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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Saint Mary Investments, LLC v. Denton Morales y otros

2026 TSPR 35

Poder Judicial de Puerto Rico

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Saint Mary Investments, LLC v. Denton Morales y otros

CC-2025-0181

9 de abril de 2026 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Procedimiento Civil – Evaluación de una moción de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil no se extiende a un estándar de adjudicación de naturaleza probatoria, sino a examinar conjuntamente las alegaciones de la parte demandante.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Saint Mary Investments, LLC

Peticionaria

2026 TSPR 35

v.

218 DPR ___

Wilfredo Denton Morales y otros

Parte Recurrida

Número del Caso:

Fecha:

CC-2025-0181

9 de abril de 2026

Tribunal de Apelaciones: Panel IV

Representantes legales de la parte peticionaria:

Lcdo. Luis Enrique Romero Nieves

Lcdo. Philippe O. Beauchamp-Oliveras

Representante legal de la parte recurrida:

Lcdo. José Ramírez de Arellano

Materia: Procedimiento Civil – Evaluación de una moción de

desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento Civil

no se extiende a un estándar de adjudicación de naturaleza

probatoria, sino a examinar conjuntamente las alegaciones de la parte

demandante.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Saint Mary Investments, LLC

Peticionaria

v.

CC-2025-0181

Wilfredo Denton Morales y

otros

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2026.

En esta instancia venimos llamados a justipreciar si

los

foros

recurridos

evaluaron

las

alegaciones

de

una

Demanda resolviendo toda duda a favor del demandante, según

exige nuestro ordenamiento procesal civil, al momento de

disponer de una moción de desestimación al amparo de la Regla

10.2

de

Procedimiento

Civil

de

2009,

infra,

bajo

el

fundamento de que la reclamación no expone una reclamación

que justifique la concesión de un remedio. Ello, tiene el

fin de examinar si los tribunales inferiores entraron a

ponderar cuestiones de prueba, en una etapa prematura de los

procedimientos, y se alejaron del análisis requerido. Tras

evaluar

la

presente

controversia

de

conformidad

con

la

normativa aplicable, aclaramos que al resolver una moción de

CC-2025-0181

2

desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de Procedimiento

Civil, infra, el análisis de la validez de una reclamación

no se extiende a un estándar de adjudicación de naturaleza

probatoria, sino que exige que los tribunales interpreten

conjuntamente las alegaciones de la parte demandante a la

luz de la situación más favorable.

A continuación, exponemos los hechos que enmarcan la

controversia ante nuestra consideración.

I.

El 3 de junio de 2024, Saint Mary Investments, LLC

(Saint

Mary

o

incumplimiento

peticionaria)

presentó

una

Demanda

por

contractual,

solicitud

de

cumplimiento

específico y daños contra el Sr. Wilfredo Denton Morales

(señor Denton Morales), la Sra. Luz Dary Zayas Ortiz (señora

Zayas Ortiz) y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por ambos (en conjunto, parte recurrida).

En esencia, alegó que el 12 de abril de 2021 suscribió

un Contrato de Opción de Compraventa (Contrato) con el señor

Denton

Morales

y

la

señora

Zayas

Ortiz

sobre

dos

(2)

inmuebles ubicados en el Municipio de Cidra. La peticionaria

incluyó copia del Contrato y afirmó que, como parte de las

negociaciones, se pactó que tendría derecho a ejercer la

opción en el término de un (1) año. Así, sostuvo que a la

firma del Contrato pagó la suma de cincuenta mil dólares

($50,000) a la parte recurrida. Expresó que, con el fin de

permitir que esta última atendiera diversos trámites para el

correspondiente

otorgamiento,

las

partes

acordaron

CC-2025-0181

extensiones

3

al

Contrato.

Indicó

que

tales

acuerdos

preservaban su derecho de opción hasta tanto se subsanaran

los elementos que impedían consumar la compraventa. También

añadió que, con el consentimiento y aprobación de la parte

recurrida, realizó obras de mejoras a las fincas por un valor

mayor de doscientos mil dólares ($200,000).

En la Demanda, Saint Mary alegó que, durante el mes de

abril de 2024, las partes iniciaron formalmente los trámites

para

acordar

la

fecha

en

la

cual

se

otorgaría

la

correspondiente Escritura Pública. No obstante, por causas

imputables a la parte recurrida, no se logró la celebración

del negocio. Adujo que, posteriormente, las partes acordaron

otorgar la Escritura de Compraventa el 21 de mayo de 2024.

Sin embargo, ese mismo día, la parte recurrida, por conducto

de su representación legal, manifestó que no otorgaría el

instrumento público ni consumaría el negocio. En vista de

ello, la peticionaria solicitó el cumplimiento específico

del Contrato, daños en no menos de dos millones de dólares

($2,000,000),

la cantidad correspondiente a las mejoras

realizadas y honorarios de abogado.

Posteriormente, Saint Mary presentó una Solicitud de

Remedio Provisional en la cual reiteró que las partes habían

convenido extensiones al vínculo contractual y destacó que

había advenido en conocimiento de que la parte recurrida

pretendía traspasar los inmuebles a un tercero. A dicha

solicitud anejó un documento intitulado Addendum al Contrato

de Opción de Compra (Addendum), suscrito el 8 de septiembre

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4

de 2023, mediante el cual el señor Denton Morales y Saint

Mary extendieron los términos del Contrato original hasta el

1 de julio de 2024.

En consecuencia, la peticionaria solicitó al Tribunal

de Primera Instancia que emitiera una Orden de Prohibición

de Enajenar, sin necesidad de vista, notificación y fianza

con relación a los dos (2) inmuebles que fueron objeto del

Contrato de Opción de Compraventa. El Tribunal de Primera

Instancia

declaró

Ha

Lugar

la

solicitud

y

ordenó

la

correspondiente anotación preventiva en el Registro de la

Propiedad.

Por

su

parte,

el

20

de

agosto

de

2024,

la

parte

recurrida presentó una Moción en solicitud de desestimación

bajo la Regla 10.2 o exposición más definida bajo la Regla

10.4. En esta señaló, en extrema síntesis, que había caducado

el derecho de adquisición preferente de Saint Mary debido a

que el término pactado inicialmente para la vigencia del

Contrato era de un (1) año, prorrogable por sesenta (60)

días adicionales, y que dicho término venció el 12 de abril

de 2022, sin que la peticionaria ejerciera su derecho. Por

tanto,

sostuvo

que

la

Demanda

dejaba

de

exponer

una

reclamación que justificara la concesión de un remedio. En

la alternativa, adujo que la peticionaria debía realizar una

exposición más definida respecto a ciertas alegaciones que,

según

indicó,

eran

ambiguas

o

insuficientes,

particularmente, en torno a las fechas en las cuales las

partes acordaron prorrogar el Contrato.

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5

Saint Mary presentó su Oposición, en la cual argumentó

que de la propia Demanda se desprendía con claridad que las

partes habían otorgado extensiones al Contrato, por lo que

el foro primario debía tomar como cierto que las partes

acordaron

prorrogar

la

vigencia

del

derecho

de

opción.

Añadió que, en el expediente judicial, obraba el Addendum

que

afirmaba

la

ejecución

de

extensiones

al

Contrato.

Además, explicó que, según alegado en la Demanda, en los

meses de abril y mayo de 2024 las partes habían acordado

fechas para otorgar la Escritura Pública de Compraventa por

lo que era un contrasentido el planteamiento de la parte

recurrida en cuanto a la expiración del término para la

opción. Por ello, sostuvo que no procedía la desestimación

ni la exposición más definida.

A posteriori, mediante Sentencia de 4 de octubre de

2024,

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

desestimó

con

perjuicio la Demanda incoada. Razonó que, “[d]e la Demanda

ni

del

escrito

en

oposición

a

la

desestimación,

surge

evidencia que sustente la alegación de que el [C]ontrato

hubiese sido extendido dentro del plazo concedido y por

escrito”.1

(Negrillas

suplidas).

Así,

determinó

que

el

derecho de opción venció sin que Saint Mary lo ejerciera

válidamente dentro del plazo acordado.

Inconforme, el 7 de noviembre de 2024, la peticionaria

acudió ante el Tribunal de Apelaciones y sostuvo que el foro

1

Apéndice del certiorari, pág. 64.

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sentenciador

6

erró

al

no

tomar

como

ciertos

los

hechos

alegados en la Demanda ni interpretarlos de la forma más

liberal y favorable. Añadió que la etapa procesal en la que

se encontraba el caso era compatible con la posibilidad de

enmendar alegaciones. De este modo, señaló que incidió el

Tribunal de Primera Instancia al conceder el remedio de

desestimación toda vez que la Demanda era susceptible de ser

enmendada.

Así las cosas, el foro apelativo intermedio emitió una

Sentencia en la cual decidió confirmar la determinación del

Tribunal de Primera Instancia. Según el tribunal, Saint Mary

no cumplió con la Orden del foro primario a los fines de

presentar una exposición más definida y concluyó que la causa

de acción se extinguió al no existir prueba admisible que

demostrara una extensión al Contrato.

Luego

de

reconsideración,

que

el

la

Tribunal

peticionaria

solicitara

de

dictó

Apelaciones

una

Sentencia Enmendada el 26 de febrero de 2025, en la cual

disipó su conclusión en cuanto a que el foro primario había

ordenado

presentar

una

exposición

más

definida

de

las

alegaciones y que la peticionara había incumplido con tal

señalamiento. Sin embargo, reiteró que la causa de acción de

Saint Mary se extinguió “al no existir prueba de que en

efecto hubo una extensión a los términos de la opción

suscrita por las partes dentro del término provisto por el

contrato”.2 (Negrillas suplidas).

2

Apéndice del certiorari, pág. 136.

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7

Insatisfecha con el revés judicial, la peticionaria

acudió ante nos y señaló que el Tribunal de Apelaciones erró

al

desestimar

la

Demanda

mediante

la

aplicación

de

un

estándar de adjudicación que impone requisitos más rigurosos

que los contemplados en nuestro ordenamiento y que, además,

supedita

el

análisis

de

si

una

demanda

establece

una

reclamación plausible que justifique la concesión de un

remedio

a

la

aseveraciones

existencia

formuladas

de

en

prueba

la

que

sostenga

las

alegación

inicial.

Así,

solicita que revoquemos la Sentencia Enmendada dictada por

el foro apelativo intermedio y ordenemos la continuación de

los procedimientos ante el foro primario.

Contando con el beneficio de la comparecencia de las

partes,

y

habiéndose

expedido

el

auto

de

certiorari,

procedemos a resolver sin ulterior trámite.

II.

A. Las alegaciones

El cuerpo de normas que regula nuestro ordenamiento

procesal civil establece los principios que gobiernan la

presentación

de

alegaciones

ante

los

tribunales.

En

específico, la Regla 6.1 de Procedimiento Civil ilustra que

una alegación que exponga una solicitud de remedio deberá

contener: “(1) [u]na relación sucinta y sencilla de los

hechos demostrativos de que la parte peticionaria tiene

derecho a un remedio, y (2) una solicitud del remedio a que

crea tener derecho. […]”. 32 LPRA Ap. V. Es por ello que,

basta

con

preliminar

que

la

sobre

parte

los

demandante

hechos

provea

demostrativos

información

ya

que,

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8

posteriormente, podrá ser ampliada como producto de los

procedimientos

del

descubrimiento

de

prueba.3

Bajo

este

esquema, no resulta necesario exponer detalladamente todos

los hechos que dan base a la reclamación. Informe de Reglas

de

Procedimiento

Civil,

Secretariado

de

la

conferencia

Judicial y Notarial, marzo 2008, pág. 70.

En ese sentido, es norma reiterada que el propósito

general de las alegaciones contenidas en una demanda es

notificarle a la parte contraria, a grandes rasgos, cuáles

son las reclamaciones en su contra de tal forma que pueda

comparecer a defenderse si así lo desea. Rivera, Lozada v.

Universal, 214 DPR 1007, 1021 (2024). Véanse, también, Cobra

Acquisitions v. Mun. Yabucoa et al., 210 DPR 384, 395 (2022);

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262 (2001). Por lo

tanto, en aras de permitirle a la parte demandada preparar

su defensa, la demanda debe ofrecer un nivel mínimo de

especificidad que permita identificar los actos imputados y

el daño alegadamente causado. León Torres v. Rivera Lebrón,

204 DPR 20, 41 (2020). Véase, también, J.A. Echevarría

Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 1ra ed. rev.,

[s.l.], [ed. autor], 2012, pág. 86.

Cónsono con lo anterior, la Regla 6.5 de Procedimiento

Civil dispone que “cada aseveración en una alegación será

sencilla,

concisa

y

directa.

No

se

exigirán

fórmulas

técnicas para la redacción de las alegaciones o mociones.

Véase J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 3ra

ed. rev., Bogotá, Ed. Nomos, 2023, pág. 92.

3

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9

Todas las alegaciones se interpretarán con el propósito de

hacer justicia”. 32 LPRA Ap. V. Esto, pues el objetivo

primordial de las alegaciones es advertir a la parte adversa

sobre los hechos y las reclamaciones que se le plantean

durante el trámite judicial. León Torres v. Rivera Lebrón,

supra, pág. 40.

B. Las mociones al amparo de la Regla 10 de Procedimiento

Civil

Expuestas

alegaciones,

las

normas

corresponde

generales

entonces

que

rigen

atender

las

aquellas

disposiciones que versan sobre los vehículos procesales que

una parte puede presentar previo a la contestación de una

demanda. Entre ellos, y en lo que atañe a la controversia

ante nos, se encuentra la moción de desestimación y la moción

para

solicitar

una

exposición

más

definida

de

las

alegaciones. Reglas 10.2 y 10.4 de Procedimiento Civil,

supra.

En lo relativo a la moción de desestimación, esta

procede cuando de las alegaciones de la demanda se desprende

que “alguna defensa afirmativa derrotará la pretensión de la

parte demandante”. Eagle Security v. Efrón Dorado et al.,

211 DPR 70, 83 (2023). En específico, la Regla 10.2(5) de

Procedimiento Civil, supra, permite que una parte contra

quien

se

presentó

una

reclamación

judicial

solicite

la

desestimación bajo el fundamento de que la demanda deja de

exponer una reclamación que justifique la concesión de un

remedio.

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10

En el pasado hemos expresado reiteradamente que, al

adjudicar

una

moción

de

desestimación

al

amparo

de

la

precitada regla, los tribunales están obligados a considerar

los hechos bien alegados en la demanda de la forma más

favorable

a

la

parte

demandante

e

interpretar

las

alegaciones de forma conjunta y liberal. Cobra Acquisitions

v. Mun. Yabucoa et al., supra, pág. 396. Véanse, también,

González Méndez v. Acción Social et al., 196 DPR 213, 234

(2016); Torres, Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502

(2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR

497, 505 (1994). Ello, con el fin de ponderar si, “a la luz

de la situación más favorable al demandante, y resolviendo

las dudas a favor de este, la demanda es suficiente para

constituir

una

reclamación

válida”. González

Méndez

v.

Acción Social et al., supra, pág. 235; Aut. Tierras v. Moreno

& Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 429 (2008); Colón v. Lotería,

167 DPR 625, 649 (2006).

En otros términos, el estándar de adjudicación de una

moción

de

esta

naturaleza

comprende,

como

cuestión

de

umbral, la obligación de los tribunales de tomar como ciertos

todos los hechos bien alegados en la demanda y que hayan

sido

aseverados

de

manera

clara

y

concluyente.

Eagle

Security v. Efrón Dorado et al., supra, pág. 84. En esa

encomienda, el tribunal debe determinar si, a base de esos

hechos aceptados como ciertos, la demanda establece una

reclamación plausible que justifique la concesión de un

remedio. Es decir, una reclamación válida. Costas Elena y

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11

otros v. Magic Sport y otros, 213 DPR 523, 534 (2024)

(citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto

Rico: derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, Ed. Lexis

Nexis, 2017, pág. 307).

En

ese

contexto,

para

que

una

parte

demandada

prevalezca en su solicitud de desestimación debe establecer

en ella, de forma certera, que el demandante no tiene derecho

a remedio alguno bajo cualquier estado de Derecho que pueda

probarse en apoyo a su reclamación, aun interpretando la

demanda lo más liberalmente a su favor. Rivera Sanfeliz et

al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz

Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013).

A

tenor

con

desestimación

lo

anterior,

cuando

las

corresponde

alegaciones

conceder

permiten

la

concluir

claramente que la demanda carece de todo mérito o que la

parte demandante no tiene derecho a obtener algún remedio.

González Méndez v. Acción Social, supra, pág. 235.

Asimismo,

hemos

expresado

que

no

procede

la

desestimación de una demanda si esta es susceptible de ser

enmendada. Colón v. Lotería, supra, pág. 649. A esos efectos,

la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, supra, permite a las

partes en un pleito enmendar sus alegaciones para incluir

cuestiones omitidas o clarificar reclamaciones previamente

interpuestas. Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 197

(2012). A su vez, dicha Regla contempla dos escenarios en

los que se autoriza la presentación de enmiendas. En primer

lugar, una parte podrá enmendar sus alegaciones, sin permiso

CC-2025-0181

12

del tribunal, en cualquier momento antes de que se le haya

notificado una alegación responsiva o, si se trata de una

alegación que no admite alegación responsiva y el pleito no

haya sido señalado para juicio, dentro de los veinte (20)

días de haber notificado su alegación. 32 LPRA Ap. V. En

segundo término, la Regla permite que las partes enmienden

sus alegaciones

en cualquier otra

circunstancia, aunque

condicionada a la autorización del tribunal o la anuencia de

la parte contraria. 32 LPRA Ap. V.

Por otro lado, la Regla 10.4 de Procedimiento Civil

dispone que:

Si una alegación contra la cual se permita una

alegación responsiva es tan vaga o ambigua que no

sería razonable exigirle a una parte que formule

una alegación responsiva, dicha parte podrá

solicitar una exposición más definida antes de

presentar su alegación responsiva […]. 32 LPRA Ap.

V.

De una lectura de dicha disposición, surge que una

parte,

previo

a

someter

su

alegación

responsiva,

puede

solicitar de forma específica y fundamentada, una mejor

definición de las alegaciones de la Demanda cuando estas

sean

vagas o ambiguas, de manera que no

exigirle

formular

una

contestación.

Sin

sea razonable

embargo,

los

tribunales deben resolver en contra de este tipo de solicitud

cuando el procedimiento de descubrimiento de prueba puede

subsanar la alegada vaguedad.4 Igualmente, una moción para

solicitar

una

exposición

más

definida

es

generalmente

Véase J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento civil puertorriqueño, 3ra

ed. rev., Bogotá, Ed. Nomos, 2023, pág. 141.

4

CC-2025-0181

13

desfavorecida, ya que una demanda no tiene que alegar hechos

probatorios ni detallados como parte de su reclamación,

salvo las materias especiales a las que se hace referencia

en la Regla 7 de Procedimiento Civil, supra. J.A. Cuevas

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., San

Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T.II, pág. 547.

III.

El

asunto

medular

ante

nuestra

consideración

es

determinar si el foro a quo incidió al confirmar el dictamen

del Tribunal de Primera Instancia, mediante el cual se

desestimó la Demanda presentada por la peticionaria porque

de la alegación inicial y la oposición a la desestimación

presuntamente no surgía prueba de que, en efecto, se acordó

una extensión a los términos del Contrato suscrito entre las

partes.

En su señalamiento de error, la peticionaria cuestiona

el curso de acción adoptado por el foro recurrido y alega

que el mismo utilizó un estándar de adjudicación que impone

requisitos más rigurosos, que aquellos pautados en nuestro

ordenamiento

alegación.

procesal

Aduce

que

civil

ambos

al

momento

foros

de

radicar

una

sentenciadores,

al

enfrentarse a una moción de desestimación bajo la Regla

10.2(5) de Procedimiento Civil, supra, estaban llamados a

tomar como ciertas todas las alegaciones contenidas en la

Demanda, incluso el hecho de que las partes habían prorrogado

la vigencia del Contrato. Asimismo, la peticionaria arguye

CC-2025-0181

14

que el tribunal debió requerirle la presentación de una

demanda enmendada. Le asiste la razón.

Tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal

de Apelaciones concluyeron que la causa de acción de Saint

Mary se extinguió toda vez que no existía prueba admisible

para probar que en efecto hubo una extensión a los términos

de la opción suscrita.

No obstante, según señaláramos, al resolver una moción

de

desestimación

al

amparo

de

la

Regla

10.2(5)

de

Procedimiento Civil, la determinación de si una Demanda

establece

una

reclamación

plausible

que

justifique

la

concesión de un remedio, no se extiende a considerar si

existe prueba que sustente las aseveraciones de una demanda.

Por el contrario, requiere auscultar si en la reclamación se

alegaron hechos demostrativos suficientes que le permitan al

Tribunal inferir razonablemente que la parte demandada debe

responder

por

las

actuaciones

que

se

alegan

fueron

contrarias a derecho.

Al evaluar la Demanda de la peticionaria de la manera

más liberal y favorable, y tomando como ciertos todos los

hechos

alegados

correctamente

en

esta,

nos

es

forzoso

concluir que su reclamación podría justificar la concesión

de un remedio, toda vez que correspondía que se tomara como

cierto el hecho de que las partes otorgaron extensiones al

vínculo contractual. En este caso, la peticionaria alegó que

las partes suscribieron un Contrato el 12 de abril de 2021

mediante el cual se le concedió un derecho de opción sobre

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15

determinados bienes, pactándose un término específico para

su ejercicio. De las alegaciones consignadas en la Demanda

se desprende, además, que este término fue posteriormente

aplazado por acuerdo entre las partes con el fin de que se

subsanaran algunos extremos que permitirían la consumación

del negocio jurídico.5 Así, en la reclamación se planteó

concretamente que el vínculo contractual continuaba en pleno

vigor al momento en el que la parte demandada se negó a

perfeccionar el contrato de compraventa.

Si bien es cierto que las aseveraciones de la Demanda

no

contienen

las

fechas

específicas

en

que

las

partes

acordaron extender el Contrato de Opción de Compraventa, no

es menos cierto que el Addendum, unido a la Solicitud de

Remedio Provisional presentado por la peticionaria, refleja

lo anterior.6 En particular, de la Cláusula Segunda surge el

pacto

de

extender

todos

los

términos

originalmente

convenidos en el Contrato, fijando como nueva fecha de

vencimiento el 1 de julio de 2024.7 A ello se añade que el

Específicamente, alegó que la opción no fue consumada ante las

representaciones hechas por la parte recurrida a los efectos de que

algunos elementos registrales en cuanto al tracto debían ser subsanados,

así como extremos relacionados con la emisión del relevo que le

correspondía al Departamento de Hacienda expedir.

6 Apéndice del Certiorari, pág. 41.

7 Al respecto, la Cláusula Segunda del Addendum al Contrato de Opción de

Compra (Enmienda para la extensión del término pactado y para atender

ciertos extremos sobre cargas y gravámenes vinculados al inmueble)

establece que:

5

Las partes pactan la extensión de todos los términos

acordados en el Contrato de 12 de abril de 2021, para que

resulten vencederos el 1ero de julio de 2024. Esta extensión

aplica, inclusive al término pactado en la cláusula 1.4,

sobre la realización de depósitos mensuales por la Segunda

Parte (Saint Mary Investments, LLC). En ese contexto, la

Segunda Parte (Saint Mary Investments, LLC), ejecutará los

pagos

en

aquellos

plazos

que

corresponda

para

la

continuación de su obligación de pago, asumida en la cláusula

CC-2025-0181

16

Addendum fue suscrito bajo juramento. En ese contexto, el

referido documento abona a nuestra contención de que la

desestimación del caso fue prematura. De igual forma, la

existencia del acuerdo reafirma que, de haberse permitido la

continuación del trámite ordinario, la peticionaria hubiese

tenido la oportunidad de sustentar su reclamo con la prueba

pertinente. El Tribunal de Apelaciones incidió al concluir

lo contrario.

Así pues, resulta evidente que la decisión de los foros

recurridos

se

apartó

del

estándar

contemplado

en

nuestro

ordenamiento

razonamiento

de

ambos

tribunales

de

adjudicación

procesal

exigió

civil.

El

erradamente

la

acreditación de hechos con evidencia particular, lo que

corresponde a etapas posteriores del litigio. Ratificar este

proceder socavaría el propósito inherente de la Regla 6 de

Procedimiento Civil, supra.

Por

consiguiente,

tomando

en

consideración

que

la

presente controversia se encontraba apenas en la génesis del

litigio,

sin

que

hubiese

iniciado

el

descubrimiento

de

prueba, ni se hubiese celebrado vista alguna, nos parece

apropiado concluir que no procedía la desestimación de la

Demanda. En cambio, en el caso de marras, lo procedente

hubiese sido concederle un término a la peticionaria para

que

enmendara

sus

alegaciones

y

las

ajustara

a

acontecimientos que surgen del propio expediente.

1.4, hasta el 1ero de julio de 2024. Apéndice del Certiorari,

pág. 41.

los

CC-2025-0181

17

En cuanto a esto, debemos destacar que incluso la propia

parte

recurrida solicitó,

exposición

más

definida

como remedio alternativo,

una

de

la

algunas

alegaciones

de

Demanda, a tenor con la Regla 10.4 de Procedimiento Civil,

supra.

Ello,

con

el

fin

de

identificar

las

alegadas

extensiones al Contrato que aduce la peticionaria en su

reclamo. No obstante, nada expresó el Tribunal de Primera

Instancia en cuanto a la referida solicitud.

Examinadas

concluimos

que

plenamente

las

el

apelativo

foro

presentes

circunstancias,

intermedio

erró

al

confirmar el dictamen que desestimó la reclamación de Saint

Mary. Con nuestro proceder, permitimos que los reclamos de

la peticionaria se ventilen en los méritos. Dicho curso de

acción resulta el más adecuado en atención a que el litigio

se encuentra en sus etapas iniciales y que al interpretar

las alegaciones de Saint Mary, según el estándar exigido en

esta etapa de los procedimientos, esta tiene derecho a que

no se le descarten.

IV.

Por

los

fundamentos

antes

expuestos,

se

revoca

el

dictamen del Tribunal de Apelaciones y se devuelve el caso

al foro primario para la continuación de los procedimientos

de forma compatible con lo aquí dispuesto.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Saint Mary Investments, LLC

Peticionaria

v.

CC-2025-0181

Wilfredo Denton Morales y

otros

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se revoca el dictamen del Tribunal de Apelaciones

y se devuelve el caso al foro primario para la continuación

de los procedimientos de forma compatible con lo aquí

dispuesto.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el Secretario

del Tribunal Supremo.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo