LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc. y otros v. Gobierno de Puerto Rico y otros

2026 TSPR 62

Poder Judicial de Puerto Rico

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Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, Inc. y otros v. Gobierno de Puerto Rico y otros

AC-2026-0031

8 de junio de 2026 · Resolución de Sala Especial de Despacho con Voto particular de conformidad. · Resolución del Tribunal con Voto particular de conformidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación Puertorriqueña de la

Judicatura, Inc.; Hon. Felipe

Rivera Colón y Hon. Eric R. Ronda

Del Toro, Jueces de Apelaciones

Peticionarios

Certiorari

v.

2026 TSPR 62

Gobierno de Puerto Rico (Estado

Libre Asociado de Puerto Rico)

representado por su Secretaria de

Justicia y la Oficina de

Administración de Tribunales (OAT)

representado por el Director

Administrativo de Tribunales

218 DPR ___

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

AC-2026-0031

8 de junio de 2026

Tribunal de Apelaciones:

Panel XI

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Francisco J. Amundaray

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcdo. Juan A. Marqués Díaz

Lcda. Angélica Rivera Ramos

Materia: Resolución de Sala Especial de Despacho con Voto particular

de conformidad.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

INTEGRACIÓN DE SALA ESPECIAL

ORDEN

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2026.

Debido a que la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco no interviene, se constituye una Sala Especial

de Despacho integrada por la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez, el Juez Asociado señor Estrella Martínez y

el Juez Asociado señor Candelario López para atender

el caso AC-2026-0031, Asociación Puertorriqueña de la

Judicatura, Inc. y otros v. Gobierno de Puerto Rico

(Estado Libre Asociado de Puerto Rico) y otros.

Lo decretó y firma,

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

CERTIFICO:

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación Puertorriqueña de la

Judicatura, Inc.; Hon Felipe

Rivera Colón y Hon. Eric R.

Ronda Del Toro, Jueces de

Apelaciones

Peticionarios

AC-2026-0031

v.

Gobierno de Puerto Rico (Estado

Libre Asociado de Puerto Rico)

representado por su Secretaria

de Justicia y la Oficina de

Administración de Tribunales

(OAT) representado por el

Director Administrativo de

Tribunales

Recurridos

Sala Especial de Despacho integrada por la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez como su Presidenta, el Juez Asociado señor

Estrella Martínez y el Juez Asociado señor Candelario López

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2026.

Atendido el escrito presentado como una petición de

certiorari, por ser el recurso apropiado, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez

emitió un Voto particular de conformidad al cual se unió el

Juez Asociado señor Candelario López. El Juez Asociado señor

Candelario

López

emite

la

siguiente

expresión

de

conformidad, a la cual se unió el Juez Asociado señor

Estrella Martínez:

“Me uno al Voto particular de conformidad emitido

por el compañero Juez Asociado señor Estrella

Martínez pues entiendo, como él, que aunque el

resultado desestimatorio alcanzado por los foros

inferiores es el correcto, el razonamiento

empleado para alcanzarlo no lo es. Como establece

la ponencia, en este caso no estamos ante una

cuestión política, sino ante un ejercicio de

interpretación de una cláusula constitucional

para

el

cual

existen

normas

judiciales

apropiadas, que no conlleva como resultado la

usurpación de facultades expresamente delegadas a

AC-2026-0031

2

la rama legislativa. Aunque reconozco una

vocación

admirable

en

el

deseo

de

los

peticionarios de continuar sirviendo desde una

posición que ha sido descrita en el pasado --con

razón-como

una

especie

de

sacerdocio,

establecer en nuestra Constitución una edad de

retiro obligatoria para nuestros jueces y juezas

obedeció a un interés legítimo de garantizar la

competencia de aquellos y aquellas sobre quienes

recae la función adjudicativa.

Al así concluir, tomo nota del desafortunado

pero innegable hecho de que las facultades

físicas y mentales merman con el paso del tiempo.

Aunque comprendo el reclamo de los peticionarios

de que su partida obligada no responde a un juicio

sobre su capacidad individual, es incuestionable

que estamos ante una política constitucionalmente

válida: así lo reconocían las constituciones de

al menos seis estados de los Estados Unidos al

momento en que se aprobó nuestra Constitución en

1952, y treinta y uno actualmente.1

Invita a la reflexión, sin embargo, el

notable cambio de circunstancias que el pasar del

tiempo ha impuesto desde entonces. No debe

considerarse

ajeno

a

la

realidad

que

la

expectativa de vida en Puerto Rico ha aumentado

considerablemente, y tampoco que hoy, a los

setenta años, muchas personas continúan en el

cenit de su productividad profesional. En ese

contexto, no estamos ante un reclamo abstracto o

descarnado: se trata de dos servidores públicos

en plena posesión de sus facultades intelectuales

y judiciales, quienes han consagrado décadas al

servicio

de

la

justicia.

No

obstante,

correspondería

al

Poder

Legislativo,

de

entenderlo procedente, encausar los mecanismos

constitucionales

que

permitirían

atender

cualquier propuesta de cambio, y al pueblo de

Puerto Rico refrendarlo en las urnas”.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

Véase A. Fernós Isern, Original Intent in the Constitution

of Puerto Rico, Notes and Comments Submitted to the Congress

of the United States, 2da ed., San Juan, Lexis-Nexis de

Puerto Rico, 2002, pág. 95.

1

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Asociación Puertorriqueña de

la Judicatura, Inc.; Hon.

Felipe Rivera Colón y Hon.

Eric R. Ronda Del Toro,

Jueces de Apelaciones

Peticionarios

v.

AC-2026-0031

Gobierno de Puerto Rico

(Estado Libre Asociado de

Puerto Rico) representado por

su Secretaria de Justicia, y

la Oficina de Administración

de Tribunales (OAT)

representado por el Director

Administrativo de Tribunales

Recurridos

Voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado

Señor ESTRELLA MARTÍNEZ, al cual se une el Juez Asociado

Señor CANDELARIO LÓPEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2026.

Aunque

estoy

conforme

con

el

dictamen

al

cual

arribaron los foros recurridos, respetuosamente considero

que

los

fundamentos

de

falta

de

justiciabilidad

que

sustentan ese resultado no son correctos. Por el contrario,

estamos ante una controversia constitucional justiciable en

la que los fundamentos sustantivos aplicables nos conducen

a concluir que los peticionarios no tienen razón en los

méritos.

En ese extremo, a diferencia de lo resuelto por el

Tribunal de Apelaciones y el Tribunal de Primera Instancia,

AC-2026-0031

soy

del

2

criterio

justiciable.

de

Primero,

que

este

porque

caso

los

es

enteramente

reclamantes

poseen

legitimación activa. Segundo, porque la controversia está

madura para adjudicación. Tercero, porque no estamos ante

una cuestión política que impida la consideración judicial.

Por ese motivo, aunque la revisión se da contra el

resultado y no sus fundamentos, consigno en este Voto

particular

disposición

las

razones

que

obligan

constitucional

sobre

a

la

concluir

que

edad

retiro

de

la

obligatorio de los jueces y las juezas de Puerto Rico es

válida y enteramente operante.

En adelante, particularizo las razones que inspiran

esta perspectiva, no sin antes repasar las posiciones de

las partes y las conclusiones de los foros recurridos.

I

La Demanda en este caso fue promovida por la Asociación

Puertorriqueña de la Judicatura, el juez Hon. Eric R. Ronda

Del Toro2 (Hon. Ronda Del Toro) y el entonces juez, el Lcdo.

Felipe

Rivera

conjunto,

parte

Colón 3

(licenciado

peticionaria),

Rivera

para

Colón)

obtener:

(1)

(en

un

injunction preliminar que le impidiera a la Oficina de

Administración de los Tribunales (OAT) obligar a los jueces

El Hon. Ronda Del Toro ha ocupado el puesto desde

diciembre de 2020 y cumplirá 70 años en enero de 2027.

2

El licenciado Rivera Colón fungió como juez del

Tribunal de Apelaciones continuamente desde el 2010 hasta

que cumplió 70 años en mayo de 2026.

3

AC-2026-0031

a

retirarse

3

al

cumplir

70

años;

y

(2)

una

sentencia

declaratoria en la que, al amparo de la Constitución de los

Estados

Unidos,

se

declarara

inconstitucional

la

disposición de la Constitución de Puerto Rico que dispone

la edad obligatoria para el retiro de los jueces y las

juezas.

Para la parte peticionaria, el límite máximo de edad

impuesto a los jueces y las juezas por el Artículo V,

Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico, Const. PR,

LPRA, Tomo 1, violenta la igual protección de las leyes

garantizada

bajo

la

Decimocuarta

Enmienda

de

la

Constitución de Estados Unidos, Const. EE. UU., LPRA, Tomo

1, y contraviene la ley federal Age Discrimination in

Employment Act (ADEA), 29 USCA sec. 621 et seq.

Más prominentemente, en sus múltiples comparecencias,

la parte peticionaria esbozó la teoría de que la ley federal

Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability

Act (PROMESA), las acciones de la Junta de Supervisión

Fiscal y el caso Commonwealth of Puerto Rico v. Sánchez

Valle, 579 US 59 (2016), dejaron sin efecto aquella parte

del Artículo V, Sección 10 de la Constitución de Puerto

Rico que requiere que la Asamblea Legislativa establezca

un sistema de retiro para los jueces y las juezas y, por

lo tanto, procedía que también se invalidara el resto de

la cláusula que hacía obligatorio el retiro de los jueces

y las juezas al cumplir los 70 años de edad.

AC-2026-0031

Al

4

igual,

la

parte

peticionaria

adujo

que

esta

controversia es distinguible de aquella atendida en el caso

Gregory v. Ashcroft, 501 US 452 (1991), donde el Tribunal

Supremo federal validó la misma edad de retiro obligatorio,

dispuesta

en

la

constitución

de

Missouri,

porque

no

violentaba la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de

Estados Unidos ni la ley federal ADEA. Según su posición,

ese

caso,

así

como

otros

similares,

involucraba

una

impugnación a la constitución de un estado de la Unión que,

a

diferencia

del

territorio

de

Puerto

Rico,

ostentaba

soberanía propia.

Tanto el Gobierno de Puerto Rico como la OAT se

opusieron

a

la

posición

de

la

parte

peticionaria

y

solicitaron la desestimación del pleito. Principalmente,

sostuvieron que la controversia no era justiciable. Por un

lado, el Estado planteó que la Demanda versaba sobre una

cuestión política no susceptible de adjudicación porque

enmendar o alterar la Constitución de Puerto Rico es una

tarea

que

Legislativa.

le

Al

compete

mismo

exclusivamente

a

tiempo,

que

adujo

la

Asamblea

la

parte

peticionaria carecía de legitimación activa ya que no alegó

un

daño

claro,

inmediato

y

particularizado,

sino

uno

general compartido por todos los jueces y las juezas de

nuestra

jurisdicción

local.

Además,

argumentó

que

la

controversia no estaba madura porque los hechos alegados

AC-2026-0031

demostraban

5

una

situación

futura

y

lejana,

pues

los

reclamantes aún no habían cumplido los 70 años.

Entretanto, en los méritos, el Gobierno enfatizó que

la

Convención

Constituyente

adoptó

la

edad

de

retiro

compulsorio de jueces y juezas luego de sopesar las ventajas

y desventajas entre el retiro voluntario y el compulsorio.

Por el mismo camino, aseveró que aplicaba el caso Gregory

v. Ashcroft, supra, y por ello la cláusula constitucional

en cuestión no violentaba la Decimocuarta Enmienda de la

Constitución federal ni la ley ADEA. Respecto a esto último,

recalcó que, de todas maneras, la ley ADEA no es aplicable

a los jueces y las juezas de Puerto Rico.

Por otro lado, la OAT coincidió, a grandes rasgos, con

la posición del Gobierno.4 Incluso, añadió que, en todo

caso, los jueces reclamantes aceptaron sus cargos libre y

voluntariamente y, así, asumieron el daño por el cual

demandaron.

Trabadas sendas solicitudes desestimatorias de las

partes demandadas, el Tribunal de Primera Instancia celebró

una vista argumentativa y, sometido el caso, las declaró

ha

lugar.

Para

el

foro

primario,

no

se

presentó

una

controversia justiciable, sino una cuestión política. A su

En particular, la OAT reiteró lo discutido por el

Estado sobre la cuestión política; la falta de legitimación

activa; la validez constitucional del retiro obligatorio

de los jueces y las juezas; la razonabilidad del límite de

edad; la aplicabilidad del caso Gregory v. Ashcroft, supra;

y la inaplicabilidad de la ley federal ADEA.

4

AC-2026-0031

6

entender, la parte peticionaria solicitó alterar el texto

constitucional

mediante

la

eliminación

de

uno

de

sus

articulados, lo cual le compete a la Asamblea Legislativa

en su facultad de proponer enmiendas constitucionales.

Por otra parte, el foro primario reconoció que era

fácil

constatar

la

legitimación

activa

de

los

jueces

reclamantes, pues estaban sujetos al Artículo V, Sección

10 de la Constitución de Puerto Rico. Pese a ello, destacó

la situación del licenciado Rivera Colón, quien, al cumplir

los 70 años en mayo de 2026, “se ubica[ba] de forma más

precisa dentro de los linderos de un daño claro y palpable,

así como de la conexión necesaria entre ese daño alegado y

la causa de acción ejercitada”.5 Asimismo, acentuó que este

también

satisfacía

la

doctrina

de

madurez

porque

la

inminencia del perjuicio que sufriría al cumplir la edad

límite de retiro justificaba la intervención judicial. Nada

específico dispuso sobre el Hon. Ronda Del Toro.

Inconforme, la parte peticionaria acudió al Tribunal

de

Apelaciones.

Reiterados

los

planteamientos

de

cada

parte, el foro intermedio modificó el dictamen del Tribunal

de Primera Instancia a los únicos efectos de expresamente

reconocerle legitimación activa al Hon. Ronda Del Toro. Así

modificada, confirmó la Sentencia apelada. En lo demás,

coincidió con el foro primario.

5

Véase Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 133.

AC-2026-0031

7

II

Visto

lo

anterior,

mi

criterio

lleva

al

mismo

resultado al que llegaron los foros recurridos, aunque por

fundamentos distintos. En consecuencia, además de reafirmar

que tanto el Hon. Ronda Del Toro como el licenciado Rivera

Colón tenían legitimación activa para reclamar en este

caso, consigno también que no estamos ante una cuestión

política,

sino

frente

a

un

asunto

susceptible

de

adjudicación en nuestra tarea y función judicial de ser los

máximos intérpretes de la Constitución de Puerto Rico.

Por ello, estimo que el Artículo V, Sección 10 de la

Constitución de Puerto Rico es válido y opera como límite

de edad de retiro para los jueces y las juezas de nuestra

jurisdicción. Esto, pues no representa una violación a la

igual protección de las leyes, según es garantizada por la

Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos, y no contraviene la ley federal ADEA porque esta

no es aplicable a los jueces y juezas de Puerto Rico. En

efecto,

la

edad

en

esta

ocasión

no

representa

una

clasificación sospechosa y, bajo el crisol del escrutinio

racional aplicable, el retiro obligatorio a los 70 años

representa

una

actuación

razonable

de

la

Convención

Constituyente, guiada por un interés legítimo, inclusive

importante, de asegurar una judicatura capaz de cumplir con

las

exigencias

de

su

cargo.

No

menos

importante,

no

AC-2026-0031

8

contraviene las normas invocadas por los peticionarios, con

las cuales pretendían menguar su vigencia.

Veamos.

A. Los reclamantes poseen legitimación activa

Al momento en que se presentó la Demanda en este caso,

el licenciado Rivera Colón fungía como juez del Tribunal

de Apelaciones, tenía 68 años y alcanzaría los 70 años en

mayo de 2026. Mientras tanto, el Hon. Ronda Del Toro también

ostentaba el puesto de juez en el foro intermedio, tenía

68 años y cumpliría los 70 años en enero de 2027. Como bien

estimó el Tribunal de Primera Instancia, “el simple hecho

de que los demandantes ocupen un cargo en la judicatura

facilita la constatación de su legitimación activa, ya que,

como es obvio, están sujetos al Art. V, Sec. 10 de la

Constitución de Puerto Rico”.6

Recordemos

que,

a

partir

del

principio

de

la

justiciabilidad, se ha desarrollado la legitimación activa

como una de las doctrinas de autolimitación judicial. DACO

v. LUMA y otros, 2025 TSPR 126, 217 DPR ___ (2025) (Opinión

de conformidad emitida por el Juez Asociado señor Estrella

Martínez). Mediante ella, se ha buscado que un pleito sea

tramitado por aquella parte que por ley tiene el derecho

que reclama. Íd. Ahora bien, en el pasado he recalcado que

esta norma es de origen judicial, que su aplicación responde

a la prudencia y, sobre todo, que la Constitución de Puerto

Rico no tiene un requisito de caso y controversia, lo cual

6

Íd., pág. 133.

AC-2026-0031

9

debe tomarse en cuenta al evaluar su aplicación a la luz

del

acceso

efectivo

a

la

justicia

por

las

personas

litigantes. Íd.; B. Billboard BG v. Out of Home Media, 213

DPR 1076, 1082 (2024) (Voto particular disidente del Juez

Asociado señor Estrella Martínez); Amadeo Ocasio et al. v.

Gobernador et al., 211 DPR 278, 320 (2023) (Opinión de

conformidad del Juez Asociado señor Estrella Martínez).

De todas formas, de entre las dos (2) vertientes

reconocidas de legitimación activa, la aplicable en este

caso es la tradicional u ordinaria. Esta requiere que una

parte demandante demuestre que: (1) ha sufrido un daño claro

y palpable; (2) el daño es real, inmediato y preciso, no

abstracto o hipotético; (3) existe una relación causal

razonable entre la acción que se ejercita y el daño alegado;

y (4) la causa de acción surge al palio de la Constitución

o de alguna ley. Fund. Surfrider y otros v. A.R.Pe., 178

DPR 563, 572 (2010); Hernández Torres v. Gobernador, 129

DPR 824, 836 (1992); Hernández Agosto v. Romero Barceló,

112 DPR 407, 414 (1982).

Ciertamente, en este pleito la parte peticionaria

estaba compuesta por dos (2) personas que, por el carácter

de su empleo como jueces del Tribunal de Apelaciones,

estaban expuestas a ser obligadas a retirarse tan pronto

cumplieran 70 años, lo cual era una condición futura que,

ausente un evento desafortunado, era lo suficientemente

AC-2026-0031

cierta,

no

10

abstracta

presentación

de

la

y

no

hipotética. 7 Igualmente,

reclamación

estaba

la

estrechamente

relacionada con el daño alegado, toda vez que buscaba

prevenir

que

último,

la

se

efectuara

causa

de

el

retiro

obligatorio.

Por

acción

surgió

al

la

palio

de

Constitución de los Estados Unidos y la ley federal ADEA.

En este sentido, así como coligió generalmente el

Tribunal de Primera Instancia, ambos reclamantes tenían

legitimación

activa

para

demandar

por

su

condición

de

jueces del Tribunal de Apelaciones próximos a cumplir los

70 años. Por un lado, el foro primario optó por resaltar

específicamente

que

el

daño

alegado

por

el

licenciado

Rivera Colón se situaba con mayor precisión dentro de los

linderos de la legitimación activa. Por el otro, el foro

intermedio entendió menester reconocer de forma expresa que

Contrario a lo planteado por el Gobierno, el hecho

de que las partes compartieran el daño alegado con el resto

de los jueces y las juezas del Tribunal General de Justicia

no lo convierte en un daño generalizado y no particular.

En este contexto, se entiende por “particular” que el daño

afecte a la parte reclamante de manera personal e

individual. Lujan v. Defenders of Wildlife, 504 US 555,

esc. 1 (1992). Particular no es igual a exclusivo. La idea

es asegurar que quien promueve la acción tiene un interés

de tal magnitud que, con toda probabilidad, la litigará

vigorosamente. Hernández Torres v. Hernández Colón et al.,

129 DPR 824, 835 (1992).

7

Exponerse a no poder ejercer el puesto judicial que se

ostenta es, precisamente, el tipo de daño alegado que afecta

personalmente a los jueces reclamantes en este caso. Lo

contrario impediría reclamar por daños o controversias que

presuntamente le perjudican a una persona cuando también

afectan a una multiplicidad de personas.

AC-2026-0031

11

el Hon. Ronda Del Toro también poseía legitimación activa.

Al así actuar, no erraron.8

B. No estamos ante una cuestión política

Superado

ese

escollo,

tan

solo

resta

evaluar

si

estamos ante una cuestión política, tal y como resolvieron

los

foros

expresión

recurridos.

En

este

del

de

Primera

Tribunal

respecto,

la

Instancia

siguiente

recoge

su

razonamiento:

[…] lo que aquí se solicita, que no es otra

cosa que alterar el texto constitucional al

eliminar uno de sus articulados, es un asunto

que corresponde a la esfera encargada de

formular política pública, entiéndase la

Asamblea Legislativa. Correspondería a dicho

cuerpo, de estimarlo procedente, ejercer la

facultad que le confiere la Constitución de

Puerto Rico para proponer enmiendas o llevar a

cabo su revisión.9

Por su parte, el Tribunal de Apelaciones coincidió:

[…] le corresponde a la Asamblea Legislativa,

y solamente a ella, el proponer una enmienda a

nuestra Constitución que deje sin efecto el

retiro obligatorio de los jueces a los 70 años,

Similarmente, el Tribunal de Primera Instancia razonó

que se cumplía el requisito de madurez. Recordemos que la

madurez, al contemplar la proximidad temporal del daño

alegado, requiere examinar si la controversia sustantiva

es apropiada de resolución judicial y si el daño es

suficiente para requerir adjudicación. Romero Barceló v.

E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006). En esencia, “[t]odo lo que

se necesita para asegurar que un caso está maduro es que

el evento contemplado […] con toda probabilidad va a

ocurrir”. Íd., citando a Com. de la Mujer v. Srio. de

Justicia, 109 DPR 715, 723 esc. 8 (1980).

8

En vista de ello y por el mismo motivo por el cual considero

que el Hon. Ronda Del Toro y el licenciado Rivera Colón

tienen legitimación activa, estimo que el caso está maduro

para la adjudicación.

9

Apéndice del Recurso de Apelación, pág. 133.

AC-2026-0031

12

si así lo entendiera necesario. Había cuenta de

que el remedio que [la parte peticionaria

solicitó] en su Demanda persigue eliminar tal

disposición, no es a los tribunales a quienes

corresponde mediante un dictamen judicial

hacerlo. Como correctamente dictaminó el TPI,

la controversia planteada se trata de una

cuestión política que no es justiciable.10

Con mucho respeto, mi posición es que esa apreciación es

errónea.

Consideremos, pues, que la cuestión política es otra

doctrina

que

traza

su

origen

en

el

principio

de

justiciabilidad. A esos efectos, hemos considerado que

existe

una

cuestión

tribunales,

cuando

política,

está

no

adjudicable

presente:

(1)

una

por

los

delegación

expresa del asunto en controversia a otra rama del Gobierno;

(2)

una

apropiadas

ausencia

de

para

resolver

la

decidir

sin

imposibilidad

de

criterios

o

normas

controversia;

hacer

una

judiciales

(3)

una

determinación

inicial de política pública que no le corresponde a los

tribunales; (4) una imposibilidad de tomar una decisión sin

expresar una falta de respeto hacia otra rama de gobierno;

(5) una necesidad poco usual de adherirse, sin cuestionar,

a

una

decisión

potencial

de

política

confusión

tomada

previamente;

proveniente

de

y

(6)

un

pronunciamientos

múltiples de varios departamentos del Gobierno sobre un

punto. Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 DPR 497, 509 (1994).

Ninguna de esas circunstancias está presente aquí.

10

Íd., pág. 21.

AC-2026-0031

En

13

primer

orden,

no

estamos

ante

una

delegación

expresa a otra rama del Estado. Si bien el Artículo VII,

Sección 1 de la Constitución de Puerto Rico le confiere a

la Asamblea Legislativa el poder de proponer enmiendas a

ese documento, la interpretación constitucional y las leyes

de Puerto Rico recae en el Poder Judicial con el Tribunal

Supremo como el tribunal de última instancia. Const. PR,

supra, Art. VII, Sec. 1 y 3. Lo que se solicita en este

caso no es una enmienda o una alteración formal a la

Constitución, sino que se pide una interpretación de la

cláusula constitucional en controversia y contrastarla con

las normas que invocan los peticionarios para determinar

si

alguna

de

ellas

tiene

preeminencia.

Ese

petitorio,

aunque su conclusión resulte improcedente como cuestión de

derecho,

no

está

fuera

del

ámbito

de

acción

de

los

tribunales y, sobre todo, del más alto foro local. Nuestro

poder

y

nuestra

responsabilidad

como

Tribunal

Supremo

comprenden la función de ser, precisamente, los máximos

intérpretes de la Constitución y las leyes de Puerto Rico.11

En

segundo

orden,

tampoco

existe

una

carencia

de

criterios apropiados para resolver la controversia. Tanto

la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados

Unidos

como

la

jurisprudencia

federal

y

local

que

interpretan esa disposición, así como la ley federal ADEA,

Véanse Senado de PR v. ELA, 203 DPR 62 (2019);

Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406 (1994); Santa Aponte

v. Srio. del Senado, 105 DPR 750 (1977).

11

AC-2026-0031

presentan

14

una

multiplicidad

de

normas

judiciales

para

atender esta controversia. Entre ellas, primordialmente, el

análisis que realizó el Tribunal Supremo federal en Gregory

v.

Ashcroft,

supra,

representa

la

principal

guía

para

examinar la validez de la disposición constitucional del

retiro obligatorio de jueces y juezas.

Adviértase que ni

el estado de Missouri ni mucho menos el Tribunal Supremo

federal se escudó en la doctrina de cuestión política para

evitar

resolver

en

los

méritos

la

controversia

constitucional.

En tercer orden, por esa misma vía, no existe una

imposibilidad de decidir sin realizar una determinación

inicial de política pública que no nos corresponde como

tribunal, ni una posibilidad de expresarnos sin faltar el

respeto

hacia

particulares.

otra

Fueron

rama

los

de

gobierno

miembros

y

de

sus

funciones

la

Convención

Constituyente quienes hicieron la determinación inicial de

política

pública

que

nos

tocaría

interpretar. 12 Al

así

3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente,

1678 (1961). Debe notarse que, al momento de adoptarse el

lenguaje que forma parte del Artículo V, Sección 10 de la

Constitución de Puerto Rico, no hubo debate específico

sobre la edad de retiro obligatorio de jueces y juezas. Sin

embargo, la Convención Constituyente tenía a su haber la

propuesta de la Escuela de Administración Pública de la UPR

la cual recomendaba situar la edad de retiro en 75 años, y

el insumo de la Comisión de la Rama Judicial, la cual se

rehusó a sugerir el retiro obligatorio de la magistratura.

J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San

Juan, Ed. UPR, 1982, Vol. III, pág. 103.

12

AC-2026-0031

15

hacerlo, contaron con la cabal propuesta de la Escuela de

Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico

(Escuela de Administración Pública de la UPR) de fijar en

75 años la edad de retiro obligatorio de jueces y juezas,

motivada en “proteger al público contra los jueces que

mental

o

físicamente

lleguen

a

ser

incapaces

para

el

cumplimiento de sus deberes” y, a la vez, hacer justicia a

aquellos y aquellas “que reúnan las condiciones necesarias

para mantenerse en servicio activo”.13 En este contexto, la

Igualmente, para ese tiempo, como remarca Trías Monge, al

menos cuatro (4) constituciones estatales incluían una edad

de retiro de 70 años y otras dos (2) imponían una edad

mayor. Íd.; Véase también Notes and Comments on the

Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, Washington

D.C., 1952, págs. 95-96, notas 19 y 20.

Por todo ello, es de singular importancia que se haya

adoptado sin debate la propuesta del delegado Antonio Reyes

Delgado para proponer una edad incluso menor a la sugerida

por la Escuela de Administración Pública de la UPR y fijada

por dos (2) estados, e igual a la de otros cuatro (4)

estados.

Escuela de Administración Pública de la UPR, La nueva

Constitución de Puerto Rico, San Juan, Ed. UPR, (ed.

facsimilar) 2008, págs. 492-494. En su propuesta, la

Escuela de Administración Pública de la UPR examinó: los

requisitos similares existentes en otros estados de la

Unión; si era mejor un sistema voluntario o uno obligatorio;

si el retiro debía implicar la separación completa del

servicio judicial; y qué edad podía considerarse apropiada

para el retiro. Sobre esto último, propuso los 75 años, en

vista de que las estadísticas demográficas indicaban que

el promedio de vida era 70 años.

13

En torno a esta propuesta, cabe resaltar un comentario

realizado por la Escuela de Administración Pública de la

UPR: “[s]i se arguye que este método [el retiro obligatorio

a los 75 años] podría privar a la comunidad del servicio

de grandes juristas, la respuesta más sencilla es que la

corte no es el único lugar en el cual se pueden utilizar

AC-2026-0031

16

pauta a seguir fue dictada por ese ejercicio democrático

de autogobierno, iniciado por la Convención Constituyente

y ratificado por el verdadero soberano, el Pueblo.

En cuarto orden, por último en este tema, no se

presenta la necesidad de adherirnos a una decisión política

previa

ni

existe

pronunciamientos

de

un

potencial

distintos

de

confusión

departamentos

del

ante

Estado

sobre este asunto. La controversia presentada es puntual

e, incluso, salvo las leyes adoptadas por la Asamblea

Legislativa o los planes de ajuste aprobados por la Junta

de Supervisión Fiscal sobre el sistema de retiro de jueces

y juezas, no tenemos acciones o manifestaciones encontradas

respecto a la edad de retiro obligatorio de los jueces y

juezas.

C. La edad de retiro obligatorio para los jueces y las

juezas es una disposición constitucional válida

Con origen en las consideraciones recién discutidas,

el Artículo V, Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico

establece

concretamente:

“[l]a

Asamblea

Legislativa

establecerá un sistema de retiro para los jueces, retiro

que será obligatorio cuando hubieren cumplido setenta años

de edad”. Const. PR, supra, Art. V, Sec. 10. Así, obliga a

los servicios de tales hombres [y mujeres]”. Escuela de

Administración Pública de la UPR, op. cit., pág. 494. Por

eso, consideró como posibilidad adoptar un plan que

permitiera solicitarles a jueces retirados que prestaran

servicio de forma que se garantizara el empleo de esas

personas que conservan su eficiencia más allá de la edad

de retiro. Íd.

AC-2026-0031

17

que los jueces y las juezas de nuestro Tribunal General de

Justicia, desde el Tribunal de Primera Instancia hasta el

Tribunal Supremo, se retiren tan pronto cumplan los 70 años,

independientemente del término de nombramiento que les

quede por extinguir.

Si bien no es el único ni el más reiterado argumento

de la parte peticionaria, sí merece principal atención su

tesis sobre la invalidez de la edad de retiro obligatorio

al amparo de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución

de

los

Estados

Unidos

y

la

ley

federal

ADEA.

Desafortunadamente para la parte peticionaria, ese preciso

argumento fue rechazado por el Tribunal Supremo federal en

Gregory v. Ashcroft, supra.

En

aquella

ocasión,

el

más

alto

foro

federal

correctamente rechazó la impugnación de una edad de retiro

obligatorio

para

jueces

y

Constitución

de

Missouri.

juezas,

Para

este,

contenida

en

según

Décima

la

la

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, los

estados

conservaban

cualificaciones

de

su

los

derecho

funcionarios

de

definir

locales

de

las

mayor

jerarquía. Al fijar la edad obligatoria para el retiro de

los jueces y las juezas de su jurisdicción, una disposición

a tales efectos no violentaba la igual protección de las

leyes,

ni

discrimen

contravenía

por

edad.

la

ley

Primero,

federal

ADEA

contra

porque

existía

un

el

nexo

racional entre el requisito de retiro obligatorio y el

AC-2026-0031

propósito

18

de

Missouri

de

garantizar

jueces

y

juezas

competentes. Al respecto, coligió que el límite de edad no

era irracional, pues existía una conexión entre superar los

70

años

y

la

disminución

físicas. 14 Incluso,

en

clasificó

capacidades

el

interés

mentales

y

declarado

de

mantener una judicatura totalmente capaz de realizar las

exigentes tareas que un juez o una jueza debe completar

como

uno

legítimo

e,

incluso,

apremiante.

Gregory

v.

Ashcroft, supra, pág. 472.

Segundo, el Tribunal Supremo federal concluyó que la

ley federal ADEA tampoco aplicaba a los jueces y las juezas

estatales porque ese estatuto excluía a funcionarios con

tareas de fijar política pública.

La lógica de Gregory v. Ashcroft, supra, es totalmente

aplicable al Artículo V, Sección 10 de la Constitución de

Puerto

Rico.

Sobre

todo,

tomando

en

cuenta

las

En una expresión que comparte este servidor, el

Tribunal Supremo federal también reconoció que no es cierto

que todos los jueces y las juezas sufran un deterioro

significante en su desempeño al cumplir 70 años. En

concreto, plasmó: “The Missouri mandatory retirement

provision, like all legal classifications, is founded on a

generalization. It is far from true that all judges suffer

significant deterioration in performance at age 70. It is

probably not true that most do. It may not be true at all”.

Gregory v. Ashcroft, supra, pág. 473. Sin embargo, también

precisó que un estado no violenta la igual protección de

las leyes meramente porque la clasificación sea imperfecta.

Íd., citando a Massachusetts Bd. of Retirement v. Murgia,

427 US 307, 316 (1976). Lo importante para revocar es que

el tribunal se convenza de que los hechos que motivan la

clasificación no podrían ser razonablemente concebidos como

ciertos por quien la estableció. Íd., citando a Vance v.

Bradley, 440 US 93, 111 (1979).

14

AC-2026-0031

19

consideraciones

adicionales

que

tuvo

disponible

la

Convención Constituyente, queda claro que el límite de edad

máximo

impuesto

jurisdicción

a

los

responde

jueces

a

un

y

motivo

juezas

de

protector

nuestra

ante

el

presunto deterioro sufrido al superar los 70 años. Como es

sabido, especialmente en este contexto, la edad, más aún

la de jueces y juezas, no es una clasificación sospechosa

porque no representa una clase de individuos que haya sido

históricamente

sujeta

tampoco

un

tienen

a

discriminación.

derecho

fundamental

Estos

al

y

estas

puesto

que

ostentan.

Por ello, en virtud de las normas que hemos adoptado

respecto a las clasificaciones que no son sospechosas,

corresponde examinar la disposición constitucional bajo un

escrutinio

racional.

Conforme

a

este,

la

disposición

impugnada se presume válida y no debe ser revocada a menos

que se pruebe que no responde a un interés legítimo del

Estado

y

que

no

está

racionalmente

vinculado

a

este.

Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864, 878-880 (1991); Zachry

International

v.

Tribunal

Superior,

104

DPR

267,

277

(1975). En otras palabras, debe existir un nexo racional

entre los medios empleados por el estatuto y el interés

legítimo del Estado que los motiva. Berberena v. Echegoyen,

supra; Zachry International v. Tribunal Superior, supra.

En este asunto, fijar el límite máximo de edad para

los jueces y las juezas de Puerto Rico es una disposición

AC-2026-0031

20

que está vinculada racional y razonablemente al interés

legítimo de garantizar jueces y juezas lo suficientemente

competentes y capaces para efectuar la labor de adjudicar.

Si bien la expectativa de vida ha aumentado desde que se

aprobó la Constitución de Puerto Rico y no todas las

personas sufren el mismo deterioro físico o mental a partir

de los 70 años, el interés legítimo está en evitar el riesgo

incrementado de deterioro, tal y como pronunció el Tribunal

Supremo federal en Gregory v. Ashcroft, supra, pág. 473.

La

clasificación

puede

bien

estar

basada

en

una

generalización como esta, pues, aunque muchos de nuestros

jueces y juezas conservan amplia habilidad y eficiencia

pasada esa edad, el límite establecido no está tan poco

relacionado al logro de su propósito como para concluir que

la disposición sea irracional. Gregory v. Ashcroft, supra.

Naturalmente, la parte peticionaria se opone a esa

valoración.

Primero,

a

su

juicio,

el

caso

Gregory

v.

Ashcroft, supra, es distinguible porque se trató de la

impugnación de la constitución de un estado de la Unión,

mientras que Puerto Rico, por su condición de territorio,

no ostenta la misma soberanía. Segundo, por esa línea,

advierte que el caso Commonwealth v. Sánchez Valle, supra,

subrayó esa falta de soberanía al concluir que, para efectos

de la doble exposición en la esfera penal, el poder soberano

de Puerto Rico emanaba del gobierno federal de los Estados

Unidos. Tercero, argumenta que la aprobación de la ley

AC-2026-0031

21

federal PROMESA y los planes de ajuste promovidos por la

Junta de Supervisión Fiscal hizo inoficiosa la parte del

Artículo V, Sección 10 de la Constitución de Puerto Rico

que mandata un sistema de retiro para los jueces y juezas.

Por eso, arguye que procede dejar sin efecto el resto de

la Sección e invalidar la edad de retiro obligatorio para

estos funcionarios.

No deben persuadirnos esos argumentos. Por un lado,

la sabiduría de Gregory v. Ashcroft, supra, no radica en

el

carácter

de

estado

de

Missouri,

si

bien

resultó

significativo que el más alto foro federal reafirmara que

los estados retienen su poder de establecer requisitos de

edad a sus funcionarios por virtud de la Décima Enmienda

de la Constitución de Estados Unidos. Por el contrario, la

importancia se sitúa en el análisis de una disposición de

este tipo a la luz de la igual protección de las leyes

garantizada por la Decimocuarta Enmienda y la protección

contra el discrimen por razón de edad en el empleo según

la ley federal ADEA.

Por otro lado, no concibo que, pese a sus importantes

efectos en nuestra jurisdicción, el caso Commonwealth v.

Sánchez Valle, supra, y los planes fiscales y de ajuste

aprobados en virtud de la ley federal PROMESA hayan tenido

el efecto de afectar la aplicabilidad de la norma objeto

de

análisis,

en

la

manera

en

que

invoca

la

parte

peticionaria. En Commonwealth v. Sánchez Valle, supra, el

AC-2026-0031

22

Tribunal Supremo federal hizo un análisis de la fuente de

soberanía para encausar criminalmente en Puerto Rico, todo

ello en el ámbito de la doble exposición penal. Ciertamente,

ese alto foro resolvió que, por provenir de la misma fuente

que el poder federal, el gobierno federal y el local no

podían encausar de forma sucesiva a una persona por la misma

conducta bajo leyes penales equivalentes. En ese sentido,

sabido es que tras la adopción de su Constitución, Puerto

Rico no dejó de ser un territorio de Estados Unidos sujeto

al

poder

del

Congreso,

según

lo

dispone

la

cláusula

territorial de la Constitución Federal. Precisamente, la

ejecución y vigencia del límite de edad impugnado, se deriva

de la delegación que efectuó el Congreso de Estados Unidos.

El alcance de esa cláusula no ha sido trastocado por motivo

del

ejercicio

del

Congreso

de

sus

poderes

sobre

el

territorio de Puerto Rico. Véase Pueblo v. Sánchez Valle,

192 DPR 594 (2015).

Ante esa realidad, el objetivo de la ley federal

PROMESA y las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal

se enfocan primordialmente en controlar el gasto público,

reestructurar la deuda y balancear el presupuesto, no en

alterar el ordenamiento sustantivo del Poder Judicial según

se estableció en la Constitución de Puerto Rico.

De similar manera, no existen argumentos convincentes

en derecho que deban motivarnos a dejar sin efecto la

totalidad del Artículo V, Sección 10 por el efecto que han

AC-2026-0031

23

tenido las medidas de austeridad sobre el sistema de retiro

de jueces.15 Según la parte peticionaria, ambas porciones

del Artículo V, Sección 10 de la

Constitución de Puerto

Rico –el sistema de retiro y la edad de retiro– estaban tan

imbricadas que dejar sin efecto la primera parte debe

llevarnos a invalidar la segunda. Como es evidente, no

coincido con esa apreciación, pues la aprobación de la

totalidad

Igualmente,

de

esa

Sección

no

hay

norma

constitucional

que

nos

apunta

de

a

lo

contrario. 16

hermenéutica

obligue

a

tomar

jurídica

tan

o

drástica

decisión como la que solicita la parte peticionaria de

invalidar la totalidad del Artículo V, Sección 10 de la

Constitución de Puerto Rico.

No debe pasarse por alto que la Convención

Constituyente contó con la recomendación de la Escuela de

Administración Pública de la UPR de establecer un retiro

obligatorio, pero que examinó la necesidad de un adecuado

plan de pensiones como un imperativo en caso de que se

optara por un sistema de retiro voluntario. Escuela de

Administración Pública de la UPR, op. cit., pág. 493. Esto,

pues sin ello se podría incentivar que un juez o una jueza

se retire demasiado temprano para dedicarse a algo más

lucrativo o, por el contrario, se aferre al puesto cuando

hayan transcurrido sus años de mayor producción económica.

Íd.

15

Ese no fue el camino tomado por los delegados y la delegada

de la Convención Constituyente. Incluso, al acogerse el

retiro obligatorio, se podría decir que se adoptó la

recomendación que, según la Escuela de Administración

Pública de la UPR, resolvía la cuestión de sugerir el retiro

a jueces y juezas que se resisten a abandonar sus puestos

al fijar un límite máximo de edad. Íd., pág. 494.

16

Véase la nota anterior.

AC-2026-0031

24

III

Por todo ello, aunque estoy conforme con el resultado

de declarar no ha lugar el recurso presentado por la parte

peticionaria, no estoy de acuerdo con los fundamentos en

los que se basaron los foros inferiores para desestimar la

reclamación. En consecuencia, consigno las razones que

justifican la validez del Artículo V, Sección 10 de la

Constitución

de

Puerto

Rico.

De

este

modo,

espero

contribuir a impartirle certeza a nuestro ordenamiento

constitucional en esta materia.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado