Tribunal Supremo de Puerto Rico
Merchant Advance, LLC v. Conceptos Cuisine, LLC y otros
2026 TSPR 15
Poder Judicial de Puerto Rico
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Merchant Advance, LLC v. Conceptos Cuisine, LLC y otros
CC-2025-0109
6 de febrero de 2026 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Obligaciones y Contratos; Ley de Transacciones Comerciales – Validez de un contrato de compraventa de ingresos futuros en nuestro ordenamiento jurídico; eficacia de las cláusulas de selección del derecho aplicable en un acuerdo cobijado por la Ley de Transacciones Comerciales.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Merchant Advance, LLC
Peticionaria
v.
Conceptos Cuisine, LLC h/n/c
Pitipuá; Ángel D. Marrero Marrero,
Fulana de Tal y la Sociedad Legal
de Gananciales compuesta por ambos
Certiorari
2026 TSPR 15
217 DPR ___
Recurridos
Número del Caso:
Fecha:
CC-2025-0109
6 de febrero de 2026
Tribunal de Apelaciones
Panel VIII
Representante legal de la parte peticionaria:
Lcdo. Eduardo J. Corretjer Reyes
Materia:
Obligaciones
y
Contratos;
Ley
de
Transacciones
Comerciales - Validez de un contrato de compraventa de ingresos
futuros en nuestro ordenamiento jurídico; eficacia de las
cláusulas de selección del derecho aplicable en un acuerdo
cobijado por la Ley de Transacciones Comerciales.
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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Merchant Advance, LLC
Peticionaria
v.
CC-2025-0109
Conceptos Cuisine, LLC h/n/c
Pitipuá; Ángel D. Marrero
Marrero, Fulana de Tal y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos
Recurridos
Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora
Pabón Charneco.
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2026.
En esta ocasión tenemos la oportunidad de aclarar si
un Contrato de Compraventa de Ingresos Futuros —con una
Cláusula de Selección de Ley en la que se escoge el derecho
de Nueva York como el aplicable— puede ser ejecutado en
Puerto Rico o si, por el contrario, se encuentra vedado por
contravenir
el
orden
público.
Un
análisis
de
la
controversia a la luz de la normativa pertinente permite
concluir
que
estos
contratos
son
válidos
en
nuestro
ordenamiento.
Veamos este caso en detalle.
I
El 20 de diciembre de 2019, Merchant Advance, LLC
(Merchant o peticionaria)1 presentó una Demanda en cobro de
Merchant Advance, LLC (Merchant) es una compañía de responsabilidad
limitada organizada bajo las leyes del Estado de Wyoming. No obstante,
1
CC-2025-0109
dinero
2
contra
(Conceptos),2
Conceptos
el
Sr.
Cuisine,
Ángel
D.
LLC
Marrero
h/n/c
Pitipuá
Marrero
(señor
Marrero Marrero) como presidente y dueño de la entidad,
Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta
por estos últimos (en conjunto, recurridos). En síntesis,
alegó que el 25 de julio de 2019 las partes formalizaron un
contrato intitulado “Agreement for the Purchase and Sale of
Future Receipts” (Contrato) mediante el cual Merchant le
compró
a
Conceptos
la
cantidad
de
$34,750
en
ingresos
futuros por el precio de $25,000. Por su parte, Conceptos
debía
transferirle
a
Merchant
—a
una
cuenta
de
banco
previamente acordada— la cuantía diaria de $289.58 de los
ingresos que generaran sus ventas hasta cubrir el precio de
venta.
El
señor
Marrero
Marrero
suscribió
una
garantía
personal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
que
fueron
asumidas
por
Conceptos.
De
la
misma
forma,
Conceptos también concedió un gravamen mobiliario a favor
de Merchant.
