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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Flores Reyes v. Prestress Manufacturing Corp.

2026 TSPR 53

Poder Judicial de Puerto Rico

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Flores Reyes v. Prestress Manufacturing Corp.

CC-2025-0135

18 de mayo de 2026 · Hon. Erick V. Kolthoff Caraballo · Derecho Laboral y Procedimiento Civil – Incompatibilidad de una moción de reconsideración con el procedimiento sumario laboral; efecto de la presentación de una moción de relevo de sentencia en un procedimiento instado al amparo de la Ley Núm. 2 en cuanto a la interrupción de los términos prescriptivos.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Javier Flores Reyes

Recurrido

2026 TSPR 53

v.

218 DPR ___

Prestress Manufacturing Corp.

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2025-0135

18 de mayo de 2026

Tribunal de Apelaciones:

Panel III

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcda. Kayra A. Dávila Torres

Lcdo. Jaime L. Sanabria Montañez

Lcda. Yelitza Rivera Aponte

Representante legal de la Parte Recurrida:

Lcdo. Juan M. Frontera-Suau

Materia: Derecho Laboral y Procedimiento Civil – Incompatibilidad

de una moción de reconsideración con el procedimiento sumario

laboral; efecto de la presentación de una moción de relevo de

sentencia en un procedimiento instado al amparo de la Ley Núm. 2 en

cuanto a la interrupción de los términos prescriptivos.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

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Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Javier Flores Reyes

Recurrido

v.

CC-2025-0135

Certiorari

Prestress Manufacturing

Corp.

Peticionario

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado señor

Kolthoff Caraballo

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2026.

En esta ocasión nos corresponde atender varias

interrogantes que surgieron de una Querella presentada

al amparo del procedimiento sumario laboral provisto

por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, infra, a

raíz

de

un

alegado

despido

injustificado,

según

descrito por la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

infra, y en alegadas represalias conforme a la Ley Núm.

115 de 20 de diciembre de 1991, infra. En específico,

repasaremos la normativa sobre la presentación de una

moción de reconsideración bajo la Ley Núm. 2, supra.

Además, evaluaremos cómo y cuándo la moción de relevo

de sentencia puede afectar los términos prescriptivos.

CC-2025-0135

Por

3

los

fundamentos

que

expondremos

a

continuación,

concluimos que: (1) el procedimiento sumario es incompatible

con las mociones de reconsideración; y que (2) en los casos

tramitados al amparo de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de

1961, infra, la mera acción de presentar una moción de relevo

no tiene el efecto de interrumpir los términos prescriptivos,

salvo cuando el resultado de la moción sea favorable para el

peticionario.

Con

lo

anterior

en

mente,

procedemos

a

exponer

el

trasfondo fáctico y procesal que originó la controversia ante

nuestra consideración. Veamos.

I

La relación laboral entre el Sr. Javier Flores Reyes

(señor Flores Reyes o Recurrido) y su antiguo patrono, Prestress

Manufacturing Corp. (Prestress o Peticionaria), se originó a

finales de la década de los noventa. No obstante, luego de

renunciar en varias ocasiones y por distintas razones, el

11 de agosto de 2014, Prestress contrató nuevamente al señor

Flores Reyes, en esta ocasión para que ejerciera el puesto de

Gerente de Planta. Sin embargo, por el alegado resultado de una

reorganización,

el

3

de

agosto

de

2017,

la

Peticionaria

prescindió de los servicios del señor Flores Reyes.

En desacuerdo con los fundamentos que Prestress le brindó

para su despido, el 12 de marzo de 2018 el Recurrido presentó

ante el Tribunal de Primera Instancia una primera Querella en

contra de su antiguo patrono por despido injustificado al amparo

de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, infra, y en represalias

conforme a la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, infra.

CC-2025-0135

4

El 7 de noviembre de 2022, transcurridos varios años

desde la presentación de la primera Querella y, luego de una

serie de advertencias que surgieron por la inactividad del

Recurrido, el foro de primera instancia dictó una sentencia en

la que desestimó sin perjuicio la acción instada por el señor

Flores Reyes. A su vez, la notificación de esta determinación

se efectuó el 9 de noviembre de 2022; iniciando así el término

jurisdiccional

de

10

días

para

interponer

un

recurso

de

apelación conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de

octubre de 1961, infra.

No obstante lo anterior, el 28 de noviembre de 2022, ya

advenida final y firme la sentencia emitida por el Tribunal de

Primera Instancia, el Recurrido presentó un escrito titulado

Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia. Allí, el

señor Flores Reyes expresó que su reiterado incumplimiento con

las órdenes del tribunal surgió a raíz de un percance de salud

de

su

representación

legal,

lo

cual

imposibilitó

del

foro

su

comparecencia.

Consecuentemente,

el

juzgador

de

primera

instancia le concedió a Prestress “hasta el 15 de enero de 2023

para replicar la Solicitud de Reconsideración del querellante”.

Sin embargo, el Peticionario optó por no expresar su postura

respecto a la solicitud del Recurrido. Dicha acción, a su vez,

no favoreció al señor Flores Reyes, puesto que el 18 de agosto

de 2023, el Tribunal de Primera Instancia denegó su moción de

relevo.

Así las cosas, el 15 de febrero de 2024 (trascurridos

cerca de 14 meses desde que adviniera final y firme la sentencia

CC-2025-0135

dictada

por

5

el

foro

de

primera

instancia

en

la

primera

Querella), el señor Flores Reyes presentó una segunda Querella

en contra de Prestress por fundamentos idénticos a los expuestos

en la Querella inicial.

En

su

alegación

responsiva

a

esta

nueva

Querella,

Prestress incluyó como defensa afirmativa la prescripción total

o

en

parte

de

las

reclamaciones

instadas

por

la

parte

querellante. Además, la Peticionaria presentó una Solicitud de

Desestimación por Prescripción con relación a la Ley Núm.

80-1976 sobre Despidos Injustificados en la que argumentó que

el foro de primera instancia carecía de jurisdicción para

atender el planteamiento referente a la Ley Núm. 80 de 30 de

mayo de 1976, infra. Lo anterior se debió a que, conforme al

Art. 12 de la referida ley, el señor Flores Reyes tenía la

obligación de presentar la segunda Querella dentro del término

de un año, contado a partir de la desestimación de la Querella

original.

En desacuerdo con los señalamientos de Prestress, el

Recurrido presentó una Moción en Oposición a la Desestimación,

en la que expresó que, una vez que el Tribunal de Primera

Instancia

acogió

y

se

expresó

respecto

a

la

Moción

de

Reconsideración y/o Relevo de Sentencia que este presentó el

28 de noviembre de 2023, referente a la primera Querella, se

interrumpió el término prescriptivo de un año dispuesto en la

Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, infra. Así, pues, según

alegó el señor Flores Reyes, el término prescriptivo no comenzó

a transcurrir hasta que el Tribunal de Primera Instancia tomó

CC-2025-0135

6

una determinación respecto a la moción de relevo de sentencia,

sin importar el resultado de dicha determinación.

Expuestas ambas posturas, el juzgador del foro de primera

instancia emitió una Resolución Interlocutoria en la que denegó

la solicitud de desestimación que presentó Prestress. Por esta

razón, la Peticionaria recurrió ante el Tribunal de Apelaciones

y señaló que el foro de primera instancia erró al no desestimar

la causa de acción que surge al amparo de la Ley Núm. 80 de

30 de mayo de 1976, infra, dado que, según su parecer, no tenía

jurisdicción para atenderla por estar prescrita.

No obstante lo anterior, los reclamos de la Peticionaria

resultaron nuevamente infructuosos. Ello debido a que el foro

apelativo intermedio emitió una Resolución en la que denegó

atender los planteamientos de Prestress basándose en que, según

dicho foro, ni el remedio, ni la disposición de la resolución

recurrida son contrarios a derecho.

Inconforme

con

la

determinación

del

Tribunal

de

Apelaciones, Prestress acudió ante nos mediante un recurso de

certiorari. En este, alegó que el foro recurrido erró al no

decretar la desestimación de la segunda Querella presentada por

el señor Javier Flores, a pesar de estar prescrita. Sostuvo,

por ende, que la Moción de Reconsideración y/o Relevo de

Sentencia presentada por el Recurrido en la primera Querella,

la cual fue denegada, no interrumpió ni suspendió los términos

prescriptivos. Asimismo, la Peticionaria señaló que erró el

foro

apelativo

intermedio

al

no

concluir

que:

(1)

las

solicitudes de reconsideración no están permitidas bajo el

Procedimiento Sumario Laboral de la Ley Núm. 2-1961; (2) las

CC-2025-0135

7

mociones de relevo de sentencia denegadas no interrumpen ni

suspenden

los

términos

prescriptivos;

(3)

el

Recurrido

no

expuso eficazmente los motivos que fundamentaban su moción de

relevo; y (4) el incumplimiento con lo anterior ocasiona que

la acción esté prescrita.

Expuesto el cuadro fáctico, procederemos a repasar la

doctrina jurídica atinente a la controversia planteada.

II

A.

Procedimiento Sumario de Reclamaciones Laborales

La Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada,

conocida como la Ley de Procedimiento Sumario de Reclamaciones

Laborales (Ley Núm. 2), 32 LPRA sec. 3118 et seq., se creó con

el fin de establecer un procedimiento sumario para los casos

de reclamaciones de obreros y empleados contra sus patronos por

servicios prestados. La esencia de dicho trámite “es proveer

un

mecanismo

procesal

judicial

que

logre

la

rápida

consideración y adjudicación de las querellas presentadas por

los

obreros

o

empleados,

principalmente

en

casos

de

reclamaciones salariales y beneficios”.1

Este procedimiento de naturaleza sumaria es el recurso

principal “para la implantación de la política pública del

Estado de proteger el empleo, desalentando el despido sin justa

causa y proveyendo al obrero así despedido los medios económicos

para la subsistencia de éste y de su familia, en la etapa de

Rivera v. Insular Wire Products Corp., 140 DPR 912, 923 (1996). Véase,

también, Vizcarrondo Morales v. MVM, Inc., 174 DPR 921, 928 (2008).

1

CC-2025-0135

8

transición entre empleos”.2 Por medio de este procedimiento

sumario

“[s]e

promueve

la

protección

de

los

derechos

del

empleado, quien ha perdido su fuente de ingresos o ha sido

privado de sus derechos”.3

Las particularidades de este estatuto se han examinado

hasta la saciedad. Sin embargo, a modo de repaso, algunas de

las novedades que introdujo la Ley Núm. 2, supra, en las

acciones laborales son las siguientes:

(1) [t]érminos cortos para la contestación de la

querella presentada por el obrero o empleado;

(2) criterios para la concesión de una sola

prórroga para contestar la querella; (3) un

mecanismo para el emplazamiento del patrono

querellado; (4) el procedimiento para presentar

defensas y objeciones; (5) criterios para la

aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil;

(6) una limitación específica sobre el uso de los

mecanismos de descubrimiento de prueba; (7) una

prohibición

específica

de

demandas

o

reconvenciones

contra

el

obrero

o

empleado

querellante; (8) la facultad del tribunal para

dictar sentencia en rebeldía cuando el patrono

querellado no cumpla con los términos provistos

para contestar la querella, y (9) los mecanismos

para la revisión y ejecución de las sentencias y

el embargo preventivo.4

De una evaluación somera de los avances que incorpora la

Ley Núm. 2, supra, en la tramitación de las causas de acción,

se refleja el espíritu de agilidad que fomenta. En la misma

línea y, en aras de flexibilizar los procesos, la propia Ley

Núm. 2, supra, dispone que las Reglas de Procedimiento Civil

aplicarán

supletoriamente

en

todo

aquello

que

no

esté

en

Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, pág. 923. Véanse,

también, Izagas Santos v. Family Drug Center, 182 DPR 463, 480

(2011); Mercado Cintrón v. Zeta Com., Inc., 135 DPR 737 (1994).

2

3

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 33 (2020).

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR 439, 446 (2016), citando

a Rivera v. Insular Wire Products Corp., supra, págs. 923-924.

4

CC-2025-0135

9

conflicto con las disposiciones específicas de esta o con el

carácter sumario del procedimiento especial establecido en la

referida legislación.5

Cabe destacar que lo anterior se determinará evaluando

si la regla en cuestión es “conflictiva o contraria con alguna

disposición específica de la ley especial, y con el carácter

sumario del procedimiento”.6 Con ello en mente, adentrémonos en

la evaluación de si las mociones de reconsideración constituyen

una de las instancias en las que el procedimiento sumario debe

apartarse de las Reglas de Procedimiento Civil.

i.

Moción de reconsideración

Es

sabido

que

la

moción

de

reconsideración

es

la

herramienta provista por nuestro ordenamiento jurídico para que

una

parte

adversamente

afectada

solicite

al

tribunal

que

modifique o deje sin efecto una sentencia, resolución u orden.7

Así, por virtud de este mecanismo, el tribunal que dictó la

sentencia

o

resolución

tiene

la

oportunidad

de

rectificar

cualquier error en el que hubiese incurrido.8

De

ordinario,

en

nuestro

ordenamiento

jurídico

se

favorece la concesión de este tipo de solicitud. Ello se debe

a que, con su utilización, se le brinda al foro sentenciador

5

32 LPRA sec. 3120.

Peña Lacern v. Martínez Hernández et. al, 210 DPR 425 (2022) citando a

Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 DPR 314, 321 (1975).

6

Constructora Estelar v. Aut. Edif. Pub., 183 DPR 1, 24 (2011). Véase,

también, J. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San

Juan, Pubs. JTS, 2011, T. IV, pág. 1366.

7

Mun. Rincón v. Velázquez Muñiz y otros, 192 DPR 989, 996 (2015); J.

Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, San Juan, [Ed. del

autor], 2010, pág. 271.

8

CC-2025-0135

10

la oportunidad de corregir sus errores, evitando así que las

partes incurran en los gastos que conlleva la presentación de

un recurso apelativo.9 Sin embargo, a pesar de sus múltiples

beneficios, lo cierto es que la moción de reconsideración tiene

el potencial de dilatar la adjudicación del pleito. Lo anterior

debido a que, presentar una moción de reconsideración de manera

oportuna interrumpe el término para acudir ante el foro revisor.

Específicamente, hasta que se archive en autos copia de la

notificación de la resolución en la que se resuelve la moción

de reconsideración.10

Ahora bien, a pesar del evidente mandato legislativo que

favorece

la

celeridad

de

la

tramitación

de

las

acciones,

la Ley Núm. 2, supra, guarda silencio sobre la posibilidad de

presentar mociones de reconsideración. Por tal razón, este

Tribunal se tomó la tarea de llenar ese vacío. En el ejercicio

de evaluar la utilización de la moción de reconsideración en

una acción instada al amparo del procedimiento sumario laboral,

miembros de este Tribunal han expresado que este mecanismo es

incompatible con el “[i]deal de proveer un remedio rápido y

eficaz” que emana del procedimiento sumario provisto por la Ley

Núm. 2, supra.11 Poco después este Tribunal resolvió que, debido

a la naturaleza sumaria de los procedimientos al amparo de la

R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal

civil, 5ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2010, pág. 395.

9

Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; Lagares v. E.L.A.,

144 DPR 601 (1997).

10

Véase Burgos Santiago v. UIPR, 194 DPR 703 (2016), voto particular emitido

por el Juez Asociado señor Luis F. Estrella Martínez.

11

CC-2025-0135

Ley

Núm.

2,

11

supra,

la

figura

de

la

reconsideración

interlocutoria es incompatible con dichos procedimientos.12

En

cuanto

a

la

reconsideración

de

determinaciones

finales, en Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, 196 DPR

439 (2016), evaluamos precisamente si las sentencias dictadas

en un pleito tramitado al amparo del procedimiento sumario

laboral pueden ser objeto de reconsideración.13 Allí, basándonos

en los mismos fundamentos que en Medina Nazario v. McNeil

Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016), determinamos que la moción

de reconsideración de una determinación final es incompatible

con el procedimiento sumario laboral provisto por la Ley Núm.

2, supra.14 En particular, resaltamos que este estatuto persigue

evitar dilaciones innecesarias en la rápida resolución de las

controversias.

Hacemos hincapié en que este Tribunal ha reiterado lo

resuelto en Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, supra, en

múltiples ocasiones.15 Así, pues, queda meridianamente claro

que las mociones de reconsideración van en contra de la esencia

misma del estatuto en cuestión y, por consiguiente, no serán

permitidas en aquellos pleitos tramitados bajo el procedimiento

sumario laboral provisto por la Ley Núm. 2, supra.

12

Véase Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC., 194 DPR 723 (2016).

13

Patiño Chirino v. Parador Villa Antonio, supra.

14

Íd., en la pág. 450.

Véanse Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 DPR 796, 807 (2020); León

Torres v. Rivera Lebrón, supra, en la pág. 33; Ruiz Camilo v. Trafon Group,

Inc., 200 DPR 254, 267 (2018).

15

CC-2025-0135

12

ii. Moción de relevo

Previamente aclaramos que el legislador no se expresó

sobre la posibilidad de presentar mociones de reconsideración

en una acción instada al amparo del procedimiento sumario

laboral; vacío que, a su vez, fue llenado jurisprudencialmente.

Contrario

a

ello,

la

Ley

Núm.

2,

supra,

expone

las

circunstancias específicas en las que una parte afectada por

una sentencia podrá presentar una moción de relevo. Contando

así con la posibilidad de presentar la moción en cuestión,

procederemos a repasar en qué consiste y cuál será el efecto

de presentarla conforme a lo establecido en la ley.

En primer lugar, la moción de relevo es un mecanismo

procesal post sentencia que las partes tienen disponible para

solicitar al Tribunal de Primera Instancia el relevo de los

efectos de una sentencia.16 Sin embargo, tal y como señalamos

en Peña Lacern v. Martínez Hernández, 210 DPR 425 (2022), la

utilización de esta moción en el contexto del procedimiento

sumario laboral diverge en varios aspectos a la Regla 49.2 de

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap.V.17 Por ejemplo, una diferencia

importante

estriba

en

el

término

con

el

que

cuentan

los

promoventes para presentar la referida moción. En un trámite

ordinario regido enteramente por las Reglas de Procedimiento

Civil, supra, las partes cuentan con un término de 6 meses.

Contrario a ello y, en respuesta a la intención del legislador

de

agilizar

las

reclamaciones

de

índole

laboral,

en

el

procedimiento sumario, la moción de relevo se debe presentar

16

Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440 (2003).

17

Peña Lacern v. Martínez Hernández et al., supra, en la pág. 437.

CC-2025-0135

13

en 60 días (comenzados a transcurrir desde la notificación de

la sentencia).18

Por

otro

lado,

a

diferencia

de

la

Regla

49.2

de

Procedimiento Civil, supra, la Sección 6 de la Ley Núm. 2,

supra, dispone que, en casos de error, inadvertencia, sorpresa

excusable, negligencia [y/o] fraude, la parte promovente de la

moción de relevo tendrá que exponer, bajo juramento, los motivos

en que se funda su solicitud.19 Además, el legislador añadió

que, en aquellos casos en los que se presente la solicitud

fuera

del

término

de

60

días

y,

sin

estar

debidamente

juramentada, el tribunal la declarará sin lugar de plano.20

Aclarado lo anterior, debemos detenernos en el efecto de

presentar una moción de relevo que cumple con los requisitos

impuestos por la Ley Núm. 2, supra. Es decir, que haya sido

presentada dentro del término de 60 días posteriores a la

notificación

de

la

sentencia

y

que,

además,

haya

sido

juramentada. Superado que la solicitud haya sido presentada

conforme a derecho, ¿se afecta la finalidad de la sentencia?

Esa interrogante es de suma importancia debido a que, según

alegó el señor Flores Reyes, la presentación oportuna de la

moción de relevo interrumpió la finalidad de la sentencia y,

según este, los términos prescriptivos no se reanudaron hasta

tanto el foro de primera instancia resolvió la moción; sin

importar el resultado de su solicitud. Adelantamos que el

Recurrido erró en su apreciación de la normativa aplicable.

18

Íd. en la pág. 437.

19

32 LPRA sec. 3124.

20

Íd.

CC-2025-0135

14

Desde González v. Chávez, 103 DPR 474 (1975), reconocimos

que los dictámenes sobre una moción de relevo de sentencia

serán considerados como una resolución y no como una nueva

sentencia. A grandes rasgos, esa distinción responde a que

“[u]na moción bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de

una sentencia ni suspenderá sus efectos”.21 Así, pues, viéndose

inalterada la finalidad de la sentencia, la mera presentación

de la moción de relevo y el hecho de que el juzgador de instancia

la acoja y considere, no implica una interrupción automática

de los términos prescriptivos para apelar.

Por otra parte, aclaramos que, únicamente en aquellos

casos en los que la moción de relevo resulte favorable para el

promovente,

procederá

la

suspensión

de

los

efectos

de

la

sentencia.22 Lo anterior responde a que, siendo el promovente

exitoso en su solicitud, la sentencia objeto de la moción fue

debidamente relevada. Consecuentemente, cuando el juzgador de

instancia se enfrenta a una moción de relevo, la única cuestión

a resolver es si la parte promovente satisface los requisitos

estatutarios y jurisprudenciales.23 La acción adjudicativa no

implica la interrupción automática de los términos para apelar

y/o presentar una segunda querella.

Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. R. 49.2, 32 LPRA Ap. V. Véase,

además, Bco Santander PR v. Fajardo Farms Corp., 141 DPR 237 (1996).

21

Véase R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Michie

of P.R., 1996, pág. 308.

22

Véase Ortiz v. U. Carbide Grafito, Inc., 148 DPR 860 (1999), Opinión

concurrente del Juez Asociado señor Negrón García.

23

CC-2025-0135

B.

15

La prescripción extintiva

Existen

dos

clases

de

prescripción:

la

prescripción

adquisitiva y la prescripción extintiva. Por virtud de estas,

se adquieren o se extinguen los derechos y las acciones. No

obstante, en el presente caso nos enfocaremos en la prescripción

extintiva. El Art. 1189 del Código Civil de 2020 (31 LPRA sec.

9481) dispone que “[l]a prescripción [extintiva] es una defensa

que se opone a quien no ejercita un derecho o acción dentro del

plazo de tiempo que la ley fija para invocarlo. Las acciones

prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por ley”.24

Cónsono con lo anterior, la prescripción extintiva es una

figura de derecho sustantivo que extingue el derecho a ejercer

una causa de acción por la inacción de una parte durante un

tiempo determinado.25 En suma, tiene el propósito de castigar

la inercia y estimular el rápido ejercicio de las acciones.26

Por tanto, según hemos expresado, el transcurso del tiempo

establecido por ley sin que el titular de la acción la reclame,

da lugar a una presunción legal de abandono.27

Ahora bien, para evitar la extinción de las causas de

acción,

el

Código

interrumpirse

el

Civil

término

dispone

las

formas

prescriptivo.

En

en

que

cuanto

a

debe

los

mecanismos de interrupción, el Art. 1197 del Código Civil

de

2020,

dispone

que los

términos

prescriptivos

quedarán

24

Negrilla suplida.

25

Birriel Colón v. Econo y otros, 213 DPR 80 (2023).

26

Xerox Corp. v. Gómez Rodríguez y otros, 201 DPR 945, 952 (2019).

Landrau Cabezudo et al. v. Puertos et al., 215 DPR ____ (2025), 2025

TSPR 7.

27

CC-2025-0135

16

interrumpidos por el ejercicio de la acción ante los tribunales,

por

reclamación

extrajudicial

y

por

cualquier

acto

de

reconocimiento de la obligación por parte del deudor.28

Respecto a la presentación de una acción ante un foro

judicial, dicha acción tiene el efecto de congelar el término

prescriptivo

si

se

presentó

oportuna

y

eficazmente.29

Sin

embargo, acentuamos que el nuevo término iniciará cuando el

proceso judicial culmine efectivamente. Es decir, luego de

advenida final y firme la sentencia.

Por

otra

reclamaciones

expresado

parte,

en

salariales

que,

la prescripción de

en

cuanto

de

ausencia

las

a

un

de

la prescripción de

empleado

público, hemos

legislación

reclamaciones

las

salariales

especial,

de

los

servidores públicos se rige por los postulados del Código

Civil.30 La controversia ante nuestra consideración trata sobre

reclamaciones al amparo de la Ley Núm. 80, infra, y la Ley Núm.

115, infra. Contando con legislación especial que fija el

término

prescriptivo

de

las

causas

de

acción,

bastará

dirigirnos a ellas para determinar si el Recurrido presentó su

acción dentro del término dispuesto en ambas leyes.

i.

Ley Núm. 80, infra.

En primer lugar, la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976,

conocida como la Ley de Indemnización por Despido sin Justa

Causa, 29 LPRA sec. 185 et seq. (Ley Núm. 80), se creó para

31 LPRA sec. 9489. Véase Díaz Santiago v. International Textiles, 195 DPR

862, 868 (2016).

28

29

Íd. en la pág. 869.

30

Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 DPR 610, 621-622 (1990).

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17

desalentar la incidencia de despidos injustificados en Puerto

Rico y para proveer remedios a las personas que son despedidas

sin justa causa.31

Hemos

expresado

que

el

empleado

que

crea

tener

una

reclamación de este tipo podrá acudir al tribunal o al Negociado

de Normas del Trabajo del Departamento del Trabajo y Recursos

Humanos, ya que este último tiene la facultad para investigar

reclamaciones por despido injustificado, salarios dejados de

pagar, vacaciones y bonos, entre otras reclamaciones.32

En lo que respecta al término prescriptivo de la causa

de acción, el Art. 12 de la Ley Núm. 80, supra, dispone con

meridiana claridad que el término prescriptivo para solicitar

remedios al tenor con esta ley es de un año a partir de la

fecha efectiva del despido.33

ii.

Ley Núm. 115, infra.

La Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991, mejor conocida

como Ley de Represalias, 29 LPRA sec. 194 et seq. (Ley Núm.

115), se creó con el propósito de proteger a los empleados

contra las represalias que puedan tomar los patronos en contra

de éstos por ofrecer algún tipo de testimonio, expresión o

información, ya sea verbal o escrita, ante un foro legislativo,

administrativo o judicial en Puerto Rico.34 Si bien es cierto

que el alcance de esta ley se ha ampliado en beneficio de los

empleados,

en

el

caso

ante

nuestra

consideración

31

S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824, 831 (2011).

32

Díaz Santiago v. International Textiles, supra, en la pág. 872.

33

29 LPRA sec. 185l.

34

29 LPRA sec. 194a.

debemos

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18

enfocarnos, únicamente, en el término prescriptivo que dispone

la Ley Núm. 115, supra.

Según el Art. 2 de la Ley Núm. 115, supra, “[c]ualquier

persona que alegue una violación a esta ley podrá instar una

acción civil en contra del patrono dentro de tres años de la

fecha en que ocurrió dicha violación […]”.35 Como corolario, a

diferencia de la Ley Núm. 80, supra, que provee un año para la

reclamación en contra del patrono, la Ley Núm. 115, supra,

dispone que el perjudicado contará con un término prescriptivo

de tres años para incoar su reclamación.

Con lo anterior en mente, procedamos a resolver.

III

En

nuestra

encomienda

adjudicativa

de

solucionar

la

presente controversia debemos responder una sola interrogante:

¿La

presentación

oportuna

de

una

moción

de

relevo

en

un

procedimiento sumario laboral instado al amparo de la Ley Núm.

2, supra, tiene el efecto de interrumpir la finalidad de la

sentencia hasta tanto el juzgador del foro de primera instancia

la resuelva? Concluimos que no. Veamos.

Prestress acudió ante este Tribunal imputándole a los

foros a quo haber errado al concluir que la denegada Moción de

Reconsideración y/o Relevo de Sentencia que presentó el señor

Flores Reyes en el trámite sumario de la primera Querella

interrumpió y suspendió los términos prescriptivos. Además, a

grandes

rasgos,

la

Peticionaria

señaló

que

erró

el

foro

apelativo intermedio al no determinar que: (1) las mociones de

35

29 LPRA sec. 194b.

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19

reconsideración son incompatibles con el procedimiento sumario

laboral; y (2) las mociones de relevos denegadas no afectan la

finalidad de la sentencia. Lo cual, de haber sido resuelto

conforme a derecho, resultaría en la prescripción de la causa

de acción que emana de la Ley Núm. 80, supra, y mantendría viva

únicamente la reclamación al amparo de la Ley Núm. 115, supra.

A modo de repaso, la primera Querella que presentó el

Recurrido fue desestimada por inactividad el 7 de noviembre de

2022. La sentencia desestimatoria adivino final y firme el

21 de noviembre de 2022.36 Así, conforme al Art. 12 de la Ley

Núm. 80, supra, el señor Flores Reyes tendría un periodo de un

año para presentar nuevamente su reclamación. Sin embargo, no

fue hasta el 15 de febrero de 2024 que este presentó su segunda

Querella.

Es

decir,

cerca

de

14

meses

posteriores

a

que

adviniera final y firme la sentencia desestimatoria en la

primera

Tribunal

Querella,

de

el

Recurrido

Primera

Instancia

acudió

y

nuevamente

presentó

una

ante

el

segunda

reclamación por fundamentos idénticos a la primera.

El señor Flores Reyes alegó que la presentación de su

segunda reclamación no estaba prescrita debido a que presentó

una Moción de reconsideración y/o Relevo de Sentencia. Según

este, una vez el juzgador del foro de primera instancia acogió

su moción para considerarla, se interrumpió la finalidad de la

sentencia emitida el 7 de noviembre de 2022. Añadió que, debido

a que el Tribunal de Primera Instancia resolvió su solicitud

el 18 de agosto de 2023 (fecha en la que determinó no conceder

Según expuesto anteriormente, la notificación de la sentencia se realizó

el 9 de noviembre de 2022.

36

CC-2025-0135

20

el relevo de la sentencia), el término para presentar la segunda

Querella no comenzó a transcurrir hasta entonces. No le asiste

la razón.

La alegación del señor Flores Reyes, al igual que su

escrito, puede evaluarse de dos maneras: como una moción de

reconsideración o como una moción de relevo de sentencia. Para

la primera, ya sabemos que las mociones de reconsideración son

incompatibles con el procedimiento sumario laboral.37 Por tal

razón, la evaluaremos como una moción de relevo de sentencia.

Previamente discutimos varios aspectos de la moción de

relevo. Como, por ejemplo, los requisitos establecidos por la

Ley Núm. 2, supra, para que esta sea considerada por el foro

de primera instancia: (1) presentarla no más tarde de 60 días

posteriores a la notificación de la sentencia; y (2) estar

debidamente juramentada. Sin embargo, lo fundamental para la

controversia que nos atañe es el efecto de presentar la moción

de relevo y la relación, si alguna, con la interrupción de la

finalidad de la sentencia.

Conforme a lo anterior, y según discutido, resaltamos

que los dictámenes sobre una moción de relevo de sentencia

serán considerados como una resolución y no como una nueva

sentencia, precisamente por el hecho de que este tipo de

solicitud no interrumpe la finalidad de la sentencia. Tanto así

que la norma procesal lo expresa textualmente: “[u]na moción

bajo esta Regla 49.2 no afectará la finalidad de una sentencia

37

Patino Chirino v. Parador Villa Antonio, supra.

CC-2025-0135

21

ni suspenderá sus efectos”.38 La única excepción es que la

moción sea resuelta en favor del promovente, lo cual, ipso

facto, deja sin efecto la sentencia.

En vista de lo anterior, no albergamos duda de que la

Moción de Reconsideración y/o Relevo de Sentencia que presentó

el Recurrido no afectó la finalidad de la sentencia respecto a

la primera Querella. Como corolario, no se interrumpieron ni

suspendieron los términos prescriptivos.

Así, al advenir final

y firme la sentencia el 19 de noviembre de 2022, el señor Flores

Reyes tuvo desde ese momento para cumplir con los términos

prescriptivos

de

las

distintas

leyes

contempladas

en

su

reclamación.39 Permitir lo contrario atenta contra nuestros

pronunciamientos respecto a la razón de ser de los términos

prescriptivos y, por consiguiente, beneficiaría precisamente a

quien está destinado a castigar.40

IV

Por los fundamentos antes esbozados, se revocan los foros

a

quo

y,

por

razón

de

su

prescripción,

perjuicio

la

causa

de

acción

que

se

surge

desestima

con

al

de

amparo

la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. De conformidad con lo

aquí resuelto, se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que continúe con los procedimientos atinentes a

(Negrilla suplida). Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. R. 49.2,

32 LPRA Ap. V. Véase, además, Bco Santander PR v. Fajardo Farms Corp.,

supra.

38

Cabe destacar que, en esta etapa de los procedimientos, no nos compete

pormenorizar la validez de la reclamación del Recurrido al amparo de la Ley

Núm. 115, supra. Ese ejercicio le corresponderá al foro de primera instancia

cuando llegue su día.

39

40

Véase Xerox Corp. v. Gómez Rodríguez y otros, supra, en la pág. 952.

CC-2025-0135

22

la causa de acción por despido por represalias que establece

la Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Erick V. Kolthoff Caraballo

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Javier Flores Reyes

Recurrido

v.

CC-2025-0135

Certiorari

Prestress Manufacturing

Corp.

Peticionario

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de mayo de 2026.

Por los fundamentos antes expuestos en la Opinión

que antecede la cual se hace formar parte íntegra de la

presente, se revocan los foros a quo y, por razón de su

prescripción, se desestima con perjuicio la causa de

acción que surge al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de

mayo de 1976. De conformidad con lo aquí resuelto, se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para

que continúe con los procedimientos atinentes a la causa

de acción por despido por represalias que establece la

Ley Núm. 115 de 20 de diciembre de 1991.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica

el Secretario del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo