Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: María V. Irizarry Centeno Anissa M. Bonilla Irizarry
2026 TSPR 41
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: María V. Irizarry Centeno Anissa M. Bonilla Irizarry
AB-2025-0232
21 de abril de 2026 · Hon. Raúl A. Candelario López · Conducta Profesional – Deber de actuar con competencia y diligencia tecnológica en todo momento, incluido validar el contenido generado mediante herramientas tecnológicas.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2026 TSPR 41
María V. Irizarry Centeno
(TS-10,355)
218 DPR ___
Anissa M. Bonilla Irizarry
(TS-18,907)
Número del Caso:
Fecha:
AB-2025-0232
21 de abril de 2026
Representantes legales de las promovidas:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta
Lcdo. Luis M. García Tous
Lcdo. Alfredo III López Garay
Materia: Conducta Profesional – Deber de actuar con competencia
y diligencia tecnológica en todo momento, incluido validar el
contenido generado mediante herramientas tecnológicas.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
María V. Irizarry Centeno
(10,355)
AB-2025-0232
Anissa M. Bonilla Irizarry
(18,907)
El Juez Asociado señor Candelario López emitió la Opinión
del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.
El presente caso trasciende la conducta individual de
las promovidas y ofrece a este Tribunal la oportunidad de
reiterar principios éticos fundamentales en un momento de
transición normativa para la profesión legal. Si bien los
hechos
de
autos
se
rigen
por
el
Código
de
Ética
Profesional vigente al momento de la conducta imputada a
las
licenciadas
María
V.
Irizarry
Centeno
(licenciada
Irizarry Centeno) y Anissa M. Bonilla Irizarry (licenciada
Bonilla Irizarry) (en conjunto, promovidas), la situación
aquí
examinada
pone
de
relieve
retos
contemporáneos
asociados al ejercicio de la abogacía, particularmente en
el contexto del uso de herramientas tecnológicas en la
investigación y redacción jurídica.
En
esta
ocasión,
nos
corresponde
ejercer
nuestro
poder disciplinario para apercibir a las promovidas por
quebrantar los principios deontológicos que recogen los
Cánones
18,
35
y
38
del
Código
de
Ética
Profesional,
infra. En virtud de los fundamentos que expondremos más
adelante, se archiva la presente queja en contra de las
promovidas, no sin antes apercibir a las licenciadas de
AB-2025-0232
2
que en el futuro deben dar fiel cumplimiento a las Reglas
de Conducta Profesional de Puerto Rico.
Veamos
los
elementos
fácticos
que
dieron
lugar
a
nuestro proceder.
I
La
licenciada
Irizarry
Centeno
fue
admitida
al
ejercicio de la abogacía el 19 de enero de 1993 y al
ejercicio de la notaría el 12 de enero de 1999. Por su
parte,
la
licenciada
Bonilla
Irizarry
fue
admitida
al
ejercicio de la abogacía el 7 de febrero de 2012.
El
presente
proceso
disciplinario
surge
como
resultado de cierta Resolución emitida el 22 de agosto de
2025 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) en el caso
Fernando Betancourt Gómez v. Colegio de Profesionales de
la
Enfermería
Mediante
la
de
Puerto
misma,
el
Rico
foro
y
otros,
primario
SJ2023CV10615.1
trajo
a
nuestra
atención la posible violación de la normativa ética por
parte de las promovidas al haber utilizado herramientas
tecnológicas
sin
la
debida
diligencia
y
supervisión,
y
haber hecho representaciones falsas al Tribunal a base de
referencias
inexistentes
en
las
que
se
atribuyeron
al
Tribunal Supremo citas y determinaciones que nunca se han
emitido.
En síntesis, en el referido caso, el 17 de julio de
2025,
las
promovidas,
en
representación
de
su
cliente,
El caso de referencia es un proceso de naturaleza laboral sobre
despido injustificado, discrimen y represalias. El 9 de julio de 2025,
las promovidas asumieron representación legal del codemandado, Sr.
Tomás Alvarado Colón.
1
AB-2025-0232
3
presentaron una Moción en solicitud de desestimación. En
la misma, entre otras cosas, citaron ad verbatim varios
casos que supuestamente pertenecían a la jurisprudencia de
este Tribunal. En específico, usaron la siguiente cita que
aparentaba ser obtenida de un caso titulado Suárez v. CMI
Caribe, 180 DPR 367, 376 (2010): “la mera afiliación a una
entidad no basta para imputar responsabilidad solidaria
por
sus
decisiones.
Es
imprescindible
la
participación
activa o conocimiento de los actos imputados”. Del mismo
modo, las promovidas citaron el caso Otero-Burgos v. Inter
Med. Supplies, Inc., con aparente citación de 137 DPR 841,
848
(1995),
al
cual
le
adjudicaron
la
siguiente
cita
expresa: “La relación de empleo que da base a la Ley Núm.
80 exige subordinación. Un contratista independiente, que
ofrece
servicios
profesionales
por
su
cuenta, no
puede
desestimación
que
acogerse a la protección de dicha ley”.
Asimismo,
en
la
moción
de
presentaron, las promovidas usaron un caso titulado Pérez
v. Horizon Lines, el cual citaron bajo el 2020 TSPR 61, y
le adjudicaron la siguiente cita: “La Ley 100 requiere
como condición indispensable la existencia de una relación
de trabajo. Sin esta, no procede el remedio”. De la misma
forma, las promovidas citaron el caso Rosado v. ELA, al
cual atribuyeron la citación 2004 TSPR 13 y la siguiente
cita: “La Ley 115 aplica únicamente a represalias contra
empleados por sus denuncias. Sin un vínculo laboral, no
hay remedio disponible”.
AB-2025-0232
De
la
4
misma
manera,
las
promovidas
citaron
en
su
escrito el caso de Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573
(1982)
y
le
atribuyeron
la
siguiente
frase:
“Para
que
surja responsabilidad bajo el Artículo 1802 es necesario
un acto u omisión culpable, daños y nexo causal. La mera
vinculación institucional no es suficiente”. Por último,
las promovidas indicaron que existe un caso titulado Ramos
Lozada v. E.L.A., con citación 174 DPR 650 (2008) y al
cual
atribuyeron
la
siguiente
frase:
“la
inmunidad
cualificada se reconoce a aquellos funcionarios que obran
dentro de los márgenes de discreción que permite la ley y
cuyas actuaciones no infringen derechos constitucionales
claramente establecidos”.
En respuesta a esta moción de desestimación, el 4 de
agosto de 2025, el abogado de la parte querellante en el
pleito presentó una Oposición a "Moción en solicitud de
desestimación
(SUMAC
#67) y
solicitud
de
desglose
y
honorarios de abogado”. En la misma, entre otras cosas,
advirtió al tribunal sobre el uso de citas inventadas y
jurisprudencia inexistente por parte de las promovidas en
la solicitud de desestimación. Asimismo, sostuvo que tal
conducta
ameritaba
la
imposición
de
sanciones
y/o
honorarios de abogado por temeridad.
Ante tales reclamos, el 5 de agosto de 2025, las
promovidas presentaron una Moción aclaratoria, en la cual
reconocieron que algunas citas incluidas en la moción de
desestimación fueron erróneamente atribuidas “debido a un
AB-2025-0232
error
5
involuntario
en
la
búsqueda
y
selección
de
la
jurisprudencia”. No obstante, las promovidas aclararon que
este error no cambiaba la doctrina vigente y que no fue
producto de dolo, mala fe o intención de engañar, sino que
“responde a las limitaciones derivadas de la consulta de
fuentes generales en internet”.
Por
otra
promovidas
parte,
el
presentaron
8
una
de
agosto
Moción
de
2025,
informativa
las
sobre
verificación y actualización de citas jurisprudenciales.
En esta, las promovidas expresan que, en la actualidad,
“la disponibilidad y proliferación de fuentes electrónicas
de
jurisprudencia,
motores
de
incluyendo
búsqueda
en
bases
internet
de
datos
públicas,
y
aplicaciones
de
inteligencia artificial, han impactado la forma en que se
accede
y
utiliza
la
doctrina
judicial”,
lo
cual
ha
generado desafíos. Según indicaron las promovidas, estas
revisaron
las
moción
desestimación.
de
citas
jurisprudenciales
De
este
empleadas
modo,
en
la
presentaron
un
resumen de los fundamentos doctrinales y jurisprudenciales
que
fundamentan
sus
alegaciones,
integrado
con
citas
jurisprudenciales válidas.
En reacción a lo expuesto por las promovidas, el 11
de
agosto
de
2025,
la
parte
querellante
en
el
pleito
presentó una Respuesta a “Moción Aclaratoria” SUMAC #72 y
“Moción Informativa” SUMAC # 73 y reiterando solicitud de
desglose y sanciones por temeridad. En la misma, reiteró
que
la
moción
de
desestimación
presentada
por
las
AB-2025-0232
6
promovidas
se
sostuvo
en
citas
jurisprudenciales
inexistentes o falsamente atribuidas, lo cual constituye
una conducta temeraria y éticamente reprochable. Además,
argumentó
que,
aun
cuando
las
promovidas
admitieron
errores parciales y luego intentaron suplir la doctrina
auténtica, ello no subsana la falta ya cometida ni elimina
sus
consecuencias
procesales
y éticas.
De
igual
forma,
expuso que la introducción de autoridad inexistente no es
un simple error subsanable, sino una violación a la Regla
9 de Procedimiento Civil y al Canon 35 del Código de Ética
Profesional, sujeto a sanciones. De este modo, solicitó
que se declaren improcedentes las mociones aclaratorias e
informativas,
se
ordene
el
desglose
de
la
moción
de
desestimación y se impongan honorarios por temeridad no
menores de $5,000.
En atención a lo anterior, el 21 de agosto de 2025,
las
promovidas
solicitando
moción
presentaron
sanciones.
solicitando
En
una
la
sanciones
Contestación
misma,
se
a
arguyeron
basa
en
moción
que
la
errores
ya
corregidos oportunamente en el récord del caso y que no
causaron perjuicio procesal ni retraso alguno. De igual
forma, afirmaron que no existió intención dolosa, mala fe
ni temeridad, requisitos indispensables para la imposición
de sanciones. Señalaron que la corrección se realizó de
inmediato y con transparencia. Por ello, solicitaron al
tribunal que tome conocimiento de la corrección realizada,
AB-2025-0232
7
determine la ausencia de mala fe y deniegue la moción de
sanciones.
Así las cosas, el 22 de agosto de 2025, el TPI emitió
la
Resolución
antes
mencionada.2
En
esa
Resolución,
el
tribunal realizó un recuento de las mociones presentadas y
detalló
las
promovidas.
citas
Además,
inexistentes
se
hizo
utilizadas
mención
del
por
las
35
del
Canon
Código de Ética Profesional, y la Regla 1.19 de las nuevas
Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico. Del mismo
modo, a manera ilustrativa, se mencionó la Opinión Formal
512
del
Standing
Responsibility
de
Committee
la
on
American
Ethics
Bar
and
Professional
Association
(ABA),
emitida el 29 de julio de 2024 sobre Generative Artificial
Intelligence Tools.
En
su
Resolución,
independientemente
de
la
el
TPI
utilidad
de
determinó
las
que
herramientas
tecnológicas existentes en la actualidad y los desafíos
que estas puedan presentar, “debe ser una obligación ética
y profesional de todos y todas las abogadas que ejercen la
profesión en Puerto Rico revisar sus escritos y asegurarse
que sus comparecencias ante los foros en los que ejercen
sus labores no contengan información falsa, inexistente o
alucinada por algún sistema tecnológico”. Asimismo, el TPI
concluyó que las actuaciones de las promovidas causaron
perjuicio a la otra parte, alteraron el curso del litigio
y retrasaron la solución definitiva del pleito. Por tal
Véase Resolución del 22 de agosto
Larissa N. Ortiz Modestti.
2
de 2025, emitida por la Hon.
AB-2025-0232
8
razón, al amparo de la Regla 9.3 de Procedimiento Civil,
el TPI impuso una sanción total de $1,000 a las promovidas
por
causar
caso.3
dilaciones
Adicional,
se
injustificadas
ordenó
la
en
el
manejo
notificación
de
del
la
Resolución a este Tribunal en aras de que se evalúe la
conducta profesional de las promovidas.
Referido el asunto ante nuestra atención y acogido
como una queja, luego de conceder dos (2) prórrogas de
treinta (30) días cada una, el 30 de octubre de 2025, las
promovidas
presentaron
en
conjunto
su
contestación.
En
síntesis, argumentaron que no hay controversia respecto a
que
varias
suscrita
citas
por
sostuvieron
estas
que
incluidas
no
en
estaban
esta
una
moción
correctas.
incorrección
fue
dispositiva
Sin
embargo,
sobre
la
codificación o ficha de la fuente jurídica. Además, las
promovidas indicaron que se equivocaron al entrecomillar
como cita directa la referencia a algunas doctrinas, las
cuales no correspondían a una transcripción literal del
texto original. No obstante, las promovidas expresaron que
tal incorrección no alteró ni tergiversó ningún elemento
normativo en ninguna de las doctrinas a las que se hizo
alusión incorrectamente entre comillas.
Por
promovidas
otra
parte,
admitieron
en
la
misma
profundo
contestación,
las
arrepentimiento
y
Surge del expediente en el TPI que, el 3 de septiembre de 2025, las
promovidas renunciaron a la representación legal de la parte
codemandada, Sr. Tomás Alvarado Colón. De igual forma, según una Moción
informando pago de sanción, presentada el 16 de septiembre de 2025, las
promovidas demostraron haber cumplido con el pago de la sanción
impuesta.
3
AB-2025-0232
aseguraron
9
que
el
texto
de
las
citas
incorrectas
no
expresa disparates, doctrinas fabricadas ni ordenamiento
ficticio
o
inexistente.
Asimismo,
aclararon
que
su
intención nunca fue inducir a error al tribunal, faltar al
deber
de
honradez
reiteraron
que
en
ni
obtener
ventaja
todo
momento
actuaron
indebida,
de
buena
y
fe,
movidas únicamente por el propósito de defender, conforme
a sus capacidades, los derechos de su representado.
II
A.
Canon 18 de Ética Profesional
El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, C. 18, requiere que los y las profesionales del
derecho rindan una labor idónea, competente, cuidadosa y
diligente. In re Hernández López, 2025 TSPR 87, 216 DPR __
(2025); In re Pérez Rojas, 213 DPR 244, 256 (2023); In re
Lugo Quiñones I, 206 DPR 1, 11 (2021). Los abogados tienen
el deber de defender los intereses de su cliente empleando
la mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad
y honradez. In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 939 (2011).
Ello significa que la profesión de la abogacía no se puede
ejercer
con
indiferencia,
desidia,
despreocupación,
inacción y displicencia en la tramitación de un caso. In
re Ramos Bahamundi, 2025 TSPR 43, 216 DPR __ (2025); In re
Carrasquillo Bermúdez, 203 DPR 847, 861 (2020).
Si el abogado o la abogada no puede prepararse y
actuar
como
la
representación
profesión
legal.
In
lo
exige,
no
debe
asumir
re
Bonhomme
Meléndez,
202
la
DPR
AB-2025-0232
610,
623
10
(2019).
Cuando
se
infringe
el
Canon
18,
“el
perjuicio directo lo padece la propia parte negligente no
logrando la concreción de lo pretendido”. In re Nieves
Nieves, 181 DPR 25, 37-38 (2011), citando a R.L. Vigo,
Ética del abogado: conducta procesal indebida, 2da ed.,
Buenos
Aires,
Ed.
Abeledo-Perrot,
2003,
pág.
103.
Es
decir, se afectan los intereses del cliente que el abogado
negligente intenta defender. Es por esto que “[l]a ética
profesional […] exige al abogado que conozca las normas
jurídicas y actúe en consecuencia, y en la medida en que
nos encontremos con una capacitación inadecuada o con una
atención indebida a la causa encomendada, estaremos frente
a una falta a aquella ética”. Íd.
Asimismo, cabe destacar que el deber de competencia
mencionado en el Canon 18 se circunscribe exclusivamente
“al deber de poseer los conocimientos jurídicos necesarios
para
la
tramitación
profesional”.
(2020),
juristas:
adecuada
de
Pérez,
In
re
Radinson
citando
a
S.
ética
Steidel
del
un
caso
204
DPR
Figueroa,
abogado
y
o
gestión
522,
Ética
538
para
responsabilidad
disciplinaria, San Juan, Ed. Situm, 2016, Sec. 6.03, pág.
233.
Por
consiguiente,
el
deber
de
competencia
“parece
referirse al conocimiento que se tiene, o más bien, en
cuán
‘al
día’
Derecho”. Íd.
está
el
abogado
en
el
conocimiento
del
AB-2025-0232
B.
11
Canon 35 de Ética Profesional
El Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, C. 35, expone lo siguiente:
La conducta de cualquier miembro de la
profesión legal ante los tribunales, para con sus
representados y en las relaciones con sus
compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios
que sean inconsistentes con la verdad ni se debe
inducir al juzgador a error utilizando artificios
o una falsa relación de los hechos o del derecho.
(Énfasis suplido).
Este canon establece el deber ético de ser sincero y
honrado, lo que se consideran los pilares fundamentales de
la profesión legal. In re Medina Quintana, 2025 TSPR 131,
216
DPR
__
(2025).
sancionado
a
información
falsa
Reiteradamente,
profesionales
u
del
ocultar
este
Tribunal
derecho
información
por
que
ha
proveer
debe
ser
revelada a los tribunales, en violación a lo dispuesto en
este canon. Íd.; In re Ayala Oquendo I, 2025 TSPR 9, 215
DPR __; In re Jusino Torres, 210 DPR 919, 933 (2022); In
re Valentín Custodio, 187 DPR 529, 547 (2012).
Según hemos expuesto “este canon se incumple por el
simple hecho de
un abogado
verdad,
independientemente
ello”.
In
Bahamundi,
re
Ayala
supra.
Es
o
una abogada faltar a la
de
las
razones
habidas
para
Oquendo
I,
supra;
In
Ramos
innecesario
probar
el
re
elemento
deliberativo o la intención de defraudar o engañar para
demostrar
una
infracción
al
Canon
35.
In
re
Joglar
Castillo, 210 DPR 956, 966-967 (2022). Esto se debe a que
AB-2025-0232
12
el sistema judicial se erige sobre “la premisa de que los
abogados, sobre quienes recae principalmente la misión de
administrar
la
justicia,
integridad
ante
los
han
foros
de
conducirse
judiciales”.
siempre
In
re
con
Nieves
Nieves, 181 DPR 25, 42 (2011).
Se infringe el referido Canon cuando se tergiversa la
verdad en aras de inducir a error al juzgador. Canon 35 de
Ética
Profesional,
supra.
Esto,
pues
“[l]a
profesión
jurídica está predicada en la búsqueda y [la] defensa de
la verdad”. In re Sierra Arce, 192 DPR 140, 147 (2014).
Permitir que la conducta de un abogado o de una abogada se
desvíe
de
la
sinceridad
y
honradez
es
inherentemente
contrario al propósito de la profesión. Íd.
C.
Canon 38 de Ética Profesional
El Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA
Ap. IX, C.
38,
establece el
deber de todo
abogado de
exaltar los valores principales de la profesión legal: el
honor y la dignidad. In re Soto Peña, 213 DPR 663, 677
(2024).
Por
consiguiente,
los
miembros
de
la profesión
legal están obligados a conducirse de tal forma que, con
su actuar, enaltezcan la imagen de su profesión. In re
Rodríguez López, 196 DPR 199, 208 (2016).
Todo letrado debe tener presente la función social
que ejerce y la institución que representa, por lo que
siempre
debe
proceder
con
un
alto
sentido
de
responsabilidad. In re Cardona Estelritz, 212 DPR 649, 667
(2023). Debido a que son el espejo en donde se refleja la
AB-2025-0232
13
imagen de todo el andamiaje judicial, recalcamos que el
Canon
38
del
Código
de
Ética
Profesional,
supra,
les
ordena evitar hasta la apariencia de conducta impropia. In
re Soto Peña, supra, pág. 678. Así habrán de conducirse
los abogados, aunque ello conlleve sacrificios personales,
pues
la
esperanza,
el
respeto
sociedad
deposita
en
la
desmerece
cuando
la
y
la
confianza
institución
actuación
de
un
de
la
letrado
que
la
justicia
representa
incorrección. Íd.
Por lo tanto, “[s]e entenderá que una conducta viola
este [C]anon [38] cuando afecta las condiciones morales
del abogado y hace que sea indigno de pertenecer a este
foro”.
In
re
justipreciar
Rodríguez
esto,
se
López,
debe
supra,
analizar
pág.
si
esa
208.
Para
conducta
realmente afecta las condiciones morales del abogado y es
contraria a la dignidad y al honor de la profesión. In re
Reyes Coreano, 190 DPR 739, 757-758 (2014).
D.
Regla 9.1 de Procedimiento Civil
La Regla 9.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.,
R. 9.1, dispone en parte lo siguiente:
[…] La firma del abogado o abogada o de la parte
equivale a certificar que está hábil y disponible
para cumplir con los señalamientos y las órdenes
del tribunal, que ha leído el escrito y que, de
acuerdo con su mejor conocimiento, información y
creencia, formada luego de una investigación
razonable, dicho escrito está bien fundado en los
hechos y respaldado por el derecho vigente, y que
no se ha presentado con el propósito de causar
una injusticia, dilación u opresión o de aumentar
el costo del litigio. […]
Si un escrito se firma en violación de esta regla
el tribunal, a moción de parte o a iniciativa
AB-2025-0232
14
propia, impondrá a la persona quien lo firmó, a
la parte representada o a ambas, cualquier
sanción conforme lo dispuesto en la Regla 9.3 de
este apéndice, o podrá incluir una orden para
pagar a la otra parte o partes una suma razonable
en
concepto
de
gastos
con
motivo
de
la
presentación del escrito, incluso una cantidad
razonable para honorarios de abogado o abogada.
(Énfasis nuestro).
Recientemente,
Procedimiento
recalcamos
Civil,
supra,
que
la
“[i]mpone
a
Regla
9.1
de
quien firme
el
deber afirmativo de realizar una investigación razonable
sobre los hechos y el derecho aplicable antes de presentar
el escrito”. Pagán Rodríguez v. Pres, Cáms. Legs., 206 DPR
277, 289 (2021), citando a R. Hernández Colón, Derecho
procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2017,
pág.
206.
Esta
regla
impone
una
seria
obligación
al
abogado y va encaminada a exigir un mínimo de competencia
y escrupulosidad.
Por
ello,
su
incumplimiento
puede
ser
sancionado
económicamente o puede hasta producir la descalificación
bajo la R. 9.3 de Procedimiento Civil o por violación a
los Cánones de Ética Profesional con sanciones que puedan
afectar
hasta
el
ejercicio
de
la
profesión.
Hernández
Colón, op. cit., pág. 189. Por esta razón, de no cumplir
con el deber de la Regla 9.1, supra, el tribunal tendrá
discreción
para
imponer
sanciones.
Ahora
bien,
para
determinar si el abogado o la parte cumplió con el mandato
de la Regla 9.1 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal
utilizará
el
criterio
de
razonabilidad,
circunstancias del momento. Íd.
atendiendo
las
AB-2025-0232
15
III
Como
mencionáramos
anteriormente,
el
presente
caso
surge como consecuencia de un referido del TPI, luego de
que las promovidas realizaran representaciones falsas al
atribuir a este Tribunal citas y determinaciones que nunca
se han emitido. En específico, las promovidas incluyeron
en un escrito ante el foro primario citas inexistentes
para fundamentar sus posturas en cuanto a una solicitud de
desestimación.
advierte
En
que
tecnológicas
la
Resolución
las
promovidas
para
preparar
emitida
su
por
usaron
escrito
el
TPI
se
herramientas
sin
la
debida
diligencia y supervisión.
Las mismas promovidas admitieron que algunas citas
incluidas
en
el
referido
escrito
fueron
erróneamente
atribuidas “debido a un error involuntario en la búsqueda
y selección de la jurisprudencia”, lo cual respondía a
“limitaciones
derivadas
de
la
consulta
de
fuentes
generales en internet”. Asimismo, en su comparecencia ante
este
Tribunal,
las
promovidas
argumentaron
que
no
hay
controversia respecto a que varias citas incluidas en una
moción
dispositiva
correctas.
Además,
entrecomillar
algunas
como
doctrinas,
suscrita
por
estas
indicaron
que
se
equivocaron
al
las
referencias
a
citas
las
directas
cuales
no
no
correspondían
estaban
a
una
transcripción literal del texto original.
Ciertamente, el Código de Ética Profesional destaca
en su Canon 18, supra, que los profesionales del derecho
AB-2025-0232
deben
16
rendir
diligente.4
una
En
circunscribe
labor
idónea,
particular,
“al
deber
el
de
competente,
deber
de
poseer
los
cuidadosa y
competencia
se
conocimientos
jurídicos necesarios para la tramitación adecuada de un
caso o gestión profesional”. In re Radinson Pérez, supra,
pág. 538. Así pues, cuando un abogado demuestra no estar
actualizado en su conocimiento en derecho, este infringe
el deber de competencia requerido.
En este caso, si bien las promovidas alegaron que los
errores
surgieron
como
consecuencia
del
uso
de fuentes
electrónicas generales y herramientas tecnológicas, ello
no las releva de su deber de competencia y diligencia al
defender los intereses de su cliente. La mera presentación
de citas jurisprudenciales inexistentes o incorrectamente
atribuidas demuestra una falta de verificación mínima de
las
fuentes
jurídica
jurídicas
deficiente,
utilizadas
lo
cual
es
y
una
investigación
incompatible
con
el
estándar de competencia que exige la profesión. Advertimos
que el deber de competencia no se satisface con la mera
intención
de
argumentar
conforme
a
derecho,
sino
que
requiere un esfuerzo razonable y diligente para corroborar
la corrección y autenticidad de las autoridades citadas.
Por otra parte, es forzoso concluir que la actuación
de
las
promovidas
inexistentes
resulta
de
usar
en
sus
incompatible
con
escritos
el
citas
deber
de
La conducta de las promovidas es evaluada bajo el Código de Ética
Profesional de 1970, según enmendado, 4 LPRA Ap. IX, toda vez que los
hechos que motivaron la presente queja ocurrieron previo a la entrada
en vigor de las nuevas Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico.
4
AB-2025-0232
17
sinceridad y honradez plasmados en el Canon 35, supra.
Ello pues sus actuaciones faltaron a la verdad objetiva y
colocaron al foro primario en una posición susceptible de
error al evaluar el derecho aplicable. El hecho de que las
promovidas corrigieron posteriormente los errores, o de la
explicación respecto a que estos errores surgieron a raíz
del uso de fuentes electrónicas generales, no satisface la
obligación ética que impone el Canon 35, supra. Por el
contrario, el deber de sinceridad y honradez exige que las
representaciones que se hagan al tribunal sean correctas
al momento de su presentación.
Concluimos, además, que la conducta de las promovidas
también
infringió
el
deber
impuesto
por
el
Canon
38,
supra, el cual exige a todo abogado y abogada exaltar el
honor y la dignidad de la profesión legal. Como hemos
indicado,
las
promovidas
comparecieron
ante
el
foro
primario mediante un escrito que contenía múltiples citas
jurisprudenciales
inexistentes
o
incorrectamente
atribuidas a este Tribunal, algunas de ellas presentadas
como citas textuales. Esta actuación proyecta una imagen
de descuido profesional incompatible con los valores de
honor,
dignidad
y
responsabilidad
que
se
exigen
en
la
profesión legal.
Como hemos advertido, la confianza que la sociedad
deposita en la institución de la justicia desmerece cuando
la actuación de un letrado representa incorrección. In re
Soto Peña, supra, pág. 678. Por consiguiente, aun cuando
AB-2025-0232
las
18
promovidas
alegaron
involuntarios
y
tecnológicas,
el
incompatible
que
relacionados
con
efecto
el
deber
los
errores
uso
de
al
de
de
su
fueron
herramientas
conducta
exaltar
la
resulta
imagen
de
la
profesión legal.
No menos importante, el hecho de que las promovidas
hayan
firmado
inexistentes
un
dio
escrito
al
que
traste
contenía
citas
con
propósito
el
jurídicas
y
la
solemnidad que representa la firma de un abogado o abogada
en nuestro ordenamiento legal. Recordemos que la Regla 9.1
de Procedimiento Civil, supra, “[i]mpone a quien firme el
deber afirmativo de realizar una investigación razonable
sobre los hechos y el derecho aplicable antes de presentar
el escrito”. Pagán Rodríguez v. Pres, Cáms. Legs., supra,
pág. 289.
Ahora
bien,
disciplinarias
al
por
momento
de
violación
fijar
al
las
Código
sanciones
de
Ética
Profesional, este Tribunal debe considerar los siguientes
factores: (1) la buena reputación del abogado o la abogada
en la comunidad; (2) su historial previo; (3) si el caso
que se examina constituye su primera falta y si ninguna
parte ha resultado perjudicada; (4) la aceptación y el
arrepentimiento
sincero
por
las
imputaciones;
(5)
la
defensa frívola de su conducta; (6) si se trata de una
conducta aislada; (7) el ánimo de lucro; (8) resarcimiento
al cliente, y (9) cualquier otra consideración atenuante o
AB-2025-0232
19
agravante aplicable a los hechos. In re Hernández López,
supra. In re Ayala Oquendo I, supra, pág. 14.
En el caso ante nos, es menester destacar que surge
de los expedientes de las promovidas que estas, previo a
la
presente
queja,
no
habían
enfrentado
ningún
proceso
disciplinario. Por otro lado, luego de haber presentado el
escrito
con
las
citas
jurídicas
inexistentes,5
las
promovidas
incorrectas
presentaron
una
e
Moción
informativa sobre verificación y actualización de citas
jurisprudenciales, en la cual presentaron un resumen de
los
fundamentos
fundamentan
sus
doctrinales
y
alegaciones,
jurisprudenciales
integrado
con
que
citas
jurisprudenciales válidas.
Asimismo, resulta relevante señalar que el TPI impuso
una sanción de $1,000 a las promovidas al amparo de la
Regla 9.3 de Procedimiento Civil, por causar dilaciones
injustificadas en el manejo del caso. Esta sanción fue
satisfecha por las promovidas sin dilaciones. Igualmente,
vale la pena resaltar que las promovidas renunciaron a la
representación legal de la parte codemandada en el pleito
ante el TPI. Entre sus alegaciones en la contestación a la
queja,
las
disculpas
por
promovidas
la
forma
expresaron
en
que
sus
estas
más
sinceras
expresaron
sus
argumentaciones, y afirmaron que lo ocurrido constituye un
El 4 de agosto de 2025, la parte querellante en el caso ante el TPI
advirtió al Tribunal sobre las citas y jurisprudencia inexistente. Al
día siguiente, el 5 de agosto de 2025, las promovidas presentaron una
Moción aclaratoria, en la cual reconocieron que algunas citas incluidas
en la moción de desestimación fueron erróneamente atribuidas.
5
AB-2025-0232
20
hecho aislado, ajeno a su trayectoria profesional que no
se volverá a repetir.
Así pues, consideradas las circunstancias atenuantes,
y en virtud de nuestro poder inherente de reglamentar la
profesión legal, procede que apercibamos a las promovidas,
a fin de que en el futuro procuren comportarse conforme a
la normativa ética aplicable.
Por último, es pertinente enfatizar que, aunque los
hechos
de
autos
se
rigen
por
el
Código
de
Ética
Profesional vigente al momento de la conducta imputada a
las
promovidas,
este
caso
ilustra
con
claridad
la
pertinencia y necesidad de las nuevas Reglas de Conducta
Profesional de Puerto Rico, aprobadas por este Tribunal
para atender los retos contemporáneos del ejercicio de la
abogacía y la notaría.6 En particular, la Regla 1.19, que
reconoce expresamente el deber de competencia y diligencia
tecnológica,
dispone
que
las
personas
que
ejercen
la
profesión legal deben “adquirir las destrezas necesarias y
mantener un conocimiento razonable sobre los desarrollos
tecnológicos que puedan impactar la práctica del Derecho y
la función notarial. Esto incluye el deber de utilizar la
tecnología de manera diligente y con conocimiento de sus
beneficios y riesgos, a fin de prestar una representación
legal o ejercer la función notarial de manera competente y
efectiva”.
Las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico fueron aprobadas a
través de la Resolución del 17 de junio de 2025, In re Rs. Conducta
Prof. PR, 2025 TSPR 64, 216 DPR __ (2025), y entraron en vigor el 1 de
enero de 2026.
6
AB-2025-0232
21
Entre los comentarios de esta Regla 1.19, supra, es
imperativo
que
destaquemos
tecnológica,
como
herramientas
o
las
aquella
la
definición
que
“implica
soluciones
de
diligencia
utilizar
tecnológicas
de
las
forma
oportuna, responsable y sin causar dilaciones o perjuicios
indebidos”.
A
modo
de
ejemplo,
el
comentario
sobre
diligencia tecnológica indica que presentar documentos sin
validar
el
contenido
generado
mediante
herramientas
tecnológicas puede constituir una falta de diligencia, aun
cuando se tenga competencia tecnológica.
De la misma forma, otro de los comentarios de la
Regla
1.19,
tecnológicas
introduce
la
y
inteligencia
de
la
definición
de
herramientas
artificial.
Además,
advierte el comentario que:
[C]uando se utilicen herramientas tecnológicas
complejas, quienes ejercen la profesión legal
deben contar con un entendimiento razonable de su
funcionamiento
o
procurarlo
mediante
asesoramiento
especializado.
Las
herramientas
tecnológicas, como la inteligencia artificial y
otros sistemas avanzados de procesamiento de
información, pueden ser útiles para asistir en el
análisis jurídico, la redacción de documentos o
la organización de información. Sin embargo, no
deben sustituir el criterio profesional de quien
ejerce la abogacía o la notaría. Todo contenido
generado por medios tecnológicos debe revisarse
cuidadosamente, especialmente si se trata de
documentos presentados ante un tribunal, para
garantizar su veracidad, pertinencia y corrección
legal. (Énfasis nuestro).
Estamos convencidos que las herramientas tecnológicas
son parte esencial en la práctica de la abogacía, por lo
que todo miembro de la profesión que las utilice deberá
actuar
conforme
al
deber
de
competencia
y
diligencia
AB-2025-0232
tecnológica
22
plasmado
en
las
nuevas
Reglas
de
Conducta
Profesional de Puerto Rico.
IV
Por
los
fundamentos
previamente
expuestos
en
esta
Opinión Per Curiam, luego de evaluar la totalidad de las
circunstancias y en virtud de nuestro poder inherente de
reglamentar la profesión legal, procede apercibir a las
promovidas
respecto
a
antiética
ulterior,
se
que,
de
incurrir
en
conducta
podrían
exponer
a
sanciones
disciplinarias más severas, entre ellas, la suspensión de
la práctica de la profesión. Atendido el asunto, ordenamos
el archivo de la Queja de epígrafe.
Advertimos a la clase togada sobre su deber de actuar
con competencia y diligencia tecnológica en todo momento,
lo cual incluye el deber de validar el contenido generado
mediante
herramientas
tecnológicas.
Faltar
a
este
deber
podría conllevar sanciones disciplinarias severas.
Notifíquese
a
las
licenciadas
Irizarry
Centeno
Bonilla Irizarry esta Opinión Per Curiam y Sentencia.
Se dictará sentencia en conformidad.
Raúl A. Candelario López
Juez Asociado
y
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
María V. Irizarry Centeno
(10,355)
AB-2025-0232
Anissa M. Bonilla Irizarry
(18,907)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte de la presente
Sentencia, luego
de
evaluar
la
totalidad
de
las
circunstancias y en virtud de nuestro poder inherente de
reglamentar la profesión legal, procede apercibir a las
promovidas respecto a que, de incurrir en conducta
antiética ulterior, se podrían exponer a sanciones
disciplinarias más severas, entre ellas, la suspensión de
la práctica de la profesión. Atendido el asunto, ordenamos
el archivo de la Queja de epígrafe.
Advertimos a la clase togada sobre su deber de actuar
con competencia y diligencia tecnológica en todo momento,
lo cual incluye el deber de validar el contenido generado
mediante herramientas tecnológicas. Faltar a este deber
podría conllevar sanciones disciplinarias severas.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada Rivera Pérez emitió
una Opinión de conformidad a la cual se une el Juez
Asociado señor Estrella Martínez. El Juez Asociado señor
Colón Pérez no intervino.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
María V. Irizarry Centeno
AB-2025-0232
Anissa M. Bonilla Irizarry
Opinión de conformidad emitida por la Jueza Asociada Rivera
Pérez a la que se une el Juez Asociado señor Estrella
Martínez
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de abril de 2026.
Todo proceso judicial tiene como finalidad la búsqueda
de la verdad. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, 149 DPR 363(1999).
Bajo este contexto, la verdad no surge de la retórica sin
sustento o de textos atribuidos sin fundamento. Más bien,
resulta
de
hechos
reales
que
generan
controversias
justiciables examinadas rigurosamente a la luz de normas
auténticas que emanan de la autoridad competente, ya sea
este Alto foro o la Legislatura.
El precedente judicial es, por ello, el producto del
ejercicio de la jurisdicción de los tribunales sobre hechos
genuinos adjudicados en el proceso adversativo. Solo después
de haberse atravesado ese proceso es que adquiere rango de
“derecho”.
Por
consiguiente,
solo
podemos
llamarle
jurisprudencia a aquella que interpreta y aplica la ley a
casos concretos, llena lagunas cuando las hay, y armoniza
las disposiciones de ley que estén o que parezcan estar en
AB-2025-0232
2
conflicto. Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 DPR 870
(1975).
En armonía con lo anterior, cada miembro de la clase
togada es una extensión básica de los tribunales. In re
Cardona Álvarez, 116 DPR 895 (1986). Ello presupone una
comprensión inequívoca de la misión fundamental pública que
ejerce
como
coprotagonista
en
la
administración
e
impartición de justicia dentro de una comunidad democrática
fundada en el imperio de la ley. Íd.
Naturalmente,
lo
anterior conlleva la obligación de promover la búsqueda de
la verdad en su justo cauce, actuar con respeto a los
tribunales, y preservar y mantener inmaculada la imagen de
la justicia. Íd. Incluso, hemos dicho que la verdad es
atributo inseparable de la abogacía y, sin ella, no podría
justificarse su existencia. In re Joglar Castillo, 210 DPR
956 (2022); In re Ramos Sáenz, 205 DPR 1089 (2020).
Dicho
eso,
la
incorporación
de
herramientas
de
inteligencia artificial a la práctica jurídica no altera, ni
puede alterar, la misión fundamental de la abogacía.1 La
tecnología puede asistir a la búsqueda de la verdad, mas no
puede distorsionarla ni desvirtuarla. Así pues, la abogacía
debe
subordinar
el
uso
de
herramientas
tecnológicas
al
Al presente, el concepto inteligencia artificial se refiere al “campo
de la informática que utiliza algoritmos para imitar el razonamiento
humano y generar predicciones, recomendaciones o contenido en atención
a las bases de datos y los objetivos establecidos por las personas que
desarrollan y operan la herramienta”. Comentario a la Regla 1.19 de las
Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico, Resolución ER-2025-02 del
17 de junio de 2025.
1
AB-2025-0232
3
propósito superior de depurar la verdad conforme al derecho
vigente.
En contraste, quien invoca precedentes inexistentes o
tergiversa la autoridad, no procura la verdad ni la justicia,
sino una ventaja indebida incompatible con la dignidad de la
profesión y con la integridad del proceso adjudicativo. En
reiteradas ocasiones hemos insistido en que los procesos
judiciales no son competencias en las cuales ha de prevalecer
el más listo. Pueblo v. Ortiz, Rodríguez, supra. Así pues,
la tarea de la abogacía no es prevalecer a toda costa. Por
el contrario, como funcionarios del tribunal y partícipes
esenciales de la administración de la justicia, los abogados
y las abogadas deben procurar velar por la integridad del
proceso y
la protección de los derechos
de
su cliente
mediante la búsqueda incansable de la verdad. Lo anterior
acarrea,
necesariamente,
que,
en
tiempos
en
que
la
inteligencia artificial genera textos con apariencia de
autoridad, nos aferremos con mayor rigor al compromiso con
el descubrimiento de la verdad.
Con todo, en la Opinión que hoy emitimos se advierte
que,
[l]a
mera
inexistentes
falta
de
o
presentación
de
incorrectamente
verificación
mínima
citas
jurisprudenciales
atribuidas
de
las
demuestra
fuentes
una
jurídicas
utilizadas y una investigación jurídica deficiente, […] es
incompatible con el estándar de competencia que exige la
profesión. A su vez, reconocemos que el mal manejo de la
inteligencia artificial que conduce a la presentación de
AB-2025-0232
citas
4
inexistentes,
afirmaciones
conducta
carentes
sancionable
tergiversaciones
del
derecho
de
legal,
puede
constituir
a
Cánones
de
base
conforme
los
o
Ética
Profesional vigentes al momento de los hechos, la Regla 9.1
de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y las Reglas de
Conducta Profesional de Puerto Rico, Resolución ER-2025-02
del 17 de junio de 2025. Lo anterior, no porque la tecnología
sea intrínsecamente reprochable, sino porque la sustitución
del derecho real por uno ficticio distorsiona el proceso
deliberativo, dilata innecesariamente los procedimientos y
erosiona la confianza pública en la sana administración de
la justicia.
Dicho
esto,
este
caso,
por
ser
el
primero
de
su
naturaleza en nuestra jurisdicción, nos convoca a reconocer
que la práctica jurídica enfrenta una etapa histórica de
transformación acelerada.
Ante
dicha realidad,
emito la
presente Opinión de conformidad a los fines de: (1) matizar
qué constituye conducta sancionable a raíz del mal uso y
manejo de las herramientas de la inteligencia artificial;(2)
ampliar los deberes ético-profesionales que levanta o puede
levantar dicha conducta y; (3) examinar el tratamiento que
algunos
tribunales
federales
le
han
dado
a
situaciones
análogas. Esto último servirá para el doble propósito de:
(a) sustentar la conclusión de que, bajo las circunstancias
particulares de este caso, no se justifica imponer una
sanción
ética;
y
(b)
extender
la
discusión
sobre
qué
criterios se pueden tomar en consideración al sancionar a un
AB-2025-0232
5
abogado o abogada que incurra en este tipo de práctica.
Veamos.
I
No hace falta ir in extenso sobre los hechos que dieron
lugar a este caso. Sin embargo, es meritorio reproducir
aquellos medulares al propósito de delimitar qué constituye
conducta sancionable, cuando se presenta un escrito ante el
tribunal generado con la asistencia de una herramienta de
inteligencia artificial. A saber, en la Moción en solicitud
de desestimación del 17 de julio de 2025, firmada por las
Lcdas. María V. Irizarry Centeno y Anissa Michelle Bonilla
Irizarry, se incluyeron los siguientes fundamentos en apoyo
de su petitorio:
En Suárez v. CMI Caribe, 180 D.P.R. 367, 376 (2010), el
Tribunal recalcó que “la mera afiliación a una entidad no
basta para imputar responsabilidad solidaria por sus
decisiones. Es imprescindible la participación activa o
conocimiento directo de los actos imputados.”;
[…]
Véase Otero-Burgos v. Inter Med. Supplies, Inc., 137 D.P.R.
841, 848 (1995). En dicho caso el Tribunal Supremo expresó:
“La relación de empleo que da base a la Ley Núm. 80 exige
subordinación. Un contratista independiente, que ofrece
servicios profesionales por su cuenta, no puede acogerse a
la protección de dicha ley.”;
[…]
En Pérez v. Horizon Lines, 2020 TSPR 61, el Tribunal Supremo
reiteró: “La Ley 100 requiere como condición indispensable
la existencia de una relación de trabajo. Sin esta, no
procede el remedio.”. Similarmente, en Rosado v. ELA, 2004
TSPR 13, se estableció que: “La Ley 115 aplica únicamente a
represalias contra empleados por sus denuncias. Sin un
vínculo laboral, no hay remedio disponible.”;
[…]
En Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982), el
Tribunal expresó: “Para que surja responsabilidad bajo el
Artículo 1802 es necesario un acto u omisión culpable, daños
y nexo causal. La mera vinculación institucional no es
suficiente.”;
[…]
AB-2025-0232
6
Así lo ha reiterado el Tribunal Supremo de Puerto Rico en
Ramos Lozada v. E.L.A., 174 D.P.R. 650 (2008), donde sostuvo
que “[l]a inmunidad cualificada se reconoce a aquellos
funcionarios que obran dentro de los márgenes de discreción
que permite la ley y cuyas actuaciones no infringen derechos
constitucionales claramente establecidos[”].
Conforme surge, las promovidas incluyeron en su escrito
múltiples citas expresas atribuidas a decisiones específicas
de este Tribunal, acompañadas de números de tomos y páginas
que daban la apariencia de precisión y autenticidad. No
obstante, tales citas no constan en los casos invocados, ya
sea porque el nombre del caso o cita no existe, o no coincide
con
la
decisión
citada,
que
las
páginas
señaladas
corresponden a pasajes distintos o inexistentes, o que la
decisión incluida trata materias ajenas a la proposición
atribuida.
Por
lo
tanto,
no
se
trata
aquí
de
una
interpretación discutible o expansiva del derecho, tampoco
de
una
analogía
jurídica
amplia,
propias
del
debate
adversativo. Tampoco supone una mera aseveración incorrecta,
o del uso de una licencia “editorial” o del silogismo, sino
de la atribución textual a esta Curia de pronunciamientos
que no constan en nuestras opiniones.
Patrones de conducta similares al antes descrito han
sido objeto de análisis. Véase E. R. Desbien, Comment, With
Great Power Comes Great Responsibility: Court Sanctions For
Misuse Of Genai, 38 J. Am. Acad. Matrim. Law. 211. Al
examinar jurisprudencia a lo largo de los Estados Unidos se
concluyó que la forma más común en que los tribunales han
presenciado
el
mal
uso
de
la
inteligencia
artificial
generativa es cuando un litigante somete un documento con
AB-2025-0232
7
casos y proposiciones falsas. Íd. Sobre dicho asunto, el
artículo precisó lo siguiente:
More than two-thirds of all cases that were analyzed for
this comment and address the use or misuse of GenAI involve
circumstances where a litigant has cited at least one nonexistent case. When this issue arises, more often than not,
the document contains several fake case citations. In some
situations, a citation contains a real case name or reporter
citation, but the remaining portion of the citation is
incorrect. For example, in Ruggierlo, Velardo, Burke, Reizen
& Fox, P.C. v. Lancaster, the defendant’s objections
contained what the court labeled a “mutant citation”, a
blend of an existing case name and an existing but inaccurate
reporter citation.
Even if a filing does not contain non-existent cases, it may
contain false propositions. This often occurs when the
litigant cites non-existent quotes or asserts that a case
or statute stands for a proposition that could not be
reasonably inferred from that case. Regardless of the type
of inaccuracy, the citations appear accurate at first
glance, since the model can generate citations in Bluebook
format with convincingly accurate names and reporter
citations. Only upon further investigation would a reader
discover the inaccuracy. (Negrilla suplida). Íd., págs. 219220.
Sobre ese particular, Mata v. Avianca, Inc., 678 F.Supp.
3d 443 (2023), constituye el primer caso donde se analizó
extensamente el uso de inteligencia artificial generativa
para producir citas ficticias y donde se impusieron sanciones
detalladas por el mal uso de ChatGPT en un escrito judicial.2
En lo concerniente a la conducta sancionable específica, el
Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York
sostuvo que, bajo la Regla 11 de las Reglas de Procedimiento
En cuanto a los hechos de dicho caso, abogados fueron sancionados por
usar ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial que fabricó casos
citados en un escrito presentado ante un foro judicial. Particularmente,
el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York examinó una
oposición a solicitud de desestimación donde se citaron decisiones
inexistentes y generadas por la inteligencia artificial. Dicho foro
concluyó que tal conducta ameritaba sanciones bajo la Regla 11 de las
Reglas de Procedimiento Civil Federal, Fed. R. Civ. P. 11, análoga a
nuestra Regla 9.1, supra, por dos razones principales. Primero, los
abogados no realizaron una investigación razonable antes de someter el
escrito y, segundo, presentaron como derecho vigente decisiones que
nunca fueron emitidas por tribunal alguno, conducta que catalogó como
abuso del sistema adversativo.
2
AB-2025-0232
8
Civil, Fed. R. Civ. P. 11, el tribunal estaba facultado para
sancionar a un abogado por tergiversar los hechos o por
presentar argumentos legales frívolos.
Consideró que un
argumento era frívolo y, por lo tanto, sancionable, cuando
equivale a un abuso del sistema adversativo. Las meras
afirmaciones jurídicas no son sancionables bajo la Regla 11,
supra. En palabras del propio tribunal:
[t]he fact that a legal theory is a long-shot does not
necessarily mean it is sanctionable.” Fishoff v. Coty Inc.,
634 F.3d 647, 654 (2d Cir. 2011). A legal contention is
frivolous because it has “no chance of success” and there
“is no reasonable argument to extend, modify or reverse the
law as it stands.” Id. (quotation marks omitted). [The filing
of papers “without taking the necessary care in their
preparation” is an “abuse of the judicial system” that is
subject to Rule 11 sanction. A fake opinion is not “existing
law” and citation to a fake opinion does not provide a nonfrivolous ground for extending, modifying, or reversing
existing law, or for establishing new law. An attempt to
persuade a court or oppose an adversary by relying on fake
opinions is an abuse of the adversary system. Salovaara, 222
F.3d at 34. (Negrilla suplida). Íd.
A tono con lo expuesto, el que una teoría jurídica sea
improbable
o
remota
no
la
convierte
automáticamente
en
sancionable. El ejercicio del derecho permite o incluso a
veces
exige,
argumentar
cercano
a
los
márgenes
del
ordenamiento para proponer cambios o extensiones razonables.
En cambio, conforme surge del caso precitado, se incurre en
frivolidad al invocar precedentes imaginarios para persuadir
al foro adjudicador o contradecir a la parte adversa.
A mi juicio, esa práctica introduce en el proceso
adjudicativo,
un
derecho
inexistente
o
materialmente
alterado, confiriéndole a la argumentación una apariencia de
autoridad que no posee. Más bien, nos encontramos ante una
autoridad
“alucinada”
producto
de
la
maquinación
de
un
AB-2025-0232
9
algoritmo que usa inferencias lógicas para predecir palabras
dentro del contexto que le es encomendado. Ese proceso no
surge de un pronunciamiento emitido por esta Curia en el
ejercicio de un acto jurisdiccional real y verificable. Como
se indicó en la introducción, la fuerza normativa de la
jurisprudencia
producto
de
descansa
una
en
que
controversia
el
pronunciamiento
justiciable
sea
sustentada
en
hechos reales y ventilada mediante el proceso adversativo.
Solo en ese contexto, la norma jurisprudencial cobra vida;
fuera
de
él,
aun
cuando
aparente
ser
precedente,
no
constituye derecho vigente, sino texto carente de autoridad.
En
suma,
tergiversadas
la
inclusión
atribuidas
constituye
conducta
argumentos
novedosos
derecho,
sino
o
no
este
como
Tribunal
inexistentes
de
por
interpretaciones
presentar
que
citas
decisiones
sancionable,
por
pronunciamientos
a
de
este
la
Tribunal
adopción
extensivas
precedente
nunca
o
de
del
vigente
emitió.
Ello
entorpece la función adjudicativa, obliga al foro y a la
parte adversa a desmentir derecho ficticio y erosiona la
confianza
en
consiguiente,
la
administración
además
de
las
de
la
sanciones
justicia.
Por
contempladas
en
nuestras Reglas de Procedimiento Civil, supra, también puede
justificarse
la
imposición
de
medidas
disciplinarias
adicionales.
II
La imposición de medidas disciplinarias presupone la
transgresión de un deber ético profesional identificable. En
AB-2025-0232
10
la etapa actual, marcada por la proliferación del uso de
herramientas
de
inteligencia
artificial
en
la
práctica
jurídica puertorriqueña, ostentamos una oportunidad única
para orientar sobre los deberes éticos que acompañan su
utilización. Así, corresponde delimitar, sin ánimo taxativo,
los deberes ético-profesionales que se activan cuando se
utilizan estas herramientas en el ejercicio de la abogacía
y la notaría.
Como punto de partida, la Regla 1.19 de las Reglas de
Conducta Profesional,
supra,
introduce los conceptos de
“competencia y diligencia tecnológica”. A pesar de que los
deberes
generales
de
competencia
y
diligencia
están
regulados por las Reglas 1.1 y 1.3, supra, respectivamente,
entendimos
necesario
regular
de
manera
específica
los
aspectos éticos del uso de la inteligencia artificial.
Aunque ambos conceptos están inexorablemente atados,
podemos distinguir el deber de competencia tecnológica como
aquel que requiere que, quienes ejerzan la profesión legal,
adquieran
las
destrezas
necesarias
y
mantengan
un
conocimiento razonable sobre los desarrollos tecnológicos
que puedan impactar la práctica del Derecho y la función
notarial.
Los comentarios a dicha Regla, los cuales se encuentran
sustentados en la Opinión Formal n. 512 de la ABA (2024),
precisan que la competencia tecnológica implica comprender
razonablemente las capacidades, beneficios, limitaciones y
AB-2025-0232
riesgos
de
11
las
utilizadas,3
herramientas
verificar
la
precisión de sus resultados, y mantener siempre un juicio
profesional independiente. No se exige que la abogacía sea
experta en el uso y desarrollo de cualquier tecnología, pero
sí
que
actúe
circunstancias,
con
su
razonabilidad
experiencia
a
la
luz
de
las
su
área
de
profesional,
práctica, entre otros factores. Íd.
De otra parte, es esencial resaltar que, aun cuando el
abogado o la abogada posea competencia tecnológica básica,
debe
ser
complementada
con
el
deber
de
diligencia
tecnológica, también recogido en la Regla 1.19, supra. Véase
Comentario
a
Profesional,
la
Regla
supra.
1.19
de
Según
nos
las
Reglas
de
Conducta
adelanta
su
propia
denominación, la diligencia tecnológica implica utilizar la
tecnología con diligencia, pero también con conciencia de
sus beneficios y riesgos, a fin de brindar una representación
competente y efectiva. Así pues, exige el uso oportuno y
responsable de dichas herramientas, de modo que no entorpezca
el
curso
de
los
procedimientos
ni
ocasione
perjuicios
indebidos.
A modo ilustrativo, el abogado o abogada debe estar consciente de que
las herramientas de inteligencia artificial no son infalibles y que sus
resultados pueden verse afectados por sesgos y prejuicios algorítmicos
inherentes a los datos con los que fueron entrenadas. Véase Francesca
Lagioia et al., Algorithmic Fairness Through Group Parities? The Case
of COMPAS-SAPMOC, AI & Soc'y 5 (2022), https://doi.org/10.1007/s00146022-01441-y. Asimismo, debe conocer que, ante lagunas de información,
estos sistemas pueden generar contenido ficticio o inexacto, conocido
como alucinación, con el propósito de generar una respuesta coherente.
Véase Opinión Formal ABA n. 512 (2024); Dávila Rivera J.E., La
Interacción entre la Ética Profesional y la Inteligencia Artificial a
la Luz de la Regla 1.19 De Conducta Profesional de Puerto Rico, 6 Rev.
Asociación Abogados P.R. 125. Del mismo modo, su utilización conlleva
riesgos relacionados con la posible divulgación o exposición de
información confidencial. Íd.
3
AB-2025-0232
12
A su vez, una interpretación de la Regla 1.19, supra,
es
congruente
con
el
estándar
del
abogado
diligente
y
razonable en la verificación de sus resultados. Es decir, le
incumbe al abogado o abogada el deber de validar el contenido
generado por dichas herramientas, incluyendo la exactitud de
las citas, presentado ante el tribunal. Lo contrario, aunque
haya sido preparado por la inteligencia artificial, puede
constituir falta de diligencia profesional. La razón es la
siguiente: aun cuando el abogado o abogada comprenda el
funcionamiento de los modelos de lenguaje a gran escala,
“large
language
models”
o
LLM’s,4
el
resultado
depende
sustancialmente de la instrucción o “prompt” que se les
proporcione. In re Jackson Hosp. & Clinic, Inc., 2025 WL
3251167, (Bankr. M.D. Ala. 2025). Ello, a su vez, depende de
que el abogado o abogada posea un conocimiento fundamental
del asunto jurídico de que se trate. Íd. Por lo tanto, un
“prompt” basado en una premisa incorrecta sobre el derecho,
o influida por un sesgo a favor de un resultado particular,
puede conducir al profesional del derecho aún más lejos, no
solo de cualquier autoridad jurídica real, sino también de
Los LLM’s son un tipo de inteligencia artificial generativa. Su
funcionamiento fue precisado en New York Times Co. v. Microsoft Corp.,
777 F. Supp. 3d 283 (S.D.N.Y. 2025) como sigue: “[a]n LLM can receive
text prompts as inputs and generate natural language responses as
outputs, which result from the LLM’s prediction of the most likely string
of text to follow the inputted string of text based on its training on
billions of written works”.
4
AB-2025-0232
cualquier
13
argumento
jurídico
plausible
que
sustente
su
posición.5 Íd.
Por tal razón, el abogado es el responsable de asegurar
la exactitud de los escritos que somete al tribunal. En
efecto,
la
inteligencia
artificial
generativa,
sin
conocimiento jurídico suficiente sobre la controversia o sin
la guía de “un abogado de probada competencia”, no constituye
un atajo seguro en la preparación de documentos legales.6
Íd.
Además, el deber de diligencia en la revisión de los
resultados generados por la inteligencia artificial, no se
agota al momento de someter un escrito ante el tribunal,
sino que continúa cuando el abogado reafirma o defiende las
posiciones allí contenidas. Véase Mata v. Avianca, supra.
Así, si posteriormente adviene en conocimiento de que una
cita
o
precedente
es
falso,
inexistente
o
incorrecto,
corresponde corregirlo sin dilación. Íd.
En
fin,
aunque
la
inteligencia
artificial
puede
constituir una herramienta útil en la práctica jurídica,
El texto original lee como sigue:
if the attorney understands how large language models
function, the output of a large language model depends
heavily on the prompt, which in turn requires the attorney
to have a foundational understanding of the legal issue at
hand. In other words, a prompt based on an incorrect
assumption about the law – or a bias toward a particular
result – may steer the attorney further away from not only
any actual legal authority but also any plausible legal
arguments supporting the attorney's position. In re Jackson
Hosp. & Clinic, Inc., 2025 WL 3251167, (Bankr. M.D. Ala.
2025).
6 El texto traducido en el cuerpo es el siguiente: “Generative artificial
intelligence, without foundational knowledge of the legal matter at hand
or the guidance of ‘a lawyer of established competence,’ is not a safe
shortcut”. Íd.
5
AB-2025-0232
14
nunca sustituye el juicio profesional del abogado. Véase
Mata v. Avianca, supra. Por lo tanto, la competencia y
diligencia
tecnológica
conllevan
una
supervisión
humana
rigurosa, continua e indelegable de todo contenido generado
mediante
herramientas
tecnológicas
e
inteligencia
artificial.
III
Delimitada de esta forma la conducta sancionable y los
deberes ético profesionales medulares a la controversia,
conviene examinar cómo otros tribunales en los Estados Unidos
han
atendido
situaciones
análogas
y
qué
criterios
han
considerado al momento de imponer sanciones. Ello, con el
fin de precisar por qué, a pesar de que las promovidas
incurrieron en conducta sancionable, no procede una sanción
ética.
A medida que los tribunales han comenzado a enfrentar
controversias relacionadas con el uso y el manejo indebido
de herramientas de inteligencia artificial generativa, las
decisiones que han impuesto sanciones han reflejado enfoques
diversos. E. R. Desbien, supra. Algunos han optado por
restringir o desalentar el uso de estas tecnologías en los
procesos judiciales, mientras que otros han reconocido su
utilidad
siempre
que
se
use
de
manera
competente
y
responsable. Íd. De igual forma, cuando un abogado hace uso
indebido de las referidas herramientas, el marco jurídico y
las sanciones han variado entre jurisdicciones. Íd.
AB-2025-0232
15
Ahora bien, en los primeros casos del 2023 al 2025, los
tribunales impusieron principalmente sanciones procesales
bajo la Regla 11 de Procedimiento Civil Federal, supra, o
bajo el poder inherente del tribunal. Estas variaron desde
sanciones monetarias, órdenes de mostrar causa, y otras
medidas correctivas. Así pues, la tendencia predominante ha
sido adoptar un enfoque correctivo y preventivo antes que
punitivo. E. R. Desbien, supra.
Por ejemplo, en Mata v. Avianca, supra, el tribunal les
impuso a los abogados una sanción de $5,000. Las expresiones
de dicho Foro fueron las siguientes: [t]he Court concludes
that a penalty of $5,000 paid into the Registry of the Court
is sufficient but not more than necessary to advance the
goals
of
suplida).
specific
Íd.
and
Además,
general
ordenó
deterrence.
medidas
(Negrilla
correctivas
como
notificar la Opinión a cada juez correlacionado con algún
precedente inexistente citado en el escrito.
Otro caso donde un tribunal favoreció este enfoque fue
Mattox v. Prod. Innovations Rsch., LLC, 807 F. Supp. 3d 1341
(E.D. Okla. 2025). Sobre el objetivo al sancionar al abogado,
el tribunal manifestó lo siguiente:
The Court has imposed sanctions to restore, not to ruin. The
aim of this ruling is not punishment for its own sake, but
the reaffirmation of professional honor.
All counsel have appeared, accepted responsibility, and
sought mercy. The Court has answered with proportion,
acknowledging their contrition while ensuring accountability
endures. The combination of public reprimand, restitution,
and monetary penalty satisfies the Rule 11 standard of
deterrence and reaffirms that the practice of law is an act
of trust. (Negrilla suplida). Íd.
AB-2025-0232
16
Asimismo, en Gauthier v. Goodyear Tire & Rubber Co.,
2024 WL 4882651 (E.D. Tex. 2024), el tribunal, tras concluir
que
el
abogado
presentó
un
escrito
que
contenía
citas
inexistentes sin haber verificado su validez, ordenó pagar
$2,000 como sanción. Además, le ordenó tomar cursos de
educación
jurídica
artificial
continua
generativa
y
en
someter
el
tema
de
inteligencia
copia
de
la
orden
al
demandante.
El denominador común de esta progenie de casos es que,7
aun
cuando
los
tribunales
han
considerado
la
conducta
incompatible con los deberes básicos de diligencia, las
medidas iniciales han sido de naturaleza procesal, como
sanciones monetarias
y medidas
correctivas, dirigidas a
proteger la integridad del proceso judicial y a reafirmar
los deberes profesionales que rigen el ejercicio de la
abogacía. En ese sentido, la imposición de una sanción
monetaria de carácter procesal en el presente caso, tal como
hizo el foro primario, se alinea con la respuesta adoptada
por otros tribunales cuando han enfrentado por primera vez
esta controversia. Sin embargo, el resultado al que arribamos
Véase, también: Iovino v. Michael Stapleton Assocs., 2024 WL 3520170,
(W.D.Va. 2024)(orden para mostrar causa y advertencia); Dukuray v.
Experian Info. Sols., 2024 WL 3812259 (S.D.N.Y. 2024)(el tribunal no
sancionó pero incluyó la siguiente advertencia: “[p]laintiff is hereby
advised that any further filings with citations to nonexistent cases may
result in sanctions, such as her submissions being stricken, filing
restrictions or monetary penalties being imposed, or the case being
dismissed.”); Mid Cent. Operating Engin’rs Health & Welfare Fund v.
HoosierVac, LLC, 2025 WL 5742334 (S.D. Ind. 2025) (sanción monetaria);
Kruse v. Karlen, 692 S.W.3d 43 (Mo. Ct. App. 2024)($10,000 en honorarios
de abogado como sanción); Wadsworth v. Walmart Inc., 348 F.R.D. 489 (D.
Wyo. 2025)(sanción monetaria); Bunce v. Visual Tech. Innovations, Inc.,
2025 WL 662398 (E.D. Pa. 2025)(sanción monetaria y educación jurídica
continua).
7
AB-2025-0232
en
este
17
caso
no
debe
interpretarse
como
una
señal
de
permisividad, pues comportamientos de esta naturaleza no
serán tolerados.
Por último, considero que los siguientes parámetros son
útiles al evaluar si la inclusión de citas inexistentes,
alteradas
o
materialmente
jurídico
ameritan
una
tergiversadas
sanción
en
un
escrito
disciplinaria:
(1)
materialidad de la cita (si sostiene una propuesta central
al argumento jurídico, influye sobre el resultado potencial
del caso o pretende resolver una controversia sustantiva);
(2) apariencia de precisión y grado de falsedad (si se
presentó la cita como textual, con comillas y referencia
específica de tomo y página, vis a vis si la cita parafraseó
razonable
una
tipográfico
norma
aislado
vigente,
o
cita
si
constituyó
incompleta);
(3)
un
error
patrón
o
reiteración de la conducta (si se trata de una sola cita
aislada o de múltiples citas falsas o tergiversadas dentro
del mismo escrito o en otros escritos del abogado y si
continuó reafirmándose en dicho precedente a lo largo de los
procedimientos judiciales); (4) si hubo una investigación
razonable y revisión humana directa previa; (5) el nivel de
experiencia,
especialización
sobre
herramientas
las
y
conocimiento
tecnológicas
e
del
abogado
inteligencia
artificial utilizadas.8
Véase, también, Mattox v. Prod. Innovations Rsch., LLC, supra, donde
se establecieron varios parámetros, cimentados en la Regla 11, para
guiar a los tribunales en casos posteriores donde se presenten escritos
8
AB-2025-0232
18
IV
Por todo lo antes expuesto, estoy conforme con el curso
de acción adoptado por la mayoría de este Tribunal. Como
señalé al comienzo, la administración de la justicia descansa
en la autenticidad del derecho
tribunales.
Por
tanto,
precedentes
inexistentes
que se invoca ante los
cuando
o
afirma
un
como
abogado
derecho
presenta
vigente
aquello que nunca fue decidido por tribunal alguno, no solo
incumple con su deber de diligencia y competencia, sino que
con citas generadas a raíz de las alucinaciones de la inteligencia
artificial:
Federal courts increasingly confront filings prepared
with the assistance of generative artificial intelligence.
While such tools can enhance efficiency, they also create a
new professional hazard, synthetic authority presented as
precedent. No uniform standard yet governs this issue. This
Court therefore articulates the following framework,
grounded in Rule 11, 28 U.S.C. § 1927, and the Court’s
inherent authority, to guide this Court in future cases in
which AI-generated hallucinations appear in filings.
When a pleading containing fabricated citations or
nonexistent law has been identified and a hearing held, this
Court shall evaluate three core factors:
1. Verification and Inquiry — Whether counsel
conducted a reasonable, human-based verification of every
cited authority before filing. A reasonable inquiry requires
more than reliance on an automated tool; it demands
independent confirmation through recognized primary legal
sources. The signature of an attorney certifies human
diligence, not mechanical output.
2. Candor and Correction — Whether counsel promptly
disclosed the use of AI and corrected the record once
inaccuracies were discovered. Candor after filing weighs
heavily
in
mitigation;
concealment
or
minimization
aggravates the violation. The duty of candor extends beyond
the moment of signature, it continues for as long as the
filing remains before the Court.
3.
Accountability
and
Supervision
—
Whether
supervising or associated attorneys exercised oversight
consistent with Model Rules 5.1 and 5.3 and whether firmlevel safeguards existed to prevent recurrence. The inquiry
extends beyond the drafter to the institutional culture that
permitted unverified authority to reach the docket. A firm’s
silence or absence of policy does not immunize it; it
implicates it.
These factors balance culpability against mitigation
and aim to deter repetition rather than destroy reputation.
They also provide a path for future litigants in this Court
when confronting AI-related misconduct, recognizing that the
issue implicates the ethical foundations of advocacy itself.
(Negrilla suplida).
AB-2025-0232
19
socava el sistema adversativo y, de paso, compromete la
integridad del proceso judicial. Quien firma un escrito,
continúa certificando que las alegaciones de hecho y de
derecho que en el escrito se consignan descansan sobre una
investigación razonable y sobre autoridad jurídica real.
Aunque la tecnología puede ampliar nuestras capacidades, su
uso es bienvenido cuando media el rigor que exige la búsqueda
de la verdad y la protección de la integridad de los procesos
judiciales.
En fin, luego de evaluar los hechos particulares del
presente caso, y debido a que es la primera vez que nos
enfrentamos ante esta controversia, estoy conforme con el
apercibimiento y archivo de la queja presentada contra las
Lcdas. Irizarry Centeno y Bonilla Irizarry. Asimismo, este
Tribunal advierte que la reiteración de conductas de esta
naturaleza
podría
acarrear
la
imposición
de
sanciones
disciplinarias severas.
Camille Rivera Pérez
Jueza Asociada