Tribunal Supremo de Puerto Rico
Rivera Camacho v. Publi-Inversiones de Puerto Rico
2026 TSPR 54
Poder Judicial de Puerto Rico
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Rivera Camacho v. Publi-Inversiones de Puerto Rico
CC-2025-0527
21 de mayo de 2026 · Hon. Rafael L. Martínez Torres · Derecho Procesal Apelativo – Deber del Tribunal de Apelaciones de velar por la adhesión fiel a su mandato en aras de proteger el trámite ordenado y expedito de los litigios.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Rivera Camacho
Peticionario
2026 TSPR 54
v.
218 DPR ___
Publi-Inversiones de Puerto Rico
Recurrida
Número del Caso:
Fecha:
CC-2025-0527
21 de mayo de 2026
Tribunal de Apelaciones: Panel Especial
Representantes legales de la parte peticionaria:
Lcda. Monique J. Díaz Mayoral
Lcda. Vilma María Dapena Rodríguez
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcdo. Dimitri González Izquierdo
Lcdo. Cristopher Santiago Contreras
Materia: Derecho Procesal Apelativo – Deber del Tribunal de
Apelaciones de velar por la adhesión fiel a su mandato en aras de
proteger el trámite ordenado y expedito de los litigios.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Rivera Camacho
Peticionario
v.
CC-2025-0527
Publi-Inversiones de
Puerto Rico
Recurrida
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2026.
Los foros adjudicativos de primera instancia están
obligados
a
acatar
los
mandatos
del
Tribunal
de
Apelaciones, tal como este debe honrar los nuestros.
Cuando
un
tribunal
revisor
decide
un
asunto,
los
magistrados de jerarquía inferior generalmente carecen
de discreción para apartarse de ese dictamen. En esa
línea,
un
cumplimiento
tribunal
de
su
apelativo
mandato.
En
debe
exigir
el
consecuencia,
nos
corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones erró
al negarse a revisar una resolución del Tribunal de
Primera
Instancia
mandato previo.
dictada
en
contravención
de
su
CC-2025-0527
2
I
El 10 de agosto de 2018, el Sr. Jorge Rivera Camacho
presentó una demanda contra Publi-Inversiones de Puerto Rico,
Inc.
(Publi-Inversiones)
sobre
despido
injustificado
y
discrimen por razón de edad, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30
de mayo de 1976, infra, y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de
1959,
infra.
Además
correspondiente
y
de
requerir
otros
el
remedios,
pago
de
solicitó
la
el
mesada
pago
de
honorarios de abogado equivalentes a una suma no menor del
veinticinco por ciento de la compensación.
Luego de un litigio extenso, el 1 de mayo de 2024 el
Tribunal de Primera Instancia notificó una Sentencia por la
cual
declaró
con
lugar
la
causa
de
acción
de
despido
injustificado y condenó a Publi-Inversiones al pago de una
mesada ascendente a $102,729, así como al pago de honorarios
de
abogado
equivalentes
al
compensación. A su vez,
quince
por
ciento
de
la
desestimó la causa de acción de
discrimen por edad.
El 10 de mayo de 2024, el señor Rivera Camacho presentó
un memorando juramentado para solicitar el aumento de la
partida de honorarios de abogado. Arguyó que la concesión del
quince
por
ciento
era
injustificadamente
baja,
pues
no
guardaba relación con el esfuerzo que empleó su representación
legal durante seis años de litigación. Por ende, suplicó el
incremento de los honorarios de abogado al veinticinco por
ciento de la compensación.
En
oposición,
Publi-Inversiones
adujo
que
procedía
denegar el aumento de los honorarios. En concreto, sostuvo lo
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3
siguiente: que los honorarios debían fijarse con base en el
quince por ciento de la mesada; que el memorando no detalló
las horas trabajadas y la tarifa a cobrar; y que la complejidad
de la reclamación se debió a la insistencia infundada del
peticionario de proseguir la causa desestimada de discrimen
por edad.
El 18 de junio de 2024, el Tribunal de Primera Instancia
confirió al señor Rivera Camacho un término de diez días para
detallar el tiempo de trabajo invertido en el caso y la tarifa
a cobrar por cada hora trabajada. En consecuencia, el 27 de
junio de 2024 el señor Rivera Camacho solicitó la suma de
$159,500 por concepto de honorarios de abogado. Detalló que
invirtió un total de 797.5 horas en el caso a razón de una
tarifa de $200 por hora. Así las cosas, el 28 de junio de 2024
el foro de origen emitió una resolución mediante la cual
aumentó la partida de honorarios de abogado al veinticinco por
ciento de la mesada.
En ese contexto, ambas partes recurrieron al Tribunal de
Apelaciones. En lo pertinente, Publi-Inversiones señaló que el
foro primario erró al aumentar los honorarios de abogado.
Específicamente, sostuvo que era improcedente una concesión de
honorarios mayor al quince por ciento, puesto que la causa de
discrimen por edad fue desestimada. Además, arguyó que el señor
Rivera Camacho no demostró que Publi-Inversiones presentara
una defensa hostil y que el memorando no solo es irrazonable,
sino que contiene entradas incorrectas.
Consolidados los recursos, el 24 de octubre de 2024 el
Tribunal
de
Apelaciones
dictó
una
sentencia.
Además
de
CC-2025-0527
confirmar
4
la
procedencia
decisión
de
la
del
causa
foro
por
primario
despido
en
cuanto
a
la
injustificado
y
la
desestimación de la acción de discrimen por edad, revocó la
resolución
que
aumentaba
los
honorarios
de
abogado
al
veinticinco por ciento. Consecuentemente, el foro intermedio
concluyó que el Tribunal de Primera Instancia debía evaluar la
razonabilidad del memorando de honorarios de abogado, antes de
conceder cualquier cantidad adicional al quince por ciento
dispuesto por ley. A esos fines, ordenó lo siguiente:
[P]rocede que el TPI examine detenidamente el
memorando que presentó la representación legal del
señor Rivera detallado de la descripción de sus
tareas, las horas invertidas en cada tarea y la
tarifa correspondiente a cada tarea. Luego deberá
evaluar la razonabilidad de la cuantía adicional
solicitada y determinar si procede otorgarla. Si el
TPI determina otorgarla deberá consignar por escrito
sus razones para llegar a determinada suma. Ap. del
certiorari, pág. 162.
El 8 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones remitió
su mandato al Tribunal de Primera Instancia.
El 29 de enero de 2025, el señor Rivera Camacho reiteró
su solicitud de honorarios de abogado ante el foro inferior.
En
esta
memorando
moción,
el
radicado
profesionales.
En
peticionario
acompañó
previamente
que
cambio,
como
detallaba
Publi-Inversiones
anejo
el
esfuerzos
nuevamente
se
opuso a la concesión de honorarios de abogado en exceso del
quince por ciento. Además de repetir su postura previa, arguyó,
por vez primera, que el memorando fue presentado tardíamente.
Alegó que, según Ortiz Valle v. Panadería Ricomini, infra, la
parte prevaleciente en una reclamación laboral dispone de un
término de catorce días desde la notificación del dictamen
CC-2025-0527
para
5
presentar
trabajadas.
su
memorando
Según
de
honorarios
Publi-Inversiones,
la
por
horas
solicitud
de
honorarios fue tardía porque, a pesar de que la sentencia del
Tribunal de Primera Instancia se notificó el 1 de mayo de 2024,
el memorando detallado se presentó el 27 de junio de 2024, es
decir, cuarenta y tres días luego de vencido el término. Cabe
resaltar que Publi-Inversiones no consideró para su argumento
el memorando juramentado radicado el 10 de mayo de 2024.
Igualmente, sostuvo que la solicitud reiterada el 29 de enero
de 2025 fue tardía porque se presentó veintiún días luego de
expedido el mandato del foro intermedio.
Por lo anterior, el 22 de abril de 2025 el Tribunal de
Primera
Instancia
honorarios
de
declaró
abogado
del
no
ha
lugar
el
memorando
señor
Rivera
Camacho,
de
por
el
fundamento de haberse presentado tarde. Notablemente, el foro
de primera instancia no indicó cuál solicitud de honorarios
consideró
para
determinar
resultado,
sostuvo
la
la
radicación
cuantía
tardía.
originalmente
Como
concedida,
equivalente al quince por ciento de la compensación.
En desacuerdo con la decisión, el 22 de mayo de 2025 el
señor
Rivera
Camacho
recurrió
al
Tribunal
de
Apelaciones
mediante un recurso de certiorari. Alegó que el foro primario
erró al incumplir con el mandato del Tribunal de Apelaciones
y
descartar
el
memorando
de
honorarios
sin
evaluar
las
gestiones profesionales y la tarifa correspondiente. Asimismo,
planteó que erró al entender que el memorando se radicó a
destiempo.
Sin
embargo,
el
6
de
junio
de
intermedio denegó expedir el auto discrecional.
2025
el
foro
CC-2025-0527
6
Insatisfecho aún, el 7 de agosto de 2025 el señor Rivera
Camacho presentó el recurso de certiorari que nos concierne.
En lo pertinente, sostiene que el Tribunal de Apelaciones erró
al no acoger el recurso, puesto que debía revocar la resolución
del Tribunal de Primera Instancia por incumplir con su mandato
previo.
El 5 de diciembre de 2025, ordenamos a Publi-Inversiones
mostrar causa por la cual no debíamos expedir el recurso
discrecional.
Oportunamente,
la
recurrida
compareció
para
oponerse a su expedición. En resumen, manifiesta que el señor
Rivera Camacho presentó tardíamente su memorando de honorarios
de
abogado
y,
además,
que
el
mandato
del
Tribunal
de
Apelaciones no obligó al Tribunal de Primera Instancia a
otorgar
los
honorarios
adicionales,
sino
a
evaluar
su
procedencia.
Examinados los autos, expedimos el recurso de certiorari
peticionado
y
procedemos
a
resolver
la
controversia
sin
trámite ulterior, no sin antes precisar el derecho aplicable.
II
A. El mandato y la doctrina del mandato
En tanto que este Tribunal no ha tenido la oportunidad de
examinar la doctrina del mandato —conocida en el derecho común
como el mandate rule— con independencia de la figura procesal
del mandato, impartimos un análisis comparativo en aras de
aclarar su aplicación al caso de autos.
De entrada, es crucial distinguir ambos conceptos. Por un
lado, el mandato es un documento emitido por un tribunal
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7
apelativo para instruir a un foro adjudicativo de jerarquía
inferior sobre la disposición de la causa o los procedimientos
ulteriores que ha de seguir. 16AA Wright et als., Federal
Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters Sec.
3987 (5th ed. 2025). Por su parte, el mandate rule es la
doctrina jurisprudencial que, como norma general, requiere de
un foro recurrido obediencia a las decisiones de un tribunal
revisor. A. Crews, The Mandate Rule, 73 S.C.L. Rev. 263, 265
(2021).
En rigor, el mandato es una figura reglamentaria que
permite ordenar una providencia específica a un tribunal de
jerarquía inferior y tiene consecuencias jurisdiccionales de
envergadura, mientras que el mandate rule se refiere al efecto
del mandato, el cual establece la ley del caso para todas las
incidencias posteriores en un caso. Así pues, ambos conceptos
son caras de una sola moneda: si bien son complementarios, no
se entrelazan.
i.
El mandato
Antaño, hemos definido el mandato como una “‘[o]rden de
un
tribunal
superior
a
uno
de
inferior
jerarquía,
notificándole haber revisado el caso en apelación y enviándole
los términos de su sentencia’”. Pueblo v. Serrano Chang, 201
DPR 643, 650 (2018), citando a Mejías et al. v. Carrasquillo
et al., 185 DPR 288, 300-301 (2012). En otras palabras, es el
medio oficial que tiene un tribunal apelativo para informar su
decisión
al
tribunal
inferior
y
compelerlo
a
actuar
en
conformidad con tal dictamen. Pueblo v. Serrano Chang, supra,
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8
pág. 650; Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241, 246
(1969).
Por su naturaleza, el mandato es una figura propia del
derecho
procesal
apelativo.
En
tal
virtud,
se
encuentra
delineado en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y en el
Reglamento de este Tribunal. Para el 8 de enero de 2025, cuando
el Tribunal de Apelaciones expidió el mandato en el caso de
autos, la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,
4 LPRA Ap. XXII-B, disponía en lo pertinente lo siguiente:
Regla 84 – Moción de reconsideración; mandatos
. . . .
(E) Transcurridos diez (10) días laborables de haber
advenido final y firme la decisión del Tribunal de
Apelaciones, el Secretario(a) enviará el mandato al
Tribunal de Primera Instancia o a la agencia
correspondiente, junto con todo el expediente
original, cuando éste haya sido elevado.1
El mandato cobra relevancia especial en lo concerniente
a los efectos de índole jurisdiccional. Colón y otros v. Frito
Lays, 186 DPR 135, 153 (2012). Una vez se paralizan los
La Resolución ER-2025-01, aprobada el 24 de abril de 2025, In re
Aprobación Enmdas. Regl. TA, 2025 TSPR 42, 215 DPR __ (2025), enmendó la
Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para que, en lo
relevante, disponga lo siguiente:
1
Regla 84 – Moción de reconsideración; mandatos
. . . .
(E) La Secretaria o el Secretario enviará el mandato al
Tribunal de Primera Instancia o a la agencia correspondiente,
junto con todo el expediente original, cuando este haya sido
elevado. Esto ocurrirá: (i) una vez transcurridos diez días
laborables de haber advenido final y firme la decisión del
Tribunal de Apelaciones, o (ii) en cualquier momento anterior
a dicha fecha, o a la fecha en que advenga final y firme la
decisión, cuando, a iniciativa propia o a solicitud de parte,
así lo ordene el Tribunal de Apelaciones por causa justificada.
Íd., pág. 112.
Notablemente, el propósito de la enmienda fue otorgar discreción al
Tribunal de Apelaciones para remitir el mandato en cualquier momento, sin
tener que aguardar a que su decisión advenga final y firme. Por lo demás,
la reglamentación del mandato permanece inerte. Véase, Íd., pág. 113,
Comentario: Enmiendas del 2025 de la Regla 84.
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9
procedimientos ante el foro recurrido, ya sea por orden expresa
del tribunal apelativo o por efecto de la presentación de un
recurso, según sea el caso, el tribunal inferior pierde su
jurisdicción para continuar los procedimientos relativos a la
controversia recurrida. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 564
(2003); Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556,
570 (1999). Por ello, será nula toda actuación del tribunal
recurrido relacionada con el asunto paralizado. Colón y otros
v. Frito Lays, supra, pág. 154; Pérez, Ex parte v. Depto. de
la Familia, supra, pág. 570. Pero Cfr., Pueblo v. Rivera, 75
DPR 903 (1954).
A diferencia de otras órdenes del tribunal apelativo,
este emite el mandato exclusivamente cuando dispone finalmente
de todos los asuntos ante su consideración. Pueblo v. Pérez,
supra, pág. 565 esc. 5; Pueblo v. Tribunal de Distrito, supra,
pág.
246.
Recibido
el
mandato,
el
tribunal
recurrido
readquiere jurisdicción para continuar los procedimientos,
conforme a lo que haya dictaminado el tribunal mandante. Pueblo
v. Pérez, supra, pág. 564; Pérez, Ex parte v. Depto. de la
Familia, supra, pág. 571. Esto significa, a su vez, que el
tribunal apelativo pierde su jurisdicción cuando expide el
mandato. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 456 (2003).
Solamente en casos muy excepcionales “es concebible que un
foro apelativo pueda válidamente ordenar la devolución de su
mandato, a los fines de reabrir un caso que ya era final y
firme, con el propósito de modificar un dictamen que por
razones desconocidas por ese foro al emitirlo resultó ser
crasamente erróneo e injusto”. Íd., pág. 456.
CC-2025-0527
ii.
10
La doctrina del mandato
La doctrina del mandato tiene sus raíces en la tradición
legal de habla inglesa y encuentra un desarrollo significativo
para nuestra jurisprudencia en la casuística y legislación
estadounidense. Véanse, Sibbald v. United States, 37 U.S. 488
(1838); An Act to Establish the Judicial Courts of the United
States, 1 Stat. 73, Sec. 24 (“[T]he Supreme Court shall […]
send a special mandate to the circuit court to award execution
thereupon”.).
En
el
ámbito
federal,
el
mandate
rule
se
interpreta como una versión particularmente restrictiva de la
doctrina de la ley del caso. Crews, supra, pág. 266. En
ocasiones
los
tribunales
federales
han
expresado
que
la
doctrina del mandato es un corolario de la ley del caso,
DeJoria v. Maghreb Petroleum Exploration, S.A., 935 F.3d 381,
394 (5th Cir. 2019), mientras que en otras han indicado que se
trata de una aplicación especial de la ley del caso, Demahy v.
Schwarz Pharma, Inc., 702 F.3d 177, 184 (5th Cir. 2012). Cabe
subrayar que la doctrina de la ley del caso expresa la práctica
general de los tribunales de negarse a reabrir lo decidido
firmemente. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005);
Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754 (1992).
En lo sustantivo, la doctrina del mandato impide que un
foro adjudicativo de jerarquía inferior maneje el caso de forma
contraria a lo decidido por un tribunal de jerarquía superior.
In re Sanford Fork & Tool, 160 U.S. 247, 255 (1895); Pueblo v.
Serrano Chang, supra, pág. 650; Mejías et al. v. Carrasquillo
et al., supra, pág. 301. Recibido el mandato, el tribunal
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11
recurrido carece de facultad para ignorarlo o modificarlo, ya
que constituye la ley del caso entre las partes. Utah Pub.
Serv. Comm’n v. El Paso Nat. Gas Co., 395 U.S. 464, 467 (1969).
En virtud de lo anterior, la doctrina del mandato autoriza al
tribunal de jerarquía mayor para compeler el cumplimiento de
un
mandato
si
una
parte
así
lo
solicita
en
un
recurso
posterior.
El efecto del mandato alcanza incluso aquellas cuestiones
que, si bien no se litigaron, pudieron litigarse. Mejías et
al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 302; Pan American v.
Tribunal Superior, 97 DPR 447, 451 (1969). Véase, Fiddler v.
Tribl. Contribuciones, 68 DPR 847 (1948). En otras palabras,
remitido el mandato, el tribunal de jerarquía inferior carece
de discreción para reconsiderar asuntos que, aunque pudieron
traerse ante la consideración del tribunal apelativo, no se
sometieron. Pueblo v. Serrano Chang, supra, pág. 651; Colón y
otros v. Frito Lays, supra, pág. 153. Véase, Wright et als.,
op. cit., Sec. 4478.3 (“Nor may the district court be permitted
to reconsider its own rulings made before appeal and not raised
on appeal”.).
No
obstante,
el
tribunal
de
rango
inferior
mantiene
discreción para reconsiderar asuntos ajenos al mandato, a
saber: aquellos que no estuvieron expresa o implícitamente
ante la consideración del tribunal revisor. Pueblo v. Serrano
Chang, supra, pág. 651; Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,
supra, págs. 302-303. Los asuntos explícitos son “los que
surgen
de
la
sentencia
claramente
y
sin
espacio
a
ambivalencias”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra,
CC-2025-0527
12
pág. 303. Por su parte, los asuntos implícitos son “aquellas
cuestiones que, si bien no se litigaron, pudieron haberse
litigado, aquellas que surgen del mandato mismo, así como
aquellas que se deben realizar para que resulte efecto el
mandato”. Íd. Así pues, “[e]l pequeño ámbito que no queda
incluido en el mandato son los únicos asuntos que el tribunal
de inferior jerarquía podrá revisar”. R. Hernández Colón,
Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta
ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 489. Véase, Sprague v.
Ticonic Nat. Bank, 307 U.S. 161 (1939).
Ahora bien, la doctrina del mandato, al igual que la
doctrina de la ley del caso, tiene excepciones que permiten la
inobservancia
del
mandato.
Las
excepciones
de
ambas
son
virtualmente iguales: (1) durante los procesos posteriores al
mandato
surge
evidencia
que
modifica
sustancialmente
los
hechos y la controversia del caso; (2) ocurre un cambio en el
estado de derecho, y (3) la decisión previa es palpablemente
errónea y puede causar una injusticia grave. Demahy v. Schwarz
Pharma, Inc., supra, págs. 184-185; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v.
E.L.A., 152 DPR 599, 607-608 (2000). Sin embargo, el tribunal
de jerarquía inferior deberá solicitar la autorización del
tribunal de jerarquía superior para apartarse del mandato bajo
estas
excepciones,
salvo
que
exista
una
razón
clara
y
contundente que amerite el desvío con premura. Wright et als.,
op. cit., Sec. 4478.3. Véase, Pueblo v. Tribunal de Distrito,
supra, pág. 247.
Por último, cabe resaltar que la doctrina del mandato
aplica únicamente en la relación entre tribunales de jerarquía
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13
distinta. En cambio, el mandato de un tribunal apelativo
constituye la ley del caso para ese mismo foro. Por ello,
cuando un tribunal apelativo decida revisar su mandato previo,
aplicará la doctrina de la ley del caso, pero no la doctrina
del mandato. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 5. Véanse,
Félix v. Las Haciendas, supra; Noriega v. Gobernador, 130 DPR
919 (1992).
B. El memorando de honorarios de abogado en reclamaciones
laborales
Nuestro
ordenamiento
jurídico
prohíbe
el
cobro
de
honorarios de abogado a los empleados que reclamen contra sus
patronos. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 295
(2011). Más bien, si el empleado prevalece en una reclamación
laboral, recae sobre el patrono el pago de los honorarios.
Íd.; Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744, 751 (2001).
En ese sentido, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Ley sobre
Despidos Injustificados, 29 LPRA sec. 185a et seq., dispone
que la cantidad mínima correspondiente a honorarios de abogado
que debe otorgar el tribunal “nunca será menor del quince por
ciento (15%) del total de la compensación o cien dólares
($100), la que fuere mayor”. 29 LPRA sec. 185k. El quince por
ciento aludido constituye una base mínima de compensación en
honorarios de abogado, pero el adjudicador puede otorgar una
suma mayor conforme a los criterios para determinar honorarios
razonables establecidos en López Vicil v. ITT Intermedia,
Inc., 143 DPR 574 (1997). Véase, Hernández Maldonado v. Taco
Maker, supra, pág. 297.
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En López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, pág. 583,
aunque resuelto al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de
1959, Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 146 et
seq., decretamos que, cuando se justifique otorgar una cuantía
mayor por concepto de honorarios de abogado en reclamaciones
laborales,
el
tribunal
podrá
concederla
basándose
en
una
solicitud juramentada que detalle las horas trabajadas por la
representación legal y la tarifa a cobrar por cada hora. El
juzgador tendrá discreción para conferir sumas adicionales
reclamadas en el memorando, siempre y cuando consigne por
escrito sus fundamentos. Hernández Maldonado v. Taco Maker,
supra, pág. 298; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra,
pág. 584. De esta manera, la cantidad otorgada será revisable
en aras de evitar abuso de discreción. Hernández Maldonado v.
Taco Maker, supra, pág. 297.
Antes bien, en Ortiz Valle v. Panadería Ricomini, 210 DPR
831 (2022), impusimos un término de catorce días, contado a
partir del archivo en autos de copia de la notificación de la
sentencia o desde la remisión del mandato en caso de trámite
apelativo posterior, para solicitar honorarios adicionales en
reclamaciones laborales. Íd., pág. 845. En lo particular,
dispusimos
que
la
naturaleza
de
dicho
término
es
de
cumplimiento estricto. Íd., pág. 844. Así pues, un memorando
de honorarios de abogado sometido fuera de término sin justa
causa no debe ser considerado por el tribunal. Íd., pág. 845.
III
No nos corresponde decidir los méritos de la solicitud de
honorarios de abogado en esta etapa. Más bien, debemos resolver
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15
si el Tribunal de Apelaciones erró al permitir que el Tribunal
de Primera Instancia actuara en menoscabo de su mandato. Por
razón de que el foro primario inobservó lo ordenado, procede
devolverle el caso para que ejecute lo instruido por el foro
intermedio.
El 24 de octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones dictó
una sentencia final resolviendo todos los asuntos del caso. En
lo pertinente, el tribunal apelativo revocó la resolución que
aumentaba los honorarios de abogado al veinticinco por ciento
y ordenó al foro primario evaluar en detalle el memorando de
honorarios en cuestión, antes de conceder cualquier cantidad
adicional al quince por ciento dispuesto por ley. Asimismo, el
Tribunal
de
Apelaciones
requirió
del
foro
inferior
los
fundamentos de su prospectiva decisión por escrito, de manera
que la razonabilidad de los honorarios a concederse fuera
revisable.
El 8 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones remitió
su mandato al Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el
foro primario declaró no ha lugar el memorando de honorarios
de abogado del señor Rivera Camacho y reinstaló la cuantía
concedida originalmente, equivalente al quince por ciento de
la compensación. Para esa decisión, el tribunal primario se
fundamentó
en
la
defensa
de
Publi-Inversiones
de
que
el
memorando fue radicado tardíamente. Antes bien, ese argumento
nunca
estuvo
ante
la
consideración
del
Tribunal
de
Apelaciones. Así pues, el foro primario erró al considerar esa
postura, pues, si bien la recurrida no la esgrimió antes,
incidía sobre la médula de lo ordenado por el mandato. Es
CC-2025-0527
decir,
el
memorando
16
argumento
pudo
de
litigarse
la
presentación
antes
de
que
el
inoportuna
foro
del
apelativo
decidiera la controversia, pero no fue así.
En todo caso, la defensa de presentación inoportuna es
improcedente. El 1 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera
Instancia notificó su dictamen final sobre la controversia.
Luego, el 10 de mayo de 2024 el peticionario presentó el
memorando de honorarios, aunque fue suplementado ulteriormente
el 27 de junio de 2024 a solicitud del propio tribunal. Nótese
que el memorando de 10 de mayo de 2024 nunca fue anulado, sino
detallado. Igualmente, el mandato de 8 de enero de 2025 del
Tribunal de Apelaciones requirió la evaluación del memorando
original suplementado, no la presentación de un nuevo escrito.
En
consecuencia,
el
memorando
fue
presentado
dentro
del
término de cumplimiento estricto de catorce días el 10 de mayo
de 2024.
Con todo, para efectos de la doctrina del mandato, el
tribunal inferior no invocó ninguna excepción que justificara
desatender
el
mandato.
No
menos
importante,
no
medió
autorización del tribunal de jerarquía superior para que el
foro primario se apartara del mandato. Mucho menos estamos
ante una circunstancia clara y contundente que ameritara el
desvío con premura.
Por lo cual, el Tribunal de Primera
Instancia carecía de autoridad para reconsiderar una cuestión
decidida
por
el
foro
revisor.
Por
consiguiente,
erró
el
tribunal primario al ponderar la postura de Publi-Inversiones
y, consecuentemente, menoscabar el mandato.
CC-2025-0527
17
Finalmente, el Tribunal de Apelaciones erró al negarse
posteriormente a compeler el cumplimiento de su mandato. En
aras
de
proteger
el
trámite
ordenado
y
expedito
de
los
litigios, así como la estabilidad y certeza del derecho, el
tribunal intermedio debe velar por la adhesión fiel a su
mandato. Véase, Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR
217, 222 (1975).
IV
Por las razones expuestas, se expide el auto de certiorari
y se revoca la decisión recurrida y la resolución dictada por
el Tribunal de Primera Instancia el 22 de abril de 2025. Se
devuelve el caso al foro de origen para que cumpla con el
mandato del Tribunal de Apelaciones remitido el 8 de enero de
2025, de forma compatible con este dictamen.
Se dictará Sentencia en conformidad.
RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Rivera Camacho
Peticionario
v.
CC-2025-0527
Publi-Inversiones de
Puerto Rico
Recurrida
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2026.
Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión
que antecede, la cual se hace formar parte de esta
Sentencia, se expide el auto de certiorari y se revoca
la decisión recurrida y la resolución dictada por el
Tribunal de Primera Instancia el 22 de abril de 2025.
Se devuelve el caso al foro de origen para que cumpla
con el mandato del Tribunal de Apelaciones remitido el
8 de enero de 2025, de forma compatible con este
dictamen.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario
del Tribunal Supremo.
El Juez Asociado señor
Candelario López emitió una Opinión de conformidad.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Jorge Rivera Camacho
Peticionario
v.
CC-2025-0527
Publi-Inversiones de
Puerto Rico
Recurrida
Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor
CANDELARIO LÓPEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2026.
Estoy conforme con la Opinión del Tribunal en este
caso, pues entiendo que el foro apelativo intermedio estaba
obligado a exigir el cumplimiento de su mandato. Ello, en
aras de proteger el trámite ordenado y expedito de los
litigios, tal y como menciona la mayoría de mis compañeros
y compañeras de estrado. Igualmente, me parece en extremo
importante puntualizar que, en nuestro ordenamiento, la
figura
del
mandato
no
constituye
una
mera
formalidad
procesal. Por el contrario, representa el vehículo mediante
el cual un tribunal revisor comunica su decisión y delimita
los contornos dentro de los cuales debe continuar el litigio
en el foro inferior. De ahí que su cumplimiento no sea
opcional ni sujeto a reinterpretaciones discrecionales. De
este modo, según se menciona en la Opinión, cuando un
tribunal
revisor
decide
un
asunto,
los
magistrados
de
jerarquía inferior no tienen discreción para apartarse de
ese dictamen.
CC-2025-0527
2
Así lo enfatizamos recientemente al mencionar que,
estén o no de acuerdo, los jueces de los foros inferiores
deben seguir y respetar el dictamen de un foro superior.
Véase Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y
Pentagon Federal Credit Union v. ELA, 2026 TSPR 36, 218 DPR
__ (2026). De hecho, en esa ocasión, indicamos que lo
anterior es parte de nuestro sistema judicial jerárquico,
“cuyo funcionamiento depende de que las decisiones de los
tribunales de mayor jerarquía sean acatadas y ejecutadas
por los jueces de jerarquía inferior”. Íd., citando a In re
Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 468 (2017). Esto tiene su
arraigo en que “[l]a autoridad y legitimidad del Poder
Judicial descansa, necesariamente, en que se acaten sus
decisiones y mandatos”. Íd.
Por ello, estoy conforme con la determinación de la
mayoría de que, ante un incumplimiento claro del mandato
por parte del foro primario, el Tribunal de Apelaciones no
podía rehusar intervenir. Su rol no se limita a revisar
errores
sustantivos,
sino
que
incluye,
velar
por
la
ejecución fiel de sus propias órdenes. Permitir lo contrario
equivaldría a convertir el mandato en una recomendación,
desprovista de fuerza vinculante, lo cual es incompatible
con la lógica del sistema apelativo.
Por otra parte, reitero la importancia de distinguir
entre la jurisdicción para adjudicar un caso en sus méritos,
y la potestad inherente de los tribunales para compeler el
CC-2025-0527
3
cumplimiento de sus propios mandatos. De ordinario, un
tribunal
pierde
jurisdicción
sobre
los
méritos
de
una
controversia una vez se expide su mandato. No obstante,
ello no implica que quede desprovisto de autoridad para
intervenir posteriormente con el propósito de hacer valer
lo
previamente
ordenado.
Esa
facultad
no
altera
lo
adjudicado, por el contrario, garantiza su eficacia. En ese
sentido, se trata de una manifestación de la potestad
inherente de los tribunales para proteger la integridad de
sus procesos y asegurar que sus pronunciamientos no queden
en letra muerta.
En
este
caso,
ante
un
señalamiento
claro
de
incumplimiento por parte del foro primario, la función del
Tribunal de Apelaciones tenía que ser asegurar la ejecución
de lo ya dispuesto. Además, desde una perspectiva más
amplia, debemos tener en cuenta el impacto que tiene el
incumplimiento de los mandatos sobre la economía procesal
y el acceso a la justicia. Cada vez que una parte se ve
obligada a recurrir nuevamente a los tribunales para hacer
valer un dictamen previo, se incrementan los costos, se
prolonga el litigio y se debilita la percepción de certeza
en nuestro sistema de justicia.
Sin duda, el mandato no es una sugerencia, sino una
orden que define los parámetros dentro de los cuales debe
continuar el litigio. Su cumplimiento no solo asegura la
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coherencia
del
4
caso
particular,
sino
que
preserva
estabilidad del aparato judicial.
Raúl A. Candelario López
Juez Asociado
la