LexIA

Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: María V. Irizarry Centeno Anissa M. Bonilla Irizarry

2026 TSPR 41

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: María V. Irizarry Centeno Anissa M. Bonilla Irizarry

AB-2025-0232

21 de abril de 2026 · Hon. Raúl A. Candelario López · Conducta Profesional – Deber de actuar con competencia y diligencia tecnológica en todo momento, incluido validar el contenido generado mediante herramientas tecnológicas.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2026 TSPR 41

María V. Irizarry Centeno

(TS-10,355)

218 DPR ___

Anissa M. Bonilla Irizarry

(TS-18,907)

Número del Caso:

Fecha:

AB-2025-0232

21 de abril de 2026

Representantes legales de las promovidas:

Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta

Lcdo. Luis M. García Tous

Lcdo. Alfredo III López Garay

Materia: Conducta Profesional – Deber de actuar con competencia

y diligencia tecnológica en todo momento, incluido validar el

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María V. Irizarry Centeno

(10,355)

AB-2025-0232

Anissa M. Bonilla Irizarry

(18,907)

El Juez Asociado señor Candelario López emitió la Opinión

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.

El presente caso trasciende la conducta individual de

las promovidas y ofrece a este Tribunal la oportunidad de

reiterar principios éticos fundamentales en un momento de

transición normativa para la profesión legal. Si bien los

hechos

de

autos

se

rigen

por

el

Código

de

Ética

Profesional vigente al momento de la conducta imputada a

las

licenciadas

María

V.

Irizarry

Centeno

(licenciada

Irizarry Centeno) y Anissa M. Bonilla Irizarry (licenciada

Bonilla Irizarry) (en conjunto, promovidas), la situación

aquí

examinada

pone

de

relieve

retos

contemporáneos

asociados al ejercicio de la abogacía, particularmente en

el contexto del uso de herramientas tecnológicas en la

investigación y redacción jurídica.

En

esta

ocasión,

nos

corresponde

ejercer

nuestro

poder disciplinario para apercibir a las promovidas por

quebrantar los principios deontológicos que recogen los

Cánones

18,

35

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional,

infra. En virtud de los fundamentos que expondremos más

adelante, se archiva la presente queja en contra de las

promovidas, no sin antes apercibir a las licenciadas de

AB-2025-0232

2

que en el futuro deben dar fiel cumplimiento a las Reglas

de Conducta Profesional de Puerto Rico.

Veamos

los

elementos

fácticos

que

dieron

lugar

a

nuestro proceder.

I

La

licenciada

Irizarry

Centeno

fue

admitida

al

ejercicio de la abogacía el 19 de enero de 1993 y al

ejercicio de la notaría el 12 de enero de 1999. Por su

parte,

la

licenciada

Bonilla

Irizarry

fue

admitida

al

ejercicio de la abogacía el 7 de febrero de 2012.

El

presente

proceso

disciplinario

surge

como

resultado de cierta Resolución emitida el 22 de agosto de

2025 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en el caso

Fernando Betancourt Gómez v. Colegio de Profesionales de

la

Enfermería

Mediante

la

de

Puerto

misma,

el

Rico

foro

y

otros,

primario

SJ2023CV10615.1

trajo

a

nuestra

atención la posible violación de la normativa ética por

parte de las promovidas al haber utilizado herramientas

tecnológicas

sin

la

debida

diligencia

y

supervisión,

y

haber hecho representaciones falsas al Tribunal a base de

referencias

inexistentes

en

las

que

se

atribuyeron

al

Tribunal Supremo citas y determinaciones que nunca se han

emitido.

En síntesis, en el referido caso, el 17 de julio de

2025,

las

promovidas,

en

representación

de

su

cliente,

El caso de referencia es un proceso de naturaleza laboral sobre

despido injustificado, discrimen y represalias. El 9 de julio de 2025,

las promovidas asumieron representación legal del codemandado, Sr.

Tomás Alvarado Colón.

1

AB-2025-0232

3

presentaron una Moción en solicitud de desestimación. En

la misma, entre otras cosas, citaron ad verbatim varios

casos que supuestamente pertenecían a la jurisprudencia de

este Tribunal. En específico, usaron la siguiente cita que

aparentaba ser obtenida de un caso titulado Suárez v. CMI

Caribe, 180 DPR 367, 376 (2010): “la mera afiliación a una

entidad no basta para imputar responsabilidad solidaria

por

sus

decisiones.

Es

imprescindible

la

participación

activa o conocimiento de los actos imputados”. Del mismo

modo, las promovidas citaron el caso Otero-Burgos v. Inter

Med. Supplies, Inc., con aparente citación de 137 DPR 841,

848

(1995),

al

cual

le

adjudicaron

la

siguiente

cita

expresa: “La relación de empleo que da base a la Ley Núm.

80 exige subordinación. Un contratista independiente, que

ofrece

servicios

profesionales

por

su

cuenta, no

puede

desestimación

que

acogerse a la protección de dicha ley”.

Asimismo,

en

la

moción

de

presentaron, las promovidas usaron un caso titulado Pérez

v. Horizon Lines, el cual citaron bajo el 2020 TSPR 61, y

le adjudicaron la siguiente cita: “La Ley 100 requiere

como condición indispensable la existencia de una relación

de trabajo. Sin esta, no procede el remedio”. De la misma

forma, las promovidas citaron el caso Rosado v. ELA, al

cual atribuyeron la citación 2004 TSPR 13 y la siguiente

cita: “La Ley 115 aplica únicamente a represalias contra

empleados por sus denuncias. Sin un vínculo laboral, no

hay remedio disponible”.

AB-2025-0232

De

la

4

misma

manera,

las

promovidas

citaron

en

su

escrito el caso de Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573

(1982)

y

le

atribuyeron

la

siguiente

frase:

“Para

que

surja responsabilidad bajo el Artículo 1802 es necesario

un acto u omisión culpable, daños y nexo causal. La mera

vinculación institucional no es suficiente”. Por último,

las promovidas indicaron que existe un caso titulado Ramos

Lozada v. E.L.A., con citación 174 DPR 650 (2008) y al

cual

atribuyeron

la

siguiente

frase:

“la

inmunidad

cualificada se reconoce a aquellos funcionarios que obran

dentro de los márgenes de discreción que permite la ley y

cuyas actuaciones no infringen derechos constitucionales

claramente establecidos”.

En respuesta a esta moción de desestimación, el 4 de

agosto de 2025, el abogado de la parte querellante en el

pleito presentó una Oposición a "Moción en solicitud de

desestimación

(SUMAC

#67) y

solicitud

de

desglose

y

honorarios de abogado”. En la misma, entre otras cosas,

advirtió al tribunal sobre el uso de citas inventadas y

jurisprudencia inexistente por parte de las promovidas en

la solicitud de desestimación. Asimismo, sostuvo que tal

conducta

ameritaba

la

imposición

de

sanciones

y/o

honorarios de abogado por temeridad.

Ante tales reclamos, el 5 de agosto de 2025, las

promovidas presentaron una Moción aclaratoria, en la cual

reconocieron que algunas citas incluidas en la moción de

desestimación fueron erróneamente atribuidas “debido a un

AB-2025-0232

error

5

involuntario

en

la

búsqueda

y

selección

de

la

jurisprudencia”. No obstante, las promovidas aclararon que

este error no cambiaba la doctrina vigente y que no fue

producto de dolo, mala fe o intención de engañar, sino que

“responde a las limitaciones derivadas de la consulta de

fuentes generales en internet”.

Por

otra

promovidas

parte,

el

presentaron

8

una

de

agosto

Moción

de

2025,

informativa

las

sobre

verificación y actualización de citas jurisprudenciales.

En esta, las promovidas expresan que, en la actualidad,

“la disponibilidad y proliferación de fuentes electrónicas

de

jurisprudencia,

motores

de

incluyendo

búsqueda

en

bases

internet

de

datos

públicas,

y

aplicaciones

de

inteligencia artificial, han impactado la forma en que se

accede

y

utiliza

la

doctrina

judicial”,

lo

cual

ha

generado desafíos. Según indicaron las promovidas, estas

revisaron

las

moción

desestimación.

de

citas

jurisprudenciales

De

este

empleadas

modo,

en

la

presentaron

un

resumen de los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales

que

fundamentan

sus

alegaciones,

integrado

con

citas

jurisprudenciales válidas.

En reacción a lo expuesto por las promovidas, el 11

de

agosto

de

2025,

la

parte

querellante

en

el

pleito

presentó una Respuesta a “Moción Aclaratoria” SUMAC #72 y

“Moción Informativa” SUMAC # 73 y reiterando solicitud de

desglose y sanciones por temeridad. En la misma, reiteró

que

la

moción

de

desestimación

presentada

por

las

AB-2025-0232

6

promovidas

se

sostuvo

en

citas

jurisprudenciales

inexistentes o falsamente atribuidas, lo cual constituye

una conducta temeraria y éticamente reprochable. Además,

argumentó

que,

aun

cuando

las

promovidas

admitieron

errores parciales y luego intentaron suplir la doctrina

auténtica, ello no subsana la falta ya cometida ni elimina

sus

consecuencias

procesales

y éticas.

De

igual

forma,

expuso que la introducción de autoridad inexistente no es

un simple error subsanable, sino una violación a la Regla

9 de Procedimiento Civil y al Canon 35 del Código de Ética

Profesional, sujeto a sanciones. De este modo, solicitó

que se declaren improcedentes las mociones aclaratorias e

informativas,

se

ordene

el

desglose

de

la

moción

de

desestimación y se impongan honorarios por temeridad no

menores de $5,000.

En atención a lo anterior, el 21 de agosto de 2025,

las

promovidas

solicitando

moción

presentaron

sanciones.

solicitando

En

una

la

sanciones

Contestación

misma,

se

a

arguyeron

basa

en

moción

que

la

errores

ya

corregidos oportunamente en el récord del caso y que no

causaron perjuicio procesal ni retraso alguno. De igual

forma, afirmaron que no existió intención dolosa, mala fe

ni temeridad, requisitos indispensables para la imposición

de sanciones. Señalaron que la corrección se realizó de

inmediato y con transparencia. Por ello, solicitaron al

tribunal que tome conocimiento de la corrección realizada,

AB-2025-0232

7

determine la ausencia de mala fe y deniegue la moción de

sanciones.

Así las cosas, el 22 de agosto de 2025, el TPI emitió

la

Resolución

antes

mencionada.2

En

esa

Resolución,

el

tribunal realizó un recuento de las mociones presentadas y

detalló

las

promovidas.

citas

Además,

inexistentes

se

hizo

utilizadas

mención

del

por

las

35

del

Canon

Código de Ética Profesional, y la Regla 1.19 de las nuevas

Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico. Del mismo

modo, a manera ilustrativa, se mencionó la Opinión Formal

512

del

Standing

Responsibility

de

Committee

la

on

American

Ethics

Bar

and

Professional

Association

(ABA),

emitida el 29 de julio de 2024 sobre Generative Artificial

Intelligence Tools.

En

su

Resolución,

independientemente

de

la

el

TPI

utilidad

de

determinó

las

que

herramientas

tecnológicas existentes en la actualidad y los desafíos

que estas puedan presentar, “debe ser una obligación ética

y profesional de todos y todas las abogadas que ejercen la

profesión en Puerto Rico revisar sus escritos y asegurarse

que sus comparecencias ante los foros en los que ejercen

sus labores no contengan información falsa, inexistente o

alucinada por algún sistema tecnológico”. Asimismo, el TPI

concluyó que las actuaciones de las promovidas causaron

perjuicio a la otra parte, alteraron el curso del litigio

y retrasaron la solución definitiva del pleito. Por tal

Véase Resolución del 22 de agosto

Larissa N. Ortiz Modestti.

2

de 2025, emitida por la Hon.

AB-2025-0232

8

razón, al amparo de la Regla 9.3 de Procedimiento Civil,

el TPI impuso una sanción total de $1,000 a las promovidas

por

causar

caso.3

dilaciones

Adicional,

se

injustificadas

ordenó

la

en

el

manejo

notificación

de

del

la

Resolución a este Tribunal en aras de que se evalúe la

conducta profesional de las promovidas.

Referido el asunto ante nuestra atención y acogido

como una queja, luego de conceder dos (2) prórrogas de

treinta (30) días cada una, el 30 de octubre de 2025, las

promovidas

presentaron

en

conjunto

su

contestación.

En

síntesis, argumentaron que no hay controversia respecto a

que

varias

suscrita

citas

por

sostuvieron

estas

que

incluidas

no

en

estaban

esta

una

moción

correctas.

incorrección

fue

dispositiva

Sin

embargo,

sobre

la

codificación o ficha de la fuente jurídica. Además, las

promovidas indicaron que se equivocaron al entrecomillar

como cita directa la referencia a algunas doctrinas, las

cuales no correspondían a una transcripción literal del

texto original. No obstante, las promovidas expresaron que

tal incorrección no alteró ni tergiversó ningún elemento

normativo en ninguna de las doctrinas a las que se hizo

alusión incorrectamente entre comillas.

Por

promovidas

otra

parte,

admitieron

en

la

misma

profundo

contestación,

las

arrepentimiento

y

Surge del expediente en el TPI que, el 3 de septiembre de 2025, las

promovidas renunciaron a la representación legal de la parte

codemandada, Sr. Tomás Alvarado Colón. De igual forma, según una Moción

informando pago de sanción, presentada el 16 de septiembre de 2025, las

promovidas demostraron haber cumplido con el pago de la sanción

impuesta.

3

AB-2025-0232

aseguraron

9

que

el

texto

de

las

citas

incorrectas

no

expresa disparates, doctrinas fabricadas ni ordenamiento

ficticio

o

inexistente.

Asimismo,

aclararon

que

su

intención nunca fue inducir a error al tribunal, faltar al

deber

de

honradez

reiteraron

que

en

ni

obtener

ventaja

todo

momento

actuaron

indebida,

de

buena

y

fe,

movidas únicamente por el propósito de defender, conforme

a sus capacidades, los derechos de su representado.

II

A.

Canon 18 de Ética Profesional

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 18, requiere que los y las profesionales del

derecho rindan una labor idónea, competente, cuidadosa y

diligente. In re Hernández López, 2025 TSPR 87, 216 DPR __

(2025); In re Pérez Rojas, 213 DPR 244, 256 (2023); In re

Lugo Quiñones I, 206 DPR 1, 11 (2021). Los abogados tienen

el deber de defender los intereses de su cliente empleando

la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad

y honradez. In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 939 (2011).

Ello significa que la profesión de la abogacía no se puede

ejercer

con

indiferencia,

desidia,

despreocupación,

inacción y displicencia en la tramitación de un caso. In

re Ramos Bahamundi, 2025 TSPR 43, 216 DPR __ (2025); In re

Carrasquillo Bermúdez, 203 DPR 847, 861 (2020).

Si el abogado o la abogada no puede prepararse y

actuar

como

la

representación

profesión

legal.

In

lo

exige,

no

debe

asumir

re

Bonhomme

Meléndez,

202

la

DPR

AB-2025-0232

610,

623

10

(2019).

Cuando

se

infringe

el

Canon

18,

“el

perjuicio directo lo padece la propia parte negligente no

logrando la concreción de lo pretendido”. In re Nieves

Nieves, 181 DPR 25, 37-38 (2011), citando a R.L. Vigo,

Ética del abogado: conducta procesal indebida, 2da ed.,

Buenos

Aires,

Ed.

Abeledo-Perrot,

2003,

pág.

103.

Es

decir, se afectan los intereses del cliente que el abogado

negligente intenta defender. Es por esto que “[l]a ética

profesional […] exige al abogado que conozca las normas

jurídicas y actúe en consecuencia, y en la medida en que

nos encontremos con una capacitación inadecuada o con una

atención indebida a la causa encomendada, estaremos frente

a una falta a aquella ética”. Íd.

Asimismo, cabe destacar que el deber de competencia

mencionado en el Canon 18 se circunscribe exclusivamente

“al deber de poseer los conocimientos jurídicos necesarios

para

la

tramitación

profesional”.

(2020),

juristas:

adecuada

de

Pérez,

In

re

Radinson

citando

a

S.

ética

Steidel

del

un

caso

204

DPR

Figueroa,

abogado

y

o

gestión

522,

Ética

538

para

responsabilidad

disciplinaria, San Juan, Ed. Situm, 2016, Sec. 6.03, pág.

233.

Por

consiguiente,

el

deber

de

competencia

“parece

referirse al conocimiento que se tiene, o más bien, en

cuán

‘al

día’

Derecho”. Íd.

está

el

abogado

en

el

conocimiento

del

AB-2025-0232

B.

11

Canon 35 de Ética Profesional

El Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C. 35, expone lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la

profesión legal ante los tribunales, para con sus

representados y en las relaciones con sus

compañeros debe ser sincera y honrada.

No es sincero ni honrado el utilizar medios

que sean inconsistentes con la verdad ni se debe

inducir al juzgador a error utilizando artificios

o una falsa relación de los hechos o del derecho.

(Énfasis suplido).

Este canon establece el deber ético de ser sincero y

honrado, lo que se consideran los pilares fundamentales de

la profesión legal. In re Medina Quintana, 2025 TSPR 131,

216

DPR

__

(2025).

sancionado

a

información

falsa

Reiteradamente,

profesionales

u

del

ocultar

este

Tribunal

derecho

información

por

que

ha

proveer

debe

ser

revelada a los tribunales, en violación a lo dispuesto en

este canon. Íd.; In re Ayala Oquendo I, 2025 TSPR 9, 215

DPR __; In re Jusino Torres, 210 DPR 919, 933 (2022); In

re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 547 (2012).

Según hemos expuesto “este canon se incumple por el

simple hecho de

un abogado

verdad,

independientemente

ello”.

In

Bahamundi,

re

Ayala

supra.

Es

o

una abogada faltar a la

de

las

razones

habidas

para

Oquendo

I,

supra;

In

Ramos

innecesario

probar

el

re

elemento

deliberativo o la intención de defraudar o engañar para

demostrar

una

infracción

al

Canon

35.

In

re

Joglar

Castillo, 210 DPR 956, 966-967 (2022). Esto se debe a que

AB-2025-0232

12

el sistema judicial se erige sobre “la premisa de que los

abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de

administrar

la

justicia,

integridad

ante

los

han

foros

de

conducirse

judiciales”.

siempre

In

re

con

Nieves

Nieves, 181 DPR 25, 42 (2011).

Se infringe el referido Canon cuando se tergiversa la

verdad en aras de inducir a error al juzgador. Canon 35 de

Ética

Profesional,

supra.

Esto,

pues

“[l]a

profesión

jurídica está predicada en la búsqueda y [la] defensa de

la verdad”. In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 147 (2014).

Permitir que la conducta de un abogado o de una abogada se

desvíe

de

la

sinceridad

y

honradez

es

inherentemente

contrario al propósito de la profesión. Íd.

C.

Canon 38 de Ética Profesional

El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA

Ap. IX, C.

38,

establece el

deber de todo

abogado de

exaltar los valores principales de la profesión legal: el

honor y la dignidad. In re Soto Peña, 213 DPR 663, 677

(2024).

Por

consiguiente,

los

miembros

de

la profesión

legal están obligados a conducirse de tal forma que, con

su actuar, enaltezcan la imagen de su profesión. In re

Rodríguez López, 196 DPR 199, 208 (2016).

Todo letrado debe tener presente la función social

que ejerce y la institución que representa, por lo que

siempre

debe

proceder

con

un

alto

sentido

de

responsabilidad. In re Cardona Estelritz, 212 DPR 649, 667

(2023). Debido a que son el espejo en donde se refleja la

AB-2025-0232

13

imagen de todo el andamiaje judicial, recalcamos que el

Canon

38

del

Código

de

Ética

Profesional,

supra,

les

ordena evitar hasta la apariencia de conducta impropia. In

re Soto Peña, supra, pág. 678. Así habrán de conducirse

los abogados, aunque ello conlleve sacrificios personales,

pues

la

esperanza,

el

respeto

sociedad

deposita

en

la

desmerece

cuando

la

y

la

confianza

institución

actuación

de

un

de

la

letrado

que

la

justicia

representa

incorrección. Íd.

Por lo tanto, “[s]e entenderá que una conducta viola

este [C]anon [38] cuando afecta las condiciones morales

del abogado y hace que sea indigno de pertenecer a este

foro”.

In

re

justipreciar

Rodríguez

esto,

se

López,

debe

supra,

analizar

pág.

si

esa

208.

Para

conducta

realmente afecta las condiciones morales del abogado y es

contraria a la dignidad y al honor de la profesión. In re

Reyes Coreano, 190 DPR 739, 757-758 (2014).

D.

Regla 9.1 de Procedimiento Civil

La Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.,

R. 9.1, dispone en parte lo siguiente:

[…] La firma del abogado o abogada o de la parte

equivale a certificar que está hábil y disponible

para cumplir con los señalamientos y las órdenes

del tribunal, que ha leído el escrito y que, de

acuerdo con su mejor conocimiento, información y

creencia, formada luego de una investigación

razonable, dicho escrito está bien fundado en los

hechos y respaldado por el derecho vigente, y que

no se ha presentado con el propósito de causar

una injusticia, dilación u opresión o de aumentar

el costo del litigio. […]

Si un escrito se firma en violación de esta regla

el tribunal, a moción de parte o a iniciativa

AB-2025-0232

14

propia, impondrá a la persona quien lo firmó, a

la parte representada o a ambas, cualquier

sanción conforme lo dispuesto en la Regla 9.3 de

este apéndice, o podrá incluir una orden para

pagar a la otra parte o partes una suma razonable

en

concepto

de

gastos

con

motivo

de

la

presentación del escrito, incluso una cantidad

razonable para honorarios de abogado o abogada.

(Énfasis nuestro).

Recientemente,

Procedimiento

recalcamos

Civil,

supra,

que

la

“[i]mpone

a

Regla

9.1

de

quien firme

el

deber afirmativo de realizar una investigación razonable

sobre los hechos y el derecho aplicable antes de presentar

el escrito”. Pagán Rodríguez v. Pres, Cáms. Legs., 206 DPR

277, 289 (2021), citando a R. Hernández Colón, Derecho

procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017,

pág.

206.

Esta

regla

impone

una

seria

obligación

al

abogado y va encaminada a exigir un mínimo de competencia

y escrupulosidad.

Por

ello,

su

incumplimiento

puede

ser

sancionado

económicamente o puede hasta producir la descalificación

bajo la R. 9.3 de Procedimiento Civil o por violación a

los Cánones de Ética Profesional con sanciones que puedan

afectar

hasta

el

ejercicio

de

la

profesión.

Hernández

Colón, op. cit., pág. 189. Por esta razón, de no cumplir

con el deber de la Regla 9.1, supra, el tribunal tendrá

discreción

para

imponer

sanciones.

Ahora

bien,

para

determinar si el abogado o la parte cumplió con el mandato

de la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal

utilizará

el

criterio

de

razonabilidad,

circunstancias del momento. Íd.

atendiendo

las

AB-2025-0232

15

III

Como

mencionáramos

anteriormente,

el

presente

caso

surge como consecuencia de un referido del TPI, luego de

que las promovidas realizaran representaciones falsas al

atribuir a este Tribunal citas y determinaciones que nunca

se han emitido. En específico, las promovidas incluyeron

en un escrito ante el foro primario citas inexistentes

para fundamentar sus posturas en cuanto a una solicitud de

desestimación.

advierte

En

que

tecnológicas

la

Resolución

las

promovidas

para

preparar

emitida

su

por

usaron

escrito

el

TPI

se

herramientas

sin

la

debida

diligencia y supervisión.

Las mismas promovidas admitieron que algunas citas

incluidas

en

el

referido

escrito

fueron

erróneamente

atribuidas “debido a un error involuntario en la búsqueda

y selección de la jurisprudencia”, lo cual respondía a

“limitaciones

derivadas

de

la

consulta

de

fuentes

generales en internet”. Asimismo, en su comparecencia ante

este

Tribunal,

las

promovidas

argumentaron

que

no

hay

controversia respecto a que varias citas incluidas en una

moción

dispositiva

correctas.

Además,

entrecomillar

algunas

como

doctrinas,

suscrita

por

estas

indicaron

que

se

equivocaron

al

las

referencias

a

citas

las

directas

cuales

no

no

correspondían

estaban

a

una

transcripción literal del texto original.

Ciertamente, el Código de Ética Profesional destaca

en su Canon 18, supra, que los profesionales del derecho

AB-2025-0232

deben

16

rendir

diligente.4

una

En

circunscribe

labor

idónea,

particular,

“al

deber

el

de

competente,

deber

de

poseer

los

cuidadosa y

competencia

se

conocimientos

jurídicos necesarios para la tramitación adecuada de un

caso o gestión profesional”. In re Radinson Pérez, supra,

pág. 538. Así pues, cuando un abogado demuestra no estar

actualizado en su conocimiento en derecho, este infringe

el deber de competencia requerido.

En este caso, si bien las promovidas alegaron que los

errores

surgieron

como

consecuencia

del

uso

de fuentes

electrónicas generales y herramientas tecnológicas, ello

no las releva de su deber de competencia y diligencia al

defender los intereses de su cliente. La mera presentación

de citas jurisprudenciales inexistentes o incorrectamente

atribuidas demuestra una falta de verificación mínima de

las

fuentes

jurídica

jurídicas

deficiente,

utilizadas

lo

cual

es

y

una

investigación

incompatible

con

el

estándar de competencia que exige la profesión. Advertimos

que el deber de competencia no se satisface con la mera

intención

de

argumentar

conforme

a

derecho,

sino

que

requiere un esfuerzo razonable y diligente para corroborar

la corrección y autenticidad de las autoridades citadas.

Por otra parte, es forzoso concluir que la actuación

de

las

promovidas

inexistentes

resulta

de

usar

en

sus

incompatible

con

escritos

el

citas

deber

de

La conducta de las promovidas es evaluada bajo el Código de Ética

Profesional de 1970, según enmendado, 4 LPRA Ap. IX, toda vez que los

hechos que motivaron la presente queja ocurrieron previo a la entrada

en vigor de las nuevas Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico.

4

AB-2025-0232

17

sinceridad y honradez plasmados en el Canon 35, supra.

Ello pues sus actuaciones faltaron a la verdad objetiva y

colocaron al foro primario en una posición susceptible de

error al evaluar el derecho aplicable. El hecho de que las

promovidas corrigieron posteriormente los errores, o de la

explicación respecto a que estos errores surgieron a raíz

del uso de fuentes electrónicas generales, no satisface la

obligación ética que impone el Canon 35, supra. Por el

contrario, el deber de sinceridad y honradez exige que las

representaciones que se hagan al tribunal sean correctas

al momento de su presentación.

Concluimos, además, que la conducta de las promovidas

también

infringió

el

deber

impuesto

por

el

Canon

38,

supra, el cual exige a todo abogado y abogada exaltar el

honor y la dignidad de la profesión legal. Como hemos

indicado,

las

promovidas

comparecieron

ante

el

foro

primario mediante un escrito que contenía múltiples citas

jurisprudenciales

inexistentes

o

incorrectamente

atribuidas a este Tribunal, algunas de ellas presentadas

como citas textuales. Esta actuación proyecta una imagen

de descuido profesional incompatible con los valores de

honor,

dignidad

y

responsabilidad

que

se

exigen

en

la

profesión legal.

Como hemos advertido, la confianza que la sociedad

deposita en la institución de la justicia desmerece cuando

la actuación de un letrado representa incorrección. In re

Soto Peña, supra, pág. 678. Por consiguiente, aun cuando

AB-2025-0232

las

18

promovidas

alegaron

involuntarios

y

tecnológicas,

el

incompatible

que

relacionados

con

efecto

el

deber

los

errores

uso

de

al

de

de

su

fueron

herramientas

conducta

exaltar

la

resulta

imagen

de

la

profesión legal.

No menos importante, el hecho de que las promovidas

hayan

firmado

inexistentes

un

dio

escrito

al

que

traste

contenía

citas

con

propósito

el

jurídicas

y

la

solemnidad que representa la firma de un abogado o abogada

en nuestro ordenamiento legal. Recordemos que la Regla 9.1

de Procedimiento Civil, supra, “[i]mpone a quien firme el

deber afirmativo de realizar una investigación razonable

sobre los hechos y el derecho aplicable antes de presentar

el escrito”. Pagán Rodríguez v. Pres, Cáms. Legs., supra,

pág. 289.

Ahora

bien,

disciplinarias

al

por

momento

de

violación

fijar

al

las

Código

sanciones

de

Ética

Profesional, este Tribunal debe considerar los siguientes

factores: (1) la buena reputación del abogado o la abogada

en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si el caso

que se examina constituye su primera falta y si ninguna

parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación y el

arrepentimiento

sincero

por

las

imputaciones;

(5)

la

defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una

conducta aislada; (7) el ánimo de lucro; (8) resarcimiento

al cliente, y (9) cualquier otra consideración atenuante o

AB-2025-0232

19

agravante aplicable a los hechos. In re Hernández López,

supra. In re Ayala Oquendo I, supra, pág. 14.

En el caso ante nos, es menester destacar que surge

de los expedientes de las promovidas que estas, previo a

la

presente

queja,

no

habían

enfrentado

ningún

proceso

disciplinario. Por otro lado, luego de haber presentado el

escrito

con

las

citas

jurídicas

inexistentes,5

las

promovidas

incorrectas

presentaron

una

e

Moción

informativa sobre verificación y actualización de citas

jurisprudenciales, en la cual presentaron un resumen de

los

fundamentos

fundamentan

sus

doctrinales

y

alegaciones,

jurisprudenciales

integrado

con

que

citas

jurisprudenciales válidas.

Asimismo, resulta relevante señalar que el TPI impuso

una sanción de $1,000 a las promovidas al amparo de la

Regla 9.3 de Procedimiento Civil, por causar dilaciones

injustificadas en el manejo del caso. Esta sanción fue

satisfecha por las promovidas sin dilaciones. Igualmente,

vale la pena resaltar que las promovidas renunciaron a la

representación legal de la parte codemandada en el pleito

ante el TPI. Entre sus alegaciones en la contestación a la

queja,

las

disculpas

por

promovidas

la

forma

expresaron

en

que

sus

estas

más

sinceras

expresaron

sus

argumentaciones, y afirmaron que lo ocurrido constituye un

El 4 de agosto de 2025, la parte querellante en el caso ante el TPI

advirtió al Tribunal sobre las citas y jurisprudencia inexistente. Al

día siguiente, el 5 de agosto de 2025, las promovidas presentaron una

Moción aclaratoria, en la cual reconocieron que algunas citas incluidas

en la moción de desestimación fueron erróneamente atribuidas.

5

AB-2025-0232

20

hecho aislado, ajeno a su trayectoria profesional que no

se volverá a repetir.

Así pues, consideradas las circunstancias atenuantes,

y en virtud de nuestro poder inherente de reglamentar la

profesión legal, procede que apercibamos a las promovidas,

a fin de que en el futuro procuren comportarse conforme a

la normativa ética aplicable.

Por último, es pertinente enfatizar que, aunque los

hechos

de

autos

se

rigen

por

el

Código

de

Ética

Profesional vigente al momento de la conducta imputada a

las

promovidas,

este

caso

ilustra

con

claridad

la

pertinencia y necesidad de las nuevas Reglas de Conducta

Profesional de Puerto Rico, aprobadas por este Tribunal

para atender los retos contemporáneos del ejercicio de la

abogacía y la notaría.6 En particular, la Regla 1.19, que

reconoce expresamente el deber de competencia y diligencia

tecnológica,

dispone

que

las

personas

que

ejercen

la

profesión legal deben “adquirir las destrezas necesarias y

mantener un conocimiento razonable sobre los desarrollos

tecnológicos que puedan impactar la práctica del Derecho y

la función notarial. Esto incluye el deber de utilizar la

tecnología de manera diligente y con conocimiento de sus

beneficios y riesgos, a fin de prestar una representación

legal o ejercer la función notarial de manera competente y

efectiva”.

Las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico fueron aprobadas a

través de la Resolución del 17 de junio de 2025, In re Rs. Conducta

Prof. PR, 2025 TSPR 64, 216 DPR __ (2025), y entraron en vigor el 1 de

enero de 2026.

6

AB-2025-0232

21

Entre los comentarios de esta Regla 1.19, supra, es

imperativo

que

destaquemos

tecnológica,

como

herramientas

o

las

aquella

la

definición

que

“implica

soluciones

de

diligencia

utilizar

tecnológicas

de

las

forma

oportuna, responsable y sin causar dilaciones o perjuicios

indebidos”.

A

modo

de

ejemplo,

el

comentario

sobre

diligencia tecnológica indica que presentar documentos sin

validar

el

contenido

generado

mediante

herramientas

tecnológicas puede constituir una falta de diligencia, aun

cuando se tenga competencia tecnológica.

De la misma forma, otro de los comentarios de la

Regla

1.19,

tecnológicas

introduce

la

y

inteligencia

de

la

definición

de

herramientas

artificial.

Además,

advierte el comentario que:

[C]uando se utilicen herramientas tecnológicas

complejas, quienes ejercen la profesión legal

deben contar con un entendimiento razonable de su

funcionamiento

o

procurarlo

mediante

asesoramiento

especializado.

Las

herramientas

tecnológicas, como la inteligencia artificial y

otros sistemas avanzados de procesamiento de

información, pueden ser útiles para asistir en el

análisis jurídico, la redacción de documentos o

la organización de información. Sin embargo, no

deben sustituir el criterio profesional de quien

ejerce la abogacía o la notaría. Todo contenido

generado por medios tecnológicos debe revisarse

cuidadosamente, especialmente si se trata de

documentos presentados ante un tribunal, para

garantizar su veracidad, pertinencia y corrección

legal. (Énfasis nuestro).

Estamos convencidos que las herramientas tecnológicas

son parte esencial en la práctica de la abogacía, por lo

que todo miembro de la profesión que las utilice deberá

actuar

conforme

al

deber

de

competencia

y

diligencia

AB-2025-0232

tecnológica

22

plasmado

en

las

nuevas

Reglas

de

Conducta

Profesional de Puerto Rico.

IV

Por

los

fundamentos

previamente

expuestos

en

esta

Opinión Per Curiam, luego de evaluar la totalidad de las

circunstancias y en virtud de nuestro poder inherente de

reglamentar la profesión legal, procede apercibir a las

promovidas

respecto

a

antiética

ulterior,

se

que,

de

incurrir

en

conducta

podrían

exponer

a

sanciones

disciplinarias más severas, entre ellas, la suspensión de

la práctica de la profesión. Atendido el asunto, ordenamos

el archivo de la Queja de epígrafe.

Advertimos a la clase togada sobre su deber de actuar

con competencia y diligencia tecnológica en todo momento,

lo cual incluye el deber de validar el contenido generado

mediante

herramientas

tecnológicas.

Faltar

a

este

deber

podría conllevar sanciones disciplinarias severas.

Notifíquese

a

las

licenciadas

Irizarry

Centeno

Bonilla Irizarry esta Opinión Per Curiam y Sentencia.

Se dictará sentencia en conformidad.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado

y

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María V. Irizarry Centeno

(10,355)

AB-2025-0232

Anissa M. Bonilla Irizarry

(18,907)

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte de la presente

Sentencia, luego

de

evaluar

la

totalidad

de

las

circunstancias y en virtud de nuestro poder inherente de

reglamentar la profesión legal, procede apercibir a las

promovidas respecto a que, de incurrir en conducta

antiética ulterior, se podrían exponer a sanciones

disciplinarias más severas, entre ellas, la suspensión de

la práctica de la profesión. Atendido el asunto, ordenamos

el archivo de la Queja de epígrafe.

Advertimos a la clase togada sobre su deber de actuar

con competencia y diligencia tecnológica en todo momento,

lo cual incluye el deber de validar el contenido generado

mediante herramientas tecnológicas. Faltar a este deber

podría conllevar sanciones disciplinarias severas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Rivera Pérez emitió

una Opinión de conformidad a la cual se une el Juez

Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor

Colón Pérez no intervino.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

María V. Irizarry Centeno

AB-2025-0232

Anissa M. Bonilla Irizarry

Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Rivera

Pérez a la que se une el Juez Asociado señor Estrella

Martínez

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.

Todo proceso judicial tiene como finalidad la búsqueda

de la verdad. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363(1999).

Bajo este contexto, la verdad no surge de la retórica sin

sustento o de textos atribuidos sin fundamento. Más bien,

resulta

de

hechos

reales

que

generan

controversias

justiciables examinadas rigurosamente a la luz de normas

auténticas que emanan de la autoridad competente, ya sea

este Alto foro o la Legislatura.

El precedente judicial es, por ello, el producto del

ejercicio de la jurisdicción de los tribunales sobre hechos

genuinos adjudicados en el proceso adversativo. Solo después

de haberse atravesado ese proceso es que adquiere rango de

“derecho”.

Por

consiguiente,

solo

podemos

llamarle

jurisprudencia a aquella que interpreta y aplica la ley a

casos concretos, llena lagunas cuando las hay, y armoniza

las disposiciones de ley que estén o que parezcan estar en

AB-2025-0232

2

conflicto. Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 DPR 870

(1975).

En armonía con lo anterior, cada miembro de la clase

togada es una extensión básica de los tribunales. In re

Cardona Álvarez, 116 DPR 895 (1986). Ello presupone una

comprensión inequívoca de la misión fundamental pública que

ejerce

como

coprotagonista

en

la

administración

e

impartición de justicia dentro de una comunidad democrática

fundada en el imperio de la ley. Íd.

Naturalmente,

lo

anterior conlleva la obligación de promover la búsqueda de

la verdad en su justo cauce, actuar con respeto a los

tribunales, y preservar y mantener inmaculada la imagen de

la justicia. Íd. Incluso, hemos dicho que la verdad es

atributo inseparable de la abogacía y, sin ella, no podría

justificarse su existencia. In re Joglar Castillo, 210 DPR

956 (2022); In re Ramos Sáenz, 205 DPR 1089 (2020).

Dicho

eso,

la

incorporación

de

herramientas

de

inteligencia artificial a la práctica jurídica no altera, ni

puede alterar, la misión fundamental de la abogacía.1 La

tecnología puede asistir a la búsqueda de la verdad, mas no

puede distorsionarla ni desvirtuarla. Así pues, la abogacía

debe

subordinar

el

uso

de

herramientas

tecnológicas

al

Al presente, el concepto inteligencia artificial se refiere al “campo

de la informática que utiliza algoritmos para imitar el razonamiento

humano y generar predicciones, recomendaciones o contenido en atención

a las bases de datos y los objetivos establecidos por las personas que

desarrollan y operan la herramienta”. Comentario a la Regla 1.19 de las

Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico, Resolución ER-2025-02 del

17 de junio de 2025.

1

AB-2025-0232

3

propósito superior de depurar la verdad conforme al derecho

vigente.

En contraste, quien invoca precedentes inexistentes o

tergiversa la autoridad, no procura la verdad ni la justicia,

sino una ventaja indebida incompatible con la dignidad de la

profesión y con la integridad del proceso adjudicativo. En

reiteradas ocasiones hemos insistido en que los procesos

judiciales no son competencias en las cuales ha de prevalecer

el más listo. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, supra. Así pues,

la tarea de la abogacía no es prevalecer a toda costa. Por

el contrario, como funcionarios del tribunal y partícipes

esenciales de la administración de la justicia, los abogados

y las abogadas deben procurar velar por la integridad del

proceso y

la protección de los derechos

de

su cliente

mediante la búsqueda incansable de la verdad. Lo anterior

acarrea,

necesariamente,

que,

en

tiempos

en

que

la

inteligencia artificial genera textos con apariencia de

autoridad, nos aferremos con mayor rigor al compromiso con

el descubrimiento de la verdad.

Con todo, en la Opinión que hoy emitimos se advierte

que,

[l]a

mera

inexistentes

falta

de

o

presentación

de

incorrectamente

verificación

mínima

citas

jurisprudenciales

atribuidas

de

las

demuestra

fuentes

una

jurídicas

utilizadas y una investigación jurídica deficiente, […] es

incompatible con el estándar de competencia que exige la

profesión. A su vez, reconocemos que el mal manejo de la

inteligencia artificial que conduce a la presentación de

AB-2025-0232

citas

4

inexistentes,

afirmaciones

conducta

carentes

sancionable

tergiversaciones

del

derecho

de

legal,

puede

constituir

a

Cánones

de

base

conforme

los

o

Ética

Profesional vigentes al momento de los hechos, la Regla 9.1

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y las Reglas de

Conducta Profesional de Puerto Rico, Resolución ER-2025-02

del 17 de junio de 2025. Lo anterior, no porque la tecnología

sea intrínsecamente reprochable, sino porque la sustitución

del derecho real por uno ficticio distorsiona el proceso

deliberativo, dilata innecesariamente los procedimientos y

erosiona la confianza pública en la sana administración de

la justicia.

Dicho

esto,

este

caso,

por

ser

el

primero

de

su

naturaleza en nuestra jurisdicción, nos convoca a reconocer

que la práctica jurídica enfrenta una etapa histórica de

transformación acelerada.

Ante

dicha realidad,

emito la

presente Opinión de conformidad a los fines de: (1) matizar

qué constituye conducta sancionable a raíz del mal uso y

manejo de las herramientas de la inteligencia artificial;(2)

ampliar los deberes ético-profesionales que levanta o puede

levantar dicha conducta y; (3) examinar el tratamiento que

algunos

tribunales

federales

le

han

dado

a

situaciones

análogas. Esto último servirá para el doble propósito de:

(a) sustentar la conclusión de que, bajo las circunstancias

particulares de este caso, no se justifica imponer una

sanción

ética;

y

(b)

extender

la

discusión

sobre

qué

criterios se pueden tomar en consideración al sancionar a un

AB-2025-0232

5

abogado o abogada que incurra en este tipo de práctica.

Veamos.

I

No hace falta ir in extenso sobre los hechos que dieron

lugar a este caso. Sin embargo, es meritorio reproducir

aquellos medulares al propósito de delimitar qué constituye

conducta sancionable, cuando se presenta un escrito ante el

tribunal generado con la asistencia de una herramienta de

inteligencia artificial. A saber, en la Moción en solicitud

de desestimación del 17 de julio de 2025, firmada por las

Lcdas. María V. Irizarry Centeno y Anissa Michelle Bonilla

Irizarry, se incluyeron los siguientes fundamentos en apoyo

de su petitorio:

En Suárez v. CMI Caribe, 180 D.P.R. 367, 376 (2010), el

Tribunal recalcó que “la mera afiliación a una entidad no

basta para imputar responsabilidad solidaria por sus

decisiones. Es imprescindible la participación activa o

conocimiento directo de los actos imputados.”;

[…]

Véase Otero-Burgos v. Inter Med. Supplies, Inc., 137 D.P.R.

841, 848 (1995). En dicho caso el Tribunal Supremo expresó:

“La relación de empleo que da base a la Ley Núm. 80 exige

subordinación. Un contratista independiente, que ofrece

servicios profesionales por su cuenta, no puede acogerse a

la protección de dicha ley.”;

[…]

En Pérez v. Horizon Lines, 2020 TSPR 61, el Tribunal Supremo

reiteró: “La Ley 100 requiere como condición indispensable

la existencia de una relación de trabajo. Sin esta, no

procede el remedio.”. Similarmente, en Rosado v. ELA, 2004

TSPR 13, se estableció que: “La Ley 115 aplica únicamente a

represalias contra empleados por sus denuncias. Sin un

vínculo laboral, no hay remedio disponible.”;

[…]

En Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982), el

Tribunal expresó: “Para que surja responsabilidad bajo el

Artículo 1802 es necesario un acto u omisión culpable, daños

y nexo causal. La mera vinculación institucional no es

suficiente.”;

[…]

AB-2025-0232

6

Así lo ha reiterado el Tribunal Supremo de Puerto Rico en

Ramos Lozada v. E.L.A., 174 D.P.R. 650 (2008), donde sostuvo

que “[l]a inmunidad cualificada se reconoce a aquellos

funcionarios que obran dentro de los márgenes de discreción

que permite la ley y cuyas actuaciones no infringen derechos

constitucionales claramente establecidos[”].

Conforme surge, las promovidas incluyeron en su escrito

múltiples citas expresas atribuidas a decisiones específicas

de este Tribunal, acompañadas de números de tomos y páginas

que daban la apariencia de precisión y autenticidad. No

obstante, tales citas no constan en los casos invocados, ya

sea porque el nombre del caso o cita no existe, o no coincide

con

la

decisión

citada,

que

las

páginas

señaladas

corresponden a pasajes distintos o inexistentes, o que la

decisión incluida trata materias ajenas a la proposición

atribuida.

Por

lo

tanto,

no

se

trata

aquí

de

una

interpretación discutible o expansiva del derecho, tampoco

de

una

analogía

jurídica

amplia,

propias

del

debate

adversativo. Tampoco supone una mera aseveración incorrecta,

o del uso de una licencia “editorial” o del silogismo, sino

de la atribución textual a esta Curia de pronunciamientos

que no constan en nuestras opiniones.

Patrones de conducta similares al antes descrito han

sido objeto de análisis. Véase E. R. Desbien, Comment, With

Great Power Comes Great Responsibility: Court Sanctions For

Misuse Of Genai, 38 J. Am. Acad. Matrim. Law. 211. Al

examinar jurisprudencia a lo largo de los Estados Unidos se

concluyó que la forma más común en que los tribunales han

presenciado

el

mal

uso

de

la

inteligencia

artificial

generativa es cuando un litigante somete un documento con

AB-2025-0232

7

casos y proposiciones falsas. Íd. Sobre dicho asunto, el

artículo precisó lo siguiente:

More than two-thirds of all cases that were analyzed for

this comment and address the use or misuse of GenAI involve

circumstances where a litigant has cited at least one nonexistent case. When this issue arises, more often than not,

the document contains several fake case citations. In some

situations, a citation contains a real case name or reporter

citation, but the remaining portion of the citation is

incorrect. For example, in Ruggierlo, Velardo, Burke, Reizen

& Fox, P.C. v. Lancaster, the defendant’s objections

contained what the court labeled a “mutant citation”, a

blend of an existing case name and an existing but inaccurate

reporter citation.

Even if a filing does not contain non-existent cases, it may

contain false propositions. This often occurs when the

litigant cites non-existent quotes or asserts that a case

or statute stands for a proposition that could not be

reasonably inferred from that case. Regardless of the type

of inaccuracy, the citations appear accurate at first

glance, since the model can generate citations in Bluebook

format with convincingly accurate names and reporter

citations. Only upon further investigation would a reader

discover the inaccuracy. (Negrilla suplida). Íd., págs. 219220.

Sobre ese particular, Mata v. Avianca, Inc., 678 F.Supp.

3d 443 (2023), constituye el primer caso donde se analizó

extensamente el uso de inteligencia artificial generativa

para producir citas ficticias y donde se impusieron sanciones

detalladas por el mal uso de ChatGPT en un escrito judicial.2

En lo concerniente a la conducta sancionable específica, el

Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York

sostuvo que, bajo la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento

En cuanto a los hechos de dicho caso, abogados fueron sancionados por

usar ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial que fabricó casos

citados en un escrito presentado ante un foro judicial. Particularmente,

el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York examinó una

oposición a solicitud de desestimación donde se citaron decisiones

inexistentes y generadas por la inteligencia artificial. Dicho foro

concluyó que tal conducta ameritaba sanciones bajo la Regla 11 de las

Reglas de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 11, análoga a

nuestra Regla 9.1, supra, por dos razones principales. Primero, los

abogados no realizaron una investigación razonable antes de someter el

escrito y, segundo, presentaron como derecho vigente decisiones que

nunca fueron emitidas por tribunal alguno, conducta que catalogó como

abuso del sistema adversativo.

2

AB-2025-0232

8

Civil, Fed. R. Civ. P. 11, el tribunal estaba facultado para

sancionar a un abogado por tergiversar los hechos o por

presentar argumentos legales frívolos.

Consideró que un

argumento era frívolo y, por lo tanto, sancionable, cuando

equivale a un abuso del sistema adversativo. Las meras

afirmaciones jurídicas no son sancionables bajo la Regla 11,

supra. En palabras del propio tribunal:

[t]he fact that a legal theory is a long-shot does not

necessarily mean it is sanctionable.” Fishoff v. Coty Inc.,

634 F.3d 647, 654 (2d Cir. 2011). A legal contention is

frivolous because it has “no chance of success” and there

“is no reasonable argument to extend, modify or reverse the

law as it stands.” Id. (quotation marks omitted). [The filing

of papers “without taking the necessary care in their

preparation” is an “abuse of the judicial system” that is

subject to Rule 11 sanction. A fake opinion is not “existing

law” and citation to a fake opinion does not provide a nonfrivolous ground for extending, modifying, or reversing

existing law, or for establishing new law. An attempt to

persuade a court or oppose an adversary by relying on fake

opinions is an abuse of the adversary system. Salovaara, 222

F.3d at 34. (Negrilla suplida). Íd.

A tono con lo expuesto, el que una teoría jurídica sea

improbable

o

remota

no

la

convierte

automáticamente

en

sancionable. El ejercicio del derecho permite o incluso a

veces

exige,

argumentar

cercano

a

los

márgenes

del

ordenamiento para proponer cambios o extensiones razonables.

En cambio, conforme surge del caso precitado, se incurre en

frivolidad al invocar precedentes imaginarios para persuadir

al foro adjudicador o contradecir a la parte adversa.

A mi juicio, esa práctica introduce en el proceso

adjudicativo,

un

derecho

inexistente

o

materialmente

alterado, confiriéndole a la argumentación una apariencia de

autoridad que no posee. Más bien, nos encontramos ante una

autoridad

“alucinada”

producto

de

la

maquinación

de

un

AB-2025-0232

9

algoritmo que usa inferencias lógicas para predecir palabras

dentro del contexto que le es encomendado. Ese proceso no

surge de un pronunciamiento emitido por esta Curia en el

ejercicio de un acto jurisdiccional real y verificable. Como

se indicó en la introducción, la fuerza normativa de la

jurisprudencia

producto

de

descansa

una

en

que

controversia

el

pronunciamiento

justiciable

sea

sustentada

en

hechos reales y ventilada mediante el proceso adversativo.

Solo en ese contexto, la norma jurisprudencial cobra vida;

fuera

de

él,

aun

cuando

aparente

ser

precedente,

no

constituye derecho vigente, sino texto carente de autoridad.

En

suma,

tergiversadas

la

inclusión

atribuidas

constituye

conducta

argumentos

novedosos

derecho,

sino

o

no

este

como

Tribunal

inexistentes

de

por

interpretaciones

presentar

que

citas

decisiones

sancionable,

por

pronunciamientos

a

de

este

la

Tribunal

adopción

extensivas

precedente

nunca

o

de

del

vigente

emitió.

Ello

entorpece la función adjudicativa, obliga al foro y a la

parte adversa a desmentir derecho ficticio y erosiona la

confianza

en

consiguiente,

la

administración

además

de

las

de

la

sanciones

justicia.

Por

contempladas

en

nuestras Reglas de Procedimiento Civil, supra, también puede

justificarse

la

imposición

de

medidas

disciplinarias

adicionales.

II

La imposición de medidas disciplinarias presupone la

transgresión de un deber ético profesional identificable. En

AB-2025-0232

10

la etapa actual, marcada por la proliferación del uso de

herramientas

de

inteligencia

artificial

en

la

práctica

jurídica puertorriqueña, ostentamos una oportunidad única

para orientar sobre los deberes éticos que acompañan su

utilización. Así, corresponde delimitar, sin ánimo taxativo,

los deberes ético-profesionales que se activan cuando se

utilizan estas herramientas en el ejercicio de la abogacía

y la notaría.

Como punto de partida, la Regla 1.19 de las Reglas de

Conducta Profesional,

supra,

introduce los conceptos de

“competencia y diligencia tecnológica”. A pesar de que los

deberes

generales

de

competencia

y

diligencia

están

regulados por las Reglas 1.1 y 1.3, supra, respectivamente,

entendimos

necesario

regular

de

manera

específica

los

aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial.

Aunque ambos conceptos están inexorablemente atados,

podemos distinguir el deber de competencia tecnológica como

aquel que requiere que, quienes ejerzan la profesión legal,

adquieran

las

destrezas

necesarias

y

mantengan

un

conocimiento razonable sobre los desarrollos tecnológicos

que puedan impactar la práctica del Derecho y la función

notarial.

Los comentarios a dicha Regla, los cuales se encuentran

sustentados en la Opinión Formal n. 512 de la ABA (2024),

precisan que la competencia tecnológica implica comprender

razonablemente las capacidades, beneficios, limitaciones y

AB-2025-0232

riesgos

de

11

las

utilizadas,3

herramientas

verificar

la

precisión de sus resultados, y mantener siempre un juicio

profesional independiente. No se exige que la abogacía sea

experta en el uso y desarrollo de cualquier tecnología, pero

sí

que

actúe

circunstancias,

con

su

razonabilidad

experiencia

a

la

luz

de

las

su

área

de

profesional,

práctica, entre otros factores. Íd.

De otra parte, es esencial resaltar que, aun cuando el

abogado o la abogada posea competencia tecnológica básica,

debe

ser

complementada

con

el

deber

de

diligencia

tecnológica, también recogido en la Regla 1.19, supra. Véase

Comentario

a

Profesional,

la

Regla

supra.

1.19

de

Según

nos

las

Reglas

de

Conducta

adelanta

su

propia

denominación, la diligencia tecnológica implica utilizar la

tecnología con diligencia, pero también con conciencia de

sus beneficios y riesgos, a fin de brindar una representación

competente y efectiva. Así pues, exige el uso oportuno y

responsable de dichas herramientas, de modo que no entorpezca

el

curso

de

los

procedimientos

ni

ocasione

perjuicios

indebidos.

A modo ilustrativo, el abogado o abogada debe estar consciente de que

las herramientas de inteligencia artificial no son infalibles y que sus

resultados pueden verse afectados por sesgos y prejuicios algorítmicos

inherentes a los datos con los que fueron entrenadas. Véase Francesca

Lagioia et al., Algorithmic Fairness Through Group Parities? The Case

of COMPAS-SAPMOC, AI & Soc'y 5 (2022), https://doi.org/10.1007/s00146022-01441-y. Asimismo, debe conocer que, ante lagunas de información,

estos sistemas pueden generar contenido ficticio o inexacto, conocido

como alucinación, con el propósito de generar una respuesta coherente.

Véase Opinión Formal ABA n. 512 (2024); Dávila Rivera J.E., La

Interacción entre la Ética Profesional y la Inteligencia Artificial a

la Luz de la Regla 1.19 De Conducta Profesional de Puerto Rico, 6 Rev.

Asociación Abogados P.R. 125. Del mismo modo, su utilización conlleva

riesgos relacionados con la posible divulgación o exposición de

información confidencial. Íd.

3

AB-2025-0232

12

A su vez, una interpretación de la Regla 1.19, supra,

es

congruente

con

el

estándar

del

abogado

diligente

y

razonable en la verificación de sus resultados. Es decir, le

incumbe al abogado o abogada el deber de validar el contenido

generado por dichas herramientas, incluyendo la exactitud de

las citas, presentado ante el tribunal. Lo contrario, aunque

haya sido preparado por la inteligencia artificial, puede

constituir falta de diligencia profesional. La razón es la

siguiente: aun cuando el abogado o abogada comprenda el

funcionamiento de los modelos de lenguaje a gran escala,

“large

language

models”

o

LLM’s,4

el

resultado

depende

sustancialmente de la instrucción o “prompt” que se les

proporcione. In re Jackson Hosp. & Clinic, Inc., 2025 WL

3251167, (Bankr. M.D. Ala. 2025). Ello, a su vez, depende de

que el abogado o abogada posea un conocimiento fundamental

del asunto jurídico de que se trate. Íd. Por lo tanto, un

“prompt” basado en una premisa incorrecta sobre el derecho,

o influida por un sesgo a favor de un resultado particular,

puede conducir al profesional del derecho aún más lejos, no

solo de cualquier autoridad jurídica real, sino también de

Los LLM’s son un tipo de inteligencia artificial generativa. Su

funcionamiento fue precisado en New York Times Co. v. Microsoft Corp.,

777 F. Supp. 3d 283 (S.D.N.Y. 2025) como sigue: “[a]n LLM can receive

text prompts as inputs and generate natural language responses as

outputs, which result from the LLM’s prediction of the most likely string

of text to follow the inputted string of text based on its training on

billions of written works”.

4

AB-2025-0232

cualquier

13

argumento

jurídico

plausible

que

sustente

su

posición.5 Íd.

Por tal razón, el abogado es el responsable de asegurar

la exactitud de los escritos que somete al tribunal. En

efecto,

la

inteligencia

artificial

generativa,

sin

conocimiento jurídico suficiente sobre la controversia o sin

la guía de “un abogado de probada competencia”, no constituye

un atajo seguro en la preparación de documentos legales.6

Íd.

Además, el deber de diligencia en la revisión de los

resultados generados por la inteligencia artificial, no se

agota al momento de someter un escrito ante el tribunal,

sino que continúa cuando el abogado reafirma o defiende las

posiciones allí contenidas. Véase Mata v. Avianca, supra.

Así, si posteriormente adviene en conocimiento de que una

cita

o

precedente

es

falso,

inexistente

o

incorrecto,

corresponde corregirlo sin dilación. Íd.

En

fin,

aunque

la

inteligencia

artificial

puede

constituir una herramienta útil en la práctica jurídica,

El texto original lee como sigue:

if the attorney understands how large language models

function, the output of a large language model depends

heavily on the prompt, which in turn requires the attorney

to have a foundational understanding of the legal issue at

hand. In other words, a prompt based on an incorrect

assumption about the law – or a bias toward a particular

result – may steer the attorney further away from not only

any actual legal authority but also any plausible legal

arguments supporting the attorney's position. In re Jackson

Hosp. & Clinic, Inc., 2025 WL 3251167, (Bankr. M.D. Ala.

2025).

6 El texto traducido en el cuerpo es el siguiente: “Generative artificial

intelligence, without foundational knowledge of the legal matter at hand

or the guidance of ‘a lawyer of established competence,’ is not a safe

shortcut”. Íd.

5

AB-2025-0232

14

nunca sustituye el juicio profesional del abogado. Véase

Mata v. Avianca, supra. Por lo tanto, la competencia y

diligencia

tecnológica

conllevan

una

supervisión

humana

rigurosa, continua e indelegable de todo contenido generado

mediante

herramientas

tecnológicas

e

inteligencia

artificial.

III

Delimitada de esta forma la conducta sancionable y los

deberes ético profesionales medulares a la controversia,

conviene examinar cómo otros tribunales en los Estados Unidos

han

atendido

situaciones

análogas

y

qué

criterios

han

considerado al momento de imponer sanciones. Ello, con el

fin de precisar por qué, a pesar de que las promovidas

incurrieron en conducta sancionable, no procede una sanción

ética.

A medida que los tribunales han comenzado a enfrentar

controversias relacionadas con el uso y el manejo indebido

de herramientas de inteligencia artificial generativa, las

decisiones que han impuesto sanciones han reflejado enfoques

diversos. E. R. Desbien, supra. Algunos han optado por

restringir o desalentar el uso de estas tecnologías en los

procesos judiciales, mientras que otros han reconocido su

utilidad

siempre

que

se

use

de

manera

competente

y

responsable. Íd. De igual forma, cuando un abogado hace uso

indebido de las referidas herramientas, el marco jurídico y

las sanciones han variado entre jurisdicciones. Íd.

AB-2025-0232

15

Ahora bien, en los primeros casos del 2023 al 2025, los

tribunales impusieron principalmente sanciones procesales

bajo la Regla 11 de Procedimiento Civil Federal, supra, o

bajo el poder inherente del tribunal. Estas variaron desde

sanciones monetarias, órdenes de mostrar causa, y otras

medidas correctivas. Así pues, la tendencia predominante ha

sido adoptar un enfoque correctivo y preventivo antes que

punitivo. E. R. Desbien, supra.

Por ejemplo, en Mata v. Avianca, supra, el tribunal les

impuso a los abogados una sanción de $5,000. Las expresiones

de dicho Foro fueron las siguientes: [t]he Court concludes

that a penalty of $5,000 paid into the Registry of the Court

is sufficient but not more than necessary to advance the

goals

of

suplida).

specific

Íd.

and

Además,

general

ordenó

deterrence.

medidas

(Negrilla

correctivas

como

notificar la Opinión a cada juez correlacionado con algún

precedente inexistente citado en el escrito.

Otro caso donde un tribunal favoreció este enfoque fue

Mattox v. Prod. Innovations Rsch., LLC, 807 F. Supp. 3d 1341

(E.D. Okla. 2025). Sobre el objetivo al sancionar al abogado,

el tribunal manifestó lo siguiente:

The Court has imposed sanctions to restore, not to ruin. The

aim of this ruling is not punishment for its own sake, but

the reaffirmation of professional honor.

All counsel have appeared, accepted responsibility, and

sought mercy. The Court has answered with proportion,

acknowledging their contrition while ensuring accountability

endures. The combination of public reprimand, restitution,

and monetary penalty satisfies the Rule 11 standard of

deterrence and reaffirms that the practice of law is an act

of trust. (Negrilla suplida). Íd.

AB-2025-0232

16

Asimismo, en Gauthier v. Goodyear Tire & Rubber Co.,

2024 WL 4882651 (E.D. Tex. 2024), el tribunal, tras concluir

que

el

abogado

presentó

un

escrito

que

contenía

citas

inexistentes sin haber verificado su validez, ordenó pagar

$2,000 como sanción. Además, le ordenó tomar cursos de

educación

jurídica

artificial

continua

generativa

y

en

someter

el

tema

de

inteligencia

copia

de

la

orden

al

demandante.

El denominador común de esta progenie de casos es que,7

aun

cuando

los

tribunales

han

considerado

la

conducta

incompatible con los deberes básicos de diligencia, las

medidas iniciales han sido de naturaleza procesal, como

sanciones monetarias

y medidas

correctivas, dirigidas a

proteger la integridad del proceso judicial y a reafirmar

los deberes profesionales que rigen el ejercicio de la

abogacía. En ese sentido, la imposición de una sanción

monetaria de carácter procesal en el presente caso, tal como

hizo el foro primario, se alinea con la respuesta adoptada

por otros tribunales cuando han enfrentado por primera vez

esta controversia. Sin embargo, el resultado al que arribamos

Véase, también: Iovino v. Michael Stapleton Assocs., 2024 WL 3520170,

(W.D.Va. 2024)(orden para mostrar causa y advertencia); Dukuray v.

Experian Info. Sols., 2024 WL 3812259 (S.D.N.Y. 2024)(el tribunal no

sancionó pero incluyó la siguiente advertencia: “[p]laintiff is hereby

advised that any further filings with citations to nonexistent cases may

result in sanctions, such as her submissions being stricken, filing

restrictions or monetary penalties being imposed, or the case being

dismissed.”); Mid Cent. Operating Engin’rs Health & Welfare Fund v.

HoosierVac, LLC, 2025 WL 5742334 (S.D. Ind. 2025) (sanción monetaria);

Kruse v. Karlen, 692 S.W.3d 43 (Mo. Ct. App. 2024)($10,000 en honorarios

de abogado como sanción); Wadsworth v. Walmart Inc., 348 F.R.D. 489 (D.

Wyo. 2025)(sanción monetaria); Bunce v. Visual Tech. Innovations, Inc.,

2025 WL 662398 (E.D. Pa. 2025)(sanción monetaria y educación jurídica

continua).

7

AB-2025-0232

en

este

17

caso

no

debe

interpretarse

como

una

señal

de

permisividad, pues comportamientos de esta naturaleza no

serán tolerados.

Por último, considero que los siguientes parámetros son

útiles al evaluar si la inclusión de citas inexistentes,

alteradas

o

materialmente

jurídico

ameritan

una

tergiversadas

sanción

en

un

escrito

disciplinaria:

(1)

materialidad de la cita (si sostiene una propuesta central

al argumento jurídico, influye sobre el resultado potencial

del caso o pretende resolver una controversia sustantiva);

(2) apariencia de precisión y grado de falsedad (si se

presentó la cita como textual, con comillas y referencia

específica de tomo y página, vis a vis si la cita parafraseó

razonable

una

tipográfico

norma

aislado

vigente,

o

cita

si

constituyó

incompleta);

(3)

un

error

patrón

o

reiteración de la conducta (si se trata de una sola cita

aislada o de múltiples citas falsas o tergiversadas dentro

del mismo escrito o en otros escritos del abogado y si

continuó reafirmándose en dicho precedente a lo largo de los

procedimientos judiciales); (4) si hubo una investigación

razonable y revisión humana directa previa; (5) el nivel de

experiencia,

especialización

sobre

herramientas

las

y

conocimiento

tecnológicas

e

del

abogado

inteligencia

artificial utilizadas.8

Véase, también, Mattox v. Prod. Innovations Rsch., LLC, supra, donde

se establecieron varios parámetros, cimentados en la Regla 11, para

guiar a los tribunales en casos posteriores donde se presenten escritos

8

AB-2025-0232

18

IV

Por todo lo antes expuesto, estoy conforme con el curso

de acción adoptado por la mayoría de este Tribunal. Como

señalé al comienzo, la administración de la justicia descansa

en la autenticidad del derecho

tribunales.

Por

tanto,

precedentes

inexistentes

que se invoca ante los

cuando

o

afirma

un

como

abogado

derecho

presenta

vigente

aquello que nunca fue decidido por tribunal alguno, no solo

incumple con su deber de diligencia y competencia, sino que

con citas generadas a raíz de las alucinaciones de la inteligencia

artificial:

Federal courts increasingly confront filings prepared

with the assistance of generative artificial intelligence.

While such tools can enhance efficiency, they also create a

new professional hazard, synthetic authority presented as

precedent. No uniform standard yet governs this issue. This

Court therefore articulates the following framework,

grounded in Rule 11, 28 U.S.C. § 1927, and the Court’s

inherent authority, to guide this Court in future cases in

which AI-generated hallucinations appear in filings.

When a pleading containing fabricated citations or

nonexistent law has been identified and a hearing held, this

Court shall evaluate three core factors:

1. Verification and Inquiry — Whether counsel

conducted a reasonable, human-based verification of every

cited authority before filing. A reasonable inquiry requires

more than reliance on an automated tool; it demands

independent confirmation through recognized primary legal

sources. The signature of an attorney certifies human

diligence, not mechanical output.

2. Candor and Correction — Whether counsel promptly

disclosed the use of AI and corrected the record once

inaccuracies were discovered. Candor after filing weighs

heavily

in

mitigation;

concealment

or

minimization

aggravates the violation. The duty of candor extends beyond

the moment of signature, it continues for as long as the

filing remains before the Court.

3.

Accountability

and

Supervision

—

Whether

supervising or associated attorneys exercised oversight

consistent with Model Rules 5.1 and 5.3 and whether firmlevel safeguards existed to prevent recurrence. The inquiry

extends beyond the drafter to the institutional culture that

permitted unverified authority to reach the docket. A firm’s

silence or absence of policy does not immunize it; it

implicates it.

These factors balance culpability against mitigation

and aim to deter repetition rather than destroy reputation.

They also provide a path for future litigants in this Court

when confronting AI-related misconduct, recognizing that the

issue implicates the ethical foundations of advocacy itself.

(Negrilla suplida).

AB-2025-0232

19

socava el sistema adversativo y, de paso, compromete la

integridad del proceso judicial. Quien firma un escrito,

continúa certificando que las alegaciones de hecho y de

derecho que en el escrito se consignan descansan sobre una

investigación razonable y sobre autoridad jurídica real.

Aunque la tecnología puede ampliar nuestras capacidades, su

uso es bienvenido cuando media el rigor que exige la búsqueda

de la verdad y la protección de la integridad de los procesos

judiciales.

En fin, luego de evaluar los hechos particulares del

presente caso, y debido a que es la primera vez que nos

enfrentamos ante esta controversia, estoy conforme con el

apercibimiento y archivo de la queja presentada contra las

Lcdas. Irizarry Centeno y Bonilla Irizarry. Asimismo, este

Tribunal advierte que la reiteración de conductas de esta

naturaleza

podría

acarrear

la

imposición

de

sanciones

disciplinarias severas.

Camille Rivera Pérez

Jueza Asociada