Tribunal Supremo de Puerto Rico
Vur-Jer, LLC. v. Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal
2026 TSPR 46
Poder Judicial de Puerto Rico
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Vur-Jer, LLC. v. Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal
CC-2025-0590
30 de abril de 2026 · Hon. Luis F. Estrella Martínez · Derecho Administrativo – Facultad de las agencias administrativas de acoger íntegramente el informe del Oficial Examinador asignado al caso y adoptarlo por referencia como parte integral de su resolución final.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vur-Jer, LLC.
Recurrida
2026 TSPR 46
v.
218 DPR ___
Junta Reglamentadora de Cannabis
Medicinal
Peticionaria
Número del Caso:
Fecha:
CC-2025-0590
30 de abril de 2026
Tribunal de Apelaciones: Panel V
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcda. Magdalisse Ramos Costa
Representantes legales de la parte recurrida:
Lcdo. Daniel Martínez Avilés
Lcdo. Fernando Luis Abreu Arias
Materia: Derecho Administrativo – Facultad de las agencias
administrativas de acoger íntegramente el informe del Oficial
Examinador asignado al caso y adoptarlo por referencia como parte
integral de su resolución final.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio
público a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vur-Jer, LLC.
Recurrida
v.
CC-2025-0590
Certiorari
Junta Reglamentadora de
Cannabis Medicinal
Peticionaria
Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor
ESTRELLA MARTÍNEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2026.
Hoy nos corresponde evaluar si la decisión de una
agencia
administrativa
recomendación
oficial
contenida
examinadora
de
acoger
en
el
asignada
en
su
totalidad
la
informe
preparado
por
la
al
administrativo
e
caso
incorporar tal informe en su resolución final, por referencia
y como parte integral de su determinación, cumple cabalmente
con las exigencias establecidas en la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, infra.
En
particular,
debemos
examinar
si
esta
práctica
satisface el deber de la agencia de exponer de forma clara
las determinaciones de hecho y las conclusiones de derecho
que fundamentan su adjudicación, conforme a la Sección 3.14
CC-2025-0590
2
de la referida ley, y si ello permite un ejercicio efectivo
de la revisión judicial.
A tales efectos, este análisis nos permite pautar el
alcance
de
la
facultad
delegada
a
las
y
los
oficiales
examinadores en los procedimientos adjudicativos. Asimismo,
nos
lleva
a
delimitar
la
manera
en
que
una
agencia
administrativa puede acoger e incorporar los informes que
estos funcionarios preparan como parte de su recomendación
final.
Con base en ello, también determinaremos si, en este
caso concreto, el foro apelativo intermedio erró al revocar
el dictamen de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal
por supuestos defectos de forma en su resolución final, y no
por los méritos del caso.
A continuación, procedemos a exponer los hechos que dan
lugar a esta controversia.
I
Como contexto del asunto que nos ocupa, Vur-Jer, LLC.
(Vur-Jer
o
parte
recurrida)
era
una
compañía
de
responsabilidad limitada autorizada a realizar negocios en
Puerto
Rico
que
establecimiento
de
obtuvo
una
cannabis
licencia
para
medicinal.
Sus
operar
únicos
un
tres
accionistas eran la Sra. Gwen Black y los señores Ángel
Álvarez Freiría y José J. Berríos Rivera.1 La licencia se
Del expediente se desprende que, la Sra. Gwen Black era
la accionista minoritaria con un 20.00% de las acciones de
1
CC-2025-0590
3
expidió el 25 de junio de 2018 por la Junta Reglamentadora
del
Cannabis
Medicinal
(Junta
o
parte
peticionaria),
adscrita al Departamento de Salud de Puerto Rico, bajo el
número CM-2018-088. A partir de la expedición de esa licencia
inicial,
la
parte
recurrida
tramitó
las
renovaciones
correspondientes a los años 2019, 2020 y 2021, las cuales
fueron aprobadas por la Junta. La última renovación tuvo
vigencia hasta el 25 de junio de 2022.2
Durante el proceso de renovación de la licencia en 2022
y tras varias reuniones y comunicaciones entre las partes,
el
13
de
electrónico
junio
de
ese
año,
Vur-Jer
a
la
Junta
en
reconsideración
de
dos
multas
el
remitió
cual
le
un
correo
solicitó
administrativas
—una
la
de
$5,000.00 y otra de $20,000.00— que se le impusieron en otro
caso administrativo, identificado con el alfanumérico JRCM2019-009. Asimismo, le solicitó autorización para efectuar
un
cambio
de
dueño,
debido
a
la
presunta
falta
de
disponibilidad de la accionista Gwen Black para presentar la
renovación de la licencia.3
la compañía. Véase Apéndice del Recurso de certiorari, pág.
208.
Surge del expediente que la última licencia del
establecimiento consigna como fecha de expedición el 25 de
agosto de 2021 y como fecha de vencimiento el 25 de junio
de 2022. Véase Licencia de establecimiento de cannabis
expedida a Vur-Jer, LLC, Apéndice enmendado de la Moción en
cumplimiento para subsanar deficiencias de la parte
peticionaria, pág. 78.
2
Cabe resaltar que, el 24 de mayo de 2022, la Junta
sostuvo una reunión con los accionistas Ángel Álvarez
3
CC-2025-0590
El
30
de
4
septiembre
de
2022,
la
Junta
emitió
una
Resolución en la que señaló que la licencia número CM-2018088 venció el 25 de junio de 2022 sin que Vur-Jer hubiera
presentado una solicitud de renovación o, en su defecto, una
solicitud
de
cambio
de
dueño
estructura
organizacional,
a
o
de
tenor
modificación
de
las
de
su
disposiciones
aplicables. Respecto a la solicitud de reconsideración de
las multas que suman $25,000.00 en el caso administrativo
JRCM-2019-009,
la
Junta
determinó
que,
dado
que
no
se
presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de
Apelaciones contra la Resolución emitida en ese caso el 30
de septiembre de 2020, relacionada con tales multas, la
decisión
administrativa
se
consideraba
final,
firme
e
inapelable.
En consecuencia, la Junta concluyó que, al no haberse
presentado la solicitud de renovación de la licencia previo
a su fecha de vencimiento —es decir, antes del 25 de junio
de 2022—, y al no haberse sometido ninguna otra petición al
amparo de la Ley Núm. 12-2017, infra, o del Reglamento Núm.
9038, infra,
las
solicitudes
de
Vur-Jer
resultaban
improcedentes. A su juicio, la documentación remitida y las
explicaciones ofrecidas por la parte recurrida tampoco la
Freiría y José J. Berríos Rivera, así como con su
representante legal. En esa ocasión, Vur-Jer presentó y
comunicó los mismos planteamientos y solicitudes que luego
reiteró en su correspondencia del 13 de junio de 2022. Véase
Informe de la Oficial Examinadora, Apéndice del Recurso de
certiorari, pág. 22.
CC-2025-0590
colocaron
en
5
posición
de
evaluar
circunstancias
extraordinarias que justificaran la presentación tardía de
la solicitud de renovación de licencia. Expresó, además, que
tal inacción se reflejaba en el impago de las multas, las
cuales permanecían pendientes de cumplimiento. Por estas
razones, ordenó a Vur-Jer efectuar el pago de las referidas
multas dentro de un último término de cinco (5) días y se
reservó el derecho de acudir a los tribunales para su cobro.
El 20 de octubre de 2022, Vur-Jer presentó una Moción
de
reconsideración
y
en
solicitud
urgente
de
vista
administrativa. En lo concerniente al caso de epígrafe,
solicitó que se dejaran sin efecto las multas impuestas en
su contra y que se le permitiera presentar, para evaluación
expedita, los documentos de renovación de la licencia sin la
firma de la accionista Gwen Black.
En la alternativa, requirió que se le concediera la
celebración de una vista administrativa, ya que entendía que
las razones que justificaban su petición se basaban en hechos
que tenía derecho a exponer. Manifestó que lo anterior
cobraba mayor relevancia porque, según las disposiciones
citadas en la Resolución del 30 de septiembre de 2022,
existían asuntos de carácter discrecional de la agencia.
Entre estos mencionó la evaluación de la procedencia de justa
causa ante la ausencia de la firma de la accionista en
cuestión en la solicitud de renovación. Añadió que contaba
con prueba testifical y documental que necesitaba presentar
CC-2025-0590
6
con el beneficio de una vista para sustentar de manera
completa su posición.
Por último, Vur-Jer presentó un recuento de los sucesos
relacionados con la accionista Gwen Black y expuso los
argumentos que, a su criterio, justificaban la ausencia de
su firma en la solicitud de renovación de la licencia.
También relató otros asuntos vinculados con una notificación
presuntamente inoficiosa respecto a las multas impuestas en
el caso administrativo JRCM-2019-009, la cual, según alegó,
viciaba de nulidad el proceso de ejecución de estas.4
Tras varios trámites procesales, los cuales incluyeron
reuniones entre las partes, asuntos de descubrimiento de
prueba, la celebración de una vista administrativa y la
presentación de varios recursos ante el foro intermedio sobre
la prueba que se utilizaría en las vistas, el 28 de mayo de
2025 la Junta emitió una Resolución final. En esta, expresó
que adoptaba el Informe de la Oficial Examinadora a cargo
del caso, acogía la recomendación contenida en el mismo e
incorporaba tal informe por referencia como parte integral
de su determinación.
Cabe mencionar que, en el referido informe, la Oficial
Examinadora
destacó
presentó
treinta
y
una
siete
relación
(37)
de
hechos
relevantes,
determinaciones
de
hecho
incontrovertidas, con referencia a los exhibits utilizados
Debido a que la resolución de la controversia que
nos ocupa no requiere detallar esta incidencia procesal,
prescindimos de ello en esta etapa del procedimiento.
4
CC-2025-0590
7
en el proceso adjudicativo, y desarrolló sus conclusiones de
derecho junto con su análisis jurídico. Luego de ese examen
integral, recomendó a la Junta denegar la renovación de la
licencia de Vur-Jer, debido a que la solicitud no se presentó
al menos treinta (30) días antes de su vencimiento ni se
incluyó
una
presentación
explicación
tardía,
detallada
según
exige
que
justificara
el
Reglamento
su
Núm.
9038, infra.
A partir de ello, la Junta razonó que Vur-Jer presentó
tardíamente
la
solicitud
de
renovación
de
licencia
sin
demostrar justa causa, por lo que la agencia quedó impedida
de extender la licencia de manera administrativa o atender
la solicitud de renovación. Por lo tanto, no le permitió la
renovación de su licencia número CM-2018-088 para operar su
negocio de cannabis medicinal.
Inconforme, el 30 de junio de 2025, Vur-Jer compareció
ante el Tribunal de Apelaciones mediante un
Recurso de
revisión
planteó
judicial.
A
través
de
su
escrito,
la
comisión de varios errores por parte de la Junta relacionados
con los méritos de la renovación de la licencia, los cuales
no es necesario precisar para la resolución del presente
caso en esta etapa del proceso. En respuesta, la Junta
presentó su Oposición a recurso de revisión administrativa
el 18 de julio de 2025, en la que negó cometer los errores
que la parte recurrida le imputó.
CC-2025-0590
8
En lo pertinente al recurso de epígrafe, el 5 de agosto
de 2025, el foro apelativo intermedio emitió una Sentencia
en la que revocó el dictamen de la Junta, sin atender los
errores
señalados
controversia.
ni
Concluyó
entrar
en
que
Junta
la
los
se
méritos
de
la
limitó
en
su
resolución a incluir una breve narrativa procesal y a adoptar
en su totalidad el informe de la Oficial Examinadora, sin
realizar sus propias determinaciones de hecho ni fundamentar
de manera independiente sus conclusiones de derecho con base
en la prueba del expediente administrativo, de modo que se
demostrara la evaluación de la evidencia, la resolución de
conflictos y la correcta aplicación del derecho. Indicó que
este proceder le impidió ejercer adecuadamente su función
revisora.
A su vez, el Tribunal de Apelaciones precisó que el
dictamen recurrido no cumplió con los requisitos legales
mínimos para una revisión judicial efectiva, especialmente
con lo dispuesto en el Art. 4.2 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, infra,
ni con el Art. 142(B) del Reglamento Núm. 9038, infra. Como
resultado de lo anterior, se abstuvo de evaluar los errores
señalados, revocó el dictamen y devolvió el caso a la agencia
para que emitiera una nueva determinación, en observancia de
lo indicado.
El 3 de septiembre de 2025, la Junta compareció ante
este Tribunal mediante un Recurso de certiorari. Adujo que
CC-2025-0590
9
el Tribunal de Apelaciones erró al revocar la Resolución
final que emitió el 28 de mayo de 2025 por supuestos defectos
de forma. Arguyó que, contrario a lo consignado por el foro
intermedio,
su
requisitos
del
dictamen
cumplió
Art.
de
4.2
la
cabalmente
Ley
de
con
los
Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, infra,
y del Art. 142(B) del Reglamento Núm. 9038, infra.
A
su
entender,
ello
se
debió
a
que
la
Oficial
Examinadora rindió un informe detallado con determinaciones
de
hecho
claras
y
conclusiones
de
derecho
específicas.
Explicó que el informe fue discutido en una sesión presencial
por el Pleno de la Junta el 7 de mayo de 2025 y que, tras la
debida deliberación, sin oposición alguna y contando con el
quórum reglamentario requerido, la Junta decidió adoptarlo
en su totalidad e incorporarlo por referencia como parte de
su
Resolución
final.
Además,
subrayó
que,
de
haber
considerado necesario modificar las determinaciones de hecho
o las conclusiones de derecho contenidas en el informe, tenía
plena autoridad para hacerlo, como la ha ejercido en otras
instancias.
advertencias
También
indicó
legales
que
la
decisión
correspondientes,
incluyó
fue
las
firmada
formalmente por el Secretario de la Junta y notificada al
día siguiente, el 29 de mayo de 2025. Al acoger ese informe,
sostuvo que ejerció plenamente sus facultades adjudicativas
y emitió una determinación válida en derecho.
CC-2025-0590
10
Examinado el recurso de autos, el 5 de diciembre de
2025, notificamos una Resolución mediante la cual se le
otorgó a Vur-Jer un término de veinte (20) días para mostrar
causa por la cual no se debía revocar la Sentencia dictada
por el Tribunal de Apelaciones y, con ello, conceder lo
solicitado por la parte peticionaria. En cumplimiento de este
mandato, el 8 de enero de 2026, la parte recurrida presentó
su Oposición a petición de certiorari.
Así las cosas, estamos en posición de expedir el recurso
de epígrafe y proceder a resolver el asunto ante nuestra
consideración.
II
A
En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que
las
decisiones,
órdenes
y
resoluciones
finales
de
los
organismos o agencias administrativas están sujetas a la
revisión
judicial
por
el
Tribunal
de
Apelaciones.
Art.
4.006(c) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 2003,
Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24(y); Regla 56 del Reglamento
del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Véanse,
además, Miranda Corrada v. DDEC et al., 211 DPR 738, 745
(2023); AAA v. UIA, 200 DPR 903, 910 (2018).
De acuerdo con lo anterior, la Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU),
Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq., instaura un
procedimiento uniforme para la revisión judicial de la acción
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11
tomada por una agencia, ya sea al adoptar un reglamento o al
adjudicar un caso. Véase Exposición de motivos de la LPAU,
supra. Con este propósito, la ley no solo regula cómo deben
tramitarse
los
procedimientos
adjudicativos,
sino
que
también define los distintos tipos de decisiones y órdenes
que las agencias pueden emitir. En particular, la Sección
1.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9603, contiene las definiciones
siguientes:
(g) Orden o resolución — Significa cualquier
decisión o acción agencial de aplicación
particular
que
adjudique
derechos
u
obligaciones de una o más personas específicas,
o
que
imponga
penalidades
o
sanciones
administrativas excluyendo órdenes ejecutivas
emitidas por el Gobernador.
(h) Orden o resolución parcial — Significa la
acción agencial que adjudique algún derecho u
obligación que no ponga fin a la controversia
total sino a un aspecto específico de la misma.
(i) Orden interlocutoria — Significa aquella
acción de la agencia en un procedimiento
adjudicativo que disponga de algún asunto
meramente procesal.
[…] (Negrilla suplida).
Precisamente, en atención a estos diferentes tipos de
órdenes y resoluciones, hemos interpretado que una “orden o
resolución final” es aquella que pone fin al caso ante la
agencia
y
tiene
efectos
sustanciales
sobre
las
partes,
similar a una sentencia judicial. Simpson, Passalacqua v.
Quirós, Betances, 214 DPR 370, 378 (2024); Depto. Educ. v.
Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 545 (2006).
CC-2025-0590
12
En esa misma línea, la Sección 3.14 de la LPAU, 3 LPRA
sec. 9654, especifica que toda orden o resolución emitida
por una agencia administrativa “deberá incluir y exponer
separadamente determinaciones de hecho si éstas no se han
renunciado”,
fundamentan
tanto,
así
la
las
como
“conclusiones
adjudicación…”.
determinaciones
suficientemente
claras
y
de
derecho,
que
(Negrilla
suplida).5
Por
deben
ser
lo
viabilizar
la
de
hecho
específicas
para
revisión judicial, mientras que las conclusiones de derecho
no pueden limitarse a enunciados generales, sino que deben
reflejar cómo se aplicó el derecho a los hechos probados.
Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 707-708 (2000);
Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 152 (1998).
De nuestro análisis jurisprudencial se desprende que,
cuando hemos revocado decisiones administrativas o hemos
devuelto
casos
a
las
agencias
por
carecer
de determinaciones de hecho o de conclusiones de derecho
adecuadas, ello ha ocurrido porque “no existe base alguna a
partir
de
la
cual
efectuar
una
revisión
inteligente”.
(Negrilla suplida). Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, págs.
152-153.
Igualmente, la orden o resolución deberá ser firmada
por la jefa o el jefe de la agencia o por cualquier otro
El Art. 142 del Reglamento Núm. 9038, infra, relativo
a la controversia de autos y citado por el Tribunal de
Apelaciones en su Sentencia, recoge de forma análoga lo
consignado en la Sección 3.14 de la LPAU, supra.
5
CC-2025-0590
13
funcionario autorizado por ley. Sección 3.14 de la LPAU,
supra. A su vez, deberá advertir el derecho de solicitar
reconsideración ante la agencia o de instar el recurso de
revisión,
según
corresponda,
ante
el
Tribunal
de
Apelaciones. Íd. También deberá informar las partes que deben
ser notificadas del recurso de revisión, junto
términos
aplicables.
Íd.
Una
vez
se
cumpla
con los
con
este
requisito, comenzarán a transcurrir tales términos. Íd.
Por su parte, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec.
9672,
dispone
resolución
que
final
toda
de
una
parte
afectada
agencia,
que
por
una
orden
haya
agotado
o
los
remedios disponibles ante la propia agencia o el organismo
administrativo apelativo correspondiente, puede solicitar
revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones dentro de
los treinta (30) días siguientes contados a partir de la
fecha de archivo en autos de la copia de la notificación de
la orden o resolución, o a la fecha aplicable si el plazo se
interrumpió
por
una
moción
de
reconsideración.
Fonte
Elizondo v. F & R Const., 196 DPR 353, 359 (2016).
B
Cabe destacar que la LPAU confiere a las jefas o jefes
de agencia la facultad de delegar su función de presidir los
procedimientos de adjudicación que se lleven a cabo ante la
agencia. Sección 3.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9643. Véanse,
además, Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 709
(2010); Tosado v. A.E.E., 165 DPR 377, 385-386 (2005).
CC-2025-0590
14
El propósito de esta delegación radica en que resulta
prácticamente imposible que la jefa o el jefe de una agencia
presida todas las vistas administrativas y adjudique todas
las controversias presentadas ante su oficina. Por ello, se
hace necesaria la delegación de esas funciones para asegurar
la eficiencia del proceso administrativo. Tosado v. A.E.E.,
supra, págs. 386-387.
Consecuente con ese propósito, la Sección 3.3 de la
LPAU dispone expresamente que
[t]oda
agencia
podrá
designar
oficiales
examinadores para presidir los procedimientos
de adjudicación que se celebren en ella, los
cuales no tendrán que ser necesariamente
abogados,
particularmente
cuando
el
procedimiento en cuestión es uno informal.
El jefe de la agencia podrá delegar la
autoridad de adjudicar a uno o más funcionarios
o empleados de su agencia. A estos funcionarios
o empleados se les designará con el título de
jueces administrativos.
[…] 3 LPRA sec. 9643.
En ese marco, la funcionaria o el funcionario que
presida la vista adjudicativa preparará un informe para la
consideración de la agencia, o emitirá la decisión por
escrito si le ha sido delegada la autoridad para ello.
Sección 3.13 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9653(a).
Acerca de la figura de la oficial examinadora u oficial
examinador, hemos expresado que tiene la tarea esencial de
adjudicar
los
hechos
en
controversia
durante
la
vista
evidenciaria. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, pág.
710. Además, le corresponde recopilar de forma integral la
CC-2025-0590
prueba
presentada
15
y,
por
ende,
formar
el
expediente
administrativo. Íd. De ahí la importancia de su función,
pues debe garantizar que el expediente refleje adecuadamente
la posición de todas las partes. Íd.
El expediente administrativo deberá contener, al menos,
lo siguiente:
(a)Las
notificaciones
de
todos
los
procedimientos.
(b) Cualquier orden o resolución interlocutoria
dictada antes de la vista.
(c) Cualquier moción, alegación, petición o
requerimiento.
(d) Evidencia recibida o considerada.
(e) Una relación de todas las materias de las
que se tomó conocimiento oficial.
(f) Ofrecimiento de prueba, objeciones y
resoluciones sobre las mismas.
(g) Propuestas de determinaciones de hecho y
conclusiones de derecho, órdenes solicitadas y
excepciones.
(h) El memorando preparado por el funcionario
que presidió la vista, junto con cualquier
transcripción de todo o parte de la vista
considerada antes de la disposición final del
procedimiento, en aquellos casos en que el
funcionario que presidió la vista no tenga
facultades de adjudicar.
(i) Cualquier orden o resolución final,
preliminar o en reconsideración.
[…](Negrilla suplida). Sección 3.18 de la LPAU,
3 LPRA sec. 9658.
Nótese que las partes tienen derecho a que su caso se
adjudique sobre la base del contenido de ese expediente
administrativo. Íd. En efecto, ese expediente constituye la
base exclusiva para la decisión de la agencia, así como para
la revisión judicial ulterior. Graciani Rodríguez v. Garage
Isla Verde, 202 DPR 117, 128 (2019); Sección 3.18 de la LPAU,
supra. Por tal razón, la oficial examinadora u oficial
CC-2025-0590
16
examinador debe desarrollar un récord claro y transparente,
de modo que la adjudicadora o el adjudicador pueda evaluarlo
de novo sin dificultad. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance,
supra,
págs.
determinación
710-711.
Solo
así
se
final
tome
de
manera
se
asegura
que
la
independiente,
objetiva y fundada exclusivamente en un proceso justo y libre
de influencias. Íd.
A tenor con lo anterior, esta funcionaria o funcionario
está
facultado
para,
entre
otras
cosas,
emitirle
a
la
adjudicadora o al adjudicador una recomendación sobre la
decisión que debe tomar a base de sus determinaciones de
hecho y del derecho aplicable. Com. Seg. v. Real Legacy
Assurance,
supra,
pág.
711.
En
esencia,
prepara
una
recomendación sobre cómo debe adjudicarse el caso, cuyo
alcance dependerá de lo que disponga el estatuto aplicable
o del poder delegado. Íd. Esto responde a que el oficial
examinador puede emitir una recomendación o informe inicial
dirigido al ente encargado de resolver formalmente el asunto,
el cual puede ser aceptado o rechazado. Íd.
Por lo general, la adjudicadora o el adjudicador de la
agencia suele otorgar gran deferencia al informe de
la
oficial
de
examinadora,
pues
sus
recomendaciones
gozan
respeto debido a la vasta experiencia que posee sobre los
méritos del asunto. Debe recordarse que el oficial examinador
es quien delimita los asuntos en controversia, recibe y
evalúa toda la prueba, adjudica credibilidad y, en fin,
CC-2025-0590
17
conforma el expediente sobre el cual el adjudicador basará
su decisión final. Íd., pág. 711.
Con
respecto
a
esto,
el
Profesor
William
Vázquez
Irizarry ha explicado, a fin de analizar la interpretación
normativa
sobre
la
figura
de
estas
funcionarias
y
funcionarios y la manera en que se adoptan las decisiones
agenciales, que
[l]a práctica en cuanto al formato de este
informe y su trámite puede variar de agencia en
agencia. El contenido mínimo del informe son
las determinaciones de hecho, aunque es usual
que también incluya conclusiones de derecho y
en ocasiones recomendaciones. Hay agencias en
las cuales el oficial examinador prepara un
documento completo como el antes descrito y si
es acogido por el jefe de agencia se emite el
mismo
como
decisión
final.
Esto
podría
conllevar un simple trámite de cambiarle el
título al documento, de ‘Informe’ a ‘Resolución
Final’, así como la identificación de quien
firma. En otras agencias el documento ‘Informe’
queda inalterado y el mismo se convierte en un
anejo al documento denominado ‘Resolución
Final’ que firma el jefe de agencia. Este
último documento haría entonces referencia a
que se están incorporando las determinaciones
de hecho y conclusiones de derecho del oficial
examinador. Adviértase que en ambos casos el
jefe de agencia acoge de forma íntegra el
informe del oficial examinador. Esto, sin
embargo, no tiene que ser el caso… (Negrilla
suplida).
W.
Vázquez
Irizarry,
Derecho
Administrativo, 77 Rev. Jur. UPR 783, 802
(2008).
Por todo lo visto, aunque este funcionario o funcionaria
desempeña un rol fundamental, el jefe o la jefa de la agencia
es quien, en última instancia, implanta la política pública
que rige su administración. En tal sentido, la facultad
decisional del oficial examinador o de la oficial examinadora
CC-2025-0590
18
se encuentra limitada. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance,
supra, pág. 712. Véase, además, G.A. Flores García, Derecho
Administrativo, 81 Rev. Jur. UPR 541, 554-559 (2012). Así,
el jefe o la jefa de agencia puede llegar a sus propias
determinaciones y conclusiones, las cuales pasarán a formar
parte del contenido de la resolución final. Incluso “puede
llegar a una determinación de hecho distinta a la del oficial
examinador”, siempre que se sustente en evidencia sustancial
que obre en el expediente. W. Vázquez Irizarry, supra, pág.
804; Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. Véase, además,
Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 26, 35-36 (2018).
C
La
Ley
para
Manejar
el
Estudio,
Investigación
del
Cannabis
para
la
Desarrollo
Innovación,
e
Normas
Aplicables y Límites (Ley Medicinal), la Ley Núm. 42-2017,
24 LPRA sec. 2621 et seq., provee un marco regulatorio que
autoriza el uso del cannabis como alternativa legítima de
tratamiento para personas con ciertas condiciones médicas.
Véase Exposición de motivos de la Ley Medicinal, supra.
Concretamente, regula de manera integral todo el proceso
relacionado
con
investigación
y
el
el
cannabis
cultivo
hasta
medicinal
la
—desde
la
manufactura,
los
laboratorios, la transportación y la dispensación— mediante
un sistema de licencias e identificaciones específicas para
cada actividad. Íd.
CC-2025-0590
19
A esos fines, este cuerpo normativo crea la Junta
Reglamentadora
del
Cannabis
Medicinal,
adscrita
al
Departamento de Salud, encargada de administrar el programa
de cannabis medicinal en Puerto Rico. Art. 2(k) de la Ley
Medicinal, 24 LPRA sec. 2621 inciso (a). Además, la Junta
está
formada
por
miembros
del
gobierno
y
profesionales
nombrados por la Gobernadora o el Gobernador, con experiencia
en áreas como la salud, la agricultura, la investigación
científica, el desarrollo económico y la seguridad pública,
entre otras. Véase Art. 4 de la Ley Medicinal, 24 LPRA sec.
2622.
En lo atinente al caso de autos, la Junta, entre otras
funciones, cuenta con la autoridad de “[c]elebrar vistas
públicas conforme a su función adjudicativa”, así como de
“[a]djudicar casos de asuntos bajo su jurisdicción…”. Art.
5 de la Ley Medicinal, 24 LPRA sec. 2622a. De la misma manera,
está facultada para, “[e]mitir, negar, revocar, suspender,
restringir
licencias
e
imponer
multas
administrativas
conforme a las disposiciones de esta Ley [Medicinal] y los
reglamentos que promulgue para instrumentar la misma”. Íd.,
inciso (n).
Similarmente, el Art. 7 de esta ley dispone que la Junta
“podrá
delegar
en
oficiales
examinadores
la
función
adjudicativa de la Junta de presidir las vistas públicas que
se celebren”. 24 LPRA sec. 2622c. En ese sentido, el citado
CC-2025-0590
artículo
20
señala
que
los
oficiales
examinadores
y
las
oficiales examinadoras tendrán autoridad para:
(1) tomar juramento y declaraciones;
(2)
expedir
citaciones,
requerir
la
presentación de informes, libros, papeles y
documentos que consideren necesarios para el
ejercicio de sus funciones;
(3) recibir evidencia pertinente y dictaminar
sobre ella;
(4) tomar o hacer tomar deposiciones;
(5) celebrar vistas públicas y regular el curso
de las mismas;
(6)
celebrar
y
presidir
conferencias
preliminares para aclaración y simplificación
de los asuntos en controversia;
(7) disponer de instancias procesales o asuntos
similares;
(8) recomendar decisiones a la Junta; y
(9) ejecutar funciones de autoridad delegada de
adjudicación. (Negrilla suplida) Íd.
Sin embargo, el mismo artículo precisa que “[l]a labor
de estos oficiales examinadores será válida con la aprobación
de la mayoría de la Junta, excepto en los casos donde se le
confirió a la Junta la autoridad para delegar al director
ejecutivo algún asunto, en cuyo caso la aprobación del
director ejecutivo será suficiente”. (Negrilla suplida). Íd.
Por otro lado, el Art. 130 del Reglamento para Manejar
el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la
Innovación, Normas Aplicables y Límites, Reglamento Núm.
9038 del Departamento de Salud, aprobado el 2 de julio de
2018,
especifica
que
las
vistas
administrativas
serán
presididas por un oficial examinador u oficial examinadora.
En
relación
con
ello,
el
Art.
135
establece
que
este
funcionario o funcionaria cuenta con la facultad de someter
ante la Junta un informe que resuma los procedimientos
CC-2025-0590
21
celebrados,
incluya
conclusiones
de
las
determinaciones
derecho,
y
contenga
sus
de
hecho
y
las
recomendaciones
sobre la acción o acciones que, a su juicio, deban tomarse.
Expuesto el derecho pertinente, procedemos a discutir
su aplicación a esta controversia.
III
Nos corresponde resolver si el Tribunal de Apelaciones
erró al revocar la determinación de la Junta y devolver el
caso para que la agencia emitiera una nueva resolución, toda
vez
que
concluyó
que
el
dictamen
final
carecía
de
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho propias
e independientes de las contenidas en el informe elaborado
por la Oficial Examinadora que presidió el procedimiento
adjudicativo,
lo
que,
a
su
juicio,
le
impidió
ejercer
adecuadamente la revisión judicial.
En otras palabras, debemos decidir si el proceder de la
Junta al acoger en su totalidad el informe de la Oficial
Examinadora
e
incorporarlo
por
referencia
como
parte
integral de su resolución final incumplió con las exigencias
de
la
LPAU,
supra.
Ello
debido
a
que
el
Tribunal
de
Apelaciones resolvió que la Resolución final no contenía
determinaciones de hecho claras ni conclusiones de derecho
suficientes para permitir una revisión judicial efectiva. De
ser así, a la Junta le correspondía elaborar determinaciones
de hecho y conclusiones de derecho adicionales, propias e
independientes a las consignadas por la Oficial Examinadora.
CC-2025-0590
22
Tras un análisis detallado de la documentación del caso
y
de
la
normativa
aplicable,
coincidimos
con
la
parte
peticionaria. Veamos.
A modo de repaso, tras diversos trámites relacionados
con
la
denegación
de
la
solicitud
de
renovación
de
la
licencia número CM-2018-088 para operar el establecimiento
de
cannabis
medicinal
Vur-Jer
—que
incluyeron
reuniones
entre las partes de epígrafe, asuntos de descubrimiento de
prueba, y la celebración de una vista administrativa—, la
funcionaria asignada al caso emitió su Informe […] el 6 de
mayo de 2025.
Posteriormente, la Junta emitió su Resolución final el
28 de mayo de 2025. Como parte esencial de su dictamen,
acogió íntegramente el referido informe y consignó de manera
expresa lo siguiente:
El 7 de mayo de 2025, la Junta, contando con el
quórum reglamentario requerido, atendió el
informe rendido por la Oficial Examinadora,
Lcda. Ramagui Rivera De Jesús, con fecha del 6
de mayo de 2025. En atención a dicho Informe,
se acoge y se adopta la recomendación en el
mismo, el cual se incorpora por referencia y
forma parte integral de la presente Resolución.
(Negrilla suplida).6
Acto seguido, la Junta incluyó las advertencias legales
sobre
la
solicitud
disponibilidad
de
y
el
reconsideración,
plazo
para
conforme
al
presentar
una
Art.
del
143
Reglamento Núm. 9038, supra. De igual modo, informó sobre
Véase Resolución final, Apéndice del Recurso de
certiorari, pág. 12.
6
CC-2025-0590
23
las advertencias y el término para interponer un recurso de
revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones, de acuerdo
con las Secciones 3.15 y 4.2 de la LPAU, supra.
En la disposición final de la Resolución, junto con la
firma del Secretario, Agro. Irving Rodríguez, fue acreditada
la anuencia y participación con quorum de los miembros de la
Junta.7
Como consecuencia de lo anterior, a Vur-Jer no se le
permitió la renovación de su licencia número CM-2018-088 para
operar su dispensario de cannabis medicinal, toda vez que se
concluyó que presentó tardíamente la solicitud de renovación
sin demostrar justa causa, lo que impidió que la agencia le
extendiera la licencia de manera administrativa o atendiera
su solicitud de renovación, en virtud de la Ley Medicinal y
del Reglamento Núm. 9038.
Ante este escenario, el 30 de junio de 2025, Vur-Jer
sometió un Recurso de revisión judicial ante el Tribunal de
Apelaciones. En su escrito, planteó la comisión de diversos
errores por parte de la Junta relacionados con los méritos
de la renovación de la licencia número CM-2018-088. Entre
estos errores no se alegó que la Resolución final de la Junta
careciera de determinaciones de hecho o conclusiones de
derecho claras, según lo exige la Sección 3.14 de la LPAU,
supra. Por su parte, la Junta negó cometer los errores
imputados.
7
Íd., pág. 13.
CC-2025-0590
24
En este contexto, el 5 de agosto de 2025, el Tribunal
de Apelaciones emitió una Sentencia en la que expresó lo
siguiente:
[L]a Junta se limitó a incluir una breve
narrativa de los hechos procesales y adoptó en
su totalidad el informe presentado por la
licenciada Rivera, sin realizar sus propias
determinaciones de hechos ni fundamentar de
manera independiente sus conclusiones
de
derecho con base en la prueba contenida en el
expediente administrativo.
El proceder antes expuesto impide que este foro
pueda ejercer su función revisora de forma
adecuada. Para que un Tribunal pueda revisar
una
determinación
administrativa,
es
indispensable
que
la
agencia
exponga
determinaciones de hechos claras y específicas,
así como conclusiones de derecho debidamente
fundamentadas. Estas deben demostrar que la
agencia
evaluó
la
prueba,
resolvió
los
conflictos y aplicó correctamente el derecho a
los hechos acreditados. Las decisiones no
pueden ser pro forma ni limitarse a reproducir
normas generales…
[…](Negrilla suplida).8
Sobre ese respecto, indicó que el dictamen de la Junta
no cumplió con los requisitos legales mínimos para permitir
una
revisión
judicial
efectiva,
especialmente
con
lo
dispuesto en el Art. 4.2 de la LPAU, supra,9 y en el Art.
Véase
Sentencia,
certiorari, pág. 8.
8
Apéndice
del
Recurso
de
Conviene aclarar que, de manera incorrecta, el
Tribunal de Apelaciones sugiere en su Sentencia que la
Sección 4.2 de la LPAU, supra, regula los requisitos que
debe
cumplir
una
resolución
final
en
cuanto
a
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho,
cuando en realidad ello surge de la Sección 3.14 de la
LPAU, supra. Por su parte, la Sección 4.2 establece los
términos y condiciones para interponer un recurso de
revisión judicial.
9
CC-2025-0590
25
142(B) del Reglamento Núm. 9038, supra. Como resultado de lo
anterior, el Tribunal de Apelaciones se abstuvo de considerar
los señalamientos de error, revocó el dictamen de la Junta
y devolvió el caso a la agencia para que emitiera una nueva
determinación conforme a lo allí expuesto.
El 3 de septiembre de 2025, la Junta acudió ante este
Tribunal mediante un Recurso de certiorari. Sostuvo que el
foro apelativo intermedio erró al revocar la Resolución final
por supuestos defectos de forma, al entender que carecía de
determinaciones de hecho y conclusiones de derecho propias
de
la
Junta
e
independientes
de
las
de
la
Oficial
Examinadora. Argumentó que, contrario a lo consignado por el
Tribunal de Apelaciones, su dictamen cumplió plenamente con
los requisitos legales aplicables. Es sobre esta cuestión
que corresponde a este Tribunal pronunciarse y resolver.
Es menester recalcar que la Sección 3.14 de la LPAU,
supra, establece que toda orden o resolución emitida por una
agencia
administrativa
separadamente
“deberá
determinaciones
incluir
de
hecho”,
y
exponer
así
como
“conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación…”.
(Negrilla suplida). De manera análoga, el Art. 142(B) del
Reglamento Núm. 9038, supra, dispone lo mismo.
En
ese
sentido,
es
norma
reiterada
que
las
determinaciones de hecho de las agencias administrativas
deben
ser
lo
suficientemente
claras
y
específicas
para
permitir la revisión judicial, mientras que las conclusiones
CC-2025-0590
26
de derecho no pueden limitarse a enunciados generales, sino
que deben demostrar cómo se aplicó el derecho a los hechos
probados. Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, págs. 707-708;
Misión Ind. P.R. v. J.P., supra, pág. 152.
Asimismo, la revocación de una decisión administrativa
por falta de determinaciones de hecho o conclusiones de
derecho adecuadas procede cuando “no existe base alguna a
partir de la cual efectuar una revisión inteligente”. Misión
Ind.
P.R.
v.
J.P.,
supra,
págs.
152-153.
Sin
embargo,
resolvemos que ello no ocurre en el presente caso.
De
entrada,
sin
prejuzgar
los
méritos
de
la
determinación final sobre la renovación de la licencia número
CM-2018-088, del expediente se desprende que el informe está
estructurado de manera ordenada y sistemática. En la sección
titulada
“Trasfondo”,
contiene
un
resumen
de
los
datos
generales relacionados con la compañía Vur-Jer, así como de
acontecimientos que ocurrieron desde que esta entidad obtuvo
su licencia en el 2018 hasta el 29 de julio de 2022, fecha
en la que se produjo una comunicación escrita entre las
partes de epígrafe.10
Seguidamente,
“Relación
procesal
cuarenta
(40)
se
incorporó
relevante”.
hechos
una
En
procesales
parte
esta,
que
se
se
denominada
expusieron
consideraron
significativos, ocurridos a partir del 30 de septiembre de
Véase Informe de la Oficial Examinadora, Apéndice
del Recurso de certiorari, págs. 15-17.
10
CC-2025-0590
27
2022 —fecha en que se notificó oficialmente a Vur-Jer el
vencimiento de su licencia para operar su dispensario de
cannabis
medicinal—
hasta
el
momento
en
que
la
parte
recurrida decidió someter el caso por el expediente durante
el último día de la vista administrativa en su fondo.11
Luego, en la sección identificada como “Determinaciones
de
hecho”,
están
plasmadas
treinta
y
siete
(37)
determinaciones de hecho incontrovertidas, con referencia a
los exhibits presentados durante el proceso adjudicativo.12
En la sección subsiguiente, titulada “Determinaciones de
derecho
y
análisis”,
están
contenidas
las
conclusiones
jurídicas junto con el análisis correspondiente.13
Finalmente, la Lcda. Ramagui Rivera De Jesús incluyó
una sección de “Recomendación” en la cual propuso a la Junta
sostener la determinación de denegar la renovación de la
licencia de Vur-Jer, notificada el 30 de septiembre de 2022,
debido a que la solicitud fue radicada de manera tardía.
Precisamente,
esta
funcionaria
estatutariamente
para,
entre
otras
está
cosas,
facultada
emitirle
al
adjudicador de la agencia una recomendación sobre la decisión
que debe tomar con base en sus determinaciones de hecho y en
el derecho aplicable. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance,
11
Íd., págs. 17-20.
12
Íd., págs. 21-25.
13
Íd., págs. 25-29.
CC-2025-0590
28
supra, pág. 711; Sección 3.3 de la LPAU, supra; Art. 7 de la
Ley Medicinal, supra; Art. 135 del Reglamento 9038, supra.
Con posterioridad a la reunión celebrada el 7 de mayo
de 2025, el Pleno de la Junta decidió acoger en su totalidad
el
informe
de
la
Oficial
Examinadora,
adoptándolo
por
referencia y como parte integral de su Resolución final.
Como se ha señalado previamente, el adjudicador de la agencia
suele conceder gran deferencia al informe de la Oficial
Examinadora, dado que sus recomendaciones gozan de respeto
por la vasta experiencia que esta posee sobre los méritos
del asunto. Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, supra, pág.
711. Esto fue exactamente lo que ocurrió en el presente caso:
la Junta, luego de una deliberación, otorgó entera deferencia
al informe de la Oficial Examinadora, la Lcda. Ramagui Rivera
De Jesús.
Debe recordarse que la Oficial Examinadora delimita los
asuntos en controversia, recibe y evalúa toda la prueba,
adjudica credibilidad y, en fin, conforma el expediente
administrativo
sobre
el
cual
el
adjudicador
basará
su
decisión final. Íd., págs. 710-711.
De hecho, la Junta actuó de manera consecuente con lo
señalado por el Profesor Vázquez Irizarry, quien ha indicado
que existen agencias en las cuales el Oficial Examinador
prepara un informe y, si es acogido por el jefe de la agencia,
este se emite como decisión final. W. Vázquez Irizarry,
supra, pág. 802.
CC-2025-0590
29
En tales casos, resolvemos que no existe impedimento
para que el informe se incorpore sin modificaciones como
anejo al documento denominado “Resolución final”, el cual
hará referencia a que se integran las determinaciones de
hecho y conclusiones de derecho del Oficial Examinador. Íd.
Ahora bien, lo anterior no implica que la adopción
íntegra del informe del Oficial Examinador sea la única vía
posible. El jefe o la jefa de la agencia, o el organismo
agencial
autorizado
estatutariamente
para
ello,
puede
formular sus propias determinaciones de hecho y conclusiones
de derecho, las cuales pasarán a formar parte del contenido
de la resolución final. En este sentido, incluso puede
arribar a una determinación de hecho distinta a la del
informe
del
Oficial
Examinador,
siempre
que
esa
determinación se sustente en la evidencia sustancial que obra
en el expediente. W. Vázquez Irizarry, supra, pág. 804;
Sección 4.5 de la LPAU, supra. Véase, además, Rolón Martínez
v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36.
No
obstante,
concluimos
que
las
agencias
administrativas también cuentan con la facultad de acoger
íntegramente el informe del Oficial Examinador y adoptarlo
por referencia como parte integral de su resolución final,
siempre y cuando contenga todos los requerimientos exigidos
por
ley,
así
como
los
de
las
modalidades
determinaciones
de
cualquiera
aquí
hecho
y
discutidos.
en
que
Es
decir,
bajo
se
recojan
las
conclusiones
de
derecho,
CC-2025-0590
30
corresponde al adjudicador asegurarse de que la decisión
adoptada
sobre
sustentada
en
la
la
base
del
evidencia
informe
contenida
esté
debidamente
en
expediente
el
administrativo.
En el presente caso, según consta en la Resolución
final, luego de la reunión en Pleno del 7 de mayo de 2025,
la Junta revisó el Informe de la Oficial Examinadora y
decidió
acoger
íntegramente
sus
recomendaciones,
incorporándolas por referencia como parte integral de su
determinación final.
Por ello, sin prejuzgar los méritos de la controversia
relativa a la denegación de la licencia, resolvemos que el
Informe de la Oficial Examinadora, adoptado de manera íntegra
y
por
referencia
determinaciones
de
en
la
hecho
Resolución
y
final,
conclusiones
contiene
de
derecho
suficientes para que el Tribunal de Apelaciones pueda ejercer
adecuadamente su revisión judicial.
IV
En vista de lo anterior, se revoca la Sentencia emitida
por el Tribunal de Apelaciones y se remite el caso a este
foro para que atienda en los méritos el Recurso de revisión
judicial instado por Vur-Jer.
Se dictará Sentencia en conformidad.
Luis F. Estrella Martínez
Juez Asociado
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Vur-Jer, LLC.
Recurrida
v.
CC-2025-0590
Certiorari
Junta Reglamentadora de
Cannabis Medicinal
Peticionaria
Sentencia
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2026.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la presente
Sentencia, se revoca la Sentencia emitida por el Tribunal de
Apelaciones y se remite el caso a este foro para que atienda
en los méritos el Recurso de revisión judicial instado por
Vur-Jer.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo