Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Ginny M. Vélez Carreras
2026 TSPR 29
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Ginny M. Vélez Carreras
AD-2024-0001
20 de marzo de 2026 · Hon. Raúl A. Candelario López · Disciplina Judicial – Improcedencia de una acción disciplinaria contra un juez o una jueza por cometer un error de derecho.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2026 TSPR 29
217 DPR ___
Hon. Ginny M. Vélez Carreras
Número del Caso:
Fecha:
AD-2024-0001
20 de marzo de 2026
Oficina de Asuntos Legales
Oficina de Administración de los Tribunales:
Lcda. Isabel E. Sánchez Del Campo Ladrón De Guevara
Asesora Legal
Lcda. Carmen Ana Pesante Martínez
Investigadora
Representantes legales de la Hon. Ginny M. Vélez Carreras:
Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta
Lcdo. José A. Rivera Rodríguez
Lcdo. Luis M. García Tous
Comisión de Disciplina Judicial:
Lcda. Lourdes Velázquez Cajigas
Presidenta
Comisionadas y Comisionados Asociados:
Lcda. Ygrí Rivera Sánchez
Lcda. Aleida Varona Méndez
Lcdo. Jorge Toledo Reyna
Lcdo. Reinaldo O. Catinchi Padilla
Materia:
Disciplina Judicial – Improcedencia de una acción
disciplinaria contra un juez o una jueza por cometer un error de
derecho.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Ginny M. Vélez
AD-2024-0001
Carreras
El Juez Asociado Señor Candelario López emitió la Opinión
del Tribunal.
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.
Hay una razón por la cual la toga es negra. Representa
sobriedad, dignidad y, sobre todo, imparcialidad. Se gana
por
méritos,
no
por
aplausos.
Este
caso
es
reflejo
perfecto de los problemas con el andamiaje administrativo
actual
del
Poder
Judicial
que
hacen
necesaria
e
indispensable nuestra intervención.
En el pasado se ha dicho que el ejercicio del poder
sin justificaciones racionales y sin apego a nociones
éticamente orientadas es solo arbitrariedad, pura fuerza
institucionalizada. Se ha dicho, además, que, en ausencia
de tales nociones, la toga no da la razón a quien la viste,
ni capacidad para resolver una controversia de manera
justa.
Solo confiere el poder para decidir y para obligar
a cumplir lo decidido.1
A petición de la Oficina de
Administración de los Tribunales (OAT), nos corresponde
S. Steidel Figueroa, Ética para juristas: ética y responsabilidad
disciplinaria, San Juan, Ediciones Situm, 2019, pág. 27.
1
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2
hoy determinar si, en el contexto de un trágico evento que
cobró la vida de una víctima de violencia de género,
debemos abandonar los principios deontológicos que rigen
la ética judicial, y ejercitar ese poder adoptando como
criterio adjudicativo que el fin justifica los medios.
Rechazamos enérgicamente la recomendación de la OAT,
pues, al evaluar la totalidad de las circunstancias, es
más que evidente que estamos ante un error en la aplicación
del derecho --revisable en los foros correspondientes--,
no ante conducta impropia de una magistrada.
Validar la
pretensión de la OAT e imponer una sanción en este caso
equivaldría
a
derogar
principios
que
garantizan
la
independencia judicial que todos en esta Curia, en algún
momento, hemos asegurado defender, en favor de una política
disciplinaria que fomentará la proliferación de órdenes de
protección que pudieran ser improcedentes, ante el temor
de que un error de derecho cueste la toga.
Ante
la
absoluta
ausencia
de
los
elementos
de
intencionalidad y favoritismo que sirven de única llave a
una acción disciplinaria de esta naturaleza, rechazamos
además el proceso seguido para recomendar la sanción.
Con
el único objetivo de aplacar la creciente presión pública
por hallar un culpable --el que sea--, la OAT se embarcó
en una investigación dirigida a un resultado preconcebido.
Exacerbando el problema, llegó a este sin contar con la
prueba
clara,
robusta
y
convincente
necesaria
para
demostrar que la magistrada se desvió deliberadamente del
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derecho aplicable, o que lo hizo para favorecer al imputado
y eventual feminicida.
El curso de acción recomendado por la OAT requiere
necesariamente
el
uso
arbitrario
de
la
fuerza
institucionalizada para obtener un resultado particular,
avalando
en
el
camino
el
sesgado
procedimiento
investigativo empleado, que condujo a la igualmente injusta
recomendación
de
la
Comisión
de
Disciplina
Judicial.
Simplemente no podemos endosar un curso de acción que,
tomado para aplacar la opinión pública, constituiría de
por sí una violación de los Cánones 2 y 8 de Ética Judicial.
I
Para poner en el contexto adecuado la determinación
que hoy tomamos, es necesario examinar las circunstancias
ante la cuales la OAT estimó meritorio desviarse de las
normas
deontológicas
aplicables,
e
iniciar
su
investigación y recomendar acción disciplinaria contra la
jueza Ginny M. Vélez Carreras.
El 17 de agosto de 2010, la jueza Vélez Carreras fue
admitida
al
ejercicio
de
la
abogacía
en
nuestra
jurisdicción, y, el 25 de febrero de 2011, fue admitida
como Notario Público.
Obtuvo el consentimiento del Senado
de Puerto Rico para convertirse en Jueza Municipal del
Tribunal de Primera Instancia el 21 de diciembre de 2020
y, el 4 de enero de 2021, juramentó a este puesto, siendo
asignada a la Región Judicial de Ponce mediante Orden
Administrativa Núm. AJ2021-102 de 5 de abril de 2021.
Durante
su
participación
en
el
Programa
de
Formación
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4
Inicial de la Judicatura tomó varios cursos sobre la Ley
54, infra, aspectos prácticos sobre la fianza, el Programa
de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), la Regla 6 de
Procedimiento Criminal, y sobre órdenes de protección y
violencia doméstica.
No surge del expediente ante nuestra
consideración que la Academia Judicial hubiese impartido
seminarios relacionados a la imposición de medidas de
seguridad bajo la Ley 99-2009, infra, en casos de violencia
doméstica.
Sí
revela
que
en
los
tres
años
que
transcurrieron desde su juramentación en enero de 2021
hasta principios del 2024, la jueza Vélez Carreras ha
participado
activamente
de
varios
ofrecimientos de la Academia Judicial.
congresos
y
Además, desde que
comenzó a fungir como jueza municipal ha atendido múltiples
casos de violencia doméstica.
Surge del expediente que, el 7 de septiembre de 2023,
la señora Linnette Morales Vázquez solicitó una orden de
protección contra su expareja, Wilfredo Hiram Santiago
Figueroa, al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de
1989,
según
enmendada,
conocida
como
la
Ley
para
la
prevención e intervención con la violencia doméstica, 8
LPRA sec. 601 et seq. (Ley 54).
En específico, alegó que
se había separado del señor Santiago Figueroa el 25 de
julio de ese año, pero este no aceptó el fin de la relación
y asumió una actitud controladora.
Alegó que no tuvo más
remedio que pernoctar fuera de su residencia al no sentirse
segura, “ya que hace más de una semana están irrumpiendo
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en las noches” en su hogar.
Añadió que el peticionado la
esperó frente a su casa hasta las 6:00 a.m., hora en que
ella llegó para prepararse para ir a trabajar, y la recibió
con insultos, intimidación y palabras soeces.
De igual
modo, alegó que el señor Santiago Figueroa acudía a su
trabajo a insultarla, que las cámaras de seguridad de su
hogar fueron dañadas y que le hicieron daño a su vehículo,
siendo el peticionado la única persona con acceso.
La señora Morales Vázquez declaró que al momento en
que presentó su solicitud de orden de protección llevaba
seis días durmiendo fuera de su hogar con sus hijos, y que
temía por su seguridad y la de estos.
Examinada la petición de la señora Morales Vázquez,
el Hon. Carlos Quiñones Capacetti, Juez Municipal asignado
a la Sala de Yauco, emitió una orden de protección ex parte
con vigencia hasta el 26 de septiembre de 2023, fecha para
la cual citó a las partes para vista final.
Celebrada esta
ante el Hon. Ángel Candelario Cáliz, Juez Municipal de la
Sala de Ponce, y escuchada la prueba desfilada y las
argumentaciones de la defensa, la orden de protección fue
extendida por seis meses, esto es, hasta el 26 de marzo de
2024.
Surge del expediente que, el 10 de enero de 2024, la
señora Morales Vázquez denunció que días antes, el 7 de
enero,
el
protección
residencia
señor
Santiago
expedida
de
la
en
su
Figueroa
violó
contra
al
peticionaria,
la
orden
personarse
perturbando
a
de
la
su
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6
tranquilidad.
Tras la investigación de rigor, el fiscal
Gariell Rosario Guzmán autorizó la presentación de cargos
bajo el Art. 2.8 de la Ley 54, por violación a una orden
de protección.
El investigador de la Unidad de Violencia Doméstica
de
la
Comandancia
de
Ponce,
agente
Osvaldo
Serrano,
presentó una Solicitud de Información sobre el imputado en
el Sistema de Información de Justicia Criminal, que arrojó
condenas
previas
por
los
delitos
de
agresión
grave
y
tentativa de incendio bajo el Código Penal, y maltrato bajo
el Art. 3.1 de la Ley 54.2
del
fiscal
Rosario
procedimientos
de
El Ministerio Público, a través
Guzmán,
y
violencia
la
Intercesora
doméstica,
Legal
Wanda
en
López
Bonilla, también conocían el historial delictivo del señor
Santiago Figueroa.
Como
parte
de
los
procesos,
el
PSAJ
presentó
su
Informe de Evaluación y Recomendaciones (Informe de PSAJ),
preparado en atención al cargo de violación al Art. 2.8 de
la Ley 54.
Surgen del informe los antecedentes penales
descritos, y que la violación de este artículo conllevaba
supervisión electrónica.
Santiago
Figueroa
por
Ante la condena previa del señor
violaciones
a
la
Ley
54,
PSAJ
recomendó estricta observancia del protocolo de distancia
de 30 minutos entre las partes; nada mencionó en cuanto a
Del Historial de Convicciones del señor Santiago Figueroa surge que
le fueron impuestas condenas de 10 años por agresión grave, 8 años por
incendio agravado y 2 años por maltrato, las cuales cumplió de manera
concurrente. Véase, Apéndice del Informe de investigación de la Oficina
de Asuntos Legales de OAT. (Apéndice del Informe), pág. 162.
2
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7
la necesidad de imponer medidas de supervisión electrónica
debido a esta condena anterior.
En la misma fecha, 10 de enero de 2024, se celebró la
vista de causa probable para arresto bajo la Regla 6 de
Procedimiento Criminal contra el señor Santiago Figueroa,
atendida por la jueza Vélez Carreras, con la comparecencia
por el Ministerio Público de la entonces Fiscal Auxiliar
I, Alexandra Aulet Morales, ascendida desde entonces al
puesto de Fiscal Auxiliar II.
Comparecieron, además, el
acusado junto con su abogado, el licenciado Edwin Caraballo
Caraballo, la Intercesora Legal, señora López Bonilla, la
señora Morales Vázquez y su hermano, Luis Miguel Morales
Vázquez.
Durante su interrogatorio directo, la señora Morales
Vázquez declaró que se encontraba separada del acusado
desde solo unos días antes de la vista, el 6 de enero de
2024, lo cual fue inmediatamente advertido por la jueza
Vélez Carreras durante la vista.
Luego de que la Fiscal
aclarara para el récord que la relación en efecto terminó
en esa fecha, la señora Morales Vázquez admitió que volvió
a tener comunicación con el acusado porque este le dijo
“de alguna manera u otra” que iba a morir de cáncer, sintió
lástima por él e intentaron arreglar la relación.
Sin
embargo, relató que, el 7 de enero de 2024, el señor
Santiago Figueroa acudió a su residencia y cerró la llave
de paso de agua, y que ella y su hermano lo sorprendieron
escondido detrás de unos árboles, tras lo cual huyó en su
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8
vehículo. La señora Morales Vázquez finalizó su testimonio
declarando que llamó al cuartel de la Policía porque tenía
miedo de que el señor Santiago Figueroa intentara hacer
esto de nuevo estando ella sola.
Estos hechos fueron
corroborados mediante el testimonio de su hermano.
Culminado
el
desfile
de
prueba,
la
fiscal
Aulet
Morales argumentó que al momento de los hechos estaba
vigente la orden de protección, pero de la prueba surgió
que previamente habían convivido.
Por tal razón, solicitó
que, de entenderse que no estaban presentes los elementos
requeridos para encontrar causa para arresto por violación
a la orden de protección bajo el Art. 2.8 de la Ley 54, se
le encontrara causa bajo el Art. 3.1 por maltrato en su
modalidad psicológica.
En atención a esto, la jueza Vélez
Carreras no encontró causa bajo el Art. 2.8, pero sí bajo
el Art. 3.1, por lo que impuso una fianza de $5,000.
Erróneamente --para esa fecha--, vertió para el récord que
este delito no conllevaba supervisión electrónica.
A
preguntas de la jueza Vélez Carreras en cuanto a si debía
considerar algo más, la fiscal Aulet Morales indicó que
dejaba
la
imposición
de
medidas
de
seguridad
a
su
discreción.3
La fiscal Aulet Morales no informó a la jueza Vélez
Carreras sobre el historial delictivo del señor Santiago
Figueroa,
su
condena
previa
de
maltrato,
ni
sobre
el
El Informe de Investigación describió este intercambio como sigue:
“Asimismo, la Jueza preguntó si había algo que el tribunal tenía que...
(tener en cuenta), pero fue interrumpida por la fiscal, quien indicó:
‘Lo dejamos a su discreción, Honorable Juez’”. Véase pág. 15.
3
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9
requisito de supervisión electrónica por ser reincidente
en un delito tipificado bajo la Ley 54.
Tampoco solicitó
reconsideración
de
de
la
determinación
no
imponer
supervisión electrónica, ni inició un proceso de revisión
de fianza.
Como
destaca
la
OAT,
durante
la
vista
de
causa
probable presidida por la jueza Vélez Carreras, esta tenía
disponible el Informe de PSAJ, del cual surgía una condena
previa del acusado por violaciones al Art. 3.1 de la Ley
54.
Según adelantado, el informe también contenía las
recomendaciones de PSAJ, orientadas a la violación de una
orden de protección bajo el Art. 2.8 de la Ley 54 por el
cual se acusó originalmente al señor Santiago Figueroa.
Así las cosas, se señaló Vista con antelación a la
vista preliminar para el 17 de enero de 2024, y la Vista
Preliminar para el 24 de enero de 2024.
En esa fecha comparecieron a la Vista Preliminar ante
el Hon. Rubén A. Serrano Santiago la fiscal Ruth Myriam
Pérez Pérez por el Ministerio Público, la señora Morales
Vázquez y su hermano, así como el imputado señor Santiago
Figueroa y su abogado.
Serrano.
de
que
No estuvo presente el agente
Sin embargo, la vista no pudo celebrarse luego
el
Ministerio
Público
solicitara
una
enmienda
sustancial a la denuncia, pues no fue enmendada durante la
vista anterior para conformarla al Art. 3.1 de la Ley 54
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bajo
el
cual
10
se
encontró
causa
para
el
arresto
del
imputado.4
Así enmendada la denuncia, se recalendarizó la vista
preliminar para el 28 de febrero de 2024, con la anuencia
del Ministerio Público.
El 24 de enero de 2024 --esto es, a 14 días de
celebrada la vista de causa probable para arresto--, el
Ministerio Público finalmente presentó Moción urgente en
solicitud de imposición de supervisión electrónica.
En
esta, solicitó por primera vez en los procedimientos que
se impusiera supervisión electrónica al imputado, bajo el
fundamento de que fue hallado culpable y cumplió condena
de diez (10) años por delitos de la misma naturaleza que
los aquí imputados.
El Ministerio Público adujo que esta
medida era condición obligatoria al momento de conceder la
fianza, por lo que solicitó su imposición en esta etapa de
los procedimientos.
Como sabemos, esta moción nunca fue atendida: en esa
misma fecha, la señora Morales Vázquez, su madre Lizette
Vázquez Vélez y su hermano Luis Miguel Morales Vázquez
Como resultado de esta enmienda, que consta parcialmente en
manuscrito, la denuncia leyó como sigue: “[e]l referido acusado
Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, allá en o para el día 7 de enero de
2024 y en Guayanilla Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción
del Tribunal de Primera Instancia Sala de Ponce, a propósito, con la
intención criminal, empleó persecución en contra de la Sra. Linnette
Morales Vázquez, con quien convivió, consistente en que se personó a
la residencia de la misma y cerró una llave de paso, constituyendo
dicho acto un patrón de conducta que le infunde temor”. Véase Apéndice
del Informe de OAL, pág. 143.
4
AD-2024-0001
11
murieron a manos del señor Santiago Figueroa.
Más tarde,
este se suicidó.5
Comprensiblemente,
manera
ostensible
Enfrentando
la
e
estos
eventos
inmediata
creciente
presión
en
repercutieron
la
pública
de
ciudadanía.
por
asignar
responsabilidades por este evento, el 25 de enero de 2024
--al día siguiente de los hechos--, el Poder Judicial
emitió un comunicado de prensa con expresiones autorizadas
por su Jueza Presidenta, Hon. Maite Oronoz Rodríguez, en
el
que
informó
haber
ordenado
el
inicio
de
una
investigación exhaustiva sobre los procesos judiciales en
este caso.
A pesar de que la investigación no había
comenzado, adelantó que “[a]unque la denuncia no establecía
la reincidencia, la información disponible establece que
la persona imputada de delito tenía una convicción previa
por violencia doméstica, lo que revelaba factores de riesgo
que se debieron tomar en cuenta al establecer medidas como
la fianza y la supervisión electrónica”.
Reveló, además,
que Fiscalía no solicitó la revisión de las condiciones
impuestas, así como aparentes violaciones previas a la
orden de protección que la Policía no canalizó ante el
Tribunal.6
De la investigación de OAT surge que el Ministerio Público no notificó
copia de cortesía de su Moción urgente al juez Serrano Santiago ni a
la Jueza Administradora de la Región de Ponce. La moción fue elevada
al Juez al día siguiente.
6 Véase Comunicado de prensa de 25 de enero de 2024 del Poder Judicial
de Puerto Rico, Expresiones autorizadas de la Jueza Presidenta del
Tribunal Supremo, https://poderjudicial.pr/expresiones-autorizadasde-la-jueza-presidenta-del-tribunal-supremo-de-puerto-rico/
(última
visita, 11 de marzo de 2026).
5
AD-2024-0001
12
En esa misma fecha, la OAT encomendó a su Oficina de
Asuntos
Legales
(OAL)
a
“evaluar
exhaustivamente
los
procesos judiciales” con relación al caso de la señora
Morales Vázquez.
Tres días laborables más tarde, la OAL
le
como
informó
que,
resultado
de
su
investigación
preliminar --de la cual no ofreció absolutamente ningún
detalle--, recomendó iniciar un proceso disciplinario en
contra
de
la
jueza
Vélez
Carreras,
con
el
revelador
objetivo de “auscultar si esta jueza incurrió en alguna
acción u omisión que pudiera configurar negligencia crasa,
inhabilidad o incompetencia profesional manifiesta en sus
deberes judiciales”.7 Aunque la OAL no ofreció en su misiva
ningún detalle de su llamada investigación preliminar ni
señalamientos concretos de impropiedad en la conducta de
la jueza Vélez Carreras, ese mismo día, la OAT autorizó el
inicio de la investigación.
Como resultado, el 15 de julio de 2024 --167 días
después de iniciada su investigación, en lugar de los 90
días que le concedía la Regla 7(b) de Disciplina Judicial,
infra--, la OAL presentó su Informe de Investigación.
Al
dar cuenta del “amplio debate sobre la intervención de los
diversos componentes del sistema de justicia en los casos
que involucraron a [la señora Morales Vázquez]”, informó
su
encomienda
de
“llevar
a
cabo
una
investigación
exhaustiva de los procesos judiciales conducidos [...] con
Véase Carta de 30 de enero de 2024 remitida por la Asesora Legal de
OAL, Lcda. Isabel Sánchez del Campo, al director ejecutivo de la OAT,
Hon. Sigfrido Steidel Figueroa.
7
AD-2024-0001
13
el propósito de indagar en el desempeño oficial de los(las)
funcionarios(as) que tuvieron injerencia en este asunto,
fijar responsabilidades e identificar posibles soluciones
operacionales y administrativas” para agilizar el trámite
de
casos
bajo
la
Ley
54.8
Dentro
de
ese
marco
de
evaluación, la OAL indicó que investigó a la jueza Vélez
Carreras “en lo que compete a la facultad conferida a la
OAT para investigar el cumplimiento de los miembros de la
judicatura con los deberes éticos que les rigen”.9
Recoge el Informe de Investigación de la OAL que esta
notificó personalmente a la jueza Vélez Carreras sobre el
inicio
de
la
pesquisa
y
le
requirió
presentar
sus
comentarios escritos dentro de un término de diez (10)
días, los cuales esta presentó el 8 de febrero de 2024.10
De la relativamente corta exposición de la jueza Vélez
Carreras surge que, el 10 de enero de 2024 atendió, entre
varios otros casos, la vista preliminar por violación a
orden de protección al amparo del Art. 2.8 de la Ley 54,
presentada por la señora Morales Vázquez.
Sin embargo,
escuchados los testimonios de la víctima y su testigo,
entendió que no se configuraba ese delito, pues luego de
emitida la orden de protección presuntamente desobedecida,
las partes habían convivido.
En su lugar, entendió que
existía causa probable para arresto por maltrato bajo el
Art. 3.1, en su modalidad de maltrato psicológico.
Véase Informe de investigación, pág. 1.
Íd., pág. 2.
10 Véase Apéndice del Informe de OAL, pág. 5.
8
9
AD-2024-0001
14
Abundó la jueza Vélez Carreras que, en su apreciación,
aunque una determinación de causa bajo el Art. 2.8 de la
Ley 54 conllevaba la imposición automática de supervisión
electrónica, el Art. 3.1 no la requería.
el
ejercicio
de
su
discreción,
no
Por lo tanto, en
impuso
seguridad al imputado más allá de una fianza.
medidas
de
Aclaró, sin
embargo, que tomó esta medida luego de solicitar en más de
una ocasión al Ministerio Público si había algo más que
debía conocer antes de tomar su determinación. Añadió que
la orden de protección como tal no fue presentada en
evidencia, ni se pasó prueba sobre incidentes de violencia
o amenazas de daño corporal.
En cuanto al Informe de PSAJ, la jueza Vélez Carreras
sostuvo que lo examinó antes de emitir su dictamen, pero
que le parecía que tenía un contenido distinto al que la
OAL le acompañó con su requerimiento de comentarios porque,
“a su mejor recuerdo”, el que examinó durante la vista no
contenía la frase “cárcel concurrente”, ni que el Sistema
de búsqueda de antecedentes penales arrojara la sentencia
cumplida por los Arts. 122.2 y 231 del Código Penal y el
Art. 3.1 de la Ley 54.
La jueza Vélez Carreras finalizó señalando que es
difícil tarea tomar decisiones y ejercer discreción sin
ánimo
prevenido
y
libre
de
prejuicios
o
parcialidad.
Admitió que, dentro de su discreción judicial, otro juez o
jueza pudo haber tomado una determinación distinta, pero
eso no hace su intervención antiética.
Reconoció no ser
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15
perfecta ni infalible, pero sostuvo que “no pueden juzgarse
nuestras
determinaciones
a
base
de
eventos
o
sucesos
posteriores a nuestra intervención, por más trágicos que
sean”.
En su lugar, propone que se exija a los jueces
“[actuar] dentro del marco de la discreción judicial que
otorga la ley haciendo un esfuerzo de llevar a cabo nuestra
función de forma honesta, sin ánimo prevenido, prejuicio o
parcialidad”.11
No surge del expediente que la OAL hubiese intentado
dar seguimiento a los comentarios escritos que suministró
la
jueza
Vélez
Carreras
mediante
requerimientos
adicionales o una entrevista en persona.
Recibidos los comentarios de la jueza Vélez Carreras,
la OAL entrevistó a la Hon. Lissette Toro Vélez, Jueza
Administradora de la Región de Ponce del TPI.12
Surge de
la transcripción de su entrevista que a raíz del incidente
realizó
su
propia
investigación,
levantó
toda
la
información que surgía de expedientes públicos en cuanto a
la orden de protección, las vistas celebradas y condenas
anteriores
del
imputado,
y,
el
25
de
enero
de
2024,
entrevistó a la jueza Vélez Carreras a pedido de esta.
La jueza Toro Vélez declaró que escuchó la grabación
de la vista con la jueza Vélez Carreras, y que esta le
explicó que, aunque la denuncia original era bajo el Art.
2.8 de la Ley 54 por violación a una orden de protección,
la prueba que ella escuchó no demostraba la violación
11
12
Íd.
Íd., págs. 151-157.
AD-2024-0001
16
porque las partes convivieron luego de emitida la orden.
La jueza Vélez Carreras manifestó entonces a la jueza Toro
Vélez
que
la
fiscal
le
solicitó
considerar
una
determinación de causa por maltrato psicológico bajo el
Art. 3.1, y así lo hizo.
que
bajo
este
A renglón seguido, le aseveró
artículo
la
supervisión
electrónica
es
la
jueza
Vélez
al
discrecional.
Es
el
recuerdo
de
Toro
que,
mostrarle el Informe de PSAJ, la jueza Vélez Carreras adujo
que contenía recomendaciones bajo el Art. 2.8 y ella hizo
una determinación bajo el Art. 3.1, aunque reconoció que
si el imputado bajo el Art. 3.1 tenía condenas previas,
conllevaba supervisión electrónica.
Esto llevó a la jueza
Toro Vélez a inferir que la jueza Vélez Carreras pudo haber
leído el Informe de PSAJ, pero que omitió el asunto de las
condenas
previas,
esto
es,
se
concentró
en
la
recomendación.
No obstante, la jueza Toro Vélez fue enfática en que,
a su juicio, la jueza Vélez Carreras no obvió el derecho
intencionalmente, sino que hubo una omisión, y caracterizó
como “inadvertencia” lo sucedido.
En cuanto al papel del
Ministerio Público, sostuvo que la fiscal a cargo del caso
no pidió reconsideración ni alertó a la Jueza de que en
este caso la supervisión electrónica era obligatoria, sino
que meramente “se allanó” a la fianza.
El
expediente
investigación,
la
refleja
OAL
que,
obtuvo
como
parte
información
de
de
su
que
el
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17
Ministerio Público y la Intercesora Legal conocían los
antecedentes penales del señor Santiago Figueroa.13
A su
vez,
ser
el
agente
investigador
Serrano
declaró
al
entrevistado por la OAL que le consta que la fiscal Aulet
Morales conocía el expediente del imputado, y que si lo
hubiesen llamado a testificar hubiese declarado sobre su
historial delictivo.
Indicó, además, que no vio que la
jueza Vélez Carreras hubiese leído el Informe de PSAJ, pero
que esta sí preguntó a la fiscal Aulet Morales si debía
traer
algo
más
a
su
atención.
Por
su
parte,
el
Administrador de PSAJ, Alex Lizazoaín Brebán, relató que a
pesar de que PSAJ elabora el informe para poner al juez o
a la jueza en conocimiento de a quién tienen ante sí, a
veces se determina causa y se establece una fianza sin
medidas adicionales, aunque la ley las requiera.
Declaró
que PSAJ se enteró del cambio de delito, del Art. 2.8 de
la Ley 54 al Art. 3.1, pero no hizo ninguna gestión para
notificar que el imputado tenía antecedentes penales.
Surge además del expediente que la denuncia presentada
por violación a la orden de protección indicaba un “PreIntervention Number” (PRIN) en la parte superior derecha,
el
cual
es
indicativo
de
que
el
imputado
ha
sido
intervenido anteriormente por la Policía, aunque ello no
implica que hubo una condena previa, sino meramente una
intervención.
13
Véase Apéndice del Informe, págs. 358, 385.
AD-2024-0001
18
A pesar de que la directriz de la OAT fue llevar a
cabo una investigación exhaustiva, y así la cataloga la
OAL,
los
tres
fiscales
a
cargo
de
este
caso
en
sus
diferentes etapas, Gariell Rosario Guzmán, Alexandra Aulet
Morales y Ruth Myriam Pérez Pérez, declinaron participar.
En su informe, la OAL reconoció que los fiscales son
quienes ponen a los jueces y juezas en posición de tomar
decisiones
de
manera
informada,
evidentemente no ocurrió”.14
“algo
que
aquí
Además, señaló que los jueces
ocasionalmente prescinden de los informes de PSAJ, aun
cuando deben considerarlos por disposición de ley, por lo
que “si no se traen ante su consideración por parte del
PSAJ, pasarían inadvertidas, como cuando procede imponer
el grillete electrónico de manera obligatoria”.15
Aun así, la OAL concluyó que la jueza Vélez Carreras
“se apartó de las obligaciones éticas que deben regir sus
ejecutorias, en la medida en que falló en actuar con la
competencia, responsabilidad, diligencia y cuidado exigido
en la aplicación y cumplimiento del derecho vigente en el
contexto de un caso de violencia doméstica”.16
Según la
OAL, sus hallazgos evidencian un “craso desconocimiento o
inobservancia de las disposiciones legales aplicables en
materia de fianza y de las condiciones a imponer para
salvaguardar la seguridad de las víctimas en casos que se
ventilan bajo la Ley 54, no empece a la advertencia que el
Véase, Informe de Investigación, pág. 77.
Íd., pág. 79.
16 Íd., pág. 81.
14
15
AD-2024-0001
19
PSAJ le efectuó a esos fines”.17
negligencia
desplegada
por
la
Es su postura que la
querellada
justifica
la
imposición de sanciones disciplinarias aun tratándose de
un error de derecho, pues “el incumplimiento legal aludido
sobrepasa la frontera de un mero error de hecho o de derecho
y configura, en vez, una conducta impropia que transgrede
los deberes éticos que rigen la conducta de los miembros
de la Judicatura”.18
Bajo estas premisas, la OAL planteó que, según el
estado de derecho vigente al momento de los hechos, los
tribunales
venían
obligados
a
imponer
supervisión
electrónica en los casos de incumplimiento de los Artículos
2.8, 3.2 (excepto el inciso (d)), 3.4 y 3.5 de la Ley 54,
o
en
caso
de
reincidencia
bajo
la
Ley
54,
independientemente del artículo originalmente incumplido.
Es su postura que, por tratarse de una disposición que no
le confería discreción, la jueza Vélez Carreras incurrió
en
incumplimiento
y
menosprecio
al
estado
de
derecho
vigente, lo que --según la OAL-- resulta contrario a los
deberes dispuestos en los Cánones 1, 3 y 8 de Ética
Judicial.
Además, la OAL estima que lo ocurrido evidencia que
la jueza Vélez
Carreras tampoco ejerció la diligencia
requerida en virtud del Canon 17 al emitir su determinación
con respecto a las medidas de seguridad impuestas, pues no
examinó
17
18
ni
consideró
Íd.
Íd., pág. 86.
el
Informe
de
PSAJ,
el
cual
le
AD-2024-0001
advertía
20
de
la
obligatoriedad
de
imponer
supervisión
de
julio
la
licenciada
electrónica.
El
16
de
2024,
Lourdes
Velázquez Cajigas, presidenta de la Comisión de Disciplina
Judicial
(Comisión),
emitió
una
Determinación
Administrativa en la cual nombró a la licenciada Nélida
Jiménez Velázquez para que examinara el informe sometido
por la OAL y determinara si existía causa probable para
presentar
una
querella
ética
Carreras.
Una semana después, el 23 de julio de 2024, la
licenciada
Jiménez
Velázquez
contra
la
suscribió
jueza
una
Vélez
Resolución
acogiendo el Informe de Investigación presentado por la
OAL
en
existía
su
totalidad.
causa
disciplinario
En
probable
contra
la
consecuencia,
para
iniciar
jueza
Vélez
determinó
un
que
proceso
Carreras
por
violaciones al Canon 1, sobre fidelidad al cargo judicial
y obligación de defender y obedecer las leyes; el Canon 3,
sobre la prioridad que imponen los deberes judiciales sobre
cualquier otra actividad; el Canon 8, sobre diligencia y
competencia en el descargo de sus funciones judiciales; y
el Canon 17, sobre diligencia en el manejo de los casos
ante su consideración.
Así las cosas, el 15 de agosto de 2024, la OAT presentó
la correspondiente Querella contra la jueza Vélez Carreras,
en la cual imputó los siguientes cargos:
PRIMER CARGO:
La jueza Vélez Carreras incurrió en negligencia
crasa y, por ende, descuidó los deberes y
funciones de su cargo en el contexto de un caso
AD-2024-0001
21
de violencia doméstica, cuando incumplió con la
obligación legal que le exigía imponer –sin
margen de discreción alguna– la medida de
supervisión electrónica al señor Santiago como
condición a la libertad bajo fianza que le
concedió en la vista de causa probable para
arresto (Regla 6) celebrada el 10 de enero de
2024. Con ello demostró un claro desconocimiento
y menosprecio por el estado de derecho vigente
que así lo requería en casos de reincidencia por
delitos bajo la Ley 54. De esta forma, la
Querellada se condujo en contravención a los
Cánones 1, 3 y 8 de Ética Judicial.
SEGUNDO CARGO:
La jueza Vélez Carreras desplegó falta de
diligencia y cuidado, y con ello demostró falta
de competencia en el desempeño de los deberes y
las funciones de su cargo, al no examinar o
considerar, como era debido, el contenido del
Informe Confidencial (Informe de Evaluación y
Recomendaciones) que generó el PSAJ para la vista
de Regla 6 que presidió en el caso del señor
Santiago. De dicho Informe se desprendía (sic)
claramente los antecedentes penales y el
historial por delitos de violencia doméstica del
imputado, así como el carácter mandatorio de la
supervisión electrónica que ameritaba imponer
bajo esas circunstancias. De este modo, la
Querellada infringió los Cánones 8 y 17 de Ética
Judicial.
A base de estos cargos, la OAT solicitó a la Comisión
que declarara con lugar la querella y nos recomendara la
imposición de sanciones contra la querellada.
El 19 de septiembre de 2024, la jueza Vélez Carreras
presentó su Contestación a Querella.
Tras expresar que
“[n]o puede hacerse abstracción de la tragedia humana que
entraña el caso de marras”, en esencia reclama que los dos
cargos que se le imputan “se refieren rigurosamente a
actuaciones
revisadas
en
judiciales
el
curso
propias
de
ordinario
del
ser
recurridas
proceso
o
judicial
correspondiente”, por tratarse de determinaciones erradas
en derecho.
Señala que esta querella no se ubica dentro
AD-2024-0001
22
de los lineamientos deontológicos y sustantivos que este
Tribunal
ha
establecido
disciplinaria.
para
que
proceda
una
acción
Así, sostiene que esta querella “ha sido
encuadrada más bien en el contexto de la tragedia humana
que entraña el caso y sacudió al país”, y que si bien el
asesinato de la señora Morales Vázquez, su madre y su
hermano son “el acto más vil y repulsivo a la moral y al
orden jurídico”, las actuaciones de la Jueza durante la
vista
de
Regla
6
no
pueden
estimarse
causal
de
esta
la
Vélez
Carreras
tragedia.
En
términos
sustantivos,
jueza
apuntaló que no existe controversia en cuanto a los hechos
esenciales de este caso, esto es: que tras reclasificar el
delito imputado y determinar causa para arresto bajo el
Art. 3.1 de la Ley 54, ordenó una fianza monetaria pero no
impuso supervisión electrónica como requería la ley.
No
obstante, aduce que la reincidencia del imputado no se
alegó en la denuncia, no se desfiló durante la prueba
testifical, ni se argumentó durante la vista.
Partiendo
de estas premisas, arguye que sus actuaciones no reflejan
motivaciones indebidas o personales.
estando
ante
un
error
de
En consecuencia, aun
derecho,
su
actuación
“no
proyecta, trasluce y menos aún comporta la arbitrariedad y
subversión intencional de procedimientos legales en claro
menosprecio del Derecho que justifican la imposición de
disciplina profesional”.19
19
Véase Contestación a Querella, pág. 11.
AD-2024-0001
23
Finalmente, la jueza Vélez Carreras hizo hincapié en
que este proceso ya ha servido su propósito aleccionador,
pues le ha edificado como una mejor profesional y le ha
sensibilizado
judicial.
aún
más
en
el
ejercicio
de
su
función
En mérito de lo anterior, solicitó el archivo
de la querella, previa censura y apercibimiento de rigor,
en función del principio de proporcionalidad que rige estos
procesos disciplinarios.
Luego
de
varios
incidentes
procesales
que
no
es
necesario pormenorizar, el 27 de noviembre de 2024, la OAT
y la querellada presentaron su Informe sobre conferencia
entre abogados y abogadas.
Asimismo, el 22 de enero de
2025, presentaron sus estipulaciones de hechos e informaron
su acuerdo de someter el caso para adjudicación a base de
los hechos y prueba estipulada, sin necesidad de celebrar
vista.
Finalmente, solicitaron término para presentar
sendos memorandos de hechos y de derecho.
Así las cosas, el 10 de marzo de 2025, la jueza Vélez
Carreras presentó su Memorando de hechos y de derecho.
A
grandes rasgos, reiteró su posición de que su conducta no
amerita acción disciplinaria por no estar presente el
elemento fundamental de intención y, además, por no existir
prueba clara, robusta y convincente que lo demuestre.
Por
su parte, la OAT presentó su Memorando de derecho de la
Oficina de Administración de los Tribunales, en el cual
repitió
sus
sanciones.
argumentos
a
favor
de
la
imposición
de
AD-2024-0001
24
Sometida la controversia, el 21 de mayo de 2025, la
Comisión emitió su Informe de la Comisión de Disciplina
Judicial en el cual concluyó que la prueba estipulada
demostró de forma clara, robusta y convincente que, con
sus omisiones, la jueza Vélez Carreras se apartó de las
obligaciones legales preceptuadas en los Cánones 1, 3, 8 y
17.
En esencia, concluyó que, al momento de los hechos,
la Ley 99-2009, infra, establecía la obligatoriedad de
imponer la medida de supervisión electrónica en casos de
reincidencia, lo cual la querellada omitió, demostrando su
incumplimiento con una norma legal que venía obligada a
imponer.
Además, no revisó el Informe de PSAJ del cual
surgían
los
mencionada
antecedentes
medida
de
penales
seguridad
de
que
manera
activaban
la
obligatoria,
“[soslayando] factores trascendentales que por disposición
legal estaba obligada a tomar en consideración” al imponer
la fianza al señor Santiago Figueroa.
A base de estas conclusiones, la Comisión adujo que
la querellada “demostró, más allá de un error de derecho,
un desconocimiento total del estado de derecho vigente y
desplegó una negligencia crasa e inexcusable, contraria a
los postulados de los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética
Judicial”.
En consecuencia, nos recomienda como sanción
la suspensión de la jueza Vélez Carreras por un término de
entre tres y seis meses.20
En ninguna parte de su informe
El Comisionado Asociado Reinaldo O. Catinchi Padilla hizo constar
que recomendaría una censura enérgica acompañada de una amonestación,
y que la Jueza Vélez Carreras reciba readiestramiento en las áreas
20
AD-2024-0001
nos
presentó
25
prueba
de
que
la
aplicación
errónea
del
derecho por la jueza Vélez Carreras fue intencional o que
hubiese intentado favorecer impropiamente a alguna de las
partes.
Repasados
detenidamente
los
hechos
de
este
caso,
debemos considerar las normas deontológicas aplicables.
II
A.
Como se sabe, el comportamiento de los miembros de la
Judicatura constituye uno de los pilares en los que se
cimienta el Sistema Judicial.
Por ello, se exige una
conducta intachable para que estos sirvan de ejemplo y
fomenten el respeto y la confianza del pueblo en el Sistema
Judicial. In re Cancio González, 190 DPR 290, 297 (2014).
Véase, además, In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188
(2009).
Este
deber
parte
del
principio
de
que
la
legitimidad de las instituciones de justicia se funda no
sólo en la autoridad jurídica que se les ha dado mediante
los mecanismos formales del Estado, sino también en la
confianza que la ciudadanía tiene en las personas que
ejercen cargos públicos.
In re Ramos Mercado, 170 DPR 363,
393
conducta
(2007).
Cualquier
que
pueda
lacerar
la
credibilidad que existe sobre el Poder Judicial marchita y
empaña la investidura de aquellos y aquellas que honran
esenciales de la Ley 54. Por su parte, el Comisionado Asociado Jorge
L. Toledo Reyna emitió un Voto Disidente en parte y Concurrente en
parte, por entender que se demostró mediante prueba clara, robusta y
convincente la violación al Canon 8, pero no de los Cánones 1, 3 y 17.
AD-2024-0001
26
día a día los postulados de la independencia judicial. In
re Acevedo Hernández, 194 DPR 344, 361 (2015).
Ante ello, el Art. V, Sec. 11 de la Constitución de
Puerto Rico, LPRA, Tomo I, faculta a este Tribunal para
atender los procedimientos disciplinarios relacionados con
los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal
de Apelaciones, mediante los mecanismos dispuestos por ley.
In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445 (2017); In re Sierra
Enríquez, 185 DPR 830, 850 (2012).
Cónsono con este
mandato, la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según
enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura, 4 LPRA
sec. 24 et seq., impuso a este Tribunal la obligación de
adoptar e implementar cánones de ética judicial que rijan
la conducta de los jueces y juezas de Puerto Rico, que a
la vez “[reflejen] la expectativa de la sociedad respecto
a la Judicatura, mediante el reconocimiento de la relación
fiduciaria que debe existir entre el juez y la comunidad,
y establecer programas educativos compulsorios para los
miembros de la Judicatura”. Art. 2.003 de la Ley de la
Judicatura, 4 LPRA sec. 24d.
Véase, además, Exposición de
motivos.
Acorde con esta encomienda, el 5 de abril de 2005,
aprobamos los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico. In
re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403 (2005).
Según su Preámbulo, “[e]stos cánones son normas mínimas de
conducta que deben cumplir celosamente quienes tienen la
encomienda de impartir justicia.
Están diseñados para
AD-2024-0001
27
guiar a las juezas y a los jueces en el desempeño de sus
cargos
judiciales
y
sirven
de
estructura
para
reglamentación de la conducta judicial”. Íd., pág. 409.
la
A
su vez, “[p]retenden, de manera prioritaria, fortalecer la
independencia
judicial
como
pilar
democrática”. Íd. (Énfasis suplido).
de
la
sociedad
Están encaminados a
promover la confianza de la ciudadanía en su sistema de
justicia, al requerir de las juezas y los jueces la más
estricta adhesión a principios éticos en el manejo de sus
asuntos personales, financieros y extrajudiciales. Íd.
Estos
Cánones
buscan
garantizar
el
eficiente
desempeño de los jueces y las juezas al estimularlos a ser
laboriosos, imparciales, prudentes, serenos, sensibles,
estudiosos del Derecho y cuidadosos en la interpretación
de la ley. Íd.
Para honrar la independencia e integridad
que requiere el cargo, los jueces y las juezas deben
mostrar
entereza,
comportamiento.
convicción
e
imparcialidad
en
su
In re Velázquez Hernández, 162 DPR 316,
324 (2004).
B.
El incumplimiento con lo dispuesto en los Cánones de
Ética Judicial puede acarrear la imposición de severas
sanciones disciplinarias.
In re Pérez Guerrero, 201 DPR
345 (2019); In re Espino Valcárcel, 199 DPR 761 (2018).
En
ese sentido, el Art. 6.001 de la Ley de la Judicatura, 4
LPRA
sec.
25i,
define
a
grandes
rasgos
los
tipos
de
AD-2024-0001
conducta
que
28
podrían
acarrear
tales
medidas.
En
lo
pertinente, este artículo dispone lo siguiente:
Artículo 6.001.-Conductas que conllevan medidas
disciplinarias
Estará sujeto a la imposición
disciplinarias todo juez que:
de
medidas
(1) Incurra en violación a la ley, a los Cánones
de Ética Judicial, a los Cánones de Ética
Profesional o a la reglamentación administrativa
aplicable, cuando medie una determinación final
por un foro competente.
(2) Manifieste negligencia crasa, inhabilidad o
incompetencia profesional en el desempeño de sus
deberes judiciales.
Surgen del Art. 6.001 dos escenarios bajo los cuales
un juez o una jueza se expone a acciones disciplinarias:
(1) por violación de ley, de los Cánones de Ética Judicial
o de la reglamentación administrativa aplicable, y (2)
cuando su desempeño denote negligencia crasa, inhabilidad
o
incompetencia.
disciplinarias
que
Entre
el
abanico
podrían
ser
impuestas
de
medidas
están:
la
destitución del cargo; suspensión de empleo y sueldo;
limitar el ejercicio de la abogacía; una censura; una
amonestación;
o
cualquier
consideremos
adecuada.
otra
Art.
medida
6.002
de
remediativa
que
la
la
Ley
de
Judicatura, supra.
Es indudable la facultad delegada para investigar la
conducta de jueces y juezas. Sin embargo, esta no es
irrestricta: es norma ampliamente reiterada que un error
de hecho o de derecho cometido por un juez en el desempeño
de sus funciones es causa inapropiada para iniciar un
proceso para disciplinarlo.
In re Cancio González, supra,
AD-2024-0001
29
pág. 312; In re Sierra Enríquez, supra, pág. 852; In re
Pagani Padró, 181 DPR 517 (2011); In re Vicenty Nazario I,
169 DPR 194, 223 (2006); In re Scherrer Caillet-Bois, 162
DPR 842, 864 (2004); In re Velázquez Hernández, supra, pág.
332; In re Hon. Díaz García, T.P.I., 158 DPR 549, 557
(2003); In re Quesada, 82 DPR 65, 74 (1961).21
Véase,
además, S. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 141.
igualmente
normativo
que,
bajo
nuestro
Es
ordenamiento
deontológico, un error de juicio no equivale a negligencia
ni menosprecio absoluto de la ley. In re Hon. Díaz García,
T.P.I., supra, pág. 557, citando a In re Quesada, supra.
Ello
pues,
al
cometerse
tales
errores,
la
parte
adversamente afectada tiene a su haber el procedimiento
ordinario de revisión judicial. Íd, págs. 557-558.
Cónsono con estos principios, la Regla 3 de Disciplina
Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, dispone el alcance de nuestra
función disciplinaria como sigue:
Regla 3. Alcance de estas reglas
Estas reglas regirán el procedimiento
disciplinario contra jueces o juezas del
Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de
Apelaciones, por:
a) Violación a la ley, a los Cánones de
Ética Judicial, al Código de Ética Profesional,
a órdenes y normas administrativas aplicables,
negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia
profesional
manifiesta
en
sus
deberes
judiciales, o
b) condición de salud física o mental, ya
sea temporera o permanente, que menoscabe el
desempeño de sus funciones judiciales.
No obstante, se dispone, sin que la
siguiente enumeración sea taxativa, que no será
Véanse, además, In re Emda R. 3 Disciplina Judicial, 182 DPR 533,
536 (2011); Comentarios al Canon 9 de Ética Judicial.
21
AD-2024-0001
30
investigada aquella
separación que:
queja
o
solicitud
de
(a) Trate de hechos tan remotos que impida
realizar una investigación efectiva o que
coloque al juez o jueza en una situación de
indefensión;
(b) pretenda intervenir impropiamente con
determinaciones judiciales. Ello no impedirá que
proceda una investigación en aquellos casos en
los que exista una conducta que denote un
posible factor exógeno indebido de conducta
antiética en la determinación judicial;
(c) pretenda utilizar indebidamente el
procedimiento disciplinario o de separación para
lograr la inhibición de un juez o una jueza en
un caso en particular o cualquier ventaja en un
caso o procedimiento ante su consideración;
(d) sea frívola de su faz.
La Oficina de Asuntos Legales podrá investigar
información confidencial o anónima que pueda dar
lugar a la presentación de una queja. (Énfasis
suplido).
Como se puede apreciar, el primer inciso de esta regla
recoge fielmente lo dispuesto en el Art. 6.001 de la Ley
de la Judicatura en cuanto a nuestra facultad para atender
quejas fundadas, entre otras causas, en negligencia crasa
o incompetencia de un juez o de una jueza en el desempeño
de
sus
funciones.
Sin
embargo,
la
regla
prohíbe
expresamente investigar quejas instadas para, entre otros
objetivos,
intervenir
con
determinaciones
judiciales.
Como única excepción, podría proceder una investigación
“en aquellos casos en los que exista una conducta que
denote un posible factor exógeno indebido de conducta
antiética en la determinación judicial”. Íd.
En otras
palabras, una queja que versa sobre un error de derecho
solo puede investigarse si el error como tal surge de una
acción antiética sancionable.
AD-2024-0001
31
Así las cosas, para determinar si un error de hecho o
de derecho constituye conducta antiética, debe probarse
que
constituyó
un
abuso
intencional
de
la
discreción
judicial o que su magnitud reflejó conducta impropia o
favoritismo hacia alguna parte. In re Hon. Díaz García,
T.P.I., supra, págs. 558–559; In re Jackson Sanabria, 97
DPR
1
(1969).
jurisdicción
De
no
serlo,
disciplinaria
para
no
procede
pasar
invocar
juicio
sobre
la
un
dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de
revisión que nuestro ordenamiento provee. In re Hon. Benero
García, 202 DPR 318, 383 (2019); In re Sierra Enríquez,
supra, pág. 852.
Más
requiere
aun,
nuestro
ordenamiento
la
existencia
de
prueba
ético
disciplinario
clara,
robusta
y
convincente de que hubo violaciones éticas para imponer
sanciones disciplinarias. In re Hon. Benero García, supra,
pág. 376; In re Candelaria Rosa, supra, pág. 459; In re
Quiñones Artau, 193 DPR 356, 386 (2015).
Este estándar
probatorio es más alto y sólido que el de preponderancia
de la prueba, pero menos exigente y riguroso que el de
prueba más allá de duda razonable. In re Salas Arana, 188
DPR 339, 347 (2013), citando a In re Martínez Almodóvar,
180 DPR 805, 820 (2011).
Como es conocido, prueba clara,
robusta y convincente es aquella que produce en el juzgador
una convicción duradera de que las contenciones fácticas
son altamente probables. In re Hon. Benero García, supra¸
AD-2024-0001
32
pág. 376, citando a In re Martínez Almodóvar, supra, pág.
820.
En suma, es regla general que los jueces no pueden
ser objeto de un procedimiento disciplinario meramente por
aplicar o interpretar erróneamente los hechos o el derecho
en un caso particular.
Para que proceda tal encauzamiento,
el querellante tiene el peso de probar que el juez o la
jueza abusó intencionalmente de su discreción judicial o
que la magnitud de su error reflejó conducta impropia o
favoritismo hacia una de las partes.
En
la
evaluación
de
estos
elementos,
las
determinaciones de hecho que haga un comisionado especial
en un procedimiento disciplinario merecen deferencia. In
re Sierra Enríquez, supra, pág. 853.
Por tal razón, no
las alteraremos a no ser que medie pasión, prejuicio,
parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la
prueba.
Íd.
Sin
embargo,
no
estamos
atados
a
las
recomendaciones que formule el comisionado. Íd.; In re
Muñoz Morell, 182 DPR 738, 748-750 (2011).
partes
someten
el
caso
a
base
del
Cuando las
expediente
y
sus
estipulaciones de hechos, nos encontramos en igual posición
que la Comisión para evaluar los hechos. Véase, In re
Candelaria Rosa, supra, pág. 460.
No venimos obligados a
ratificar el informe preparado por la Comisión en torno a
una querella disciplinaria. Queda a nuestra discreción,
conforme a nuestra autoridad en materia disciplinaria,
adoptarlo, modificarlo o rechazarlo. In re Hon. González
AD-2024-0001
33
Rodríguez, 201 DPR 174, 208 (2018); In re Candelaria Rosa,
supra.
C.
Como hemos visto, la OAT imputa a la jueza Vélez
Carreras la violación de los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética
Judicial. Estos Cánones versan sobre deberes y atribuciones
generales de los miembros de la Judicatura, y en cuanto a
su función adjudicativa.
El
Canon
1
de
Ética
Judicial,
4
LPRA
Ap.
IV-B,
establece que “[l]as juezas y los jueces respetarán la ley,
y serán fieles al juramento de su cargo”.
Está inspirado
en la obligación que impone el Juramento de Fidelidad y de
Toma de Posesión de Cargo o Empleo, Art. 186 del Código
Político
de
1902,
según
enmendado,
3
LPRA
sec.
601.
Reconoce el deber ineludible de todo juez de respetar y
cumplir las leyes en todo momento, así como ser fiel al
juramento que prestó al momento de su investidura. In re
Hon. González Rodríguez, supra, 215.
Surge de los comentarios a este canon su objetivo de
transmitir claramente que las juezas y los jueces no están
por
encima
de
la
ley
respetarla y cumplirla.
y
son
Íd.
los
primeros
llamados
a
El razonamiento es que “[m]al
podría un juez exigir a otros cumplir con los preceptos
legales cuando él se aparta de ellos”.
Rodríguez, supra, pág. 215.
In re Hon. González
En consecuencia, aquellos
miembros de la Judicatura que de alguna manera se desvíen
del
cumplimiento
con
el
ordenamiento
legal
estarán
AD-2024-0001
34
expuestos a sanciones disciplinarias. Íd.
Por ejemplo, en
In re Acevedo Hernández, supra, recurrimos a este postulado
en el caso de un juez condenado por delitos de conspiración
y soborno.
También hemos decretado que un juez infringe
este canon cuando falta a los deberes de su posición
deliberadamente.
Véase, In re Candelaria Rosa, supra.
A su vez, el Canon 3 de Ética Judicial establece que
“[l]os
deberes
judiciales
tendrán
prelación
cualquier otra actividad”. 4 LPRA Ap. IV-B.
sobre
Surge de los
comentarios al canon que se trata de un mandato a priorizar
las
obligaciones
judiciales
frente
a
cualquier
otra
actividad en que participen los jueces y las juezas, y a
mantenerse competentes, sensibles, íntegros y diligentes
para así fomentar el debido desempeño de sus funciones
judiciales. Íd.
De particular importancia a este caso,
bajo este canon, los jueces y las juezas deben mantenerse
competentes y aumentar sus conocimientos y habilidades a
la
luz
de
los
recursos
que
les
ofrezca
la
Academia
Judicial. Íd.
En el pasado hemos determinado que un juez viola este
canon
cuando
utiliza
la
inhibición
como
mecanismo
de
protesta contra una determinación revocatoria del Tribunal
de Apelaciones, pues entendimos que constituyó un acto
contra la jerarquía establecida. In re Candelaria Rosa,
supra.
Por su parte, el Canon 8 de Ética Judicial dispone lo
siguiente:
AD-2024-0001
35
Canon 8. Desempeño en la función adjudicativa.
Para el cabal desempeño de sus funciones, las
juezas
y
los
jueces
serán
laboriosas
y
laboriosos, prudentes, serenos e imparciales.
Realizarán sus funciones judiciales de forma
independiente, partiendo de una comprensión
cuidadosa y consciente de la ley, libre de
cualquier influencia ajena, de instigaciones,
presiones, amenazas o interferencias, ya sean
directas o indirectas, provenientes de cualquier
fuente o por cualquier razón. Enmarcarán sus
funciones adjudicativas en el estudio del
Derecho y en la diligencia orientada hacia el
empeño de descubrir los hechos esenciales de cada
controversia.
La conducta de las juezas y de los jueces ha de
excluir la posible apariencia de que son
susceptibles de actuar por influencias de
personas,
grupos,
partidos
políticos
o
instituciones religiosas, por el clamor público,
por consideraciones de popularidad o notoriedad,
o por motivaciones impropias. 4 LPRA Ap. IV-B.
Este Tribunal expresó en In re Cruz Aponte, 159 DPR
170 (2003) que “aunque la figura de los jueces o de las
juezas está revestida de autoridad, esta no debe utilizarse
indebidamente dentro o fuera del tribunal.
evitar
que
los
jueces
o
las
ensorbecidos por el poder”.
8, supra.
juezas
Va dirigida a
tomen
decisiones
Véanse comentarios al Canon
Véase, además, In re Hon. Benero García, supra,
págs. 378-379.
Algunas conductas que podrían constituir
violaciones a este canon son: descortesía con respecto a
las alegaciones de culpabilidad o a las transacciones entre
las
partes;
interferir
abogados
y
sus
tardanza
indebida
comunicaciones
con
clientes;
ex
en
parte;
las
uso
la
relaciones
impropio
solución
comentarios
entre
del
de
sobre
los
lenguaje;
los
casos;
casos
sub
judice, falta de atención al testimonio de testigos e
AD-2024-0001
36
intervenciones indebidas a favor de amistades.
Véanse
comentarios al Canon 8, supra.
De pertinencia al caso ante nuestra consideración,
este canon obliga a los jueces y juezas a mantenerse al
día en cuanto al estudio del derecho, lo cual, según los
comentarios a este canon, implica “aprovechar al máximo
las oportunidades educativas que se le provean, dedicar
tiempo a la lectura de la jurisprudencia y de las nuevas
leyes”. Íd.
Finalmente,
también
con
relación
al
desempeño
de
funciones adjudicativas, el Canon 17, 4 LPRA Ap. IV-B,
dispone como sigue:
Canon 17. Diligencia
Las juezas y los jueces serán diligentes en la
administración del proceso judicial de los
asuntos sometidos ante su consideración y
procurarán que las partes también lo sean.
Examinarán cuidadosamente las solicitudes de
suspensión y de prórroga de procedimientos y las
aprobarán
sólo
cuando
estén
plenamente
justificadas.
El claro objetivo de este canon es fomentar que los
jueces y juezas eviten toda dilación en el trámite de sus
casos,
ponderando
cuidadosamente
las
circunstancias
al
evaluar solicitudes de prórroga o de suspensión de vistas.
Véanse, comentarios al Canon 17, Íd.
D.
Finalmente,
controversia,
pertinentes
doméstica.
por
ser
conviene
de
nuestra
un
aspecto
repasar
central
las
legislación
en
esta
disposiciones
sobre
violencia
AD-2024-0001
La
37
Asamblea
reconocimiento
de
Legislativa
que
“la
promulgó
violencia
la
Ley
54
en
doméstica
es
un
comportamiento antisocial que constituye un serio problema
para la familia puertorriqueña”.
motivos, Ley 54, supra.
Véase Exposición de
El objetivo de esta ley es atender
la situación del maltrato de pareja que sufrían miles de
personas en Puerto Rico, en su mayoría mujeres, y que no
encontraba remedio en los recursos legales existentes.
Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 207 (2012).
A esos
efectos, establece un conjunto de medidas dirigidas a
prevenir y combatir la violencia doméstica mediante la
tipificación del delito de maltrato en diversas modalidades
y la imposición de las penalidades correspondientes.
Además, esta ley faculta a nuestros tribunales para
dictar medidas de protección a las víctimas a través de la
expedición de órdenes dirigidas al agresor para que se
abstenga de incurrir en determinada conducta con respecto
a la víctima.
En
Véase, Exposición de motivos, Ley 54, supra.
este
contexto,
la
Ley
54
define
“violencia
doméstica” como
el empleo de fuerza física o violencia
psicológica, intimidación o persecución o
violencia económica contra una persona por parte
de su cónyuge, excónyuge, una persona con quien
cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene
o haya sostenido una relación consensual o una
persona con quien se haya procreado una hija o
un hijo, independientemente del sexo, estado
civil, orientación sexual, identidad de género
o estatus migratorio de cualquiera de las
personas involucradas en la relación, para
causarle daño físico a su persona, sus bienes o
a la persona de otro o al animal de compañía o
mascota de la víctima, de los hijos o del
AD-2024-0001
38
victimario para causarle grave daño emocional.
Art. 602(v) de la Ley 54, 8 LPRA sec. 602(v).
(Énfasis suplido).
En su modalidad psicológica, la violencia doméstica
es a su vez definida como “aquella conducta ejercitada en
deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, [...]
vigilancia, persecución, aislamiento, [...] o destrucción
de objetos apreciados por la persona”. Íd., inciso (x).
Como
mecanismo
de
protección
a
las
víctimas
de
violencia doméstica, el Art. 2.1 de la Ley 54, 8 LPRA sec.
621, permite que una víctima solicite por sí, a través de
su representante legal o por un agente del orden público,
una orden de protección sin que sea necesaria la radicación
previa de una denuncia o acusación.
Estas órdenes pueden
obtenerse de manera ex parte, en aquellos casos en que:
(a)
se
han
hecho
gestiones
de
forma
diligente
para
notificar a la parte peticionada, sin éxito; (b) si existe
la probabilidad de que la notificación provoque el daño
irreparable que se intenta prevenir; o (c) si la parte
peticionaria
demuestra
que
existe
una
probabilidad
sustancial de riesgo inmediato de maltrato. Art. 2.5 de la
Ley 54, 8 LPRA sec. 625.
De obtenerse una orden de protección ex parte, esta
tendrá carácter provisional, y el tribunal deberá celebrar
vista final dentro de los próximos veinte días de haberse
emitido
la
orden
provisional.
Brindada
a
la
parte
peticionada oportunidad para objetar la orden en su contra,
el tribunal podrá dejarla sin efecto o extenderla por el
término que estime necesario. Íd.
AD-2024-0001
39
Como disuasivo contra el incumplimiento de una orden
de protección expedida bajo la Ley 54, el Art. 2.8 de la
Ley, 8 LPRA sec. 628, establece que cualquier violación a
sabiendas será castigada como delito grave de tercer grado,
y
conllevará,
además,
la
imposición
obligatoria
de
supervisión electrónica en caso de que conceda cualquier
tipo de sentencia suspendida.
Establecido
el
mecanismo
para
emitir
órdenes
de
protección al amparo de la Ley 54, su Art. 3.1 tipifica el
delito de “maltrato” como sigue:
Toda persona que empleare fuerza física o
violencia psicológica o económica, intimidación
o persecución en la persona de su cónyuge, ex
cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya
cohabitado, o la persona con quien sostuviere o
haya sostenido una relación consensual, [...]
para causarle daño físico a su persona, [...] a
los bienes apreciados por esta, [...] o para
causarle grave daño emocional, incurrirá en
delito grave de cuarto grado en su mitad
superior. No será necesaria la prueba de un
patrón de conducta para que se constituya el
delito de maltrato. Art. 3.1 de la Ley 54, 8
LPRA sec. 631. (Énfasis suplido).
Para
propósitos
de
este
artículo,
el
término
“cohabitar” significa “sostener una relación consensual de
pareja similar a la de los cónyuges en cuanto al aspecto
de convivencia”. Art. 1.3(e) de la Ley 54, 8 LPRA sec.
602(e).
Como surge del texto citado, la Ley 54 protege no
solo a víctimas que cohabiten o estén sosteniendo una
relación consensual con su agresor o agresora al momento
de la agresión, sino a aquellas que ya no convivan o hayan
terminado tal relación.
AD-2024-0001
40
Ahora bien, con el propósito de ofrecer protección
adicional
Asamblea
a
las
víctimas
Legislativa
de
aprobó
violencia
la
Ley
Núm.
doméstica,
la
99
de
de
18
septiembre de 2009, conocida como la Ley para crear el
Programa
de
Vigilancia,
Protección,
y
Prevención
de
Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 668, et seq. (Ley 992009).
El
propósito
de
esta
supervisión
electrónica
como
ley
fue
fomentar
la
medida
de
seguridad
al
conceder fianzas en casos de incumplimiento con la Ley 54,
particularmente con relación a la violación a órdenes de
protección, maltrato agravado y agresión sexual.
Véase,
Exposición de motivos, Ley 99-2009, supra.
Con este fin en mente, el Art. 2 de la Ley 99-2009, 8
LPRA sec. 668, disponía lo siguiente al momento en que se
celebró la vista de causa para arresto contra el señor
Santiago Figueroa:
Artículo 2.-El Programa de Servicios con
Antelación al Juicio (PSAJ) recomendará a los
tribunales, en su informe de evaluación, la
imposición de supervisión electrónica como
condición adicional y obligatoria al momento de
conceder la fianza en el caso en que se le impute
a una persona la comisión de un delito de
violencia
doméstica,
cuando
se
trate
específicamente de aquellos casos relacionados
con violaciones a órdenes de protección,
maltrato agravado, privación de libertad y
agresiones
sexuales.
Por
lo
tanto,
disponiéndose
que
los
tribunales
vendrán
obligados a imponer supervisión electrónica en
los casos de incumplimiento a los Artículos 2.8,
3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y 3.5 de la [Ley
54], o en caso de reincidencia de la anterior
citada Ley, irrespectivamente del artículo que
se haya incumplido, con o sin recomendación del
PSAJ. (Énfasis suplido).
AD-2024-0001
41
En atención a esta disposición, al momento de los
hechos
era
obligatoria
la
imposición
de
supervisión
electrónica a personas que hubiesen violado los Arts. 2.8
(violación de una orden de protección); 3.2 (maltrato
agravado);
3.4
(maltrato
mediante
restricción
a
la
libertad); y 3.5 (agresión sexual conyugal), y, además, en
casos
de
reincidencia
en
cuanto
a
la
Ley
54,
independientemente de cuál artículo el imputado hubiese
violado anteriormente.22
Por enmienda a este Art. 2, aprobada bajo la Ley Núm.
89 de 8 de agosto de 2023, la imposición de supervisión
electrónica pasó a ser discrecional.
Establecidas las normas aplicables, examinemos con
mayor rigor qué exactamente demostró la OAT con la prueba
que nos ofreció.
III
Amparada en un informe en el que señala como única
prueba de conducta antiética el hecho de no haber ordenado
una medida de seguridad en ese momento obligatoria, y sin
alegar --mucho menos probar-- un patrón de conducta que
permita atribuir falta de capacidad, conocimiento, juicio
o diligencia de la jueza Vélez Carreras, la OAT somete la
inusual recomendación de suspenderla de empleo y sueldo
Con la aprobación de la Ley Núm. 89 de 8 de agosto de 2023 (Ley 892023), la imposición de supervisión electrónica quedó sujeta a la
discreción del tribunal. Esta enmienda entró en vigor seis meses
después de su aprobación, esto es, el 4 de febrero de 2024, a poco más
de tres semanas de haberse celebrado la vista de causa para arresto
contra el señor Santiago Figueroa.
22
AD-2024-0001
42
por cometer un error de derecho.
metodología
eminentemente
Al hacerlo, empleó una
consecuencialista.
Primero,
identificó lo que a su juicio era el fin deseable para la
mayoría
de
los
ciudadanos,
responsabilidad” de la Jueza.
esto
es,
“fijar
la
Segundo, determinó que la
magnitud del error demuestra, por sí sola, que la conducta
que lo provocó fue antiética.
En el camino, se abstrajo
totalmente del estándar bajo el cual veníamos llamados a
evaluar su recomendación.
Como resultado, emitió una
recomendación “buena” para algunos forjadores de opinión
pública, pero que subvierte el estándar probatorio hasta
hoy aplicable, en fatal conflicto con décadas de ponderado
análisis doctrinal.
En pocas ocasiones es posible observar criterios tan
perfectamente alineados detrás de tan escaso análisis.
Examinada la controversia con el rigor que corresponde, no
albergamos duda de que la recomendación de la OAT es
errónea. Veamos por qué.
La OAT nos solicita con el primer cargo formulado la
imposición de medidas disciplinarias contra la jueza Vélez
Carreras por entender que incurrió en negligencia crasa y
descuidó los deberes y funciones de su cargo, al no imponer
supervisión electrónica al señor Santiago Figueroa bajo
circunstancias que hacían obligatoria esta medida.
Como
segundo cargo, plantea que la Jueza no consideró el Informe
de PSAJ, del cual surgía la condena previa que hacía
obligatorio imponer esta medida de seguridad. Según la OAT,
AD-2024-0001
la
43
querellada
“falló
responsabilidad,
aplicación
y
en
actuar
con
la
competencia,
diligencia
y
cuidado
exigidos
en
la
cumplimiento
del
derecho
vigente
en
el
contexto de un caso de violencia doméstica”.
entiende
que
sus
actuaciones
y
Por lo tanto,
omisiones
constituyen
violaciones a los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial.
En otras palabras, nos solicita que sancionemos a la
jueza Vélez Carreras por cometer un error de derecho.
Salta inmediatamente a la vista una falla en la teoría
de la OAT que nos debió llevar a rechazar de plano esta
acción disciplinaria: al menos desde 1961, este Tribunal
ha dicho que un error de juicio no equivale a negligencia
ni menosprecio absoluto de la ley.
supra.
no
es
Véase In re Quesada,
Es norma clara y reiterada que este tipo de error
causa
apropiada
para
iniciar
un
proceso
disciplinario, mucho menos para imponer sanciones, y así
lo disponen nuestros reglamentos desde hace más de treinta
años.23
La razón para ello es por todos conocida: la
conducta
de
un
juez
debe
independencia de su ministerio.
honrar
la
integridad
e
In re Acevedo Hernández,
23
Véase, Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarlas y de
Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de
Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 131
DPR 630, 643-644 (1992). Al igual que la Regla 3 de Disciplina Judicial
vigente, la Regla 6 de este cuerpo reglamentario disponía que no se
investigaría una queja que “pretenda intervenir impropiamente con
determinaciones judiciales”. El comentario a esta regla explicó este
objetivo como sigue:
En lo que respecta al inciso (b) --determinaciones
judiciales-- debemos señalar que la comisión de un error,
de hecho o de derecho, por un juez en el desempeño de sus
funciones judiciales no es causa para disciplinarlo (In
re Quesada, 82 D.P.R. 65 (1961)) ni fuente para una acción
civil por daños contra su persona (Feliciano Rosado v.
Matos, Jr., 110 D.P.R. 550 (1991)). (Énfasis suplido).
AD-2024-0001
supra.
44
La ley y la justicia no deben enfrentar como
criterio en contrapeso el temor del juez o de la jueza a
enfrentar procesos disciplinarios por un error de hecho o
de
derecho,
cometido
en
el
desempeño
de
su
función
judicial.
Enfrentada
a
la
abundante
jurisprudencia
que
contradice el curso de acción que nos recomiendan, la OAT
no reclama abuso intencional de discreción o favoritismo
hacia una de las partes por la querellada.
En su lugar,
propone, con frugal explicación, la teoría de que el error
cometido por la jueza Vélez Carreras es de tal magnitud
que
necesariamente
demuestra,
“más
refleja
allá
de
conducta
un
error
impropia,
de
derecho,
pues
un
desconocimiento total del estado de derecho vigente” en
cuanto a violencia doméstica.24
En palabras de la OAT,
“[e]l incumplimiento legal aludido sobrepasa la frontera
de un mero error de hecho o de derecho y configura, en vez,
una conducta impropia que transgrede los deberes éticos
que rigen la conducta de los miembros de la judicatura”.25
A poco que se examinen los planteamientos de las
partes a la luz de nuestros pronunciamientos anteriores en
el contexto disciplinario, debió quedar claro que estamos
ante una querella que la OAT nunca debió presentar.
De entrada, es justo consignar que en este caso no
existe controversia en cuanto al error cometido por la
Véase Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 36.
Véanse Querella, pág. 45; Informe sobre conferencia entre abogados
y abogadas, pág. 8.
24
25
AD-2024-0001
45
jueza Vélez Carreras.
Son hechos estipulados que desde el
26 de septiembre de 2023 se expidió una orden de protección
contra el señor Santiago Figueroa, con vigencia hasta el
26 de marzo de 2024.
Fue estipulado además que, expedida
esta orden, las partes se reconciliaron y volvieron a
convivir como pareja hasta el 6 de enero de 2024, fecha en
que
la
víctima
terminó
la
relación.
Asimismo,
quedó
probado que, el 10 de enero de 2024, la víctima presentó
una denuncia bajo el Art. 2.8 de la Ley 54 por violación a
la orden de protección vigente, y que la jueza Vélez
Carreras encontró causa probable para arresto contra el
imputado, pero no bajo el Art. 2.8, sino bajo el Art. 3.1
en su modalidad de maltrato psicológico.
Finalmente, fue
estipulado que la querellada solo impuso una fianza al
señor Santiago Figueroa como condición para dejarlo en
libertad hasta la vista preliminar.
Bajo
este
cuadro
de
hechos,
en
efecto,
la
determinación de la jueza Vélez Carreras fue errada.
A
pesar de que, como esta aseveró durante la vista, la
imposición de supervisión electrónica es obligatoria bajo
el Art. 2.8 de la Ley 54, pero no bajo el Art. 3.1, a la
fecha en que se celebró la vista, el Art. 2 de la Ley 992009
exigía
esta
medida
de
seguridad
reincidencia con respecto a la Ley 54.
en
casos
de
Del expediente
surge la condena previa del imputado bajo el Art. 3.1 de
esta
ley.
En
consecuencia,
no
imponer
supervisión
electrónica al señor Santiago Figueroa fue un error.
AD-2024-0001
46
Tampoco existe controversia en cuanto a que se trató
de un error de derecho.
Es innegable que la jueza Vélez
Carreras actuó de forma contraria a la norma vigente, y
así lo admite cándidamente.
Ante
este
escenario,
nuestro
ordenamiento
deontológico imponía a la OAT un peso probatorio claro.
acuerdo
con
la
Regla
3
de
Disciplina
Judicial,
De
venía
obligada a identificar el “factor exógeno indebido de
conducta antiética” en la determinación de la jueza Vélez
Carreras que le permitió investigar esta queja a pesar de
ir dirigida a intervenir con una determinación judicial.
Es decir, para encauzar esta acción disciplinaria basada
en un error de derecho, el error debía ser consecuencia de
conducta de por sí impropia de la querellada.
De lo
contrario, la misma Regla 3 le impedía siquiera presentar
una querella. Más aun, debía demostrar esta conducta a
través de prueba clara, robusta y convincente.
La OAT fracasó decisivamente en su intento por superar
este obstáculo.
En cuanto al primer cargo, indicaron que
la jueza Vélez Carreras “incurrió en negligencia crasa
[...] cuando incumplió con la obligación legal que le
exigía imponer [...] la medida de supervisión electrónica”.
Es decir, imputaron negligencia crasa a la querellada, lo
cual, como ha quedado diáfanamente demostrado, nuestro
ordenamiento no permite siquiera investigar, por tratarse
de un error de derecho.
AD-2024-0001
47
Por otro lado, apoyaron su segundo cargo en dos hechos
esenciales: que la Jueza no se percató del número de
preintervención en la parte superior de la denuncia, y que
no leyó “con detenimiento y cuidado” el Informe de PSAJ,
por lo que no se percató del historial delictivo del
imputado que surgía de estos documentos.
es claramente insuficiente.
jueza
Vélez
suficiente
Carreras
no
detenimiento,
Esta formulación
Aun si aceptáramos que la
examinó
estos
estos
hechos
documentos
con
no
ser
podrían
considerados aisladamente como prueba de incompetencia,
pues debían formar parte de un patrón de conducta que
demuestre que no posee la capacidad, conocimiento, juicio
o diligencia para descargar consistentemente los deberes
de su puesto.
Véase, In re Pagani Padró, supra, pág. 530,
citando a In re Baber, 847 S.W.2d 800, 803 (Missouri 1993).
La conclusión puede ser solo una: el expediente está
totalmente desprovisto del factor exógeno que requería la
Regla 3 de Disciplina Judicial para instar esta acción.
Por
lo
tanto,
es
totalmente
improcedente
enjuiciar
disciplinariamente a la jueza Vélez Carreras bajo estos
cargos.
Distinto hubiese sido, por ejemplo, si, alertada
por el Ministerio Público sobre la peligrosidad del señor
Santiago
Figueroa,
de
su
historial
delictivo
y
de
su
condena anterior por un delito de violencia doméstica, la
Jueza se hubiese rehusado sin fundamentos a revisar su
determinación de no imponer la supervisión electrónica.
Bajo ese escenario, su actuación constituiría un abuso
AD-2024-0001
48
intencional de discreción y, por lo tanto, quedaría sujeta
a escrutinio disciplinario.
Ahora bien, la OAT emite su recomendación bajo la
premisa
de
que,
procedimientos
a
modo
de
excepción,
disciplinarios
en
casos
procede
que
instar
envuelvan
errores de derecho, si sus consecuencias lo justifican.
No podemos avalar esta pretensión.
el
pasado
hemos
atendido
acciones
Ciertamente, en
disciplinarias
que
envuelven errores de derecho, pero van invariablemente
atadas a un factor antiético exógeno a la determinación
judicial que motiva el error en primer lugar.
Por ejemplo,
en In re Quiñones Artau, supra, un juez encontró causa por
perjurio contra un agente encubierto que testificó en su
sala, luego de que el Ministerio Fiscal le apercibiera de
que no contaba con facultad para constituirse en juez
instructor
para
determinar
conducta delictiva.
si
el
agente
incurrió
en
En ese caso, el juez celebró vista y
tomó su determinación luego de haber sido transferido a
otra
región
judicial,
desestimara la causa.
y
de
que
una
jueza
distinta
Allí resolvimos que su actuación no
fue un mero error de derecho, sino un abuso intencional de
su poder.
De igual modo, en In re Liceaga, 82 DPR 252 (1961),
un juez sentenciaba e imponía multas a acusados al momento
en que sus casos le eran sometidos para determinación de
causa probable, sin haberse presentado una denuncia.
A su
vez, se apropiaba de las cantidades depositadas en pago de
AD-2024-0001
las
multas
49
ilegalmente
impuestas.
En
esa
ocasión
concluimos que incurrió en conducta impropia e inmoral que
daba lugar al desaforo bajo los Cánones de Ética para la
Judicatura de 1957.
Por otro lado, en In re Cruz Aponte, supra, una jueza
fue separada de su puesto luego de que ordenara el arresto
por desacato sumario de una trabajadora social con quien
sostuvo un altercado por teléfono, cuando su sala no estaba
en sesión, y cuyo origen fue el tono hostil con el que la
propia jueza increpó a la trabajadora social.
En esa
ocasión sancionamos a la jueza por infringir su deber de
honestidad, por el uso indebido de su autoridad como jueza,
por faltar el respeto a la dignidad del ser humano mediante
trato descortés, y por incumplir su obligación de mantener
el orden y decoro en el tribunal a través de su propia
conducta.
En efecto, la jueza invocó la autoridad de su
cargo por motivaciones personales.26
En principio, las acciones disciplinarias instadas en
estos casos implicaban errores de derecho.
Sin embargo,
fueron las motivaciones indebidas y antiéticas detrás de
estas determinaciones judiciales las que justificaron las
sanciones impuestas.
exigencia
de
Así, se cumplió perfectamente la
investigar
casos
en
los
que
“exista
una
conducta que denote un posible factor exógeno indebido de
El Tribunal resumió su razonamiento como sigue: “[l]a señora Suárez
Meléndez tuvo que pasar la noche en la cárcel para mujeres de Vega
Alta. La jueza Cruz Aponte, al ordenar el arresto de la querellante
sin darle oportunidad alguna para excusarse o explicar lo acontecido,
dio la impresión de haber utilizado un privilegio en lugar de haber
ejercido su autoridad como miembro de la Judicatura”. In re Cruz
Aponte, supra, pág. 189.
26
AD-2024-0001
50
conducta antiética en la determinación judicial”.
En
comparación, la OAT no demostró que este elemento estuviese
presente en el caso de la jueza Vélez Carreras.
Tampoco
podemos
avalar
el
cambio
en
el
estándar
probatorio que implicaría permitir que se sometan errores
de derecho al escrutinio disciplinario, solo a base de las
consecuencias del error.
Adoptar el criterio de la OAT
tornaría innecesario desfilar prueba adicional, pues la
conducta impropia quedaría siempre probada justipreciando
las
dimensiones
del
error
únicamente.
Tal
esquema
probatorio es radicalmente incompatible con el estándar
actual, que requiere demostrar la violación ética mediante
prueba clara, robusta y convincente.
más
laxo
presumir
de
preponderancia
negligencia
observado.
de
únicamente
Ni bajo el estándar
prueba
a
base
sería
aceptable
del
resultado
Véase, Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa,
151 DPR 711 (2000).
Por otro lado, es dudoso, por describirlo de algún
modo, el análisis mediante el cual la OAT concluyó que la
jueza Vélez Carreras “descuidó los deberes y funciones de
su cargo” y mostró “claro desconocimiento y menosprecio”
por el derecho vigente, pues no tomó en cuenta el papel
del Ministerio Público en este caso.
En cuanto a esto, la OAT destacó en su informe un
extenso listado de omisiones del Ministerio Público que
sin duda contribuyeron a la omisión de imponer supervisión
electrónica al señor Santiago Figueroa.
Primero, indicó
AD-2024-0001
51
que la fiscal Aulet Morales no trajo a colación durante la
vista el historial delictivo del señor Santiago Figueroa
ni su condena previa por maltrato bajo la Ley 54, a pesar
de conocerlo. Tampoco preguntó a la víctima ni a su hermano
en
cuanto
a
los
hechos
que
propiciaron
la
orden
de
protección inicial, no desfiló prueba sobre incidentes de
violencia o amenazas de daño corporal, no presentó el
testimonio
del
agente
Violencia
Doméstica,
investigador
quien
de
también
la
Unidad
conocía
de
los
antecedentes penales del imputado, ni emitió juicio sobre
el monto de la fianza decretada.
En la denuncia como tal
tampoco se alegó la reincidencia.
Desfilada la prueba, la fiscal Aulet Morales no alertó
a la querellada en cuanto al requisito de supervisión
electrónica,
no
solicitó
reconsideración
de
la
determinación de no imponerla, ni inició un proceso de
revisión de fianza.
Según el informe, esta se allanó a la
discreción de la jueza, a pesar de conocer que se debía
imponer
la
supervisión
electrónica.
Finalmente,
el
Ministerio Público tardó catorce días en tomar alguna
acción para corregir la omisión, al presentar su moción a
esos efectos el 24 de enero de 2024 a las 4:55 pm, “al filo
del horario regular de trabajo”.27
En resumen, la OAT reconoce que los fiscales deben
llevar el caso y colocar al tribunal en posición de tomar
decisiones
27
informadas,
traer
ante
Véase Informe de Investigación, pág. 76.
su
consideración
AD-2024-0001
52
elementos de peligrosidad, historial delictivo y medidas
de
seguridad,
y
solicitar
reconsideración
o
presentar
solicitudes de revisión de fianza cuando estimen que no se
impusieron
medidas
de
seguridad
requeridas
por
ley.
omisiones
del
Ministerio
Ante
suficientes
este
abultado
Público,
la
e
incluso
listado
OAT
de
señala,
correctamente, que “son los fiscales del Departamento de
Justicia [...] los que llevan los casos ante los tribunales
y colocan en posición a los jueces y a las juezas a tomar
sus determinaciones de manera informada, algo que aquí
evidentemente no ocurrió”.28
Lo
especialmente
perturbador
es
que,
luego
de
reconocer la necesaria y dinámica interacción que debe
darse en sala entre los participantes de un procedimiento
judicial adversativo, la OAT requiera este inusitado nivel
de perfección en el desempeño de un juez o de una jueza.
En cualquier caso, el expediente y su propio informe no
reflejan el nivel de descuido de sus deberes o menosprecio
por el derecho que reclama la OAT.
Por el contrario,
demuestran que la Jueza conocía el derecho aplicable, y
que la medida de supervisión electrónica procedía con
carácter obligatorio bajo el Art. 2.8 de la Ley 54, pero
no bajo el Art. 3.1.
Esta preguntó en al menos dos
ocasiones al Ministerio Fiscal si debía tomar algo más en
consideración.
No surge de la investigación que hubiese
cometido este error en los casos que ha atendido en el
28
Íd., pág. 77.
AD-2024-0001
53
pasado. Simplemente no existe prueba que demuestre que erró
aquí por otra razón que la inadvertencia que el Ministerio
Público venía llamado a alertar.
Al margen de todo lo anterior, en su precipitada
preparación de una respuesta institucional a esta tragedia,
la OAT parece no haber contemplado las consecuencias que
acarrearía su recomendación. Como vimos, partiendo de la
premisa básica de que la jueza Vélez Carreras “incumplió
con la obligación legal que exigía imponer --sin margen de
discreción alguna-- la medida de seguridad electrónica”,
la OAT le atribuye el “claro desconocimiento y menosprecio
por el estado de derecho vigente” que configuró la conducta
impropia objeto de sanción.
Es decir, la llamada conducta
antiética imputada a la Jueza fue actuar al margen de su
facultad discrecional.
Ante
este
fundamento,
apremia
preguntar
a
qué
abriríamos la puerta hoy exactamente si adoptáramos la
postura de la OAT: al enjuiciamiento disciplinario de toda
determinación tomada al margen de la discreción concedida,
o solo de aquellas que conlleven una trágica secuela de
alto interés público.
Ninguna
de
estas
alternativas
cuenta
con
valor
redimible. La fundamentación que ofrece la OAT sugiere que
estamos ante el primer escenario, el cual no solo impone
sobre nuestros jueces y juezas el imposible deber de ser
perfectos, sino que resulta innecesario, por tratarse de
determinaciones revisables en derecho.
La segunda es
AD-2024-0001
54
todavía menos deseable, pues resultaría en el procesamiento
selectivo de casos en el cual dos jueces que incurren en
exactamente la misma omisión serían enjuiciados o no en
función de eventos posteriores a su determinación sobre
los
cuales
no
tienen
dejaríamos
que
ningún
nuestra
control.29
función
En
efecto,
disciplinaria
sea
ejercitada al azar.
Sin importar cuál de estos enfoques escogiésemos, el
resultado seguiría siendo el mismo: el encauzamiento de
procedimientos disciplinarios contra un juez o una jueza
por un error de derecho, lo cual constituye una estocada a
la independencia que un juez o una jueza debe defender.
Simplemente no podemos estar de acuerdo.
que,
“[c]omo
atributo
de
la
función
Debemos recordar
judicial,
[la
independencia judicial] exige protección de la judicatura
frente a presiones de la sociedad, de sus componentes, de
los grupos de interés y de las partes en litigio [...],
así como frente al propio Poder Judicial en el que un juez
labora”.30 La descarnada explicación que ofrece la OAT no
nos mueve a modificar una postura histórica que esta conoce
muy bien.
A manera de ejemplo, ¿disciplinaremos jueces o juezas por emitir
órdenes de protección recíprocas? ¿Por imponer penas de restricción
domiciliaria a personas convictas por homicidio negligente mientras
conducían un vehículo de motor en estado de embriaguez? ¿Procedería
una sanción en el caso anterior, si la persona convicta comete algún
delito mientras cumple su sentencia? En el plano civil, ¿seremos
severos cuando no se impongan fianzas de no residente, o solo en
aquellos casos en que, en efecto, el demandante abandone su caso y el
demandado no pueda recuperar sus pérdidas precisamente ante la falta
de una fianza?
30 S. Steidel Figueroa, op cit., pág. 70.
29
AD-2024-0001
55
En suma, tras un minucioso examen de los argumentos
de las partes y examinada la prueba en respaldo a las
recomendaciones de la OAT, incluyendo las grabaciones de
las vistas judiciales pertinentes, no podemos compartir su
criterio.
No existe prueba clara, robusta y convincente
que establezca que la jueza Vélez Carreras cometió las
violaciones éticas imputadas.
Salvo por la manifiesta
avidez de OAT por insertarse en el “amplio debate que se
ha
generado
en
al
País”,31
esta
no
puso
ante
nuestra
consideración elementos que justificaran el inicio de una
acción disciplinaria contra la jueza Vélez Carreras, mucho
menos la sanción recomendada.
En consecuencia, rechazamos
las recomendaciones de la OAT y decretamos el archivo de
los cargos, sin más.
IV
La
claridad
deontológico
con
la
que
nuestro
prescribía
un
resultado
tan
ordenamiento
distinto
al
propuesto por la OAT nos lleva, no solo a rechazar sus
recomendaciones, sino a evaluar con ojo crítico el papel
que
esta
desempeña
disciplinario.
actualmente
en
nuestro
esquema
Específicamente, amerita evaluar si, ante
los hechos de este caso, la OAT utilizó sanamente la
discreción y los recursos que le conceden las Reglas de
Disciplina
Judicial
para
iniciativa
propia
y
solicitar
recomendar
investigaciones
el
curso
de
acción
disciplinaria adecuado.
31
por
Véase, primera oración del Informe de Investigación de la OAL.
AD-2024-0001
56
Es forzoso concluir que no. En cuanto a esto, los
hechos hablan por sí solos.
Reglas
de
Disciplina
Como cuestión de umbral, las
Judicial
no
permitían
a
la
OAT
comenzar esta investigación contra la jueza Vélez Carreras.
La Regla 4(m) de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-V, R.
4(m),
define
el
término
“queja”
como
“solicitud
de
investigación contra un juez o una jueza por conducta
incompatible con su función judicial”. (Énfasis suplido).
Cualquier
persona
interesada
en
que
se
investigue
la
conducta de un juez o de una jueza puede presentar una
queja ante la OAL o en el lugar dispuesto para ello en cada
región judicial. Regla 5(a) de Disciplina Judicial, 4 LPRA
Ap. XV-V, R. 5(a).
Esto significa que, para iniciar el
proceso, el interesado debe imputar al juez o la jueza una
conducta específica que sea incompatible con sus funciones;
de lo contrario, no estaríamos ante una queja al amparo de
las Reglas de Disciplina Judicial.
Así las cosas, una queja que impute la comisión de un
error de hecho o de derecho debe necesariamente indicar el
“factor
exógeno
determinación
indebido
judicial”
de
conducta
antiética
en
la
que
requiere
la
3
de
Disciplina Judicial, supra.
Regla
Esto es así porque, de lo
contrario, la regla prohíbe taxativamente que la queja sea
investigada.
Esto incluye, por supuesto, aquellas quejas
iniciadas a instancias de la Jueza Presidenta, algún Juez
AD-2024-0001
57
Asociado o Jueza Asociada, o por el Director de la OAT,
como permite la Regla 5(c) de Disciplina Judicial, supra.32
En
este
caso,
la
OAT
autorizó
por
escrito
la
investigación sobre la conducta de la jueza Vélez Carreras
sin
identificar
este
factor
iniciarla en primer lugar.
exógeno
que
permitiría
Tampoco lo hizo la OAL cuando
solicitó su autorización, en clara violación de la Regla 3
de Disciplina Judicial.
No imputaron intencionalidad ni
favoritismo en su determinación.
En este sentido, las
reglas no establecen distinción entre una queja iniciada
por un ciudadano particular y una a solicitud de la OAT.
La referida regla simplemente no permitía iniciar esta
investigación como lo hizo la OAT.
Estamos en este caso,
por tanto, ante una queja que se queda claramente corta de
cumplir las exigencias de un procedimiento disciplinario
formal.
Guiada
particular,
por
su
decidida
búsqueda
tampoco
podemos
favorecer
de
el
un
resultado
atropellado
trámite que siguió la OAT, mediante el cual le tomó apenas
tres días laborables y una investigación preliminar que no
hizo formar parte del expediente para concluir que procedía
la presentación de una queja.
Huelga discusión ulterior
sobre el resultado que alcanzó.
Según la Regla 5(c) de Disciplina Judicial, supra, la Jueza
Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada, o el Director de la
OAT pueden solicitar a iniciativa propia y por escrito una
investigación sobre la conducta o capacidad de un juez o una jueza, y
dicha solicitud se considerará como una queja.
32
AD-2024-0001
58
Evaluada la totalidad de las circunstancias, sería
realmente insostenible validar las actuaciones ilegítimas
de la OAT para imponer una sanción que, aunque tal vez
popular para el público en general, sería improcedente en
derecho. En aras de aplaudir un resultado que le parece
“bueno”, la OAT se desentiende por completo de los medios
que tuvo que emplear para llegar a él.
En términos
deontológicos, esta es una estrategia indeseable, y su
impacto sobre nuestra judicatura sería tangible.
Todos
los días se dan errores humanos en nuestras salas, todos
revisables.
No
ameritan
acción
disciplinaria,
en
reconocimiento de que la independencia judicial tiene el
fin de garantizar que los derechos de cada cual serán
evaluados
en
un
foro
libre
e
imparcial,
sin
temor
a
represalias por sus decisiones, donde la ley y la justicia
serán los únicos criterios de decisión.
No podemos variar
esta norma solo para cumplir promesas que no debimos haber
hecho en primer lugar.
Invita también a la reflexión la notable ausencia en
nuestro ordenamiento de medidas reparadoras que ayuden a
paliar
los
efectos
de
querellas
inmeritorias
instada contra la jueza Vélez Carreras.
como
la
Aun ante el
sobreseimiento de los cargos en su contra, la obstinación
de la OAT en un caso totalmente desprovisto de fundamentos
obliga a repensar si se debe contemplar algún tipo de
reparación a favor de un querellado o querellada que se ve
obligado a defenderse de una acción de esta naturaleza.
AD-2024-0001
59
En este caso, el argumento a favor luce convincente.
Desde su primera comparecencia, la jueza Vélez Carreras
adujo que era imposible prever un desenlace como el aquí
observado, e identificó, correctamente, que cometió un
error
de
derecho
que
no
justificaba
una
acción
disciplinaria en su contra.
Dejó saber, además, que había
atendido
múltiples
casos
de
enfrentar
eventos
como
violencia
doméstica
que
actuó
este,
no
sin
mediando
motivaciones indebidas ni personales, y que de ninguna
forma demostró favoritismo hacia alguna de las partes.
Sostuvo que el procedimiento había sido aleccionador y la
experiencia,
difícil
de
sobrellevar.
Como
corolario,
aseguró que en el futuro habría de ceñir sus funciones “al
más estricto celo y rigor profesional y ético”.
Tras una investigación que duró casi seis meses y un
proceso disciplinario de más de dos años, la OAT debió
quedar satisfecha con estas explicaciones.
Sin embargo,
insistió en presentar cargos y enjuiciar a la jueza Vélez
Carreras en ausencia de prueba de un patrón de conducta
que
denotara
derecho.
negligencia
crasa
o
desconocimiento
del
En efecto, movió el aparato administrativo y los
considerables recursos del Estado contra la querellada,
con el único objetivo de aplacar el reclamo de un público
en búsqueda de un resultado particular, pero desinformado
sobre su viabilidad.
Este curso de acción está totalmente
reñido con nuestro ordenamiento disciplinario.
AD-2024-0001
60
No albergamos duda de que la OAT conocía o debía
conocer las deficiencias del caso que aun así optó por
llevar, y obligó a la jueza Vélez Carreras a incurrir en
gastos legales, ante la imposibilidad de defenderse por sí
misma durante el proceso.
Más aun, esta quedó sometida a
la angustiosa presión de defenderse durante este prolongado
proceso
mientras
atendía
las
materias
asignadas.
El
balance más racional y justiciero de la escasa evidencia
que obra en el expediente, unido a la forma atropelladora
con la que la OAT dirigió estos procesos, sugieren que está
madura
una
discusión
que
nos
dirija
a
resultados
más
equitativos.
Dicho esto, en el pasado se han escuchado voces de
alerta sobre el proceder arbitrario y selectivo de la OAT
al canalizar sus investigaciones.
de
desaprobación
en
cuanto
a
Hemos leído expresiones
la
creación
de
unidades
especiales adscritas a la OAT para investigar, evaluar y
fiscalizar
el
desempeño
de
los
integrantes
de
la
judicatura, no porque se objetase su necesidad, sino por
su evidente falta de independencia de criterio.
Véase, In
re Enmdas. Rs. Disciplina Judicial, 191 DPR 564 (voto
particular de conformidad de la Jueza Asociada señora Pabón
Charneco). Más recientemente, una mayoría de este Tribunal
expresó sin ambages que “no debemos permitir que, en el
afán de buscar soluciones inmediatas, la OAT desvirtúe el
proceso ético judicial, convirtiéndolo en un instrumento
AD-2024-0001
para
61
cometer
injusticias”.
Véase,
In
re
Hon.
Benero
Es imprescindible no abandonar este enfoque.
De lo
García, supra.
contrario, tal vez debamos sustituir nuestras Reglas de
Disciplina Judicial por mecanismos procesales dignos de
Nicolás Aymerich o Bernardo Gui.
Amerita
papel
en
también
este
reflexionar
esquema.
En
sobre
nuestro
propio
épocas
recientes
esta
institución ha decidido ocupar un rol mucho más activo ante
el ojo público, e incluso se declara deseosa de hacerlo.33
Esa postura es entendible.
Las trágicas muertes de la
señora Morales Vázquez, su madre y su hermano marcaron a
nuestra
comunidad,
y
compartimos
la
consternación
colectiva que causó el cobarde acto que segó sus vidas.
comprensible
compensar
también
su
identificación
el
pérdida
de
deseo
de,
mediante
fallas
en
el
en
alguna
Es
medida,
rápida
y
decisiva
proceso,
que
podamos
corregir de inmediato de cara al futuro.
Sin embargo, las circunstancias de este caso invitan
a mayor reflexión; a actuar, no a reaccionar.
No podemos
subvertir normas deontológicas de necesario arraigo en
nuestro
ordenamiento
solo
por
arribar
a
un
resultado
específico.
No debemos perder de perspectiva que nuestra
función
fundamentalmente
es
interpretativa.
En
ese
contexto se ha señalado, con razón, que los jueces y juezas
no establecemos política pública ni somos responsables de
Véase Comunicado de prensa de 25 de enero de 2024 del Poder Judicial
de Puerto Rico, supra.
33
AD-2024-0001
62
su ejecución, pues no somos parte de las ramas políticas
del gobierno.34
Por eso, si hubiere que decidir entre el
activismo judicial imperante y la dignidad del silencio,
hoy la prudencia, en otras ocasiones el pudor, aconsejan
decantarse por la segunda.
V
En
mérito
de
lo
expuesto,
concluimos
que
la
OAT
incumplió crasamente con el peso de probar que la jueza
Vélez Carreras infringió los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética
Judicial.
En
consecuencia,
se
presentados
y
se
archivo
ordena
el
desestiman
los
inmediato
cargos
de
esta
querella.
Se dictará Sentencia en conformidad.
Raúl A. Candelario López
Juez Asociado
Véase, C.E. Ramos González, Independencia Judicial, 43 Rev. Jur.
UIPR 273 (2009).
34
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Ginny M. Vélez Carreras
AD-2024-0001
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, la cual se hace formar parte integral de esta
Sentencia, concluimos que la OAT incumplió crasamente con el
peso de probar que la jueza Ginny M. Vélez Carreras infringió
los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial. En consecuencia,
se desestiman los cargos presentados y se ordena el archivo
inmediato de esta querella.
Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez y
la Jueza Asociada Rivera Pérez concurren con el resultado
sin opinión escrita. La Jueza Presidenta señora Oronoz
Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez emitieron
Opiniones disidentes.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Ginny M. Vélez Carreras
AD-2024-0001
Opinión Disidente emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.
Disiento de la decisión tomada hoy por una mayoría
del Tribunal, la cual erróneamente sostiene que los
elementos
de
“intencionalidad
y
favoritismo”
constituyen la “única llave” a una acción disciplinaria
judicial. Este proceder pasa por alto que es norma
reiterada que “podemos disciplinar a un juez o una jueza
por […] negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia
profesional
manifiesta
en
sus
deberes
judiciales”.
In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 850 (2012). Véanse
además, Artículo 6.001 de la Ley de la Judicatura del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según
enmendada,
Ley
Núm.
201-2003,
4
LPRA
sec.
25i;
Regla 3(a) de las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA
Ap. XV-B.
2
AD-2024-0001
En el presente caso, no existe controversia en cuanto a
que, al momento en que presidió la vista sobre causa probable
para arresto en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo
Santiago
Figueroa,
J1VP202400074,
en
torno
a
la
denuncia
presentada contra el Sr. Wilfredo Santiago Figueroa (señor
Santiago
Figueroa)
por
violación
al
Art.
2.8
de
la
Ley
Núm. 54 - 1989, la Hon. Ginny M. Vélez Carreras (jueza Vélez
Carreras)
tuvo
ante
sí
el
Informe
de
evaluación
y
recomendaciones del Programa de Servicios con Antelación a
Juicio (Informe del PSAJ), el cual era de fácil lectura y
constaba de una (1) sola página. Se desprende del Informe del
PSAJ,
el
cual
la
jueza
Vélez
Carreras
debía
examinar
y
considerar por mandato de ley,1 que, en cuanto al señor Santiago
Figueroa, “[e]l Sistema de Búsqueda de Antecedentes Penales,
arroja sentencia de cárcel por violación al [Art.] 122.3, Art.
231 y Art. 3.1 [de la] Ley [Núm.] 54[-1989] con sentencia total
y concurrente entre sí de 10 años”. (Negrilla suplida).
Además, el Informe del PSAJ, cuyo contenido la jueza
Vélez Carreras estipuló,2 indica que “[d]e acuerdo a la Ley
[Núm.] 99[-2009] el Art. 2.8 de la Ley [Núm.] 54[-1989] conlleva
supervisión electrónica y pagar la fianza de manera pecuniaria.
Como también cumplió cárcel por delitos previos de [L]ey [Núm.]
54[-1989]
se
recomienda
se
observe
estrictamente
con
el
protocolo de distancia de 30 minutos entre las partes, que al
1
Véanse, Reglas 6.1 y 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA
Ap. II.
2 Véase, Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 6. (“Durante
la vista del 10 de enero de 2024, la jueza Vélez Carreras tuvo ante sí el
Informe de Evaluación y Recomendaciones del PSAJ del Sr. Wilfredo Hiram
Santiago Figueroa, el cual consta de una página. (Se estipula dicho Informe
del PSAJ)”.).
3
AD-2024-0001
momento de la evaluación no ha ofrecido ninguna residencia
viable, que cumpla con el mismo”. (Negrilla suplida).
De la prueba documental estipulada surge que la jueza
Vélez Carreras encontró causa para arresto por el Art. 3.1 de
la Ley Núm. 54-1989 en su modalidad de maltrato psicológico, y
no por el delito imputado en la denuncia, a saber, el Art. 2.8
de la Ley Núm. 54-1989. Seguidamente, fijó una fianza de $5,000
y
no
sujetó
al
señor
Santiago
Figueroa
a
la
medida
de
supervisión electrónica.3
Durante dicha vista, la jueza Vélez Carreras también
indicó, en dos (2) ocasiones, que el referido Art. 3.1 no
conllevaba imponer la supervisión electrónica, por lo que no la
impondría.4 Ello, a pesar de que, en su momento, el Art. 2 de
la Ley Núm. 99-2009 establecía que
los tribunales vendrán obligados a imponer supervisión
electrónica en los casos de incumplimiento a los Artículos
2.8, 3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y 3.5 de la Ley [Núm.]
54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como
“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica” o en caso de reincidencia de la anterior citada
Ley, irrespectivamente del artículo que se haya incumplido,
con o sin recomendación de [la Oficina de Servicios con
Antelación al Juicio]”. (Negrilla y subrayados suplidos).
A la luz de lo anterior, la Comisión de Disciplina
Judicial (Comisión) concluyó en su informe que “la jueza Vélez
Carreras
demostró,
más
allá
de
un
error
de
derecho,
un
desconocimiento total del estado de derecho vigente y desplegó
una negligencia crasa e inexcusable”.5 Entre otras cosas, la
Íd., pág. 34.
Íd.
5 Íd., pág. 36.
3
4
4
AD-2024-0001
Comisión
destacó,
por
conducto
de
su
Presidenta,
la
Lcda. Lourdes V. Velázquez Cajigas, que
la existencia de convicciones previas por delitos de la misma
naturaleza, así como el riesgo de peligrosidad que el señor
Santiago Figueroa representaba para la señora Morales Vázquez
eran circunstancias de fácil verificación con una lectura del
[Informe del PSAJ].
No obstante, pese a tener el informe ante sí, la jueza Vélez
Carreras no lo tomó en consideración, con lo cual se condujo
de forma negligente en el cumplimiento de los deberes del cargo
y puso de manifiesto su desconocimiento del estado de derecho
vigente.6
En virtud de ello, la Comisión nos recomendó ejercer
nuestra facultad disciplinaria sobre la jueza Vélez Carreras y
decretar su suspensión. No veo razón alguna para rechazar esta
recomendación, por resultar correcta como cuestión de hecho y
de derecho.
A diferencia de lo expuesto por una mayoría del Tribunal,
no procede restringir la disciplina judicial exclusivamente a
aquellos casos en que “la aplicación errónea del derecho […]
[haya sido] intencional o [haya estado dirigida a] […] favorecer
impropiamente a alguna de las partes”. Tal limitación reduce
indebidamente el alcance del ámbito disciplinario y pasa por
alto
que
pueden
“intencionalidad
y
existir
actuaciones
favoritismo”,
que,
comprometan
aun
seriamente
sin
la
integridad y el adecuado funcionamiento de la administración de
la justicia, como sería que un juez o una jueza “[m]anifieste
negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia profesional en
el desempeño de sus deberes judiciales”.7
Íd., pág. 35.
Véase, Artículo 6.001 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 25i.
6
7
5
AD-2024-0001
Ciertamente, “[c]omo regla general, el mero error de
hecho o de derecho no puede ser motivo para que se discipline
a un juez [o a una jueza]”. (Negrilla suplida). In re Scherrer
Caillet-Bois, 162 DPR 842, 864 (2004). Sin embargo, ello no
implica
que
judicial
estemos
que
impedidos
trasciende
un
de
atender
mero
error
aquella
de
conducta
derecho
por
adicionalmente reflejar un comportamiento indebido o impropio.
En esa medida, la Opinión mayoritaria ordena el archivo
del proceso disciplinario que nos ocupa y centra su análisis en
descartar la existencia de intención o parcialidad en las
acciones de la jueza Vélez Carreras. Lo que la mayoría omite
con su análisis es que consistentemente hemos resuelto que
también se configura una violación ética cuando, aun sin mediar
intención, el error cometido, por su magnitud, refleja conducta
impropia. Véase, In re Pérez Soto, 200 DPR 189, 203 (2018) (“se
configura una violación ética si se presenta evidencia de que
el
error
cometido
constituyó
un
abuso
intencional
de
la
discreción judicial, o un error que por su magnitud refleje
conducta impropia o favoritismo hacia un litigante o abogado
particular.”).8
La doctrina que a tales efectos hemos sentado se encuentra firmemente
arraigada a nivel de los Estados Unidos. Véase, Alfini, Shaman, Lubet and
Alfini, Judicial Conduct and Ethics § 2.02 (2da ed. 1990) (“While the courts
have often said that mere legal error does not amount to judicial misconduct,
that does not mean that legal error can never constitute misconduct. In
fact, egregious legal error, legal error motivated by bad faith, or a
continuing pattern of legal error does amount to misconduct subject to
discipline”.). Para referencia adicional, véase Cynthia Gray, The Line
Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence
and Accountability, 32 Hofstra L. Rev. 1245, 1270 (2004) (“‘Egregious’ legal
errors have been identified as a type of error that justifies disciplinary
as well as appellate review. ‘Egregious’ implies something different than
bad faith or a pattern of error as those are listed as separate grounds for
departing from the mere legal error rule. […] [E]ven a single instance of
serious legal error, particularly one involving the denial to individuals
of their basic or fundamental rights, may amount to judicial misconduct”.).
8
6
AD-2024-0001
A diferencia de lo esbozado por la mayoría, aquí no se
pretende intervenir con la discreción judicial del juzgador, ni
pasar juicio sobre el discernimiento que le compete a la jueza
Vélez Carreras en la ejecución de sus facultades como juzgadora.
Más bien, lo que corresponde evaluar es si ese error de derecho,
a la luz de las circunstancias aquí planteadas, trasciende el
ámbito
de
una
equivocación
meramente
jurídica
y,
por
su
naturaleza o magnitud, evidencia una actuación incompatible con
los deberes éticos que rigen la función judicial. En ese
contexto, el análisis no puede limitarse exclusivamente a la
ausencia de intención o parcialidad.
No quiero pensar que, con intención de confundir, la
mayoría obvia el estándar ético aplicable, reconocido tanto en
Puerto
Rico
como
en
evaluar
la
conducta
otras
jurisdicciones
de
jueza
la
Vélez
estatales,
Carreras,
para
pues
su
discreción judicial no es lo que está en juego. Más bien, nos
corresponde hacer un análisis de si hubo, o no, negligencia
crasa, inhabilidad o incompetencia profesional en el ejercicio
de sus labores, mientras esta ejercía sus facultades. Entiendo,
al igual que la Comisión, que lo anterior se probó en la
afirmativa de manera clara, robusta y convincente.
Resalto que la misma jueza, en su Contestación a la
querella ante la Comisión, reconoció su error de no ordenar la
supervisión electrónica, e incluso aceptó la imposición de una
censura y apercibimiento.9 Pese a ello, la mayoría se restringe
en su resolución del caso y ordena el archivo de la querella
9
Véase, Contestación a la querella, págs. 11-12.
7
AD-2024-0001
ética, sin más, al incorrectamente fijar la “intencionalidad y
favoritismo” como requisitos indispensables para el ejercicio
de la disciplina judicial.
Al así proceder, la Opinión mayoritaria transforma lo que
deben ser situaciones emblemáticas de conducta sancionable en
criterios
limitantes.
Tal
interpretación
es
jurídicamente
incorrecta y erosiona el régimen de derecho al conferir a los
jueces y a las juezas un trato injustificado que resulta
incompatible
disciplina
con
el
judicial
ejercicio
debe
de
la
función
pública.
responder
no
solo
la
a
La
conducta
intencional que un juez o una jueza despliega hacia una parte,
sino también a aquellas conductas impropias que, objetivamente
consideradas, resulten incompatibles con el cargo.
Por ello, discrepo firmemente de lo resuelto por este
Tribunal pues, no solo carece de apoyo legal alguno, sino que,
además, impone una restricción artificial que el ordenamiento
jurídico
no
contempla.
Reducir
el
ámbito
disciplinario
exclusivamente a tales supuestos equivale a excluir, de manera
indebida,
aquellas
otras
conductas
que
representan
una
desviación grave de los deberes del cargo judicial. La función
disciplinaria
no
se
limita
a
sancionar
la
desviación
intencional;
también
protege
la
integridad
del
sistema
de
justicia frente a actuaciones que -por su magnitud, descuido
extremo o indiferencia hacia normas básicas- comprometen la
confianza
tribunales.
pública
y
el
funcionamiento
adecuado
de
los
8
AD-2024-0001
Por
lo
anterior,
recalco
se
justifica
circunstancias,
que,
en
las
nuestra
presentes
intervención
disciplinaria, según recomendado por la Comisión.10 No puedo
suscribir una postura que minimiza lo aquí ocurrido y lo relega
indebidamente a la categoría de asunto trivial. Este proceder
no solo desvirtúa la naturaleza de los asuntos aquí planteados,
sino que desatiende nuestra obligación de actuar con rigor y
seriedad
ante
conducta
que
compromete
los
estándares
de
diligencia, imparcialidad y profesionalismo exigibles a la
judicatura.
Estimo
que
el
Tribunal
debió
haber
acogido
la
recomendación dispuesta en el informe de la Comisión, del cual
surge que la conducta de la jueza Vélez Carreras denota
negligencia […][al] no haber leído con detenimiento y cuidado
el [I]nforme del PSAJ, del cual surgía el hecho de que el señor
Santiago Figueroa resultó convicto y cumplió pena de cárcel
por el delito de incendio agravado y violación al Art. 3.1 de
la Ley [Núm.] 54[-1989]. Ello hacía imperativo que se impusiese
la supervisión electrónica por estar claramente dispuesto en
la ley.11
Como
bien
advierte
la
Comisión,
“[d]e
una
lectura
detenida, seria y cuidadosa del contenido de la denuncia y del
Informe del PSAJ, la jueza Vélez Carreras hubiese podido conocer
–en
toda
su
extensión–
la
magnitud
de
lo
acontecido”.12
Precisamente,
[a]l actuar con poca o ninguna diligencia en el manejo de este
asunto tan delicado, el cual tenía ante su consideración, la
jueza Vélez Carreras soslayó factores trascendentales que por
disposición legal estaba obligada a tomar en consideración al
Para referencia, véase, In re Jud. Qualifications Comm'n Formal Advisory
Opinion No. 239, 300 Ga. 291, 298, 794 S.E.2d 631, 638 (2016) (“legal error
amounts to judicial misconduct if a reasonably prudent and competent judge
would consider that conduct obviously and seriously wrong in all the
circumstances”) (citas internas omitidas) (citando a Matter of Benoit, 487
A.2d 1158, 1163 (Me. 1985)).
11 Véase, Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 36.
12 Íd.
10
9
AD-2024-0001
momento de emitir su dictamen sobre los términos y [las]
condiciones de la fianza impuesta al señor Santiago Figueroa.13
Por último, rechazo la sombra que el Tribunal arroja
sobre el trabajo serio y riguroso que desempeña la Comisión y
el resto del personal administrativo que nos asiste en el
ejercicio de nuestra función disciplinaria. Bien pudiéramos
discrepar jurídicamente de sus recomendaciones, pero el arrojar
sombra sobre su labor es improcedente y peligroso.
Bien
sabemos
que
las
Reglas
de
Disciplina
Judicial
establecen el proceso y las normas a seguir para tramitar una
acción disciplinaria contra un juez o una jueza.14 Este trámite
inicia con la presentación de una solicitud de investigación
ante la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la
cual se puede presentar mediante una queja o por petitorio de
algún integrante del Pleno de este Tribunal o el Director o la
Directora de la OAT.
Luego de llevar a cabo la investigación de rigor, la OAT
rendirá un informe al respecto con recomendación. Si el informe
expone conducta que amerita acción disciplinaria, se referirá
a la Comisión y será evaluado por un Comisionado Asociado o una
Comisionada Asociada, a fines de determinar si existe o no causa
probable para presentar una querella en contra del juez o de la
jueza cuya conducta se revisa. En el caso que se determine causa
probable, la Comisión llevará a cabo la celebración de vistas
y la presentación de prueba para luego emitir un informe con su
recomendación, la cual se adoptará por la mayoría de los y las
Íd., pág. 35.
Véase Artículo 6.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico de 2003, supra, 4 LPRA sec. 25n.
13
14
10
AD-2024-0001
miembros
de
la
Comisión
presentes.
Importantemente,
la
Comisión está compuesta en su mayoría por exjueces y exjuezas,
nombrados por los integrantes de este Tribunal, quienes nos
someten sus recomendaciones en cuanto a las conclusiones de
hecho y derecho.
Este arduo y riguroso proceso es así por diseño de este
Tribunal, en aras de garantizar el debido proceso de ley que
cobija a los jueces y a las juezas implicadas.
La labor de la Comisión es producto del cumplimiento
responsable con sus deberes, los cuales ejercen con rigor y
estricto apego al derecho. Este compromiso con sus funciones lo
demuestra el trámite seguido en la querella de epígrafe, el
cual se llevó en estricto cumplimiento con el cuerpo normativo
aplicable. En particular, se encontró causa probable el 23 de
julio
de
2024
mediante
determinación
de
la
Comisionada
Asociada, la Lcda. Nélida Jiménez Velázquez, y culminó casi un
(1) año después en un informe que se rindió el 21 de mayo de
2025, por conducto de su Presidenta. Desmerecer ese esfuerzo
para intentar justificar el archivo de la presente querella no
solo es injusto, sino que debilita la estructura de apoyo que
garantiza
la
seriedad,
credibilidad
y
eficacia
de
nuestro
sistema disciplinario.
Por todo lo esbozado, me veo obligada a disentir del
proceder mayoritario.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Hon. Ginny M. Vélez
Carreras
AD-2024-001
Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.
En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.
Hoy, -- en el contexto de un trágico y lamentable
incidente
de
obligados
y
violencia
obligadas
doméstica
a
ejercer
--,
veníamos
nuestra
facultad
disciplinaria para suspender a una magistrada que, con
su proceder, infringió los Cánones 1, 3, 8 y 17 de
Ética Judicial, infra. En este caso, la Hon. Ginny M.
Vélez Carreras (en adelante, “jueza Vélez Carreras”).
No
obstante,
una
mayoría
de
este
Tribunal,
desatendiendo, una vez más, las determinaciones de
hecho
y
las
conclusiones
de
derecho
correctamente
formuladas por la Oficina de Administración de los
Tribunales
(en
adelante,
Disciplina
Judicial,
--
“OAT”)
y
y
la
articulando
Comisión
una
de
crítica
severa e innecesaria al proceder de dichos organismos,
AD-2024-001
2
sin prueba alguna de ello --, opta por desestimar en su
totalidad
los
cargos
presentados
contra
la
referida
magistrada. Lo anterior, por entender que las actuaciones de
la
jueza
Vélez
Carreras
constituyeron
un
mero
error
de
derecho. Fallan malamente mis compañeros y compañeras de
estrado en su apreciación.
Y es que, un examen, detenido y cuidadoso, del expediente
ante nos revela, con meridiana claridad, una falta grave de
diligencia, cuidado y competencia por parte de la referida
magistrada
en
la
atención
de
un
asunto
particularmente
sensitivo y regido por mandatos legales claros, en materia de
violencia doméstica. Conducta que, como ya mencionamos, una
mayoría
de
este
Tribunal
hoy
premia,
basado
en
teorías,
señalamientos y/o conjeturas en contra de la OAT y la Comisión
de Disciplina Judicial, poco creíbles, al menos para el juez
que suscribe. Por ello, disentimos.
En ese sentido, contrario a lo que sugiere una mayoría
de
mis
compañeros
y
compañeras
de
estrado,
exigir
responsabilidad disciplinaria en escenarios como los que hoy
nos ocupa no supone erosionar la independencia judicial o
ceder ante presiones externas. Por el contrario, responde a
nuestro deber de velar por el cumplimiento de los estándares
mínimos que nuestro ordenamiento deontológico le impone a los
jueces y las juezas que forman parte del Poder Judicial de
Puerto Rico. Nos explicamos.
AD-2024-001
3
I.
La jueza Vélez Carreras fue admitida al ejercicio de la
abogacía el 17 de agosto de 2010 y al de la notaría el 25 de
febrero de 2011. Posteriormente, -- en particular, el 4 de
enero de 2021 --, la referida letrada juramentó al cargo de
Jueza Municipal, y, desde el 5 de abril de 2021, fue asignada
al Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial de
Ponce.
Así
las
cosas,
--
y
en
lo
pertinente
al
proceso
disciplinario que nos ocupa --, el 7 de septiembre de 2023 la
Sra. Linnette Morales Vázquez (en adelante, “señora Morales
Vázquez”) acudió a la Sala de Yauco de la mencionada Región
Judicial con el fin de solicitar una orden de protección al
amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, también
conocida como la Ley para la prevención e intervención con la
violencia doméstica, 8 LPRA sec. 601 et seq. (en adelante,
“Ley Núm. 54”), en contra de su expareja, el Sr. Wilfredo H.
Santiago Figueroa (en adelante, “señor Santiago Figueroa”).
En su solicitud, y en esencia, la señora Morales Vázquez
expuso que había mantenido una relación sentimental con el
señor Santiago Figueroa y que puso fin a la misma por este
último haberse tornado agresivo. Asimismo, relató que, al
separarse, el señor Santiago Figueroa comenzó a incurrir en
actos que le hicieron temer por su seguridad.
En específico, la señora Morales Vázquez sostuvo que, en
las noches, el señor Santiago Figueroa irrumpía en su hogar
de manera amenazante, se estacionaba en las afueras y la
AD-2024-001
4
recibía con insultos, intimidación y palabras soeces. De igual
forma, alegó que este último acudía a su lugar de trabajo a
insultarla, que intervino con las cámaras de seguridad de su
residencia y que le vandalizó su vehículo de diversas formas.
A raíz de dichos incidentes, la señora Morales Vázquez
indicó que, al momento de su solicitud, ella y sus hijos
llevaban seis (6) días sin pernoctar en su hogar. En suma,
adujo que temía por su seguridad y la de sus hijos, ante
incidentes que nunca antes había vivido.
Tras
escuchar
las
alegaciones
de
la
señora
Morales
Vázquez, el Hon. Carlos Quiñones Capacetti (en adelante, “juez
Quiñones
Capacetti”),
juez
que
ese
día
presidio
los
procedimientos, expidió la orden de protección solicitada de
manera ex parte. Asimismo, citó a las partes a una vista final
a celebrarse el 26 de septiembre de 2023.
Celebrada la vista final del caso en la fecha antes
indicada, y luego de escuchar la prueba desfilada, el juez
Quiñones Capacetti extendió la orden de protección solicitada.
En particular, otorgó la misma por un término de seis (6)
meses, a saber, hasta el 26 de marzo de 2024.
Ahora bien, el 10 de enero de 2024, mientras la orden de
protección estaba vigente, la señora Morales Vázquez denunció
a las autoridades al señor Santiago Figueroa por éste haberse
personado
a
su
residencia
y
perturbado
su
tranquilidad.
Consecuentemente, se presentaron cargos criminales en contra
de este último bajo el Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, infra, el
AD-2024-001
cual
5
configura
el
delito
de
violación
a
una
orden
de
protección.
Días más tarde, se llevó a cabo la vista de causa probable
para arresto relacionada con los cargos antes mencionados, la
cual fue presidida por la aquí querellada, entiéndase, la
jueza Vélez Carreras. De dicha vista surgió que, después de
expedida la orden de protección en cuestión, la señora Morales
Vázquez y el señor Santiago Figueroa retomaron su relación y
volvieron a convivir como pareja en el hogar de ésta. No
obstante, el 6 de enero de 2024 la señora Morales Vázquez le
pidió a este último que abandonara su residencia.
Asimismo, en la referida vista de causa probable para
arresto, la señora Morales Vázquez narró que, en la noche del
7 de enero de 2024, el señor Santiago Figueroa acudió a su
domicilio
y
le
cerró
la
llave
de
paso
del
agua.
Dicho
testimonio fue sustentado por el hermano de la señora Morales
Vázquez, el Sr. Luis M. Morales Vázquez.
Así pues, evaluada la prueba presentada ante sí, la jueza
Vélez Carreras determinó causa probable para arresto en contra
del señor Santiago Figueroa bajo el Art. 3.1 de la Ley Núm.
54, infra. Es decir, la referida magistrada no encontró causa
por el delito originalmente imputado, -- entiéndase, violación
a una orden de protección --, sino por el delito de maltrato
psicológico tipificado en la Ley Núm. 54, supra.
Acto seguido, la jueza Vélez Carreras fijó una fianza de
$5,000.00 y entendió que no procedía la imposición de la medida
AD-2024-001
6
de supervisión electrónica.1 Finalmente, pautó la celebración
de la vista preliminar para el 24 de enero de 2024.
Cabe destacar que, en la mencionada vista de causa para
arresto, la referida magistrada tuvo ante sí el Informe de
evaluación y recomendaciones del Programa de Servicios con
Antelación al Juicio (en adelante, “PSAJ”)2 referente al señor
Santiago Figueroa. De dicho informe se desprendía que este
último era reincidente, pues había cumplido con una sentencia
de cárcel de diez (10) años por transgresión al Art. 3.1 de
la Ley Núm. 54, infra, entre otras disposiciones.
Posteriormente, y según dispuesto, el 24 de enero de 2024
se celebró la vista preliminar antes señalada, la cual fue
presidida por el Hon. Rubén A. Serrano Santiago (en adelante,
“juez Serrano Santiago”). Surge del expediente que, en dicha
ocasión, no se celebró la vista en cuestión, toda vez que el
Ministerio Público solicitó una enmienda a la denuncia.
En específico, el Estado alegó que, tras verificar el
contenido
del
referido
documento,
se
percató
que
éste
establecía una violación al Art. 2.8 y no al Art. 3.1 de la
Ley Núm. 54, infra, de manera que entendió que hubo un error
tipográfico en el título del mismo. De conformidad con ello,
Durante la referida la vista, la jueza Vélez Carreras expresó en dos
ocasiones que una violación al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, infra, no
conllevaba supervisión electrónica. Véase, Informe de la Comisión de
Disciplina Judicial, págs. 20-21.
1
El PSAJ tiene la responsabilidad de investigar y evaluar a toda persona
imputada de ciertos delitos, a los fines de ofrecer recomendaciones a los
tribunales en cuanto a la posibilidad de decretar la libertad provisional
de la persona, y la fijación de los términos y condiciones de fianza
correspondiente. Véase, Art. 24 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21
de noviembre de 2011, también conocido como el Plan de reorganización del
Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII,
Art. 24, (en adelante, “Plan de Reorganización de 2011”).
2
AD-2024-001
7
el juez Serrano Santiago procedió a eliminar lo alusivo a la
violación
de
correspondiente
la
a
orden
la
de
protección
conducta
y
certificó
constitutiva
de
lo
maltrato
psicológico. 3 Asimismo, las partes acordaron que la vista
preliminar de rigor se celebraría el 28 de febrero de 2024 en
horas de la tarde.
Ahora bien, ese mismo día, a las 4:55 p.m. y culminada
la vista antes mencionada, el Ministerio Público presentó una
Moción urgente en solicitud de imposición de supervisión
electrónica. En virtud de ésta, el Estado advirtió que el
imputado tenía convicciones previas por delitos de similar
naturaleza
que
culminaron
en
sentencia
de
cárcel.
Por
consiguiente, argumentó que la supervisión electrónica era una
condición obligatoria que tenía que imponer el tribunal al
momento de conceder la fianza y así lo solicitó.
Desafortunadamente,
dicha
moción
no
fue
atendida
a
tiempo. En horas de la noche del 24 de enero de 2024, el señor
Santiago Figueroa asesinó a la señora Morales Vázquez, a su
madre,
la
Sra.
Lizzette
Vázquez
Vélez,
y
a
su
hermano.
Posteriormente, éste se privó de la vida.
A raíz del lamentable incidente, la OAT le encomendó a
la Oficina de Asuntos Legales de dicho organismo (en adelante,
“OAL”) llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los procesos
judiciales con relación al caso de la señora Morales Vázquez.
Esto, con la finalidad de indagar el desempeño oficial de las
Surge del expediente ante nuestra consideración que la jueza Vélez
Carreras acordó realizar el referido cambio a la denuncia, pero ello no
ocurrió. Véase, Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 21.
3
AD-2024-001
8
y los funcionarios que tuvieron injerencia en este asunto, -
entre
ellos,
la
jueza
Vélez
responsabilidades,
e
identificar
Carreras
posibles
--,
soluciones
fijar
para
agilizar la tramitación de los casos al amparo de la Ley Núm.
54, supra.
Enterada de lo anterior, el 8 de febrero de 2024 la jueza
Vélez Carreras compareció ante la OAL mediante comentarios por
escrito. En síntesis, la referida magistrada narró que, a base
de una evaluación de la prueba desfilada ante sí en la vista
de causa probable para arresto en cuestión, entendió que
estaban presentes los elementos para encontrar causa por el
Art. 3.1 y no por el 2.8 de la Ley Núm. 54, infra. Explicó
que, bajo dicho articulado, no era mandatorio imponer la
condición de supervisión electrónica, pues no se trajeron ante
su consideración incidentes violentos o de amenaza que la
llevaran a emitir una decisión en contrario.
Con relación al Informe de evaluación y recomendaciones
del PSAJ que debía examinar, la jueza Vélez Carreras alegó que
el mismo tenía un contenido distinto al que se le mostró en
la vista, pues, a su mejor recuerdo, el original no contenía
la
frase
“cárcel
concurrente”,
ni
la
siguiente
oración:
“sistema de búsquedas de Antecedentes Penales arroja Sentencia
por cárcel por violación al 122.3; Artículo 231 y Artículo 3.1
de la Ley 54 con Sentencia Total y concurrente entre sí de 10
años”.4
4
Véase, Informe de la OAL, pág. 56.
AD-2024-001
9
Así pues, la mencionada magistrada sostuvo que se amparó
en la discreción judicial que le cobijaba para emitir su
determinación. A tales efectos, y describiendo esta situación
como la más impactante y dolorosa de su carrera, estimó que
no incurrió en violación a las normas de disciplina judicial
o en conducta antiética que ameritase iniciar un proceso
disciplinario en su contra.
Por su parte, el 15 de julio de 2024 la OAL sometió el
correspondiente Informe de investigación. En lo pertinente,
dicha oficina concluyó que contaba con prueba clara, robusta
y convincente para promover un proceso disciplinario ante la
Comisión de Disciplina Judicial en contra de la jueza Vélez
Carreras por posible violación a los Cánones 1, 3, 8 y 17 de
Ética Judicial, infra. A su entender, la referida magistrada
se apartó de sus obligaciones éticas en la medida en que falló
en actuar con la competencia, responsabilidad, diligencia y
cuidado exigido en la aplicación y cumplimiento del derecho
vigente en materia de violencia doméstica.
En
específico,
la
OAL
encontró
que
la
jueza
Vélez
Carreras demostró que no conocía o no consideró que, como
cuestión de derecho, era obligatorio imponer al señor Santiago
Figueroa la condición de supervisión electrónica por tratarse
de un convicto reincidente por delitos bajo la Ley Núm. 54,
supra. Tal incumplimiento, a su juicio, era contrario a los
Cánones 1, 3 y 8 de Ética Judicial, infra.
De igual forma, dicha oficina concluyó que la jueza Vélez
Carreras tampoco ejerció la diligencia requerida por el Canon
AD-2024-001
10
17 de Ética Judicial, infra. Lo anterior, pues ésta no examinó
ni
consideró
el
contenido
del
Informe
de
evaluación
y
recomendaciones del PSAJ, el cual la hubiese colocado en
posición de conocer el historial delictivo del imputado.
Evaluado el Informe de investigación de la OAL, el 16 de
julio de 2024 la Comisión de Disciplina Judicial emitió una
Determinación administrativa. Mediante la misma, designó a la
Lcda.
Nélida
Jiménez
Velázquez
(en
adelante,
“licenciada
Jiménez Velázquez”) para que, dentro de un término de quince
(15) días, determinase si existía o no causa probable para
presentar una querella en contra de la jueza Vélez Carreras.
De conformidad con dicha encomienda, el 23 de julio de
2024 la licenciada Jiménez Velázquez presentó ante la Comisión
de
Disciplina
Judicial
una
Resolución.
En
la
misma,
la
mencionada letrada concluyó que existía causa probable para
iniciar un proceso formal en contra de la jueza Vélez Carreras
por presuntas violaciones a los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética
Judicial, infra.
Así pues, y luego de ciertos trámites procesales no
necesarios aquí pormenorizar, el 15 de agosto de 2024 la OAT
presentó
ante
la
Comisión
de
Disciplina
Judicial
la
correspondiente Querella. En la misma, y, en síntesis, dicha
oficina determinó que la jueza Vélez Carreras se apartó de las
obligaciones éticas que debían regir sus ejecutorias. Según
su análisis, las actuaciones de ésta evidenciaron un craso
desconocimiento o inobservancia de las disposiciones legales
aplicables en materia de fianza y de las condiciones a imponer
AD-2024-001
11
para salvaguardar la seguridad de las víctimas en casos bajo
la Ley Núm. 54, supra.
A tales efectos, dicha dependencia le imputó a la jueza
Vélez Carrearas los siguientes cargos:
Primer Cargo
La jueza Vélez Carreras incurrió en negligencia
crasa y, por ende, descuidó los deberes y funciones
de su cargo en el contexto de un caso de violencia
doméstica, cuando incumplió con la obligación legal
que le exigía imponer -sin margen de discreción
alguna- la medida de supervisión electrónica al
señor Santiago [Figueroa] como condición a la
libertad bajo fianza que le concedió en la vista de
causa probable para arresto (Regla 6) celebrada el
10 de enero de 2024. Con ello demostró un claro
desconocimiento y menosprecio por el estado de
derecho vigente que así lo requería en casos de
reincidencia por delitos bajo la Ley [Núm.] 54. De
esta
forma,
la
Querellada
se
condujo
en
contravención a los Cánones 1, 3 y 8 de Ética
Judicial.
Segundo Cargo
La jueza Vélez Carreras desplegó falta de diligencia
y cuidado, y con ello demostró falta de competencia
en el desempeño de los deberes y las funciones de
su cargo, al no examinar o considerar, como era
debido, el contenido del Informe Confidencial
(Informe de Evaluación y Recomendaciones) que generó
el PSAJ para la vista de Regla 6 que presidió en el
caso del señor Santiago [Figueroa]. De dicho Informe
se desprendía claramente los antecedentes penales y
el historial por delitos de violencia doméstica del
imputado, así como el carácter mandatorio de la
supervisión electrónica que ameritaba imponer bajo
esas circunstancias. De este modo, la Querellada
infringió los Cánones 8 y 17 de Ética Judicial.
De conformidad con ello, la OAT solicitó que se declarase con
lugar la Querella y recomendó que se impusiera la sanción
disciplinaria correspondiente.
Por su parte, el 19 de septiembre de 2024 la jueza Vélez
Carreras presentó ante la Comisión de Disciplina Judicial la
AD-2024-001
12
correspondiente Contestación a querella. En ésta, la referida
magistrada comenzó por destacar la tragedia alrededor de la
cual
gira
el
presente
proceso
disciplinario.
Asimismo,
reconoció su error, el cual catalogó como uno de derecho.
Sostuvo, también, que su actuación no fue intencional ni
arbitraria.
De igual forma, la jueza Vélez Carreras argumentó que,
en la vista de causa probable para arresto en cuestión, no
pudo
advertir
por
sí
la
posibilidad
de
condiciones
de
peligrosidad, pues los testigos ni el Ministerio Público así
lo indicaron. Finalmente, la referida magistrada señaló que
este proceso le ha servido para mejorar como profesional y
sensibilizarse en el ejercicio de su función judicial. Así
pues,
la
jueza
Vélez
Carrera
solicitó
el
archivo
de
la
Querella, previa censura y apercibimiento.
Recibida la mencionada Querella y demás comparecencias,
la Comisión de Disciplina Judicial5 dio inicio a los trámites
de rigor. Durante ese proceso, las partes acordaron someter
el caso para su adjudicación sin necesidad de la celebración
de una vista en su fondo. En la alternativa, presentaron
estipulaciones de hechos y prueba documental, así como sus
respectivos memorandos de hechos y de derecho.
Compuesta por su presidenta, la Lcda. Lourdes V. Velázquez Cajigas, y
las y los Comisionados Asociados: Lcda. Aleida Varona Méndez, Lcda. Ygrí
Rivera Sánchez, Lcda. Nélida Jiménez Velázquez (en adelante, “licenciada
Jiménez Velázquez”), Lcda. Evelyn Benvenutti Toro (en adelante,
“licenciada Benvennutti Toro”), Lcdo. Reinaldo O. Catinchi Padilla (en
adelante, “licenciado Catinchi Padilla”), Lcdo. Jorge L. Toledo Reyna (en
adelante, “licenciado Toledo Reyna”) y el Dr. Juan Salgado Morales (en
adelante, “doctor Salgado Morales”). La licenciada Jiménez Velázquez
estuvo inhibida de participar en el caso por haber sido la Comisionada que
intervino en la determinación de causa probable. La licenciada Benvennutti
Toro y el doctor Salgado Morales no intervinieron.
5
AD-2024-001
13
En cuanto a esto último, y en específico, el 10 de marzo
de 2025 la OAT compareció ante la Comisión de Disciplina
Judicial mediante un Memorando de derecho de la Oficina de
Administración de los Tribunales. En el mismo, dicha parte
sostuvo
que
la
jueza
Vélez
Carreras
pasó
por
alto
los
antecedentes criminales y el riesgo de peligrosidad que poseía
el
señor
imposición
Santiago
Figueroa.
de
medida
una
A
su
juicio,
disciplinaria
en
procedía
contra
de
la
la
magistrada, por la crasa negligencia y el descuido incurrido
en el manejo de la vista de causa para arresto, incompatible
con las funciones y deberes de su cargo.
Por su parte, el 10 de marzo de 2025 la jueza Vélez
Carreras presentó ante la Comisión de Disciplina Judicial su
Memorando de hechos y de derecho. En el mismo, la referida
magistrada insistió en que su actuación no constituyó un acto
intencional, sino una inadvertencia que no justificaba la
imposición de disciplina profesional. De igual forma, enfatizó
la
concurrencia
de
actuaciones
de
ésta
y
del
Ministerio
Público; en específico, mencionó que su determinación no fue
objetada, reconsiderada, ni corregida por el Estado.
Evaluados los referidos escritos, la prueba sometida y
la normativa legal aplicable, el 21 de mayo de 2025 la Comisión
de Disciplina Judicial emitió el correspondiente Informe. En
éste, dicho cuerpo concluyó que la jueza Vélez Carreras se
apartó de las obligaciones legales preceptuadas en los Cánones
1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial, infra.
AD-2024-001
14
En particular, la Comisión de Disciplina Judicial destacó
que la referida magistrada, a pesar de haber tenido el informe
del PSAJ ante sí, no lo tomó en consideración, por lo cual se
condujo de forma negligente en el cumplimiento de su cargo y
evidenció su desconocimiento del estado de derecho vigente.
Señaló, además, que la ineficiencia del trabajo del Ministerio
Público en este caso no justificaba la inobservancia de las
normas jurídicas por parte de la jueza Vélez Carreras. A la
luz de lo anterior, dicho cuerpo recomendó la suspensión de
esta última por un término de tres (3) a seis (6) meses.6
Así las cosas, el 16 de junio de 2025 la OAT presentó
ante
este
Tribunal
su
Comparecencia
en
torno
a
la
recomendación emitida por la Comisión de Disciplina Judicial
al amparo de la Regla 30(A) de las Reglas de Disciplina
Judicial.
En
conclusiones
a
su
escrito,
las
que
dicha
llegó
la
oficina
Comisión
afianzó
de
las
Disciplina
Judicial en su Informe, respecto a la negligencia crasa e
incompetencia profesional de la jueza Vélez Carreras en el
desempeño de sus deberes. De esta forma, nos solicitó que
confirmáramos las determinaciones de hecho y conclusiones de
derecho esbozadas por dicho cuerpo.
Cabe destacar que el licenciado Catinchi Padilla recomendó una censura
enérgica acompañada de una amonestación, y que se le ordenara a la jueza
Vélez Carreras recibir adiestramiento en todas las áreas esenciales de la
Ley Núm. 54, supra.
6
Por su parte, el licenciado Toledo Reyna, emitió un voto disidente
en parte y concurrente en parte, en la cual como sanción recomendó una
censura enérgica. En síntesis, éste sostuvo que, a su juicio, las
violaciones a los Cánones 1, 3 y 17 de Ética Judicial, infra, no se
probaron mediante el estándar de prueba clara, robusta y convincente. Es
decir, el licenciado Toledo Reyna entendió que solo se configuró la
violación del Canon 8 de Ética Judicial, infra.
AD-2024-001
15
Finalmente, -- y denegada la correspondiente solicitud
de reconsideración --, el 7 de julio de 2025 la jueza Vélez
Carreras presentó ante nos su Comparecencia al amparo de la
Regla 30(a) de las Reglas de Disciplina Judicial. En su
escrito, la referida magistrada reiteró sus argumentos. Así
pues, nos solicitó el archivo de la causa de marras previa
censura y apercibimiento de rigor.
Como adelantamos, una mayoría de este Tribunal, -- al
articular una crítica severa e innecesaria al proceder de la
OAT y los demás organismos encargados de la investigación
correspondiente, de la cual no se tiene prueba alguna --,
concluye que las acciones de la jueza Vélez Carreras no
ameritan sanción disciplinaria alguna, por entender que la
conducta de esta última constituyó un mero error de derecho.7
No coincidimos con dicha apreciación.
A
nuestro
juicio,
las
actuaciones
de
la
referida
magistrada revelan, -- más que una simple equivocación --,
negligencia
crasa
en
el
desempeño
de
sus
funciones.
Tal
conducta no puede excusarse como un desacierto aislado ni
quedar inmune a consecuencia disciplinaria alguna.
Procedamos, pues, a esbozar nuestros fundamentos para
disentir de la decisión que hoy se toma.
De igual forma, la Opinión mayoritaria concluye que la OAT no tenía
autoridad para iniciar la queja que dio paso al procedimiento disciplinario
de epígrafe. Sobre el particular, basta con mencionar que somos del
criterio que dicha oficina, en virtud de la autoridad que le confieren las
Reglas de Disciplina Judicial, infra, sí tenía el poder de comenzar la
investigación en cuestión.
7
AD-2024-001
16
II.
A.
Como es sabido, en virtud de lo dispuesto tanto en la
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como
en la Ley Núm. 201-2003, también conocida como la Ley de la
Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003,
4 LPRA sec. 2 et seq. (en adelante, “Ley de la Judicatura”),
este Tribunal posee autoridad exclusiva para atender los
procedimientos disciplinarios relacionados a la conducta de
las juezas y los jueces de los Tribunales de Primera Instancia
y del Tribunal de Apelaciones. Art. V, Sec. 11, Const. ELA,
LPRA, Tomo 1; Art. 2.003 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA
sec. 24d; In re Quiñones Capacetti, 195 DPR 281, 286 (2016);
In re Quiñones Artau, 193 DPR 356, 376 (2015). Así pues, como
corolario de tal potestad, aprobamos los Cánones de Ética
Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, los cuales “dirigen la conducta de
jueces y juezas en nuestro Sistema Judicial”. In re Acevedo
Hernández, 194 DPR 344, 359 (2015).
En términos generales, el referido cuerpo deontológico
constituye una guía de los deberes mínimos que las togadas y
los togados de nuestro País deben cumplir, con el propósito
de promover la confianza de la ciudadanía en los tribunales.
In re Lugo Irizarry, 207 DPR 1032, 1045-1046 (2021); In re
Quiñones Artau, supra, pág. 376; In re Sierra Enríquez, 185
DPR 830, 850 (2012). Lo anterior, pues, éstas y éstos “son el
reflejo de nuestro sistema judicial y su conducta, al igual
que sus expresiones, inciden en la percepción que tiene la
AD-2024-001
17
ciudadanía sobre los tribunales en general”. In re Benero
García, 202 DPR 318, 377 (2019).
Cónsono con ello, el Preámbulo de los Cánones de Ética
Judicial señala, entre otras cosas, que la normativa allí
expuesta “habr[á] de garantizar el eficiente desempeño de las
juezas y los jueces, al estimularlos a ser laboriosas y
laboriosos,
imparciales,
prudentes,
serenas
y
serenos,
sensibles, estudiosas continuas y estudiosos continuos del
Derecho, y cuidadosas y cuidadosos en la interpretación de la
ley”. In re Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, 164 DPR
403, 409 (2005).
Establecido lo anterior, y ya más en lo pertinente al
asunto que nos concierne, el Canon 1 de Ética Judicial, 4 LPRA
Ap. IV-B, C.1, dispone que las togadas y los togados respetarán
y cumplirán la ley, y serán fieles al juramento de su cargo.
Según hemos reseñado en el pasado, este precepto plasma “la
idea de que las juezas y los jueces no están por encima de la
ley y son los primeros obligados a respetarla y cumplirla”.
In re Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, supra, pág. 411.
En ese sentido, conforme al precitado canon éstas y éstos
vienen
llamadas y
ejemplar
dentro
y
llamados a desplegar un comportamiento
fuera
del
tribunal.
In
re
Quiñones
Capacetti, supra, págs. 294-295; In re Quiñones Artau, supra,
pág. 376. Véase también In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR
858, 867 (2000). En otras palabras, a las juezas y los jueces
se les exige un comportamiento que “manifieste entereza,
AD-2024-001
18
convicción e imparcialidad tanto en su vida pública como en
su vida privada”. In re Grau Acosta, 172 DPR 159, 171 (2007).
Cabe destacar aquí que el historial del Canon 1 de Ética
Judicial, supra, evidencia que el mismo está inspirado en la
obligación que impone el juramento de fidelidad y toma de
posesión que prestan las y los miembros del sistema judicial
respecto a “defender y obedecer las leyes sin reserva mental
ni propósito de evadirla […] [y] desempeñar fielmente los
deberes de su cargo”. In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 464465
(2017).
En
suma,
la
referida
disposición
recoge
el
principio general de que “respetar y cumplir con la ley […]
emerge como uno de los compromisos ineludibles para cada
miembro de la Judicatura”. In re González Rodríguez, 201 DPR
174, 216 (2018).
De otra parte, el Canon 3 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap.
IV-B,
C.3,
dispone
que
los
deberes
judiciales
tendrán
prioridad sobre cualquier otra actividad, por lo que las
juezas
y
los
jueces
no
abandonarán
ni
descuidarán
las
obligaciones de su cargo. Véase también, In re Benero García,
supra, pág. 377; In re Candelaria Rosa, supra, pág. 466. Según
surge de los comentarios a dicha norma, y en lo atiente al
caso ante nos, esta obligación requiere que los miembros de
la
Judicatura
conocimientos
se
y
mantengan
habilidades,
competentes,
y
aumenten
a
de
los
la
luz
sus
recursos
disponibles que se ofrezcan en la Academia Judicial. In re
Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, supra, pág. 412.
AD-2024-001
19
A su vez, el Canon 8 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IVB, C.8, reza de la siguiente forma:
Para el cabal desempeño de sus funciones, las
juezas y los jueces serán laboriosas y laboriosos,
prudentes, serenos e imparciales. Realizarán sus
funciones
judiciales
de
forma
independiente,
partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente
de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de
instigaciones, presiones, amenazas o interferencias,
ya sean directas o indirectas, provenientes de
cualquier fuente o por cualquier razón. Enmarcarán
sus funciones adjudicativas en el estudio del
Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño
de
descubrir
los
hechos
esenciales
de
cada
controversia.
La conducta de las juezas y de los jueces ha de
excluir
la
posible
apariencia
de
que
son
susceptibles de actuar por influencias de personas,
grupos,
partidos
políticos
o
instituciones
religiosas,
por
el
clamor
público,
por
consideraciones de popularidad o notoriedad, o por
motivaciones impropias. Íd.
Como
se
puede
apreciar,
de
la
precitada
disposición
deontológica se desprende, en primer lugar, que la comunidad
togada
viene
llamada
a
actuar
de
forma
independiente
e
imparcial. Por un lado, el sentido de independencia busca que
las juezas y los jueces “resuelvan los asuntos que se les
plantean a partir del derecho, sin que consideraciones ajenas
a [éstas y éstos] o a la prueba que se les presenta determinen
la respuesta a una controversia”. S. Steidel Figueroa, Ética
para juristas: Ética Judicial y Responsabilidad Disciplinaria,
1ra ed., San Juan, Ediciones SITUM, pág. 71. De otro lado, la
imparcialidad les exige “emitir sus decisiones sin mostrar
parcialidad a favor de alguna de las partes […] y a evitar
conducirse en su vida profesional y en su vida privada de una
AD-2024-001
20
manera que creen la apariencia de que no son imparciales en
las causas en las que intervienen”. Íd. pág. 73.
En segundo lugar, la precitada norma requiere que las
togadas y los togados sean proactivos en cuanto a su formación
como juristas y su rol al atender una controversia. Íd. pág.
83. En específico, surge de los comentarios del Canon 8 de
Ética Judicial, supra, que éstos y éstas tienen el deber de
mantenerse al día en el estudio del Derecho, lo cual incluye
el aprovechamiento de oportunidades educativas, y el estudio
de la jurisprudencia y la nueva legislación. In re Aprobación
Cánones Ética Judicial 2005, supra, pág. 419. Véase también
In re Benero García, supra, pág. 378; In re Sierra Enríquez,
supra, pág. 851. De igual forma, vienen obligadas y obligados
a
ser
diligentes
en
el
empeño
de
descubrir
los
hechos
esenciales de cada controversia; es decir, no deben limitarse
solo
a
escuchar,
sino
que
deben
intervenir
cuando
sea
oportuno. In re Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, supra,
pág. 420.
Por último, el Canon 17 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IVB, C.17, abarca la diligencia que las juezas y los jueces
deben prestar en la administración del proceso judicial.
Véase, Steidel Figueroa, op. cit., pág. 88. En particular, el
precepto dispone que éstas y éstos “serán diligentes en la
administración del proceso judicial de los asuntos sometidos
ante su consideración y procurarán que las partes también lo
sean.” Íd.
AD-2024-001
21
B.
Establecido lo antes reseñado, cabe mencionar aquí que
la Ley de la Judicatura, supra, establece que toda jueza y
todo
juez
estará
sujeto
a
la
imposición
de
medidas
disciplinarias cuando:
(1)
Incurra en violación a la ley, a los Cánones
de Ética Judicial, a los Cánones de Ética
Profesional
o
a
la
reglamentación
administrativa aplicable, cuando medie una
determinación final por un foro competente.
(2)
Manifieste negligencia crasa, inhabilidad o
incompetencia profesional en el desempeño de
sus deberes judiciales. (Énfasis suplido).
Art. 6001 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA
sec. 25i.
Como se desprende del precitado articulado, existen dos
causales generales por las cuales es posible iniciar una
acción disciplinaria en contra de una togada o de un togado.
En
primer
lugar,
está
aquella
conducta
que
implica
una
violación a una ley, a los Cánones de Ética Judicial, a los
Cánones
de
Ética
administrativa
conducta
que
Profesional
aplicable.
manifiesta
En
o
a
la
reglamentación
segundo
lugar,
está
aquella
negligencia
crasa,
inhabilidad
o
último
escenario,
es
incompetencia profesional.
Ahora
bien,
en
cuanto
a
este
importante mencionar que, como regla general, los errores de
hecho o de derecho no constituyen fundamento para una acción
disciplinaria en contra de una jueza o un juez. In re Pérez
Soto, 200 DPR 189, 202 (2018); In re Vicenty Nazario I, 169
DPR 194, 223 (2006); In re Díaz García, T.P.I, 158 DPR 549,
558 (2003); In re Vélez Collado, 159 DPR 422, 426 (2003). En
AD-2024-001
22
otras palabras, el deber de éstas y éstos de ser cuidadosas y
cuidadosos
al
estudiar
y
aplicar
el
derecho,
“no
debe
confundirse con el ejercicio de la discreción judicial ni con
un error producto de una interpretación honesta y de buena fe
de una disposición legal, pues [las juezas y] los jueces, como
humanos, no son infalibles”. In re Vicenty Nazario I, supra,
pág. 223. Además de su falibilidad, se presupone que, en
instancias como éstas, -- a saber, cuando se comete un error
de hecho o de derecho --, las partes tendrán la oportunidad
de revisar la determinación judicial en cuestión. In re Pérez
Soto, supra; In re Vicenty Nazario I, supra, pág. 223; In re
Díaz García, T.P.I., supra, pág. 561.
Por consiguiente, hemos expresado que, para que un error
de hecho o de derecho configure una conducta antiética, se
requiere
demostrar
que
éste:
(1)
constituyó
un
abuso
intencional de la discreción judicial; o (2) por su magnitud,
refleja conducta impropia o favoritismo hacia algún litigante
o su representante legal. In re Vicenty Nazario I, supra, pág.
223; In re González Acevedo, 165 DPR 81, 95 (2005).
C.
Dicho ello, conviene mencionar aquí que, la Ley de la
Judicatura, supra, a su vez, le delegó a este Tribunal la
facultad para diseñar el proceso a seguir para tramitar una
acción disciplinaria contra una jueza o un juez. Art. 6.006
de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25n. A tales fines,
se aprobaron las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XVB.
AD-2024-001
En
23
síntesis,
y
en
lo
pertinente,
dicho
cuerpo
reglamentario dispone que el referido proceso disciplinario
se inicia, entre otras formas, con una solicitud del Director
o la Directora de la OAT para que se investigue la conducta
de una jueza o un juez. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 5. Una vez culminada
la investigación, la OAL, -- o la persona designada para ello
--, procederá entonces a rendir un informe a ser evaluado por
la
Comisión
de
Disciplina
Judicial,
con
la
finalidad
de
determinar si existe o no causa probable para presentar una
querella en contra de la magistrada o del magistrado. 4 LPRA
Ap. XV–B, R. 7, 8, 12 y 13.
Presentada y notificada la querella, la jueza o el juez
objeto del proceso disciplinario deberá contestar la misma
dentro del término provisto para ello. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 14,
16
y
18.
Posteriormente,
comenzará
el
proceso
de
descubrimiento de prueba, el cual culminará, de ordinario, con
la celebración de una vista. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 21.
Celebrada la vista de rigor, la Comisión de Disciplina
Judicial emitirá un informe con su recomendación. 4 LPRA Ap.
XV–B, R. 28. Una vez completado el referido proceso, el caso
quedará
sometido
para
su
adjudicación
por
parte
de
este
Tribunal. Véase, 4 LPRA Ap. XV–B, R. 30.
Así pues, luego de estudiar el expediente ante nuestra
consideración,
esta
Curia
deberá
evaluar
si
los
cargos
presentados quedaron probados mediante prueba clara, robusta
y convincente. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 26. De quedar probados,
debemos entonces considerar si procede la imposición de alguna
AD-2024-001
24
de las medidas disciplinarias enumeradas en la Regla 29 del
precitado cuerpo reglamentario. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 29. Véase
también, In re Sierra Enríquez, supra, pág. 853.
Al realizar ese ejercicio, debemos tener presente que las
determinaciones de hechos presentadas por la
Comisión
de
Disciplina Judicial o por un Comisionado Especial merecen
nuestra deferencia. In re González Rodríguez, supra, pág. 207;
In
re
Candelaria
Rosa,
supra,
pág.
459;
In
re
Acevedo
Hernández, supra, pág. 364. Lo anterior, salvo que “medie
pasión,
prejuicio,
parcialidad
o
error
manifiesto
en
su
apreciación de la prueba”. (Énfasis suprimido). In re Sierra
Enríquez, supra, pág. 853.
III.
A.
Ahora bien, expuesta la normativa deontológica aplicable
al presente proceso disciplinario, -- y toda vez que la causa
de epígrafe surgió a raíz de un caso de violencia doméstica -, entendemos necesario, para el más cabal entendimiento de
los
asuntos
ante
nuestra
disposiciones
de
la
ley
consideración,
que
gobierna
evaluar
dicha
algunas
materia.
En
particular, debemos auscultar en qué instancias de violencia
doméstica
nuestro
ordenamiento
jurídico
requiere
adicional
a
fianza,
condición
de
la
la
imponer,
supervisión
electrónica.8
Recordemos que, de conformidad con las Reglas 6.1(b) y 218(a) y (c) de
las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.1 y R. 218, en casos
de delitos graves o menos graves en que hubiere derecho a juicio por
jurado, el tribunal, junto con la fianza, podrá imponer condiciones tales
como la supervisión electrónica.
8
AD-2024-001
25
De entrada, debemos recordar aquí que la Ley Núm. 54,
supra,
se
aprobó
en
reconocimiento
de
que
la
violencia
doméstica es uno de los problemas más patentes y graves que
confronta nuestro País. Art. 1.2 de la Ley Núm. 54, 8 LPRA
sec. 601. Véase también, Exposición de motivos, Ley Núm. 54,
supra. Mediante este estatuto, se reiteró el compromiso del
Estado en “proteger la vida, la seguridad y la dignidad de
hombres y mujeres, independientemente de su sexo, estado
civil,
orientación sexual, identidad de género o estatus
migratorio”, frente a esta problemática. Art. 1.2 de la Ley
Núm. 54, 8 LPRA sec. 601.
En ese sentido, la Ley Núm. 54, supra, instauró como
política pública en nuestro País el repudio por la violencia
conyugal, por ésta ser contraria a los valores de paz, dignidad
y respeto. Art. 1.2 de la Ley Núm. 54, 8 LPRA sec. 601. En
virtud
de
dicha
gubernamentales
han
política
pública,
intentado
las
propiciar
instituciones
el
desarrollo,
establecimiento y fortalecimiento de, entre otros, remedios
eficaces para proteger y ayudar a las víctimas. Íd.
Dentro de estos remedios, el Art. 2.1 de la Ley Núm. 54,
infra, provee para la solicitud de órdenes de protección. En
específico,
el
precitado
artículo
dispone
que
cualquier
persona de dieciocho años (18) o más, que haya sido víctima
de violencia doméstica en el contexto de una relación de
pareja, puede solicitar una orden de protección, sin necesidad
de la radicación previa de una denuncia o acusación. 8 LPRA
sec. 621.
AD-2024-001
26
A su vez, el Art. 2.5 de la Ley Núm. 54, infra, establece
que el tribunal podrá emitir una orden de protección de forma
ex parte si, entre otros factores, la parte peticionaria
demuestra que existe una probabilidad sustancial de riesgo
inmediato de maltrato. 8 LPRA sec. 625. En tales instancias,
el tribunal expedirá la orden con carácter provisional, le
notificará inmediatamente a la parte peticionada y señalará
una vista a celebrarse, de ordinario, dentro de los próximos
veinte (20) días de haberse expedido la mencionada orden. Íd.
Durante esta vista, el foro adjudicador podrá dejar sin efecto
la orden o extender los efectos de la misma por el término que
estime necesario. Íd.
Ahora bien, y ya más en lo relacionado a la causa
disciplinaria que nos ocupa, la Ley Núm. 54, supra, dispone
que el incumplimiento con una orden de protección constituye
delito grave. Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, 8 LPRA sec. 628. En
estos casos, el referido estatuto establece expresamente que
los
tribunales
electrónica,
de
vendrán
obligados
concederse
a
cualquier
imponer
tipo
supervisión
de
sentencia
suspendida. Íd.
B.
De otra parte, -- y en estrecha relación con los asuntos
objeto de estudio en el presente proceso disciplinario --, el
Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, infra, enmarca el tipo de conducta
que, en escenarios como los aquí evaluados, se considera
maltrato. 8 LPRA sec. 631. En específico, dicha disposición
establece lo siguiente:
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27
Toda persona que empleare fuerza física o violencia
psicológica
o
económica,
intimidación
o
persecución en la persona de su cónyuge, ex
cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya
cohabitado, o la persona con quien sostuviere o
haya sostenido una relación consensual, o la
persona con quien haya procreado un hijo o hija,
independientemente
del
sexo,
estado
civil,
orientación sexual, identidad de género o estatus
migratorio
de
cualquiera
de
las
personas
involucradas en la relación, para causarle daño
físico a su persona, al animal de compañía o
mascota de la víctima, de los hijos o del
victimario, a los bienes apreciados por esta,
excepto aquellos que pertenecen privativamente al
ofensor, o a la persona de otro o para causarle
grave daño emocional, incurrirá en delito grave de
cuarto grado en su mitad superior. (Énfasis
suplido). Íd.
Como surge del precitado artículo, la Ley Núm. 54, supra,
también
tipifica
como
delito
grave
aquella
conducta
constitutiva de maltrato. No obstante, -- y diferente a lo que
ocurre con el incumplimiento con una orden de protección --,
nada se dispone respecto a la pena y/o condiciones adicionales
que aplican ante la imputación de este delito.
C.
Por otro lado, la Ley Núm. 54, supra, establece ciertas
directrices a seguir al momento de imponer el mecanismo de la
fianza
y
condiciones
adicionales,
como
la
supervisión
electrónica. En particular, el inciso (a) del Art. 3.7, infra,
dispone:
(a) Fianza. — Cuando una persona sea acusada por
violación a las disposiciones de esta ley o
cuando al momento de la alegada violación
estuviere sujeta a los términos de una orden de
protección expedida de conformidad con esta ley
o cualquier otra ley similar, o hubiere sido
convicta
previamente
de
o
hubiere
hecho
alegación de culpabilidad por violación a las
disposiciones de esta ley o de violación a
cualquier otra disposición legal similar, antes
AD-2024-001
28
de señalar la fianza; además de lo dispuesto por
las Reglas de Procedimiento Criminal, […] el
tribunal deberá considerar al imponer la fianza
si la persona tiene historial de haber violado
órdenes de un tribunal o de una agencia
gubernamental. (Énfasis suplido). 8 LPRA sec.
637.
Asimismo,
el
inciso
(b)
del
mismo
artículo
establece
lo
siguiente:
(b)
Condiciones para libertad bajo fianza. — El
tribunal impondrá al acusado condiciones a la
fianza y deberá tomar en consideración si la
persona cuenta con un historial de violencia
doméstica o un historial de comisión de actos
violentos y si la persona representa una amenaza
potencial para la víctima del delito o para
cualquier persona. (Énfasis suplido). Íd.
De todo lo anterior podemos colegir que las juezas y los
jueces venimos obligados, al momento de imponer la fianza y
condiciones adicionales, a considerar: (1) el historial de la
persona acusada en cuanto a la violación de órdenes de un
tribunal o una agencia gubernamental; (2) el historial de la
persona acusada en cuanto a actos constitutivos de violencia
doméstica o de naturaleza violenta; y (3) si la persona acusada
representa
una
amenaza
potencial
para
la
víctima
o
para
alguien más.
D.
Por último, es necesario destacar aquí que la Ley Núm.
99-2009, también conocida como la Ley para crear el Programa
de vigilancia, protección y prevención de violencia doméstica,
8 LPRA sec. 668 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 99-2009”), se
creó ante el interés del Estado de realizar una transformación
social e institucional que atendiese la alta incidencia de
AD-2024-001
29
muertes por violencia doméstica. Exposición de motivos, Ley
Núm.
99-2009,
supra.
En
lo
pertinente,
dicho
estatuto
pretendió establecer como política pública que, en ciertos
casos de incumplimiento con la Ley Núm. 54, supra, se fomentase
la utilización de supervisión electrónica para las personas
imputadas. Íd.
En particular, -- y al momento de los hechos que dieron
margen al proceso disciplinario de epígrafe --,9 el Art. 2 de
la Ley Núm. 99-2009, infra, establecía lo siguiente:
La
Oficina de Servicios con Antelación al Juicio
(OSAJ)10 recomendará a los tribunales, en su informe
de evaluación, la imposición de supervisión
electrónica como condición adicional y obligatoria
al momento de conceder la fianza en el caso en que
se le impute a una persona la comisión de un delito
El 8 de agosto de 2023 se aprobó la Ley Núm. 89-2023, a los fines de
enmendar la Ley Núm. 99-2009, supra, para que, entre otras cosas, se le
proveyese a las víctimas de violencia doméstica una aplicación de detección
electrónica de la persona agresora. En lo pertinente, y a raíz de dichos
cambios, el Art. 3 de la Ley Núm. 99-2009, infra, lee actualmente de la
siguiente forma:
9
El Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ)
recomendará a los tribunales, en su informe de evaluación, la
imposición
de
supervisión
electrónica
como
condición
adicional y obligatoria al momento de conceder la fianza en
el caso en que se le impute a una persona la comisión de un
delito de violencia doméstica. Los tribunales ordenarán que
se le provea a la víctima una aplicación tecnológica para la
detección del agresor dentro de la distancia dispuesta por la
orden, que opera a través del Sistema de Posicionamiento
Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier
otra tecnología que cumpla con estos fines, para ser usada en
teléfonos, relojes inteligentes, o cualquier otro aparato
similar con esta tecnología. La aplicación se limitará
solamente a advertir a la víctima que el agresor se encuentra
dentro del parámetro establecido por la orden, cuando el
agresor esté dentro de dicho parámetro. No ofrecerá ninguna
otra información o datos ni del agresor ni de la víctima. 8
LPRA sec. 668a.
Como se puede apreciar, mediante esta enmienda, se eliminó el mandato
a los tribunales de imponer supervisión electrónica en casos de
reincidencia. Cabe destacar que los cambios incorporados por la referida
Ley Núm. 89-2023 entraron en vigor en febrero de 2024, entiéndase, posterior
a los hechos que dieron margen al procedimiento disciplinario de epígrafe.
Mediante el Plan de Reorganización de 2011, supra, dicha oficina fue
sustituida por el PSAJ.
10
AD-2024-001
30
de
violencia
doméstica,
cuando
se
trate
específicamente de aquellos casos relacionados con
violaciones a órdenes de protección, maltrato
agravado, privación de libertad y agresiones
sexuales. Por lo tanto, disponiéndose que los
tribunales vendrán obligados a imponer supervisión
electrónica en los casos de incumplimiento a los
Artículos 2.8, 3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y
3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
según enmendada, conocida como “Ley para la
Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica”, o en caso de reincidencia de la
anterior
citada
Ley,
irrespectivamente
del
artículo que se haya incumplido, con o sin
recomendación del PSAJ. (Énfasis suplido). 8 LPRA
sec. 668a.
Como se puede apreciar, y según se desprende del texto
citado, en el momento en que se desarrollaron los hechos que
dieron
margen
tribunales
al
presente
proceso
venían
obligados
a
disciplinario,
imponer
la
los
condición
de
supervisión electrónica en casos de violaciones a órdenes de
protección,
maltrato
agravado,
privación
de
libertad
y
agresiones sexuales. A su vez, se requería imponer dicho
mecanismo en casos de reincidencia, independientemente del
artículo de la Ley Núm. 54, supra, violado.11
Es
precisamente,
a
la
luz
del
marco
jurídico
antes
expuesto, que procedemos, desde la disidencia, a disponer de
los asuntos que nos ocupan.
Además de las disposiciones relacionadas a la Ley Núm. 54, supra, y la
Ley Núm. 99-2009, supra, la Regla 218(a) de las de Procedimiento Criminal,
34 LPRA Ap. II., R. 218, dispone que en los casos en que se imputen, entre
otros delitos, violaciones a la Ley Núm. 54, supra, además de fijar la
fianza correspondiente, el tribunal tendrá que imponer la condición de
supervisión electrónica, conforme al procedimiento establecido en dicha
regla. Asimismo, se establece que el tribunal contará con el informe de
evaluación y recomendación del PSAJ, a los fines de determinar la cuantía
de la fianza y la imposición de condiciones adicionales. Íd.
11
AD-2024-001
31
IV.
Como mencionamos anteriormente, en lo relacionado al
presente proceso disciplinario, la Comisión de Disciplina
Judicial, -- quien tuvo la oportunidad de recibir la prueba
pertinente,
evaluarla
determinaciones
de
detenidamente,
hechos
y
y
realizar
conclusiones
de
sus
derecho
--,
concluyó que la jueza Vélez Carreras se apartó de los Cánones
1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial, supra. A juicio de dicho
organismo,
la
prueba
evaluada
evidenció
un
craso
desconocimiento o inobservancia, por parte de la referida
magistrada, de las disposiciones legales aplicables en materia
de fianza y de las condiciones a imponer para salvaguardar la
seguridad de las víctimas en casos relacionados a la Ley Núm.
54, supra. Coincidimos con dicha apreciación.
Aun cuando una mayoría de este Tribunal caracteriza la
actuación de la jueza Vélez Carreras como un mero error de
derecho
y
enfatiza
la
ausencia
motivación
impropia,
ello
no
de
intención
dispone
de
la
indebida
o
controversia
disciplinaria ante nuestra consideración. El incumplimiento
de deberes básicos de diligencia, competencia y conocimiento
del derecho vigente, -- particularmente en un ámbito regido
por mandatos legales claros --, puede, por sí solo, constituir
conducta sancionable bajo nuestros Cánones de Ética Judicial,
supra.
Y
es
que,
un
estudio
desapasionado
y
detallado
del
expediente ante nuestra consideración demuestra, en primer
lugar, que la jueza Vélez Carreras infringió los Cánones 1, 3
AD-2024-001
32
y 8 de Ética Judicial, supra. Lo anterior, al ésta incumplir
con su obligación legal de imponer, sin margen de discreción
alguna, la medida de supervisión electrónica al señor Santiago
Figueroa, como condición adicional a la libertad bajo fianza.
Ello, toda vez que este último era un convicto reincidente por
delitos bajo la Ley Núm. 54, supra.
En segundo lugar, la prueba recopilada como parte del
presente proceso disciplinario reveló
que la jueza Vélez
Carreras no solo faltó a su deber de conocer y defender el
estado de derecho vigente al momento de los hechos, sino que
también faltó a la diligencia y cuidado que requiere su puesto.
Esto, debido a que la referida magistrada no examinó, con la
debida cautela, el Informe de Evaluación y Recomendaciones del
PSAJ. De haberlo hecho, ésta se hubiese percatado de los
antecedentes penales del señor Santiago Figueroa, lo cual era
indispensable para el ejercicio responsable de su función
judicial.
Tal
omisión
constituye,
a
todas
luces,
una
infracción a los Cánones 8 y 17 de Ética Judicial, supra.
Cabe señalar que el hecho de que el Ministerio Público
no haya cumplido cabalmente con su deber, -- como señala una
mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado --, al no
alertar
al
tribunal
sobre
los
antecedentes
penales
del
imputado ni impugnar la determinación emitida, no exime a la
jueza Vélez Carreras de las responsabilidades inherentes a su
cargo. La función judicial conlleva un deber independiente de
conocer y aplicar el derecho vigente.
AD-2024-001
33
Por último, no podemos concluir este escrito sin atender
un aspecto que la mayoría procura desvincular del análisis
disciplinario: el contexto en el cual se enmarca este caso. A
diferencia de lo que allí se plantea, no es posible abstraer
estas circunstancias del examen de la conducta aquí evaluada.
Es
innegable
la
crisis
de
violencia
doméstica
que
atraviesa el País. En ese escenario, los tribunales, -- como
pieza esencial en la protección de las víctimas --, vienen
obligados a asegurar, en todos sus niveles, el manejo más
riguroso y cuidadoso de este tipo de casos.
En esa dirección, nuestra postura no se fundamenta en
promover
decisiones
judiciales
basadas
en
el
miedo
o
desvinculadas del derecho. Por el contrario, responde a la
exigencia de que quienes ejercen la función judicial en este
ámbito lo hagan con el mayor grado de diligencia, atención y
conocimiento del marco legal aplicable. Ello cobra aún mayor
relevancia cuando se reconoce que este no es el primer caso
en que se evidencian fallas en la respuesta institucional ante
situaciones de esta naturaleza.
En suma, la omisión de la jueza Vélez Carreras no puede
entenderse como una adjudicación de responsabilidad sobre las
actuaciones
posteriores
del
señor
Santiago
Figueroa.
Sin
embargo, tampoco puede ignorarse que, al apartarse de un
mandato legal no discrecional, se comprometió la respuesta que
el ordenamiento jurídico dispone para este tipo de instancias.
AD-2024-001
34
V.
Por todo lo anterior, no podemos suscribir la conclusión
de la mayoría. La conducta desplegada por la jueza Vélez
Carreras trasciende el ámbito de un mero error de derecho y
constituye una violación a los deberes éticos que rigen la
función judicial, la cual ameritaba la más severa de las
sanciones.
Por ese no ser el criterio de una mayoría de este
Tribunal, respetuosamente disentimos.
Ángel Colón Pérez
Juez Asociado