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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Ginny M. Vélez Carreras

2026 TSPR 29

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Ginny M. Vélez Carreras

AD-2024-0001

20 de marzo de 2026 · Hon. Raúl A. Candelario López · Disciplina Judicial – Improcedencia de una acción disciplinaria contra un juez o una jueza por cometer un error de derecho.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2026 TSPR 29

217 DPR ___

Hon. Ginny M. Vélez Carreras

Número del Caso:

Fecha:

AD-2024-0001

20 de marzo de 2026

Oficina de Asuntos Legales

Oficina de Administración de los Tribunales:

Lcda. Isabel E. Sánchez Del Campo Ladrón De Guevara

Asesora Legal

Lcda. Carmen Ana Pesante Martínez

Investigadora

Representantes legales de la Hon. Ginny M. Vélez Carreras:

Lcdo. Virgilio Mainardi Peralta

Lcdo. José A. Rivera Rodríguez

Lcdo. Luis M. García Tous

Comisión de Disciplina Judicial:

Lcda. Lourdes Velázquez Cajigas

Presidenta

Comisionadas y Comisionados Asociados:

Lcda. Ygrí Rivera Sánchez

Lcda. Aleida Varona Méndez

Lcdo. Jorge Toledo Reyna

Lcdo. Reinaldo O. Catinchi Padilla

Materia:

Disciplina Judicial – Improcedencia de una acción

disciplinaria contra un juez o una jueza por cometer un error de

derecho.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hon. Ginny M. Vélez

AD-2024-0001

Carreras

El Juez Asociado Señor Candelario López emitió la Opinión

del Tribunal.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.

Hay una razón por la cual la toga es negra. Representa

sobriedad, dignidad y, sobre todo, imparcialidad. Se gana

por

méritos,

no

por

aplausos.

Este

caso

es

reflejo

perfecto de los problemas con el andamiaje administrativo

actual

del

Poder

Judicial

que

hacen

necesaria

e

indispensable nuestra intervención.

En el pasado se ha dicho que el ejercicio del poder

sin justificaciones racionales y sin apego a nociones

éticamente orientadas es solo arbitrariedad, pura fuerza

institucionalizada. Se ha dicho, además, que, en ausencia

de tales nociones, la toga no da la razón a quien la viste,

ni capacidad para resolver una controversia de manera

justa.

Solo confiere el poder para decidir y para obligar

a cumplir lo decidido.1

A petición de la Oficina de

Administración de los Tribunales (OAT), nos corresponde

S. Steidel Figueroa, Ética para juristas: ética y responsabilidad

disciplinaria, San Juan, Ediciones Situm, 2019, pág. 27.

1

AD-2024-0001

2

hoy determinar si, en el contexto de un trágico evento que

cobró la vida de una víctima de violencia de género,

debemos abandonar los principios deontológicos que rigen

la ética judicial, y ejercitar ese poder adoptando como

criterio adjudicativo que el fin justifica los medios.

Rechazamos enérgicamente la recomendación de la OAT,

pues, al evaluar la totalidad de las circunstancias, es

más que evidente que estamos ante un error en la aplicación

del derecho --revisable en los foros correspondientes--,

no ante conducta impropia de una magistrada.

Validar la

pretensión de la OAT e imponer una sanción en este caso

equivaldría

a

derogar

principios

que

garantizan

la

independencia judicial que todos en esta Curia, en algún

momento, hemos asegurado defender, en favor de una política

disciplinaria que fomentará la proliferación de órdenes de

protección que pudieran ser improcedentes, ante el temor

de que un error de derecho cueste la toga.

Ante

la

absoluta

ausencia

de

los

elementos

de

intencionalidad y favoritismo que sirven de única llave a

una acción disciplinaria de esta naturaleza, rechazamos

además el proceso seguido para recomendar la sanción.

Con

el único objetivo de aplacar la creciente presión pública

por hallar un culpable --el que sea--, la OAT se embarcó

en una investigación dirigida a un resultado preconcebido.

Exacerbando el problema, llegó a este sin contar con la

prueba

clara,

robusta

y

convincente

necesaria

para

demostrar que la magistrada se desvió deliberadamente del

AD-2024-0001

3

derecho aplicable, o que lo hizo para favorecer al imputado

y eventual feminicida.

El curso de acción recomendado por la OAT requiere

necesariamente

el

uso

arbitrario

de

la

fuerza

institucionalizada para obtener un resultado particular,

avalando

en

el

camino

el

sesgado

procedimiento

investigativo empleado, que condujo a la igualmente injusta

recomendación

de

la

Comisión

de

Disciplina

Judicial.

Simplemente no podemos endosar un curso de acción que,

tomado para aplacar la opinión pública, constituiría de

por sí una violación de los Cánones 2 y 8 de Ética Judicial.

I

Para poner en el contexto adecuado la determinación

que hoy tomamos, es necesario examinar las circunstancias

ante la cuales la OAT estimó meritorio desviarse de las

normas

deontológicas

aplicables,

e

iniciar

su

investigación y recomendar acción disciplinaria contra la

jueza Ginny M. Vélez Carreras.

El 17 de agosto de 2010, la jueza Vélez Carreras fue

admitida

al

ejercicio

de

la

abogacía

en

nuestra

jurisdicción, y, el 25 de febrero de 2011, fue admitida

como Notario Público.

Obtuvo el consentimiento del Senado

de Puerto Rico para convertirse en Jueza Municipal del

Tribunal de Primera Instancia el 21 de diciembre de 2020

y, el 4 de enero de 2021, juramentó a este puesto, siendo

asignada a la Región Judicial de Ponce mediante Orden

Administrativa Núm. AJ2021-102 de 5 de abril de 2021.

Durante

su

participación

en

el

Programa

de

Formación

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4

Inicial de la Judicatura tomó varios cursos sobre la Ley

54, infra, aspectos prácticos sobre la fianza, el Programa

de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), la Regla 6 de

Procedimiento Criminal, y sobre órdenes de protección y

violencia doméstica.

No surge del expediente ante nuestra

consideración que la Academia Judicial hubiese impartido

seminarios relacionados a la imposición de medidas de

seguridad bajo la Ley 99-2009, infra, en casos de violencia

doméstica.

Sí

revela

que

en

los

tres

años

que

transcurrieron desde su juramentación en enero de 2021

hasta principios del 2024, la jueza Vélez Carreras ha

participado

activamente

de

varios

ofrecimientos de la Academia Judicial.

congresos

y

Además, desde que

comenzó a fungir como jueza municipal ha atendido múltiples

casos de violencia doméstica.

Surge del expediente que, el 7 de septiembre de 2023,

la señora Linnette Morales Vázquez solicitó una orden de

protección contra su expareja, Wilfredo Hiram Santiago

Figueroa, al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de

1989,

según

enmendada,

conocida

como

la

Ley

para

la

prevención e intervención con la violencia doméstica, 8

LPRA sec. 601 et seq. (Ley 54).

En específico, alegó que

se había separado del señor Santiago Figueroa el 25 de

julio de ese año, pero este no aceptó el fin de la relación

y asumió una actitud controladora.

Alegó que no tuvo más

remedio que pernoctar fuera de su residencia al no sentirse

segura, “ya que hace más de una semana están irrumpiendo

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5

en las noches” en su hogar.

Añadió que el peticionado la

esperó frente a su casa hasta las 6:00 a.m., hora en que

ella llegó para prepararse para ir a trabajar, y la recibió

con insultos, intimidación y palabras soeces.

De igual

modo, alegó que el señor Santiago Figueroa acudía a su

trabajo a insultarla, que las cámaras de seguridad de su

hogar fueron dañadas y que le hicieron daño a su vehículo,

siendo el peticionado la única persona con acceso.

La señora Morales Vázquez declaró que al momento en

que presentó su solicitud de orden de protección llevaba

seis días durmiendo fuera de su hogar con sus hijos, y que

temía por su seguridad y la de estos.

Examinada la petición de la señora Morales Vázquez,

el Hon. Carlos Quiñones Capacetti, Juez Municipal asignado

a la Sala de Yauco, emitió una orden de protección ex parte

con vigencia hasta el 26 de septiembre de 2023, fecha para

la cual citó a las partes para vista final.

Celebrada esta

ante el Hon. Ángel Candelario Cáliz, Juez Municipal de la

Sala de Ponce, y escuchada la prueba desfilada y las

argumentaciones de la defensa, la orden de protección fue

extendida por seis meses, esto es, hasta el 26 de marzo de

2024.

Surge del expediente que, el 10 de enero de 2024, la

señora Morales Vázquez denunció que días antes, el 7 de

enero,

el

protección

residencia

señor

Santiago

expedida

de

la

en

su

Figueroa

violó

contra

al

peticionaria,

la

orden

personarse

perturbando

a

de

la

su

AD-2024-0001

6

tranquilidad.

Tras la investigación de rigor, el fiscal

Gariell Rosario Guzmán autorizó la presentación de cargos

bajo el Art. 2.8 de la Ley 54, por violación a una orden

de protección.

El investigador de la Unidad de Violencia Doméstica

de

la

Comandancia

de

Ponce,

agente

Osvaldo

Serrano,

presentó una Solicitud de Información sobre el imputado en

el Sistema de Información de Justicia Criminal, que arrojó

condenas

previas

por

los

delitos

de

agresión

grave

y

tentativa de incendio bajo el Código Penal, y maltrato bajo

el Art. 3.1 de la Ley 54.2

del

fiscal

Rosario

procedimientos

de

El Ministerio Público, a través

Guzmán,

y

violencia

la

Intercesora

doméstica,

Legal

Wanda

en

López

Bonilla, también conocían el historial delictivo del señor

Santiago Figueroa.

Como

parte

de

los

procesos,

el

PSAJ

presentó

su

Informe de Evaluación y Recomendaciones (Informe de PSAJ),

preparado en atención al cargo de violación al Art. 2.8 de

la Ley 54.

Surgen del informe los antecedentes penales

descritos, y que la violación de este artículo conllevaba

supervisión electrónica.

Santiago

Figueroa

por

Ante la condena previa del señor

violaciones

a

la

Ley

54,

PSAJ

recomendó estricta observancia del protocolo de distancia

de 30 minutos entre las partes; nada mencionó en cuanto a

Del Historial de Convicciones del señor Santiago Figueroa surge que

le fueron impuestas condenas de 10 años por agresión grave, 8 años por

incendio agravado y 2 años por maltrato, las cuales cumplió de manera

concurrente. Véase, Apéndice del Informe de investigación de la Oficina

de Asuntos Legales de OAT. (Apéndice del Informe), pág. 162.

2

AD-2024-0001

7

la necesidad de imponer medidas de supervisión electrónica

debido a esta condena anterior.

En la misma fecha, 10 de enero de 2024, se celebró la

vista de causa probable para arresto bajo la Regla 6 de

Procedimiento Criminal contra el señor Santiago Figueroa,

atendida por la jueza Vélez Carreras, con la comparecencia

por el Ministerio Público de la entonces Fiscal Auxiliar

I, Alexandra Aulet Morales, ascendida desde entonces al

puesto de Fiscal Auxiliar II.

Comparecieron, además, el

acusado junto con su abogado, el licenciado Edwin Caraballo

Caraballo, la Intercesora Legal, señora López Bonilla, la

señora Morales Vázquez y su hermano, Luis Miguel Morales

Vázquez.

Durante su interrogatorio directo, la señora Morales

Vázquez declaró que se encontraba separada del acusado

desde solo unos días antes de la vista, el 6 de enero de

2024, lo cual fue inmediatamente advertido por la jueza

Vélez Carreras durante la vista.

Luego de que la Fiscal

aclarara para el récord que la relación en efecto terminó

en esa fecha, la señora Morales Vázquez admitió que volvió

a tener comunicación con el acusado porque este le dijo

“de alguna manera u otra” que iba a morir de cáncer, sintió

lástima por él e intentaron arreglar la relación.

Sin

embargo, relató que, el 7 de enero de 2024, el señor

Santiago Figueroa acudió a su residencia y cerró la llave

de paso de agua, y que ella y su hermano lo sorprendieron

escondido detrás de unos árboles, tras lo cual huyó en su

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8

vehículo. La señora Morales Vázquez finalizó su testimonio

declarando que llamó al cuartel de la Policía porque tenía

miedo de que el señor Santiago Figueroa intentara hacer

esto de nuevo estando ella sola.

Estos hechos fueron

corroborados mediante el testimonio de su hermano.

Culminado

el

desfile

de

prueba,

la

fiscal

Aulet

Morales argumentó que al momento de los hechos estaba

vigente la orden de protección, pero de la prueba surgió

que previamente habían convivido.

Por tal razón, solicitó

que, de entenderse que no estaban presentes los elementos

requeridos para encontrar causa para arresto por violación

a la orden de protección bajo el Art. 2.8 de la Ley 54, se

le encontrara causa bajo el Art. 3.1 por maltrato en su

modalidad psicológica.

En atención a esto, la jueza Vélez

Carreras no encontró causa bajo el Art. 2.8, pero sí bajo

el Art. 3.1, por lo que impuso una fianza de $5,000.

Erróneamente --para esa fecha--, vertió para el récord que

este delito no conllevaba supervisión electrónica.

A

preguntas de la jueza Vélez Carreras en cuanto a si debía

considerar algo más, la fiscal Aulet Morales indicó que

dejaba

la

imposición

de

medidas

de

seguridad

a

su

discreción.3

La fiscal Aulet Morales no informó a la jueza Vélez

Carreras sobre el historial delictivo del señor Santiago

Figueroa,

su

condena

previa

de

maltrato,

ni

sobre

el

El Informe de Investigación describió este intercambio como sigue:

“Asimismo, la Jueza preguntó si había algo que el tribunal tenía que...

(tener en cuenta), pero fue interrumpida por la fiscal, quien indicó:

‘Lo dejamos a su discreción, Honorable Juez’”. Véase pág. 15.

3

AD-2024-0001

9

requisito de supervisión electrónica por ser reincidente

en un delito tipificado bajo la Ley 54.

Tampoco solicitó

reconsideración

de

de

la

determinación

no

imponer

supervisión electrónica, ni inició un proceso de revisión

de fianza.

Como

destaca

la

OAT,

durante

la

vista

de

causa

probable presidida por la jueza Vélez Carreras, esta tenía

disponible el Informe de PSAJ, del cual surgía una condena

previa del acusado por violaciones al Art. 3.1 de la Ley

54.

Según adelantado, el informe también contenía las

recomendaciones de PSAJ, orientadas a la violación de una

orden de protección bajo el Art. 2.8 de la Ley 54 por el

cual se acusó originalmente al señor Santiago Figueroa.

Así las cosas, se señaló Vista con antelación a la

vista preliminar para el 17 de enero de 2024, y la Vista

Preliminar para el 24 de enero de 2024.

En esa fecha comparecieron a la Vista Preliminar ante

el Hon. Rubén A. Serrano Santiago la fiscal Ruth Myriam

Pérez Pérez por el Ministerio Público, la señora Morales

Vázquez y su hermano, así como el imputado señor Santiago

Figueroa y su abogado.

Serrano.

de

que

No estuvo presente el agente

Sin embargo, la vista no pudo celebrarse luego

el

Ministerio

Público

solicitara

una

enmienda

sustancial a la denuncia, pues no fue enmendada durante la

vista anterior para conformarla al Art. 3.1 de la Ley 54

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bajo

el

cual

10

se

encontró

causa

para

el

arresto

del

imputado.4

Así enmendada la denuncia, se recalendarizó la vista

preliminar para el 28 de febrero de 2024, con la anuencia

del Ministerio Público.

El 24 de enero de 2024 --esto es, a 14 días de

celebrada la vista de causa probable para arresto--, el

Ministerio Público finalmente presentó Moción urgente en

solicitud de imposición de supervisión electrónica.

En

esta, solicitó por primera vez en los procedimientos que

se impusiera supervisión electrónica al imputado, bajo el

fundamento de que fue hallado culpable y cumplió condena

de diez (10) años por delitos de la misma naturaleza que

los aquí imputados.

El Ministerio Público adujo que esta

medida era condición obligatoria al momento de conceder la

fianza, por lo que solicitó su imposición en esta etapa de

los procedimientos.

Como sabemos, esta moción nunca fue atendida: en esa

misma fecha, la señora Morales Vázquez, su madre Lizette

Vázquez Vélez y su hermano Luis Miguel Morales Vázquez

Como resultado de esta enmienda, que consta parcialmente en

manuscrito, la denuncia leyó como sigue: “[e]l referido acusado

Wilfredo Hiram Santiago Figueroa, allá en o para el día 7 de enero de

2024 y en Guayanilla Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción

del Tribunal de Primera Instancia Sala de Ponce, a propósito, con la

intención criminal, empleó persecución en contra de la Sra. Linnette

Morales Vázquez, con quien convivió, consistente en que se personó a

la residencia de la misma y cerró una llave de paso, constituyendo

dicho acto un patrón de conducta que le infunde temor”. Véase Apéndice

del Informe de OAL, pág. 143.

4

AD-2024-0001

11

murieron a manos del señor Santiago Figueroa.

Más tarde,

este se suicidó.5

Comprensiblemente,

manera

ostensible

Enfrentando

la

e

estos

eventos

inmediata

creciente

presión

en

repercutieron

la

pública

de

ciudadanía.

por

asignar

responsabilidades por este evento, el 25 de enero de 2024

--al día siguiente de los hechos--, el Poder Judicial

emitió un comunicado de prensa con expresiones autorizadas

por su Jueza Presidenta, Hon. Maite Oronoz Rodríguez, en

el

que

informó

haber

ordenado

el

inicio

de

una

investigación exhaustiva sobre los procesos judiciales en

este caso.

A pesar de que la investigación no había

comenzado, adelantó que “[a]unque la denuncia no establecía

la reincidencia, la información disponible establece que

la persona imputada de delito tenía una convicción previa

por violencia doméstica, lo que revelaba factores de riesgo

que se debieron tomar en cuenta al establecer medidas como

la fianza y la supervisión electrónica”.

Reveló, además,

que Fiscalía no solicitó la revisión de las condiciones

impuestas, así como aparentes violaciones previas a la

orden de protección que la Policía no canalizó ante el

Tribunal.6

De la investigación de OAT surge que el Ministerio Público no notificó

copia de cortesía de su Moción urgente al juez Serrano Santiago ni a

la Jueza Administradora de la Región de Ponce. La moción fue elevada

al Juez al día siguiente.

6 Véase Comunicado de prensa de 25 de enero de 2024 del Poder Judicial

de Puerto Rico, Expresiones autorizadas de la Jueza Presidenta del

Tribunal Supremo, https://poderjudicial.pr/expresiones-autorizadasde-la-jueza-presidenta-del-tribunal-supremo-de-puerto-rico/

(última

visita, 11 de marzo de 2026).

5

AD-2024-0001

12

En esa misma fecha, la OAT encomendó a su Oficina de

Asuntos

Legales

(OAL)

a

“evaluar

exhaustivamente

los

procesos judiciales” con relación al caso de la señora

Morales Vázquez.

Tres días laborables más tarde, la OAL

le

como

informó

que,

resultado

de

su

investigación

preliminar --de la cual no ofreció absolutamente ningún

detalle--, recomendó iniciar un proceso disciplinario en

contra

de

la

jueza

Vélez

Carreras,

con

el

revelador

objetivo de “auscultar si esta jueza incurrió en alguna

acción u omisión que pudiera configurar negligencia crasa,

inhabilidad o incompetencia profesional manifiesta en sus

deberes judiciales”.7 Aunque la OAL no ofreció en su misiva

ningún detalle de su llamada investigación preliminar ni

señalamientos concretos de impropiedad en la conducta de

la jueza Vélez Carreras, ese mismo día, la OAT autorizó el

inicio de la investigación.

Como resultado, el 15 de julio de 2024 --167 días

después de iniciada su investigación, en lugar de los 90

días que le concedía la Regla 7(b) de Disciplina Judicial,

infra--, la OAL presentó su Informe de Investigación.

Al

dar cuenta del “amplio debate sobre la intervención de los

diversos componentes del sistema de justicia en los casos

que involucraron a [la señora Morales Vázquez]”, informó

su

encomienda

de

“llevar

a

cabo

una

investigación

exhaustiva de los procesos judiciales conducidos [...] con

Véase Carta de 30 de enero de 2024 remitida por la Asesora Legal de

OAL, Lcda. Isabel Sánchez del Campo, al director ejecutivo de la OAT,

Hon. Sigfrido Steidel Figueroa.

7

AD-2024-0001

13

el propósito de indagar en el desempeño oficial de los(las)

funcionarios(as) que tuvieron injerencia en este asunto,

fijar responsabilidades e identificar posibles soluciones

operacionales y administrativas” para agilizar el trámite

de

casos

bajo

la

Ley

54.8

Dentro

de

ese

marco

de

evaluación, la OAL indicó que investigó a la jueza Vélez

Carreras “en lo que compete a la facultad conferida a la

OAT para investigar el cumplimiento de los miembros de la

judicatura con los deberes éticos que les rigen”.9

Recoge el Informe de Investigación de la OAL que esta

notificó personalmente a la jueza Vélez Carreras sobre el

inicio

de

la

pesquisa

y

le

requirió

presentar

sus

comentarios escritos dentro de un término de diez (10)

días, los cuales esta presentó el 8 de febrero de 2024.10

De la relativamente corta exposición de la jueza Vélez

Carreras surge que, el 10 de enero de 2024 atendió, entre

varios otros casos, la vista preliminar por violación a

orden de protección al amparo del Art. 2.8 de la Ley 54,

presentada por la señora Morales Vázquez.

Sin embargo,

escuchados los testimonios de la víctima y su testigo,

entendió que no se configuraba ese delito, pues luego de

emitida la orden de protección presuntamente desobedecida,

las partes habían convivido.

En su lugar, entendió que

existía causa probable para arresto por maltrato bajo el

Art. 3.1, en su modalidad de maltrato psicológico.

Véase Informe de investigación, pág. 1.

Íd., pág. 2.

10 Véase Apéndice del Informe de OAL, pág. 5.

8

9

AD-2024-0001

14

Abundó la jueza Vélez Carreras que, en su apreciación,

aunque una determinación de causa bajo el Art. 2.8 de la

Ley 54 conllevaba la imposición automática de supervisión

electrónica, el Art. 3.1 no la requería.

el

ejercicio

de

su

discreción,

no

Por lo tanto, en

impuso

seguridad al imputado más allá de una fianza.

medidas

de

Aclaró, sin

embargo, que tomó esta medida luego de solicitar en más de

una ocasión al Ministerio Público si había algo más que

debía conocer antes de tomar su determinación. Añadió que

la orden de protección como tal no fue presentada en

evidencia, ni se pasó prueba sobre incidentes de violencia

o amenazas de daño corporal.

En cuanto al Informe de PSAJ, la jueza Vélez Carreras

sostuvo que lo examinó antes de emitir su dictamen, pero

que le parecía que tenía un contenido distinto al que la

OAL le acompañó con su requerimiento de comentarios porque,

“a su mejor recuerdo”, el que examinó durante la vista no

contenía la frase “cárcel concurrente”, ni que el Sistema

de búsqueda de antecedentes penales arrojara la sentencia

cumplida por los Arts. 122.2 y 231 del Código Penal y el

Art. 3.1 de la Ley 54.

La jueza Vélez Carreras finalizó señalando que es

difícil tarea tomar decisiones y ejercer discreción sin

ánimo

prevenido

y

libre

de

prejuicios

o

parcialidad.

Admitió que, dentro de su discreción judicial, otro juez o

jueza pudo haber tomado una determinación distinta, pero

eso no hace su intervención antiética.

Reconoció no ser

AD-2024-0001

15

perfecta ni infalible, pero sostuvo que “no pueden juzgarse

nuestras

determinaciones

a

base

de

eventos

o

sucesos

posteriores a nuestra intervención, por más trágicos que

sean”.

En su lugar, propone que se exija a los jueces

“[actuar] dentro del marco de la discreción judicial que

otorga la ley haciendo un esfuerzo de llevar a cabo nuestra

función de forma honesta, sin ánimo prevenido, prejuicio o

parcialidad”.11

No surge del expediente que la OAL hubiese intentado

dar seguimiento a los comentarios escritos que suministró

la

jueza

Vélez

Carreras

mediante

requerimientos

adicionales o una entrevista en persona.

Recibidos los comentarios de la jueza Vélez Carreras,

la OAL entrevistó a la Hon. Lissette Toro Vélez, Jueza

Administradora de la Región de Ponce del TPI.12

Surge de

la transcripción de su entrevista que a raíz del incidente

realizó

su

propia

investigación,

levantó

toda

la

información que surgía de expedientes públicos en cuanto a

la orden de protección, las vistas celebradas y condenas

anteriores

del

imputado,

y,

el

25

de

enero

de

2024,

entrevistó a la jueza Vélez Carreras a pedido de esta.

La jueza Toro Vélez declaró que escuchó la grabación

de la vista con la jueza Vélez Carreras, y que esta le

explicó que, aunque la denuncia original era bajo el Art.

2.8 de la Ley 54 por violación a una orden de protección,

la prueba que ella escuchó no demostraba la violación

11

12

Íd.

Íd., págs. 151-157.

AD-2024-0001

16

porque las partes convivieron luego de emitida la orden.

La jueza Vélez Carreras manifestó entonces a la jueza Toro

Vélez

que

la

fiscal

le

solicitó

considerar

una

determinación de causa por maltrato psicológico bajo el

Art. 3.1, y así lo hizo.

que

bajo

este

A renglón seguido, le aseveró

artículo

la

supervisión

electrónica

es

la

jueza

Vélez

al

discrecional.

Es

el

recuerdo

de

Toro

que,

mostrarle el Informe de PSAJ, la jueza Vélez Carreras adujo

que contenía recomendaciones bajo el Art. 2.8 y ella hizo

una determinación bajo el Art. 3.1, aunque reconoció que

si el imputado bajo el Art. 3.1 tenía condenas previas,

conllevaba supervisión electrónica.

Esto llevó a la jueza

Toro Vélez a inferir que la jueza Vélez Carreras pudo haber

leído el Informe de PSAJ, pero que omitió el asunto de las

condenas

previas,

esto

es,

se

concentró

en

la

recomendación.

No obstante, la jueza Toro Vélez fue enfática en que,

a su juicio, la jueza Vélez Carreras no obvió el derecho

intencionalmente, sino que hubo una omisión, y caracterizó

como “inadvertencia” lo sucedido.

En cuanto al papel del

Ministerio Público, sostuvo que la fiscal a cargo del caso

no pidió reconsideración ni alertó a la Jueza de que en

este caso la supervisión electrónica era obligatoria, sino

que meramente “se allanó” a la fianza.

El

expediente

investigación,

la

refleja

OAL

que,

obtuvo

como

parte

información

de

de

su

que

el

AD-2024-0001

17

Ministerio Público y la Intercesora Legal conocían los

antecedentes penales del señor Santiago Figueroa.13

A su

vez,

ser

el

agente

investigador

Serrano

declaró

al

entrevistado por la OAL que le consta que la fiscal Aulet

Morales conocía el expediente del imputado, y que si lo

hubiesen llamado a testificar hubiese declarado sobre su

historial delictivo.

Indicó, además, que no vio que la

jueza Vélez Carreras hubiese leído el Informe de PSAJ, pero

que esta sí preguntó a la fiscal Aulet Morales si debía

traer

algo

más

a

su

atención.

Por

su

parte,

el

Administrador de PSAJ, Alex Lizazoaín Brebán, relató que a

pesar de que PSAJ elabora el informe para poner al juez o

a la jueza en conocimiento de a quién tienen ante sí, a

veces se determina causa y se establece una fianza sin

medidas adicionales, aunque la ley las requiera.

Declaró

que PSAJ se enteró del cambio de delito, del Art. 2.8 de

la Ley 54 al Art. 3.1, pero no hizo ninguna gestión para

notificar que el imputado tenía antecedentes penales.

Surge además del expediente que la denuncia presentada

por violación a la orden de protección indicaba un “PreIntervention Number” (PRIN) en la parte superior derecha,

el

cual

es

indicativo

de

que

el

imputado

ha

sido

intervenido anteriormente por la Policía, aunque ello no

implica que hubo una condena previa, sino meramente una

intervención.

13

Véase Apéndice del Informe, págs. 358, 385.

AD-2024-0001

18

A pesar de que la directriz de la OAT fue llevar a

cabo una investigación exhaustiva, y así la cataloga la

OAL,

los

tres

fiscales

a

cargo

de

este

caso

en

sus

diferentes etapas, Gariell Rosario Guzmán, Alexandra Aulet

Morales y Ruth Myriam Pérez Pérez, declinaron participar.

En su informe, la OAL reconoció que los fiscales son

quienes ponen a los jueces y juezas en posición de tomar

decisiones

de

manera

informada,

evidentemente no ocurrió”.14

“algo

que

aquí

Además, señaló que los jueces

ocasionalmente prescinden de los informes de PSAJ, aun

cuando deben considerarlos por disposición de ley, por lo

que “si no se traen ante su consideración por parte del

PSAJ, pasarían inadvertidas, como cuando procede imponer

el grillete electrónico de manera obligatoria”.15

Aun así, la OAL concluyó que la jueza Vélez Carreras

“se apartó de las obligaciones éticas que deben regir sus

ejecutorias, en la medida en que falló en actuar con la

competencia, responsabilidad, diligencia y cuidado exigido

en la aplicación y cumplimiento del derecho vigente en el

contexto de un caso de violencia doméstica”.16

Según la

OAL, sus hallazgos evidencian un “craso desconocimiento o

inobservancia de las disposiciones legales aplicables en

materia de fianza y de las condiciones a imponer para

salvaguardar la seguridad de las víctimas en casos que se

ventilan bajo la Ley 54, no empece a la advertencia que el

Véase, Informe de Investigación, pág. 77.

Íd., pág. 79.

16 Íd., pág. 81.

14

15

AD-2024-0001

19

PSAJ le efectuó a esos fines”.17

negligencia

desplegada

por

la

Es su postura que la

querellada

justifica

la

imposición de sanciones disciplinarias aun tratándose de

un error de derecho, pues “el incumplimiento legal aludido

sobrepasa la frontera de un mero error de hecho o de derecho

y configura, en vez, una conducta impropia que transgrede

los deberes éticos que rigen la conducta de los miembros

de la Judicatura”.18

Bajo estas premisas, la OAL planteó que, según el

estado de derecho vigente al momento de los hechos, los

tribunales

venían

obligados

a

imponer

supervisión

electrónica en los casos de incumplimiento de los Artículos

2.8, 3.2 (excepto el inciso (d)), 3.4 y 3.5 de la Ley 54,

o

en

caso

de

reincidencia

bajo

la

Ley

54,

independientemente del artículo originalmente incumplido.

Es su postura que, por tratarse de una disposición que no

le confería discreción, la jueza Vélez Carreras incurrió

en

incumplimiento

y

menosprecio

al

estado

de

derecho

vigente, lo que --según la OAL-- resulta contrario a los

deberes dispuestos en los Cánones 1, 3 y 8 de Ética

Judicial.

Además, la OAL estima que lo ocurrido evidencia que

la jueza Vélez

Carreras tampoco ejerció la diligencia

requerida en virtud del Canon 17 al emitir su determinación

con respecto a las medidas de seguridad impuestas, pues no

examinó

17

18

ni

consideró

Íd.

Íd., pág. 86.

el

Informe

de

PSAJ,

el

cual

le

AD-2024-0001

advertía

20

de

la

obligatoriedad

de

imponer

supervisión

de

julio

la

licenciada

electrónica.

El

16

de

2024,

Lourdes

Velázquez Cajigas, presidenta de la Comisión de Disciplina

Judicial

(Comisión),

emitió

una

Determinación

Administrativa en la cual nombró a la licenciada Nélida

Jiménez Velázquez para que examinara el informe sometido

por la OAL y determinara si existía causa probable para

presentar

una

querella

ética

Carreras.

Una semana después, el 23 de julio de 2024, la

licenciada

Jiménez

Velázquez

contra

la

suscribió

jueza

una

Vélez

Resolución

acogiendo el Informe de Investigación presentado por la

OAL

en

existía

su

totalidad.

causa

disciplinario

En

probable

contra

la

consecuencia,

para

iniciar

jueza

Vélez

determinó

un

que

proceso

Carreras

por

violaciones al Canon 1, sobre fidelidad al cargo judicial

y obligación de defender y obedecer las leyes; el Canon 3,

sobre la prioridad que imponen los deberes judiciales sobre

cualquier otra actividad; el Canon 8, sobre diligencia y

competencia en el descargo de sus funciones judiciales; y

el Canon 17, sobre diligencia en el manejo de los casos

ante su consideración.

Así las cosas, el 15 de agosto de 2024, la OAT presentó

la correspondiente Querella contra la jueza Vélez Carreras,

en la cual imputó los siguientes cargos:

PRIMER CARGO:

La jueza Vélez Carreras incurrió en negligencia

crasa y, por ende, descuidó los deberes y

funciones de su cargo en el contexto de un caso

AD-2024-0001

21

de violencia doméstica, cuando incumplió con la

obligación legal que le exigía imponer –sin

margen de discreción alguna– la medida de

supervisión electrónica al señor Santiago como

condición a la libertad bajo fianza que le

concedió en la vista de causa probable para

arresto (Regla 6) celebrada el 10 de enero de

2024. Con ello demostró un claro desconocimiento

y menosprecio por el estado de derecho vigente

que así lo requería en casos de reincidencia por

delitos bajo la Ley 54. De esta forma, la

Querellada se condujo en contravención a los

Cánones 1, 3 y 8 de Ética Judicial.

SEGUNDO CARGO:

La jueza Vélez Carreras desplegó falta de

diligencia y cuidado, y con ello demostró falta

de competencia en el desempeño de los deberes y

las funciones de su cargo, al no examinar o

considerar, como era debido, el contenido del

Informe Confidencial (Informe de Evaluación y

Recomendaciones) que generó el PSAJ para la vista

de Regla 6 que presidió en el caso del señor

Santiago. De dicho Informe se desprendía (sic)

claramente los antecedentes penales y el

historial por delitos de violencia doméstica del

imputado, así como el carácter mandatorio de la

supervisión electrónica que ameritaba imponer

bajo esas circunstancias. De este modo, la

Querellada infringió los Cánones 8 y 17 de Ética

Judicial.

A base de estos cargos, la OAT solicitó a la Comisión

que declarara con lugar la querella y nos recomendara la

imposición de sanciones contra la querellada.

El 19 de septiembre de 2024, la jueza Vélez Carreras

presentó su Contestación a Querella.

Tras expresar que

“[n]o puede hacerse abstracción de la tragedia humana que

entraña el caso de marras”, en esencia reclama que los dos

cargos que se le imputan “se refieren rigurosamente a

actuaciones

revisadas

en

judiciales

el

curso

propias

de

ordinario

del

ser

recurridas

proceso

o

judicial

correspondiente”, por tratarse de determinaciones erradas

en derecho.

Señala que esta querella no se ubica dentro

AD-2024-0001

22

de los lineamientos deontológicos y sustantivos que este

Tribunal

ha

establecido

disciplinaria.

para

que

proceda

una

acción

Así, sostiene que esta querella “ha sido

encuadrada más bien en el contexto de la tragedia humana

que entraña el caso y sacudió al país”, y que si bien el

asesinato de la señora Morales Vázquez, su madre y su

hermano son “el acto más vil y repulsivo a la moral y al

orden jurídico”, las actuaciones de la Jueza durante la

vista

de

Regla

6

no

pueden

estimarse

causal

de

esta

la

Vélez

Carreras

tragedia.

En

términos

sustantivos,

jueza

apuntaló que no existe controversia en cuanto a los hechos

esenciales de este caso, esto es: que tras reclasificar el

delito imputado y determinar causa para arresto bajo el

Art. 3.1 de la Ley 54, ordenó una fianza monetaria pero no

impuso supervisión electrónica como requería la ley.

No

obstante, aduce que la reincidencia del imputado no se

alegó en la denuncia, no se desfiló durante la prueba

testifical, ni se argumentó durante la vista.

Partiendo

de estas premisas, arguye que sus actuaciones no reflejan

motivaciones indebidas o personales.

estando

ante

un

error

de

En consecuencia, aun

derecho,

su

actuación

“no

proyecta, trasluce y menos aún comporta la arbitrariedad y

subversión intencional de procedimientos legales en claro

menosprecio del Derecho que justifican la imposición de

disciplina profesional”.19

19

Véase Contestación a Querella, pág. 11.

AD-2024-0001

23

Finalmente, la jueza Vélez Carreras hizo hincapié en

que este proceso ya ha servido su propósito aleccionador,

pues le ha edificado como una mejor profesional y le ha

sensibilizado

judicial.

aún

más

en

el

ejercicio

de

su

función

En mérito de lo anterior, solicitó el archivo

de la querella, previa censura y apercibimiento de rigor,

en función del principio de proporcionalidad que rige estos

procesos disciplinarios.

Luego

de

varios

incidentes

procesales

que

no

es

necesario pormenorizar, el 27 de noviembre de 2024, la OAT

y la querellada presentaron su Informe sobre conferencia

entre abogados y abogadas.

Asimismo, el 22 de enero de

2025, presentaron sus estipulaciones de hechos e informaron

su acuerdo de someter el caso para adjudicación a base de

los hechos y prueba estipulada, sin necesidad de celebrar

vista.

Finalmente, solicitaron término para presentar

sendos memorandos de hechos y de derecho.

Así las cosas, el 10 de marzo de 2025, la jueza Vélez

Carreras presentó su Memorando de hechos y de derecho.

A

grandes rasgos, reiteró su posición de que su conducta no

amerita acción disciplinaria por no estar presente el

elemento fundamental de intención y, además, por no existir

prueba clara, robusta y convincente que lo demuestre.

Por

su parte, la OAT presentó su Memorando de derecho de la

Oficina de Administración de los Tribunales, en el cual

repitió

sus

sanciones.

argumentos

a

favor

de

la

imposición

de

AD-2024-0001

24

Sometida la controversia, el 21 de mayo de 2025, la

Comisión emitió su Informe de la Comisión de Disciplina

Judicial en el cual concluyó que la prueba estipulada

demostró de forma clara, robusta y convincente que, con

sus omisiones, la jueza Vélez Carreras se apartó de las

obligaciones legales preceptuadas en los Cánones 1, 3, 8 y

17.

En esencia, concluyó que, al momento de los hechos,

la Ley 99-2009, infra, establecía la obligatoriedad de

imponer la medida de supervisión electrónica en casos de

reincidencia, lo cual la querellada omitió, demostrando su

incumplimiento con una norma legal que venía obligada a

imponer.

Además, no revisó el Informe de PSAJ del cual

surgían

los

mencionada

antecedentes

medida

de

penales

seguridad

de

que

manera

activaban

la

obligatoria,

“[soslayando] factores trascendentales que por disposición

legal estaba obligada a tomar en consideración” al imponer

la fianza al señor Santiago Figueroa.

A base de estas conclusiones, la Comisión adujo que

la querellada “demostró, más allá de un error de derecho,

un desconocimiento total del estado de derecho vigente y

desplegó una negligencia crasa e inexcusable, contraria a

los postulados de los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética

Judicial”.

En consecuencia, nos recomienda como sanción

la suspensión de la jueza Vélez Carreras por un término de

entre tres y seis meses.20

En ninguna parte de su informe

El Comisionado Asociado Reinaldo O. Catinchi Padilla hizo constar

que recomendaría una censura enérgica acompañada de una amonestación,

y que la Jueza Vélez Carreras reciba readiestramiento en las áreas

20

AD-2024-0001

nos

presentó

25

prueba

de

que

la

aplicación

errónea

del

derecho por la jueza Vélez Carreras fue intencional o que

hubiese intentado favorecer impropiamente a alguna de las

partes.

Repasados

detenidamente

los

hechos

de

este

caso,

debemos considerar las normas deontológicas aplicables.

II

A.

Como se sabe, el comportamiento de los miembros de la

Judicatura constituye uno de los pilares en los que se

cimienta el Sistema Judicial.

Por ello, se exige una

conducta intachable para que estos sirvan de ejemplo y

fomenten el respeto y la confianza del pueblo en el Sistema

Judicial. In re Cancio González, 190 DPR 290, 297 (2014).

Véase, además, In re Claverol Siaca, 175 DPR 177, 188

(2009).

Este

deber

parte

del

principio

de

que

la

legitimidad de las instituciones de justicia se funda no

sólo en la autoridad jurídica que se les ha dado mediante

los mecanismos formales del Estado, sino también en la

confianza que la ciudadanía tiene en las personas que

ejercen cargos públicos.

In re Ramos Mercado, 170 DPR 363,

393

conducta

(2007).

Cualquier

que

pueda

lacerar

la

credibilidad que existe sobre el Poder Judicial marchita y

empaña la investidura de aquellos y aquellas que honran

esenciales de la Ley 54. Por su parte, el Comisionado Asociado Jorge

L. Toledo Reyna emitió un Voto Disidente en parte y Concurrente en

parte, por entender que se demostró mediante prueba clara, robusta y

convincente la violación al Canon 8, pero no de los Cánones 1, 3 y 17.

AD-2024-0001

26

día a día los postulados de la independencia judicial. In

re Acevedo Hernández, 194 DPR 344, 361 (2015).

Ante ello, el Art. V, Sec. 11 de la Constitución de

Puerto Rico, LPRA, Tomo I, faculta a este Tribunal para

atender los procedimientos disciplinarios relacionados con

los jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal

de Apelaciones, mediante los mecanismos dispuestos por ley.

In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445 (2017); In re Sierra

Enríquez, 185 DPR 830, 850 (2012).

Cónsono con este

mandato, la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según

enmendada, conocida como la Ley de la Judicatura, 4 LPRA

sec. 24 et seq., impuso a este Tribunal la obligación de

adoptar e implementar cánones de ética judicial que rijan

la conducta de los jueces y juezas de Puerto Rico, que a

la vez “[reflejen] la expectativa de la sociedad respecto

a la Judicatura, mediante el reconocimiento de la relación

fiduciaria que debe existir entre el juez y la comunidad,

y establecer programas educativos compulsorios para los

miembros de la Judicatura”. Art. 2.003 de la Ley de la

Judicatura, 4 LPRA sec. 24d.

Véase, además, Exposición de

motivos.

Acorde con esta encomienda, el 5 de abril de 2005,

aprobamos los Cánones de Ética Judicial de Puerto Rico. In

re Aprobación Cánones Ética 2005, 164 DPR 403 (2005).

Según su Preámbulo, “[e]stos cánones son normas mínimas de

conducta que deben cumplir celosamente quienes tienen la

encomienda de impartir justicia.

Están diseñados para

AD-2024-0001

27

guiar a las juezas y a los jueces en el desempeño de sus

cargos

judiciales

y

sirven

de

estructura

para

reglamentación de la conducta judicial”. Íd., pág. 409.

la

A

su vez, “[p]retenden, de manera prioritaria, fortalecer la

independencia

judicial

como

pilar

democrática”. Íd. (Énfasis suplido).

de

la

sociedad

Están encaminados a

promover la confianza de la ciudadanía en su sistema de

justicia, al requerir de las juezas y los jueces la más

estricta adhesión a principios éticos en el manejo de sus

asuntos personales, financieros y extrajudiciales. Íd.

Estos

Cánones

buscan

garantizar

el

eficiente

desempeño de los jueces y las juezas al estimularlos a ser

laboriosos, imparciales, prudentes, serenos, sensibles,

estudiosos del Derecho y cuidadosos en la interpretación

de la ley. Íd.

Para honrar la independencia e integridad

que requiere el cargo, los jueces y las juezas deben

mostrar

entereza,

comportamiento.

convicción

e

imparcialidad

en

su

In re Velázquez Hernández, 162 DPR 316,

324 (2004).

B.

El incumplimiento con lo dispuesto en los Cánones de

Ética Judicial puede acarrear la imposición de severas

sanciones disciplinarias.

In re Pérez Guerrero, 201 DPR

345 (2019); In re Espino Valcárcel, 199 DPR 761 (2018).

En

ese sentido, el Art. 6.001 de la Ley de la Judicatura, 4

LPRA

sec.

25i,

define

a

grandes

rasgos

los

tipos

de

AD-2024-0001

conducta

que

28

podrían

acarrear

tales

medidas.

En

lo

pertinente, este artículo dispone lo siguiente:

Artículo 6.001.-Conductas que conllevan medidas

disciplinarias

Estará sujeto a la imposición

disciplinarias todo juez que:

de

medidas

(1) Incurra en violación a la ley, a los Cánones

de Ética Judicial, a los Cánones de Ética

Profesional o a la reglamentación administrativa

aplicable, cuando medie una determinación final

por un foro competente.

(2) Manifieste negligencia crasa, inhabilidad o

incompetencia profesional en el desempeño de sus

deberes judiciales.

Surgen del Art. 6.001 dos escenarios bajo los cuales

un juez o una jueza se expone a acciones disciplinarias:

(1) por violación de ley, de los Cánones de Ética Judicial

o de la reglamentación administrativa aplicable, y (2)

cuando su desempeño denote negligencia crasa, inhabilidad

o

incompetencia.

disciplinarias

que

Entre

el

abanico

podrían

ser

impuestas

de

medidas

están:

la

destitución del cargo; suspensión de empleo y sueldo;

limitar el ejercicio de la abogacía; una censura; una

amonestación;

o

cualquier

consideremos

adecuada.

otra

Art.

medida

6.002

de

remediativa

que

la

la

Ley

de

Judicatura, supra.

Es indudable la facultad delegada para investigar la

conducta de jueces y juezas. Sin embargo, esta no es

irrestricta: es norma ampliamente reiterada que un error

de hecho o de derecho cometido por un juez en el desempeño

de sus funciones es causa inapropiada para iniciar un

proceso para disciplinarlo.

In re Cancio González, supra,

AD-2024-0001

29

pág. 312; In re Sierra Enríquez, supra, pág. 852; In re

Pagani Padró, 181 DPR 517 (2011); In re Vicenty Nazario I,

169 DPR 194, 223 (2006); In re Scherrer Caillet-Bois, 162

DPR 842, 864 (2004); In re Velázquez Hernández, supra, pág.

332; In re Hon. Díaz García, T.P.I., 158 DPR 549, 557

(2003); In re Quesada, 82 DPR 65, 74 (1961).21

Véase,

además, S. Steidel Figueroa, op. cit., pág. 141.

igualmente

normativo

que,

bajo

nuestro

Es

ordenamiento

deontológico, un error de juicio no equivale a negligencia

ni menosprecio absoluto de la ley. In re Hon. Díaz García,

T.P.I., supra, pág. 557, citando a In re Quesada, supra.

Ello

pues,

al

cometerse

tales

errores,

la

parte

adversamente afectada tiene a su haber el procedimiento

ordinario de revisión judicial. Íd, págs. 557-558.

Cónsono con estos principios, la Regla 3 de Disciplina

Judicial, 4 LPRA Ap. XV-B, dispone el alcance de nuestra

función disciplinaria como sigue:

Regla 3. Alcance de estas reglas

Estas reglas regirán el procedimiento

disciplinario contra jueces o juezas del

Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de

Apelaciones, por:

a) Violación a la ley, a los Cánones de

Ética Judicial, al Código de Ética Profesional,

a órdenes y normas administrativas aplicables,

negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia

profesional

manifiesta

en

sus

deberes

judiciales, o

b) condición de salud física o mental, ya

sea temporera o permanente, que menoscabe el

desempeño de sus funciones judiciales.

No obstante, se dispone, sin que la

siguiente enumeración sea taxativa, que no será

Véanse, además, In re Emda R. 3 Disciplina Judicial, 182 DPR 533,

536 (2011); Comentarios al Canon 9 de Ética Judicial.

21

AD-2024-0001

30

investigada aquella

separación que:

queja

o

solicitud

de

(a) Trate de hechos tan remotos que impida

realizar una investigación efectiva o que

coloque al juez o jueza en una situación de

indefensión;

(b) pretenda intervenir impropiamente con

determinaciones judiciales. Ello no impedirá que

proceda una investigación en aquellos casos en

los que exista una conducta que denote un

posible factor exógeno indebido de conducta

antiética en la determinación judicial;

(c) pretenda utilizar indebidamente el

procedimiento disciplinario o de separación para

lograr la inhibición de un juez o una jueza en

un caso en particular o cualquier ventaja en un

caso o procedimiento ante su consideración;

(d) sea frívola de su faz.

La Oficina de Asuntos Legales podrá investigar

información confidencial o anónima que pueda dar

lugar a la presentación de una queja. (Énfasis

suplido).

Como se puede apreciar, el primer inciso de esta regla

recoge fielmente lo dispuesto en el Art. 6.001 de la Ley

de la Judicatura en cuanto a nuestra facultad para atender

quejas fundadas, entre otras causas, en negligencia crasa

o incompetencia de un juez o de una jueza en el desempeño

de

sus

funciones.

Sin

embargo,

la

regla

prohíbe

expresamente investigar quejas instadas para, entre otros

objetivos,

intervenir

con

determinaciones

judiciales.

Como única excepción, podría proceder una investigación

“en aquellos casos en los que exista una conducta que

denote un posible factor exógeno indebido de conducta

antiética en la determinación judicial”. Íd.

En otras

palabras, una queja que versa sobre un error de derecho

solo puede investigarse si el error como tal surge de una

acción antiética sancionable.

AD-2024-0001

31

Así las cosas, para determinar si un error de hecho o

de derecho constituye conducta antiética, debe probarse

que

constituyó

un

abuso

intencional

de

la

discreción

judicial o que su magnitud reflejó conducta impropia o

favoritismo hacia alguna parte. In re Hon. Díaz García,

T.P.I., supra, págs. 558–559; In re Jackson Sanabria, 97

DPR

1

(1969).

jurisdicción

De

no

serlo,

disciplinaria

para

no

procede

pasar

invocar

juicio

sobre

la

un

dictamen judicial, en sustitución de los mecanismos de

revisión que nuestro ordenamiento provee. In re Hon. Benero

García, 202 DPR 318, 383 (2019); In re Sierra Enríquez,

supra, pág. 852.

Más

requiere

aun,

nuestro

ordenamiento

la

existencia

de

prueba

ético

disciplinario

clara,

robusta

y

convincente de que hubo violaciones éticas para imponer

sanciones disciplinarias. In re Hon. Benero García, supra,

pág. 376; In re Candelaria Rosa, supra, pág. 459; In re

Quiñones Artau, 193 DPR 356, 386 (2015).

Este estándar

probatorio es más alto y sólido que el de preponderancia

de la prueba, pero menos exigente y riguroso que el de

prueba más allá de duda razonable. In re Salas Arana, 188

DPR 339, 347 (2013), citando a In re Martínez Almodóvar,

180 DPR 805, 820 (2011).

Como es conocido, prueba clara,

robusta y convincente es aquella que produce en el juzgador

una convicción duradera de que las contenciones fácticas

son altamente probables. In re Hon. Benero García, supra¸

AD-2024-0001

32

pág. 376, citando a In re Martínez Almodóvar, supra, pág.

820.

En suma, es regla general que los jueces no pueden

ser objeto de un procedimiento disciplinario meramente por

aplicar o interpretar erróneamente los hechos o el derecho

en un caso particular.

Para que proceda tal encauzamiento,

el querellante tiene el peso de probar que el juez o la

jueza abusó intencionalmente de su discreción judicial o

que la magnitud de su error reflejó conducta impropia o

favoritismo hacia una de las partes.

En

la

evaluación

de

estos

elementos,

las

determinaciones de hecho que haga un comisionado especial

en un procedimiento disciplinario merecen deferencia. In

re Sierra Enríquez, supra, pág. 853.

Por tal razón, no

las alteraremos a no ser que medie pasión, prejuicio,

parcialidad o error manifiesto en su apreciación de la

prueba.

Íd.

Sin

embargo,

no

estamos

atados

a

las

recomendaciones que formule el comisionado. Íd.; In re

Muñoz Morell, 182 DPR 738, 748-750 (2011).

partes

someten

el

caso

a

base

del

Cuando las

expediente

y

sus

estipulaciones de hechos, nos encontramos en igual posición

que la Comisión para evaluar los hechos. Véase, In re

Candelaria Rosa, supra, pág. 460.

No venimos obligados a

ratificar el informe preparado por la Comisión en torno a

una querella disciplinaria. Queda a nuestra discreción,

conforme a nuestra autoridad en materia disciplinaria,

adoptarlo, modificarlo o rechazarlo. In re Hon. González

AD-2024-0001

33

Rodríguez, 201 DPR 174, 208 (2018); In re Candelaria Rosa,

supra.

C.

Como hemos visto, la OAT imputa a la jueza Vélez

Carreras la violación de los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética

Judicial. Estos Cánones versan sobre deberes y atribuciones

generales de los miembros de la Judicatura, y en cuanto a

su función adjudicativa.

El

Canon

1

de

Ética

Judicial,

4

LPRA

Ap.

IV-B,

establece que “[l]as juezas y los jueces respetarán la ley,

y serán fieles al juramento de su cargo”.

Está inspirado

en la obligación que impone el Juramento de Fidelidad y de

Toma de Posesión de Cargo o Empleo, Art. 186 del Código

Político

de

1902,

según

enmendado,

3

LPRA

sec.

601.

Reconoce el deber ineludible de todo juez de respetar y

cumplir las leyes en todo momento, así como ser fiel al

juramento que prestó al momento de su investidura. In re

Hon. González Rodríguez, supra, 215.

Surge de los comentarios a este canon su objetivo de

transmitir claramente que las juezas y los jueces no están

por

encima

de

la

ley

respetarla y cumplirla.

y

son

Íd.

los

primeros

llamados

a

El razonamiento es que “[m]al

podría un juez exigir a otros cumplir con los preceptos

legales cuando él se aparta de ellos”.

Rodríguez, supra, pág. 215.

In re Hon. González

En consecuencia, aquellos

miembros de la Judicatura que de alguna manera se desvíen

del

cumplimiento

con

el

ordenamiento

legal

estarán

AD-2024-0001

34

expuestos a sanciones disciplinarias. Íd.

Por ejemplo, en

In re Acevedo Hernández, supra, recurrimos a este postulado

en el caso de un juez condenado por delitos de conspiración

y soborno.

También hemos decretado que un juez infringe

este canon cuando falta a los deberes de su posición

deliberadamente.

Véase, In re Candelaria Rosa, supra.

A su vez, el Canon 3 de Ética Judicial establece que

“[l]os

deberes

judiciales

tendrán

prelación

cualquier otra actividad”. 4 LPRA Ap. IV-B.

sobre

Surge de los

comentarios al canon que se trata de un mandato a priorizar

las

obligaciones

judiciales

frente

a

cualquier

otra

actividad en que participen los jueces y las juezas, y a

mantenerse competentes, sensibles, íntegros y diligentes

para así fomentar el debido desempeño de sus funciones

judiciales. Íd.

De particular importancia a este caso,

bajo este canon, los jueces y las juezas deben mantenerse

competentes y aumentar sus conocimientos y habilidades a

la

luz

de

los

recursos

que

les

ofrezca

la

Academia

Judicial. Íd.

En el pasado hemos determinado que un juez viola este

canon

cuando

utiliza

la

inhibición

como

mecanismo

de

protesta contra una determinación revocatoria del Tribunal

de Apelaciones, pues entendimos que constituyó un acto

contra la jerarquía establecida. In re Candelaria Rosa,

supra.

Por su parte, el Canon 8 de Ética Judicial dispone lo

siguiente:

AD-2024-0001

35

Canon 8. Desempeño en la función adjudicativa.

Para el cabal desempeño de sus funciones, las

juezas

y

los

jueces

serán

laboriosas

y

laboriosos, prudentes, serenos e imparciales.

Realizarán sus funciones judiciales de forma

independiente, partiendo de una comprensión

cuidadosa y consciente de la ley, libre de

cualquier influencia ajena, de instigaciones,

presiones, amenazas o interferencias, ya sean

directas o indirectas, provenientes de cualquier

fuente o por cualquier razón. Enmarcarán sus

funciones adjudicativas en el estudio del

Derecho y en la diligencia orientada hacia el

empeño de descubrir los hechos esenciales de cada

controversia.

La conducta de las juezas y de los jueces ha de

excluir la posible apariencia de que son

susceptibles de actuar por influencias de

personas,

grupos,

partidos

políticos

o

instituciones religiosas, por el clamor público,

por consideraciones de popularidad o notoriedad,

o por motivaciones impropias. 4 LPRA Ap. IV-B.

Este Tribunal expresó en In re Cruz Aponte, 159 DPR

170 (2003) que “aunque la figura de los jueces o de las

juezas está revestida de autoridad, esta no debe utilizarse

indebidamente dentro o fuera del tribunal.

evitar

que

los

jueces

o

las

ensorbecidos por el poder”.

8, supra.

juezas

Va dirigida a

tomen

decisiones

Véanse comentarios al Canon

Véase, además, In re Hon. Benero García, supra,

págs. 378-379.

Algunas conductas que podrían constituir

violaciones a este canon son: descortesía con respecto a

las alegaciones de culpabilidad o a las transacciones entre

las

partes;

interferir

abogados

y

sus

tardanza

indebida

comunicaciones

con

clientes;

ex

en

parte;

las

uso

la

relaciones

impropio

solución

comentarios

entre

del

de

sobre

los

lenguaje;

los

casos;

casos

sub

judice, falta de atención al testimonio de testigos e

AD-2024-0001

36

intervenciones indebidas a favor de amistades.

Véanse

comentarios al Canon 8, supra.

De pertinencia al caso ante nuestra consideración,

este canon obliga a los jueces y juezas a mantenerse al

día en cuanto al estudio del derecho, lo cual, según los

comentarios a este canon, implica “aprovechar al máximo

las oportunidades educativas que se le provean, dedicar

tiempo a la lectura de la jurisprudencia y de las nuevas

leyes”. Íd.

Finalmente,

también

con

relación

al

desempeño

de

funciones adjudicativas, el Canon 17, 4 LPRA Ap. IV-B,

dispone como sigue:

Canon 17. Diligencia

Las juezas y los jueces serán diligentes en la

administración del proceso judicial de los

asuntos sometidos ante su consideración y

procurarán que las partes también lo sean.

Examinarán cuidadosamente las solicitudes de

suspensión y de prórroga de procedimientos y las

aprobarán

sólo

cuando

estén

plenamente

justificadas.

El claro objetivo de este canon es fomentar que los

jueces y juezas eviten toda dilación en el trámite de sus

casos,

ponderando

cuidadosamente

las

circunstancias

al

evaluar solicitudes de prórroga o de suspensión de vistas.

Véanse, comentarios al Canon 17, Íd.

D.

Finalmente,

controversia,

pertinentes

doméstica.

por

ser

conviene

de

nuestra

un

aspecto

repasar

central

las

legislación

en

esta

disposiciones

sobre

violencia

AD-2024-0001

La

37

Asamblea

reconocimiento

de

Legislativa

que

“la

promulgó

violencia

la

Ley

54

en

doméstica

es

un

comportamiento antisocial que constituye un serio problema

para la familia puertorriqueña”.

motivos, Ley 54, supra.

Véase Exposición de

El objetivo de esta ley es atender

la situación del maltrato de pareja que sufrían miles de

personas en Puerto Rico, en su mayoría mujeres, y que no

encontraba remedio en los recursos legales existentes.

Pueblo v. Ayala García, 186 DPR 196, 207 (2012).

A esos

efectos, establece un conjunto de medidas dirigidas a

prevenir y combatir la violencia doméstica mediante la

tipificación del delito de maltrato en diversas modalidades

y la imposición de las penalidades correspondientes.

Además, esta ley faculta a nuestros tribunales para

dictar medidas de protección a las víctimas a través de la

expedición de órdenes dirigidas al agresor para que se

abstenga de incurrir en determinada conducta con respecto

a la víctima.

En

Véase, Exposición de motivos, Ley 54, supra.

este

contexto,

la

Ley

54

define

“violencia

doméstica” como

el empleo de fuerza física o violencia

psicológica, intimidación o persecución o

violencia económica contra una persona por parte

de su cónyuge, excónyuge, una persona con quien

cohabita o haya cohabitado, con quien sostiene

o haya sostenido una relación consensual o una

persona con quien se haya procreado una hija o

un hijo, independientemente del sexo, estado

civil, orientación sexual, identidad de género

o estatus migratorio de cualquiera de las

personas involucradas en la relación, para

causarle daño físico a su persona, sus bienes o

a la persona de otro o al animal de compañía o

mascota de la víctima, de los hijos o del

AD-2024-0001

38

victimario para causarle grave daño emocional.

Art. 602(v) de la Ley 54, 8 LPRA sec. 602(v).

(Énfasis suplido).

En su modalidad psicológica, la violencia doméstica

es a su vez definida como “aquella conducta ejercitada en

deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, [...]

vigilancia, persecución, aislamiento, [...] o destrucción

de objetos apreciados por la persona”. Íd., inciso (x).

Como

mecanismo

de

protección

a

las

víctimas

de

violencia doméstica, el Art. 2.1 de la Ley 54, 8 LPRA sec.

621, permite que una víctima solicite por sí, a través de

su representante legal o por un agente del orden público,

una orden de protección sin que sea necesaria la radicación

previa de una denuncia o acusación.

Estas órdenes pueden

obtenerse de manera ex parte, en aquellos casos en que:

(a)

se

han

hecho

gestiones

de

forma

diligente

para

notificar a la parte peticionada, sin éxito; (b) si existe

la probabilidad de que la notificación provoque el daño

irreparable que se intenta prevenir; o (c) si la parte

peticionaria

demuestra

que

existe

una

probabilidad

sustancial de riesgo inmediato de maltrato. Art. 2.5 de la

Ley 54, 8 LPRA sec. 625.

De obtenerse una orden de protección ex parte, esta

tendrá carácter provisional, y el tribunal deberá celebrar

vista final dentro de los próximos veinte días de haberse

emitido

la

orden

provisional.

Brindada

a

la

parte

peticionada oportunidad para objetar la orden en su contra,

el tribunal podrá dejarla sin efecto o extenderla por el

término que estime necesario. Íd.

AD-2024-0001

39

Como disuasivo contra el incumplimiento de una orden

de protección expedida bajo la Ley 54, el Art. 2.8 de la

Ley, 8 LPRA sec. 628, establece que cualquier violación a

sabiendas será castigada como delito grave de tercer grado,

y

conllevará,

además,

la

imposición

obligatoria

de

supervisión electrónica en caso de que conceda cualquier

tipo de sentencia suspendida.

Establecido

el

mecanismo

para

emitir

órdenes

de

protección al amparo de la Ley 54, su Art. 3.1 tipifica el

delito de “maltrato” como sigue:

Toda persona que empleare fuerza física o

violencia psicológica o económica, intimidación

o persecución en la persona de su cónyuge, ex

cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya

cohabitado, o la persona con quien sostuviere o

haya sostenido una relación consensual, [...]

para causarle daño físico a su persona, [...] a

los bienes apreciados por esta, [...] o para

causarle grave daño emocional, incurrirá en

delito grave de cuarto grado en su mitad

superior. No será necesaria la prueba de un

patrón de conducta para que se constituya el

delito de maltrato. Art. 3.1 de la Ley 54, 8

LPRA sec. 631. (Énfasis suplido).

Para

propósitos

de

este

artículo,

el

término

“cohabitar” significa “sostener una relación consensual de

pareja similar a la de los cónyuges en cuanto al aspecto

de convivencia”. Art. 1.3(e) de la Ley 54, 8 LPRA sec.

602(e).

Como surge del texto citado, la Ley 54 protege no

solo a víctimas que cohabiten o estén sosteniendo una

relación consensual con su agresor o agresora al momento

de la agresión, sino a aquellas que ya no convivan o hayan

terminado tal relación.

AD-2024-0001

40

Ahora bien, con el propósito de ofrecer protección

adicional

Asamblea

a

las

víctimas

Legislativa

de

aprobó

violencia

la

Ley

Núm.

doméstica,

la

99

de

de

18

septiembre de 2009, conocida como la Ley para crear el

Programa

de

Vigilancia,

Protección,

y

Prevención

de

Violencia Doméstica, 8 LPRA sec. 668, et seq. (Ley 992009).

El

propósito

de

esta

supervisión

electrónica

como

ley

fue

fomentar

la

medida

de

seguridad

al

conceder fianzas en casos de incumplimiento con la Ley 54,

particularmente con relación a la violación a órdenes de

protección, maltrato agravado y agresión sexual.

Véase,

Exposición de motivos, Ley 99-2009, supra.

Con este fin en mente, el Art. 2 de la Ley 99-2009, 8

LPRA sec. 668, disponía lo siguiente al momento en que se

celebró la vista de causa para arresto contra el señor

Santiago Figueroa:

Artículo 2.-El Programa de Servicios con

Antelación al Juicio (PSAJ) recomendará a los

tribunales, en su informe de evaluación, la

imposición de supervisión electrónica como

condición adicional y obligatoria al momento de

conceder la fianza en el caso en que se le impute

a una persona la comisión de un delito de

violencia

doméstica,

cuando

se

trate

específicamente de aquellos casos relacionados

con violaciones a órdenes de protección,

maltrato agravado, privación de libertad y

agresiones

sexuales.

Por

lo

tanto,

disponiéndose

que

los

tribunales

vendrán

obligados a imponer supervisión electrónica en

los casos de incumplimiento a los Artículos 2.8,

3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y 3.5 de la [Ley

54], o en caso de reincidencia de la anterior

citada Ley, irrespectivamente del artículo que

se haya incumplido, con o sin recomendación del

PSAJ. (Énfasis suplido).

AD-2024-0001

41

En atención a esta disposición, al momento de los

hechos

era

obligatoria

la

imposición

de

supervisión

electrónica a personas que hubiesen violado los Arts. 2.8

(violación de una orden de protección); 3.2 (maltrato

agravado);

3.4

(maltrato

mediante

restricción

a

la

libertad); y 3.5 (agresión sexual conyugal), y, además, en

casos

de

reincidencia

en

cuanto

a

la

Ley

54,

independientemente de cuál artículo el imputado hubiese

violado anteriormente.22

Por enmienda a este Art. 2, aprobada bajo la Ley Núm.

89 de 8 de agosto de 2023, la imposición de supervisión

electrónica pasó a ser discrecional.

Establecidas las normas aplicables, examinemos con

mayor rigor qué exactamente demostró la OAT con la prueba

que nos ofreció.

III

Amparada en un informe en el que señala como única

prueba de conducta antiética el hecho de no haber ordenado

una medida de seguridad en ese momento obligatoria, y sin

alegar --mucho menos probar-- un patrón de conducta que

permita atribuir falta de capacidad, conocimiento, juicio

o diligencia de la jueza Vélez Carreras, la OAT somete la

inusual recomendación de suspenderla de empleo y sueldo

Con la aprobación de la Ley Núm. 89 de 8 de agosto de 2023 (Ley 892023), la imposición de supervisión electrónica quedó sujeta a la

discreción del tribunal. Esta enmienda entró en vigor seis meses

después de su aprobación, esto es, el 4 de febrero de 2024, a poco más

de tres semanas de haberse celebrado la vista de causa para arresto

contra el señor Santiago Figueroa.

22

AD-2024-0001

42

por cometer un error de derecho.

metodología

eminentemente

Al hacerlo, empleó una

consecuencialista.

Primero,

identificó lo que a su juicio era el fin deseable para la

mayoría

de

los

ciudadanos,

responsabilidad” de la Jueza.

esto

es,

“fijar

la

Segundo, determinó que la

magnitud del error demuestra, por sí sola, que la conducta

que lo provocó fue antiética.

En el camino, se abstrajo

totalmente del estándar bajo el cual veníamos llamados a

evaluar su recomendación.

Como resultado, emitió una

recomendación “buena” para algunos forjadores de opinión

pública, pero que subvierte el estándar probatorio hasta

hoy aplicable, en fatal conflicto con décadas de ponderado

análisis doctrinal.

En pocas ocasiones es posible observar criterios tan

perfectamente alineados detrás de tan escaso análisis.

Examinada la controversia con el rigor que corresponde, no

albergamos duda de que la recomendación de la OAT es

errónea. Veamos por qué.

La OAT nos solicita con el primer cargo formulado la

imposición de medidas disciplinarias contra la jueza Vélez

Carreras por entender que incurrió en negligencia crasa y

descuidó los deberes y funciones de su cargo, al no imponer

supervisión electrónica al señor Santiago Figueroa bajo

circunstancias que hacían obligatoria esta medida.

Como

segundo cargo, plantea que la Jueza no consideró el Informe

de PSAJ, del cual surgía la condena previa que hacía

obligatorio imponer esta medida de seguridad. Según la OAT,

AD-2024-0001

la

43

querellada

“falló

responsabilidad,

aplicación

y

en

actuar

con

la

competencia,

diligencia

y

cuidado

exigidos

en

la

cumplimiento

del

derecho

vigente

en

el

contexto de un caso de violencia doméstica”.

entiende

que

sus

actuaciones

y

Por lo tanto,

omisiones

constituyen

violaciones a los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial.

En otras palabras, nos solicita que sancionemos a la

jueza Vélez Carreras por cometer un error de derecho.

Salta inmediatamente a la vista una falla en la teoría

de la OAT que nos debió llevar a rechazar de plano esta

acción disciplinaria: al menos desde 1961, este Tribunal

ha dicho que un error de juicio no equivale a negligencia

ni menosprecio absoluto de la ley.

supra.

no

es

Véase In re Quesada,

Es norma clara y reiterada que este tipo de error

causa

apropiada

para

iniciar

un

proceso

disciplinario, mucho menos para imponer sanciones, y así

lo disponen nuestros reglamentos desde hace más de treinta

años.23

La razón para ello es por todos conocida: la

conducta

de

un

juez

debe

independencia de su ministerio.

honrar

la

integridad

e

In re Acevedo Hernández,

23

Véase, Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarlas y de

Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de

Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, 131

DPR 630, 643-644 (1992). Al igual que la Regla 3 de Disciplina Judicial

vigente, la Regla 6 de este cuerpo reglamentario disponía que no se

investigaría una queja que “pretenda intervenir impropiamente con

determinaciones judiciales”. El comentario a esta regla explicó este

objetivo como sigue:

En lo que respecta al inciso (b) --determinaciones

judiciales-- debemos señalar que la comisión de un error,

de hecho o de derecho, por un juez en el desempeño de sus

funciones judiciales no es causa para disciplinarlo (In

re Quesada, 82 D.P.R. 65 (1961)) ni fuente para una acción

civil por daños contra su persona (Feliciano Rosado v.

Matos, Jr., 110 D.P.R. 550 (1991)). (Énfasis suplido).

AD-2024-0001

supra.

44

La ley y la justicia no deben enfrentar como

criterio en contrapeso el temor del juez o de la jueza a

enfrentar procesos disciplinarios por un error de hecho o

de

derecho,

cometido

en

el

desempeño

de

su

función

judicial.

Enfrentada

a

la

abundante

jurisprudencia

que

contradice el curso de acción que nos recomiendan, la OAT

no reclama abuso intencional de discreción o favoritismo

hacia una de las partes por la querellada.

En su lugar,

propone, con frugal explicación, la teoría de que el error

cometido por la jueza Vélez Carreras es de tal magnitud

que

necesariamente

demuestra,

“más

refleja

allá

de

conducta

un

error

impropia,

de

derecho,

pues

un

desconocimiento total del estado de derecho vigente” en

cuanto a violencia doméstica.24

En palabras de la OAT,

“[e]l incumplimiento legal aludido sobrepasa la frontera

de un mero error de hecho o de derecho y configura, en vez,

una conducta impropia que transgrede los deberes éticos

que rigen la conducta de los miembros de la judicatura”.25

A poco que se examinen los planteamientos de las

partes a la luz de nuestros pronunciamientos anteriores en

el contexto disciplinario, debió quedar claro que estamos

ante una querella que la OAT nunca debió presentar.

De entrada, es justo consignar que en este caso no

existe controversia en cuanto al error cometido por la

Véase Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 36.

Véanse Querella, pág. 45; Informe sobre conferencia entre abogados

y abogadas, pág. 8.

24

25

AD-2024-0001

45

jueza Vélez Carreras.

Son hechos estipulados que desde el

26 de septiembre de 2023 se expidió una orden de protección

contra el señor Santiago Figueroa, con vigencia hasta el

26 de marzo de 2024.

Fue estipulado además que, expedida

esta orden, las partes se reconciliaron y volvieron a

convivir como pareja hasta el 6 de enero de 2024, fecha en

que

la

víctima

terminó

la

relación.

Asimismo,

quedó

probado que, el 10 de enero de 2024, la víctima presentó

una denuncia bajo el Art. 2.8 de la Ley 54 por violación a

la orden de protección vigente, y que la jueza Vélez

Carreras encontró causa probable para arresto contra el

imputado, pero no bajo el Art. 2.8, sino bajo el Art. 3.1

en su modalidad de maltrato psicológico.

Finalmente, fue

estipulado que la querellada solo impuso una fianza al

señor Santiago Figueroa como condición para dejarlo en

libertad hasta la vista preliminar.

Bajo

este

cuadro

de

hechos,

en

efecto,

la

determinación de la jueza Vélez Carreras fue errada.

A

pesar de que, como esta aseveró durante la vista, la

imposición de supervisión electrónica es obligatoria bajo

el Art. 2.8 de la Ley 54, pero no bajo el Art. 3.1, a la

fecha en que se celebró la vista, el Art. 2 de la Ley 992009

exigía

esta

medida

de

seguridad

reincidencia con respecto a la Ley 54.

en

casos

de

Del expediente

surge la condena previa del imputado bajo el Art. 3.1 de

esta

ley.

En

consecuencia,

no

imponer

supervisión

electrónica al señor Santiago Figueroa fue un error.

AD-2024-0001

46

Tampoco existe controversia en cuanto a que se trató

de un error de derecho.

Es innegable que la jueza Vélez

Carreras actuó de forma contraria a la norma vigente, y

así lo admite cándidamente.

Ante

este

escenario,

nuestro

ordenamiento

deontológico imponía a la OAT un peso probatorio claro.

acuerdo

con

la

Regla

3

de

Disciplina

Judicial,

De

venía

obligada a identificar el “factor exógeno indebido de

conducta antiética” en la determinación de la jueza Vélez

Carreras que le permitió investigar esta queja a pesar de

ir dirigida a intervenir con una determinación judicial.

Es decir, para encauzar esta acción disciplinaria basada

en un error de derecho, el error debía ser consecuencia de

conducta de por sí impropia de la querellada.

De lo

contrario, la misma Regla 3 le impedía siquiera presentar

una querella. Más aun, debía demostrar esta conducta a

través de prueba clara, robusta y convincente.

La OAT fracasó decisivamente en su intento por superar

este obstáculo.

En cuanto al primer cargo, indicaron que

la jueza Vélez Carreras “incurrió en negligencia crasa

[...] cuando incumplió con la obligación legal que le

exigía imponer [...] la medida de supervisión electrónica”.

Es decir, imputaron negligencia crasa a la querellada, lo

cual, como ha quedado diáfanamente demostrado, nuestro

ordenamiento no permite siquiera investigar, por tratarse

de un error de derecho.

AD-2024-0001

47

Por otro lado, apoyaron su segundo cargo en dos hechos

esenciales: que la Jueza no se percató del número de

preintervención en la parte superior de la denuncia, y que

no leyó “con detenimiento y cuidado” el Informe de PSAJ,

por lo que no se percató del historial delictivo del

imputado que surgía de estos documentos.

es claramente insuficiente.

jueza

Vélez

suficiente

Carreras

no

detenimiento,

Esta formulación

Aun si aceptáramos que la

examinó

estos

estos

hechos

documentos

con

no

ser

podrían

considerados aisladamente como prueba de incompetencia,

pues debían formar parte de un patrón de conducta que

demuestre que no posee la capacidad, conocimiento, juicio

o diligencia para descargar consistentemente los deberes

de su puesto.

Véase, In re Pagani Padró, supra, pág. 530,

citando a In re Baber, 847 S.W.2d 800, 803 (Missouri 1993).

La conclusión puede ser solo una: el expediente está

totalmente desprovisto del factor exógeno que requería la

Regla 3 de Disciplina Judicial para instar esta acción.

Por

lo

tanto,

es

totalmente

improcedente

enjuiciar

disciplinariamente a la jueza Vélez Carreras bajo estos

cargos.

Distinto hubiese sido, por ejemplo, si, alertada

por el Ministerio Público sobre la peligrosidad del señor

Santiago

Figueroa,

de

su

historial

delictivo

y

de

su

condena anterior por un delito de violencia doméstica, la

Jueza se hubiese rehusado sin fundamentos a revisar su

determinación de no imponer la supervisión electrónica.

Bajo ese escenario, su actuación constituiría un abuso

AD-2024-0001

48

intencional de discreción y, por lo tanto, quedaría sujeta

a escrutinio disciplinario.

Ahora bien, la OAT emite su recomendación bajo la

premisa

de

que,

procedimientos

a

modo

de

excepción,

disciplinarios

en

casos

procede

que

instar

envuelvan

errores de derecho, si sus consecuencias lo justifican.

No podemos avalar esta pretensión.

el

pasado

hemos

atendido

acciones

Ciertamente, en

disciplinarias

que

envuelven errores de derecho, pero van invariablemente

atadas a un factor antiético exógeno a la determinación

judicial que motiva el error en primer lugar.

Por ejemplo,

en In re Quiñones Artau, supra, un juez encontró causa por

perjurio contra un agente encubierto que testificó en su

sala, luego de que el Ministerio Fiscal le apercibiera de

que no contaba con facultad para constituirse en juez

instructor

para

determinar

conducta delictiva.

si

el

agente

incurrió

en

En ese caso, el juez celebró vista y

tomó su determinación luego de haber sido transferido a

otra

región

judicial,

desestimara la causa.

y

de

que

una

jueza

distinta

Allí resolvimos que su actuación no

fue un mero error de derecho, sino un abuso intencional de

su poder.

De igual modo, en In re Liceaga, 82 DPR 252 (1961),

un juez sentenciaba e imponía multas a acusados al momento

en que sus casos le eran sometidos para determinación de

causa probable, sin haberse presentado una denuncia.

A su

vez, se apropiaba de las cantidades depositadas en pago de

AD-2024-0001

las

multas

49

ilegalmente

impuestas.

En

esa

ocasión

concluimos que incurrió en conducta impropia e inmoral que

daba lugar al desaforo bajo los Cánones de Ética para la

Judicatura de 1957.

Por otro lado, en In re Cruz Aponte, supra, una jueza

fue separada de su puesto luego de que ordenara el arresto

por desacato sumario de una trabajadora social con quien

sostuvo un altercado por teléfono, cuando su sala no estaba

en sesión, y cuyo origen fue el tono hostil con el que la

propia jueza increpó a la trabajadora social.

En esa

ocasión sancionamos a la jueza por infringir su deber de

honestidad, por el uso indebido de su autoridad como jueza,

por faltar el respeto a la dignidad del ser humano mediante

trato descortés, y por incumplir su obligación de mantener

el orden y decoro en el tribunal a través de su propia

conducta.

En efecto, la jueza invocó la autoridad de su

cargo por motivaciones personales.26

En principio, las acciones disciplinarias instadas en

estos casos implicaban errores de derecho.

Sin embargo,

fueron las motivaciones indebidas y antiéticas detrás de

estas determinaciones judiciales las que justificaron las

sanciones impuestas.

exigencia

de

Así, se cumplió perfectamente la

investigar

casos

en

los

que

“exista

una

conducta que denote un posible factor exógeno indebido de

El Tribunal resumió su razonamiento como sigue: “[l]a señora Suárez

Meléndez tuvo que pasar la noche en la cárcel para mujeres de Vega

Alta. La jueza Cruz Aponte, al ordenar el arresto de la querellante

sin darle oportunidad alguna para excusarse o explicar lo acontecido,

dio la impresión de haber utilizado un privilegio en lugar de haber

ejercido su autoridad como miembro de la Judicatura”. In re Cruz

Aponte, supra, pág. 189.

26

AD-2024-0001

50

conducta antiética en la determinación judicial”.

En

comparación, la OAT no demostró que este elemento estuviese

presente en el caso de la jueza Vélez Carreras.

Tampoco

podemos

avalar

el

cambio

en

el

estándar

probatorio que implicaría permitir que se sometan errores

de derecho al escrutinio disciplinario, solo a base de las

consecuencias del error.

Adoptar el criterio de la OAT

tornaría innecesario desfilar prueba adicional, pues la

conducta impropia quedaría siempre probada justipreciando

las

dimensiones

del

error

únicamente.

Tal

esquema

probatorio es radicalmente incompatible con el estándar

actual, que requiere demostrar la violación ética mediante

prueba clara, robusta y convincente.

más

laxo

presumir

de

preponderancia

negligencia

observado.

de

únicamente

Ni bajo el estándar

prueba

a

base

sería

aceptable

del

resultado

Véase, Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa,

151 DPR 711 (2000).

Por otro lado, es dudoso, por describirlo de algún

modo, el análisis mediante el cual la OAT concluyó que la

jueza Vélez Carreras “descuidó los deberes y funciones de

su cargo” y mostró “claro desconocimiento y menosprecio”

por el derecho vigente, pues no tomó en cuenta el papel

del Ministerio Público en este caso.

En cuanto a esto, la OAT destacó en su informe un

extenso listado de omisiones del Ministerio Público que

sin duda contribuyeron a la omisión de imponer supervisión

electrónica al señor Santiago Figueroa.

Primero, indicó

AD-2024-0001

51

que la fiscal Aulet Morales no trajo a colación durante la

vista el historial delictivo del señor Santiago Figueroa

ni su condena previa por maltrato bajo la Ley 54, a pesar

de conocerlo. Tampoco preguntó a la víctima ni a su hermano

en

cuanto

a

los

hechos

que

propiciaron

la

orden

de

protección inicial, no desfiló prueba sobre incidentes de

violencia o amenazas de daño corporal, no presentó el

testimonio

del

agente

Violencia

Doméstica,

investigador

quien

de

también

la

Unidad

conocía

de

los

antecedentes penales del imputado, ni emitió juicio sobre

el monto de la fianza decretada.

En la denuncia como tal

tampoco se alegó la reincidencia.

Desfilada la prueba, la fiscal Aulet Morales no alertó

a la querellada en cuanto al requisito de supervisión

electrónica,

no

solicitó

reconsideración

de

la

determinación de no imponerla, ni inició un proceso de

revisión de fianza.

Según el informe, esta se allanó a la

discreción de la jueza, a pesar de conocer que se debía

imponer

la

supervisión

electrónica.

Finalmente,

el

Ministerio Público tardó catorce días en tomar alguna

acción para corregir la omisión, al presentar su moción a

esos efectos el 24 de enero de 2024 a las 4:55 pm, “al filo

del horario regular de trabajo”.27

En resumen, la OAT reconoce que los fiscales deben

llevar el caso y colocar al tribunal en posición de tomar

decisiones

27

informadas,

traer

ante

Véase Informe de Investigación, pág. 76.

su

consideración

AD-2024-0001

52

elementos de peligrosidad, historial delictivo y medidas

de

seguridad,

y

solicitar

reconsideración

o

presentar

solicitudes de revisión de fianza cuando estimen que no se

impusieron

medidas

de

seguridad

requeridas

por

ley.

omisiones

del

Ministerio

Ante

suficientes

este

abultado

Público,

la

e

incluso

listado

OAT

de

señala,

correctamente, que “son los fiscales del Departamento de

Justicia [...] los que llevan los casos ante los tribunales

y colocan en posición a los jueces y a las juezas a tomar

sus determinaciones de manera informada, algo que aquí

evidentemente no ocurrió”.28

Lo

especialmente

perturbador

es

que,

luego

de

reconocer la necesaria y dinámica interacción que debe

darse en sala entre los participantes de un procedimiento

judicial adversativo, la OAT requiera este inusitado nivel

de perfección en el desempeño de un juez o de una jueza.

En cualquier caso, el expediente y su propio informe no

reflejan el nivel de descuido de sus deberes o menosprecio

por el derecho que reclama la OAT.

Por el contrario,

demuestran que la Jueza conocía el derecho aplicable, y

que la medida de supervisión electrónica procedía con

carácter obligatorio bajo el Art. 2.8 de la Ley 54, pero

no bajo el Art. 3.1.

Esta preguntó en al menos dos

ocasiones al Ministerio Fiscal si debía tomar algo más en

consideración.

No surge de la investigación que hubiese

cometido este error en los casos que ha atendido en el

28

Íd., pág. 77.

AD-2024-0001

53

pasado. Simplemente no existe prueba que demuestre que erró

aquí por otra razón que la inadvertencia que el Ministerio

Público venía llamado a alertar.

Al margen de todo lo anterior, en su precipitada

preparación de una respuesta institucional a esta tragedia,

la OAT parece no haber contemplado las consecuencias que

acarrearía su recomendación. Como vimos, partiendo de la

premisa básica de que la jueza Vélez Carreras “incumplió

con la obligación legal que exigía imponer --sin margen de

discreción alguna-- la medida de seguridad electrónica”,

la OAT le atribuye el “claro desconocimiento y menosprecio

por el estado de derecho vigente” que configuró la conducta

impropia objeto de sanción.

Es decir, la llamada conducta

antiética imputada a la Jueza fue actuar al margen de su

facultad discrecional.

Ante

este

fundamento,

apremia

preguntar

a

qué

abriríamos la puerta hoy exactamente si adoptáramos la

postura de la OAT: al enjuiciamiento disciplinario de toda

determinación tomada al margen de la discreción concedida,

o solo de aquellas que conlleven una trágica secuela de

alto interés público.

Ninguna

de

estas

alternativas

cuenta

con

valor

redimible. La fundamentación que ofrece la OAT sugiere que

estamos ante el primer escenario, el cual no solo impone

sobre nuestros jueces y juezas el imposible deber de ser

perfectos, sino que resulta innecesario, por tratarse de

determinaciones revisables en derecho.

La segunda es

AD-2024-0001

54

todavía menos deseable, pues resultaría en el procesamiento

selectivo de casos en el cual dos jueces que incurren en

exactamente la misma omisión serían enjuiciados o no en

función de eventos posteriores a su determinación sobre

los

cuales

no

tienen

dejaríamos

que

ningún

nuestra

control.29

función

En

efecto,

disciplinaria

sea

ejercitada al azar.

Sin importar cuál de estos enfoques escogiésemos, el

resultado seguiría siendo el mismo: el encauzamiento de

procedimientos disciplinarios contra un juez o una jueza

por un error de derecho, lo cual constituye una estocada a

la independencia que un juez o una jueza debe defender.

Simplemente no podemos estar de acuerdo.

que,

“[c]omo

atributo

de

la

función

Debemos recordar

judicial,

[la

independencia judicial] exige protección de la judicatura

frente a presiones de la sociedad, de sus componentes, de

los grupos de interés y de las partes en litigio [...],

así como frente al propio Poder Judicial en el que un juez

labora”.30 La descarnada explicación que ofrece la OAT no

nos mueve a modificar una postura histórica que esta conoce

muy bien.

A manera de ejemplo, ¿disciplinaremos jueces o juezas por emitir

órdenes de protección recíprocas? ¿Por imponer penas de restricción

domiciliaria a personas convictas por homicidio negligente mientras

conducían un vehículo de motor en estado de embriaguez? ¿Procedería

una sanción en el caso anterior, si la persona convicta comete algún

delito mientras cumple su sentencia? En el plano civil, ¿seremos

severos cuando no se impongan fianzas de no residente, o solo en

aquellos casos en que, en efecto, el demandante abandone su caso y el

demandado no pueda recuperar sus pérdidas precisamente ante la falta

de una fianza?

30 S. Steidel Figueroa, op cit., pág. 70.

29

AD-2024-0001

55

En suma, tras un minucioso examen de los argumentos

de las partes y examinada la prueba en respaldo a las

recomendaciones de la OAT, incluyendo las grabaciones de

las vistas judiciales pertinentes, no podemos compartir su

criterio.

No existe prueba clara, robusta y convincente

que establezca que la jueza Vélez Carreras cometió las

violaciones éticas imputadas.

Salvo por la manifiesta

avidez de OAT por insertarse en el “amplio debate que se

ha

generado

en

al

País”,31

esta

no

puso

ante

nuestra

consideración elementos que justificaran el inicio de una

acción disciplinaria contra la jueza Vélez Carreras, mucho

menos la sanción recomendada.

En consecuencia, rechazamos

las recomendaciones de la OAT y decretamos el archivo de

los cargos, sin más.

IV

La

claridad

deontológico

con

la

que

nuestro

prescribía

un

resultado

tan

ordenamiento

distinto

al

propuesto por la OAT nos lleva, no solo a rechazar sus

recomendaciones, sino a evaluar con ojo crítico el papel

que

esta

desempeña

disciplinario.

actualmente

en

nuestro

esquema

Específicamente, amerita evaluar si, ante

los hechos de este caso, la OAT utilizó sanamente la

discreción y los recursos que le conceden las Reglas de

Disciplina

Judicial

para

iniciativa

propia

y

solicitar

recomendar

investigaciones

el

curso

de

acción

disciplinaria adecuado.

31

por

Véase, primera oración del Informe de Investigación de la OAL.

AD-2024-0001

56

Es forzoso concluir que no. En cuanto a esto, los

hechos hablan por sí solos.

Reglas

de

Disciplina

Como cuestión de umbral, las

Judicial

no

permitían

a

la

OAT

comenzar esta investigación contra la jueza Vélez Carreras.

La Regla 4(m) de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XV-V, R.

4(m),

define

el

término

“queja”

como

“solicitud

de

investigación contra un juez o una jueza por conducta

incompatible con su función judicial”. (Énfasis suplido).

Cualquier

persona

interesada

en

que

se

investigue

la

conducta de un juez o de una jueza puede presentar una

queja ante la OAL o en el lugar dispuesto para ello en cada

región judicial. Regla 5(a) de Disciplina Judicial, 4 LPRA

Ap. XV-V, R. 5(a).

Esto significa que, para iniciar el

proceso, el interesado debe imputar al juez o la jueza una

conducta específica que sea incompatible con sus funciones;

de lo contrario, no estaríamos ante una queja al amparo de

las Reglas de Disciplina Judicial.

Así las cosas, una queja que impute la comisión de un

error de hecho o de derecho debe necesariamente indicar el

“factor

exógeno

determinación

indebido

judicial”

de

conducta

antiética

en

la

que

requiere

la

3

de

Disciplina Judicial, supra.

Regla

Esto es así porque, de lo

contrario, la regla prohíbe taxativamente que la queja sea

investigada.

Esto incluye, por supuesto, aquellas quejas

iniciadas a instancias de la Jueza Presidenta, algún Juez

AD-2024-0001

57

Asociado o Jueza Asociada, o por el Director de la OAT,

como permite la Regla 5(c) de Disciplina Judicial, supra.32

En

este

caso,

la

OAT

autorizó

por

escrito

la

investigación sobre la conducta de la jueza Vélez Carreras

sin

identificar

este

factor

iniciarla en primer lugar.

exógeno

que

permitiría

Tampoco lo hizo la OAL cuando

solicitó su autorización, en clara violación de la Regla 3

de Disciplina Judicial.

No imputaron intencionalidad ni

favoritismo en su determinación.

En este sentido, las

reglas no establecen distinción entre una queja iniciada

por un ciudadano particular y una a solicitud de la OAT.

La referida regla simplemente no permitía iniciar esta

investigación como lo hizo la OAT.

Estamos en este caso,

por tanto, ante una queja que se queda claramente corta de

cumplir las exigencias de un procedimiento disciplinario

formal.

Guiada

particular,

por

su

decidida

búsqueda

tampoco

podemos

favorecer

de

el

un

resultado

atropellado

trámite que siguió la OAT, mediante el cual le tomó apenas

tres días laborables y una investigación preliminar que no

hizo formar parte del expediente para concluir que procedía

la presentación de una queja.

Huelga discusión ulterior

sobre el resultado que alcanzó.

Según la Regla 5(c) de Disciplina Judicial, supra, la Jueza

Presidenta, un Juez Asociado o una Jueza Asociada, o el Director de la

OAT pueden solicitar a iniciativa propia y por escrito una

investigación sobre la conducta o capacidad de un juez o una jueza, y

dicha solicitud se considerará como una queja.

32

AD-2024-0001

58

Evaluada la totalidad de las circunstancias, sería

realmente insostenible validar las actuaciones ilegítimas

de la OAT para imponer una sanción que, aunque tal vez

popular para el público en general, sería improcedente en

derecho. En aras de aplaudir un resultado que le parece

“bueno”, la OAT se desentiende por completo de los medios

que tuvo que emplear para llegar a él.

En términos

deontológicos, esta es una estrategia indeseable, y su

impacto sobre nuestra judicatura sería tangible.

Todos

los días se dan errores humanos en nuestras salas, todos

revisables.

No

ameritan

acción

disciplinaria,

en

reconocimiento de que la independencia judicial tiene el

fin de garantizar que los derechos de cada cual serán

evaluados

en

un

foro

libre

e

imparcial,

sin

temor

a

represalias por sus decisiones, donde la ley y la justicia

serán los únicos criterios de decisión.

No podemos variar

esta norma solo para cumplir promesas que no debimos haber

hecho en primer lugar.

Invita también a la reflexión la notable ausencia en

nuestro ordenamiento de medidas reparadoras que ayuden a

paliar

los

efectos

de

querellas

inmeritorias

instada contra la jueza Vélez Carreras.

como

la

Aun ante el

sobreseimiento de los cargos en su contra, la obstinación

de la OAT en un caso totalmente desprovisto de fundamentos

obliga a repensar si se debe contemplar algún tipo de

reparación a favor de un querellado o querellada que se ve

obligado a defenderse de una acción de esta naturaleza.

AD-2024-0001

59

En este caso, el argumento a favor luce convincente.

Desde su primera comparecencia, la jueza Vélez Carreras

adujo que era imposible prever un desenlace como el aquí

observado, e identificó, correctamente, que cometió un

error

de

derecho

que

no

justificaba

una

acción

disciplinaria en su contra.

Dejó saber, además, que había

atendido

múltiples

casos

de

enfrentar

eventos

como

violencia

doméstica

que

actuó

este,

no

sin

mediando

motivaciones indebidas ni personales, y que de ninguna

forma demostró favoritismo hacia alguna de las partes.

Sostuvo que el procedimiento había sido aleccionador y la

experiencia,

difícil

de

sobrellevar.

Como

corolario,

aseguró que en el futuro habría de ceñir sus funciones “al

más estricto celo y rigor profesional y ético”.

Tras una investigación que duró casi seis meses y un

proceso disciplinario de más de dos años, la OAT debió

quedar satisfecha con estas explicaciones.

Sin embargo,

insistió en presentar cargos y enjuiciar a la jueza Vélez

Carreras en ausencia de prueba de un patrón de conducta

que

denotara

derecho.

negligencia

crasa

o

desconocimiento

del

En efecto, movió el aparato administrativo y los

considerables recursos del Estado contra la querellada,

con el único objetivo de aplacar el reclamo de un público

en búsqueda de un resultado particular, pero desinformado

sobre su viabilidad.

Este curso de acción está totalmente

reñido con nuestro ordenamiento disciplinario.

AD-2024-0001

60

No albergamos duda de que la OAT conocía o debía

conocer las deficiencias del caso que aun así optó por

llevar, y obligó a la jueza Vélez Carreras a incurrir en

gastos legales, ante la imposibilidad de defenderse por sí

misma durante el proceso.

Más aun, esta quedó sometida a

la angustiosa presión de defenderse durante este prolongado

proceso

mientras

atendía

las

materias

asignadas.

El

balance más racional y justiciero de la escasa evidencia

que obra en el expediente, unido a la forma atropelladora

con la que la OAT dirigió estos procesos, sugieren que está

madura

una

discusión

que

nos

dirija

a

resultados

más

equitativos.

Dicho esto, en el pasado se han escuchado voces de

alerta sobre el proceder arbitrario y selectivo de la OAT

al canalizar sus investigaciones.

de

desaprobación

en

cuanto

a

Hemos leído expresiones

la

creación

de

unidades

especiales adscritas a la OAT para investigar, evaluar y

fiscalizar

el

desempeño

de

los

integrantes

de

la

judicatura, no porque se objetase su necesidad, sino por

su evidente falta de independencia de criterio.

Véase, In

re Enmdas. Rs. Disciplina Judicial, 191 DPR 564 (voto

particular de conformidad de la Jueza Asociada señora Pabón

Charneco). Más recientemente, una mayoría de este Tribunal

expresó sin ambages que “no debemos permitir que, en el

afán de buscar soluciones inmediatas, la OAT desvirtúe el

proceso ético judicial, convirtiéndolo en un instrumento

AD-2024-0001

para

61

cometer

injusticias”.

Véase,

In

re

Hon.

Benero

Es imprescindible no abandonar este enfoque.

De lo

García, supra.

contrario, tal vez debamos sustituir nuestras Reglas de

Disciplina Judicial por mecanismos procesales dignos de

Nicolás Aymerich o Bernardo Gui.

Amerita

papel

en

también

este

reflexionar

esquema.

En

sobre

nuestro

propio

épocas

recientes

esta

institución ha decidido ocupar un rol mucho más activo ante

el ojo público, e incluso se declara deseosa de hacerlo.33

Esa postura es entendible.

Las trágicas muertes de la

señora Morales Vázquez, su madre y su hermano marcaron a

nuestra

comunidad,

y

compartimos

la

consternación

colectiva que causó el cobarde acto que segó sus vidas.

comprensible

compensar

también

su

identificación

el

pérdida

de

deseo

de,

mediante

fallas

en

el

en

alguna

Es

medida,

rápida

y

decisiva

proceso,

que

podamos

corregir de inmediato de cara al futuro.

Sin embargo, las circunstancias de este caso invitan

a mayor reflexión; a actuar, no a reaccionar.

No podemos

subvertir normas deontológicas de necesario arraigo en

nuestro

ordenamiento

solo

por

arribar

a

un

resultado

específico.

No debemos perder de perspectiva que nuestra

función

fundamentalmente

es

interpretativa.

En

ese

contexto se ha señalado, con razón, que los jueces y juezas

no establecemos política pública ni somos responsables de

Véase Comunicado de prensa de 25 de enero de 2024 del Poder Judicial

de Puerto Rico, supra.

33

AD-2024-0001

62

su ejecución, pues no somos parte de las ramas políticas

del gobierno.34

Por eso, si hubiere que decidir entre el

activismo judicial imperante y la dignidad del silencio,

hoy la prudencia, en otras ocasiones el pudor, aconsejan

decantarse por la segunda.

V

En

mérito

de

lo

expuesto,

concluimos

que

la

OAT

incumplió crasamente con el peso de probar que la jueza

Vélez Carreras infringió los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética

Judicial.

En

consecuencia,

se

presentados

y

se

archivo

ordena

el

desestiman

los

inmediato

cargos

de

esta

querella.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Raúl A. Candelario López

Juez Asociado

Véase, C.E. Ramos González, Independencia Judicial, 43 Rev. Jur.

UIPR 273 (2009).

34

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hon. Ginny M. Vélez Carreras

AD-2024-0001

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, la cual se hace formar parte integral de esta

Sentencia, concluimos que la OAT incumplió crasamente con el

peso de probar que la jueza Ginny M. Vélez Carreras infringió

los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial. En consecuencia,

se desestiman los cargos presentados y se ordena el archivo

inmediato de esta querella.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal Supremo. El Juez Asociado señor Estrella Martínez y

la Jueza Asociada Rivera Pérez concurren con el resultado

sin opinión escrita. La Jueza Presidenta señora Oronoz

Rodríguez y el Juez Asociado señor Colón Pérez emitieron

Opiniones disidentes.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hon. Ginny M. Vélez Carreras

AD-2024-0001

Opinión Disidente emitida por la Jueza Presidenta ORONOZ RODRÍGUEZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.

Disiento de la decisión tomada hoy por una mayoría

del Tribunal, la cual erróneamente sostiene que los

elementos

de

“intencionalidad

y

favoritismo”

constituyen la “única llave” a una acción disciplinaria

judicial. Este proceder pasa por alto que es norma

reiterada que “podemos disciplinar a un juez o una jueza

por […] negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia

profesional

manifiesta

en

sus

deberes

judiciales”.

In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 850 (2012). Véanse

además, Artículo 6.001 de la Ley de la Judicatura del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, según

enmendada,

Ley

Núm.

201-2003,

4

LPRA

sec.

25i;

Regla 3(a) de las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA

Ap. XV-B.

2

AD-2024-0001

En el presente caso, no existe controversia en cuanto a

que, al momento en que presidió la vista sobre causa probable

para arresto en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Wilfredo

Santiago

Figueroa,

J1VP202400074,

en

torno

a

la

denuncia

presentada contra el Sr. Wilfredo Santiago Figueroa (señor

Santiago

Figueroa)

por

violación

al

Art.

2.8

de

la

Ley

Núm. 54 - 1989, la Hon. Ginny M. Vélez Carreras (jueza Vélez

Carreras)

tuvo

ante

sí

el

Informe

de

evaluación

y

recomendaciones del Programa de Servicios con Antelación a

Juicio (Informe del PSAJ), el cual era de fácil lectura y

constaba de una (1) sola página. Se desprende del Informe del

PSAJ,

el

cual

la

jueza

Vélez

Carreras

debía

examinar

y

considerar por mandato de ley,1 que, en cuanto al señor Santiago

Figueroa, “[e]l Sistema de Búsqueda de Antecedentes Penales,

arroja sentencia de cárcel por violación al [Art.] 122.3, Art.

231 y Art. 3.1 [de la] Ley [Núm.] 54[-1989] con sentencia total

y concurrente entre sí de 10 años”. (Negrilla suplida).

Además, el Informe del PSAJ, cuyo contenido la jueza

Vélez Carreras estipuló,2 indica que “[d]e acuerdo a la Ley

[Núm.] 99[-2009] el Art. 2.8 de la Ley [Núm.] 54[-1989] conlleva

supervisión electrónica y pagar la fianza de manera pecuniaria.

Como también cumplió cárcel por delitos previos de [L]ey [Núm.]

54[-1989]

se

recomienda

se

observe

estrictamente

con

el

protocolo de distancia de 30 minutos entre las partes, que al

1

Véanse, Reglas 6.1 y 218 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 LPRA

Ap. II.

2 Véase, Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 6. (“Durante

la vista del 10 de enero de 2024, la jueza Vélez Carreras tuvo ante sí el

Informe de Evaluación y Recomendaciones del PSAJ del Sr. Wilfredo Hiram

Santiago Figueroa, el cual consta de una página. (Se estipula dicho Informe

del PSAJ)”.).

3

AD-2024-0001

momento de la evaluación no ha ofrecido ninguna residencia

viable, que cumpla con el mismo”. (Negrilla suplida).

De la prueba documental estipulada surge que la jueza

Vélez Carreras encontró causa para arresto por el Art. 3.1 de

la Ley Núm. 54-1989 en su modalidad de maltrato psicológico, y

no por el delito imputado en la denuncia, a saber, el Art. 2.8

de la Ley Núm. 54-1989. Seguidamente, fijó una fianza de $5,000

y

no

sujetó

al

señor

Santiago

Figueroa

a

la

medida

de

supervisión electrónica.3

Durante dicha vista, la jueza Vélez Carreras también

indicó, en dos (2) ocasiones, que el referido Art. 3.1 no

conllevaba imponer la supervisión electrónica, por lo que no la

impondría.4 Ello, a pesar de que, en su momento, el Art. 2 de

la Ley Núm. 99-2009 establecía que

los tribunales vendrán obligados a imponer supervisión

electrónica en los casos de incumplimiento a los Artículos

2.8, 3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y 3.5 de la Ley [Núm.]

54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como

“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica” o en caso de reincidencia de la anterior citada

Ley, irrespectivamente del artículo que se haya incumplido,

con o sin recomendación de [la Oficina de Servicios con

Antelación al Juicio]”. (Negrilla y subrayados suplidos).

A la luz de lo anterior, la Comisión de Disciplina

Judicial (Comisión) concluyó en su informe que “la jueza Vélez

Carreras

demostró,

más

allá

de

un

error

de

derecho,

un

desconocimiento total del estado de derecho vigente y desplegó

una negligencia crasa e inexcusable”.5 Entre otras cosas, la

Íd., pág. 34.

Íd.

5 Íd., pág. 36.

3

4

4

AD-2024-0001

Comisión

destacó,

por

conducto

de

su

Presidenta,

la

Lcda. Lourdes V. Velázquez Cajigas, que

la existencia de convicciones previas por delitos de la misma

naturaleza, así como el riesgo de peligrosidad que el señor

Santiago Figueroa representaba para la señora Morales Vázquez

eran circunstancias de fácil verificación con una lectura del

[Informe del PSAJ].

No obstante, pese a tener el informe ante sí, la jueza Vélez

Carreras no lo tomó en consideración, con lo cual se condujo

de forma negligente en el cumplimiento de los deberes del cargo

y puso de manifiesto su desconocimiento del estado de derecho

vigente.6

En virtud de ello, la Comisión nos recomendó ejercer

nuestra facultad disciplinaria sobre la jueza Vélez Carreras y

decretar su suspensión. No veo razón alguna para rechazar esta

recomendación, por resultar correcta como cuestión de hecho y

de derecho.

A diferencia de lo expuesto por una mayoría del Tribunal,

no procede restringir la disciplina judicial exclusivamente a

aquellos casos en que “la aplicación errónea del derecho […]

[haya sido] intencional o [haya estado dirigida a] […] favorecer

impropiamente a alguna de las partes”. Tal limitación reduce

indebidamente el alcance del ámbito disciplinario y pasa por

alto

que

pueden

“intencionalidad

y

existir

actuaciones

favoritismo”,

que,

comprometan

aun

seriamente

sin

la

integridad y el adecuado funcionamiento de la administración de

la justicia, como sería que un juez o una jueza “[m]anifieste

negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia profesional en

el desempeño de sus deberes judiciales”.7

Íd., pág. 35.

Véase, Artículo 6.001 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 201-2003, según enmendada, 4 LPRA sec. 25i.

6

7

5

AD-2024-0001

Ciertamente, “[c]omo regla general, el mero error de

hecho o de derecho no puede ser motivo para que se discipline

a un juez [o a una jueza]”. (Negrilla suplida). In re Scherrer

Caillet-Bois, 162 DPR 842, 864 (2004). Sin embargo, ello no

implica

que

judicial

estemos

que

impedidos

trasciende

un

de

atender

mero

error

aquella

de

conducta

derecho

por

adicionalmente reflejar un comportamiento indebido o impropio.

En esa medida, la Opinión mayoritaria ordena el archivo

del proceso disciplinario que nos ocupa y centra su análisis en

descartar la existencia de intención o parcialidad en las

acciones de la jueza Vélez Carreras. Lo que la mayoría omite

con su análisis es que consistentemente hemos resuelto que

también se configura una violación ética cuando, aun sin mediar

intención, el error cometido, por su magnitud, refleja conducta

impropia. Véase, In re Pérez Soto, 200 DPR 189, 203 (2018) (“se

configura una violación ética si se presenta evidencia de que

el

error

cometido

constituyó

un

abuso

intencional

de

la

discreción judicial, o un error que por su magnitud refleje

conducta impropia o favoritismo hacia un litigante o abogado

particular.”).8

La doctrina que a tales efectos hemos sentado se encuentra firmemente

arraigada a nivel de los Estados Unidos. Véase, Alfini, Shaman, Lubet and

Alfini, Judicial Conduct and Ethics § 2.02 (2da ed. 1990) (“While the courts

have often said that mere legal error does not amount to judicial misconduct,

that does not mean that legal error can never constitute misconduct. In

fact, egregious legal error, legal error motivated by bad faith, or a

continuing pattern of legal error does amount to misconduct subject to

discipline”.). Para referencia adicional, véase Cynthia Gray, The Line

Between Legal Error and Judicial Misconduct: Balancing Judicial Independence

and Accountability, 32 Hofstra L. Rev. 1245, 1270 (2004) (“‘Egregious’ legal

errors have been identified as a type of error that justifies disciplinary

as well as appellate review. ‘Egregious’ implies something different than

bad faith or a pattern of error as those are listed as separate grounds for

departing from the mere legal error rule. […] [E]ven a single instance of

serious legal error, particularly one involving the denial to individuals

of their basic or fundamental rights, may amount to judicial misconduct”.).

8

6

AD-2024-0001

A diferencia de lo esbozado por la mayoría, aquí no se

pretende intervenir con la discreción judicial del juzgador, ni

pasar juicio sobre el discernimiento que le compete a la jueza

Vélez Carreras en la ejecución de sus facultades como juzgadora.

Más bien, lo que corresponde evaluar es si ese error de derecho,

a la luz de las circunstancias aquí planteadas, trasciende el

ámbito

de

una

equivocación

meramente

jurídica

y,

por

su

naturaleza o magnitud, evidencia una actuación incompatible con

los deberes éticos que rigen la función judicial. En ese

contexto, el análisis no puede limitarse exclusivamente a la

ausencia de intención o parcialidad.

No quiero pensar que, con intención de confundir, la

mayoría obvia el estándar ético aplicable, reconocido tanto en

Puerto

Rico

como

en

evaluar

la

conducta

otras

jurisdicciones

de

jueza

la

Vélez

estatales,

Carreras,

para

pues

su

discreción judicial no es lo que está en juego. Más bien, nos

corresponde hacer un análisis de si hubo, o no, negligencia

crasa, inhabilidad o incompetencia profesional en el ejercicio

de sus labores, mientras esta ejercía sus facultades. Entiendo,

al igual que la Comisión, que lo anterior se probó en la

afirmativa de manera clara, robusta y convincente.

Resalto que la misma jueza, en su Contestación a la

querella ante la Comisión, reconoció su error de no ordenar la

supervisión electrónica, e incluso aceptó la imposición de una

censura y apercibimiento.9 Pese a ello, la mayoría se restringe

en su resolución del caso y ordena el archivo de la querella

9

Véase, Contestación a la querella, págs. 11-12.

7

AD-2024-0001

ética, sin más, al incorrectamente fijar la “intencionalidad y

favoritismo” como requisitos indispensables para el ejercicio

de la disciplina judicial.

Al así proceder, la Opinión mayoritaria transforma lo que

deben ser situaciones emblemáticas de conducta sancionable en

criterios

limitantes.

Tal

interpretación

es

jurídicamente

incorrecta y erosiona el régimen de derecho al conferir a los

jueces y a las juezas un trato injustificado que resulta

incompatible

disciplina

con

el

judicial

ejercicio

debe

de

la

función

pública.

responder

no

solo

la

a

La

conducta

intencional que un juez o una jueza despliega hacia una parte,

sino también a aquellas conductas impropias que, objetivamente

consideradas, resulten incompatibles con el cargo.

Por ello, discrepo firmemente de lo resuelto por este

Tribunal pues, no solo carece de apoyo legal alguno, sino que,

además, impone una restricción artificial que el ordenamiento

jurídico

no

contempla.

Reducir

el

ámbito

disciplinario

exclusivamente a tales supuestos equivale a excluir, de manera

indebida,

aquellas

otras

conductas

que

representan

una

desviación grave de los deberes del cargo judicial. La función

disciplinaria

no

se

limita

a

sancionar

la

desviación

intencional;

también

protege

la

integridad

del

sistema

de

justicia frente a actuaciones que -por su magnitud, descuido

extremo o indiferencia hacia normas básicas- comprometen la

confianza

tribunales.

pública

y

el

funcionamiento

adecuado

de

los

8

AD-2024-0001

Por

lo

anterior,

recalco

se

justifica

circunstancias,

que,

en

las

nuestra

presentes

intervención

disciplinaria, según recomendado por la Comisión.10 No puedo

suscribir una postura que minimiza lo aquí ocurrido y lo relega

indebidamente a la categoría de asunto trivial. Este proceder

no solo desvirtúa la naturaleza de los asuntos aquí planteados,

sino que desatiende nuestra obligación de actuar con rigor y

seriedad

ante

conducta

que

compromete

los

estándares

de

diligencia, imparcialidad y profesionalismo exigibles a la

judicatura.

Estimo

que

el

Tribunal

debió

haber

acogido

la

recomendación dispuesta en el informe de la Comisión, del cual

surge que la conducta de la jueza Vélez Carreras denota

negligencia […][al] no haber leído con detenimiento y cuidado

el [I]nforme del PSAJ, del cual surgía el hecho de que el señor

Santiago Figueroa resultó convicto y cumplió pena de cárcel

por el delito de incendio agravado y violación al Art. 3.1 de

la Ley [Núm.] 54[-1989]. Ello hacía imperativo que se impusiese

la supervisión electrónica por estar claramente dispuesto en

la ley.11

Como

bien

advierte

la

Comisión,

“[d]e

una

lectura

detenida, seria y cuidadosa del contenido de la denuncia y del

Informe del PSAJ, la jueza Vélez Carreras hubiese podido conocer

–en

toda

su

extensión–

la

magnitud

de

lo

acontecido”.12

Precisamente,

[a]l actuar con poca o ninguna diligencia en el manejo de este

asunto tan delicado, el cual tenía ante su consideración, la

jueza Vélez Carreras soslayó factores trascendentales que por

disposición legal estaba obligada a tomar en consideración al

Para referencia, véase, In re Jud. Qualifications Comm'n Formal Advisory

Opinion No. 239, 300 Ga. 291, 298, 794 S.E.2d 631, 638 (2016) (“legal error

amounts to judicial misconduct if a reasonably prudent and competent judge

would consider that conduct obviously and seriously wrong in all the

circumstances”) (citas internas omitidas) (citando a Matter of Benoit, 487

A.2d 1158, 1163 (Me. 1985)).

11 Véase, Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 36.

12 Íd.

10

9

AD-2024-0001

momento de emitir su dictamen sobre los términos y [las]

condiciones de la fianza impuesta al señor Santiago Figueroa.13

Por último, rechazo la sombra que el Tribunal arroja

sobre el trabajo serio y riguroso que desempeña la Comisión y

el resto del personal administrativo que nos asiste en el

ejercicio de nuestra función disciplinaria. Bien pudiéramos

discrepar jurídicamente de sus recomendaciones, pero el arrojar

sombra sobre su labor es improcedente y peligroso.

Bien

sabemos

que

las

Reglas

de

Disciplina

Judicial

establecen el proceso y las normas a seguir para tramitar una

acción disciplinaria contra un juez o una jueza.14 Este trámite

inicia con la presentación de una solicitud de investigación

ante la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la

cual se puede presentar mediante una queja o por petitorio de

algún integrante del Pleno de este Tribunal o el Director o la

Directora de la OAT.

Luego de llevar a cabo la investigación de rigor, la OAT

rendirá un informe al respecto con recomendación. Si el informe

expone conducta que amerita acción disciplinaria, se referirá

a la Comisión y será evaluado por un Comisionado Asociado o una

Comisionada Asociada, a fines de determinar si existe o no causa

probable para presentar una querella en contra del juez o de la

jueza cuya conducta se revisa. En el caso que se determine causa

probable, la Comisión llevará a cabo la celebración de vistas

y la presentación de prueba para luego emitir un informe con su

recomendación, la cual se adoptará por la mayoría de los y las

Íd., pág. 35.

Véase Artículo 6.006 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico de 2003, supra, 4 LPRA sec. 25n.

13

14

10

AD-2024-0001

miembros

de

la

Comisión

presentes.

Importantemente,

la

Comisión está compuesta en su mayoría por exjueces y exjuezas,

nombrados por los integrantes de este Tribunal, quienes nos

someten sus recomendaciones en cuanto a las conclusiones de

hecho y derecho.

Este arduo y riguroso proceso es así por diseño de este

Tribunal, en aras de garantizar el debido proceso de ley que

cobija a los jueces y a las juezas implicadas.

La labor de la Comisión es producto del cumplimiento

responsable con sus deberes, los cuales ejercen con rigor y

estricto apego al derecho. Este compromiso con sus funciones lo

demuestra el trámite seguido en la querella de epígrafe, el

cual se llevó en estricto cumplimiento con el cuerpo normativo

aplicable. En particular, se encontró causa probable el 23 de

julio

de

2024

mediante

determinación

de

la

Comisionada

Asociada, la Lcda. Nélida Jiménez Velázquez, y culminó casi un

(1) año después en un informe que se rindió el 21 de mayo de

2025, por conducto de su Presidenta. Desmerecer ese esfuerzo

para intentar justificar el archivo de la presente querella no

solo es injusto, sino que debilita la estructura de apoyo que

garantiza

la

seriedad,

credibilidad

y

eficacia

de

nuestro

sistema disciplinario.

Por todo lo esbozado, me veo obligada a disentir del

proceder mayoritario.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Hon. Ginny M. Vélez

Carreras

AD-2024-001

Opinión Disidente emitida por el Juez Asociado señor COLÓN PÉREZ.

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 2026.

Hoy, -- en el contexto de un trágico y lamentable

incidente

de

obligados

y

violencia

obligadas

doméstica

a

ejercer

--,

veníamos

nuestra

facultad

disciplinaria para suspender a una magistrada que, con

su proceder, infringió los Cánones 1, 3, 8 y 17 de

Ética Judicial, infra. En este caso, la Hon. Ginny M.

Vélez Carreras (en adelante, “jueza Vélez Carreras”).

No

obstante,

una

mayoría

de

este

Tribunal,

desatendiendo, una vez más, las determinaciones de

hecho

y

las

conclusiones

de

derecho

correctamente

formuladas por la Oficina de Administración de los

Tribunales

(en

adelante,

Disciplina

Judicial,

--

“OAT”)

y

y

la

articulando

Comisión

una

de

crítica

severa e innecesaria al proceder de dichos organismos,

AD-2024-001

2

sin prueba alguna de ello --, opta por desestimar en su

totalidad

los

cargos

presentados

contra

la

referida

magistrada. Lo anterior, por entender que las actuaciones de

la

jueza

Vélez

Carreras

constituyeron

un

mero

error

de

derecho. Fallan malamente mis compañeros y compañeras de

estrado en su apreciación.

Y es que, un examen, detenido y cuidadoso, del expediente

ante nos revela, con meridiana claridad, una falta grave de

diligencia, cuidado y competencia por parte de la referida

magistrada

en

la

atención

de

un

asunto

particularmente

sensitivo y regido por mandatos legales claros, en materia de

violencia doméstica. Conducta que, como ya mencionamos, una

mayoría

de

este

Tribunal

hoy

premia,

basado

en

teorías,

señalamientos y/o conjeturas en contra de la OAT y la Comisión

de Disciplina Judicial, poco creíbles, al menos para el juez

que suscribe. Por ello, disentimos.

En ese sentido, contrario a lo que sugiere una mayoría

de

mis

compañeros

y

compañeras

de

estrado,

exigir

responsabilidad disciplinaria en escenarios como los que hoy

nos ocupa no supone erosionar la independencia judicial o

ceder ante presiones externas. Por el contrario, responde a

nuestro deber de velar por el cumplimiento de los estándares

mínimos que nuestro ordenamiento deontológico le impone a los

jueces y las juezas que forman parte del Poder Judicial de

Puerto Rico. Nos explicamos.

AD-2024-001

3

I.

La jueza Vélez Carreras fue admitida al ejercicio de la

abogacía el 17 de agosto de 2010 y al de la notaría el 25 de

febrero de 2011. Posteriormente, -- en particular, el 4 de

enero de 2021 --, la referida letrada juramentó al cargo de

Jueza Municipal, y, desde el 5 de abril de 2021, fue asignada

al Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial de

Ponce.

Así

las

cosas,

--

y

en

lo

pertinente

al

proceso

disciplinario que nos ocupa --, el 7 de septiembre de 2023 la

Sra. Linnette Morales Vázquez (en adelante, “señora Morales

Vázquez”) acudió a la Sala de Yauco de la mencionada Región

Judicial con el fin de solicitar una orden de protección al

amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, también

conocida como la Ley para la prevención e intervención con la

violencia doméstica, 8 LPRA sec. 601 et seq. (en adelante,

“Ley Núm. 54”), en contra de su expareja, el Sr. Wilfredo H.

Santiago Figueroa (en adelante, “señor Santiago Figueroa”).

En su solicitud, y en esencia, la señora Morales Vázquez

expuso que había mantenido una relación sentimental con el

señor Santiago Figueroa y que puso fin a la misma por este

último haberse tornado agresivo. Asimismo, relató que, al

separarse, el señor Santiago Figueroa comenzó a incurrir en

actos que le hicieron temer por su seguridad.

En específico, la señora Morales Vázquez sostuvo que, en

las noches, el señor Santiago Figueroa irrumpía en su hogar

de manera amenazante, se estacionaba en las afueras y la

AD-2024-001

4

recibía con insultos, intimidación y palabras soeces. De igual

forma, alegó que este último acudía a su lugar de trabajo a

insultarla, que intervino con las cámaras de seguridad de su

residencia y que le vandalizó su vehículo de diversas formas.

A raíz de dichos incidentes, la señora Morales Vázquez

indicó que, al momento de su solicitud, ella y sus hijos

llevaban seis (6) días sin pernoctar en su hogar. En suma,

adujo que temía por su seguridad y la de sus hijos, ante

incidentes que nunca antes había vivido.

Tras

escuchar

las

alegaciones

de

la

señora

Morales

Vázquez, el Hon. Carlos Quiñones Capacetti (en adelante, “juez

Quiñones

Capacetti”),

juez

que

ese

día

presidio

los

procedimientos, expidió la orden de protección solicitada de

manera ex parte. Asimismo, citó a las partes a una vista final

a celebrarse el 26 de septiembre de 2023.

Celebrada la vista final del caso en la fecha antes

indicada, y luego de escuchar la prueba desfilada, el juez

Quiñones Capacetti extendió la orden de protección solicitada.

En particular, otorgó la misma por un término de seis (6)

meses, a saber, hasta el 26 de marzo de 2024.

Ahora bien, el 10 de enero de 2024, mientras la orden de

protección estaba vigente, la señora Morales Vázquez denunció

a las autoridades al señor Santiago Figueroa por éste haberse

personado

a

su

residencia

y

perturbado

su

tranquilidad.

Consecuentemente, se presentaron cargos criminales en contra

de este último bajo el Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, infra, el

AD-2024-001

cual

5

configura

el

delito

de

violación

a

una

orden

de

protección.

Días más tarde, se llevó a cabo la vista de causa probable

para arresto relacionada con los cargos antes mencionados, la

cual fue presidida por la aquí querellada, entiéndase, la

jueza Vélez Carreras. De dicha vista surgió que, después de

expedida la orden de protección en cuestión, la señora Morales

Vázquez y el señor Santiago Figueroa retomaron su relación y

volvieron a convivir como pareja en el hogar de ésta. No

obstante, el 6 de enero de 2024 la señora Morales Vázquez le

pidió a este último que abandonara su residencia.

Asimismo, en la referida vista de causa probable para

arresto, la señora Morales Vázquez narró que, en la noche del

7 de enero de 2024, el señor Santiago Figueroa acudió a su

domicilio

y

le

cerró

la

llave

de

paso

del

agua.

Dicho

testimonio fue sustentado por el hermano de la señora Morales

Vázquez, el Sr. Luis M. Morales Vázquez.

Así pues, evaluada la prueba presentada ante sí, la jueza

Vélez Carreras determinó causa probable para arresto en contra

del señor Santiago Figueroa bajo el Art. 3.1 de la Ley Núm.

54, infra. Es decir, la referida magistrada no encontró causa

por el delito originalmente imputado, -- entiéndase, violación

a una orden de protección --, sino por el delito de maltrato

psicológico tipificado en la Ley Núm. 54, supra.

Acto seguido, la jueza Vélez Carreras fijó una fianza de

$5,000.00 y entendió que no procedía la imposición de la medida

AD-2024-001

6

de supervisión electrónica.1 Finalmente, pautó la celebración

de la vista preliminar para el 24 de enero de 2024.

Cabe destacar que, en la mencionada vista de causa para

arresto, la referida magistrada tuvo ante sí el Informe de

evaluación y recomendaciones del Programa de Servicios con

Antelación al Juicio (en adelante, “PSAJ”)2 referente al señor

Santiago Figueroa. De dicho informe se desprendía que este

último era reincidente, pues había cumplido con una sentencia

de cárcel de diez (10) años por transgresión al Art. 3.1 de

la Ley Núm. 54, infra, entre otras disposiciones.

Posteriormente, y según dispuesto, el 24 de enero de 2024

se celebró la vista preliminar antes señalada, la cual fue

presidida por el Hon. Rubén A. Serrano Santiago (en adelante,

“juez Serrano Santiago”). Surge del expediente que, en dicha

ocasión, no se celebró la vista en cuestión, toda vez que el

Ministerio Público solicitó una enmienda a la denuncia.

En específico, el Estado alegó que, tras verificar el

contenido

del

referido

documento,

se

percató

que

éste

establecía una violación al Art. 2.8 y no al Art. 3.1 de la

Ley Núm. 54, infra, de manera que entendió que hubo un error

tipográfico en el título del mismo. De conformidad con ello,

Durante la referida la vista, la jueza Vélez Carreras expresó en dos

ocasiones que una violación al Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, infra, no

conllevaba supervisión electrónica. Véase, Informe de la Comisión de

Disciplina Judicial, págs. 20-21.

1

El PSAJ tiene la responsabilidad de investigar y evaluar a toda persona

imputada de ciertos delitos, a los fines de ofrecer recomendaciones a los

tribunales en cuanto a la posibilidad de decretar la libertad provisional

de la persona, y la fijación de los términos y condiciones de fianza

correspondiente. Véase, Art. 24 del Plan de Reorganización Núm. 2 de 21

de noviembre de 2011, también conocido como el Plan de reorganización del

Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011, 3 LPRA Ap. XVIII,

Art. 24, (en adelante, “Plan de Reorganización de 2011”).

2

AD-2024-001

7

el juez Serrano Santiago procedió a eliminar lo alusivo a la

violación

de

correspondiente

la

a

orden

la

de

protección

conducta

y

certificó

constitutiva

de

lo

maltrato

psicológico. 3 Asimismo, las partes acordaron que la vista

preliminar de rigor se celebraría el 28 de febrero de 2024 en

horas de la tarde.

Ahora bien, ese mismo día, a las 4:55 p.m. y culminada

la vista antes mencionada, el Ministerio Público presentó una

Moción urgente en solicitud de imposición de supervisión

electrónica. En virtud de ésta, el Estado advirtió que el

imputado tenía convicciones previas por delitos de similar

naturaleza

que

culminaron

en

sentencia

de

cárcel.

Por

consiguiente, argumentó que la supervisión electrónica era una

condición obligatoria que tenía que imponer el tribunal al

momento de conceder la fianza y así lo solicitó.

Desafortunadamente,

dicha

moción

no

fue

atendida

a

tiempo. En horas de la noche del 24 de enero de 2024, el señor

Santiago Figueroa asesinó a la señora Morales Vázquez, a su

madre,

la

Sra.

Lizzette

Vázquez

Vélez,

y

a

su

hermano.

Posteriormente, éste se privó de la vida.

A raíz del lamentable incidente, la OAT le encomendó a

la Oficina de Asuntos Legales de dicho organismo (en adelante,

“OAL”) llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los procesos

judiciales con relación al caso de la señora Morales Vázquez.

Esto, con la finalidad de indagar el desempeño oficial de las

Surge del expediente ante nuestra consideración que la jueza Vélez

Carreras acordó realizar el referido cambio a la denuncia, pero ello no

ocurrió. Véase, Informe de la Comisión de Disciplina Judicial, pág. 21.

3

AD-2024-001

8

y los funcionarios que tuvieron injerencia en este asunto, -

entre

ellos,

la

jueza

Vélez

responsabilidades,

e

identificar

Carreras

posibles

--,

soluciones

fijar

para

agilizar la tramitación de los casos al amparo de la Ley Núm.

54, supra.

Enterada de lo anterior, el 8 de febrero de 2024 la jueza

Vélez Carreras compareció ante la OAL mediante comentarios por

escrito. En síntesis, la referida magistrada narró que, a base

de una evaluación de la prueba desfilada ante sí en la vista

de causa probable para arresto en cuestión, entendió que

estaban presentes los elementos para encontrar causa por el

Art. 3.1 y no por el 2.8 de la Ley Núm. 54, infra. Explicó

que, bajo dicho articulado, no era mandatorio imponer la

condición de supervisión electrónica, pues no se trajeron ante

su consideración incidentes violentos o de amenaza que la

llevaran a emitir una decisión en contrario.

Con relación al Informe de evaluación y recomendaciones

del PSAJ que debía examinar, la jueza Vélez Carreras alegó que

el mismo tenía un contenido distinto al que se le mostró en

la vista, pues, a su mejor recuerdo, el original no contenía

la

frase

“cárcel

concurrente”,

ni

la

siguiente

oración:

“sistema de búsquedas de Antecedentes Penales arroja Sentencia

por cárcel por violación al 122.3; Artículo 231 y Artículo 3.1

de la Ley 54 con Sentencia Total y concurrente entre sí de 10

años”.4

4

Véase, Informe de la OAL, pág. 56.

AD-2024-001

9

Así pues, la mencionada magistrada sostuvo que se amparó

en la discreción judicial que le cobijaba para emitir su

determinación. A tales efectos, y describiendo esta situación

como la más impactante y dolorosa de su carrera, estimó que

no incurrió en violación a las normas de disciplina judicial

o en conducta antiética que ameritase iniciar un proceso

disciplinario en su contra.

Por su parte, el 15 de julio de 2024 la OAL sometió el

correspondiente Informe de investigación. En lo pertinente,

dicha oficina concluyó que contaba con prueba clara, robusta

y convincente para promover un proceso disciplinario ante la

Comisión de Disciplina Judicial en contra de la jueza Vélez

Carreras por posible violación a los Cánones 1, 3, 8 y 17 de

Ética Judicial, infra. A su entender, la referida magistrada

se apartó de sus obligaciones éticas en la medida en que falló

en actuar con la competencia, responsabilidad, diligencia y

cuidado exigido en la aplicación y cumplimiento del derecho

vigente en materia de violencia doméstica.

En

específico,

la

OAL

encontró

que

la

jueza

Vélez

Carreras demostró que no conocía o no consideró que, como

cuestión de derecho, era obligatorio imponer al señor Santiago

Figueroa la condición de supervisión electrónica por tratarse

de un convicto reincidente por delitos bajo la Ley Núm. 54,

supra. Tal incumplimiento, a su juicio, era contrario a los

Cánones 1, 3 y 8 de Ética Judicial, infra.

De igual forma, dicha oficina concluyó que la jueza Vélez

Carreras tampoco ejerció la diligencia requerida por el Canon

AD-2024-001

10

17 de Ética Judicial, infra. Lo anterior, pues ésta no examinó

ni

consideró

el

contenido

del

Informe

de

evaluación

y

recomendaciones del PSAJ, el cual la hubiese colocado en

posición de conocer el historial delictivo del imputado.

Evaluado el Informe de investigación de la OAL, el 16 de

julio de 2024 la Comisión de Disciplina Judicial emitió una

Determinación administrativa. Mediante la misma, designó a la

Lcda.

Nélida

Jiménez

Velázquez

(en

adelante,

“licenciada

Jiménez Velázquez”) para que, dentro de un término de quince

(15) días, determinase si existía o no causa probable para

presentar una querella en contra de la jueza Vélez Carreras.

De conformidad con dicha encomienda, el 23 de julio de

2024 la licenciada Jiménez Velázquez presentó ante la Comisión

de

Disciplina

Judicial

una

Resolución.

En

la

misma,

la

mencionada letrada concluyó que existía causa probable para

iniciar un proceso formal en contra de la jueza Vélez Carreras

por presuntas violaciones a los Cánones 1, 3, 8 y 17 de Ética

Judicial, infra.

Así pues, y luego de ciertos trámites procesales no

necesarios aquí pormenorizar, el 15 de agosto de 2024 la OAT

presentó

ante

la

Comisión

de

Disciplina

Judicial

la

correspondiente Querella. En la misma, y, en síntesis, dicha

oficina determinó que la jueza Vélez Carreras se apartó de las

obligaciones éticas que debían regir sus ejecutorias. Según

su análisis, las actuaciones de ésta evidenciaron un craso

desconocimiento o inobservancia de las disposiciones legales

aplicables en materia de fianza y de las condiciones a imponer

AD-2024-001

11

para salvaguardar la seguridad de las víctimas en casos bajo

la Ley Núm. 54, supra.

A tales efectos, dicha dependencia le imputó a la jueza

Vélez Carrearas los siguientes cargos:

Primer Cargo

La jueza Vélez Carreras incurrió en negligencia

crasa y, por ende, descuidó los deberes y funciones

de su cargo en el contexto de un caso de violencia

doméstica, cuando incumplió con la obligación legal

que le exigía imponer -sin margen de discreción

alguna- la medida de supervisión electrónica al

señor Santiago [Figueroa] como condición a la

libertad bajo fianza que le concedió en la vista de

causa probable para arresto (Regla 6) celebrada el

10 de enero de 2024. Con ello demostró un claro

desconocimiento y menosprecio por el estado de

derecho vigente que así lo requería en casos de

reincidencia por delitos bajo la Ley [Núm.] 54. De

esta

forma,

la

Querellada

se

condujo

en

contravención a los Cánones 1, 3 y 8 de Ética

Judicial.

Segundo Cargo

La jueza Vélez Carreras desplegó falta de diligencia

y cuidado, y con ello demostró falta de competencia

en el desempeño de los deberes y las funciones de

su cargo, al no examinar o considerar, como era

debido, el contenido del Informe Confidencial

(Informe de Evaluación y Recomendaciones) que generó

el PSAJ para la vista de Regla 6 que presidió en el

caso del señor Santiago [Figueroa]. De dicho Informe

se desprendía claramente los antecedentes penales y

el historial por delitos de violencia doméstica del

imputado, así como el carácter mandatorio de la

supervisión electrónica que ameritaba imponer bajo

esas circunstancias. De este modo, la Querellada

infringió los Cánones 8 y 17 de Ética Judicial.

De conformidad con ello, la OAT solicitó que se declarase con

lugar la Querella y recomendó que se impusiera la sanción

disciplinaria correspondiente.

Por su parte, el 19 de septiembre de 2024 la jueza Vélez

Carreras presentó ante la Comisión de Disciplina Judicial la

AD-2024-001

12

correspondiente Contestación a querella. En ésta, la referida

magistrada comenzó por destacar la tragedia alrededor de la

cual

gira

el

presente

proceso

disciplinario.

Asimismo,

reconoció su error, el cual catalogó como uno de derecho.

Sostuvo, también, que su actuación no fue intencional ni

arbitraria.

De igual forma, la jueza Vélez Carreras argumentó que,

en la vista de causa probable para arresto en cuestión, no

pudo

advertir

por

sí

la

posibilidad

de

condiciones

de

peligrosidad, pues los testigos ni el Ministerio Público así

lo indicaron. Finalmente, la referida magistrada señaló que

este proceso le ha servido para mejorar como profesional y

sensibilizarse en el ejercicio de su función judicial. Así

pues,

la

jueza

Vélez

Carrera

solicitó

el

archivo

de

la

Querella, previa censura y apercibimiento.

Recibida la mencionada Querella y demás comparecencias,

la Comisión de Disciplina Judicial5 dio inicio a los trámites

de rigor. Durante ese proceso, las partes acordaron someter

el caso para su adjudicación sin necesidad de la celebración

de una vista en su fondo. En la alternativa, presentaron

estipulaciones de hechos y prueba documental, así como sus

respectivos memorandos de hechos y de derecho.

Compuesta por su presidenta, la Lcda. Lourdes V. Velázquez Cajigas, y

las y los Comisionados Asociados: Lcda. Aleida Varona Méndez, Lcda. Ygrí

Rivera Sánchez, Lcda. Nélida Jiménez Velázquez (en adelante, “licenciada

Jiménez Velázquez”), Lcda. Evelyn Benvenutti Toro (en adelante,

“licenciada Benvennutti Toro”), Lcdo. Reinaldo O. Catinchi Padilla (en

adelante, “licenciado Catinchi Padilla”), Lcdo. Jorge L. Toledo Reyna (en

adelante, “licenciado Toledo Reyna”) y el Dr. Juan Salgado Morales (en

adelante, “doctor Salgado Morales”). La licenciada Jiménez Velázquez

estuvo inhibida de participar en el caso por haber sido la Comisionada que

intervino en la determinación de causa probable. La licenciada Benvennutti

Toro y el doctor Salgado Morales no intervinieron.

5

AD-2024-001

13

En cuanto a esto último, y en específico, el 10 de marzo

de 2025 la OAT compareció ante la Comisión de Disciplina

Judicial mediante un Memorando de derecho de la Oficina de

Administración de los Tribunales. En el mismo, dicha parte

sostuvo

que

la

jueza

Vélez

Carreras

pasó

por

alto

los

antecedentes criminales y el riesgo de peligrosidad que poseía

el

señor

imposición

Santiago

Figueroa.

de

medida

una

A

su

juicio,

disciplinaria

en

procedía

contra

de

la

la

magistrada, por la crasa negligencia y el descuido incurrido

en el manejo de la vista de causa para arresto, incompatible

con las funciones y deberes de su cargo.

Por su parte, el 10 de marzo de 2025 la jueza Vélez

Carreras presentó ante la Comisión de Disciplina Judicial su

Memorando de hechos y de derecho. En el mismo, la referida

magistrada insistió en que su actuación no constituyó un acto

intencional, sino una inadvertencia que no justificaba la

imposición de disciplina profesional. De igual forma, enfatizó

la

concurrencia

de

actuaciones

de

ésta

y

del

Ministerio

Público; en específico, mencionó que su determinación no fue

objetada, reconsiderada, ni corregida por el Estado.

Evaluados los referidos escritos, la prueba sometida y

la normativa legal aplicable, el 21 de mayo de 2025 la Comisión

de Disciplina Judicial emitió el correspondiente Informe. En

éste, dicho cuerpo concluyó que la jueza Vélez Carreras se

apartó de las obligaciones legales preceptuadas en los Cánones

1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial, infra.

AD-2024-001

14

En particular, la Comisión de Disciplina Judicial destacó

que la referida magistrada, a pesar de haber tenido el informe

del PSAJ ante sí, no lo tomó en consideración, por lo cual se

condujo de forma negligente en el cumplimiento de su cargo y

evidenció su desconocimiento del estado de derecho vigente.

Señaló, además, que la ineficiencia del trabajo del Ministerio

Público en este caso no justificaba la inobservancia de las

normas jurídicas por parte de la jueza Vélez Carreras. A la

luz de lo anterior, dicho cuerpo recomendó la suspensión de

esta última por un término de tres (3) a seis (6) meses.6

Así las cosas, el 16 de junio de 2025 la OAT presentó

ante

este

Tribunal

su

Comparecencia

en

torno

a

la

recomendación emitida por la Comisión de Disciplina Judicial

al amparo de la Regla 30(A) de las Reglas de Disciplina

Judicial.

En

conclusiones

a

su

escrito,

las

que

dicha

llegó

la

oficina

Comisión

afianzó

de

las

Disciplina

Judicial en su Informe, respecto a la negligencia crasa e

incompetencia profesional de la jueza Vélez Carreras en el

desempeño de sus deberes. De esta forma, nos solicitó que

confirmáramos las determinaciones de hecho y conclusiones de

derecho esbozadas por dicho cuerpo.

Cabe destacar que el licenciado Catinchi Padilla recomendó una censura

enérgica acompañada de una amonestación, y que se le ordenara a la jueza

Vélez Carreras recibir adiestramiento en todas las áreas esenciales de la

Ley Núm. 54, supra.

6

Por su parte, el licenciado Toledo Reyna, emitió un voto disidente

en parte y concurrente en parte, en la cual como sanción recomendó una

censura enérgica. En síntesis, éste sostuvo que, a su juicio, las

violaciones a los Cánones 1, 3 y 17 de Ética Judicial, infra, no se

probaron mediante el estándar de prueba clara, robusta y convincente. Es

decir, el licenciado Toledo Reyna entendió que solo se configuró la

violación del Canon 8 de Ética Judicial, infra.

AD-2024-001

15

Finalmente, -- y denegada la correspondiente solicitud

de reconsideración --, el 7 de julio de 2025 la jueza Vélez

Carreras presentó ante nos su Comparecencia al amparo de la

Regla 30(a) de las Reglas de Disciplina Judicial. En su

escrito, la referida magistrada reiteró sus argumentos. Así

pues, nos solicitó el archivo de la causa de marras previa

censura y apercibimiento de rigor.

Como adelantamos, una mayoría de este Tribunal, -- al

articular una crítica severa e innecesaria al proceder de la

OAT y los demás organismos encargados de la investigación

correspondiente, de la cual no se tiene prueba alguna --,

concluye que las acciones de la jueza Vélez Carreras no

ameritan sanción disciplinaria alguna, por entender que la

conducta de esta última constituyó un mero error de derecho.7

No coincidimos con dicha apreciación.

A

nuestro

juicio,

las

actuaciones

de

la

referida

magistrada revelan, -- más que una simple equivocación --,

negligencia

crasa

en

el

desempeño

de

sus

funciones.

Tal

conducta no puede excusarse como un desacierto aislado ni

quedar inmune a consecuencia disciplinaria alguna.

Procedamos, pues, a esbozar nuestros fundamentos para

disentir de la decisión que hoy se toma.

De igual forma, la Opinión mayoritaria concluye que la OAT no tenía

autoridad para iniciar la queja que dio paso al procedimiento disciplinario

de epígrafe. Sobre el particular, basta con mencionar que somos del

criterio que dicha oficina, en virtud de la autoridad que le confieren las

Reglas de Disciplina Judicial, infra, sí tenía el poder de comenzar la

investigación en cuestión.

7

AD-2024-001

16

II.

A.

Como es sabido, en virtud de lo dispuesto tanto en la

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como

en la Ley Núm. 201-2003, también conocida como la Ley de la

Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003,

4 LPRA sec. 2 et seq. (en adelante, “Ley de la Judicatura”),

este Tribunal posee autoridad exclusiva para atender los

procedimientos disciplinarios relacionados a la conducta de

las juezas y los jueces de los Tribunales de Primera Instancia

y del Tribunal de Apelaciones. Art. V, Sec. 11, Const. ELA,

LPRA, Tomo 1; Art. 2.003 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA

sec. 24d; In re Quiñones Capacetti, 195 DPR 281, 286 (2016);

In re Quiñones Artau, 193 DPR 356, 376 (2015). Así pues, como

corolario de tal potestad, aprobamos los Cánones de Ética

Judicial, 4 LPRA Ap. IV-B, los cuales “dirigen la conducta de

jueces y juezas en nuestro Sistema Judicial”. In re Acevedo

Hernández, 194 DPR 344, 359 (2015).

En términos generales, el referido cuerpo deontológico

constituye una guía de los deberes mínimos que las togadas y

los togados de nuestro País deben cumplir, con el propósito

de promover la confianza de la ciudadanía en los tribunales.

In re Lugo Irizarry, 207 DPR 1032, 1045-1046 (2021); In re

Quiñones Artau, supra, pág. 376; In re Sierra Enríquez, 185

DPR 830, 850 (2012). Lo anterior, pues, éstas y éstos “son el

reflejo de nuestro sistema judicial y su conducta, al igual

que sus expresiones, inciden en la percepción que tiene la

AD-2024-001

17

ciudadanía sobre los tribunales en general”. In re Benero

García, 202 DPR 318, 377 (2019).

Cónsono con ello, el Preámbulo de los Cánones de Ética

Judicial señala, entre otras cosas, que la normativa allí

expuesta “habr[á] de garantizar el eficiente desempeño de las

juezas y los jueces, al estimularlos a ser laboriosas y

laboriosos,

imparciales,

prudentes,

serenas

y

serenos,

sensibles, estudiosas continuas y estudiosos continuos del

Derecho, y cuidadosas y cuidadosos en la interpretación de la

ley”. In re Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, 164 DPR

403, 409 (2005).

Establecido lo anterior, y ya más en lo pertinente al

asunto que nos concierne, el Canon 1 de Ética Judicial, 4 LPRA

Ap. IV-B, C.1, dispone que las togadas y los togados respetarán

y cumplirán la ley, y serán fieles al juramento de su cargo.

Según hemos reseñado en el pasado, este precepto plasma “la

idea de que las juezas y los jueces no están por encima de la

ley y son los primeros obligados a respetarla y cumplirla”.

In re Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, supra, pág. 411.

En ese sentido, conforme al precitado canon éstas y éstos

vienen

llamadas y

ejemplar

dentro

y

llamados a desplegar un comportamiento

fuera

del

tribunal.

In

re

Quiñones

Capacetti, supra, págs. 294-295; In re Quiñones Artau, supra,

pág. 376. Véase también In re Hon. Maldonado Torres, 152 DPR

858, 867 (2000). En otras palabras, a las juezas y los jueces

se les exige un comportamiento que “manifieste entereza,

AD-2024-001

18

convicción e imparcialidad tanto en su vida pública como en

su vida privada”. In re Grau Acosta, 172 DPR 159, 171 (2007).

Cabe destacar aquí que el historial del Canon 1 de Ética

Judicial, supra, evidencia que el mismo está inspirado en la

obligación que impone el juramento de fidelidad y toma de

posesión que prestan las y los miembros del sistema judicial

respecto a “defender y obedecer las leyes sin reserva mental

ni propósito de evadirla […] [y] desempeñar fielmente los

deberes de su cargo”. In re Candelaria Rosa, 197 DPR 445, 464465

(2017).

En

suma,

la

referida

disposición

recoge

el

principio general de que “respetar y cumplir con la ley […]

emerge como uno de los compromisos ineludibles para cada

miembro de la Judicatura”. In re González Rodríguez, 201 DPR

174, 216 (2018).

De otra parte, el Canon 3 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap.

IV-B,

C.3,

dispone

que

los

deberes

judiciales

tendrán

prioridad sobre cualquier otra actividad, por lo que las

juezas

y

los

jueces

no

abandonarán

ni

descuidarán

las

obligaciones de su cargo. Véase también, In re Benero García,

supra, pág. 377; In re Candelaria Rosa, supra, pág. 466. Según

surge de los comentarios a dicha norma, y en lo atiente al

caso ante nos, esta obligación requiere que los miembros de

la

Judicatura

conocimientos

se

y

mantengan

habilidades,

competentes,

y

aumenten

a

de

los

la

luz

sus

recursos

disponibles que se ofrezcan en la Academia Judicial. In re

Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, supra, pág. 412.

AD-2024-001

19

A su vez, el Canon 8 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IVB, C.8, reza de la siguiente forma:

Para el cabal desempeño de sus funciones, las

juezas y los jueces serán laboriosas y laboriosos,

prudentes, serenos e imparciales. Realizarán sus

funciones

judiciales

de

forma

independiente,

partiendo de una comprensión cuidadosa y consciente

de la ley, libre de cualquier influencia ajena, de

instigaciones, presiones, amenazas o interferencias,

ya sean directas o indirectas, provenientes de

cualquier fuente o por cualquier razón. Enmarcarán

sus funciones adjudicativas en el estudio del

Derecho y en la diligencia orientada hacia el empeño

de

descubrir

los

hechos

esenciales

de

cada

controversia.

La conducta de las juezas y de los jueces ha de

excluir

la

posible

apariencia

de

que

son

susceptibles de actuar por influencias de personas,

grupos,

partidos

políticos

o

instituciones

religiosas,

por

el

clamor

público,

por

consideraciones de popularidad o notoriedad, o por

motivaciones impropias. Íd.

Como

se

puede

apreciar,

de

la

precitada

disposición

deontológica se desprende, en primer lugar, que la comunidad

togada

viene

llamada

a

actuar

de

forma

independiente

e

imparcial. Por un lado, el sentido de independencia busca que

las juezas y los jueces “resuelvan los asuntos que se les

plantean a partir del derecho, sin que consideraciones ajenas

a [éstas y éstos] o a la prueba que se les presenta determinen

la respuesta a una controversia”. S. Steidel Figueroa, Ética

para juristas: Ética Judicial y Responsabilidad Disciplinaria,

1ra ed., San Juan, Ediciones SITUM, pág. 71. De otro lado, la

imparcialidad les exige “emitir sus decisiones sin mostrar

parcialidad a favor de alguna de las partes […] y a evitar

conducirse en su vida profesional y en su vida privada de una

AD-2024-001

20

manera que creen la apariencia de que no son imparciales en

las causas en las que intervienen”. Íd. pág. 73.

En segundo lugar, la precitada norma requiere que las

togadas y los togados sean proactivos en cuanto a su formación

como juristas y su rol al atender una controversia. Íd. pág.

83. En específico, surge de los comentarios del Canon 8 de

Ética Judicial, supra, que éstos y éstas tienen el deber de

mantenerse al día en el estudio del Derecho, lo cual incluye

el aprovechamiento de oportunidades educativas, y el estudio

de la jurisprudencia y la nueva legislación. In re Aprobación

Cánones Ética Judicial 2005, supra, pág. 419. Véase también

In re Benero García, supra, pág. 378; In re Sierra Enríquez,

supra, pág. 851. De igual forma, vienen obligadas y obligados

a

ser

diligentes

en

el

empeño

de

descubrir

los

hechos

esenciales de cada controversia; es decir, no deben limitarse

solo

a

escuchar,

sino

que

deben

intervenir

cuando

sea

oportuno. In re Aprobación Cánones Ética Judicial 2005, supra,

pág. 420.

Por último, el Canon 17 de Ética Judicial, 4 LPRA Ap. IVB, C.17, abarca la diligencia que las juezas y los jueces

deben prestar en la administración del proceso judicial.

Véase, Steidel Figueroa, op. cit., pág. 88. En particular, el

precepto dispone que éstas y éstos “serán diligentes en la

administración del proceso judicial de los asuntos sometidos

ante su consideración y procurarán que las partes también lo

sean.” Íd.

AD-2024-001

21

B.

Establecido lo antes reseñado, cabe mencionar aquí que

la Ley de la Judicatura, supra, establece que toda jueza y

todo

juez

estará

sujeto

a

la

imposición

de

medidas

disciplinarias cuando:

(1)

Incurra en violación a la ley, a los Cánones

de Ética Judicial, a los Cánones de Ética

Profesional

o

a

la

reglamentación

administrativa aplicable, cuando medie una

determinación final por un foro competente.

(2)

Manifieste negligencia crasa, inhabilidad o

incompetencia profesional en el desempeño de

sus deberes judiciales. (Énfasis suplido).

Art. 6001 de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA

sec. 25i.

Como se desprende del precitado articulado, existen dos

causales generales por las cuales es posible iniciar una

acción disciplinaria en contra de una togada o de un togado.

En

primer

lugar,

está

aquella

conducta

que

implica

una

violación a una ley, a los Cánones de Ética Judicial, a los

Cánones

de

Ética

administrativa

conducta

que

Profesional

aplicable.

manifiesta

En

o

a

la

reglamentación

segundo

lugar,

está

aquella

negligencia

crasa,

inhabilidad

o

último

escenario,

es

incompetencia profesional.

Ahora

bien,

en

cuanto

a

este

importante mencionar que, como regla general, los errores de

hecho o de derecho no constituyen fundamento para una acción

disciplinaria en contra de una jueza o un juez. In re Pérez

Soto, 200 DPR 189, 202 (2018); In re Vicenty Nazario I, 169

DPR 194, 223 (2006); In re Díaz García, T.P.I, 158 DPR 549,

558 (2003); In re Vélez Collado, 159 DPR 422, 426 (2003). En

AD-2024-001

22

otras palabras, el deber de éstas y éstos de ser cuidadosas y

cuidadosos

al

estudiar

y

aplicar

el

derecho,

“no

debe

confundirse con el ejercicio de la discreción judicial ni con

un error producto de una interpretación honesta y de buena fe

de una disposición legal, pues [las juezas y] los jueces, como

humanos, no son infalibles”. In re Vicenty Nazario I, supra,

pág. 223. Además de su falibilidad, se presupone que, en

instancias como éstas, -- a saber, cuando se comete un error

de hecho o de derecho --, las partes tendrán la oportunidad

de revisar la determinación judicial en cuestión. In re Pérez

Soto, supra; In re Vicenty Nazario I, supra, pág. 223; In re

Díaz García, T.P.I., supra, pág. 561.

Por consiguiente, hemos expresado que, para que un error

de hecho o de derecho configure una conducta antiética, se

requiere

demostrar

que

éste:

(1)

constituyó

un

abuso

intencional de la discreción judicial; o (2) por su magnitud,

refleja conducta impropia o favoritismo hacia algún litigante

o su representante legal. In re Vicenty Nazario I, supra, pág.

223; In re González Acevedo, 165 DPR 81, 95 (2005).

C.

Dicho ello, conviene mencionar aquí que, la Ley de la

Judicatura, supra, a su vez, le delegó a este Tribunal la

facultad para diseñar el proceso a seguir para tramitar una

acción disciplinaria contra una jueza o un juez. Art. 6.006

de la Ley de la Judicatura, 4 LPRA sec. 25n. A tales fines,

se aprobaron las Reglas de Disciplina Judicial, 4 LPRA Ap. XVB.

AD-2024-001

En

23

síntesis,

y

en

lo

pertinente,

dicho

cuerpo

reglamentario dispone que el referido proceso disciplinario

se inicia, entre otras formas, con una solicitud del Director

o la Directora de la OAT para que se investigue la conducta

de una jueza o un juez. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 5. Una vez culminada

la investigación, la OAL, -- o la persona designada para ello

--, procederá entonces a rendir un informe a ser evaluado por

la

Comisión

de

Disciplina

Judicial,

con

la

finalidad

de

determinar si existe o no causa probable para presentar una

querella en contra de la magistrada o del magistrado. 4 LPRA

Ap. XV–B, R. 7, 8, 12 y 13.

Presentada y notificada la querella, la jueza o el juez

objeto del proceso disciplinario deberá contestar la misma

dentro del término provisto para ello. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 14,

16

y

18.

Posteriormente,

comenzará

el

proceso

de

descubrimiento de prueba, el cual culminará, de ordinario, con

la celebración de una vista. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 21.

Celebrada la vista de rigor, la Comisión de Disciplina

Judicial emitirá un informe con su recomendación. 4 LPRA Ap.

XV–B, R. 28. Una vez completado el referido proceso, el caso

quedará

sometido

para

su

adjudicación

por

parte

de

este

Tribunal. Véase, 4 LPRA Ap. XV–B, R. 30.

Así pues, luego de estudiar el expediente ante nuestra

consideración,

esta

Curia

deberá

evaluar

si

los

cargos

presentados quedaron probados mediante prueba clara, robusta

y convincente. 4 LPRA Ap. XV–B, R. 26. De quedar probados,

debemos entonces considerar si procede la imposición de alguna

AD-2024-001

24

de las medidas disciplinarias enumeradas en la Regla 29 del

precitado cuerpo reglamentario. 4 LPRA Ap. XV-B, R. 29. Véase

también, In re Sierra Enríquez, supra, pág. 853.

Al realizar ese ejercicio, debemos tener presente que las

determinaciones de hechos presentadas por la

Comisión

de

Disciplina Judicial o por un Comisionado Especial merecen

nuestra deferencia. In re González Rodríguez, supra, pág. 207;

In

re

Candelaria

Rosa,

supra,

pág.

459;

In

re

Acevedo

Hernández, supra, pág. 364. Lo anterior, salvo que “medie

pasión,

prejuicio,

parcialidad

o

error

manifiesto

en

su

apreciación de la prueba”. (Énfasis suprimido). In re Sierra

Enríquez, supra, pág. 853.

III.

A.

Ahora bien, expuesta la normativa deontológica aplicable

al presente proceso disciplinario, -- y toda vez que la causa

de epígrafe surgió a raíz de un caso de violencia doméstica -, entendemos necesario, para el más cabal entendimiento de

los

asuntos

ante

nuestra

disposiciones

de

la

ley

consideración,

que

gobierna

evaluar

dicha

algunas

materia.

En

particular, debemos auscultar en qué instancias de violencia

doméstica

nuestro

ordenamiento

jurídico

requiere

adicional

a

fianza,

condición

de

la

la

imponer,

supervisión

electrónica.8

Recordemos que, de conformidad con las Reglas 6.1(b) y 218(a) y (c) de

las de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 6.1 y R. 218, en casos

de delitos graves o menos graves en que hubiere derecho a juicio por

jurado, el tribunal, junto con la fianza, podrá imponer condiciones tales

como la supervisión electrónica.

8

AD-2024-001

25

De entrada, debemos recordar aquí que la Ley Núm. 54,

supra,

se

aprobó

en

reconocimiento

de

que

la

violencia

doméstica es uno de los problemas más patentes y graves que

confronta nuestro País. Art. 1.2 de la Ley Núm. 54, 8 LPRA

sec. 601. Véase también, Exposición de motivos, Ley Núm. 54,

supra. Mediante este estatuto, se reiteró el compromiso del

Estado en “proteger la vida, la seguridad y la dignidad de

hombres y mujeres, independientemente de su sexo, estado

civil,

orientación sexual, identidad de género o estatus

migratorio”, frente a esta problemática. Art. 1.2 de la Ley

Núm. 54, 8 LPRA sec. 601.

En ese sentido, la Ley Núm. 54, supra, instauró como

política pública en nuestro País el repudio por la violencia

conyugal, por ésta ser contraria a los valores de paz, dignidad

y respeto. Art. 1.2 de la Ley Núm. 54, 8 LPRA sec. 601. En

virtud

de

dicha

gubernamentales

han

política

pública,

intentado

las

propiciar

instituciones

el

desarrollo,

establecimiento y fortalecimiento de, entre otros, remedios

eficaces para proteger y ayudar a las víctimas. Íd.

Dentro de estos remedios, el Art. 2.1 de la Ley Núm. 54,

infra, provee para la solicitud de órdenes de protección. En

específico,

el

precitado

artículo

dispone

que

cualquier

persona de dieciocho años (18) o más, que haya sido víctima

de violencia doméstica en el contexto de una relación de

pareja, puede solicitar una orden de protección, sin necesidad

de la radicación previa de una denuncia o acusación. 8 LPRA

sec. 621.

AD-2024-001

26

A su vez, el Art. 2.5 de la Ley Núm. 54, infra, establece

que el tribunal podrá emitir una orden de protección de forma

ex parte si, entre otros factores, la parte peticionaria

demuestra que existe una probabilidad sustancial de riesgo

inmediato de maltrato. 8 LPRA sec. 625. En tales instancias,

el tribunal expedirá la orden con carácter provisional, le

notificará inmediatamente a la parte peticionada y señalará

una vista a celebrarse, de ordinario, dentro de los próximos

veinte (20) días de haberse expedido la mencionada orden. Íd.

Durante esta vista, el foro adjudicador podrá dejar sin efecto

la orden o extender los efectos de la misma por el término que

estime necesario. Íd.

Ahora bien, y ya más en lo relacionado a la causa

disciplinaria que nos ocupa, la Ley Núm. 54, supra, dispone

que el incumplimiento con una orden de protección constituye

delito grave. Art. 2.8 de la Ley Núm. 54, 8 LPRA sec. 628. En

estos casos, el referido estatuto establece expresamente que

los

tribunales

electrónica,

de

vendrán

obligados

concederse

a

cualquier

imponer

tipo

supervisión

de

sentencia

suspendida. Íd.

B.

De otra parte, -- y en estrecha relación con los asuntos

objeto de estudio en el presente proceso disciplinario --, el

Art. 3.1 de la Ley Núm. 54, infra, enmarca el tipo de conducta

que, en escenarios como los aquí evaluados, se considera

maltrato. 8 LPRA sec. 631. En específico, dicha disposición

establece lo siguiente:

AD-2024-001

27

Toda persona que empleare fuerza física o violencia

psicológica

o

económica,

intimidación

o

persecución en la persona de su cónyuge, ex

cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya

cohabitado, o la persona con quien sostuviere o

haya sostenido una relación consensual, o la

persona con quien haya procreado un hijo o hija,

independientemente

del

sexo,

estado

civil,

orientación sexual, identidad de género o estatus

migratorio

de

cualquiera

de

las

personas

involucradas en la relación, para causarle daño

físico a su persona, al animal de compañía o

mascota de la víctima, de los hijos o del

victimario, a los bienes apreciados por esta,

excepto aquellos que pertenecen privativamente al

ofensor, o a la persona de otro o para causarle

grave daño emocional, incurrirá en delito grave de

cuarto grado en su mitad superior. (Énfasis

suplido). Íd.

Como surge del precitado artículo, la Ley Núm. 54, supra,

también

tipifica

como

delito

grave

aquella

conducta

constitutiva de maltrato. No obstante, -- y diferente a lo que

ocurre con el incumplimiento con una orden de protección --,

nada se dispone respecto a la pena y/o condiciones adicionales

que aplican ante la imputación de este delito.

C.

Por otro lado, la Ley Núm. 54, supra, establece ciertas

directrices a seguir al momento de imponer el mecanismo de la

fianza

y

condiciones

adicionales,

como

la

supervisión

electrónica. En particular, el inciso (a) del Art. 3.7, infra,

dispone:

(a) Fianza. — Cuando una persona sea acusada por

violación a las disposiciones de esta ley o

cuando al momento de la alegada violación

estuviere sujeta a los términos de una orden de

protección expedida de conformidad con esta ley

o cualquier otra ley similar, o hubiere sido

convicta

previamente

de

o

hubiere

hecho

alegación de culpabilidad por violación a las

disposiciones de esta ley o de violación a

cualquier otra disposición legal similar, antes

AD-2024-001

28

de señalar la fianza; además de lo dispuesto por

las Reglas de Procedimiento Criminal, […] el

tribunal deberá considerar al imponer la fianza

si la persona tiene historial de haber violado

órdenes de un tribunal o de una agencia

gubernamental. (Énfasis suplido). 8 LPRA sec.

637.

Asimismo,

el

inciso

(b)

del

mismo

artículo

establece

lo

siguiente:

(b)

Condiciones para libertad bajo fianza. — El

tribunal impondrá al acusado condiciones a la

fianza y deberá tomar en consideración si la

persona cuenta con un historial de violencia

doméstica o un historial de comisión de actos

violentos y si la persona representa una amenaza

potencial para la víctima del delito o para

cualquier persona. (Énfasis suplido). Íd.

De todo lo anterior podemos colegir que las juezas y los

jueces venimos obligados, al momento de imponer la fianza y

condiciones adicionales, a considerar: (1) el historial de la

persona acusada en cuanto a la violación de órdenes de un

tribunal o una agencia gubernamental; (2) el historial de la

persona acusada en cuanto a actos constitutivos de violencia

doméstica o de naturaleza violenta; y (3) si la persona acusada

representa

una

amenaza

potencial

para

la

víctima

o

para

alguien más.

D.

Por último, es necesario destacar aquí que la Ley Núm.

99-2009, también conocida como la Ley para crear el Programa

de vigilancia, protección y prevención de violencia doméstica,

8 LPRA sec. 668 et seq. (en adelante, “Ley Núm. 99-2009”), se

creó ante el interés del Estado de realizar una transformación

social e institucional que atendiese la alta incidencia de

AD-2024-001

29

muertes por violencia doméstica. Exposición de motivos, Ley

Núm.

99-2009,

supra.

En

lo

pertinente,

dicho

estatuto

pretendió establecer como política pública que, en ciertos

casos de incumplimiento con la Ley Núm. 54, supra, se fomentase

la utilización de supervisión electrónica para las personas

imputadas. Íd.

En particular, -- y al momento de los hechos que dieron

margen al proceso disciplinario de epígrafe --,9 el Art. 2 de

la Ley Núm. 99-2009, infra, establecía lo siguiente:

La

Oficina de Servicios con Antelación al Juicio

(OSAJ)10 recomendará a los tribunales, en su informe

de evaluación, la imposición de supervisión

electrónica como condición adicional y obligatoria

al momento de conceder la fianza en el caso en que

se le impute a una persona la comisión de un delito

El 8 de agosto de 2023 se aprobó la Ley Núm. 89-2023, a los fines de

enmendar la Ley Núm. 99-2009, supra, para que, entre otras cosas, se le

proveyese a las víctimas de violencia doméstica una aplicación de detección

electrónica de la persona agresora. En lo pertinente, y a raíz de dichos

cambios, el Art. 3 de la Ley Núm. 99-2009, infra, lee actualmente de la

siguiente forma:

9

El Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ)

recomendará a los tribunales, en su informe de evaluación, la

imposición

de

supervisión

electrónica

como

condición

adicional y obligatoria al momento de conceder la fianza en

el caso en que se le impute a una persona la comisión de un

delito de violencia doméstica. Los tribunales ordenarán que

se le provea a la víctima una aplicación tecnológica para la

detección del agresor dentro de la distancia dispuesta por la

orden, que opera a través del Sistema de Posicionamiento

Global conocido por sus siglas en inglés como GPS, o cualquier

otra tecnología que cumpla con estos fines, para ser usada en

teléfonos, relojes inteligentes, o cualquier otro aparato

similar con esta tecnología. La aplicación se limitará

solamente a advertir a la víctima que el agresor se encuentra

dentro del parámetro establecido por la orden, cuando el

agresor esté dentro de dicho parámetro. No ofrecerá ninguna

otra información o datos ni del agresor ni de la víctima. 8

LPRA sec. 668a.

Como se puede apreciar, mediante esta enmienda, se eliminó el mandato

a los tribunales de imponer supervisión electrónica en casos de

reincidencia. Cabe destacar que los cambios incorporados por la referida

Ley Núm. 89-2023 entraron en vigor en febrero de 2024, entiéndase, posterior

a los hechos que dieron margen al procedimiento disciplinario de epígrafe.

Mediante el Plan de Reorganización de 2011, supra, dicha oficina fue

sustituida por el PSAJ.

10

AD-2024-001

30

de

violencia

doméstica,

cuando

se

trate

específicamente de aquellos casos relacionados con

violaciones a órdenes de protección, maltrato

agravado, privación de libertad y agresiones

sexuales. Por lo tanto, disponiéndose que los

tribunales vendrán obligados a imponer supervisión

electrónica en los casos de incumplimiento a los

Artículos 2.8, 3.2, excepto el inciso (d), 3.4 y

3.5 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,

según enmendada, conocida como “Ley para la

Prevención e Intervención con la Violencia

Doméstica”, o en caso de reincidencia de la

anterior

citada

Ley,

irrespectivamente

del

artículo que se haya incumplido, con o sin

recomendación del PSAJ. (Énfasis suplido). 8 LPRA

sec. 668a.

Como se puede apreciar, y según se desprende del texto

citado, en el momento en que se desarrollaron los hechos que

dieron

margen

tribunales

al

presente

proceso

venían

obligados

a

disciplinario,

imponer

la

los

condición

de

supervisión electrónica en casos de violaciones a órdenes de

protección,

maltrato

agravado,

privación

de

libertad

y

agresiones sexuales. A su vez, se requería imponer dicho

mecanismo en casos de reincidencia, independientemente del

artículo de la Ley Núm. 54, supra, violado.11

Es

precisamente,

a

la

luz

del

marco

jurídico

antes

expuesto, que procedemos, desde la disidencia, a disponer de

los asuntos que nos ocupan.

Además de las disposiciones relacionadas a la Ley Núm. 54, supra, y la

Ley Núm. 99-2009, supra, la Regla 218(a) de las de Procedimiento Criminal,

34 LPRA Ap. II., R. 218, dispone que en los casos en que se imputen, entre

otros delitos, violaciones a la Ley Núm. 54, supra, además de fijar la

fianza correspondiente, el tribunal tendrá que imponer la condición de

supervisión electrónica, conforme al procedimiento establecido en dicha

regla. Asimismo, se establece que el tribunal contará con el informe de

evaluación y recomendación del PSAJ, a los fines de determinar la cuantía

de la fianza y la imposición de condiciones adicionales. Íd.

11

AD-2024-001

31

IV.

Como mencionamos anteriormente, en lo relacionado al

presente proceso disciplinario, la Comisión de Disciplina

Judicial, -- quien tuvo la oportunidad de recibir la prueba

pertinente,

evaluarla

determinaciones

de

detenidamente,

hechos

y

y

realizar

conclusiones

de

sus

derecho

--,

concluyó que la jueza Vélez Carreras se apartó de los Cánones

1, 3, 8 y 17 de Ética Judicial, supra. A juicio de dicho

organismo,

la

prueba

evaluada

evidenció

un

craso

desconocimiento o inobservancia, por parte de la referida

magistrada, de las disposiciones legales aplicables en materia

de fianza y de las condiciones a imponer para salvaguardar la

seguridad de las víctimas en casos relacionados a la Ley Núm.

54, supra. Coincidimos con dicha apreciación.

Aun cuando una mayoría de este Tribunal caracteriza la

actuación de la jueza Vélez Carreras como un mero error de

derecho

y

enfatiza

la

ausencia

motivación

impropia,

ello

no

de

intención

dispone

de

la

indebida

o

controversia

disciplinaria ante nuestra consideración. El incumplimiento

de deberes básicos de diligencia, competencia y conocimiento

del derecho vigente, -- particularmente en un ámbito regido

por mandatos legales claros --, puede, por sí solo, constituir

conducta sancionable bajo nuestros Cánones de Ética Judicial,

supra.

Y

es

que,

un

estudio

desapasionado

y

detallado

del

expediente ante nuestra consideración demuestra, en primer

lugar, que la jueza Vélez Carreras infringió los Cánones 1, 3

AD-2024-001

32

y 8 de Ética Judicial, supra. Lo anterior, al ésta incumplir

con su obligación legal de imponer, sin margen de discreción

alguna, la medida de supervisión electrónica al señor Santiago

Figueroa, como condición adicional a la libertad bajo fianza.

Ello, toda vez que este último era un convicto reincidente por

delitos bajo la Ley Núm. 54, supra.

En segundo lugar, la prueba recopilada como parte del

presente proceso disciplinario reveló

que la jueza Vélez

Carreras no solo faltó a su deber de conocer y defender el

estado de derecho vigente al momento de los hechos, sino que

también faltó a la diligencia y cuidado que requiere su puesto.

Esto, debido a que la referida magistrada no examinó, con la

debida cautela, el Informe de Evaluación y Recomendaciones del

PSAJ. De haberlo hecho, ésta se hubiese percatado de los

antecedentes penales del señor Santiago Figueroa, lo cual era

indispensable para el ejercicio responsable de su función

judicial.

Tal

omisión

constituye,

a

todas

luces,

una

infracción a los Cánones 8 y 17 de Ética Judicial, supra.

Cabe señalar que el hecho de que el Ministerio Público

no haya cumplido cabalmente con su deber, -- como señala una

mayoría de mis compañeras y compañeros de estrado --, al no

alertar

al

tribunal

sobre

los

antecedentes

penales

del

imputado ni impugnar la determinación emitida, no exime a la

jueza Vélez Carreras de las responsabilidades inherentes a su

cargo. La función judicial conlleva un deber independiente de

conocer y aplicar el derecho vigente.

AD-2024-001

33

Por último, no podemos concluir este escrito sin atender

un aspecto que la mayoría procura desvincular del análisis

disciplinario: el contexto en el cual se enmarca este caso. A

diferencia de lo que allí se plantea, no es posible abstraer

estas circunstancias del examen de la conducta aquí evaluada.

Es

innegable

la

crisis

de

violencia

doméstica

que

atraviesa el País. En ese escenario, los tribunales, -- como

pieza esencial en la protección de las víctimas --, vienen

obligados a asegurar, en todos sus niveles, el manejo más

riguroso y cuidadoso de este tipo de casos.

En esa dirección, nuestra postura no se fundamenta en

promover

decisiones

judiciales

basadas

en

el

miedo

o

desvinculadas del derecho. Por el contrario, responde a la

exigencia de que quienes ejercen la función judicial en este

ámbito lo hagan con el mayor grado de diligencia, atención y

conocimiento del marco legal aplicable. Ello cobra aún mayor

relevancia cuando se reconoce que este no es el primer caso

en que se evidencian fallas en la respuesta institucional ante

situaciones de esta naturaleza.

En suma, la omisión de la jueza Vélez Carreras no puede

entenderse como una adjudicación de responsabilidad sobre las

actuaciones

posteriores

del

señor

Santiago

Figueroa.

Sin

embargo, tampoco puede ignorarse que, al apartarse de un

mandato legal no discrecional, se comprometió la respuesta que

el ordenamiento jurídico dispone para este tipo de instancias.

AD-2024-001

34

V.

Por todo lo anterior, no podemos suscribir la conclusión

de la mayoría. La conducta desplegada por la jueza Vélez

Carreras trasciende el ámbito de un mero error de derecho y

constituye una violación a los deberes éticos que rigen la

función judicial, la cual ameritaba la más severa de las

sanciones.

Por ese no ser el criterio de una mayoría de este

Tribunal, respetuosamente disentimos.

Ángel Colón Pérez

Juez Asociado