disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez); Méndez

Jiménez v. Carso Const., 202 DPR 554 (2019) (Sentencia)

(Opinión disidente del Juez Asociado señor Estrella

Martínez). Recientemente, renové ese llamado en el ámbito de

los contratos individuales de empleo, los cuales en su

mayoría son de adhesión. Kendall Hope Tucker v. Money Group,

LLC y otros, 2026 TSPR 9, 217 DPR ___ (2026) (Opinión

disidente del Juez Asociado señor Estrella Martínez).

9

CC-2024-0599

16

patente inequidad o sería irrazonable e injusto; (3) que la

cláusula no es válida porque fue negociada mediando fraude

o engaño; y (4) que la implantación de la cláusula derrotaría

la política pública del Estado. Unisys v. Ramallo Brothers,

128 DPR 842, 857 (1991). Y es que, incluso, hemos conjugado

las cláusulas de arbitraje en el mismo plano que las de

selección de foro. Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198

DPR 6, 17-18 (2017).

No obstante, esta tarea no es impuesta exclusivamente

por la jurisprudencia, sino que es delegada a los tribunales

por los estatutos federales y locales que favorecen el

arbitraje.

A

nivel

federal,

la

Federal

Arbitration

Act

(FAA), 9 USCA sec. 1 et seq., mandata a los tribunales a

reconocer

como

válidas,

irrevocables

y

ejecutables

las

disposiciones contractuales a favor del arbitraje, “save

upon such grounds as exist at law or in equity for the

revocation of any contract”. 9 USCA sec. 2. Entretanto, a

nivel local, la Ley de Arbitraje Comercial en Puerto Rico,

Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 LPRA ant. sec. 3201 et

seq. (derogada) (Ley de Arbitraje Comercial de 1951), en su

Artículo 1, disponía que todo convenio de arbitraje sería

válido, exigible e irrevocable “salvo por los fundamentos

que existieran en derecho para la revocación de cualquier

convenio”. 32 LPRA ant. sec. 3201.10 Asimismo, por virtud

La Ley de Arbitraje de 1951, supra, era el estatuto

vigente al momento de los hechos del caso y, por ello, se

cita, pese a ser derogada por la Ley de arbitraje de Puerto

10

CC-2024-0599

17

estatutaria, las controversias sobre la existencia o validez

de un contrato de arbitraje deberán ser resueltas por los

tribunales. Art. 4 de la Ley de Arbitraje Comercial de 1951,

32 LPRA ant. sec. 3204.

Así, enfrentado a este tipo de controversia a la luz de

la FAA, el más alto foro federal, al igual que los tribunales

inferiores, ha resuelto que los tribunales pueden invalidar

un acuerdo de arbitraje conforme a las mismas defensas que

aplican a todo contrato. Gaines v. AT&T Mobility Servs.,

LLC, 424 F.Supp.3d 1004 (S.D. Cal. 2019); Circuit City

Stores, Inc. v. Adams, 279 F.3d 889 (9no Cir. 2002); Doctor's

Associates, Inc. v. Casarotto, 517 US 681, 687 (1996);

Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson, 513 US 265, 281 (1995).

Incluso,

las

expresiones

del

Tribunal

Supremo

federal

permiten examinar la validez de acuerdos de arbitraje ante

defensas

aplicables

al

contrato

en

general.

Doctor's

Associates, Inc. v. Casarotto, supra, págs. 686-687; Perry

v. Thomas, 482 US 483 (1987). Lo importante es que no se

invaliden los acuerdos mediante leyes o normas estatales

aplicables únicamente a acuerdos de arbitraje.

Doctor's

Associates, Inc. v. Casarotto, supra. En concreto, el más

alto foro federal expresó:

Repeating our observation in Perry, the text

of §2 [of the FAA] declares that state law may be

applied

“if that

law

arose

to

govern

issues concerning the validity, revocability, and

enforceability of contracts generally.” Thus,

generally applicable contract defenses, such as

Rico, Ley Núm. 147 de 9 de agosto de 2024, 32 LPRA sec. 3230

et seq.

CC-2024-0599

18

fraud, duress, or unconscionability, may be

applied to invalidate arbitration agreements

without contravening §2.

[…]

Courts may not, however, invalidate arbitration

agreements under state laws applicable only to

arbitration provisions. (Ennegrecido nuestro)

(Citas omitidas). Íd., págs. 686-687.

De esta forma, se ha reconocido la facultad del tribunal

para acudir a normas del derecho contractual para determinar

si existe un acuerdo de arbitraje válido al amparo del

estatuto federal. Perry v. Thomas, supra, pág. 490. Así

también lo hemos hecho en Puerto Rico. Véanse, entre otros,

Kendall Hope Tucker v. Money Group, LLC y otros, supra;

Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm, supra; H.R., Inc. v.

Vissepó & Diez Constr., supra; Constructora Estelar v. Aut.

Edif. Púb., 183 DPR 1 (2011); Aquino González v. A.E.E.L.A.,

182 DPR 1 (2011); VDE Corporation v. F&R Contractors, 180

DPR 21, 33 (2010); S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera,

supra.

C.

Entre las normas del derecho contractual a las que

debemos

acudir

los

tribunales

se

encuentra

la

más

fundamental de ellas: un contrato es perfeccionado cuando

concurren los elementos de la causa de la obligación que se

establezca, el objeto cierto que sea materia del contrato y

el consentimiento de las partes contratantes. Art. 1213 del

CC-2024-0599

19

Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3391.11 De concurrir

las condiciones esenciales para su validez, un contrato es

obligatorio sin importar la forma en que se haya celebrado.

Art. 1230 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3451.

Fundamentalmente, los contratos se perfeccionan por el mero

consentimiento y obligan a las partes desde que consienten

tanto al cumplimiento de lo expresamente pactado como a todas

las consecuencias que sean conformes a la buena fe, el uso

y la ley. Art. 1210 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant.

sec. 3375.

Por su pertinencia, corresponde destacar el elemento

del consentimiento, el cual se manifiesta por el concurso de

la oferta y de la aceptación de la cosa y la causa que

constituyen el contrato. Art. 1214 del Código Civil de 1930,

31 LPRA ant. sec. 3401. Respecto a este, el profesor José

Vélez Torres expuso que “[l]a prestación del consentimiento

para que sea considerada válida, presume una voluntad capaz

que sea, además, libre y que tenga completo conocimiento

sobre lo que está haciendo; es decir, una voluntad que actúa

libre y espontáneamente”. (Ennegrecido nuestro). J.R. Vélez

Torres, Curso de derecho civil: derecho de contratos, San

Juan, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana,

1990, T. V, Vol. II, pág. 45.

Aunque la Ley Núm. 55-2020 derogó el Código Civil de

1930, se cita este último por ser el estatuto vigente al

momento de firmarse el contrato.

11

CC-2024-0599

20

En la misma línea, hemos expresado que “para que se

entienda prestado el consentimiento a un negocio jurídico,

ya [sea] expresa o implícitamente, es necesario que el

declarante tenga conocimiento adecuado del alcance de su

declaración”.

(Ennegrecido

Registrador,

114

DPR

nuestro).

850,

863

Colón

(1983);

Gutiérrez

véanse

v.

también

Federico De Castro y Bravo, El Negocio Jurídico, Madrid,

Gráficas

Marisal,

1971,

pág.

58

y

J.

Puig

Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona,

Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 77. En pocas palabras,

el ejercicio válido de una facultad requiere el previo

conocimiento de su plenitud. Colón Gutiérrez v. Registrador,

supra.

Con ese mismo enfoque, citamos favorablemente a Lete

del Río y Lete Achirica en cuanto a que el consentimiento

“debe

haberse

deliberadamente;

formado

[…]

en

contrario,

caso

libre,

se

consciente

dice

que

y

está

viciado, lo que da lugar a la anulabilidad del negocio”.

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48, 62

(2011),

citando

Achirica, Derecho

a

J.M.

de

Lete

del

Obligaciones,

Río

y

J.

Lete

Navarra,

Ed.

Thomson/Aranzadi, 2005, Vol. 1, págs. 430–431.

Por todo ello, tan requerido es el consentimiento de

las partes para la validez de un contrato que, de este verse

afectado, podría ocasionar la nulidad del negocio jurídico.

S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra, págs. 62–

63; García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 885–886

CC-2024-0599

21

(2008); Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 228–229

(2007); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830, 836 (2004). Entre

las causas que pueden viciar el consentimiento prestado, se

reconocen el error, la violencia, la intimidación y el dolo.

Bosques v. Echevarría, supra, pág. 836; Colón v. Promo Motor

Imports, Inc., 144 DPR 659 (1997).

Este último, el dolo, existe cuando con el uso de

“palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los

contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato

que, sin ellas, no hubiera hecho”. Art. 1221 del Código Civil

de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3408. Acerca de los tipos de dolo,

el que conlleva la nulidad de los contratos es el grave,

siempre

que

no

haya

sido

empleado

por

las

dos

partes

contratantes. Art. 1222 del Código Civil de 1930, 31 ant.

sec. 3409. Entretanto, el dolo incidental solo obliga al que

lo llevó a cabo a indemnizar daños y perjuicios. Íd.

Al respecto, hemos reconocido que el dolo se trata de

“todo un complejo de malas artes, contrario a las leyes de

la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe ajena,

generalmente en propio beneficio”. S.L.G. Ortiz-Alvarado v.

Great

American,

supra,

pág.

63,

citando

a L.

Díez-

Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 6ta ed.,

Navarra, Ed. Thomson/Aranzadi, 2007, Vol. I, pág. 170. En

ese sentido, también hemos favorecido que el dolo implica

cualquier clase de comportamiento, ya sea por comisión u

omisión,

y

abarca

cualquier

conducta

como

“astucias,

argucias, mentiras, sugestiones, [y] artificios; consisten

CC-2024-0599

22

en la invención de hechos falsos, en la ocultación de los

existentes, o en

suministrar referencias incompletas de

éstos, etc.”. Íd., págs. 64-65, citando a M. Albaladejo

García, Derecho Civil: introducción y parte general, 17ma

ed., Madrid, Ed. Edifoser, 2006, T. I, págs. 607-608.

Además, hemos sido claros en que callar sobre una

circunstancia importante respecto al objeto del contrato

constituye dolo. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American,

supra, pág. 66; Bosques v. Echevarría, supra, pág. 836;

Márquez

v.

Torres

Campos,

111

DPR

854

(1982).

Por

consiguiente, no siempre es necesaria una acción afirmativa

para que se incurra en dolo. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great

American, supra, pág. 66.

Por otra parte, otra de las causas que podría viciar el

consentimiento de una parte contratante es que se viole el

principio de la buena fe. S.L.G. Silva-Alicea v. Boquerón

Resort, 186 DPR 532, 548 (2012). La buena fe significa que

las partes están obligadas a actuar honrada y lealmente e

implica guardar fidelidad a la palabra dada y no defraudar

la confianza ni abusar de ella para que la negociación

refleje una voluntad que no sea producto de la malicia o el

engaño. Íd., pág. 547, citando a L. Díez-Picazo, La doctrina

de los propios actos, Barcelona, Ed. Bosch, 1963, pág. 157.

En efecto, esta permea en todo el proceso de contratación;

esto es, desde las fases iniciales y preparatorias hasta la

negociación del contrato y su cumplimiento. Íd., págs. 547548.

CC-2024-0599

23

Así, una posible violación a la buena fe incluye “no

revelar hechos importantes durante un proceso de negociación

que muy bien pudieron conllevar a una contratación que de

otra forma no hubiese tenido lugar. En estos casos, el

principio de buena fe se invoca porque la oferta o publicidad

no responde a las exigencias de lealtad y honestidad”.

(Ennegrecido

nuestro).

Íd.,

pág.

548;

M.J.

Godreau

Robles, Lealtad y buena fe contractual, 58 (Núm. 3) Rev.

Jur. U.P.R. 367, 419-420 (1989). Sin embargo, no toda omisión

conlleva

la nulidad, pues se requiere que la falta de

información

sobre

un

hecho

recaiga

sobre

elementos

esenciales del contrato que, de conocerse, hubiese evitado

que la otra parte prestara su consentimiento. S.L.G. SilvaAlicea v. Boquerón Resort, supra, pág. 548. Por último, no

debe olvidarse que la buena fe cobra todavía más importancia

– y utilidad – ante el fenómeno de los contratos de adhesión.

Godreau Robles, op. cit., pág. 418.

De igual manera, nuestro ordenamiento contractual se

enmarca en el principio de la autonomía contractual o la

libertad de contratación, de forma que se permite que las

partes

establezcan

los

pactos,

las

cláusulas

y

las

condiciones que estimen convenientes, siempre que no sean

contrarias a la ley, la moral y el orden público. Demeter

Int’l v. Srio. Hacienda, 199 DPR 706, 727 (2018); Art. 1207

del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3372. Sobre este

último, el “orden público, lo hemos definido como el medio

para lograr un balance entre la autonomía de la voluntad y

CC-2024-0599

24

la protección del bienestar común”. Demeter Int’l v. Srio.

Hacienda, supra, pág. 728, citando a De Jesús González v.

A.C., 148 DPR 255, 266 (1999). De esta manera, este Tribunal

se ha posicionado en contra de auxiliar a aquella parte que

incurra en conducta contraria a la ley, la moral y el orden

público. Íd. Por eso, se ha empleado la doctrina del orden

público para declarar nulas aquellas cláusulas que atenten

crasamente contra el buen orden del sistema jurídico, tales

como las de contratos de carácter leonino o que le otorgan

a una de las partes una ventaja injustificada. Íd.; De Jesús

González v. A.C., supra, pág. 267.

En último término, tampoco podemos dejar a un lado

nuestra

jurisprudencia

concerniente

a

los

contratos

de

adhesión. Estos comprenden aquellos acuerdos en los que una

de las partes no interviene en su redacción y en los que el

desequilibrio

de

poder

entre

estas

impide

un

verdadero

proceso previo de negociación. Suárez Figueroa v. Sabanera

Real, Inc., 173 DPR 694, 711 (2008). En estos, según hemos

indicado, se reduce al mínimo la bilateralidad contractual.

Íd., págs. 711-712, citando a Zequeira v. CRUV, 83 DPR 878,

881 (1961). Igualmente, como no hay deliberación anterior al

contrato y este

suele

ser uniforme, la realidad de un

consumidor se limita a decidir entre: (1) aceptar el esquema

unilateralmente estructurado; o (2) retirarse del negocio.

Íd., pág. 712. Es decir, o lo tomas o lo dejas.

En una sociedad en la que proliferan cada vez más los

contratos

de

adhesión,

se

atenta

contra

la

verdadera

CC-2024-0599

25

libertad de contratación, pero sobre todo se suscita un

dilema existencial cuando se trata del acceso a un servicio

esencial, como lo es la energía eléctrica en Puerto Rico y

la adquisición de fuentes alternas de energía.

En este tema, hemos precisado que la interpretación de

los contratos de adhesión debe favorecer a la parte más débil

económicamente y a la que no tuvo injerencia sobre la

redacción del acuerdo. Íd.; Herrera v. First National City

Bank, 103 DPR 724, 727 (1975). El propósito de aplicar esta

norma responde a promover la igualdad jurídica, hasta donde

sea posible. Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra,

págs. 712-713, citando a Santiago v. Kodak Caribbean, Ltd.,

129 DPR 763, 776 (1992). Esto, además, debe ser conjugado

con la norma codificada de que las cláusulas obscuras de un

contrato no deben ser interpretadas para favorecer a la parte

que hubiese ocasionado la obscuridad. Art. 1240 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3478.

Dicho

todo

lo

anterior,

la

encomienda

judicial

de

evaluar las cláusulas de arbitraje a la luz de nuestro

derecho de obligaciones y contratos para resolver si fueron

consentidas

y

paradójicamente,

pactadas

a

una

válidamente

colisión

con

nos

la

lleva,

doctrina

de

separabilidad, adoptada por este Tribunal en S.L.G. MéndezAcevedo v. Nieves Rivera, supra, tal y como explico en la

próxima sección.

D.

CC-2024-0599

A

nivel

desarrollado

26

federal,

no

sin

la doctrina de

recibir

críticas12,

se

ha

separabilidad, aplicable al

momento de evaluar si existe un acuerdo válido de arbitraje.

Véanse Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 US

Para algunos tribunales estatales, la doctrina de

separabilidad es inaplicable en su jurisdicción. Véanse

Shaffer v. Jeffery, 915 P.2d 910 esc. 13 (Okla., 1996);

George Engine Co., Inc. v. Southern Shipbuilding Corp., 350

So.2d 881 (La. 1977); Fouquette v. First American Nat.

Securities, Inc., 464 N.W.2d 760 (Minn.App., 1991). Véanse,

también, T. Baker, Arbitration: Arbitration in the 21st

Century: Where We’ve Been, Where We’re Going, 53 Okla. L.

Rev. 653, 674 (2000); J. Douglas Stiner, Arbitration:

Shaffer v. Jeffery: The Oklahoma Supreme Court Rejects the

Separability Doctrine and Takes A Step Back in the

Enforcement of Arbitration Clauses Under Oklahoma Law, 50

Okla. L. Rev. 243 (1997).

12

En Shaffer v. Jeffery, el Tribunal Supremo de Oklahoma

resolvió que la ley estatal proarbitraje de ese entonces,

idéntica a la FAA, no requería la separabilidad. Esa fue la

norma vigente hasta el 2020 cuando ese mismo foro reconoció

que una enmienda posterior impuso la doctrina. Signature

Leasing, LLC v. Buyer’s Group, LLC, 466 P.3d 544 (Okla.,

2020).

Para una muestra de la visión académica, véanse T. Payne &

R. Bales, What A Contract Has Joined Together Let No Court

Cast Asunder: Abolishing Separability and Codifying the

Scope of the Provisions of Arbitration Agreements, 120 W.

Va. L. Rev. 537 (2017); Stephen J. Ware, The Centrist Case

Against Current (Conservative) Arbitration Law, 68 Fla. L.

Rev. 1227 (2016); S.J. Ware, Arbitration Law’s Separability

Doctrine after Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 8

Nev. L.J. 107 (2007); Z.M. Curtin, Rethinking Prima Paint

Separability in Today's Changed Arbitration Regime: The Case

for Inseparability and Judicial Decisionmaking in the

Context of Mental Incapacity Defenses, 90 Iowa L. Rev. 1905

(2005); R. C. Reuben, First Options, Consent to Arbitration,

and the Demise of Separability: Restoring Access to Justice

for Contracts with Arbitration Provisions, 56 SMU L. Rev.

819 (2003); T.J. Monestier, “Nothing Comes of Nothing” ...

or Does It??? A Critical Re-Examination of the Doctrine of

Separability in American Arbitration, 12 Am. Rev. Int'l Arb.

223 (2001); T. Baker, op. cit.; A. Scott Rau, “The

Arbitrability Question Itself”, 10 Am. Rev. Int’l Arb. 287,

335-336 (1999).

CC-2024-0599

395

(1967)

27

y

su

progenie.

En

términos

sencillos,

esta

propugna que, si la impugnación se dirige al contrato en su

totalidad, esta deberá ser atendida por un árbitro o árbitra;

mientras

que,

específicamente

si

la

hacia

la

impugnación

cláusula

está

arbitral,

orientada

deberá

ser

resuelta por el tribunal. Buckeye Check Cashing, Inc. v.

Cardegna,

supra, págs.

445-446.

Para nuestros homólogos

federales, esa distinción responde al lenguaje de la FAA

porque, a su juicio, al proveer un remedio a una parte que

solicita el cumplimiento de una cláusula de arbitraje no

permite

que

los

tribunales

federales

consideren

reclamaciones de fraude dirigidas al contrato en general.

Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., supra, págs.

403-404.13

Sin embargo, no se deben pasar por alto expresiones del

propio alto foro federal que limitan el alcance de esta

norma, tales como: (1) al decidir si las partes acordaron

arbitrar cierta materia, incluyendo la “arbitrabilidad”, los

tribunales deben generalmente aplicar principios de derecho

Esta lectura de la FAA obtuvo críticas instantáneas,

lideradas por el Juez Asociado Hugo Black en una opinión

disidente en Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co.,

supra. Para él, la intención legislativa del Congreso no fue

crear una abarcadora ley federal sustantiva para imponerse

sobre los tribunales estatales. Esta noción, a su vez, resonó

en las voces de los Jueces Asociados Stevens y O’Connor en

Perry v. Thomas, supra, y en la del Juez Asociado Thomas en

DirectTV, Inc. v. Imburgia, 577 US 47 (2015), entre otros

casos.

13

CC-2024-0599

28

estatal relacionados a la formación de contratos14; (2) los

desarrollos

de

la

doctrina

de

separabilidad

no

pueden

divorciarse del principio que subyace toda jurisprudencia de

arbitraje: que el arbitraje es un asunto estrictamente de

consentimiento y es una vía para resolver disputas, pero

solo aquellas que las partes acordaron someter15; (3) por lo

anterior, los tribunales deben ordenar el arbitraje de una

disputa solo cuando se convencen de que ni la formación del

acuerdo de arbitraje ni su aplicabilidad están en disputa,

pues allí donde una parte cuestione uno o ambos asuntos, el

tribunal

debe

resolverlo16;

y

(4)

la

aplicación

de

la

presunción que favorece el arbitraje (y la separabilidad)

únicamente se ha favorecido cuando refleja y deriva su

legitimidad de una conclusión de que arbitrar una disputa en

particular era la intención de las partes porque su acuerdo

expreso de arbitrarla se formó válidamente, es legalmente

ejecutable y abarca la disputa17.

Al ser así, vale reiterar que el Tribunal Supremo

federal también ha matizado que las causas para la revocación

de

un

contrato,

la

equidad

y

las

defensas

generales

aplicables a los contratos están disponibles para invalidar

First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 US 938,

944 (1995).

14

Granite Rock Co. v. International

Teamsters, 561 US 287, 298-299 (2010).

15

16

Íd., págs. 299-300.

17

Íd., págs. 302-303.

Broth.

of

CC-2024-0599

29

acuerdos de arbitraje, incluso cuando es de aplicación la

FAA.18 Doctor's Associates, Inc. v. Casarotto, supra, págs.

686-687; Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson, supra, pág.

281.

Incluso,

livianamente

en

la

irrazonabilidad,

ese

análisis,

doctrina

basada

en

de

no

debe

descartarse

unconscionability

equidad,

mediante

la

o

cual

tribunales en los Estados Unidos han rechazado poner en vigor

contratos

que

estiman

irrazonables

si

son

injustos,

sustantivamente, u opresivos a una parte en maneras que

sugieren abusos en su formación, procesalmente.

Véanse,

entre otros, M. Weston et al., Arbitration: Law, Policy and

Practice, 2nda ed., Durham, Carolina Academic Press, 2024,

págs.

181-190;

C.

McCullough,

Unconscionability

As

A

Coherent Legal Concept, 164 U. Pa. L. Rev. 779 (2016); M.

Lonegrass, Finding Room for Fairness in Formalism – The

En Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson, el Tribunal

Supremo federal estableció:

18

In any event, §2 [of the FAA] gives States a

method for protecting consumers against unfair

pressure to agree to a contract with an unwanted

arbitration

provision.

States

may

regulate

contracts, including arbitration clauses, under

general contract law principles and they may

invalidate an arbitration clause “upon such

grounds as exist at law or in equity for the

revocation of any contract.” What States may not

do is decide that a contract is fair enough to

enforce all its basic terms (price, service,

credit), but not fair enough to enforce its

arbitration clause. The Act makes any such state

policy unlawful, for that kind of policy would

place arbitration clauses on an unequal “footing,”

directly contrary to the Act's language and

Congress' intent. (Énfasis en el original) (Citas

omitidas). Allied-Bruce Terminix Cos. v. Dobson,

513 US 265, 281 (1995).

CC-2024-0599

30

Sliding Scale Approach To Unconscionability, 44 Loy. U. Chi.

L.J. 1 (2012); S. Antonetti Zequeira, Arbitraje Comercial en

Puerto Rico: ¿Solución o problema?, XI Rev. de la Academia

Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación 1 (2013); C.

Knapp,

Blowing

the

Whistle

on

Mandatory

Arbitration:

Unconscionability As A Signaling Device, 46 San Diego L.

Rev. 609 (2009).

Más allá de eso, en S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves

Rivera,

supra,

este

Tribunal

importó

la

doctrina

de

separabilidad a nuestra jurisdicción y, al así hacerlo,

distanció artificialmente el cuestionamiento de una cláusula

de arbitraje de la impugnación general de un contrato en el

que haya un presunto pacto de arbitraje. De esa forma, se

refirió al arbitraje la pregunta misma de si las partes están

obligadas a arbitrar.

En esa ocasión, se entendió que esta doctrina era

compatible con nuestra jurisdicción, especialmente por la

política

pública

que

favorece

el

arbitraje

como

método

alterno de solución de disputas. S.L.G. Méndez-Acevedo v.

Nieves Rivera, supra, págs. 379-380. Esto se hizo, además,

fundamentándose

en

las

palabras

del

Juez

Asociado

del

Tribunal Supremo señor Negrón García, respecto a que “si el

razonamiento esbozado en la jurisprudencia federal o de

otros estados de la Unión nos convence, es perfectamente

apropiado acogerlo para resolver el caso que esté ante la

consideración del Tribunal”. Íd., pág. 380. Véase también

Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386, 430 esc. 3 (1997)

CC-2024-0599

31

(Opinión disidente del Juez Asociado señor Negrón García).

A lo sumo, se estimó que la doctrina de separabilidad

vigoriza la política pública proarbitraje. Íd.

En

virtud

de

ello,

se

acogió

la

doctrina

de

separabilidad como una excepción a la norma general de

nuestro

andamiaje

contractual,

según

la

cual

un

pacto

accesorio es nulo si el contrato principal es nulo. Íd.,

pág. 382. De esta forma, en un ejercicio de abstracción

extrema, nos apartamos de la asentada tradición civilista y

codificada

de

que

las

cláusulas

accesorias

al

contrato

principal dependen de este para su existencia y validez, lo

cual las hace nulas si también lo es el contrato principal.

Véanse Municipio v. Vidal, 65 DPR 370, 375 (1945); Arts.

1144 y 1161 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs.

3204 & 3245. Estas cláusulas son, en esencia, incidentales

a la obligación principal, las cuales hay que cumplir, pero

que no son el motivo determinante del negocio. J.R. Vélez

Torres, Derecho de obligaciones: curso de derecho civil, 2da

ed., San Juan, Ed. U.I.A., 1997, pág. 67. Estas obligaciones,

por su naturaleza dependiente, corren la misma suerte que

las principales. Municipio v. Vidal, supra, pág. 375.

Los fundamentos citados para adoptar este curso de

acción fueron varios. Por un lado, se interpretó la doctrina

de separabilidad como una figura jurídica “lisonjera para

resolver una controversia en particular”. Íd. Asimismo, se

destacó que la doctrina representaba un avance contra los

prejuicios judiciales hacia el arbitraje y que, a su vez,

CC-2024-0599

fue

32

endosada

en

otros

países

como

Inglaterra,

España,

Francia y Alemania. Íd., págs. 383-384.

Por otro lado, se subrayó una multiplicidad de razones

de política pública para favorecer la doctrina, tales como:

(1) evitar la duplicidad de procedimientos, al impedir que

se requiera a un tribunal determinar la validez del acuerdo

con el único propósito de establecer finalmente que un

árbitro o árbitra tiene la autoridad para resolver la disputa

contractual; (2) evitar que las partes utilicen tácticas

dilatorias para retrasar o evadir el arbitraje; (3) honrar

la intención de las partes al pactar el arbitraje; y (4)

promover la conveniencia de que las partes puedan excluir la

aplicación

de

la

doctrina

si

redactan

la

cláusula

de

arbitraje utilizando un lenguaje que delimite su alcance.

Íd., pág. 384. Esto último, se consideró independientemente

de que el contrato sea uno de adhesión y de que la redacción

de la cláusula no sea negociada y no esté al alcance de la

parte con menor poder en la relación contractual.

Incluso más, el Tribunal en esa ocasión reconoció que

no todas las controversias deberán referirse al arbitraje,

pues una parte debe tener derecho a ser escuchada en los

tribunales, a “tener su día en corte”, a menos que haya

acordado someterse al arbitraje. Íd., pág. 385, citando a

J.J. Barceló III, International Commercial Arbitration: Who

decides

the

Arbitrator's

Jurisdiction?

Separability

and

Competence-Competence in Transnational Perspective, 36 Vand.

J. Transnat'l L. 1115, 1120 (2003). En ese sentido, también

CC-2024-0599

33

se destacó que, para aplicarse la doctrina, será necesario

que el acuerdo de arbitraje sea suficientemente amplio y que

no

limite

la

intervención

arbitral

a

controversias

claramente definidas. Íd. Por eso, se pautó que la labor

judicial en este extremo implicará evaluar si la cláusula de

arbitraje es taxativa o si es lo suficientemente amplia como

para que la controversia sobre la validez del contrato

principal sea adjudicada por un árbitro o árbitra. Íd., págs.

386-387.

Dicho

todo

esto,

según

adelanté,

la

acepción

y

aplicación irreflexiva de la doctrina de separabilidad da al

traste con la encomienda judicial de evaluar la validez de

las cláusulas de arbitraje a la luz de nuestro derecho de

obligaciones

y

contratos,

especialmente

en

cuanto

al

requisito esencial del consentimiento. En otras palabras,

sostengo que nuestro derecho contractual opera en contra de

la adopción de la doctrina de separabilidad y, sobre todo,

de su aplicación precipitada, instintiva o mecánica cuando

existe controversia sobre la formación del contrato.

Y es que con la aplicación automática de la doctrina de

separabilidad se favorece desmedidamente que una parte evada

la

revisión

judicial

de

un

contrato,

mediante

la

mera

inclusión de lenguaje a favor del arbitraje, y así se prive

a la otra parte de cuestionar si, en efecto, el contrato es

válido y, por ende, si el pacto de arbitrar es legítimo.

En

palabras

de

un

autor,

referir

una

disputa

al

arbitraje cuando no solo la cláusula de arbitraje está sujeta

CC-2024-0599

34

a impugnación, sino el contrato en su totalidad, puede

implicar perder de vista la principal y única pregunta: si

existe un consentimiento legalmente ejecutable de someterse

al arbitraje. A. Scott Rau, “The Arbitrability Question

Itself”, 10 Am. Rev. Int’l Arb. 287, 335-336 (1999). De esa

manera, no puede obviarse que la existencia de un acuerdo de

arbitraje

puede

cuestionan

la

ser

impugnada

existencia

de

por

un

otros

arreglo

vicios

que

contractual

vinculante en primer lugar.19 Íd., pág. 335. Al fin y al

cabo, ¿cómo puede validarse una cláusula de un contrato que

se alega fue inducido mediante fraude, engaño o dolo cuando

el contrato en su totalidad es posiblemente nulo?20 Dicho de

“[T]he existence of an ‘agreement’ to arbitrate

may also be tainted by other flaws that call into question

the very existence of a binding contractual arrangement in

the first place: There is simply no agreement to anything,

for example, where a signature has been forged, or where an

authentic signature was obtained at gunpoint”. (Énfasis en

el original) (Citas omitidas). A. Scott Rau, op. cit., pág.

335.

19

El autor, Todd Baker, plantea la pregunta en estos

términos: “This curious interpretation [that the federal

court may only consider allegations of fraud regarding the

arbitration clause itself] raises a serious question: How

can a provision of an allegedly fraudulently induced

contract be enforced when the contract as a whole is possibly

void altogether? Again, the [Prima] Court seems to ignore

this question entirely”. T. Baker, op. cit., pág. 662.

20

Asimismo, en palabras críticas del Juez Asociado Stevens,

suscritas por el Juez Asociado Breyer y las Juezas Asociadas

Ginsburg y Sotomayor, “Prima Paint y su progenie le permiten

a

un

tribunal

desprender

un

acuerdo

de

arbitraje

potencialmente

válido

de

un

contrato

potencialmente

inválido”. (Traducción nuestra). Rent-A-Center, West, Inc.

v. Jackson, 561 U.S. 63, 85 (2010) (Opinión disidente del

Juez Asociado Stevens).

CC-2024-0599

35

otro modo, si existen dudas sobre la formación válida de un

contrato en sí, ¿cómo no las va a haber sobre una cláusula

contenida en él, así sea de arbitraje, y cómo se justifica

obviarlas y someter a una de las partes a arbitrar?

Además, como sugiere esto último, la aplicación de la

doctrina de separabilidad redunda en elevar los acuerdos de

arbitraje a una posición superior y más fuerte con relación

al resto de los contratos.21 De ordinario, tendríamos reparos

en que, durante el litigio de un caso, un tribunal hiciera

valer una cláusula particular de un contrato cuya validez

está bajo cuestionamiento en el mismo procedimiento. Sin

embargo,

un

pacto

de

arbitraje

no

recibe

el

mismo

tratamiento, a menos que, de alguna forma, la parte cuestione

directamente la validez de la inclusión de esa disposición

en el contrato igualmente cuestionado.

Por

otra

parte,

como

en

el

caso

de

epígrafe,

la

extensión de esta norma obvia que las acciones de una parte

contratante en relación con la totalidad del contrato pueden

afectar la inclusión de la cláusula de arbitraje. Son ejemplo

perfecto de ello todas nuestras expresiones al respecto de

que el que una parte guarde silencio o no revele hechos

Amerita destacar que el Juez Asociado Hugo Black

reiteró que ello iba directamente en contra de la intención

legislativa de la FAA, de la cual se deriva la doctrina de

separabilidad. A su juicio, lo deseado era únicamente

colocar los acuerdos de arbitraje en la misma posición que

otras

obligaciones

contractuales,

dado

el

prejuicio

existente en aquel entonces hacia este tipo de cláusula.

Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., supra, pág.

423 (Opinión disidente del Juez Asociado Black).

21

CC-2024-0599

36

importantes durante el proceso de negociación podría viciar

el consentimiento. Cónsono con nuestra jurisprudencia, esta

acción

podría

implicar

tanto

dolo

como

violaciones

al

principio de buena fe. Y es lógico, toda vez que, aun

tratándose de un pacto de arbitraje, si una parte guardó

silencio – o peor, ofuscó o engaño a la otra – sobre un

elemento

esencial

verdaderamente

se

de

un

contrato,

contrataría,

se

como

con

podría

quién

viciar

el

consentimiento acerca del contrato y sus disposiciones.

Asimismo,

proarbitraje,

igual

en

que

nuestra

existe

una

política

pública

jurisdicción

existen

amplios

estatutos y jurisprudencia a favor de la protección de los

consumidores y las partes económicamente inferiores en las

relaciones contractuales.22 La aplicación de la doctrina de

separabilidad,

incluso

en

los

casos

más

evidentes

de

contratos de adhesión e indistintamente de que se trate de

productos

o

servicios

esenciales,

atenta

contra

estas

Véanse, entre otros, la Ley orgánica del Departamento

de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,

según enmendada, 3 LPRA sec. 341 et seq., y la Carta de

Derechos del Consumidor en su Art. 7A, 3 LPRA sec. 341f-1;

Art. 1240 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3478;

DACO v. LUMA y otros, 2025 TSPR 126, 217 DPR ___ (2025);

Claro TV y Junta Regl. Tel. v. One Link, 179 DPR 177, 188189 (2010); Suárez v. Levitt Homes, 167 DPR 526, 530-531

(2006); Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 591 (2005); Aponte

v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 144 DPR 830, 833-834 esc. 1

(1998); Class v. Vehicle Eqmnt. Leasing Co., 143 DPR 186,

214 (1997); Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 DPR

452, 459 (1978).

22

CC-2024-0599

nociones

37

protectoras

básicas.23

Este

efecto

sería

más

irrazonable si el mecanismo impuesto, como en este caso,

puede exponer a la parte reclamante, la cual está en una

posición inferior de por sí, a la imposición de costas por

la

reclamación

de

su

derecho,

incluso

aquel

que

sea

estatutario. En el pasado, he advertido que medidas como la

imposición

de

costas,

honorarios

legales

y

gastos

del

arbitraje a la parte más débil plantea un severo disuasivo

o

chilling

effect

sobre

la

vindicación

de

derechos

estatutarios o, en este caso, de acceso a la justicia.

Kendall Hope Tucker v. Money Group, LLC y otros, supra, pág.

23 (Opinión disidente del Juez Asociado Estrella Martínez).

Además,

debemos

considerar

que

cuando

se

trata

de

la

obtención de un servicio esencial y se presenta una falta de

opciones reales de negociación, el interés de protección al

consumidor

o

la

parte

más

desventajada

en

la

relación

contractual aumenta notablemente.

Con todo esto en mente, si nuestra amplia adopción de

la doctrina de separabilidad estuvo basada en razones de

política

pública,

ciertamente

sus

efectos

nocivos

y

contrarios a nuestros estatutos y a otras doctrinas deben

llevarnos a reevaluar ese precedente.

A nivel del más alto foro federal, las voces

disidentes de las Juezas Asociadas Ginsburg y Sotomayor en

DirectTV, Inc. v. Imburgia, supra, advirtieron que la

extensión de la FAA por el Tribunal Supremo ha redundado en

degradar los derechos de los consumidores, blindar los

contratos de adhesión e insular a las compañías con gran

poder económico de responsabilidad por sus actos.

23

CC-2024-0599

38

III

En

esta

ocasión,

teníamos

la

tarea

de

revisar

la

determinación del Tribunal de Apelaciones de revocar al

Tribunal

de

Primera

Instancia

y,

a

mi

entender,

correctamente devolver el caso para la celebración de una

vista evidenciaria con el único y limitado fin de evaluar la

validez de la cláusula de arbitraje contenida en el contrato

presuntamente pactado entre Máximo Solar y la señora Sierra

Lugo.

Para el foro intermedio, la alegación de fraude y engaño

en torno a la cláusula de arbitraje, así como la posibilidad

de que esta fuera nula e ineficaz, debió llevar al Tribunal

de Primera Instancia a celebrar la vista. En cambio, para el

foro primario, este no poseía jurisdicción para entender

sobre el caso, dado a que Máximo Solar demostró la existencia

de un acuerdo de arbitraje sin que la señora Sierra Lugo

expusiera detalladamente las circunstancias de fraude al

negociar la cláusula de arbitraje ni realizara alegaciones

específicas sobre la naturaleza engañosa o fraudulenta de

esta cláusula.

Por

su

parte,

Máximo

Solar

reiteró

ante

nos

el

razonamiento del foro primario. Por eso, como su posición es

que la recurrida únicamente atacó de forma general la validez

del contrato, sus alegaciones y el resto de la reclamación

debían litigarse ante un árbitro o árbitra.

Entretanto,

correspondía

la

señora

resolver:

(1)

Sierra

si

Lugo

las

sostuvo

partes

que

nos

válidamente

CC-2024-0599

39

pactaron una cláusula de arbitraje porque se cuestionó su

inclusión independientemente de las reclamaciones generales

sobre el contrato; y (2) si el contrato, por ser de adhesión,

contenía cláusulas ambiguas que favorecían a la parte que

las redactó. Sobre ello, reafirmó que, desde el inicio del

pleito, alegó que la cláusula de arbitraje fue incluida como

resultado

también

de

fraude

y

engaño.

Igualmente,

adujo que Máximo Solar realizó

enfatizó

que

representaciones

falsas de que era la única compañía con la que contrataría

y que no le proveyó copia física del contrato. Por todo ello,

razonó que era necesario que el tribunal escuchara a las

partes en una vista evidenciaria.

Habida cuenta de lo anterior, una mayoría de este

Tribunal opta por modificar el dictamen del Tribunal de

Apelaciones, dejar sin efecto la vista evidenciaria ordenada

por este y, en su lugar, decretar la suspensión de los

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto,

pues, según su criterio, la señora Sierra Lugo no incluyó

una alegación específica dirigida a rebatir la presunción de

validez de la cláusula de selección del foro arbitral y no

especificó cuáles fueron los actos fraudulentos relacionados

con la inclusión de esta. Por eso, la mayoría estimó que,

como

las

alegaciones

de

vicio

en

el

consentimiento

se

dirigieron a impugnar la validez del contrato en general,

procedía aplicar la doctrina de separabilidad y someter la

cuestión de la validez del contrato a la consideración de un

árbitro o árbitra.

CC-2024-0599

40

Como considero que, con este curso de acción, este

Tribunal se aparta de lo que estimo prudente al momento de

evaluar cláusulas de arbitraje en contratos de adhesión,

cuya validez también es cuestionada desde un inicio por

vicios

al

consentimiento,

respetuosamente

disiento.

A

diferencia del resultado al que se llega en esta ocasión,

soy del criterio de que el Tribunal de Apelaciones actuó

correctamente al devolver el caso al foro primario. Solo así

se podría garantizar el “día en corte” de la recurrida para

demostrar en qué consistió el fraude y el engaño que llevó

a su contratación con Sunrun, el rol que jugó Máximo Solar

en ello y la invalidez de la cláusula de arbitraje. A mi

juicio, es tarea eminentemente judicial el evaluar primero

si existió un acuerdo válido para arbitrar antes de obligar

a las partes a someter su controversia a ese mecanismo,

especialmente cuando se presentan planteamientos de fraude,

engaño o inducción a error que potencialmente vician el

consentimiento de una parte con poder desigual en un contrato

de adhesión en el contexto de un servicio esencial, como lo

es la energía eléctrica. En otras palabras, sostendría que

determinar la validez de una cláusula de arbitraje en este

escenario es un asunto inseparable del cuestionamiento al

consentimiento del contrato en general.

A.

En primer orden, en lugar de desestimar o suspender los

procedimientos, al devolverse el caso al foro primario y

ordenarse una vista evidenciaria para atender la validez del

CC-2024-0599

41

contrato entre las partes, se enfocaría la atención de ese

tribunal

única

y

principalmente

en

las

alegaciones

al

respecto que la señora Sierra Lugo planteó desde un inicio.

Al

igual,

como

es

sabido,

el

tribunal

tendría

a

su

disposición la herramienta de proveer para un descubrimiento

de prueba limitado a la controversia jurisdiccional. Molina

v.

Supermercado

sentido,

con

preocupaciones

Amigo,

este

Inc.,

proceder

típicas

de

supra,

no

se

pág.

En

este

presentarían

las

onerosidad,

341.

dilación

y

descubrimiento excesivo de prueba. Además, en un balance

justo de intereses, más debería pesar la preocupación de

someter a una parte a participar en el arbitraje cuando

posiblemente no lo pactó válidamente.

Sin embargo, el resultado al que llega este Tribunal

hoy le exige un grado de especificidad a la recurrida que no

corresponde con la etapa de los procedimientos en la que se

encuentra el caso. Más allá de ello, contradice lo que

requiere la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, al

momento de incluirse las alegaciones en la demanda. León

Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 40 (2020); Torres,

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501-502 (2010). Esto,

pues, se le colocó un peso desmedido a lo que debía plantear

sobre fraude, error y dolo en la producción del contrato.

Incluso así, un análisis de la Demanda y la oposición a la

desestimación demuestran que la señora Sierra Lugo plasmó,

desde un inicio, alegaciones que apuntaban a vicios en el

consentimiento del contrato y el acuerdo de arbitrar.

CC-2024-0599

42

Distinto a ese proceder, soy del criterio de que,

enfrentado a la solicitud de desestimación, el foro primario

debía analizar las alegaciones de forma liberal y favorable

a la recurrida, dándolas por ciertas conforme al estándar de

adjudicación

aplicable

y,

de

esa

forma,

correspondía

concluir que la señora Sierra Lugo planteaba una reclamación

que justificaría la concesión de un remedio.24 Ello, pues,

realizó alegaciones desde un principio que van a la médula

de la formación del contrato y el acuerdo de arbitraje. Por

eso, en vez de desestimar sin más, el Tribunal de Primera

Instancia

debía

atender

las

alegaciones

en

una

vista

evidenciaria.

B.

En segundo orden, no coincido con la aplicación de la

doctrina de separabilidad a espaldas de nuestro amplio y

directamente

vinculante

derecho

contractual.

Al

así

proceder, se rehúye la tarea judicial – y la encomienda

estatutaria – de evaluar si una parte consintió a someterse

al arbitraje. Y es que razones de peso apoyan la aplicación

Contrario a la actuación del foro primario al acoger

la moción de desestimación como una solicitud de sentencia

sumaria, lo correcto era atenderla según la Regla 10.2 de

Procedimiento Civil, supra, a cuyo amparo se presentó. Esto,

pues, más allá de adjuntar el contrato y alegar sobre sus

disposiciones, Máximo Solar realmente no expuso materias no

contenidas en la Demanda, toda vez que la señora Sierra Lugo

realizó alegaciones sobre el contrato, su contenido y su

invalidez. En ese punto, se encontraban en disputa dos (2)

versiones sobre las mismas materias. Para la señora Sierra

Lugo, sobre si el contrato se formó válidamente; para Máximo

Solar, sobre si el contenido del contrato obligaba al

arbitraje.

24

CC-2024-0599

43

de un escrutinio mayor en este contexto, pues: (1)

el

arbitraje es una figura eminentemente contractual que, para

su eficacia, requiere que las partes lo pacten de manera

libre, deliberada, con conocimiento y conscientes de sus

consecuencias; (2) el error, el dolo y hasta el silencio

pueden viciar el consentimiento; (3) una violación a la buena

fe que se deben las partes, ya sea en la negociación o en

las fases previas, podría provocar que una de ellas no haya

prestado

su

consentimiento

válidamente;

(4)

no

revelar

hechos importantes u ofuscarlos podría implicar una falta a

la buena fe que vicia el consentimiento; (5) estando en

litigio un contrato de adhesión, que sobre todo tiene que

ver con un servicio tan preciado como la energía eléctrica,

así como con el ejercicio del derecho a la propiedad privada,

lo

correspondiente

es

proteger

a

la

parte

más

débil

económicamente que, además, no ha tenido injerencia sobre la

redacción del acuerdo; y (6) razones de orden público, en

protección

de

los

consumidores

frente

a

acuerdos

con

carácter leonino y prácticas desleales que toman una ventaja

injustificada, podrían llevar a su declaración de nulidad.

Además de lo anterior, nuestro ordenamiento no reconoce

como posible la separación de una obligación accesoria de

aquella

principal,

de

forma

que

la

primera

sea

válida

mientras que la segunda no. Si bien ello no debe motivar a

los tribunales a fallar automáticamente a favor de esa parte,

sí debe llevar a permitirle su “día en corte” para atender

sus reclamos sobre la validez del contrato y el acuerdo de

CC-2024-0599

44

arbitraje, en especial sin artificialmente separar un asunto

del otro.

Sobre todo, lo que adujo la señora Sierra Lugo desde la

presentación de la Demanda apunta a estas posibilidades. En

un inicio, la recurrida alegó que Máximo Solar: (1) fue la

única compañía con la que se comunicó; (2) previo a la

contratación y durante ella, le representó falsamente que

era la única compañía con la que contrataba; (3) no le brindó

una copia del contrato hasta varios meses después de la

instalación del equipo fotovoltaico; y (4) no le proveyó la

oportunidad de revisar y leer el contrato antes de firmarlo

electrónicamente. Este tipo de actuaciones, de ser ciertas,

podía probar alguno de los fundamentos citados para viciar

el consentimiento y así justificar un remedio a favor de la

recurrida. Dicho lo anterior, correspondía garantizarle su

día en corte para demostrar esas alegaciones.

Visto de este modo, las razones de política pública que

llevaron a adoptar y aplicar la doctrina de separabilidad en

S.L.G. Méndez-Acevedo v. Nieves Rivera, supra, no están

presentes en este caso, sino que, por el contrario, son

contradichas por nuestros

estatutos y

la jurisprudencia

sobre el derecho contractual. A esto se suma, además, que es

aconsejable

la

celebración

de

una

vista

cuando

una

determinación jurisdiccional como esta puede disponer de

todo el caso, especialmente dadas las circunstancias ya

descritas. Incluso, la celebración de una vista puntual y

limitada a las alegaciones que se tengan sobre la validez y

CC-2024-0599

45

la formación del contrato y de la cláusula de arbitraje

atiende

la

preocupación

de

dilación

excesiva

que

busca

atender la doctrina.25 De igual forma, se debe tener en cuenta

que, de lo contrario, se podría estar refiriendo al arbitraje

a partes que no consintieron a ello, con los costos y

obstáculos que implica, únicamente porque el tribunal decide

ignorar

los

cuestionamientos

dirigidos

a

elementos

esenciales del contrato.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, respetuosamente

disiento del curso de acción adoptado por una mayoría de este

Tribunal.

A

diferencia

de

este,

hubiese

confirmado

la

Sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones y ordenado

que el foro primario atendiera mediante vista evidenciaria

las alegaciones legítimas sobre la invalidez de la cláusula

de arbitraje en cuestión, incluida en un evidente contrato

de adhesión.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

Ese, por cierto, es el mecanismo que requiere el Art.

4 de la Ley de Arbitraje Comercial de 1951, 32 LPRA sec.

3204, cuando, luego de oír a las partes sobre la existencia

o validez de un convenio de arbitraje, el tribunal encuentra

que se ha suscitado una controversia sobre la existencia,

validez o incumplimiento de tal acuerdo.

25

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Nancy Sierra Lugo

Recurrida

v.

Sunrun PR Operations, LLC;

Máximo Solar Industries, Inc.;

Aseguradoras ABC; John Doe; y

Richard Roe

CC-2024-0599

Peticionarios

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de julio de 2026.

En momentos en que nuestro País atraviesa una crisis

energética, -- tanto por el costo como por la inestabilidad

de ese servicio esencial --, cientos de miles de hogares

puertorriqueños se han visto precisados a buscar alternativas

que les permitan lidiar con esa problemática.1 En respuesta

a esa necesidad urgente, pautas comerciales de empresas que

instalan sistemas de energía solar inundan los medios de

comunicación, -- desde la radio y la televisión hasta las

vallas publicitarias y la Internet --, anunciando tentadoras

ofertas y prometiendo una mejor calidad de vida.

En ese contexto, imaginemos que representantes de una

de esas empresas acuden a la casa de una puertorriqueña o de

un puertorriqueño para instalar un sistema de energía solar,

Según los datos reportados por la Administración de Información

Energética de los Estados Unidos, para el mes de marzo de 2026, unos

196,588 hogares puertorriqueños tenían instalados sistemas de generación

de energía solar participantes del programa de medición neta. U.S. Energy

Information Administration, “Net metering”, Monthly Electric Power

Industry

Report,

marzo

de

2026,

https://www.eia.gov/electricity/data/eia861m/#netmeter.

1

CC-2024-0599

2

y, durante el proceso, le acercan una tableta electrónica y

le dicen: “deme su firmita por aquí”, pretendiendo con ello

amarrarle a una infinidad de obligaciones que ni tan si

quiera

pudo

ver

o

conocer.

Pues,

de

eso,

en

palabras

sencillas, se trata la causa de epígrafe.

Así las cosas, ante esa nueva realidad impuesta por la

digitalización del tráfico jurídico, nos parecía imperativo

que este Alto Foro, como último intérprete de las leyes,

hubiese examinado, -- con mayor detenimiento y consideración

a

las

dinámicas

contemporáneas

--,

el

elemento

del

consentimiento contractual, necesario para la existencia de

cualquier convenio vinculante. Ello, pues, descansar, -- como

hoy lo hace una mayoría de este Tribunal --,2 en los preceptos

legales formulados a base de la lógica del acuerdo impreso y

de la firma autógrafa ya resulta anacrónico.

Como una mayoría de mis compañeras y compañeros de

estrado no lo hizo, procedemos, desde la disidencia, a así

hacerlo. Veamos.

I.

Allá para el 4 de diciembre de 2023, la Sra. Nancy

Sierra Lugo (en adelante, “señora Sierra Lugo”) presentó,

ante el Tribunal de Primera Instancia, una Demanda sobre

incumplimiento de contrato y daños en contra de Sunrun PR

Hoy se decide validar una cláusula de arbitraje contenida en un contrato

cuyo texto, -- según las propias alegaciones de la Demanda de autos --,

no se le permitió leer ni revisar a la clienta reclamante antes de que

se le estamparan sus iniciales y firma electrónica, y del cual tampoco

se le entregó una copia. Ello, con el objetivo de mantener en suspenso

su reclamación, y, en consecuencia, obligarla a someterse a un

procedimiento arbitral, sujetando así su derecho a tener un día en corte

a la determinación que eventualmente se tome en el referido foro privado.

2

CC-2024-0599

Operations,

3

LLC

(en

adelante,

“Sunrun”)

y

Maximo

Solar

Industries, Inc. (en adelante, “Maximo Solar”).

En síntesis, en el referido escrito, expuso que, el 7

de septiembre de 2020, firmó electrónicamente un contrato de

alquiler de un sistema de energía solar para su residencia,3

sin que se le diera la oportunidad de revisar ni leer su

contenido.4 Señaló, además, que, en ese momento, se le hizo

creer

erróneamente

que

estaba

suscribiendo

el

referido

acuerdo con la empresa Maximo Solar.

Asimismo, la señora Sierra Lugo alegó que el mencionado

sistema de energía fotovoltaica falló a las dos (2) semanas

de haber sido instalado, por lo que se comunicó con dicha

compañía. Indicó que, a pesar de que Maximo Solar determinó

que todo estaba

bien,

el referido sistema eléctrico

se

mantuvo inoperante durante unos seis (6) meses más.

Ante la relatada situación, la señora Sierra Lugo adujo

que solicitó una copia del mencionado contrato a Maximo

Solar, ya que nunca se le había provisto una. Mencionó que

no fue hasta que recibió el duplicado del referido documento

que tuvo acceso a la totalidad de los términos y condiciones

Del contrato en cuestión se desprende que las iniciales y la firma

atribuidas a la señora Sierra Lugo fueron integradas a éste mediante la

plataforma digital de manejo de firmas electrónicas y generación

automatizada de documentos DocuSign, las cuales están enmarcadas con un

recuadro rotulado con las siglas “DS” o la frase “DocuSigned by:”,

seguidas de un código alfanumérico de identificación. Además, el referido

acuerdo indica, expresamente, que “Sunrun generó de forma automática este

formulario el 9/7/2020”. (Énfasis suplido). Contrato, Apéndice del

certiorari, pág. 178.

3

4

Demanda, Apéndice del certiorari, pág. 77.

CC-2024-0599

4

que establecía el acuerdo, así como advino en conocimiento

de que, en realidad, había otorgado el contrato con Sunrun.5

De igual modo, la señora Sierra Lugo arguyó que así se

enteró de que tenía un derecho contractual a recibir una

copia completa del mismo antes de que se iniciara cualquier

tipo de trabajo, cosa que indicó aquí no sucedió. Manifestó,

además, que, a pesar de haber realizado múltiples gestiones

tanto

con

Maximo

Solar

como

con

Sunrun,

sus

reclamos

permanecieron sin resolverse y el sistema solar instalado en

su casa se mantuvo sin funcionar por más de un (1) año.

En virtud de todo lo anterior, la señora Sierra Lugo

solicitó, al foro primario, que: (1) declarara la nulidad y

resolución del contrato en cuestión; (2) ordenara la remoción

de los equipos y la devolución del dinero pagado; y (3)

condenara a las empresas demandadas a indemnizarla por todos

los daños contractuales y extracontractuales sufridos.

Luego de varias

incidencias procesales

innecesarias

aquí pormenorizar, el 15 de febrero de 2024, Maximo Solar

presentó,

ante

Demanda.6 En lo

el

foro

primario,

su

Contestación

pertinente, argumentó que el

a

la

mencionado

A grandes rasgos, el contrato en cuestión contemplaba el arrendamiento

del servicio de generación y almacenamiento de energía eléctrica mediante

la instalación de un sistema, -- compuesto por paneles interconectados

de celdas fotovoltaicas, inversores, baterías y otros equipos afines -, en la residencia de la señora Sierra Lugo, durante un término de tracto

sucesivo de veinticinco (25) años y por un canon mensual de doscientos

cuarenta y seis dólares ($246.00) para el primer año, con un aumento

anual de un uno punto nueve por ciento (1.9%). En virtud de éste, Sunrun

se obligó a monitorear proactivamente, así como proveer mano de obra y

materiales para reparar o reemplazar el sistema de energía solar objeto

del acuerdo durante veinticinco (25) años después de su instalación.

5

Asimismo, el 8 de marzo de 2024, Maximo Solar interpuso, ante el foro

primario, una Solicitud de Desestimación, mediante la cual esbozó,

esencialmente, los mismos planteamientos de su escrito anterior.

6

CC-2024-0599

5

contrato contenía una cláusula de arbitraje que requería

desestimar

el

pleito

al

amparo

de

la

Regla

10.2

de

Procedimiento Civil, infra.

Según

Maximo

Solar,

la

mencionada

disposición

contractual exigía un proceso de arbitraje, -- a cargo de la

organización Judicial Arbitration and Mediation Services,

Inc. --, como el único medio de resolución de controversias

entre ésta y sus clientes. Lo anterior, de conformidad con

lo dispuesto en la Ley Federal de Arbitraje, infra.

Por su parte, el 18 de abril de 2024, la señora Sierra

Lugo presentó, ante el Tribunal de Primera Instancia, una

Oposición a solicitud de desestimación. En suma, planteó que

existían

hechos

desestimar

su

materiales

recurso

sin

en

controversia

que

la

celebración

de

impedían

una

vista

evidenciaria. De igual modo, argumentó que la cláusula de

arbitraje contenida en el contrato en controversia era nula

e ineficaz,

así

como que debía

interpretarse

de manera

desfavorable para la parte que la incluyó, por figurar en un

contrato celebrado por adhesión.

Habiendo evaluado los planteamientos de las partes, el

15 de mayo de 2024, el foro primario emitió una Sentencia

mediante la cual acogió la solicitud de Maximo Solar y, en

consecuencia,

desestimó

con

perjuicio

la

Demanda.

Esencialmente, el Tribunal de Primera Instancia razonó que

la cláusula de arbitraje en cuestión era válida, exigible e

irrevocable, conforme a las leyes estatales y federales

CC-2024-0599

6

aplicables; y que las alegaciones de fraude no cumplieron

con la especificidad requerida por el ordenamiento procesal.

Inconforme con tal proceder, el 17 de junio de 2024, la

señora Sierra Lugo presentó, ante el Tribunal de Apelaciones,

una Apelación. En ésta, señaló que el foro primario erró al

desestimar con perjuicio su reclamación sin haberle permitido

celebrar una vista evidenciaria en la que pudiera demostrar

la nulidad e ineficacia del contrato en virtud del cual se

le obligó a someterse a un foro arbitral.

Por su parte, el 29 de julio de 2024, Maximo Solar

presentó,

ante

el

foro

apelativo

intermedio,

su

correspondiente Alegato en oposición a recurso de apelación.

Mediante éste, y, en esencia, dicha parte expuso los mismos

fundamentos que había esbozado previamente para solicitar la

desestimación del pleito.

Examinados los alegatos de ambas partes, el 7 de agosto

de 2024, el Tribunal de Apelaciones emitió una Sentencia, en

virtud de la cual revocó el dictamen del Tribunal de Primera

Instancia. En síntesis, concluyó que, conforme al estándar

aplicable a una solicitud de desestimación, el foro primario

incidió al disponer del pleito

con perjuicio

sin antes

celebrar una vista evidenciaria para evaluar la validez de

la cláusula de arbitraje, siendo ello una tarea que le

compete particularmente a los tribunales.

En desacuerdo con el revés judicial, y, tras solicitar

reconsideración infructuosamente, el 27 de septiembre de

2024, Maximo Solar compareció ante nos mediante el Recurso

CC-2024-0599

7

de certiorari civil de epígrafe. En éste, esencialmente,

imputa al foro apelativo intermedio haber errado al revertir

el dictamen desestimatorio emitido por el Tribunal de Primera

Instancia y ordenar la celebración de una vista evidenciaria,

ante la defensa de falta de jurisdicción por la existencia

de un acuerdo de arbitraje, el cual se presume válido.

Por su parte, el 11 de abril de 2025, la señora Sierra

Lugo acudió ante nos mediante un Alegato de certiorari civil

[de la] parte recurrida. En síntesis,

argumenta que el

Tribunal de Apelaciones actuó conforme a derecho al recovar

el dictamen recurrido y al exigir la celebración de una vista

evidenciaria, toda vez que el estándar de adjudicación de

una

solicitud

de

desestimación

requiere

considerar

como

ciertas todas las alegaciones bien hechas en la Demanda, así

como resolver toda duda en favor de la parte que se vería

privada de tener su día en corte.

Sobre el particular, la señora Sierra Lugo abunda que,

al

haberse

alegado

la

invalidez

del

acuerdo,

resultaba

necesario que el foro primario permitiera la presentación de

prueba, de modo que estuviese en posición de decidir si el

acuerdo de arbitraje era válido o no. Ello, como asunto de

umbral para disponer del pleito u ordenar su continuación.

Asimismo, dicha parte enfatiza que el presente litigio

está enmarcado por una práctica desleal de las compañías de

energía solar, que consiste en incluir cláusulas de arbitraje

en sus contratos, “las cuales no sólo no explican, sino que

ni tan siquiera mencionan a sus clientes, induciéndolos a

CC-2024-0599

8

error y a firmar electrónicamente y sin [proveerles] copia”.

(Énfasis suplido). Alegato de certiorari civil [de la] parte

recurrida, pág. 5.

Como adelantamos, hoy, una mayoría de este Tribunal

concluye, -- a nuestro juicio, erradamente --, que procede

obligar a las partes a someterse, -- a sus expensas --, a un

arbitraje, al sujetar la continuación de los procedimientos

ante el Tribunal de Primera Instancia a la determinación de

tal foro privado. Lo anterior, en un escenario en el que,

además, se le priva a la parte demandante la oportunidad de

probar, -- en una vista evidenciaria --, sus alegaciones de

que no tuvo la oportunidad de leer o revisar el acuerdo al

cual se le estamparon sus iniciales y firma, y de cuya faz

surge

de

que

fue

generado

automáticamente

mediante

una

herramienta digital.

Con

tal

coincidir.

proceder,

Así,

pues,

como

ya

mencionamos,

examinemos

a

no

podemos

continuación

los

fundamentos que motivan nuestro disenso.

II.

A.

i.

Como es sabido, toda parte contra la que, en nuestra

jurisdicción, se interponga una demanda puede solicitar su

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento

Civil, 32 LPRA Ap. V. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et

al., 214 DPR 1135 (2024); Costas Elena y otros v. Magic Sport

y otros, 213 DPR 523, 533 (2024); Eagle Security v. Efrón

CC-2024-0599

9

Dorado et al., 211 DPR 70 (2023). La referida regla permite

hacer tal solicitud por las siguientes razones: (1) falta de

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4)

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5)

dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión

de

un

remedio;

o

(6)

dejar

de

acumular

una

parte

indispensable. Díaz Vázquez et al. v. Colón Peña et al.,

supra; Rivera, Lozada v. Universal, 214 DPR 1007 (2024);

Costas Elena y otros v. Magic Sport y otros, supra; Conde

Cruz v. Resto Rodríguez et al., 205 DPR 1043 (2020).

ii.

En lo relacionado con los primeros dos escenarios en

los que se puede solicitar la desestimación de una demanda,

debemos

recordar

que

la

jurisdicción

es

el

poder

o

la

autoridad que posee un tribunal para atender y adjudicar un

caso o controversia. Friger Salgueiro v. Mech-Tech Coll.,

LLC,

2026

TSPR

30,

pág.

4,

218

DPR

___

(2026); Mojica

Rodríguez v. ESSROC, 2026 TSPR 47, pág. 8, 218 DPR ___ (2026);

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935

(2011). Al respecto, hemos sentenciado que los tribunales

deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y, de carecer

de ésta, sólo resta que así lo declararen y desestimen la

reclamación sin entrar en los méritos de la controversia.

MCS Advantage, Inc. v. Fossas Blanco, 211 DPR 135, 146

(2023); Allied Mgmt. Group v. Oriental Bank, 204 DPR 374,

386-387 (2020); S.L.G. Sola-Maldonado v. Bengoa Becerra, 182

CC-2024-0599

10

DPR 675, 682-683 (2011). Lo anterior es así, debido a que la

falta

de

subsanada;

jurisdicción:

(2)

las

(1)

no

es

susceptible

partes

no

pueden

de

ser

voluntariamente

conferírsela ni abrogársela al tribunal; y (3) conlleva la

nulidad de los dictámenes emitidos. Asoc. Fotoperiodistas v.

Rivera Schatz, supra; Pagán v. Alcalde Mun. De Cataño, 143

DPR 314, 326 (1997); Vázquez v. Administración de Reglamentos

y Permisos, 128 DPR 513, 537 (1991). Así pues, cuando la

parte demandada entienda que un foro carece de jurisdicción,

tiene la opción de interponer tal defensa, ya sea en una

moción de desestimación o en la contestación a la demanda.

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho

procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2007,

Sec. 2601, pág. 230.

iii.

Ahora bien, indistintamente de lo anterior, para que

proceda un planteamiento desestimatorio bajo la Regla 10.2

de Procedimiento Civil, supra, se tiene que demostrar, de

forma certera, que la parte demandante no tiene derecho a

remedio alguno

bajo cualquier

estado de derecho que se

pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun interpretando

la demanda lo más liberalmente en su favor. Rivera San Feliz

v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías

et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Para

ello, los tribunales están obligados a tomar como ciertos

todos los hechos bien alegados en la demanda y considerarlos

de la forma más favorable a la parte demandante. Rivera,

CC-2024-0599

Lozada

Yabucoa

v.

et

11

Universal,

supra;

Cobra

Acquisitions

v.

al.,

DPR

829,

396

Casillas

210

(2022);

Mun.

Carrasquillo v. ELA, 209 DPR 240, 247 (2022); Cruz Pérez v.

Roldán Rodríguez et al., 206 DPR 261, 267 (2021). En ese

sentido, el asunto a evaluarse no radica en dictaminar si la

parte demandante prevalecerá finalmente en el pleito, sino,

más bien, si ésta tiene o no derecho a continuar con su caso.

J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da.

ed., Publicaciones JTS, 2011, T. II, págs. 270-272.

Así pues, teniendo esas normas procesales en mente,

debemos evaluar si, tomando como ciertas las alegaciones de

la presente reclamación y despejando toda duda de la manera

más

favorable

para

la

parte

demandante,

procedía

su

desestimación a la luz del derecho aplicable al remedio

solicitado. Estamos convencidos de que no. Veamos el porqué.

B.

i.

Como se sabe, con el fin de promover una política

pública liberal en favor de los acuerdos de arbitraje, así

como de eliminar la hostilidad existente hacia ese mecanismo

de resolución de conflictos, el Congreso de los Estados

Unidos promulgó la Ley Federal de Arbitraje (en adelante y

por sus siglas en inglés, “FAA”), 9 USCA sec. 1 et seq.

Aponte Valentín et al. v. Pfizer Pharm., 208 DPR 263, 279

(2021); AT&T Mobility LLC v. Concepcion, 563 U.S. 333, 339

(2011); Hall Street Associates, L.L.C. v. Mattel, Inc., 552

U.S. 576, 581 (2008). Así, el referido estatuto federal

CC-2024-0599

12

dispone que la mayoría de los contratos comerciales en que

se

establecen

acuerdos

de

arbitraje

entre

las

partes

otorgantes serán válidos, exigibles e irrevocables, salvo

en aquellos casos en que el acuerdo mediante el cual se

instrumenten sea revocable por las causas que invaliden

cualquier otro contrato en derecho o en equidad.7

A la luz de

la

precitada disposición, el Tribunal

Supremo de Estados Unidos ha reiterado que el “arbitraje es

un

asunto

de

contrato

y

de

consentimiento”.

(Énfasis

suplido). Coinbase, Inc. v. Suski, 602 U.S. 143, 145 (2024);

AT&T Mobility LLC v. Concepcion, supra, pág. 339; Rent-ACenter, West, Inc. v. Jackson, 561 U.S. 63, 67 (2010). En

consecuencia,

como

los

acuerdos

de

arbitraje

son

simplemente contratos, el punto de partida al enfrentarse

a cualquier controversia que los involucre radica en evaluar

si existe un consentimiento contractual de las partes para

someterse a ese mecanismo. Coinbase, Inc. v. Suski, pág.

148; Lamps Plus, Inc. v. Varela, 587 U.S. 176, 183-184

(2019); Granite Rock Co. v. Teamsters, 561 U.S. 287, 299

(2010); First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U.S.

938, 943 (1995).

De igual modo, -- y, por exigencia expresa del FAA,

supra,

7

y

de

su

jurisprudencia

interpretativa

--,

Específicamente, la Sec. 2 del FAA, 9 USCA sec. 2, dispone:

A written provision in any maritime transaction or a contract

evidencing a transaction involving commerce to settle by

arbitration a controversy thereafter arising out of such

contract or transaction […] shall be valid, irrevocable, and

enforceable, save upon such grounds as exist at law or in

equity for the revocation of any contract.

las

CC-2024-0599

13

legislaturas y los tribunales estatales están obligados a

tratar

los

acuerdos

de

arbitraje

comprendidos

bajo

el

referido estatuto en igualdad de condiciones que el resto

de los acuerdos vinculantes, conforme a las normas generales

de contratación de cada jurisdicción. Rent-A-Center, West,

Inc. v. Jackson, supra, págs. 67-68; AT&T Mobility LLC v.

Concepcion, supra, pág. 341; Lamps Plus, Inc. v. Varela,

supra, pág. 183; Doctor’s Associates, Inc. v. Casarotto,

517 U.S. 681, 687 (1996). Así debió haberse hecho en el

presente

caso,

pero

una

mayoría

de

mis

compañeras

y

compañeros de estrado no lo hizo.

ii.

Ahora bien, el Alto Foro Judicial federal ha delineado

ciertas normas para establecer qué ente, -- si un árbitro

o

un

tribunal

determinar

la

--,

tiene

validez

y

jurisdicción

extensión

de

primaria

tales

para

acuerdos,

dependiendo del tipo de impugnación de la que se trate,

conforme a lo que se ha denominado como la “doctrina de

separabilidad” (severability doctrine).

A

tenor

acuerdan,

de

de

ésta,

manera

cuando

las

partes

contratantes

expresa,

que

cualquier

objeción

respecto a la arbitrabilidad de las controversias que puedan

surgir entre ellas será atendida por un árbitro, operarán

las siguientes normas: (1) si la impugnación se dirige a la

validez

general

del

contrato,

la

adjudicación

de

la

arbitrabilidad le corresponderá al foro arbitral; pero si

se alega, de manera particularizada, que la cláusula de

CC-2024-0599

14

arbitraje

específicamente

incorporada

mediante

es

fraude

inválida

o

por

engaño,

haber

sido

entonces

le

corresponde al foro judicial atender tal planteamiento.

Rent-A-Center, West, Inc. v. Jackson, supra, págs. 70-72;

Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546 U.S. 440, 444445 (2006); Prima Paint Corp. Flood & Conklin Mfg. Co., 388

U.S. 395, 403-404 (1967).

Lo anterior es así, toda vez que, ante la existencia

de un contrato por escrito entre las partes, el FAA, supra,

establece que un acuerdo de arbitraje contenido en él será

válido, exigible e irrevocable, sin mencionar la validez

del resto del convenio. Íd. En consecuencia, si se impugna

la validez de todo el contrato o de una parte específica de

él distinta del acuerdo de arbitraje, -- por ejemplo, porque

fueron

producto

de

dolo

o

porque

alguna

ley

permite

invalidar el acuerdo a base de alguna de sus provisiones -, el derecho sustantivo federal en materia de arbitraje

requiere que se “separe” el acuerdo de arbitraje del resto

del convenio, de modo que subsista la eficacia del primero.

Íd.

Sin embargo, -- y de particular importancia para la

correcta disposición de las controversias que hoy nos ocupan

--, al desarrollar la doctrina de separabilidad, el Tribunal

Supremo federal ha dejado claro que la vertiente de la

impugnación generalizada de la validez del contrato se

distingue de aquellos supuestos en los que no se haya

llegado a configurar un contrato, por haber estado ausente

CC-2024-0599

alguno

de

15

los

perfeccionamiento.8

elementos

Véase

indispensables

Rent-A-Center,

para

su

Inc.

v.

West,

Jackson, supra, pág. 70 esc. 2; y Buckeye Check Cashing,

Inc. v. Cardegna, supra, pág. 444 esc. 1. Específicamente,

el Tribunal Supremo de Estados Unidos precisó que “la

controversia sobre la validez del contrato es distinta de

la controversia de si se perfeccionó un acuerdo entre el

acreedor

y

el

deudor”.9

(Traducción

nuestra

y

énfasis

suplido). Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, supra,

pág. 444 esc. 1.

La razón para tal distinción es muy sencilla: si no se

llegó

a

materializar

un

contrato

vinculante

por

la

inexistencia de alguno de los requisitos indispensables

para el perfeccionamiento de cualquier convenio, conforme

a las normas generales de contratación de cada jurisdicción,

pues, realmente, no cabe hablar de que existió un acuerdo.

Es decir, ante la inexistencia absoluta o radical de un

contrato, no hay forma alguna de “separar” una cláusula de

arbitraje del resto de un acuerdo impugnado. Sin contrato,

no hay arbitraje; y sin arbitraje, lo que procede es que el

Como ejemplos de tales circunstancias en las que no se llega a

perfeccionar un contrato por la ausencia de un elemento indispensable,

-- de modo que no les aplica la doctrina de separabilidad --, el

Tribunal Supremo federal mencionó los cuestionamientos relativos a la

firma del contrato, la falta de autoridad de un mandatario para obligar

a su mandante y la capacidad mental del suscribiente para prestar su

consentimiento al acuerdo. Buckeye Check Cashing, Inc. v. Cardegna, 546

U.S. 440, 444 esc. 1 (2006).

8

(“The issue of the contract’s validity is different from the issue

whether any agreement between the alleged obligor and obligee was ever

concluded”).

9

CC-2024-0599

foro

16

judicial

o

administrativo

competente

dilucide

las

controversias planteadas, tal y como ocurre de ordinario.

Así, pues, aclarado lo anterior, -- y, partiendo de la

premisa fundamental de que el arbitraje es esencialmente un

asunto de contrato y consentimiento --, nos corresponde

ahora examinar las normas generales de contratación bajo el

ordenamiento

civil

evaluar

aquí

si

puertorriqueño,

se

llegó

a

de

modo

perfeccionar

que

un

podamos

contrato,

conforme a las alegaciones de la Demanda de epígrafe.10

C.

i.

Como

se

sabe,

el

contrato

es

el

negocio

jurídico

bilateral por el cual dos (2) o más partes expresan su

consentimiento en la forma prevista por la ley, para crear,

regular, modificar o extinguir obligaciones. Art. 1230 del

Código

Civil,

obligaciones

31

LPRA

sec.

9751.

son

los

vínculos

Por

otro

jurídicos

de

lado,

las

carácter

patrimonial en virtud de los cuales la parte deudora tiene

el deber de ejecutar una prestación que consiste en dar,

hacer o no hacer algo en provecho de la parte acreedora, la

cual, a su vez, tiene un derecho de crédito para exigir su

cumplimiento. Art. 1060 del Código Civil, 31 LPRA sec. 8981.

Si bien reconocemos que las disposiciones aplicables a los hechos de

marras son las del Código Civil de 1930, hemos decidido hacer referencia

aquí a los artículos correspondientes del vigente Código Civil de 2020,

siempre que recojan esencialmente las mismas normas que su predecesor

o codifiquen los principios de interpretación contractual desarrollados

en la jurisprudencia de este Tribunal aplicables a la presente

controversia.

10

CC-2024-0599

17

Un contrato se perfecciona cuando las partes manifiestan

su consentimiento sobre el objeto y la causa que lo motiva,

salvo en los casos en que se requiera alguna formalidad

solemne o se pacte una condición suspensiva. Art. 1237 del

Código

Civil,

31

LPRA

sec.

9771.

Es

decir,

sin

consentimiento no hay contrato. In re Feliciano Ruiz, 117

DPR 269, 276 (1986); García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173

DPR 870, 886 (2008); Bosques v. Echevarría, 162 DPR 830,

836 (2004).

Sobre este último extremo, se considera que existe

consentimiento

por

el

concurso

entre

una

oferta

y

su

correspondiente aceptación, cuando el oferente recibe la

aceptación.11 Art. 1238 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9772.

Por ello, el tratadista Luis Medina de Lemus nos señala

que,

para

la

adecuada

formación

de

un

contrato,

el

manifestarse

de

un

modo

y

M.

Medina

“consentimiento

debe

consciente”.12

(Énfasis

suplido).

de

libre

Lemus,

Derecho civil, Madrid, Ed. Dilex, 2004, T. II, Vol. 1, pág.

Se entiende por oferta el acto unilateral dirigido a una persona

determinable mediante el cual se le expresan todos los elementos

necesarios para la existencia del contrato propuesto o el medio para

establecerlos. Art. 1239 del Código Civil, 31 LPRA 9773. La aceptación

se refiere al acto unilateral, puro y simple mediante el cual se presta

conformidad a una oferta. Art. 1241 del Código Civil, 31 LPRA 9775.

11

En iguales términos se expresan Castán y Puig Brutau. Al respecto,

Castán nos señala que el consentimiento, -- al cual describe como el

“elemento más sustancial” y el cual “constituye el alma del contrato”

--, “resulta por la conjunción de voluntades conscientes, inteligentes

y libres”. (Énfasis suplido). J. Castán Tobeñas, Derecho civil español,

común y foral, Madrid, Ed. Reus, 2008, T. 3, págs. 636-637. Asimismo,

Puig Brutau nos indica que “es necesario que el contrato nazca como

obra de la voluntad libre y consciente de los que lo otorgan”, de modo

que, “[p]ara que exista contrato ha de haber un consentimiento serio,

espontáneo y libre”. (Énfasis suplido). J. Puig Brutau, Fundamentos de

derecho civil, Barcelona, Ed. BOSCH, 1988, T. II, Vol. I, pág. 73.

12

CC-2024-0599

18

290. De igual modo, el Prof. José R. Vélez Torres nos

explica que, la “prestación del consentimiento, para que

sea considerada válida, presume una voluntad capaz que sea,

además, libre y que tenga completo conocimiento sobre lo

que está haciendo”. (Énfasis suplido). J.R. Vélez Torres,

Curso de derecho civil, San Juan, Ed. UIPR, 1990, T. IV,

Vol. II, pág. 45.

Nótese que nuestro ordenamiento integra los elementos

esenciales del contrato como un sistema interdependiente,

de modo que no cabe hablar de un consentimiento prestado en

el

vacío

o

desvinculado

del

resto

de

los

requisitos

indispensables de objeto y causa. Por lo tanto, para que

exista un consentimiento que perfeccione un contrato, se

requiere que éste se preste específicamente respecto a las

obligaciones que conforman el acuerdo del que se trate.

Dicho

exige,

de

como

otro

modo,

condición

el

mínima

consentimiento

contractual

absoluta,

las

que

partes

contratantes tengan, por lo menos, una oportunidad real de

conocer los términos y condiciones del convenio para el que

se preste. Adelantamos, ello no sucedió aquí, conforme a lo

alegado en la Demanda de epígrafe.

ii.

Al respecto, resulta imprescindible distinguir entre:

(1)

la

ausencia

total

o

radical

del

elemento

de

consentimiento; y (2) las causas de anulación del contrato

por

haber

mediado

algún

vicio

de

la

voluntad

en

la

prestación de tal conformidad. Lo anterior así, pues, de

CC-2024-0599

19

tal diferenciación depende si el negocio jurídico es nulo

de

pleno

derecho

(entiéndase,

que

nunca

existió

como

cuestión jurídica); o si, por el contrario, es meramente

anulable (es decir, aunque existió, se invalida por decreto

judicial).

Recordemos que un contrato es nulo de pleno derecho

cuando alguno de sus elementos esenciales, -- a saber, el

consentimiento, el objeto y la causa --, es inexistente;

mientras que es anulable si concurre algún vicio de la

voluntad.13 Art. 342 del Código Civil, 31 LPRA 6312.

Respecto a este segundo escenario, la ley establece

que el error, el dolo, la violencia y la intimidación vician

la voluntad, de modo que el negocio jurídico en el que medie

alguno de estos defectos será anulable si fue determinante

para su otorgamiento. Arts. 285 y 286 del Código Civil, 31

LPRA secs. 6191 y 6192. Entiéndase, en estos casos, no hay

duda de que se prestó un consentimiento para perfeccionar

el negocio jurídico; lo que sucede es que ese consentimiento

se prestó bajo unas circunstancias que lo contaminan o lo

desvirtúan

de

tal

manera

que

podrían

justificar

su

anulación.

Sobre el particular, Puig Brutau nos ilustra que por “nulidad de

pleno derecho, llamada también nulidad radical o absoluta, se entiende

aquella imperfección de los contratos que le impide producir sus propios

efectos”, debido a que, -- a diferencia de las causas de anulación que

establece el Código Civil --, el aparente acuerdo fue “celebrado en

contravención con normas imperativas o prohibitivas, o por faltarle

alguno de sus requisitos esenciales”. (Énfasis suplido). J. Puig

Brutau, Fundamentos de derecho civil, Barcelona, Ed. BOSCH, 1988, T.

II, Vol. I, págs. 286-287.

13

CC-2024-0599

En

20

cambio,

la

ausencia

total

o

radical

del

consentimiento se refiere a algo distinto. Se trata, pues,

de que la falta de este elemento indispensable del contrato

impide el perfeccionamiento mismo del convenio. Por tal

razón, Medina de Lemus nos comenta que “[b]asta que no pueda

darse el consentimiento, el objeto o la causa para que,

mejor que de nulidad, pueda hablarse de inexistencia” del

contrato. (Énfasis suplido). Medina de Lemus, op. cit.,

pág. 361.

iii.

Ahora bien, no empece a todo lo anterior, debemos

recordar aquí que toda relación contractual, -- antes,

durante y después de su perfeccionamiento y ejecución --,

se tiene que regir por el principio fundamental de la buena

fe, el cual permea todo el ordenamiento jurídico. Prods.

Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 517, 528 (1982); Colón v.

Glamorous

Nails,

167

DPR

33,

44-46

(2006);

PRFS

v.

Promoexport, 187 DPR 42, 56-58 (2012). Así, y, como una de

las vertientes de la buena fe, se ha reconocido que las

partes

contratantes

tienen

un

deber

de

obtener

y

proporcionar información de circunstancias de hecho y de

derecho en las etapas conducentes al perfeccionamiento del

acuerdo. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR

48, 65-66 (2011); S.L.G. Silva-Alicea v. Boquerón Resort,

186 DPR 532, 548 (2012); Bosques v. Echevarría, 162 DPR

830, 836 (2004); BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 697698 (2008). Véase, también, Art. 1271, 31 LPRA sec. 9881.

CC-2024-0599

21

Por supuesto, subsumido en tal principio se encuentra

el deber de divulgar o presentar íntegramente el texto del

acuerdo; especialmente, cuando se trate de los llamados

“contratos celebrados por adhesión”, esos que sólo redacta

una de las partes y la otra se ve precisada a aceptar su

contenido. Art. 1248 del Código Civil, 31 LPRA sec. 9802.

Sobre el particular, nos parece en extremo pertinente el

planteamiento desarrollado por el Prof. Michel J. Godreau

Robles en su ampliamente citado artículo Lealtad y buena fe

contractual, 58 Rev. Jur. UPR 367, 379 (1989).

Allí, el profesor Godreau Robles nos señala que la

“doctrina de la buena fe podría utilizarse para atemperar

el grado evidente de desbalance negocial que se da en varias

facetas de los contratos de adhesión”, como, por ejemplo,

mediante un ajuste jurisprudencial de las normas “respecto

al perfeccionamiento de estos contratos, la doctrina sobre

la forjación del consentimiento y los defectos que puedan

viciarlo”. (Énfasis suplido). Íd., pág. 419.

En esa dirección, el referido estudioso trae a nuestra

atención que, en el caso de los contratos de adhesión, “no

tiene sentido hablar de negociación, pues la característica

de este tipo de contratación es precisamente la eliminación

de esa fase”. Íd. Por lo tanto, el profesor Godreau Robles

nos plantea que se justifica trasladar las normas de la

buena

fe

que

hemos

desarrollado

para

esa

etapa

precontractual a su equivalente en los contratos celebrados

por adhesión, la cual denomina la “publicidad de la oferta”.

CC-2024-0599

22

Íd. En específico, dicho académico nos sugiere “instaurar

como defensa la anulación del contrato que se logra mediante

una oferta o publicidad que no responde a las exigencias de

la buena fe, porque no es leal y honesta, aunque no podamos

ubicarla dentro de los parámetros tradicionales del dolo”.

(Énfasis suplido). Íd., pág. 420.

En sintonía con lo anterior, el profesor Godreau Robles

nos propone reconocer, como corolario del principio de la

buena fe, el “deber de todo contratante-dictador de: (1) no

sólo

divulgar

todos

los

términos

y

condiciones

de

la

contratación, sino de (2) cerciorarse de que el consumidor

con quien contrata entienda tales términos y condiciones”.

(Énfasis

suplido).

Íd.

Es

decir,

más

allá

de

nuestra

posición respecto a la exigencia mínima de la divulgación

del

contenido

del

contrato

consentimiento

que

lo

para

materializar

perfeccione,

el

un

mencionado

catedrático considera, como una vertiente de la buena fe

contractual,

el

deber

de

que la

parte

que

redacte

el

acuerdo, -- a saber, la de mayor poder en la negociación -, se asegure de que la parte que se ve precisada a aceptar

su contenido, -- entiéndase, la más vulnerable --, comprenda

lo que está aceptando.

Y es que, -- en armonía con la introducción de este

escrito y como bien señala el profesor Godreau Robles --,

las

empresas

han

llegado

“al

extremo

de

crear

en

los

consumidores la creencia […] de que muchos de los productos

y servicios que se ofrecen son indispensables para el

CC-2024-0599

23

disfrute de la vida moderna”, para lo que se “valen de todas

las artimañas de la psicología mercantil utilizando los

medios masivos de comunicación, logrando así que muchas

personas se lancen al perfeccionamiento de contratos que

representan

beneficios

verdaderas

distan

mucho

cargas

de

económicas,

lo

prometido”.

y

cuyos

(Énfasis

suplido). Íd. Tal, nos parece, es el caso de autos.

D.

Por último, debido a que la presente controversia gira

en torno a un contrato efectuado automáticamente mediante

una plataforma digital de integración de manejo de firmas

electrónicas,

conviene

aquí

examinar

también

las

disposiciones de la Ley Núm. 148 de 8 de agosto de 2006,

conocida como Ley de Transacciones Electrónicas, 10 LPRA

sec. 4081 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 148-2006”).

Estatuto aprobado en atención “a los grandes adelantos en

la tecnología informática y el vertiginoso crecimiento de

dicha tecnología en el ámbito comercial”, -- situación que

ha facilitado que la ciudadanía pueda “realizar por vía

electrónica todo tipo de transacciones” --; pero, a su vez,

procurando “controles suficientes para prevenir el fraude

y los abusos potenciales”. Exposición de motivos de la Ley

Núm. 148-2006, supra.

A esos fines, dicha ley establece que “[n]o se le

restará efecto o validez legal a un Documento Electrónico

o Firma Electrónica por el mero hecho de estar en formato

electrónico”, así como tampoco “se le restará efecto o

CC-2024-0599

validez

24

legal

a

un

contrato

por

haberse

utilizado

un

Documento Electrónico en su formación”. (Énfasis suplido).

Art. 7 (a) y (b) de la Ley Núm. 148-2006, 10 LPRA sec. 4086.

Es decir, mediante tal disposición estatutaria, se les

extendió validez legal a los instrumentos digitales, tal y

como si estuviesen impresos y suscritos a puño y letra.

Ahora bien, de las precitadas normas, surgen varios

conceptos que debemos examinar. Particularmente, la Ley

Núm. 148-2006, supra, define “contrato” como “la obligación

legal que resulta del acuerdo entre las partes, conforme

con esta Ley y otras leyes aplicables”. (Énfasis suplido).

Art. 2 (6) de la Ley Núm. 148-2006, 10 LPRA sec. 4081.

Asimismo, la ley precisa que “documento electrónico”

se

refiere

comunicado,

a

un

“archivo

recibido

o

creado,

almacenado

generado,

por

enviado,

cualquier

medio

electrónico”. Art. 2 (8) de la Ley Núm. 148-2006, supra.

Además, el precitado estatuto define “firma electrónica”

como la “totalidad de datos en forma electrónica consignados

en

un

mensaje,

adjuntados

o

documento

lógicamente

o

transacción

asociados

a

electrónica,

dicho

o

mensaje,

documento o transacción, que puedan ser utilizados para

identificar al signatario e indicar que éste aprueba la

información

recogida

en

el

mensaje,

documento

o

transacción”. (Énfasis suplido). Art. 2 (13) de la Ley Núm.

148-2006, supra.

A la luz de las definiciones que anteceden, se desprende

que

el

marco

de

operación

y

validez

de

los

referidos

CC-2024-0599

25

instrumentos y procesos electrónicos están subordinados a

los

requisitos

sustantivos

que

establece

nuestro

ordenamiento jurídico para el perfeccionamiento de todo

acuerdo

vinculante,

con

especial

atención

al

consentimiento. Así lo deja claro su Art. 3 (d), el cual

señala

que

toda

transacción

“estará

sujeta

además

a

cualquier otra ley aplicable”. Art. 3 (d) de la Ley Núm.

148-2006, supra.

En sintonía con lo anterior, el Art. 5 de la Ley Núm.

148-2006, supra, aclara que sus disposiciones solamente

aplicarán a negocios jurídicos efectuados “entre dos o más

partes, cada una de las cuales haya acordado realizar

Transacciones por medios electrónicos”, para lo cual se

considerará “el contexto y las circunstancias que rodean la

Transacción,

incluyendo

la

conducta

de

las

partes”.

(Énfasis suplido). Art. 5 (b) de la Ley Núm. 148-2006,

supra. De igual modo, la referida disposición estatutaria

establece un derecho irrenunciable mediante el cual una

“persona que acuerde efectuar una Transacción por medios

electrónicos podrá negarse a efectuar otras Transacciones

por medios electrónicos”. Art. 5 (c) de la Ley Núm. 1482006, supra.

También, debemos destacar que la Ley Núm. 148-2006,

supra,

provee

ciertas

salvaguardas.

Específicamernte,

dispone que “[s]i quien envía el Documento Electrónico

impide que el que lo recibe imprima o almacene el archivo,

el Documento Electrónico no será vinculante para el que lo

CC-2024-0599

26

recibe. (Énfasis suplido). Art. 8 (c) de la Ley Núm. 1482006, supra. Asimismo, dicta que una firma electrónica “será

atribuible a determinada persona si existe por actuación de

dicha persona”, lo cual se determinará conforme al “contexto

y circunstancias de su creación, ejecución o adopción,

incluyendo

el

acuerdo

de

las

partes,

si

alguno,

y

de

conformidad con cualquier otra ley aplicable”. (Énfasis

suplido). Art. 9 de la Ley Núm. 148-2006, supra.

Así pues, y, en definitiva, tanto el propósito como el

alcance

de

la

Ley

Núm.

148-2006,

supra,

consisten

en

equiparar a las transacciones electrónicas con los negocios

jurídicos celebrados a través de medios análogos o en papel,

mas no en sustituir o suplir los requisitos esenciales para

el

perfeccionamiento

de

cualquier

contrato,

a

saber:

objeto, causa y consentimiento. Por lo tanto, el mero hecho

de que se haya empleado uno de los mecanismos electrónicos

autorizados no tiene el efecto de perfeccionar un contrato

ante una falta de consentimiento. Como adelantamos, en tal

deficiencia, precisamente, radica el caso de marras.

Es, pues, a la luz de la normativa antes expuesta que

procedemos a disponer, -- desde la disidencia --, de la

controversia planteada en el caso que nos ocupa.

III.

En esta ocasión, como hemos visto, una mayoría de mis

compañeras y compañeros de estrado entendió que se puede

prestar un consentimiento válido, -- aunque una de las

partes contratantes alegue que ni tan siquiera tuvo la

CC-2024-0599

27

oportunidad de leer o revisar el contenido de un contrato

al que integraron sus iniciales y firmas electrónicas de

una manera automatizada --, para poner en vigor una cláusula

de

arbitraje

y

condicionar

la

continuación

de

los

procedimientos judiciales a la determinación de tal foro

privado. Fallan malamente en su proceder.

Y es que, a partir del cuadro fáctico de autos, -- el

cual, como adelantamos, se debe tomar por cierto al tratarse

aquí de una solicitud de desestimación bajo la Regla 10.2

de Procedimiento Civil, supra --, somos de la opinión que,

en la etapa procesal en la que se encuentra la causa de

epígrafe,

no

procede

un

fallo

desestimatorio

ni

una

suspensión de los procedimientos, por no ser de aplicación

la doctrina de separabilidad antes reseñada. Lo anterior es

así, debido a que estamos ante una alegación de ausencia

total

del

elemento

de

consentimiento,

requerido

para

perfeccionar cualquier acuerdo en nuestra jurisdicción. En

consecuencia,

--

y,

dada

la

clara

controversia

de

si

existió, o no, un consentimiento que forjara un contrato,

habiéndose planteado que no se tuvo la oportunidad de leer

ni de revisar su contenido --, procedía la celebración de

una vista evidenciaria en la que la señora Sierra Lugo

pudiese probar tales alegaciones.

IV.

Llegar a un resultado distinto, -- como hoy lo hace

una mayoría de este Tribunal --, equivaldría a menoscabar

o privar de su derecho a tener un día en corte a personas

CC-2024-0599

28

que, como consecuencia de las nuevas dinámicas que impone

la digitalización del tráfico jurídico, se vean precisadas

a estampar sus marcas autógrafas a ciegas en aparatos

electrónicos, para intentar perfeccionar contratos que van

desde la búsqueda desesperada de opciones para enfrentar la

crisis energética que atraviesa el País, -- similar a

situaciones como las de autos --, hasta acuerdos relativos

a otros aspectos trascendentales en sus vidas, como los

asuntos médicos y el manejo de su información privada.

Por supuesto, la posición que aquí adoptamos no tiene

el alcance de sugerir que la diversidad de contratos que

diariamente se suscriben a través de medios electrónicos

son

nulos

por

el

mero

hecho

de

haberse

otorgado

digitalmente. Más bien, nuestro planteamiento va dirigido

a exponer que, para que se configure un consentimiento que

perfeccione un acuerdo vinculante, -- cualquiera que sea -, se requiere que las partes tengan, cuanto menos, una

oportunidad real de conocer los términos y condiciones que

lo conforman, de modo que exista una correspondencia entre

una

oferta

concreta

(objeto

y

causa)

y

su

aceptación

específica (consentimiento).

Concluir lo contrario sería abrir una puerta peligrosa

para que la mera otorgación de una firma en el vacío faculte

a quien la requiera a comprometer, a su arbitrio, la persona

y los bienes de quien la preste, estampando esa marca

autógrafa

en

una

infinidad

de

acuerdos

desconocidos

e

CC-2024-0599

29

indeterminables para esta última. A ello, el Juez que

suscribe no le puede imprimir un voto de conformidad.

V.

Es, pues, por todo lo antes expuesto que disentimos

del curso de acción seguido en el día de hoy por una mayoría

de mis compañeras y compañeros de estado.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado