LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

Centro de Periodismo Investigativo, Inc. y otros v. González Colón y otros

2026 TSPR 40

Poder Judicial de Puerto Rico

Abrir la fuente oficial

Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.

Volver a Tribunal Supremo de Puerto Rico

Centro de Periodismo Investigativo, Inc. y otros v. González Colón y otros

CC-2026-0247

17 de abril de 2026 · Resolución del Tribunal · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Periodismo

Investigativo, Inc.; Luis J.

Valentín Ortiz; Noel Algarín

Martínez

Peticionarios

v.

2026 TSPR 40

Jennifer González Colón, en su

capacidad oficial como Gobernadora

del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico; Marieli Padró

Raldiris, en su capacidad oficial

como Secretaria de Prensa de la

Gobernadora del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico; Oficina

de la Gobernadora del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico;

Departamento de Estado; Estado

Libre Asociado de Puerto Rico

218 DPR ___

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

CC-2026-0247

17 de abril de 2026

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Luis José Torres Asencio

Lcdo. Steven P. Lausell Recurt

Lcda. Judith W. Berkan Barnett

Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Periodismo

Investigativo, Inc.; Luis J.

Valentín Ortiz; Noel Algarín

Martínez

Peticionarios

v.

CC-2026-0247 Certiorari

Jennifer González Colón, en su

capacidad oficial como

Gobernadora del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico;

Marieli Padró Raldiris, en su

capacidad oficial como

Secretaria de Prensa de la

Gobernadora del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico;

Oficina de la Gobernadora del

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico; Departamento de Estado;

Estado Libre Asociado de Puerto

Rico

Recurridos

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2026.

Examinada la Moción en solicitud de orden provisional en

auxilio de jurisdicción y la Solicitud de certiorari,

presentadas por la parte peticionaria, se provee no ha lugar a

ambas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Colón Pérez emitió un

Voto Particular Disidente. El Juez Asociado señor Estrella

Martínez emite la siguiente expresión particular, a la cual se

une la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez:

“Considero que este es un caso idóneo para

precisar, conforme a derecho, el balance de

CC-2026-0247

2

intereses y los contornos necesarios de una

controversia que refleja una pugna entre el

ejercicio de derechos constitucionales a la

libertad de prensa y el interés del Estado en una

intención declarada de promover un ambiente de

seguridad y orden en las conferencias de prensa que

convoca. Por un lado, el dictamen del foro primario

carece

de

la

especificidad

necesaria

para

establecer un estado de derecho claro que evite

controversias ulteriores similares entre las partes

u otros periodistas. Por el otro, la Sentencia

recurrida del foro intermedio no va a la médula de

la controversia ni profundiza en los fundamentos

aplicables a la tarea de evaluar la validez del

mecanismo establecido por el Poder Ejecutivo como

precondición para que la Prensa logre acceso a las

conferencias de prensa. Así, el saldo de las

determinaciones recurridas es que no se provee un

remedio adecuado, completo y oportuno en la

búsqueda del ecuánime equilibrio que debemos

procurar quienes custodiamos la balanza de la

justicia.

Por esta razón, hubiese expedido el recurso de

certiorari y celebrado una vista oral para

auscultar el mejor balance posible entre los

derechos constitucionales y los intereses en

controversia. Además, en lo inmediato, hubiese

declarado ha lugar la Moción en solicitud de orden

provisional en auxilio de jurisdicción que presentó

la parte peticionaria y, así, hubiese paralizado,

en cuanto a esta, los efectos de la medida adoptada

por el Poder Ejecutivo hasta que se resolviera el

caso en los méritos.”

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Centro de Periodismo

Investigativo, Inc. y otros

Peticionarios

v.

CC-2026-0247

Jenniffer González Colón y

otros

Recurridos

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado señor

COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2026.

En esta ocasión, ante una solicitud que nos hace el Centro

de Periodismo Investigativo, Inc., veníamos llamados y llamadas

a determinar si es, o no, válido el que se requiera una

certificación de prensa, expedida por el Departamento de Estado

de Puerto Rico (en adelante, “Departamento de Estado”), como

condición para poder asistir a las conferencias de prensa que

se celebran en La Fortaleza, sede de gobierno en nuestro País;

o si, por el contrario, tal limitación constituye una violación

al derecho constitucional a la libertad de prensa.1 Hoy, ante

el silencio ensordecedor de una mayoría de mis compañeros y

El presente caso tiene su génesis en una Demanda sobre sentencia

declaratoria, e injunction preliminar y permanente, presentada el pasado 29

de diciembre de 2025, ante el Tribunal de Primera Instancia, por el Centro

de Periodismo Investigativo y los periodistas Sres. Luis J. Valentín y Noel

Algarín Martínez en contra de la Gobernadora del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, Hon. Jenniffer González Colón; la Sra. Marieli Padró Raldiris,

en su capacidad oficial como Secretaria de Prensa de la Gobernadora; la

Oficina de la Gobernadora; el Departamento de Estado; y el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico. Ello, luego de que a los referidos periodistas se

le negara la entrada a cierta conferencia de prensa en La Fortaleza.

1

CC-2026-0247

2

compañeras de estrado (cuyo efecto es validar tan desacertado

proceder), no nos queda más que, desde la disidencia, abordar

el referido requerimiento por parte de la Primera Ejecutiva del

País; uno que, a todas luces, lesiona, -- gravemente --, un

derecho constitucional de superior jerarquía consagrado tanto

en la Constitución de los Estados Unidos de América, infra,

como en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico,

infra,

entiéndase

la

que

última

constitucional

esta

libertad

juro

de

prensa.

defender

Derecho

contra

todo

enemigo interior o exterior. Nos explicamos.

I.

Como ya mencionamos, tanto la Constitución de los Estados

Unidos

de

América,

como

la

Constitución

del

Estado

Libre

Asociado de Puerto Rico, consagran la libertad de prensa como

un derecho fundamental. Enmda. I, Const. EE. UU., LPRA, Tomo 1

y Art. II, Sec. 4, Const. ELA. PR, LPRA, Tomo 1. En específico,

las precitadas disposiciones constitucionales establecen que

no se aprobará ley alguna que tenga como efecto el restringir

o coartar la libertad de palabra o de prensa. Íd. De ahí que,

cuando se asomen a nuestras puertas asuntos o controversias que

incidan sobre los referidos derechos constitucionales, sea

labor

de

este

Tribunal

el

resguardar

celosamente

las

protecciones que éstos brindan.2 OCS v. Point Guard Ins., 205

DPR 1005, 1019 (2020); U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, 180

2

Recordemos que “la libertad de prensa es un derecho fundamental de todos

los puertorriqueños y puertorriqueñas, y proteger dicho derecho goza del

más alto interés público”. Izquierdo II v. Cruz, 213 DPR 607, 635 (2024)

(Op. de conformidad del Juez Asociado señor Colón Pérez).

CC-2026-0247

3

DPR 253, 286 (2010); Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, 156 DPR

18, 23 (2002).

Y es que, como hemos expresado en el pasado, las libertades

de palabra y de prensa, en la medida en que facultan el

desarrollo del individuo y estimulan el libre intercambio y la

diversidad de ideas, constituyen piedra angular de nuestro

sistema democrático de gobierno. OCS v. Point Guard Ins.,

supra; U.P.R. v. Laborde Torres y otros I, supra; Muñiz v.

Admor. Deporte Hípico, supra; Velázquez Pagán v. A.M.A., 131

DPR 568, 576 (1992). En esa dirección, hemos sentenciado que

el derecho de acceso, el derecho a recopilar y el derecho a

publicar constituyen herramientas claves para el libre flujo

de información, intercambio de ideas y el ejercicio eficaz del

derecho de la libertad de prensa. Véase, por ejemplo, Disidente

Univ.

de

P.R.

v.

Depto.

de

Estado,

145

DPR

689

(1998);

Villanueva v. Hernández Class, 128 DPR 618 (1991); Soto v.

Srio. de Justicia, 112 DPR 477 (1982).

Establecido

lo

anterior,

es

también

nuestro

deber

reconocer aquí que el derecho a la libertad de prensa, como

todo derecho constitucional, puede, en situaciones en extremo

extraordinarias, limitarse y “subordinarse a otros intereses

cuando la necesidad y conveniencia pública lo requieran”. Mari

Bras v. Casañas, 96 DPR 15, 21 (1968). Empero, y según ha sido

previamente sentenciado por este Tribunal, las limitaciones

adoptadas deben ser interpretadas de forma restrictiva, de modo

tal que se asegure que éstas no abarquen más de lo necesario.

OCS v. Point Guard Ins., supra; U.P.R. v. Laborde Torres y

CC-2026-0247

4

otros I, supra, pág. 287; Muñiz v. Admor. Deporte Hípico, supra,

pág. 24. Adelantamos que ello no fue lo que sucedió aquí.

II.

De otra parte, y por considerarlo en extremo pertinente

para

la

correcta

disposición

de

los

asuntos

ante

nuestra

consideración, conviene también recordar aquí que nuestra Carta

Magna concede a la Asamblea Legislativa la facultad de “crear,

consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus

funciones”. Art. III, Sec. 16, Const. ELA. PR, supra. En esa

dirección,

el

prerrogativa

legislador

de

delegar

y

a

la

las

legisladora

agencias

tienen

la

administrativas

adscritas al Poder Ejecutivo, -- ya sea mediante su ley orgánica

o a través de una ley especial --, ciertas facultades, entre

las cuales se encuentra, claro está, la de aprobar reglas y

reglamentos.

R&B

Power,

Inc.

v.

Junta

de

Subastas

de

la

Administración de Servicios Generales, 213 DPR 685, 700 (2024);

FCPR v. ELA et al., 211 DPR 521, 535 (2023). Véase, también,

D.

Fernández

Quiñones, Derecho

administrativo

y

Ley

de

Procedimiento Administrativo Uniforme, 3.a ed., Bogotá, Ed.

Forum, 2013, pág. 121 y Sánchez et al. v. Depto. Vivienda et

al., 184 DPR 95, 120–123 (2011).

Sobre el particular, este Tribunal ha establecido los

siguientes principios que sirven como guía al pasar juicio

sobre la validez de las actuaciones de una agencia: “(1)

determinar si la ley autoriza la actuación administrativa; (2)

si

se

delegó

el

poder

de

reglamentación;

(3)

si

la

reglamentación está dentro de los poderes delegados; (4) si al

CC-2026-0247

aprobarse

procesales;

5

la

reglamentación

y

(5)

si

la

se

cumplió

reglamentación

con

es

las

normas

arbitraria

o

caprichosa. Caribe Comms., Inc. v. PRTCo., 157 DPR 203, 211212 (2002). Así pues, si luego de evaluar la actuación del

organismo legislativo, se determina que éste actuó por encima

de

los

poderes

que

le

fueron

delegados

por

la

Asamblea

Legislativa, dicha actuación se considerará como una ultra

vires y, por consiguiente, nula. R&B Power, Inc. v. Junta de

Subastas de la Administración de Servicios Generales, supra,

pág. 701; FCPR v. ELA et al., supra, pág. 536; Amieiro González

v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 371 (2008).

En lo aquí pertinente, y de conformidad con lo dispuesto

en el Art. 2.24 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, mejor

conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9

LPRA sec. 5025 (en adelante, “Ley Núm. 22-2000”), la Asamblea

Legislativa

delegó

al

Secretario

del

Departamento

de

Transportación y Obras Públicas la facultad de expedir un

“rótulo removible” a un miembro bona fide de la prensa general

activa, -- debidamente acreditado como tal ante el Departamento

de Estado --, a los fines de identificar el vehículo de motor

que utilice. A su vez, el Art. 1.86 de la precitada ley dispone

que se considerará “prensa general activa” a “aquellas personas

debidamente acreditadas por el Departamento de Estado que se

dedican a la búsqueda de información para los medios noticiosos

y para quienes esta ocupación constituye su principal medio de

vida”. Art. 1.86 de la Ley Núm. 22-2000, supra, sec. 5001,

inciso 84.

CC-2026-0247

6

Fue, precisamente, en virtud de la referida disposición

legal que el Departamento de Estado promulgó el Reglamento para

establecer la expedición, renovación, cancelación y el uso de

las certificaciones de prensa, Reglamento Núm. 6336 de 8 de

agosto de 2001 (en adelante, “Reglamento Núm. 6336”). Mediante

éste, se dispuso el procedimiento a seguir para acreditar a las

personas integrantes de la prensa general activa, de modo tal

que éstos y éstas puedan obtener, por parte del Departamento

de Transportación y Obras Públicas, el “rótulo especial” al que

hemos hecho referencia. Art. I del Reglamento Núm. 6336, supra.

Cabe señalar que este último busca facilitar el estacionamiento

del vehículo del o de la periodista mientras éste o ésta se

encuentre desempeñando gestiones periodísticas oficiales. Art.

2.24 de la Ley Núm. 22-2000, supra, Sec. 5025, inciso (d). Y,

en nada, se refería a constituir un mecanismo para poder

determinar quién cubre, o no, las conferencias de prensa que

se realizan en La Fortaleza.

Es, precisamente, a la luz de la normativa antes expuesta

que procedemos, desde la disidencia, a disponer de los asuntos

ante nuestra consideración.

III.

Como mencionamos anteriormente, en el presente caso, el

Centro de Periodismo Investigativo, Inc. sostiene que no es

válido, ni constitucional, el que se requiera una certificación

de

prensa,

expedida

por

el

Departamento

de

Estado,

como

condición para poder asistir a las conferencias de prensa que

se celebran en La Fortaleza. A nuestro juicio, les asiste la

CC-2026-0247

razón

al

7

Centro

de

Periodismo

Investigativo,

Inc.

Dos,

a

grandes rasgos, son las razones que nos llevan a concluir lo

anterior.

En primer lugar, -- y considerando que el único motivo

para

el

cual,

mediante

ley,

se

creó

el

procedimiento

de

solicitud y expedición de la certificación en cuestión fue para

permitir que la prensa general activa obtenga cierto rótulo

para fines de lograr un permiso especial de estacionamiento,

de

manera

que

pudiesen

desempeñar

sus

labores

más

eficientemente; y no como mecanismo para regular quién cubre,

o no, una conferencia de prensa que se celebre en la Fortaleza

--, somos del criterio de que el Departamento de Estado no

tenía, ni tiene, la autoridad para emitir certificaciones de

prensa para un uso ulterior. Lo anterior, pues, de así hacerlo,

y de conformidad con la normativa antes expuesta, la referida

agencia

gubernamental

estaría

actuando

más

allá

de

las

facultades que le fueron delegadas por la Asamblea Legislativa,

lo cual redundaría en una actuación, sin lugar a dudas, nula.

Como se puede apreciar, lo antes dicho, por sí solo, sería

suficiente

para

disponer

consideración. Sin

de

embargo,

la

y,

controversia

en

segundo

ante

lugar,

nuestra

dado

lo

delicado de los asuntos traídos ante nuestra consideración, no

podemos dejar de mencionar que, desde nuestro punto de vista,

las actuaciones de la Primera Ejecutiva del País, aquí en

controversia,

no

sobrevivirían

el

análisis

del

escrutinio

estricto que se emplea cuando actuaciones del Estado inciden

sobre los derechos constitucionales que tienen las personas que

CC-2026-0247

8

aquí habitan. Y es que, para así hacerlo, se debe establecer

que una regulación que afecta un derecho fundamental “responde

a un interés apremiante, y que es necesaria, por no existir un

medio menos oneroso para promover y alcanzar dicho interés”.

Disidente Univ. de P.R. v. Depto. de Estado, supra, pág. 696;

San Miguel Lorenzana v. E.L.A., 134 DPR 405, 425 (1993); Calo

Morales v. Cartagena Calo, 129 DPR 102, 132-133 (1991).

Un sistema que, al final del día, -- muy acomodaticiamente

--,

deja en manos de La Fortaleza el poder determinar quién

sí, y quién no, accede la sede de Gobierno, a cubrir las

conferencias de prensa de la Primera Ejecutiva del País y su

equipo de trabajo, a todas luces, no constituye la alternativa

menos onerosa a la que se refiere el escrutinio estricto que

aplica al acercarnos a evaluar este tipo de regulación que

incide sobre un derecho constitucional de superior jerarquía,

como lo es la libertad de prensa. Lo que hoy aquí se plantea

no es un asunto nuevo, y como cuestión de hecho, históricamente,

aquellos y aquellas que previamente habían habitado el Palacio

de Santa Catalina han empleado alternativas menos onerosas para

atender los problemas de control y seguridad, si alguno, que

pudiesen traer consigo situaciones como las que hoy nos ocupan.

Entre ellas, que el Juez que suscribe recuerde, nunca había

estado el cerrarle las puertas a la transparencia. No vemos por

qué hoy tiene que ser distinto.

IV.

En fin, por tratarse aquí de una actuación por parte de

la Primera Ejecutiva del País que, a todas luces, incide sobre

CC-2026-0247

9

el derecho a la libertad de prensa, -- un derecho, según

adelantamos,

de

la

más

alta

jerarquía

constitucional

--,

estábamos llamados y llamadas a llevar a cabo un análisis

detenido y, sobre todo, desapasionado de los asuntos traídos

ante nuestra consideración, a los fines de resguardar el mismo.

Hoy, una mayoría de mis compañeros y compañeras de estrado

falló en esa responsabilidad. Por ello, disentimos. En ese

sentido, hubiésemos declarado ha lugar la moción en auxilio de

jurisdicción y la petición de certiorari presentadas en la

causa de epígrafe, con el único fin de revocar la errada

determinación del Tribunal de Apelaciones.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado