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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Sucesión Ríos Jordán y otra v. Ríos Jordán y otros

2026 TSPR 38

Poder Judicial de Puerto Rico

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Sucesión Ríos Jordán y otra v. Ríos Jordán y otros

CC-2024-0804

15 de abril de 2026 · Resolución del Tribunal · Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión de Alcides Ríos Jordán

Recurridos

v.

Javier Ríos Jordán y otros

Peticionarios

2026 TSPR 38

Sucesión de Alcides Ríos Jordán

218 DPR ___

Recurridos

v.

Javier Ríos Jordán y otros

Peticionarios

Antonia Jordán Maldonado

Recurrida

Número del Caso:

Fecha:

CC-2024-0804

15 de abril de 2026

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Arcelio Acisclo Maldonado Avilés II

Materia: Resolución del Tribunal con Voto particular disidente.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio

público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión de Alcides Ríos

Jordán

Recurridos

v.

Javier Ríos Jordán y otros

Peticionarios

Sucesión de Alcides Ríos

Jordán

CC-2024-0804

Recurridos

v.

Javier Ríos Jordán y otros

Peticionarios

Antonia Jordán Maldonado

Recurrida

RESOLUCIÓN

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2026.

A la Urgente Moción de Ejecución de Sentencia y en

Auxilio de Jurisdicción presentada por los peticionarios, no

ha lugar porque el Tribunal está igualmente dividido.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, y los Jueces

Asociados señor Martínez Torres, señor Kolthoff Caraballo, y

señor Feliberti Cintrón proveerían no ha lugar por falta de

jurisdicción.

El Juez Asociado señor Martínez Torres emite la

expresión siguiente a la cual se une el Juez Asociado señor

Feliberti Cintrón:

CC-2024-0804

2

Los

tribunales

apelativos

gozan

de

jurisdicción en circunstancias específicas. La

jurisdicción general la tiene el Tribunal de

Primera Instancia. La razón es evidente: Se ordena

adecuadamente la intervención judicial para que se

litigue en un solo foro a la vez. En el foro

primario se atienden todas las controversias de un

caso, incluyendo la ejecución de los dictámenes

que emiten los tribunales. La intervención

apelativa es limitada, por definición. Por ello,

nuestros dictámenes se ejecutan en el foro primario

y no aquí. El mandato refiere el caso de vuelta a

ese foro para que atienda las instrucciones del

foro apelativo. Si surgen diferencias entre las

partes sobre la interpretación de nuestro mandato,

esa es una controversia posterior, revisable por

los canales ordinarios, en este caso el certiorari.

Devuelto el mandato, este Tribunal carece de

autoridad para intervenir. Piazza v. Isla del Río,

Inc., 158 DPR 440, 456 (2003).

Lamento ver cómo conceptos loables como

“acceso a la justicia” y “economía procesal” se

usan como si operaran en el vacío, ajenos a la

autoridad de los tribunales. La existencia de

jurisdicción es imprescindible para accesar a los

tribunales y sujetar a las partes a un proceso

judicial justo, rápido, económico y, sobre todo,

vinculante. Sin eso, nuestra intervención sería

arbitraria y el mandato se reduciría a una

notificación más, sin efectos jurisdiccionales.

Así, mañana estaríamos considerando órdenes de

embargo y recibiendo prueba en la etapa de

ejecución en el Tribunal Supremo y en el Tribunal

de Apelaciones.

Parece que esa es la nueva visión de “economía

procesal” que se nos propone; no la de un tribunal

apelativo

con

jurisdicción

limitada

a

las

controversias planteadas dentro de cada recurso

que atiende, sino la de un foro omnímodo con

facultades extrajurisdiccionales de supervisión en

cada caso. Como no somos un “tribunal de todas las

instancias” y nuestra jurisdicción no es un asunto

arbitrario ni es determinada por la economía

procesal o por el acceso a la justicia, voto para

denegar la moción de ejecución presentada.

La Jueza Asociada señora Pabón Charneco, el Juez

Asociado señor Estrella Martínez, la Jueza Asociada Rivera

Pérez y el Juez Asociado señor Candelario López disienten.

CC-2024-0804

3

El Juez Asociado señor Candelario López emite un voto

particular disidente al cual se une el Juez Asociado señor

Estrella Martínez.

El Juez Asociado señor Colón Pérez no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Sucesión de Alcides Ríos

Jordán

Recurridos

v.

Javier Ríos Jordán y otros

Peticionarios

CC-2024-0804

Sucesión de Alcides Ríos

Jordán

Recurridos

v.

Javier Ríos Jordán y otros

Peticionarios

Antonia Jordán Maldonado

Recurrida

Voto particular disidente emitido por el Juez Asociado Señor

CANDELARIO LÓPEZ al cual se une el Juez Asociado Señor

ESTRELLA MARTÍNEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de abril de 2026.

En esta ocasión teníamos la oportunidad de validar la

jurisdicción de esta Curia para compeler el cumplimiento de

los mandatos que emite, actuando en concordancia con nuestro

llamado a garantizar una solución justa, rápida y económica

de todo procedimiento judicial. Lamentablemente, hoy, por

estar igualmente dividido, este Tribunal está impedido de

intervenir

en

el

asunto

ante

nuestra

consideración,

alejándonos del principio rector de la economía procesal y

CC-2024-0804

el

acceso

a

2

la

justicia.

Por

entender

que

existe

una

distinción entre la jurisdicción para atender un asunto en

sus méritos y la facultad para que esta Curia haga valer su

mandato, respetuosamente disentimos. Veamos.

I

El caso de epígrafe tiene su origen en una disputa

familiar que surge a raíz de una Demanda por cobro de dinero

en contra del señor Javier Ríos Jordán, su esposa Luz Yanira

Díaz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos

(peticionarios o parte peticionaria).1 En extrema síntesis,

en

su

petitorio,

los

demandantes

alegaron

que

la

parte

peticionaria se había apropiado indebidamente de un dinero

producto de un negocio establecido por su madre y por su

difunto padre. No obstante, la disputa original no forma

parte del asunto que nos concierne.

En lo pertinente a la controversia que nos ocupa, el 11

de

junio

de

2019,

la

parte

peticionaria

notificó

un

interrogatorio a la señora Yeidee Ríos Maldonado (señora Ríos

Maldonado), el cual fue contestado a finales del próximo mes.

Inconforme con las contestaciones brindadas, el 29 de enero

de 2020, la parte peticionaria presentó una moción mediante

la

cual

alegó

que

estas

no

habían

sido

contestadas

adecuadamente. En específico, solicitó al Tribunal de Primera

El recurso fue identificado como LCD2015-0052, presentado en el

Tribunal de Primera Instancia de Utuado, y atendido por el Hon. Víctor

D. de Jesús Cubano. La parte demandante consistió en el señor Alcides

Ríos Jordán, su esposa Sonia Maldonado Ayala y la Sociedad Legal de

Gananciales compuesta por ambos.

El 15 de agosto de 2023, tras la muerte del señor Alcides Ríos

Jordán, el foro primario ordenó la sustitución de parte a los herederos

del fenecido. La sucesión del señor Alcides Ríos Jordán está integrada

por Yeidee Ríos Maldonado, Sonia Ríos Maldonado, Joel Ríos Maldonado y

Sonia Maldonado Ayala, quienes figuran como la parte demandante en el

caso LCD2015-0052, y recurridos en el caso de epígrafe.

1

CC-2024-0804

3

Instancia (TPI) que le ordenara a la señora Ríos Maldonado

contestar el interrogatorio de forma responsiva, y proveer

la evidencia documental requerida. Así, el TPI ordenó a las

partes

a

reunirse

para

discutir

las

controversias

relacionadas al interrogatorio.2

El 7 de agosto de 2020, la parte peticionaria presentó

una segunda moción con los mismos reclamos, e indicó que

habían transcurrido catorce meses sin que la señora Ríos

Maldonado

cumpliera

responsivamente

las

con

el

deber

preguntas

del

legal

pliego

de

y

contestar

producir

la

evidencia requerida. Por tanto, solicitó la eliminación de

las alegaciones de esta, como sanción por su inobservancia y

desatención

al

ordenamiento

procesal

civil.

Evaluada

la

moción, el TPI impuso una sanción de $100.00 a la señora Ríos

Maldonado por no cumplir con lo ordenado, e indicó que por

la manera en que se presentó el juramento al interrogatorio,

no había constancia de que este formara una sola unidad con

las

presuntas

contestaciones.

Ante

ello,

le

ordenó

que

notificara adecuadamente las contestaciones al pliego, y una

vez cumplida la orden, estaría en posición para resolver la

controversia

sobre

la

presunta

de

respuestas

insuficiencia

de

las

señora

Ríos

contestaciones.

Ante

la

falta

por

la

Maldonado, el 22 de octubre de 2020, la parte peticionaria

presentó una tercera moción, y arguyó que, ante el claro

menosprecio a la autoridad del Tribunal, procedía que el TPI

implementara los mecanismos establecidos por la Regla 34.3(b)

Esta Orden fue emitida por el Hon. Vance E. Thomas Rider, a quien se

le reasignó el caso mediante Orden notificada el 1 de julio de 2019.

2

CC-2024-0804

4

de Procedimiento Civil. Al día siguiente, el foro primario

concedió diez días a la señora Ríos Maldonado para mostrar

causa por la cual no se debía conceder el remedio solicitado

por los peticionarios.

Transcurrido el término, el 18 de noviembre de 2020, la

parte peticionaria presentó una cuarta moción, e indicó que

las sanciones y órdenes dictadas por el TPI no habían sido

suficientemente disuasivas para que la señora Ríos Maldonado

suministrara

las

respuestas

debidamente

suscritas

y

juramentadas. Ante el reiterado incumplimiento de su deber

de descubrir prueba, reiteró su petitorio. En consecuencia,

el TPI le impuso una sanción de $200.00, le concedió un

término final de treinta días para notificar adecuadamente

las contestaciones al interrogatorio, y además, le apercibió

que

el

incumplimiento

de

lo

ordenado

conllevaría

la

eliminación de sus alegaciones.

Así las cosas, el 18 de febrero de 2021, la señora Ríos

Maldonado presentó su segunda Contestación al pliego de

interrogatorio, producción de documentos y requerimientos de

admisiones. No obstante, en esta ocasión surgió controversia

en cuanto a la firma del juramento adjunto. Ante ello, el

TPI notificó que le concedería veinte días para explicar la

diferencia

evidente

juramentos

de

las

entre

las

presuntas

contestaciones

de

firmas

de

los

interrogatorios

presentadas el 29 de julio de 2019 y 18 de febrero de 2021,

respectivamente.

Además,

volvió

a

apercibirle

que

el

incumplimiento con esta orden conllevaría la eliminación de

sus alegaciones.

CC-2024-0804

5

Veintiséis días después de ser notificada, la señora

Ríos Maldonado compareció y aseguró que ambas firmas eran

suyas

y

fueron

realizadas

ante

el

mismo

notario.

En

consecuencia, el TPI sostuvo que, a pesar de su modesta

tardanza para cumplir con lo ordenado, no eliminaría sus

alegaciones.

Además,

citó

a

las

partes

a

una

vista

probatoria, a celebrarse el 22 de junio de 2021, para que la

señora

Ríos

exclusivamente

Maldonado

prestara

testimonio

única

y

sobre

aparente

divergencia

entre

las

la

presuntas firmas.3 Tras varias incidencias procesales en

donde se pospuso la referida vista, el TPI señaló la vista

para el 18 de mayo de 2023. Indicó que su celebración era de

suma importancia ya que lo resuelto conllevaría consecuencias

para la señora Ríos Maldonado.4 Sin embargo, llegado el día,

la vista no fue celebrada.

Posteriormente, el 14 de diciembre de 2023, el TPI

señaló una vista probatoria y vista de estatus para el 19 de

enero de 2024.5 De la Minuta Resolución surge que, en este

día,

solamente

se

celebró

la

vista

de

estatus

y

se

discutieron las reiteradas objeciones de los peticionarios a

la insuficiencia de las contestaciones. A su vez, el TPI

concedió a las partes hasta el 9 de febrero de 2024 para

informar

por

escrito

lo

que

quedara

pendiente

sobre

el

El 17 de junio de 2021, el Hon. Vance E. Thomas Rider ordenó que se

reseñalara la vista probatoria para el 20 de agosto de 2021. Esta fue la

primera de muchas ocasiones donde se pospuso la referida vista.

4 El referido planteamiento surge de la Minuta con fecha de 1 de marzo

de 2023 que obra en el expediente.

5 Esta orden fue emitida por el Hon. Rafael Pérez Medina, a quien se le

reasignó el presente caso el 21 de noviembre de 2023. Previo a ello, el

caso fue reasignado al Hon. Pablo J. Oller López, mediante Orden fechada

el 15 de septiembre de 2023.

3

CC-2024-0804

6

descubrimiento de prueba.6 Finalmente, el 9 de mayo de 2024,

el TPI dio por terminado el descubrimiento de prueba del

litigio,

y

especificó

que

solo

quedaba

pendiente

una

deposición a la Sra. Antonia Jordán Maldonado para efectos

de

preservar

determinar

su

testimonio,

la

señora

si

y

Ríos

la

vista

Maldonado

probatoria

para

cumplió

los

con

requisitos de contestar el interrogatorio en cuestión.

Inconforme,

la

parte

peticionaria

solicitó

la

reconsideración de dicha determinación. Alegó que el dictamen

del foro primario era contrario al estado procesal del caso,

ya

que

del

expediente

surgía

con

claridad

que

existía

descubrimiento de prueba pendiente que no se había podido

llevar

a

cabo

por

razones

ajenas

a

su

voluntad.

En

específico, alegó haber sido extremadamente diligente al

dejar constancia en el expediente de que quedaba pendiente

un descubrimiento de prueba esencial para poder defenderse

de la reclamación incoada en su contra. Sin embargo, el TPI

declaró no ha lugar la moción.

Insatisfecha, la parte peticionaria acudió al Tribunal

de Apelaciones (TA) y presentó un recurso de Certiorari en

donde expuso los mismos argumentos señalados en su moción de

reconsideración. No obstante, el TA denegó la expedición del

recurso, por razón de estar impedido de intervenir en una

controversia sobre descubrimiento de prueba, sin demostrarse

un fracaso irremediable a la justicia.

Tras una detenida evaluación del expediente, ninguna de las partes

informó por escrito lo solicitado.

6

CC-2024-0804

7

Nuevamente

en

desacuerdo,

la

parte

peticionaria

presentó un recurso de Certiorari ante nos y esbozó el

siguiente señalamiento de error:

ERRÓ EL TRIBUNAL DE APELACIONES AL DECLINAR REVISAR

AL TPI QUE DETERMINAR DAR POR CULMINADO EL

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA PENDIENTE EN CONTRA DE LA

LEY DEL CASO, DE SUS PROPIAS DETERMINACIONES

FINALES Y FIRMES, ABUSANDO DE SU DISCRECIÓN,

ERRANDO EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA Y VIOLANDO EL

DEBIDO PROCESO DE LEY.

Examinado el recurso, el 19 de diciembre de 2025 emitimos

una Sentencia en la cual revocamos la Orden del 9 de mayo de

2024, por entender que constituiría un fracaso irremediable

a la justicia el que se diera por terminado el descubrimiento

de prueba de los peticionarios sin antes resolver la presunta

insuficiencia

de

las

contestaciones

al

interrogatorio

remitido a la señora Ríos Maldonado. Ante ello, mediante

mandato emitido el 16 de enero de 2026, devolvimos el caso

al TPI para que atendiera la controversia. Puesto a que la

parte

peticionaria

había

presentado

cuatro

mociones

impugnando las contestaciones y llevaba esperando por una

vista probatoria para dilucidar el asunto desde el 2021,

resolvimos que el foro primario incurrió en un craso abuso

de discreción al dar por culminado el descubrimiento de

prueba sin haber celebrado la vista probatoria que estuvo

años posponiendo.

Posteriormente,

el

26

de

febrero

de

2026,

el

TPI

concedió 90 días adicionales a todas las partes del pleito

para realizar descubrimiento de prueba, y a su vez, indicó

que no atendería la controversia sobre presunta insuficiencia

de las contestaciones del interrogatorio por entender que ya

había sido resuelta por el Tribunal. Ante una solicitud de

CC-2024-0804

reconsideración

8

por

los

peticionarios,

el

TPI

explicó

mediante Resolución emitida el 18 de marzo de 2026, que el

efecto práctico de la revocación de la Orden del 9 de mayo

de 2024 fue reabrir el descubrimiento para todas las partes

del litigio. En lo pertinente a la controversia sobre la

presunta

insuficiencia

a

las

contestaciones

del

interrogatorio, expresó que ya había sido resuelta en una

Resolución fechada el 19 de julio de 2024. Por razón de que

la referida Resolución “no fue revocada”, el TPI indicó que

no atendería el asunto ordenado en nuestro mandato.

De esta manera, la parte peticionaria presentó la moción

que tenemos ante nuestra consideración, y nos solicitó que

ordenemos al TPI a: (1) no abrir el descubrimiento de prueba

a todas las partes, sino que solamente a ella; y (2) celebrar

una vista probatoria para atender la controversia mencionada.

Esto así, pues alegó que el foro primario se ha rehusado a

cumplir en su totalidad con una orden emitida por este

Tribunal. No obstante, hoy, por estar igualmente divididos,

esta Curia está impedida de intervenir en el asunto ante

nuestra consideración. Sin embargo, consideramos que este

caso invita a la reflexión sobre el desfase jurídico que

representa el que una parte tenga que volver a iniciar otro

procedimiento legal ante el TA para hacer valer un dictamen

emitido por este Tribunal. Nos explicamos.

II

Sabido es que en nuestro sistema judicial, el mandato

es una orden de un tribunal de superior jerarquía a uno

inferior, mediante la cual se le notifican los términos de

CC-2024-0804

9

su sentencia, tras haber revisado el caso en apelación.

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 300-301

(2012). De esta manera, el mandato es el medio oficial que

utiliza un foro apelativo para comunicar su dictamen al

tribunal inferior y ordenar su cumplimiento. Íd., pág. 301,

citando a Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 DPR 241, 246

(1969). En otras palabras, su propósito principal es lograr

que

el

foro

inferior

actúe

de

acuerdo

con

los

pronunciamientos del tribunal apelativo. Íd. Así pues, el

dictamen emitido por un tribunal de mayor jerarquía no da

base a sugerencias o flexibilidad en cuanto a la orden a

seguir

por

el

foro

inferior,

siendo

esta

una

rígida

y

mandato

es

definitiva. Íd., pág. 301.

En

el

ámbito

federal,

la

doctrina

del

conocida como el mandate rule, y en esencia establece que

las decisiones del foro apelativo constituyen la ley del

caso. A saber, el tratadista James Moore nos comenta que:

[T]he nondiscretionary aspect of the law of the

case doctrine is sometimes called the "mandate

rule" and this terminology is more precise than

the phrase "law of the case". On remand, the

doctrine of the law of the case is rigid; the

district court owes obedience to the mandate of

the Supreme Court or the court of appeals and must

carry the mandate into effect according to its

terms. Íd., pág. 302, citando a J. W. Moore,

Moore's Federal Practice, 3era ed, Ed. Mathew

Bender & Company, Inc., sec. 134.23(1)(a), pág.

134-58 (2011).

Al amparo de esta doctrina, además de estar impedida de

manejar

y

mandato

del

considerar

adjudicar

el

caso

foro

superior,

asuntos

que

de

manera

la

corte

fueron

inconsistente

inferior

atendidos

no

al

podrá

explícita

e

implícitamente por el mandato. Es decir, el foro que recibe

CC-2024-0804

10

el mandato, además de estar impedido de reconsiderar asuntos

que surgen de la sentencia y sin espacio a ambivalencias,

tampoco puede atender aquellas cuestiones que se desprenden

del mandato mismo, así como aquellas que se deben realizar

para

que

resulte

efecto

el

mandato.

Mejías

et

al.

v.

Carrasquillo et al., supra, pág. 302-303.

En el caso ante nos, esta Curia le ordenó al TPI atender

una controversia sobre la presunta insuficiencia de las

contestaciones al interrogatorio remitido a la señora Ríos

Maldonado. En contravención con nuestro dictamen, el foro

primario indicó haberla resuelto mediante una Resolución que

no fue revocada en nuestra Sentencia, por lo cual no era

necesaria la celebración de una vista probatoria a esos

efectos. Es decir, el Tribunal Supremo emitió un mandato

definitivo,

y

en

vez

de

actuar

conforme

a

sus

pronunciamientos, el foro primario optó por alejarse de

nuestro dictamen.

De esta manera, sabido es que la inconformidad con las

decisiones judiciales no se limita a las partes, sino que

hay ocasiones en que los jueces y juezas de foros inferiores

están inconformes con las decisiones tomadas por un foro de

mayor

jerarquía.

Este

desagrado

se

puede

manifestar

expresamente por la vía de la palabra, al igual que con

acciones u omisiones reflejadas en el trámite del caso.

Véase,

In

re

Candelaria

Rosa,

197

DPR

445

(2017).

Sin

embargo, es preocupante que una inconformidad tenga las

consecuencias de obligar a las partes a tener que acudir al

TA, por vía del certiorari, para validar lo que este Tribunal

CC-2024-0804

11

ordenó con anterioridad. Por el contrario, somos del criterio

de que esta Curia tiene la facultad de hacer cumplir su

mandato sin la necesidad de la intervención previa por el

foro apelativo intermedio.

La implicación procesal que tiene la emisión de un

mandato es que, una vez este se remite por el Secretario del

Tribunal pertinente, el caso que estaba ante su consideración

finaliza para todos los efectos. Íd., pág. 301. Acto seguido,

el foro inferior adquiere la facultad de continuar con los

procedimientos, de manera consistente con lo resuelto por el

foro de mayor jerarquía. Íd., citando a Pérez, Ex parte v.

Depto. De la Familia, 147 DPR 556, 571, (1999). Es decir,

cuando se remite un mandato a un tribunal inferior, este

readquiere jurisdicción sobre el caso, a los únicos fines de

ejecutar la sentencia, tal como fue emitida en apelación.

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 301. Así,

justipreciamos

que,

como

Máximo

Foro

y

propulsor

de

la

economía procesal en nuestro ordenamiento jurídico, es el

Tribunal Supremo quien debe compeler el cumplimiento de sus

mandatos si una parte así lo solicita. De esta manera,

continuamos

garantizando

una

solución

justa,

rápida

y

económica para todas las partes.

Para ello, es menester que hagamos la distinción entre

la jurisdicción para atender un asunto en sus méritos, y por

otra parte, la autoridad que tiene el Tribunal Supremo para

compeler el cumplimiento de su mandato. De ordinario, un

tribunal

apelativo

pierde

jurisdicción

sobre

las

controversias de un caso tan pronto expide su mandato, y

CC-2024-0804

12

solamente en circunstancias excepcionales puede válidamente

ordenar

la

devolución

de

este

con

el

propósito

de

modificarlo. Piazza v. Isla del Río, Inc., 158 DPR 440, 456

(2003).

Sin

embargo,

la

facultad

para

hacer

cumplir

el

mandato en nada incide con los pronunciamientos del dictamen

ni el caso en sus méritos, sino con la potestad del máximo

foro de hacer valer lo que en su momento ordenó.

En fin, por las razones antes expuestas, difiero del

criterio de varios de mis compañeros de estrado en cuanto a

la falta de jurisdicción de esta Curia para hacer cumplir

sus propios mandatos. Pudiendo haber intervenido sobre el

reclamo de una parte para compeler el cumplimiento de nuestro

dictamen, nos alejamos del principio rector de acceso a la

justicia y economía procesal. En consecuencia, descansamos

en que el foro apelativo intermedio emita juicio sobre el

mandato de un foro superior como el nuestro.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado