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Tribunal Supremo de Puerto Rico

El Pueblo v. Torres Huertas

2026 TSPR 48

Poder Judicial de Puerto Rico

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El Pueblo v. Torres Huertas

CC-2026-0240

1 de mayo de 2026 · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

2026 TSPR 48

v.

218 DPR ___

Juan Francisco Torres Huertas

Peticionario

Número del Caso:

Fecha:

CC-2026-0240

1 de mayo de 2026

Tribunal de Apelaciones:

Panel IV

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Marangely González Correa

Sociedad para Asistencia Legal

Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2026-0240

Certiorari

Juan Francisco Torres Huertas

Peticionario

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2026.

Examinada la Petición de certiorari y la Moción

solicitando paralización de los procedimientos en

auxilio de jurisdicción presentadas en este caso, se

provee no ha lugar a ambas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón

Pérez emitió un Voto Particular Disidente al cual se

unió la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez. El Juez

Asociado señor Estrella Martínez proveería ha lugar

tanto a la Petición de certiorari, como a la Moción

solicitando paralización de los procedimientos en

auxilio de jurisdicción.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

El Pueblo de Puerto Rico

Recurrido

v.

CC-2026-0240

Juan Francisco Torres Huertas

Peticionario

Voto Particular Disidente emitido por el Juez Asociado señor COLÓN

PÉREZ, al cual se une la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 1 de mayo de 2026.

En Pueblo v. Torres Huertas, 216 DPR ___, 2025

TSPR 79, una mayoría de este Foro resolvió que las

manifestaciones

Torres

incriminatorias

Huertas

(en

del

adelante,

Sr.

Juan

“señor

F.

Torres

Huertas”), -- contenidas en las notas del agente

investigador

del

caso,

el

Sr.

Anthony

O.

Egea

Guardarrama (en adelante, “agente Egea Guardarrama”)

--, eran admisibles en evidencia.1 Lo anterior, al

concluir

que

renunciado

de

el

señor

forma

Torres

voluntaria,

Huertas

había

consciente

e

El Juez Asociado señor Estrella Martínez disintió y emitió

expresiones a las cuales se unió la Jueza Presidenta Oronoz

Rodríguez. A su vez, el Juez que suscribe disintió y emitió

expresiones, a las cuales también se unió la Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez. La disidencia, en esencia, señaló que las

notas

del

agente

Egea

Guardarrama

constituían

prueba

acumulativa que podría causar perjuicio indebido frente al

Jurado.

1

CC-2026-0240

inteligente

2

a

su

derecho

constitucional

a

la

no

autoincriminación.

En aquella ocasión, -- y desde la disidencia --, sostuvimos

que la admisión de las referidas notas, al confrontarlas con lo

dispuesto

en

la

Regla

403

de

Evidencia,

32

LPRA

Ap.

VI,

planteaba serias preocupaciones. Particularmente, advertimos

que las notas del agente Egea Guardarrama debían excluirse,

debido a que, a nuestro juicio, su posible valor probatorio

quedaba sustancialmente superado por su riesgo de causar un

perjuicio indebido ante el Jurado, así como por constituir

prueba acumulativa.

Hoy, el caso retorna ante nuestra consideración en un

contexto

distinto,

pero

con

implicaciones

similares.

No

obstante, una mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado

opta

por

invalidar

la

discreción

del

Tribunal

de

Primera

Instancia, -- quien tiene ante sí al Jurado --, y permite la

inclusión de prueba que, insistimos, no tiene otra finalidad

que

no

sea

la

de

causar

un

perjuicio

indebido.

De

dicho

proceder, disentimos. Nos explicamos.

I.

En extrema síntesis, el caso de epígrafe tuvo su génesis

en varias denuncias presentadas por el Ministerio Público en

contra del señor Torres Huertas en enero de 2021, por hechos

relacionados con el alegado asesinato de los Sres. Alex Elías

Díaz y Jesús A. Elías Crespo, así como por la alegada tentativa

de asesinato del Sr. Francisco J. La Santa Lozada. El 20 de

enero de 2021, el Tribunal de Primera Instancia determinó causa

CC-2026-0240

para

arresto,

3

--

en

ausencia

--,

por

múltiples

delitos,

incluyendo asesinato en primer grado, tentativa de asesinato,

conspiración y varias infracciones a la Ley de Armas.

Posteriormente, agentes del Negociado de la Policía de

Puerto Rico arrestaron al señor Torres Huertas y lo trasladaron

a la División de Homicidios de Caguas. Estando allí, éste fue

interrogado por el agente Egea Guardarrama, quien tomó notas

durante dicho proceso.

Tras

celebrar

una

vista

preliminar,

el

foro

primario

determinó que hubo causa probable para acusar al señor Torres

Huertas por los delitos antes mencionados.2 Iniciado el juicio

por jurado, el 9 de julio de 2024 el Ministerio Público solicitó

que

se

admitieran

en

evidencia

tres

documentos:

(1)

las

advertencias de ley realizadas por el agente Egea Guardarrama

al señor Torres Huertas el 22 de enero de 2021 a las 12:45 p.m.;

(2) las notas tomadas el mismo día por el referido agente

durante el interrogatorio en cuestión; y (3) las advertencias

de ley hechas por la Fiscal Auxiliar Lcda. Maribel Mojica

Franceschi el 22 de enero de 2021 a las 6:12 p.m.

En desacuerdo con tal solicitud, el señor Torres Huertas

requirió que se celebrara una vista al amparo de la Regla 109(c)

de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, para impugnar la admisibilidad de

dicha prueba.

En particular, por los siguientes delitos: (1) dos cargos por violación al

Art. 93(a) del Código Penal; (2) un cargo por tentativa de violación al Art.

93(a) del Código Penal; (3) un cargo por infracción al Art. 244 del Código

Penal; (4) seis cargos por violaciones al Art. 6.0 de la Ley de Armas; (5)

dos cargos por infracciones al Art. 6.09 de la Ley de Armas y; (6) cinco

cargos por violaciones al Art. 6.14(A) de la Ley de Armas.

2

CC-2026-0240

4

Celebrada

la

vista

solicitada

y

evaluados

los

planteamientos de las partes, el Tribunal de Primera Instancia

determinó que los dos (2) documentos de advertencias de ley eran

admisibles,

más

no

así

las

notas

del

agente.

Según

el

razonamiento del foro primario, el Ministerio Público no pudo

demostrar que el señor Torres Huertas renunció, de manera

voluntaria

e

inteligente,

a

su

derecho

a

la

no

autoincriminación.

Inconforme con tal proceder, el 23 de agosto de 2024 el

Ministerio Público acudió al Tribunal de Apelaciones mediante

un recurso de Certiorari y, el 12 de septiembre de 2024,

presentó una Solicitud en auxilio de jurisdicción. No obstante,

el 16 de septiembre de 2024 el foro apelativo intermedió denegó

ambas solicitudes.

En desacuerdo todavía, el Ministerio Público acudió ante

nos mediante una Petición de certiorari y una Urgente solicitud

en auxilio de jurisdicción. En esa ocasión, el Estado nos

solicitó

que

revocáramos

Primera

Instancia

de

la

determinación

suprimir

las

notas

del

Tribunal

del

agente

de

Egea

Guardarrama. A su juicio, la evidencia presentada demostraba

que el señor Torres Huertas había ofrecido su confesión de

manera voluntaria e inteligente.

Expedido el recurso, como adelantamos, una mayoría de este

Tribunal concluyó que, en efecto, la renuncia del señor Torres

Huertas a su derecho a la no autoincriminación había sido

válida.

Así

pues,

determinó

que

evidencia de las mencionadas notas.

procedía

la

admisión

en

CC-2026-0240

5

Devuelto el caso al foro primario, -- y ya más en lo

relacionado con los asuntos que hoy nos ocupan --, el 17 de

septiembre

de

2025

el

señor

Torres

Huertas

presentó

una

solicitud al amparo de la Regla 403 de Evidencia, supra. En

virtud de dicha petición, éste solicitó la eliminación de

ciertas expresiones contenidas en las notas del agente Egea

Guardarrama,

por

entender

que

su

admisión

podría

causar

perjuicio indebido ante el Jurado.

En apoyo de su solicitud, el señor Torres Huertas argumentó

que

dichas

expresiones

eran

impertinentes,

podían

generar

confusión y no reflejaban fielmente la totalidad del intercambio

ocurrido durante el interrogatorio. Por su parte, el Ministerio

Público se opuso, bajo el argumento de que este Tribunal ya

había resuelto la admisibilidad de las referidas notas y que no

procedía excluirlas por un fundamento distinto.

Evaluados

los

planteamientos

de

las

partes,

el

foro

primario determinó que procedía la supresión de parte de las

notas del agente Egea Guardarrama. En particular, el Tribunal

de Primera Instancia, -- en el ejercicio de la amplia discreción

que

le

eliminar

reconoce

las

nuestro

siguientes

ordenamiento

oraciones:

(1)

jurídico

--,

ordenó

“[m]e

considero

un

peligro, me gusta matar gente, yo me la vivo”; y (2) “[d]e

verdad él más participación que tuvo fui yo. Pa’ 300 años de

cárcel prefiero la pena de muerte”.3

3 Surge

Ello, por entender que su

del expediente ante nuestra consideración que el foro primario eliminó

otras expresiones. Sin embargo, el Ministerio Público se opuso sólo a la

eliminación de las aquí mencionadas.

CC-2026-0240

6

valor probatorio, en un juicio por Jurado, queda sustancialmente

superado por el riesgo de causar un perjuicio indebido.

Inconforme con el proceder del foro primario, el 30 de

diciembre de 2025 el Ministerio Público presentó una Petición

de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. En ésta, dicha

parte alegó que el Tribunal de Primera Instancia había errado

y abusado de su discreción al eliminar parte de las referidas

notas, a pesar de que este Alto Foro había ordenado la admisión

en evidencia de las declaraciones incriminatorias. Asimismo,

adujo que parte del contenido de las oraciones eliminadas era

pertinente y no causaba perjuicio indebido.

Sometida la controversia ante su consideración, el 26 de

febrero

de

2026

el

foro

apelativo

intermedio

emitió

una

Sentencia mediante la cual revocó la Resolución del Tribunal de

Primera

Instancia

impugnada.

En

síntesis,

el

Tribunal

de

Apelaciones concluyó que la solicitud de eliminación de parte

de las notas tomadas por el agente Egea Guardarrama constituía

cosa juzgada. A su entender, en la Opinión emitida por este

Tribunal en el caso Pueblo v. Torres Huertas, supra, y en el

caso de epígrafe, concurren la más perfecta identidad entre las

cosas, causas y personas.

En desacuerdo con el revés judicial, el 13 de abril de 2026

el señor Torres Huertas acudió ante nos mediante una Petición

de certiorari. A su vez, el 23 de abril de 2026 presentó una

Moción

solicitando

paralización

auxilio de jurisdicción.

de

los

procedimientos

en

CC-2026-0240

7

En la petición de auxilio de jurisdicción, el señor Torres

Huertas sostiene que la controversia previamente planteada por

el Ministerio Público, -- resuelta por esta Curia en 2025 --,

se circunscribió a la admisión de las referidas notas a la luz

del derecho constitucional a la no autoincriminación. A partir

de ello, argumenta que el fundamento que ahora invoca para la

exclusión es distinto, por lo que nos encontramos ante una

controversia

diferente.

Finalmente,

solicita

la

pronta

intervención de este Foro, dado que la continuación del juicio

está pautada para el 4 de mayo de 2026.

Por otra parte, en su Petición de certiorari, el señor

Torres Huertas enfatiza que la controversia actual nace de lo

dispuesto en la Regla 403 de Evidencia, supra, y no de una norma

de rango constitucional. Asimismo, señala que corresponde al

foro primario ejercer su discreción al evaluar este tipo de

determinación probatoria.

De igual forma, el señor Torres Huertas alega que no

persigue

la

exclusión

total

de

las

notas

del

agente

Egea

Guardarrama, sino únicamente de expresiones específicas, las

cuales entiende que: (1) pueden ser reproducidas verbalmente

por el agente Egea Guardarrama; (2) son impertinentes respecto

a los hechos ante la consideración del Jurado y del tribunal;

y (3) constituyen expresiones del propio agente, y no de él.

Por consiguiente, nos solicita que revoquemos la determinación

del foro apelativo intermedio y confirmemos la Resolución del

Tribunal de Primera Instancia.

CC-2026-0240

8

Como ya mencionamos, hoy, una mayoría ha optado por denegar

los recursos presentados por el señor Torres Huertas. Con tal

proceder, mis compañeras y compañeros de estrado privan al foro

primario de su facultad, de manejar el caso, de controlar la

presentación de la prueba ante el Jurado y de excluir aquella

evidencia cuyo efecto perjudicial supere su valor probatorio.

Ello, pese a que dicho tribunal es quien se encuentra en mejor

posición para aquilatar el contexto en que la evidencia será

presentada y su posible impacto en los miembros del Jurado. De

tal

proceder,

como

mencionamos

anteriormente,

disentimos.

Explicamos por qué.

II.

A.

Como

constituye

es

un

sabido,

la

mecanismo

Regla

403

esencial

de

para

Evidencia,

supra,

salvaguardar

la

integridad del proceso adjudicativo, particularmente en juicios

por Jurado. La misma provee para que, aun cuando determinada

prueba sea pertinente y no exista una regla de exclusión que

impida admitirla, ésta pueda ser excluida a discreción del

tribunal. Íd. Lo anterior, cuando el valor probatorio de dicha

evidencia quede sustancialmente superado por el riesgo, entre

otros, de causar perjuicio indebido. Íd.

Respecto al elemento de perjuicio indebido, hemos aclarado

que toda prueba es perjudicial en la medida que favorece a una

parte y perjudica a otra, pero éste no es el tipo de perjuicio

al que se refiere la regla. Pueblo v. Santiago Irizarry, 198

DPR 35, 44 (2017); Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 DPR 216, 228

CC-2026-0240

9

(1941). Más bien, se trata de prueba “que puede conducir a un

resultado erróneo porque se presentó con el propósito primordial

de crear pasión y prejuicio en el [J]urado”. (Énfasis suplido).

Pueblo

v.

Santiago

Irizarry,

supra.

Entiéndase,

aquella

evidencia que se trae para apelar “meramente –- y aunque no

únicamente –- a los sentimientos y a la emoción”. (Énfasis

suplido). Pueblo v. Ortiz Pérez, supra, pág. 228.

Sobre el particular, el Prof. Ernesto L. Chiesa Aponte, al

estudiar el contenido de la referida disposición legal, nos

recuerda que “[e]s crucial advertir la amplia discreción que

tiene

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

para

resolver

un

planteamiento bajo la regla 403[, puesto que sólo] en caso de

‘abuso de discreción’ debe un tribunal apelativo intervenir con

el ejercicio de tal discreción”. (Énfasis suplido). E. L. Chiesa

Aponte, Compendio de Evidencia (en el sistema adversarial), Ed.

Tirant Lo Blanch, 2021, pág. 39. Así, “le conferimos gran

deferencia” a tales determinaciones. (Énfasis suplido). Pueblo

v. Rivera Nazario, 141 DPR 865, 893 (1996).

En virtud de lo anterior, los tribunales apelativos no

vienen llamados a analizar la idoneidad, o no, de una exclusión

de evidencia al amparo de la mencionada regla, sino a determinar

si la supresión de ésta constituye un “abuso de discreción”.

Íd. De este modo, no es suficiente

que se piense que la

eliminación de evidencia fue inapropiada, sino que el foro

primario transgredió los límites de la autoridad que le confiere

la Regla 403 de Evidencia, supra, al concluir que procede su

eliminación ante las circunstancias que tiene ante sí.

CC-2026-0240

10

Asimismo, y citando lo resuelto por el Tribunal Supremo de

los Estados Unidos en Old Chief v. United States, 519 US 172

(1997), Chiesa Aponte sostiene que “constituye un abuso de

discreción no excluir evidencia bajo la Regla 403, cuando la

evidencia

ofrecida

tiene

claro

riesgo

de

causar

perjuicio

indebido a la otra parte, si hay disponible otra evidencia de

igual

valor

probatorio

que

no

tiene

tal

riesgo

de

causar

perjuicio indebido”. (Énfasis suplido). E. L. Chiesa Aponte,

Reglas de Evidencia comentadas, Ed. Situm, 2016, pág. 78.

B.

De otra parte, la doctrina de cosa juzgada tiene como

propósito “poner fin a los litigios luego de que los tribunales

los adjudiquen de forma definitiva”.

Ortiz Matías v. Mora

Development, 187 DPR 649, 655 (2013). Ello, con la finalidad de

garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos declarados

mediante resolución judicial, y, así, finalizar los pleitos y

evitar someter a los ciudadanos y ciudadanas a las molestias de

tener que litigar dos veces una misma causa. Fonseca et al. v.

Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 294 (2012); SLG Szendrey-Ramos v.

Consejo Titulares, 184 DPR 133, 154 (2011); P.R. Wire Prod. v.

C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008).

Ahora bien, dicha doctrina no procede de forma inflexible

y automática. Para que la doctrina de cosa juzgada se configure,

es necesario que concurra la más perfecta identidad de causas,

cosas, partes y la calidad en que lo fueron. Fonseca et al. v.

Hosp. HIMA, supra; Mun. de San Juan v. Bosque Real S.E., 158

DPR 743, 769 (2003); Worldwide Food Dis. Inc. v. Colón et al,

CC-2026-0240

11

133 DPR 827, 833 (1993). Así pues, el efecto de la aplicación

de esta doctrina es “que la sentencia dictada en un pleito

anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre

las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las

cuestiones ya litigadas y adjudicadas[,] y aquellas que pudieron

haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción

anterior”. Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005). Tal no

es el caso de autos.

C.

De igual manera, es norma reiterada en nuestro ordenamiento

legal que los derechos y las obligaciones adjudicados mediante

un dictamen judicial que adviene final y firme constituyen ley

del caso. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 1, 8 (2016);

Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005); Mgmt. Adm.

Servs.

Corp.

v.

E.L.A.,

152

DPR

599,

606

(2000).

Consecuentemente, y de ordinario, las controversias que han sido

adjudicadas por el foro primario o por un tribunal apelativo no

pueden rexaminarse. Pueblo v. Serrano Chang, 201 DPR 643, 653

(2018); Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, pág. 9; Félix v.

Las Haciendas, supra.

Ahora

bien,

este

Tribunal

ha

sentenciado

que

dicha

doctrina, -- la de la ley del caso --, no es un mandato

inflexible,

“sino

que

recoge

la

costumbre

deseable:

las

controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal

dentro de una causa deben usualmente respetarse como finales”.

(Énfasis suplido). Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. ELA, supra, pág.

607. En situaciones excepcionales, si el caso vuelve ante la

CC-2026-0240

12

consideración

del

tribunal

y

éste

entiende

que

sus

determinaciones previas son erróneas y pueden causar una grave

injusticia puede aplicar una norma de derecho distinta. Félix

v. Las Haciendas, supra, pág. 844; Piazza Vélez c. Isla del Río,

Inc., 158 DPR 440, 470 (2003); Mgmt Adm. Servs. Corp. v. E.L.A.,

supra, pág. 608.

Nos corresponde, pues, determinar, -- desde la disidencia

--, si la actuación del foro primario en el presente caso se

ajustó al marco normativo antes expuesto.

III.

Como adelantamos, el señor Torres Huertas, en su Moción

solicitando paralización de los procedimientos en auxilio de

jurisdicción

y

Petición

de

certiorari,

explica

que

la

controversia previamente planteada por el Ministerio Público,

y resuelta por esta Curia en el año 2025, se circunscribió a la

admisión

de

las

referidas

notas

a

la

luz

del

derecho

constitucional a la no autoincriminación. Así pues, argumenta

que el fundamento que ahora invoca para la exclusión, -- sólo

de ciertas expresiones --, es distinto, por lo que, a su juicio,

nos encontramos ante una controversia diferente. Le asiste la

razón al señor Torres Huertas.

Y es que, distinto a lo sentenciado por el foro apelativo

intermedio, somos del criterio que, en este caso, no aplican

las doctrinas de cosa juzgada ni de ley del caso, pues éstas

requieren que el asunto planteado haya sido considerado y

resuelto, expresa o implícitamente, en una etapa anterior del

CC-2026-0240

13

mismo litigio. Como mencionamos anteriormente, tal no es el caso

de autos.

Como se sabe, la determinación previa de este Tribunal, - en Pueblo v. Torres Huertas, supra --, se limitó a resolver

la validez de la renuncia del señor Torres Huertas a su derecho

contra

la

no

autoincriminación

y,

en

consecuencia,

la

admisibilidad de las referidas notas desde esa perspectiva

constitucional. Distinto a ello, la controversia que ahora se

nos presenta se enmarca, exclusivamente, en el ámbito de la

Regla 403 de Evidencia, supra.

En

específico,

en

esta

ocasión,

veníamos

llamados

y

llamadas a evaluar si el Tribunal de Primera Instancia abusó de

su discreción, -- a la cual, como norma general, le debemos

guardar gran deferencia --, al excluir ciertas expresiones

contenidas en las notas del agente Egea Guardarrama bajo el

fundamento de que su potencial de causar perjuicio indebido

supera su valor probatorio. Entendemos que no lo hizo.

Como ya mencionamos, el foro primario, en el ejercicio de

la discreción que le concede la Regla 403 de Evidencia, supra,

--

y,

a

nuestro

juicio,

correctamente

--,

determinó

que

procedía la supresión de parte de las notas del agente Egea

Guardarrama. En particular, el Tribunal de Primera Instancia

ordenó eliminar las siguientes oraciones: (1) “[m]e considero

un peligro, me gusta matar gente, yo me la vivo”; y (2) “[d]e

verdad él más participación que tuvo fui yo. Pa’ 300 años de

cárcel prefiero la pena de muerte”. Ello, al concluir que su

CC-2026-0240

valor

14

probatorio,

ante

un

Jurado,

queda

sustancialmente

superado por el riesgo de causar un perjuicio indebido.

Similar

a

como

lo

visualizó

el

foro

primario,

no

albergamos duda alguna que el riesgo de causar perjuicio

indebido

al

que

hace

referencia

el

Tribunal

de

Primera

Instancia está presente en las expresiones que hoy se traen

ante nuestra consideración. En ese sentido, consideramos que

el Tribunal de Apelaciones, al revocar la determinación del

foro primario, erró en su proceder.

Asimismo, colegimos que resulta irrelevante, para la

correcta

disposición

de

la

controversia

ante

nuestra

consideración, evaluar si la prueba suprimida se trata de

admisiones de parte o de una confesión del acusado. Ello, toda

vez

que

la

Regla

403

de

Evidencia,

supra,

opera

con

independencia de cualquier otra regla de exclusión o excepción

que, de otro modo, hubiesen permitido admitirla en evidencia.

Siendo ello así, -- y contrario a lo sentenciado por una

mayoría

de

este

Tribunal

--,

en

auxilio

de

nuestra

jurisdicción, hubiésemos paralizado el juicio que se lleva a

cabo ante el foro primario en contra del señor Torres Huertas

y expedido el auto de certiorari, a los fines de atender en

sus méritos la controversia que hoy se trae ante nuestra

consideración.

Por

no

ser

éste

el

criterio

mayoritario,

disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado