LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vur-Jer, LLC. v. Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal

2026 TSPR 46

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Vur-Jer, LLC. v. Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal

CC-2025-0590

30 de abril de 2026 · Hon. Luis F. Estrella Martínez · Derecho Administrativo – Facultad de las agencias administrativas de acoger íntegramente el informe del Oficial Examinador asignado al caso y adoptarlo por referencia como parte integral de su resolución final.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vur-Jer, LLC.

Recurrida

2026 TSPR 46

v.

218 DPR ___

Junta Reglamentadora de Cannabis

Medicinal

Peticionaria

Número del Caso:

Fecha:

CC-2025-0590

30 de abril de 2026

Tribunal de Apelaciones: Panel V

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcda. Magdalisse Ramos Costa

Representantes legales de la parte recurrida:

Lcdo. Daniel Martínez Avilés

Lcdo. Fernando Luis Abreu Arias

Materia: Derecho Administrativo – Facultad de las agencias

administrativas de acoger íntegramente el informe del Oficial

Examinador asignado al caso y adoptarlo por referencia como parte

integral de su resolución final.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vur-Jer, LLC.

Recurrida

v.

CC-2025-0590

Certiorari

Junta Reglamentadora de

Cannabis Medicinal

Peticionaria

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2026.

Hoy nos corresponde evaluar si la decisión de una

agencia

administrativa

recomendación

oficial

contenida

examinadora

de

acoger

en

el

asignada

en

su

totalidad

la

informe

preparado

por

la

al

administrativo

e

caso

incorporar tal informe en su resolución final, por referencia

y como parte integral de su determinación, cumple cabalmente

con las exigencias establecidas en la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, infra.

En

particular,

debemos

examinar

si

esta

práctica

satisface el deber de la agencia de exponer de forma clara

las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho

que fundamentan su adjudicación, conforme a la Sección 3.14

CC-2025-0590

2

de la referida ley, y si ello permite un ejercicio efectivo

de la revisión judicial.

A tales efectos, este análisis nos permite pautar el

alcance

de

la

facultad

delegada

a

las

y

los

oficiales

examinadores en los procedimientos adjudicativos. Asimismo,

nos

lleva

a

delimitar

la

manera

en

que

una

agencia

administrativa puede acoger e incorporar los informes que

estos funcionarios preparan como parte de su recomendación

final.

Con base en ello, también determinaremos si, en este

caso concreto, el foro apelativo intermedio erró al revocar

el dictamen de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal

por supuestos defectos de forma en su resolución final, y no

por los méritos del caso.

A continuación, procedemos a exponer los hechos que dan

lugar a esta controversia.

I

Como contexto del asunto que nos ocupa, Vur-Jer, LLC.

(Vur-Jer

o

parte

recurrida)

era

una

compañía

de

responsabilidad limitada autorizada a realizar negocios en

Puerto

Rico

que

establecimiento

de

obtuvo

una

cannabis

licencia

para

medicinal.

Sus

operar

únicos

un

tres

accionistas eran la Sra. Gwen Black y los señores Ángel

Álvarez Freiría y José J. Berríos Rivera.1 La licencia se

Del expediente se desprende que, la Sra. Gwen Black era

la accionista minoritaria con un 20.00% de las acciones de

1

CC-2025-0590

3

expidió el 25 de junio de 2018 por la Junta Reglamentadora

del

Cannabis

Medicinal

(Junta

o

parte

peticionaria),

adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico, bajo el

número CM-2018-088. A partir de la expedición de esa licencia

inicial,

la

parte

recurrida

tramitó

las

renovaciones

correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, las cuales

fueron aprobadas por la Junta. La última renovación tuvo

vigencia hasta el 25 de junio de 2022.2

Durante el proceso de renovación de la licencia en 2022

y tras varias reuniones y comunicaciones entre las partes,

el

13

de

electrónico

junio

de

ese

año,

Vur-Jer

a

la

Junta

en

reconsideración

de

dos

multas

el

remitió

cual

le

un

correo

solicitó

administrativas

—una

la

de

$5,000.00 y otra de $20,000.00— que se le impusieron en otro

caso administrativo, identificado con el alfanumérico JRCM2019-009. Asimismo, le solicitó autorización para efectuar

un

cambio

de

dueño,

debido

a

la

presunta

falta

de

disponibilidad de la accionista Gwen Black para presentar la

renovación de la licencia.3

la compañía. Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág.

208.

Surge del expediente que la última licencia del

establecimiento consigna como fecha de expedición el 25 de

agosto de 2021 y como fecha de vencimiento el 25 de junio

de 2022. Véase Licencia de establecimiento de cannabis

expedida a Vur-Jer, LLC, Apéndice enmendado de la Moción en

cumplimiento para subsanar deficiencias de la parte

peticionaria, pág. 78.

2

Cabe resaltar que, el 24 de mayo de 2022, la Junta

sostuvo una reunión con los accionistas Ángel Álvarez

3

CC-2025-0590

El

30

de

4

septiembre

de

2022,

la

Junta

emitió

una

Resolución en la que señaló que la licencia número CM-2018088 venció el 25 de junio de 2022 sin que Vur-Jer hubiera

presentado una solicitud de renovación o, en su defecto, una

solicitud

de

cambio

de

dueño

estructura

organizacional,

a

o

de

tenor

modificación

de

las

de

su

disposiciones

aplicables. Respecto a la solicitud de reconsideración de

las multas que suman $25,000.00 en el caso administrativo

JRCM-2019-009,

la

Junta

determinó

que,

dado

que

no

se

presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones contra la Resolución emitida en ese caso el 30

de septiembre de 2020, relacionada con tales multas, la

decisión

administrativa

se

consideraba

final,

firme

e

inapelable.

En consecuencia, la Junta concluyó que, al no haberse

presentado la solicitud de renovación de la licencia previo

a su fecha de vencimiento —es decir, antes del 25 de junio

de 2022—, y al no haberse sometido ninguna otra petición al

amparo de la Ley Núm. 12-2017, infra, o del Reglamento Núm.

9038, infra,

las

solicitudes

de

Vur-Jer

resultaban

improcedentes. A su juicio, la documentación remitida y las

explicaciones ofrecidas por la parte recurrida tampoco la

Freiría y José J. Berríos Rivera, así como con su

representante legal. En esa ocasión, Vur-Jer presentó y

comunicó los mismos planteamientos y solicitudes que luego

reiteró en su correspondencia del 13 de junio de 2022. Véase

Informe de la Oficial Examinadora, Apéndice del Recurso de

certiorari, pág. 22.

CC-2025-0590

colocaron

en

5

posición

de

evaluar

circunstancias

extraordinarias que justificaran la presentación tardía de

la solicitud de renovación de licencia. Expresó, además, que

tal inacción se reflejaba en el impago de las multas, las

cuales permanecían pendientes de cumplimiento. Por estas

razones, ordenó a Vur-Jer efectuar el pago de las referidas

multas dentro de un último término de cinco (5) días y se

reservó el derecho de acudir a los tribunales para su cobro.

El 20 de octubre de 2022, Vur-Jer presentó una Moción

de

reconsideración

y

en

solicitud

urgente

de

vista

administrativa. En lo concerniente al caso de epígrafe,

solicitó que se dejaran sin efecto las multas impuestas en

su contra y que se le permitiera presentar, para evaluación

expedita, los documentos de renovación de la licencia sin la

firma de la accionista Gwen Black.

En la alternativa, requirió que se le concediera la

celebración de una vista administrativa, ya que entendía que

las razones que justificaban su petición se basaban en hechos

que tenía derecho a exponer. Manifestó que lo anterior

cobraba mayor relevancia porque, según las disposiciones

citadas en la Resolución del 30 de septiembre de 2022,

existían asuntos de carácter discrecional de la agencia.

Entre estos mencionó la evaluación de la procedencia de justa

causa ante la ausencia de la firma de la accionista en

cuestión en la solicitud de renovación. Añadió que contaba

con prueba testifical y documental que necesitaba presentar

CC-2025-0590

6

con el beneficio de una vista para sustentar de manera

completa su posición.

Por último, Vur-Jer presentó un recuento de los sucesos

relacionados con la accionista Gwen Black y expuso los

argumentos que, a su criterio, justificaban la ausencia de

su firma en la solicitud de renovación de la licencia.

También relató otros asuntos vinculados con una notificación

presuntamente inoficiosa respecto a las multas impuestas en

el caso administrativo JRCM-2019-009, la cual, según alegó,

viciaba de nulidad el proceso de ejecución de estas.4

Tras varios trámites procesales, los cuales incluyeron

reuniones entre las partes, asuntos de descubrimiento de

prueba, la celebración de una vista administrativa y la

presentación de varios recursos ante el foro intermedio sobre

la prueba que se utilizaría en las vistas, el 28 de mayo de

2025 la Junta emitió una Resolución final. En esta, expresó

que adoptaba el Informe de la Oficial Examinadora a cargo

del caso, acogía la recomendación contenida en el mismo e

incorporaba tal informe por referencia como parte integral

de su determinación.

Cabe mencionar que, en el referido informe, la Oficial

Examinadora

destacó

presentó

treinta

y

una

siete

relación

(37)

de

hechos

relevantes,

determinaciones

de

hecho

incontrovertidas, con referencia a los exhibits utilizados

Debido a que la resolución de la controversia que

nos ocupa no requiere detallar esta incidencia procesal,

prescindimos de ello en esta etapa del procedimiento.

4

CC-2025-0590

7

en el proceso adjudicativo, y desarrolló sus conclusiones de

derecho junto con su análisis jurídico. Luego de ese examen

integral, recomendó a la Junta denegar la renovación de la

licencia de Vur-Jer, debido a que la solicitud no se presentó

al menos treinta (30) días antes de su vencimiento ni se

incluyó

una

presentación

explicación

tardía,

detallada

según

exige

que

justificara

el

Reglamento

su

Núm.

9038, infra.

A partir de ello, la Junta razonó que Vur-Jer presentó

tardíamente

la

solicitud

de

renovación

de

licencia

sin

demostrar justa causa, por lo que la agencia quedó impedida

de extender la licencia de manera administrativa o atender

la solicitud de renovación. Por lo tanto, no le permitió la

renovación de su licencia número CM-2018-088 para operar su

negocio de cannabis medicinal.

Inconforme, el 30 de junio de 2025, Vur-Jer compareció

ante el Tribunal de Apelaciones mediante un

Recurso de

revisión

planteó

judicial.

A

través

de

su

escrito,

la

comisión de varios errores por parte de la Junta relacionados

con los méritos de la renovación de la licencia, los cuales

no es necesario precisar para la resolución del presente

caso en esta etapa del proceso. En respuesta, la Junta

presentó su Oposición a recurso de revisión administrativa

el 18 de julio de 2025, en la que negó cometer los errores

que la parte recurrida le imputó.

CC-2025-0590

8

En lo pertinente al recurso de epígrafe, el 5 de agosto

de 2025, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia

en la que revocó el dictamen de la Junta, sin atender los

errores

señalados

controversia.

ni

Concluyó

entrar

en

que

Junta

la

los

se

méritos

de

la

limitó

en

su

resolución a incluir una breve narrativa procesal y a adoptar

en su totalidad el informe de la Oficial Examinadora, sin

realizar sus propias determinaciones de hecho ni fundamentar

de manera independiente sus conclusiones de derecho con base

en la prueba del expediente administrativo, de modo que se

demostrara la evaluación de la evidencia, la resolución de

conflictos y la correcta aplicación del derecho. Indicó que

este proceder le impidió ejercer adecuadamente su función

revisora.

A su vez, el Tribunal de Apelaciones precisó que el

dictamen recurrido no cumplió con los requisitos legales

mínimos para una revisión judicial efectiva, especialmente

con lo dispuesto en el Art. 4.2 de la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, infra,

ni con el Art. 142(B) del Reglamento Núm. 9038, infra. Como

resultado de lo anterior, se abstuvo de evaluar los errores

señalados, revocó el dictamen y devolvió el caso a la agencia

para que emitiera una nueva determinación, en observancia de

lo indicado.

El 3 de septiembre de 2025, la Junta compareció ante

este Tribunal mediante un Recurso de certiorari. Adujo que

CC-2025-0590

9

el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la Resolución

final que emitió el 28 de mayo de 2025 por supuestos defectos

de forma. Arguyó que, contrario a lo consignado por el foro

intermedio,

su

requisitos

del

dictamen

cumplió

Art.

de

4.2

la

cabalmente

Ley

de

con

los

Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, infra,

y del Art. 142(B) del Reglamento Núm. 9038, infra.

A

su

entender,

ello

se

debió

a

que

la

Oficial

Examinadora rindió un informe detallado con determinaciones

de

hecho

claras

y

conclusiones

de

derecho

específicas.

Explicó que el informe fue discutido en una sesión presencial

por el Pleno de la Junta el 7 de mayo de 2025 y que, tras la

debida deliberación, sin oposición alguna y contando con el

quórum reglamentario requerido, la Junta decidió adoptarlo

en su totalidad e incorporarlo por referencia como parte de

su

Resolución

final.

Además,

subrayó

que,

de

haber

considerado necesario modificar las determinaciones de hecho

o las conclusiones de derecho contenidas en el informe, tenía

plena autoridad para hacerlo, como la ha ejercido en otras

instancias.

advertencias

También

indicó

legales

que

la

decisión

correspondientes,

incluyó

fue

las

firmada

formalmente por el Secretario de la Junta y notificada al

día siguiente, el 29 de mayo de 2025. Al acoger ese informe,

sostuvo que ejerció plenamente sus facultades adjudicativas

y emitió una determinación válida en derecho.

CC-2025-0590

10

Examinado el recurso de autos, el 5 de diciembre de

2025, notificamos una Resolución mediante la cual se le

otorgó a Vur-Jer un término de veinte (20) días para mostrar

causa por la cual no se debía revocar la Sentencia dictada

por el Tribunal de Apelaciones y, con ello, conceder lo

solicitado por la parte peticionaria. En cumplimiento de este

mandato, el 8 de enero de 2026, la parte recurrida presentó

su Oposición a petición de certiorari.

Así las cosas, estamos en posición de expedir el recurso

de epígrafe y proceder a resolver el asunto ante nuestra

consideración.

II

A

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que

las

decisiones,

órdenes

y

resoluciones

finales

de

los

organismos o agencias administrativas están sujetas a la

revisión

judicial

por

el

Tribunal

de

Apelaciones.

Art.

4.006(c) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003,

Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24(y); Regla 56 del Reglamento

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Véanse,

además, Miranda Corrada v. DDEC et al., 211 DPR 738, 745

(2023); AAA v. UIA, 200 DPR 903, 910 (2018).

De acuerdo con lo anterior, la Ley de Procedimiento

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),

Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq., instaura un

procedimiento uniforme para la revisión judicial de la acción

CC-2025-0590

11

tomada por una agencia, ya sea al adoptar un reglamento o al

adjudicar un caso. Véase Exposición de motivos de la LPAU,

supra. Con este propósito, la ley no solo regula cómo deben

tramitarse

los

procedimientos

adjudicativos,

sino

que

también define los distintos tipos de decisiones y órdenes

que las agencias pueden emitir. En particular, la Sección

1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603, contiene las definiciones

siguientes:

(g) Orden o resolución — Significa cualquier

decisión o acción agencial de aplicación

particular

que

adjudique

derechos

u

obligaciones de una o más personas específicas,

o

que

imponga

penalidades

o

sanciones

administrativas excluyendo órdenes ejecutivas

emitidas por el Gobernador.

(h) Orden o resolución parcial — Significa la

acción agencial que adjudique algún derecho u

obligación que no ponga fin a la controversia

total sino a un aspecto específico de la misma.

(i) Orden interlocutoria — Significa aquella

acción de la agencia en un procedimiento

adjudicativo que disponga de algún asunto

meramente procesal.

[…] (Negrilla suplida).

Precisamente, en atención a estos diferentes tipos de

órdenes y resoluciones, hemos interpretado que una “orden o

resolución final” es aquella que pone fin al caso ante la

agencia

y

tiene

efectos

sustanciales

sobre

las

partes,

similar a una sentencia judicial. Simpson, Passalacqua v.

Quirós, Betances, 214 DPR 370, 378 (2024); Depto. Educ. v.

Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 545 (2006).

CC-2025-0590

12

En esa misma línea, la Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA

sec. 9654, especifica que toda orden o resolución emitida

por una agencia administrativa “deberá incluir y exponer

separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han

renunciado”,

fundamentan

tanto,

así

la

las

como

“conclusiones

adjudicación…”.

determinaciones

suficientemente

claras

y

de

derecho,

que

(Negrilla

suplida).5

Por

deben

ser

lo

viabilizar

la

de

hecho

específicas

para

revisión judicial, mientras que las conclusiones de derecho

no pueden limitarse a enunciados generales, sino que deben

reflejar cómo se aplicó el derecho a los hechos probados.

Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 707-708 (2000);

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 152 (1998).

De nuestro análisis jurisprudencial se desprende que,

cuando hemos revocado decisiones administrativas o hemos

devuelto

casos

a

las

agencias

por

carecer

de determinaciones de hecho o de conclusiones de derecho

adecuadas, ello ha ocurrido porque “no existe base alguna a

partir

de

la

cual

efectuar

una

revisión

inteligente”.

(Negrilla suplida). Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs.

152-153.

Igualmente, la orden o resolución deberá ser firmada

por la jefa o el jefe de la agencia o por cualquier otro

El Art. 142 del Reglamento Núm. 9038, infra, relativo

a la controversia de autos y citado por el Tribunal de

Apelaciones en su Sentencia, recoge de forma análoga lo

consignado en la Sección 3.14 de la LPAU, supra.

5

CC-2025-0590

13

funcionario autorizado por ley. Sección 3.14 de la LPAU,

supra. A su vez, deberá advertir el derecho de solicitar

reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de

revisión,

según

corresponda,

ante

el

Tribunal

de

Apelaciones. Íd. También deberá informar las partes que deben

ser notificadas del recurso de revisión, junto

términos

aplicables.

Íd.

Una

vez

se

cumpla

con los

con

este

requisito, comenzarán a transcurrir tales términos. Íd.

Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec.

9672,

dispone

resolución

que

final

toda

de

una

parte

afectada

agencia,

que

por

una

orden

haya

agotado

o

los

remedios disponibles ante la propia agencia o el organismo

administrativo apelativo correspondiente, puede solicitar

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de

los treinta (30) días siguientes contados a partir de la

fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de

la orden o resolución, o a la fecha aplicable si el plazo se

interrumpió

por

una

moción

de

reconsideración.

Fonte

Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353, 359 (2016).

B

Cabe destacar que la LPAU confiere a las jefas o jefes

de agencia la facultad de delegar su función de presidir los

procedimientos de adjudicación que se lleven a cabo ante la

agencia. Sección 3.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9643. Véanse,

además, Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 709

(2010); Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377, 385-386 (2005).

CC-2025-0590

14

El propósito de esta delegación radica en que resulta

prácticamente imposible que la jefa o el jefe de una agencia

presida todas las vistas administrativas y adjudique todas

las controversias presentadas ante su oficina. Por ello, se

hace necesaria la delegación de esas funciones para asegurar

la eficiencia del proceso administrativo. Tosado v. A.E.E.,

supra, págs. 386-387.

Consecuente con ese propósito, la Sección 3.3 de la

LPAU dispone expresamente que

[t]oda

agencia

podrá

designar

oficiales

examinadores para presidir los procedimientos

de adjudicación que se celebren en ella, los

cuales no tendrán que ser necesariamente

abogados,

particularmente

cuando

el

procedimiento en cuestión es uno informal.

El jefe de la agencia podrá delegar la

autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios

o empleados de su agencia. A estos funcionarios

o empleados se les designará con el título de

jueces administrativos.

[…] 3 LPRA sec. 9643.

En ese marco, la funcionaria o el funcionario que

presida la vista adjudicativa preparará un informe para la

consideración de la agencia, o emitirá la decisión por

escrito si le ha sido delegada la autoridad para ello.

Sección 3.13 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9653(a).

Acerca de la figura de la oficial examinadora u oficial

examinador, hemos expresado que tiene la tarea esencial de

adjudicar

los

hechos

en

controversia

durante

la

vista

evidenciaria. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, pág.

710. Además, le corresponde recopilar de forma integral la

CC-2025-0590

prueba

presentada

15

y,

por

ende,

formar

el

expediente

administrativo. Íd. De ahí la importancia de su función,

pues debe garantizar que el expediente refleje adecuadamente

la posición de todas las partes. Íd.

El expediente administrativo deberá contener, al menos,

lo siguiente:

(a)Las

notificaciones

de

todos

los

procedimientos.

(b) Cualquier orden o resolución interlocutoria

dictada antes de la vista.

(c) Cualquier moción, alegación, petición o

requerimiento.

(d) Evidencia recibida o considerada.

(e) Una relación de todas las materias de las

que se tomó conocimiento oficial.

(f) Ofrecimiento de prueba, objeciones y

resoluciones sobre las mismas.

(g) Propuestas de determinaciones de hecho y

conclusiones de derecho, órdenes solicitadas y

excepciones.

(h) El memorando preparado por el funcionario

que presidió la vista, junto con cualquier

transcripción de todo o parte de la vista

considerada antes de la disposición final del

procedimiento, en aquellos casos en que el

funcionario que presidió la vista no tenga

facultades de adjudicar.

(i) Cualquier orden o resolución final,

preliminar o en reconsideración.

[…](Negrilla suplida). Sección 3.18 de la LPAU,

3 LPRA sec. 9658.

Nótese que las partes tienen derecho a que su caso se

adjudique sobre la base del contenido de ese expediente

administrativo. Íd. En efecto, ese expediente constituye la

base exclusiva para la decisión de la agencia, así como para

la revisión judicial ulterior. Graciani Rodríguez v. Garage

Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019); Sección 3.18 de la LPAU,

supra. Por tal razón, la oficial examinadora u oficial

CC-2025-0590

16

examinador debe desarrollar un récord claro y transparente,

de modo que la adjudicadora o el adjudicador pueda evaluarlo

de novo sin dificultad. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance,

supra,

págs.

determinación

710-711.

Solo

así

se

final

tome

de

manera

se

asegura

que

la

independiente,

objetiva y fundada exclusivamente en un proceso justo y libre

de influencias. Íd.

A tenor con lo anterior, esta funcionaria o funcionario

está

facultado

para,

entre

otras

cosas,

emitirle

a

la

adjudicadora o al adjudicador una recomendación sobre la

decisión que debe tomar a base de sus determinaciones de

hecho y del derecho aplicable. Com. Seg. v. Real Legacy

Assurance,

supra,

pág.

711.

En

esencia,

prepara

una

recomendación sobre cómo debe adjudicarse el caso, cuyo

alcance dependerá de lo que disponga el estatuto aplicable

o del poder delegado. Íd. Esto responde a que el oficial

examinador puede emitir una recomendación o informe inicial

dirigido al ente encargado de resolver formalmente el asunto,

el cual puede ser aceptado o rechazado. Íd.

Por lo general, la adjudicadora o el adjudicador de la

agencia suele otorgar gran deferencia al informe de

la

oficial

de

examinadora,

pues

sus

recomendaciones

gozan

respeto debido a la vasta experiencia que posee sobre los

méritos del asunto. Debe recordarse que el oficial examinador

es quien delimita los asuntos en controversia, recibe y

evalúa toda la prueba, adjudica credibilidad y, en fin,

CC-2025-0590

17

conforma el expediente sobre el cual el adjudicador basará

su decisión final. Íd., pág. 711.

Con

respecto

a

esto,

el

Profesor

William

Vázquez

Irizarry ha explicado, a fin de analizar la interpretación

normativa

sobre

la

figura

de

estas

funcionarias

y

funcionarios y la manera en que se adoptan las decisiones

agenciales, que

[l]a práctica en cuanto al formato de este

informe y su trámite puede variar de agencia en

agencia. El contenido mínimo del informe son

las determinaciones de hecho, aunque es usual

que también incluya conclusiones de derecho y

en ocasiones recomendaciones. Hay agencias en

las cuales el oficial examinador prepara un

documento completo como el antes descrito y si

es acogido por el jefe de agencia se emite el

mismo

como

decisión

final.

Esto

podría

conllevar un simple trámite de cambiarle el

título al documento, de ‘Informe’ a ‘Resolución

Final’, así como la identificación de quien

firma. En otras agencias el documento ‘Informe’

queda inalterado y el mismo se convierte en un

anejo al documento denominado ‘Resolución

Final’ que firma el jefe de agencia. Este

último documento haría entonces referencia a

que se están incorporando las determinaciones

de hecho y conclusiones de derecho del oficial

examinador. Adviértase que en ambos casos el

jefe de agencia acoge de forma íntegra el

informe del oficial examinador. Esto, sin

embargo, no tiene que ser el caso… (Negrilla

suplida).

W.

Vázquez

Irizarry,

Derecho

Administrativo, 77 Rev. Jur. UPR 783, 802

(2008).

Por todo lo visto, aunque este funcionario o funcionaria

desempeña un rol fundamental, el jefe o la jefa de la agencia

es quien, en última instancia, implanta la política pública

que rige su administración. En tal sentido, la facultad

decisional del oficial examinador o de la oficial examinadora

CC-2025-0590

18

se encuentra limitada. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance,

supra, pág. 712. Véase, además, G.A. Flores García, Derecho

Administrativo, 81 Rev. Jur. UPR 541, 554-559 (2012). Así,

el jefe o la jefa de agencia puede llegar a sus propias

determinaciones y conclusiones, las cuales pasarán a formar

parte del contenido de la resolución final. Incluso “puede

llegar a una determinación de hecho distinta a la del oficial

examinador”, siempre que se sustente en evidencia sustancial

que obre en el expediente. W. Vázquez Irizarry, supra, pág.

804; Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Véase, además,

Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35-36 (2018).

C

La

Ley

para

Manejar

el

Estudio,

Investigación

del

Cannabis

para

la

Desarrollo

Innovación,

e

Normas

Aplicables y Límites (Ley Medicinal), la Ley Núm. 42-2017,

24 LPRA sec. 2621 et seq., provee un marco regulatorio que

autoriza el uso del cannabis como alternativa legítima de

tratamiento para personas con ciertas condiciones médicas.

Véase Exposición de motivos de la Ley Medicinal, supra.

Concretamente, regula de manera integral todo el proceso

relacionado

con

investigación

y

el

el

cannabis

cultivo

hasta

medicinal

la

—desde

la

manufactura,

los

laboratorios, la transportación y la dispensación— mediante

un sistema de licencias e identificaciones específicas para

cada actividad. Íd.

CC-2025-0590

19

A esos fines, este cuerpo normativo crea la Junta

Reglamentadora

del

Cannabis

Medicinal,

adscrita

al

Departamento de Salud, encargada de administrar el programa

de cannabis medicinal en Puerto Rico. Art. 2(k) de la Ley

Medicinal, 24 LPRA sec. 2621 inciso (a). Además, la Junta

está

formada

por

miembros

del

gobierno

y

profesionales

nombrados por la Gobernadora o el Gobernador, con experiencia

en áreas como la salud, la agricultura, la investigación

científica, el desarrollo económico y la seguridad pública,

entre otras. Véase Art. 4 de la Ley Medicinal, 24 LPRA sec.

2622.

En lo atinente al caso de autos, la Junta, entre otras

funciones, cuenta con la autoridad de “[c]elebrar vistas

públicas conforme a su función adjudicativa”, así como de

“[a]djudicar casos de asuntos bajo su jurisdicción…”. Art.

5 de la Ley Medicinal, 24 LPRA sec. 2622a. De la misma manera,

está facultada para, “[e]mitir, negar, revocar, suspender,

restringir

licencias

e

imponer

multas

administrativas

conforme a las disposiciones de esta Ley [Medicinal] y los

reglamentos que promulgue para instrumentar la misma”. Íd.,

inciso (n).

Similarmente, el Art. 7 de esta ley dispone que la Junta

“podrá

delegar

en

oficiales

examinadores

la

función

adjudicativa de la Junta de presidir las vistas públicas que

se celebren”. 24 LPRA sec. 2622c. En ese sentido, el citado

CC-2025-0590

artículo

20

señala

que

los

oficiales

examinadores

y

las

oficiales examinadoras tendrán autoridad para:

(1) tomar juramento y declaraciones;

(2)

expedir

citaciones,

requerir

la

presentación de informes, libros, papeles y

documentos que consideren necesarios para el

ejercicio de sus funciones;

(3) recibir evidencia pertinente y dictaminar

sobre ella;

(4) tomar o hacer tomar deposiciones;

(5) celebrar vistas públicas y regular el curso

de las mismas;

(6)

celebrar

y

presidir

conferencias

preliminares para aclaración y simplificación

de los asuntos en controversia;

(7) disponer de instancias procesales o asuntos

similares;

(8) recomendar decisiones a la Junta; y

(9) ejecutar funciones de autoridad delegada de

adjudicación. (Negrilla suplida) Íd.

Sin embargo, el mismo artículo precisa que “[l]a labor

de estos oficiales examinadores será válida con la aprobación

de la mayoría de la Junta, excepto en los casos donde se le

confirió a la Junta la autoridad para delegar al director

ejecutivo algún asunto, en cuyo caso la aprobación del

director ejecutivo será suficiente”. (Negrilla suplida). Íd.

Por otro lado, el Art. 130 del Reglamento para Manejar

el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la

Innovación, Normas Aplicables y Límites, Reglamento Núm.

9038 del Departamento de Salud, aprobado el 2 de julio de

2018,

especifica

que

las

vistas

administrativas

serán

presididas por un oficial examinador u oficial examinadora.

En

relación

con

ello,

el

Art.

135

establece

que

este

funcionario o funcionaria cuenta con la facultad de someter

ante la Junta un informe que resuma los procedimientos

CC-2025-0590

21

celebrados,

incluya

conclusiones

de

las

determinaciones

derecho,

y

contenga

sus

de

hecho

y

las

recomendaciones

sobre la acción o acciones que, a su juicio, deban tomarse.

Expuesto el derecho pertinente, procedemos a discutir

su aplicación a esta controversia.

III

Nos corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones

erró al revocar la determinación de la Junta y devolver el

caso para que la agencia emitiera una nueva resolución, toda

vez

que

concluyó

que

el

dictamen

final

carecía

de

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho propias

e independientes de las contenidas en el informe elaborado

por la Oficial Examinadora que presidió el procedimiento

adjudicativo,

lo

que,

a

su

juicio,

le

impidió

ejercer

adecuadamente la revisión judicial.

En otras palabras, debemos decidir si el proceder de la

Junta al acoger en su totalidad el informe de la Oficial

Examinadora

e

incorporarlo

por

referencia

como

parte

integral de su resolución final incumplió con las exigencias

de

la

LPAU,

supra.

Ello

debido

a

que

el

Tribunal

de

Apelaciones resolvió que la Resolución final no contenía

determinaciones de hecho claras ni conclusiones de derecho

suficientes para permitir una revisión judicial efectiva. De

ser así, a la Junta le correspondía elaborar determinaciones

de hecho y conclusiones de derecho adicionales, propias e

independientes a las consignadas por la Oficial Examinadora.

CC-2025-0590

22

Tras un análisis detallado de la documentación del caso

y

de

la

normativa

aplicable,

coincidimos

con

la

parte

peticionaria. Veamos.

A modo de repaso, tras diversos trámites relacionados

con

la

denegación

de

la

solicitud

de

renovación

de

la

licencia número CM-2018-088 para operar el establecimiento

de

cannabis

medicinal

Vur-Jer

—que

incluyeron

reuniones

entre las partes de epígrafe, asuntos de descubrimiento de

prueba, y la celebración de una vista administrativa—, la

funcionaria asignada al caso emitió su Informe […] el 6 de

mayo de 2025.

Posteriormente, la Junta emitió su Resolución final el

28 de mayo de 2025. Como parte esencial de su dictamen,

acogió íntegramente el referido informe y consignó de manera

expresa lo siguiente:

El 7 de mayo de 2025, la Junta, contando con el

quórum reglamentario requerido, atendió el

informe rendido por la Oficial Examinadora,

Lcda. Ramagui Rivera De Jesús, con fecha del 6

de mayo de 2025. En atención a dicho Informe,

se acoge y se adopta la recomendación en el

mismo, el cual se incorpora por referencia y

forma parte integral de la presente Resolución.

(Negrilla suplida).6

Acto seguido, la Junta incluyó las advertencias legales

sobre

la

solicitud

disponibilidad

de

y

el

reconsideración,

plazo

para

conforme

al

presentar

una

Art.

del

143

Reglamento Núm. 9038, supra. De igual modo, informó sobre

Véase Resolución final, Apéndice del Recurso de

certiorari, pág. 12.

6

CC-2025-0590

23

las advertencias y el término para interponer un recurso de

revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, de acuerdo

con las Secciones 3.15 y 4.2 de la LPAU, supra.

En la disposición final de la Resolución, junto con la

firma del Secretario, Agro. Irving Rodríguez, fue acreditada

la anuencia y participación con quorum de los miembros de la

Junta.7

Como consecuencia de lo anterior, a Vur-Jer no se le

permitió la renovación de su licencia número CM-2018-088 para

operar su dispensario de cannabis medicinal, toda vez que se

concluyó que presentó tardíamente la solicitud de renovación

sin demostrar justa causa, lo que impidió que la agencia le

extendiera la licencia de manera administrativa o atendiera

su solicitud de renovación, en virtud de la Ley Medicinal y

del Reglamento Núm. 9038.

Ante este escenario, el 30 de junio de 2025, Vur-Jer

sometió un Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de

Apelaciones. En su escrito, planteó la comisión de diversos

errores por parte de la Junta relacionados con los méritos

de la renovación de la licencia número CM-2018-088. Entre

estos errores no se alegó que la Resolución final de la Junta

careciera de determinaciones de hecho o conclusiones de

derecho claras, según lo exige la Sección 3.14 de la LPAU,

supra. Por su parte, la Junta negó cometer los errores

imputados.

7

Íd., pág. 13.

CC-2025-0590

24

En este contexto, el 5 de agosto de 2025, el Tribunal

de Apelaciones emitió una Sentencia en la que expresó lo

siguiente:

[L]a Junta se limitó a incluir una breve

narrativa de los hechos procesales y adoptó en

su totalidad el informe presentado por la

licenciada Rivera, sin realizar sus propias

determinaciones de hechos ni fundamentar de

manera independiente sus conclusiones

de

derecho con base en la prueba contenida en el

expediente administrativo.

El proceder antes expuesto impide que este foro

pueda ejercer su función revisora de forma

adecuada. Para que un Tribunal pueda revisar

una

determinación

administrativa,

es

indispensable

que

la

agencia

exponga

determinaciones de hechos claras y específicas,

así como conclusiones de derecho debidamente

fundamentadas. Estas deben demostrar que la

agencia

evaluó

la

prueba,

resolvió

los

conflictos y aplicó correctamente el derecho a

los hechos acreditados. Las decisiones no

pueden ser pro forma ni limitarse a reproducir

normas generales…

[…](Negrilla suplida).8

Sobre ese respecto, indicó que el dictamen de la Junta

no cumplió con los requisitos legales mínimos para permitir

una

revisión

judicial

efectiva,

especialmente

con

lo

dispuesto en el Art. 4.2 de la LPAU, supra,9 y en el Art.

Véase

Sentencia,

certiorari, pág. 8.

8

Apéndice

del

Recurso

de

Conviene aclarar que, de manera incorrecta, el

Tribunal de Apelaciones sugiere en su Sentencia que la

Sección 4.2 de la LPAU, supra, regula los requisitos que

debe

cumplir

una

resolución

final

en

cuanto

a

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,

cuando en realidad ello surge de la Sección 3.14 de la

LPAU, supra. Por su parte, la Sección 4.2 establece los

términos y condiciones para interponer un recurso de

revisión judicial.

9

CC-2025-0590

25

142(B) del Reglamento Núm. 9038, supra. Como resultado de lo

anterior, el Tribunal de Apelaciones se abstuvo de considerar

los señalamientos de error, revocó el dictamen de la Junta

y devolvió el caso a la agencia para que emitiera una nueva

determinación conforme a lo allí expuesto.

El 3 de septiembre de 2025, la Junta acudió ante este

Tribunal mediante un Recurso de certiorari. Sostuvo que el

foro apelativo intermedio erró al revocar la Resolución final

por supuestos defectos de forma, al entender que carecía de

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho propias

de

la

Junta

e

independientes

de

las

de

la

Oficial

Examinadora. Argumentó que, contrario a lo consignado por el

Tribunal de Apelaciones, su dictamen cumplió plenamente con

los requisitos legales aplicables. Es sobre esta cuestión

que corresponde a este Tribunal pronunciarse y resolver.

Es menester recalcar que la Sección 3.14 de la LPAU,

supra, establece que toda orden o resolución emitida por una

agencia

administrativa

separadamente

“deberá

determinaciones

incluir

de

hecho”,

y

exponer

así

como

“conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación…”.

(Negrilla suplida). De manera análoga, el Art. 142(B) del

Reglamento Núm. 9038, supra, dispone lo mismo.

En

ese

sentido,

es

norma

reiterada

que

las

determinaciones de hecho de las agencias administrativas

deben

ser

lo

suficientemente

claras

y

específicas

para

permitir la revisión judicial, mientras que las conclusiones

CC-2025-0590

26

de derecho no pueden limitarse a enunciados generales, sino

que deben demostrar cómo se aplicó el derecho a los hechos

probados. Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, págs. 707-708;

Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 152.

Asimismo, la revocación de una decisión administrativa

por falta de determinaciones de hecho o conclusiones de

derecho adecuadas procede cuando “no existe base alguna a

partir de la cual efectuar una revisión inteligente”. Misión

Ind.

P.R.

v.

J.P.,

supra,

págs.

152-153.

Sin

embargo,

resolvemos que ello no ocurre en el presente caso.

De

entrada,

sin

prejuzgar

los

méritos

de

la

determinación final sobre la renovación de la licencia número

CM-2018-088, del expediente se desprende que el informe está

estructurado de manera ordenada y sistemática. En la sección

titulada

“Trasfondo”,

contiene

un

resumen

de

los

datos

generales relacionados con la compañía Vur-Jer, así como de

acontecimientos que ocurrieron desde que esta entidad obtuvo

su licencia en el 2018 hasta el 29 de julio de 2022, fecha

en la que se produjo una comunicación escrita entre las

partes de epígrafe.10

Seguidamente,

“Relación

procesal

cuarenta

(40)

se

incorporó

relevante”.

hechos

una

En

procesales

parte

esta,

que

se

se

denominada

expusieron

consideraron

significativos, ocurridos a partir del 30 de septiembre de

Véase Informe de la Oficial Examinadora, Apéndice

del Recurso de certiorari, págs. 15-17.

10

CC-2025-0590

27

2022 —fecha en que se notificó oficialmente a Vur-Jer el

vencimiento de su licencia para operar su dispensario de

cannabis

medicinal—

hasta

el

momento

en

que

la

parte

recurrida decidió someter el caso por el expediente durante

el último día de la vista administrativa en su fondo.11

Luego, en la sección identificada como “Determinaciones

de

hecho”,

están

plasmadas

treinta

y

siete

(37)

determinaciones de hecho incontrovertidas, con referencia a

los exhibits presentados durante el proceso adjudicativo.12

En la sección subsiguiente, titulada “Determinaciones de

derecho

y

análisis”,

están

contenidas

las

conclusiones

jurídicas junto con el análisis correspondiente.13

Finalmente, la Lcda. Ramagui Rivera De Jesús incluyó

una sección de “Recomendación” en la cual propuso a la Junta

sostener la determinación de denegar la renovación de la

licencia de Vur-Jer, notificada el 30 de septiembre de 2022,

debido a que la solicitud fue radicada de manera tardía.

Precisamente,

esta

funcionaria

estatutariamente

para,

entre

otras

está

cosas,

facultada

emitirle

al

adjudicador de la agencia una recomendación sobre la decisión

que debe tomar con base en sus determinaciones de hecho y en

el derecho aplicable. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance,

11

Íd., págs. 17-20.

12

Íd., págs. 21-25.

13

Íd., págs. 25-29.

CC-2025-0590

28

supra, pág. 711; Sección 3.3 de la LPAU, supra; Art. 7 de la

Ley Medicinal, supra; Art. 135 del Reglamento 9038, supra.

Con posterioridad a la reunión celebrada el 7 de mayo

de 2025, el Pleno de la Junta decidió acoger en su totalidad

el

informe

de

la

Oficial

Examinadora,

adoptándolo

por

referencia y como parte integral de su Resolución final.

Como se ha señalado previamente, el adjudicador de la agencia

suele conceder gran deferencia al informe de la Oficial

Examinadora, dado que sus recomendaciones gozan de respeto

por la vasta experiencia que esta posee sobre los méritos

del asunto. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, pág.

711. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el presente caso:

la Junta, luego de una deliberación, otorgó entera deferencia

al informe de la Oficial Examinadora, la Lcda. Ramagui Rivera

De Jesús.

Debe recordarse que la Oficial Examinadora delimita los

asuntos en controversia, recibe y evalúa toda la prueba,

adjudica credibilidad y, en fin, conforma el expediente

administrativo

sobre

el

cual

el

adjudicador

basará

su

decisión final. Íd., págs. 710-711.

De hecho, la Junta actuó de manera consecuente con lo

señalado por el Profesor Vázquez Irizarry, quien ha indicado

que existen agencias en las cuales el Oficial Examinador

prepara un informe y, si es acogido por el jefe de la agencia,

este se emite como decisión final. W. Vázquez Irizarry,

supra, pág. 802.

CC-2025-0590

29

En tales casos, resolvemos que no existe impedimento

para que el informe se incorpore sin modificaciones como

anejo al documento denominado “Resolución final”, el cual

hará referencia a que se integran las determinaciones de

hecho y conclusiones de derecho del Oficial Examinador. Íd.

Ahora bien, lo anterior no implica que la adopción

íntegra del informe del Oficial Examinador sea la única vía

posible. El jefe o la jefa de la agencia, o el organismo

agencial

autorizado

estatutariamente

para

ello,

puede

formular sus propias determinaciones de hecho y conclusiones

de derecho, las cuales pasarán a formar parte del contenido

de la resolución final. En este sentido, incluso puede

arribar a una determinación de hecho distinta a la del

informe

del

Oficial

Examinador,

siempre

que

esa

determinación se sustente en la evidencia sustancial que obra

en el expediente. W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 804;

Sección 4.5 de la LPAU, supra. Véase, además, Rolón Martínez

v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36.

No

obstante,

concluimos

que

las

agencias

administrativas también cuentan con la facultad de acoger

íntegramente el informe del Oficial Examinador y adoptarlo

por referencia como parte integral de su resolución final,

siempre y cuando contenga todos los requerimientos exigidos

por

ley,

así

como

los

de

las

modalidades

determinaciones

de

cualquiera

aquí

hecho

y

discutidos.

en

que

Es

decir,

bajo

se

recojan

las

conclusiones

de

derecho,

CC-2025-0590

30

corresponde al adjudicador asegurarse de que la decisión

adoptada

sobre

sustentada

en

la

la

base

del

evidencia

informe

contenida

esté

debidamente

en

expediente

el

administrativo.

En el presente caso, según consta en la Resolución

final, luego de la reunión en Pleno del 7 de mayo de 2025,

la Junta revisó el Informe de la Oficial Examinadora y

decidió

acoger

íntegramente

sus

recomendaciones,

incorporándolas por referencia como parte integral de su

determinación final.

Por ello, sin prejuzgar los méritos de la controversia

relativa a la denegación de la licencia, resolvemos que el

Informe de la Oficial Examinadora, adoptado de manera íntegra

y

por

referencia

determinaciones

de

en

la

hecho

Resolución

y

final,

conclusiones

contiene

de

derecho

suficientes para que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer

adecuadamente su revisión judicial.

IV

En vista de lo anterior, se revoca la Sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones y se remite el caso a este

foro para que atienda en los méritos el Recurso de revisión

judicial instado por Vur-Jer.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Luis F. Estrella Martínez

Juez Asociado

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Vur-Jer, LLC.

Recurrida

v.

CC-2025-0590

Certiorari

Junta Reglamentadora de

Cannabis Medicinal

Peticionaria

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente

Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de

Apelaciones y se remite el caso a este foro para que atienda

en los méritos el Recurso de revisión judicial instado por

Vur-Jer.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo