LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rivera Camacho v. Publi-Inversiones de Puerto Rico

2026 TSPR 54

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Rivera Camacho v. Publi-Inversiones de Puerto Rico

CC-2025-0527

21 de mayo de 2026 · Hon. Rafael L. Martínez Torres · Derecho Procesal Apelativo – Deber del Tribunal de Apelaciones de velar por la adhesión fiel a su mandato en aras de proteger el trámite ordenado y expedito de los litigios.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Rivera Camacho

Peticionario

2026 TSPR 54

v.

218 DPR ___

Publi-Inversiones de Puerto Rico

Recurrida

Número del Caso:

Fecha:

CC-2025-0527

21 de mayo de 2026

Tribunal de Apelaciones: Panel Especial

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcda. Monique J. Díaz Mayoral

Lcda. Vilma María Dapena Rodríguez

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcdo. Dimitri González Izquierdo

Lcdo. Cristopher Santiago Contreras

Materia: Derecho Procesal Apelativo – Deber del Tribunal de

Apelaciones de velar por la adhesión fiel a su mandato en aras de

proteger el trámite ordenado y expedito de los litigios.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Rivera Camacho

Peticionario

v.

CC-2025-0527

Publi-Inversiones de

Puerto Rico

Recurrida

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor MARTÍNEZ TORRES

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2026.

Los foros adjudicativos de primera instancia están

obligados

a

acatar

los

mandatos

del

Tribunal

de

Apelaciones, tal como este debe honrar los nuestros.

Cuando

un

tribunal

revisor

decide

un

asunto,

los

magistrados de jerarquía inferior generalmente carecen

de discreción para apartarse de ese dictamen. En esa

línea,

un

cumplimiento

tribunal

de

su

apelativo

mandato.

En

debe

exigir

el

consecuencia,

nos

corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones erró

al negarse a revisar una resolución del Tribunal de

Primera

Instancia

mandato previo.

dictada

en

contravención

de

su

CC-2025-0527

2

I

El 10 de agosto de 2018, el Sr. Jorge Rivera Camacho

presentó una demanda contra Publi-Inversiones de Puerto Rico,

Inc.

(Publi-Inversiones)

sobre

despido

injustificado

y

discrimen por razón de edad, al amparo de la Ley Núm. 80 de 30

de mayo de 1976, infra, y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959,

infra.

Además

correspondiente

y

de

requerir

otros

el

remedios,

pago

de

solicitó

la

el

mesada

pago

de

honorarios de abogado equivalentes a una suma no menor del

veinticinco por ciento de la compensación.

Luego de un litigio extenso, el 1 de mayo de 2024 el

Tribunal de Primera Instancia notificó una Sentencia por la

cual

declaró

con

lugar

la

causa

de

acción

de

despido

injustificado y condenó a Publi-Inversiones al pago de una

mesada ascendente a $102,729, así como al pago de honorarios

de

abogado

equivalentes

al

compensación. A su vez,

quince

por

ciento

de

la

desestimó la causa de acción de

discrimen por edad.

El 10 de mayo de 2024, el señor Rivera Camacho presentó

un memorando juramentado para solicitar el aumento de la

partida de honorarios de abogado. Arguyó que la concesión del

quince

por

ciento

era

injustificadamente

baja,

pues

no

guardaba relación con el esfuerzo que empleó su representación

legal durante seis años de litigación. Por ende, suplicó el

incremento de los honorarios de abogado al veinticinco por

ciento de la compensación.

En

oposición,

Publi-Inversiones

adujo

que

procedía

denegar el aumento de los honorarios. En concreto, sostuvo lo

CC-2025-0527

3

siguiente: que los honorarios debían fijarse con base en el

quince por ciento de la mesada; que el memorando no detalló

las horas trabajadas y la tarifa a cobrar; y que la complejidad

de la reclamación se debió a la insistencia infundada del

peticionario de proseguir la causa desestimada de discrimen

por edad.

El 18 de junio de 2024, el Tribunal de Primera Instancia

confirió al señor Rivera Camacho un término de diez días para

detallar el tiempo de trabajo invertido en el caso y la tarifa

a cobrar por cada hora trabajada. En consecuencia, el 27 de

junio de 2024 el señor Rivera Camacho solicitó la suma de

$159,500 por concepto de honorarios de abogado. Detalló que

invirtió un total de 797.5 horas en el caso a razón de una

tarifa de $200 por hora. Así las cosas, el 28 de junio de 2024

el foro de origen emitió una resolución mediante la cual

aumentó la partida de honorarios de abogado al veinticinco por

ciento de la mesada.

En ese contexto, ambas partes recurrieron al Tribunal de

Apelaciones. En lo pertinente, Publi-Inversiones señaló que el

foro primario erró al aumentar los honorarios de abogado.

Específicamente, sostuvo que era improcedente una concesión de

honorarios mayor al quince por ciento, puesto que la causa de

discrimen por edad fue desestimada. Además, arguyó que el señor

Rivera Camacho no demostró que Publi-Inversiones presentara

una defensa hostil y que el memorando no solo es irrazonable,

sino que contiene entradas incorrectas.

Consolidados los recursos, el 24 de octubre de 2024 el

Tribunal

de

Apelaciones

dictó

una

sentencia.

Además

de

CC-2025-0527

confirmar

4

la

procedencia

decisión

de

la

del

causa

foro

por

primario

despido

en

cuanto

a

la

injustificado

y

la

desestimación de la acción de discrimen por edad, revocó la

resolución

que

aumentaba

los

honorarios

de

abogado

al

veinticinco por ciento. Consecuentemente, el foro intermedio

concluyó que el Tribunal de Primera Instancia debía evaluar la

razonabilidad del memorando de honorarios de abogado, antes de

conceder cualquier cantidad adicional al quince por ciento

dispuesto por ley. A esos fines, ordenó lo siguiente:

[P]rocede que el TPI examine detenidamente el

memorando que presentó la representación legal del

señor Rivera detallado de la descripción de sus

tareas, las horas invertidas en cada tarea y la

tarifa correspondiente a cada tarea. Luego deberá

evaluar la razonabilidad de la cuantía adicional

solicitada y determinar si procede otorgarla. Si el

TPI determina otorgarla deberá consignar por escrito

sus razones para llegar a determinada suma. Ap. del

certiorari, pág. 162.

El 8 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones remitió

su mandato al Tribunal de Primera Instancia.

El 29 de enero de 2025, el señor Rivera Camacho reiteró

su solicitud de honorarios de abogado ante el foro inferior.

En

esta

memorando

moción,

el

radicado

profesionales.

En

peticionario

acompañó

previamente

que

cambio,

como

detallaba

Publi-Inversiones

anejo

el

esfuerzos

nuevamente

se

opuso a la concesión de honorarios de abogado en exceso del

quince por ciento. Además de repetir su postura previa, arguyó,

por vez primera, que el memorando fue presentado tardíamente.

Alegó que, según Ortiz Valle v. Panadería Ricomini, infra, la

parte prevaleciente en una reclamación laboral dispone de un

término de catorce días desde la notificación del dictamen

CC-2025-0527

para

5

presentar

trabajadas.

su

memorando

Según

de

honorarios

Publi-Inversiones,

la

por

horas

solicitud

de

honorarios fue tardía porque, a pesar de que la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia se notificó el 1 de mayo de 2024,

el memorando detallado se presentó el 27 de junio de 2024, es

decir, cuarenta y tres días luego de vencido el término. Cabe

resaltar que Publi-Inversiones no consideró para su argumento

el memorando juramentado radicado el 10 de mayo de 2024.

Igualmente, sostuvo que la solicitud reiterada el 29 de enero

de 2025 fue tardía porque se presentó veintiún días luego de

expedido el mandato del foro intermedio.

Por lo anterior, el 22 de abril de 2025 el Tribunal de

Primera

Instancia

honorarios

de

declaró

abogado

del

no

ha

lugar

el

memorando

señor

Rivera

Camacho,

de

por

el

fundamento de haberse presentado tarde. Notablemente, el foro

de primera instancia no indicó cuál solicitud de honorarios

consideró

para

determinar

resultado,

sostuvo

la

la

radicación

cuantía

tardía.

originalmente

Como

concedida,

equivalente al quince por ciento de la compensación.

En desacuerdo con la decisión, el 22 de mayo de 2025 el

señor

Rivera

Camacho

recurrió

al

Tribunal

de

Apelaciones

mediante un recurso de certiorari. Alegó que el foro primario

erró al incumplir con el mandato del Tribunal de Apelaciones

y

descartar

el

memorando

de

honorarios

sin

evaluar

las

gestiones profesionales y la tarifa correspondiente. Asimismo,

planteó que erró al entender que el memorando se radicó a

destiempo.

Sin

embargo,

el

6

de

junio

de

intermedio denegó expedir el auto discrecional.

2025

el

foro

CC-2025-0527

6

Insatisfecho aún, el 7 de agosto de 2025 el señor Rivera

Camacho presentó el recurso de certiorari que nos concierne.

En lo pertinente, sostiene que el Tribunal de Apelaciones erró

al no acoger el recurso, puesto que debía revocar la resolución

del Tribunal de Primera Instancia por incumplir con su mandato

previo.

El 5 de diciembre de 2025, ordenamos a Publi-Inversiones

mostrar causa por la cual no debíamos expedir el recurso

discrecional.

Oportunamente,

la

recurrida

compareció

para

oponerse a su expedición. En resumen, manifiesta que el señor

Rivera Camacho presentó tardíamente su memorando de honorarios

de

abogado

y,

además,

que

el

mandato

del

Tribunal

de

Apelaciones no obligó al Tribunal de Primera Instancia a

otorgar

los

honorarios

adicionales,

sino

a

evaluar

su

procedencia.

Examinados los autos, expedimos el recurso de certiorari

peticionado

y

procedemos

a

resolver

la

controversia

sin

trámite ulterior, no sin antes precisar el derecho aplicable.

II

A. El mandato y la doctrina del mandato

En tanto que este Tribunal no ha tenido la oportunidad de

examinar la doctrina del mandato —conocida en el derecho común

como el mandate rule— con independencia de la figura procesal

del mandato, impartimos un análisis comparativo en aras de

aclarar su aplicación al caso de autos.

De entrada, es crucial distinguir ambos conceptos. Por un

lado, el mandato es un documento emitido por un tribunal

CC-2025-0527

7

apelativo para instruir a un foro adjudicativo de jerarquía

inferior sobre la disposición de la causa o los procedimientos

ulteriores que ha de seguir. 16AA Wright et als., Federal

Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters Sec.

3987 (5th ed. 2025). Por su parte, el mandate rule es la

doctrina jurisprudencial que, como norma general, requiere de

un foro recurrido obediencia a las decisiones de un tribunal

revisor. A. Crews, The Mandate Rule, 73 S.C.L. Rev. 263, 265

(2021).

En rigor, el mandato es una figura reglamentaria que

permite ordenar una providencia específica a un tribunal de

jerarquía inferior y tiene consecuencias jurisdiccionales de

envergadura, mientras que el mandate rule se refiere al efecto

del mandato, el cual establece la ley del caso para todas las

incidencias posteriores en un caso. Así pues, ambos conceptos

son caras de una sola moneda: si bien son complementarios, no

se entrelazan.

i.

El mandato

Antaño, hemos definido el mandato como una “‘[o]rden de

un

tribunal

superior

a

uno

de

inferior

jerarquía,

notificándole haber revisado el caso en apelación y enviándole

los términos de su sentencia’”. Pueblo v. Serrano Chang, 201

DPR 643, 650 (2018), citando a Mejías et al. v. Carrasquillo

et al., 185 DPR 288, 300-301 (2012). En otras palabras, es el

medio oficial que tiene un tribunal apelativo para informar su

decisión

al

tribunal

inferior

y

compelerlo

a

actuar

en

conformidad con tal dictamen. Pueblo v. Serrano Chang, supra,

CC-2025-0527

8

pág. 650; Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241, 246

(1969).

Por su naturaleza, el mandato es una figura propia del

derecho

procesal

apelativo.

En

tal

virtud,

se

encuentra

delineado en el Reglamento del Tribunal de Apelaciones y en el

Reglamento de este Tribunal. Para el 8 de enero de 2025, cuando

el Tribunal de Apelaciones expidió el mandato en el caso de

autos, la Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones,

4 LPRA Ap. XXII-B, disponía en lo pertinente lo siguiente:

Regla 84 – Moción de reconsideración; mandatos

. . . .

(E) Transcurridos diez (10) días laborables de haber

advenido final y firme la decisión del Tribunal de

Apelaciones, el Secretario(a) enviará el mandato al

Tribunal de Primera Instancia o a la agencia

correspondiente, junto con todo el expediente

original, cuando éste haya sido elevado.1

El mandato cobra relevancia especial en lo concerniente

a los efectos de índole jurisdiccional. Colón y otros v. Frito

Lays, 186 DPR 135, 153 (2012). Una vez se paralizan los

La Resolución ER-2025-01, aprobada el 24 de abril de 2025, In re

Aprobación Enmdas. Regl. TA, 2025 TSPR 42, 215 DPR __ (2025), enmendó la

Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para que, en lo

relevante, disponga lo siguiente:

1

Regla 84 – Moción de reconsideración; mandatos

. . . .

(E) La Secretaria o el Secretario enviará el mandato al

Tribunal de Primera Instancia o a la agencia correspondiente,

junto con todo el expediente original, cuando este haya sido

elevado. Esto ocurrirá: (i) una vez transcurridos diez días

laborables de haber advenido final y firme la decisión del

Tribunal de Apelaciones, o (ii) en cualquier momento anterior

a dicha fecha, o a la fecha en que advenga final y firme la

decisión, cuando, a iniciativa propia o a solicitud de parte,

así lo ordene el Tribunal de Apelaciones por causa justificada.

Íd., pág. 112.

Notablemente, el propósito de la enmienda fue otorgar discreción al

Tribunal de Apelaciones para remitir el mandato en cualquier momento, sin

tener que aguardar a que su decisión advenga final y firme. Por lo demás,

la reglamentación del mandato permanece inerte. Véase, Íd., pág. 113,

Comentario: Enmiendas del 2025 de la Regla 84.

CC-2025-0527

9

procedimientos ante el foro recurrido, ya sea por orden expresa

del tribunal apelativo o por efecto de la presentación de un

recurso, según sea el caso, el tribunal inferior pierde su

jurisdicción para continuar los procedimientos relativos a la

controversia recurrida. Pueblo v. Pérez, 159 DPR 554, 564

(2003); Pérez, Ex parte v. Depto. de la Familia, 147 DPR 556,

570 (1999). Por ello, será nula toda actuación del tribunal

recurrido relacionada con el asunto paralizado. Colón y otros

v. Frito Lays, supra, pág. 154; Pérez, Ex parte v. Depto. de

la Familia, supra, pág. 570. Pero Cfr., Pueblo v. Rivera, 75

DPR 903 (1954).

A diferencia de otras órdenes del tribunal apelativo,

este emite el mandato exclusivamente cuando dispone finalmente

de todos los asuntos ante su consideración. Pueblo v. Pérez,

supra, pág. 565 esc. 5; Pueblo v. Tribunal de Distrito, supra,

pág.

246.

Recibido

el

mandato,

el

tribunal

recurrido

readquiere jurisdicción para continuar los procedimientos,

conforme a lo que haya dictaminado el tribunal mandante. Pueblo

v. Pérez, supra, pág. 564; Pérez, Ex parte v. Depto. de la

Familia, supra, pág. 571. Esto significa, a su vez, que el

tribunal apelativo pierde su jurisdicción cuando expide el

mandato. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 456 (2003).

Solamente en casos muy excepcionales “es concebible que un

foro apelativo pueda válidamente ordenar la devolución de su

mandato, a los fines de reabrir un caso que ya era final y

firme, con el propósito de modificar un dictamen que por

razones desconocidas por ese foro al emitirlo resultó ser

crasamente erróneo e injusto”. Íd., pág. 456.

CC-2025-0527

ii.

10

La doctrina del mandato

La doctrina del mandato tiene sus raíces en la tradición

legal de habla inglesa y encuentra un desarrollo significativo

para nuestra jurisprudencia en la casuística y legislación

estadounidense. Véanse, Sibbald v. United States, 37 U.S. 488

(1838); An Act to Establish the Judicial Courts of the United

States, 1 Stat. 73, Sec. 24 (“[T]he Supreme Court shall […]

send a special mandate to the circuit court to award execution

thereupon”.).

En

el

ámbito

federal,

el

mandate

rule

se

interpreta como una versión particularmente restrictiva de la

doctrina de la ley del caso. Crews, supra, pág. 266. En

ocasiones

los

tribunales

federales

han

expresado

que

la

doctrina del mandato es un corolario de la ley del caso,

DeJoria v. Maghreb Petroleum Exploration, S.A., 935 F.3d 381,

394 (5th Cir. 2019), mientras que en otras han indicado que se

trata de una aplicación especial de la ley del caso, Demahy v.

Schwarz Pharma, Inc., 702 F.3d 177, 184 (5th Cir. 2012). Cabe

subrayar que la doctrina de la ley del caso expresa la práctica

general de los tribunales de negarse a reabrir lo decidido

firmemente. Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005);

Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754 (1992).

En lo sustantivo, la doctrina del mandato impide que un

foro adjudicativo de jerarquía inferior maneje el caso de forma

contraria a lo decidido por un tribunal de jerarquía superior.

In re Sanford Fork & Tool, 160 U.S. 247, 255 (1895); Pueblo v.

Serrano Chang, supra, pág. 650; Mejías et al. v. Carrasquillo

et al., supra, pág. 301. Recibido el mandato, el tribunal

CC-2025-0527

11

recurrido carece de facultad para ignorarlo o modificarlo, ya

que constituye la ley del caso entre las partes. Utah Pub.

Serv. Comm’n v. El Paso Nat. Gas Co., 395 U.S. 464, 467 (1969).

En virtud de lo anterior, la doctrina del mandato autoriza al

tribunal de jerarquía mayor para compeler el cumplimiento de

un

mandato

si

una

parte

así

lo

solicita

en

un

recurso

posterior.

El efecto del mandato alcanza incluso aquellas cuestiones

que, si bien no se litigaron, pudieron litigarse. Mejías et

al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 302; Pan American v.

Tribunal Superior, 97 DPR 447, 451 (1969). Véase, Fiddler v.

Tribl. Contribuciones, 68 DPR 847 (1948). En otras palabras,

remitido el mandato, el tribunal de jerarquía inferior carece

de discreción para reconsiderar asuntos que, aunque pudieron

traerse ante la consideración del tribunal apelativo, no se

sometieron. Pueblo v. Serrano Chang, supra, pág. 651; Colón y

otros v. Frito Lays, supra, pág. 153. Véase, Wright et als.,

op. cit., Sec. 4478.3 (“Nor may the district court be permitted

to reconsider its own rulings made before appeal and not raised

on appeal”.).

No

obstante,

el

tribunal

de

rango

inferior

mantiene

discreción para reconsiderar asuntos ajenos al mandato, a

saber: aquellos que no estuvieron expresa o implícitamente

ante la consideración del tribunal revisor. Pueblo v. Serrano

Chang, supra, pág. 651; Mejías et al. v. Carrasquillo et al.,

supra, págs. 302-303. Los asuntos explícitos son “los que

surgen

de

la

sentencia

claramente

y

sin

espacio

a

ambivalencias”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra,

CC-2025-0527

12

pág. 303. Por su parte, los asuntos implícitos son “aquellas

cuestiones que, si bien no se litigaron, pudieron haberse

litigado, aquellas que surgen del mandato mismo, así como

aquellas que se deben realizar para que resulte efecto el

mandato”. Íd. Así pues, “[e]l pequeño ámbito que no queda

incluido en el mandato son los únicos asuntos que el tribunal

de inferior jerarquía podrá revisar”. R. Hernández Colón,

Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta

ed., San Juan, LexisNexis, 2017, pág. 489. Véase, Sprague v.

Ticonic Nat. Bank, 307 U.S. 161 (1939).

Ahora bien, la doctrina del mandato, al igual que la

doctrina de la ley del caso, tiene excepciones que permiten la

inobservancia

del

mandato.

Las

excepciones

de

ambas

son

virtualmente iguales: (1) durante los procesos posteriores al

mandato

surge

evidencia

que

modifica

sustancialmente

los

hechos y la controversia del caso; (2) ocurre un cambio en el

estado de derecho, y (3) la decisión previa es palpablemente

errónea y puede causar una injusticia grave. Demahy v. Schwarz

Pharma, Inc., supra, págs. 184-185; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v.

E.L.A., 152 DPR 599, 607-608 (2000). Sin embargo, el tribunal

de jerarquía inferior deberá solicitar la autorización del

tribunal de jerarquía superior para apartarse del mandato bajo

estas

excepciones,

salvo

que

exista

una

razón

clara

y

contundente que amerite el desvío con premura. Wright et als.,

op. cit., Sec. 4478.3. Véase, Pueblo v. Tribunal de Distrito,

supra, pág. 247.

Por último, cabe resaltar que la doctrina del mandato

aplica únicamente en la relación entre tribunales de jerarquía

CC-2025-0527

13

distinta. En cambio, el mandato de un tribunal apelativo

constituye la ley del caso para ese mismo foro. Por ello,

cuando un tribunal apelativo decida revisar su mandato previo,

aplicará la doctrina de la ley del caso, pero no la doctrina

del mandato. R. Hernández Colón, op. cit., pág. 5. Véanse,

Félix v. Las Haciendas, supra; Noriega v. Gobernador, 130 DPR

919 (1992).

B. El memorando de honorarios de abogado en reclamaciones

laborales

Nuestro

ordenamiento

jurídico

prohíbe

el

cobro

de

honorarios de abogado a los empleados que reclamen contra sus

patronos. Hernández Maldonado v. Taco Maker, 181 DPR 281, 295

(2011). Más bien, si el empleado prevalece en una reclamación

laboral, recae sobre el patrono el pago de los honorarios.

Íd.; Ortiz y otros v. Mun. de Lajas, 153 DPR 744, 751 (2001).

En ese sentido, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, Ley sobre

Despidos Injustificados, 29 LPRA sec. 185a et seq., dispone

que la cantidad mínima correspondiente a honorarios de abogado

que debe otorgar el tribunal “nunca será menor del quince por

ciento (15%) del total de la compensación o cien dólares

($100), la que fuere mayor”. 29 LPRA sec. 185k. El quince por

ciento aludido constituye una base mínima de compensación en

honorarios de abogado, pero el adjudicador puede otorgar una

suma mayor conforme a los criterios para determinar honorarios

razonables establecidos en López Vicil v. ITT Intermedia,

Inc., 143 DPR 574 (1997). Véase, Hernández Maldonado v. Taco

Maker, supra, pág. 297.

CC-2025-0527

14

En López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra, pág. 583,

aunque resuelto al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de

1959, Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, 29 LPRA sec. 146 et

seq., decretamos que, cuando se justifique otorgar una cuantía

mayor por concepto de honorarios de abogado en reclamaciones

laborales,

el

tribunal

podrá

concederla

basándose

en

una

solicitud juramentada que detalle las horas trabajadas por la

representación legal y la tarifa a cobrar por cada hora. El

juzgador tendrá discreción para conferir sumas adicionales

reclamadas en el memorando, siempre y cuando consigne por

escrito sus fundamentos. Hernández Maldonado v. Taco Maker,

supra, pág. 298; López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., supra,

pág. 584. De esta manera, la cantidad otorgada será revisable

en aras de evitar abuso de discreción. Hernández Maldonado v.

Taco Maker, supra, pág. 297.

Antes bien, en Ortiz Valle v. Panadería Ricomini, 210 DPR

831 (2022), impusimos un término de catorce días, contado a

partir del archivo en autos de copia de la notificación de la

sentencia o desde la remisión del mandato en caso de trámite

apelativo posterior, para solicitar honorarios adicionales en

reclamaciones laborales. Íd., pág. 845. En lo particular,

dispusimos

que

la

naturaleza

de

dicho

término

es

de

cumplimiento estricto. Íd., pág. 844. Así pues, un memorando

de honorarios de abogado sometido fuera de término sin justa

causa no debe ser considerado por el tribunal. Íd., pág. 845.

III

No nos corresponde decidir los méritos de la solicitud de

honorarios de abogado en esta etapa. Más bien, debemos resolver

CC-2025-0527

15

si el Tribunal de Apelaciones erró al permitir que el Tribunal

de Primera Instancia actuara en menoscabo de su mandato. Por

razón de que el foro primario inobservó lo ordenado, procede

devolverle el caso para que ejecute lo instruido por el foro

intermedio.

El 24 de octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones dictó

una sentencia final resolviendo todos los asuntos del caso. En

lo pertinente, el tribunal apelativo revocó la resolución que

aumentaba los honorarios de abogado al veinticinco por ciento

y ordenó al foro primario evaluar en detalle el memorando de

honorarios en cuestión, antes de conceder cualquier cantidad

adicional al quince por ciento dispuesto por ley. Asimismo, el

Tribunal

de

Apelaciones

requirió

del

foro

inferior

los

fundamentos de su prospectiva decisión por escrito, de manera

que la razonabilidad de los honorarios a concederse fuera

revisable.

El 8 de enero de 2025, el Tribunal de Apelaciones remitió

su mandato al Tribunal de Primera Instancia. Sin embargo, el

foro primario declaró no ha lugar el memorando de honorarios

de abogado del señor Rivera Camacho y reinstaló la cuantía

concedida originalmente, equivalente al quince por ciento de

la compensación. Para esa decisión, el tribunal primario se

fundamentó

en

la

defensa

de

Publi-Inversiones

de

que

el

memorando fue radicado tardíamente. Antes bien, ese argumento

nunca

estuvo

ante

la

consideración

del

Tribunal

de

Apelaciones. Así pues, el foro primario erró al considerar esa

postura, pues, si bien la recurrida no la esgrimió antes,

incidía sobre la médula de lo ordenado por el mandato. Es

CC-2025-0527

decir,

el

memorando

16

argumento

pudo

de

litigarse

la

presentación

antes

de

que

el

inoportuna

foro

del

apelativo

decidiera la controversia, pero no fue así.

En todo caso, la defensa de presentación inoportuna es

improcedente. El 1 de mayo de 2024, el Tribunal de Primera

Instancia notificó su dictamen final sobre la controversia.

Luego, el 10 de mayo de 2024 el peticionario presentó el

memorando de honorarios, aunque fue suplementado ulteriormente

el 27 de junio de 2024 a solicitud del propio tribunal. Nótese

que el memorando de 10 de mayo de 2024 nunca fue anulado, sino

detallado. Igualmente, el mandato de 8 de enero de 2025 del

Tribunal de Apelaciones requirió la evaluación del memorando

original suplementado, no la presentación de un nuevo escrito.

En

consecuencia,

el

memorando

fue

presentado

dentro

del

término de cumplimiento estricto de catorce días el 10 de mayo

de 2024.

Con todo, para efectos de la doctrina del mandato, el

tribunal inferior no invocó ninguna excepción que justificara

desatender

el

mandato.

No

menos

importante,

no

medió

autorización del tribunal de jerarquía superior para que el

foro primario se apartara del mandato. Mucho menos estamos

ante una circunstancia clara y contundente que ameritara el

desvío con premura.

Por lo cual, el Tribunal de Primera

Instancia carecía de autoridad para reconsiderar una cuestión

decidida

por

el

foro

revisor.

Por

consiguiente,

erró

el

tribunal primario al ponderar la postura de Publi-Inversiones

y, consecuentemente, menoscabar el mandato.

CC-2025-0527

17

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones erró al negarse

posteriormente a compeler el cumplimiento de su mandato. En

aras

de

proteger

el

trámite

ordenado

y

expedito

de

los

litigios, así como la estabilidad y certeza del derecho, el

tribunal intermedio debe velar por la adhesión fiel a su

mandato. Véase, Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR

217, 222 (1975).

IV

Por las razones expuestas, se expide el auto de certiorari

y se revoca la decisión recurrida y la resolución dictada por

el Tribunal de Primera Instancia el 22 de abril de 2025. Se

devuelve el caso al foro de origen para que cumpla con el

mandato del Tribunal de Apelaciones remitido el 8 de enero de

2025, de forma compatible con este dictamen.

Se dictará Sentencia en conformidad.

RAFAEL L. MARTÍNEZ TORRES

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Rivera Camacho

Peticionario

v.

CC-2025-0527

Publi-Inversiones de

Puerto Rico

Recurrida

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2026.

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión

que antecede, la cual se hace formar parte de esta

Sentencia, se expide el auto de certiorari y se revoca

la decisión recurrida y la resolución dictada por el

Tribunal de Primera Instancia el 22 de abril de 2025.

Se devuelve el caso al foro de origen para que cumpla

con el mandato del Tribunal de Apelaciones remitido el

8 de enero de 2025, de forma compatible con este

dictamen.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

El Juez Asociado señor

Candelario López emitió una Opinión de conformidad.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Jorge Rivera Camacho

Peticionario

v.

CC-2025-0527

Publi-Inversiones de

Puerto Rico

Recurrida

Opinión de conformidad emitida por el Juez Asociado señor

CANDELARIO LÓPEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2026.

Estoy conforme con la Opinión del Tribunal en este

caso, pues entiendo que el foro apelativo intermedio estaba

obligado a exigir el cumplimiento de su mandato. Ello, en

aras de proteger el trámite ordenado y expedito de los

litigios, tal y como menciona la mayoría de mis compañeros

y compañeras de estrado. Igualmente, me parece en extremo

importante puntualizar que, en nuestro ordenamiento, la

figura

del

mandato

no

constituye

una

mera

formalidad

procesal. Por el contrario, representa el vehículo mediante

el cual un tribunal revisor comunica su decisión y delimita

los contornos dentro de los cuales debe continuar el litigio

en el foro inferior. De ahí que su cumplimiento no sea

opcional ni sujeto a reinterpretaciones discrecionales. De

este modo, según se menciona en la Opinión, cuando un

tribunal

revisor

decide

un

asunto,

los

magistrados

de

jerarquía inferior no tienen discreción para apartarse de

ese dictamen.

CC-2025-0527

2

Así lo enfatizamos recientemente al mencionar que,

estén o no de acuerdo, los jueces de los foros inferiores

deben seguir y respetar el dictamen de un foro superior.

Véase Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico y

Pentagon Federal Credit Union v. ELA, 2026 TSPR 36, 218 DPR

__ (2026). De hecho, en esa ocasión, indicamos que lo

anterior es parte de nuestro sistema judicial jerárquico,

“cuyo funcionamiento depende de que las decisiones de los

tribunales de mayor jerarquía sean acatadas y ejecutadas

por los jueces de jerarquía inferior”. Íd., citando a In re

Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 468 (2017). Esto tiene su

arraigo en que “[l]a autoridad y legitimidad del Poder

Judicial descansa, necesariamente, en que se acaten sus

decisiones y mandatos”. Íd.

Por ello, estoy conforme con la determinación de la

mayoría de que, ante un incumplimiento claro del mandato

por parte del foro primario, el Tribunal de Apelaciones no

podía rehusar intervenir. Su rol no se limita a revisar

errores

sustantivos,

sino

que

incluye,

velar

por

la

ejecución fiel de sus propias órdenes. Permitir lo contrario

equivaldría a convertir el mandato en una recomendación,

desprovista de fuerza vinculante, lo cual es incompatible

con la lógica del sistema apelativo.

Por otra parte, reitero la importancia de distinguir

entre la jurisdicción para adjudicar un caso en sus méritos,

y la potestad inherente de los tribunales para compeler el

CC-2025-0527

3

cumplimiento de sus propios mandatos. De ordinario, un

tribunal

pierde

jurisdicción

sobre

los

méritos

de

una

controversia una vez se expide su mandato. No obstante,

ello no implica que quede desprovisto de autoridad para

intervenir posteriormente con el propósito de hacer valer

lo

previamente

ordenado.

Esa

facultad

no

altera

lo

adjudicado, por el contrario, garantiza su eficacia. En ese

sentido, se trata de una manifestación de la potestad

inherente de los tribunales para proteger la integridad de

sus procesos y asegurar que sus pronunciamientos no queden

en letra muerta.

En

este

caso,

ante

un

señalamiento

claro

de

incumplimiento por parte del foro primario, la función del

Tribunal de Apelaciones tenía que ser asegurar la ejecución

de lo ya dispuesto. Además, desde una perspectiva más

amplia, debemos tener en cuenta el impacto que tiene el

incumplimiento de los mandatos sobre la economía procesal

y el acceso a la justicia. Cada vez que una parte se ve

obligada a recurrir nuevamente a los tribunales para hacer

valer un dictamen previo, se incrementan los costos, se

prolonga el litigio y se debilita la percepción de certeza

en nuestro sistema de justicia.

Sin duda, el mandato no es una sugerencia, sino una

orden que define los parámetros dentro de los cuales debe

continuar el litigio. Su cumplimiento no solo asegura la

CC-2025-0527

coherencia

del

4

caso

particular,

sino

que

preserva

estabilidad del aparato judicial.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado

la