Merchant argumentó que, para efectos del Contrato, se
consideraría incumplimiento el que Conceptos interfiriera
con su derecho a recolectar la cuantía pactada. Expuso que,
de así ocurrir, Merchant podría reclamar la totalidad de lo
que
faltara
por
cobrar,
además
de
todos
los
gastos
y
surge de los autos que la entidad está localizada en 132 West 36th
Street, New York, New York 10018. Apéndice del Certioari, págs. 52,
85.
Conceptos Cuisine, LLC h/n/c Pitipuá (Conceptos) es una compañía de
responsabilidad limitada formada bajo las leyes de Puerto Rico,
ubicada en Cupey Plaza, Carr. 176, Km 1.6, Ave. Víctor M. Labiosa,
Local #PL5, San Juan, Puerto Rico 00926. Íd., pág. 51.
2
CC-2025-0109
3
recargos que se adeudaran bajo el acuerdo. En esa línea,
reclamó que Conceptos entorpeció su derecho a recobrar la
suma acordada
al cancelar la cuenta de banco donde se
estaban realizando los pagos. Por lo cual, solicitó que se
ordenara a los recurridos a pagarle: $20,560.58 en concepto
de ingresos futuros no recibidos, $5,000 como penalidad por
incumplimiento,
$150
por
la
radicación
del
gravamen
mobiliario y $8,687.50 en costas, gastos y honorarios de
abogado.3
El 27 de diciembre de 2019, los recurridos fueron
emplazados
personalmente.
Sin
embargo,
estos
no
comparecieron. Por tanto, el 30 de enero de 2020, Merchant
presentó
una
Solicitud
de
Anotación
de
Rebeldía
y
Sentencia. El 5 de febrero de 2020, el Tribunal de Primera
Instancia emitió y notificó una Orden mediante la cual le
anotó la rebeldía a los recurridos. A su vez, le concedió
un
término
a
la
peticionaria
para
que
presentara
un
Memorando de Derecho en el que expusiera las bases legales
del Contrato, de forma tal que el tribunal pudiera evaluar
si el mismo era legal al amparo del derecho vigente en
Puerto Rico.
En cumplimiento con lo ordenado, el 2 de marzo de
2020,
Merchant
presentó
un
Memorando
de
Derecho
y
Argumentación. A grandes rasgos, expuso que era una entidad
dedicada a proveer capital líquido a pequeños y medianos
Según se desprende de los Anejos de la Demanda, el 25 de octubre de
2019 Merchant hizo una reclamación extrajudicial a Conceptos y al Sr.
Ángel D. Marrero Marrero, pero la misma resultó infructuosa. Íd.,
págs. 74-84.
3
CC-2025-0109
4
comerciantes, adquiriendo a cambio un interés propietario
sobre ingresos futuros hasta recibir la totalidad de la
cuantía acordada. Señaló que, a pesar de que no es una
práctica
muy
conocida
en
Puerto
Rico,
múltiples
jurisdicciones de los Estados Unidos la han catalogado como
una legítima al amparo del Uniform Commercial Code (UCC).
Destacó
que
la
controversia
que
evaluado
se
ha
centrado
definir
en
otros
si
tribunales
han
este
de
tipo
transacción es un préstamo o no. Expuso que, en este caso,
el Capítulo 9 de la Ley Núm. 208-1995, según enmendada,
conocida como Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA
sec. 2211 et seq. (Ley Núm. 208-1995), contiene el marco
jurídico aplicable a la relación contractual de autos. En
ese
sentido,
arguyó
que
el
Contrato
se
ajustaba
a
la
definición de Contrato de Venta, la cual incluye tanto la
venta actual de bienes, como la venta de bienes en el
futuro. Por último, sostuvo que el acuerdo suscrito por las
partes no era contrario a la ley, la moral o al orden
público.
Así las cosas, el 17 de abril de 2020, el Tribunal de
Primera Instancia notificó una Sentencia. En esta, concluyó
que el cumplimiento del Contrato que se quería hacer valer
no procedía, ya que iba en contra del derecho vigente en
Puerto Rico. Explicó que, si bien la Ley Núm. 208-1995,
supra, autorizaba los Contratos de Compraventa de Bienes a
Futuro, el dinero no se consideraba un bien para efectos
del estatuto. En ese aspecto, dispuso que en este caso se
CC-2025-0109
5
estaba en realidad ante un Contrato de Préstamo con pactos
de intereses usureros. Expresó que el Art. 1649 del Código
Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4591, establecía que para
un
préstamo
de
más
de
$3,000,
como
el
presente,
los
intereses no podían ser mayores a un ocho por ciento (8%).
Por lo cual, amparándose en la sanción dispuesta en el Art.
1652 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4594,
resolvió que Merchant solo tenía derecho a recuperar el
setenta y cinco por ciento (75%) de la suma prestada, sin
intereses, y que el veinticinco por ciento (25%) debía ser
adjudicado
al
Gobierno
de
Puerto
Rico.
Por
tal
razón,
ordenó a los recurridos a pagar la suma de $4,560 a la
peticionaria y $6,250 al Estado. Al así hacerlo, tomó en
consideración el hecho de que los pagos realizados por
Conceptos al momento de presentarse la Demanda ascendían a
$14,190.
Inconforme, Merchant acudió al Tribunal de Apelaciones
mediante un recurso de apelación. En esencia, planteó que
el foro primario erró al (1) determinar que el Contrato no
era un acuerdo de compraventa de ingresos futuros, sino un
préstamo y (2) que el mismo establecía intereses usureros,
por lo que procedía limitar el recobro de lo adeudado al
setenta y cinco por ciento (75%), sin intereses incluidos,
y conceder el restante veinticinco por ciento (25%) al
Estado.
El 27 de abril de 2021, el foro apelativo intermedio
emitió
una
Sentencia
a
través
de
la
cual
confirmó
al
CC-2025-0109
6
Tribunal de Primera Instancia.4 En su dictamen, indicó que
no existía duda en torno a que el Contrato se regía y debía
ser interpretado conforme a las leyes del Estado de Nueva
York. Incluso, reconoció que el acuerdo en controversia era
válidamente reconocido en esa jurisdicción y que la Ley
Núm.
208-1995,
disposiciones
embargo,
supra,
la
expresó
también
compraventa
que
el
contemplaba
de
ingresos
estatuto
entre
sus
futuros.
Sin
local
prohibía
expresamente que el dinero fuese un bien objeto de este
tipo de transacción. Por lo cual, entendió que este acto
violentaba la ley de Puerto Rico, lo que ocasionaba que no
produjera los efectos jurídicos que Merchant pretendía. Así
pues, coincidió con el foro primario en que se trataba
realmente de un Contrato de Préstamo y que, por tanto,
procedía conceder los remedios otorgados en la Sentencia
apelada. En cuanto al segundo señalamiento de error
—
dirigido a impugnar los presuntos intereses usureros por
alegadamente tratarse de personas jurídicas las cuales, al
amparo
del
Art.
12.09
de
la
Ley
Núm.
164-2009,
según
enmendada, conocida como Ley General de Corporaciones, 14
LPRA
sec.
3789
(Ley
Núm.
164-2009)
podían
convenir
cualquier tasa de interés— el foro apelativo intermedio
decidió no atender el mismo por considerar que no se había
argumentado
ese
asunto
ante
el
Tribunal
de
Primera
Instancia.
Luego de que el Tribunal de Apelaciones les diera oportunidad a los
apelados —aquí recurridos— para que comparecieran y se opusieran, sin
que estos lo hicieran, dicho foro dio por perfeccionado el recurso y
procedió a resolver.
4
CC-2025-0109
7
Insatisfecha,
certiorari
Merchant
presentó
ante este Tribunal
un
recurso
de
(Caso Núm. CC-2021-0409).
Tras expedir el auto, el 23 de octubre de 2023 notificamos
una Sentencia en la cual revocamos la determinación del
Tribunal de Apelaciones y devolvimos el caso a ese foro
para que atendiera en los méritos el segundo señalamiento
de error consignado por la peticionaria en su recurso de
apelación.5
En consecuencia, el 14 de noviembre de 2024 el foro
apelativo
intermedio
emitió
otra
Sentencia.
En
esta,
reprodujo lo resuelto en su primera decisión a los fines de
reiterar que la Ley Núm. 208-1995, supra, prohibía las
transacciones
de
ventas
a
futuro
cuyo
objeto
fuese
el
dinero y que, conforme a la ley vigente en Puerto Rico esa
clase de acuerdo no surtía efectos. A su vez, confirmó que
el Contrato en este caso era un préstamo. No obstante,
razonó que, conforme al Art. 12.09 de la Ley Núm. 164-2009,
supra,
las
partes,
como
corporaciones,
podían
convenir
cualquier tasa de interés y estaban impedidas de plantear
la defensa de usura. Por lo cual, concluyó que la tasa de
treinta y nueve por ciento (39%) era lícita y que, por
ende, procedía revocar la aplicación de la prohibición de
usura, reinstalar la Demanda instada y devolver el asunto
al Tribunal de Primera Instancia para que continuaran los
procedimientos.
En esa
Tribunal.
5
ocasión,
los
recurridos
tampoco
comparecieron
ante
este
CC-2025-0109
8
Aún en desacuerdo, Merchant acudió ante nos mediante
otro recurso de certiorari (Caso Núm. CC-2025-0109). Esta
vez, planteó que el foro apelativo intermedió erró al: (1)
reiterar
los
Sentencia,
planteamientos
pues
la
misma
emitidos
había
sido
en
la
primera
revocada
en
su
totalidad por este Foro previamente; (2) no reconocer que
el Contrato de Compraventa de Ingresos Futuros es válido en
nuestro ordenamiento jurídico y que no se trata
de un
Contrato de Préstamo simulado, y (3) no reconsiderar su
dictamen.
Expedido el auto de certiorari, y habiendo concedido
término a las partes para que presentaran sus alegatos,
procedemos
a
resolver
sin
la
comparecencia
de
los
recurridos.
II
A. Los Contratos y las Cláusulas de Selección de Ley
En Puerto Rico predomina el principio de libertad de
contratación. Bobé et al. v. UBS Financial Services, 198
DPR 6, 15 (2017). Esto implica que la autonomía de la
voluntad rige las relaciones contractuales. Blanco Matos v.
Colón Mulero, 200 DPR 398, 407-408 (2018). Esta facultad al
momento de contratar
Código
Civil
contratantes
de
fue recogida en
1930,
establezcan
el
cual
“los
el Art. 1207 del
contempla
pactos,
que
cláusulas
los
y
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean
contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.
CC-2025-0109
(Negrillas
transgresión
efecto
de
9
suplidas).
de
que
alguno
el
31
LPRA
ant.
de
estos
contrato
sea
sec.
3372.6
La
elementos
conlleva
el
nulo
por
y,
tanto,
inexistente. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210
DPR 163, 187 (2022); De Jesús González v. A.C., 148 DPR
255, 264 (1999). Sobre el concepto de “orden público” hemos
dispuesto que este:
“puede definirse como el conjunto de valores
eminentes que guían la existencia y el bienestar
de una sociedad, que ampara un interés social
dominante por los derechos que tiende a proteger.
Por eso, es un medio para conseguir un balance
entre
la
autonomía
de
la
voluntad
y
la
imprescindible protección del bienestar común”.
(Citas omitidas). Pérez Rodríguez v. López
Rodríguez et al., supra, págs. 187-188. Véase,
además, Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co.,
152 DPR 652, 659 (2000).
Las obligaciones que surjan como consecuencia de un
contrato tienen fuerza de ley entre las partes por lo que
estas vienen obligadas a cumplir con lo acordado. Art. 1044
del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2994. Véase,
Bobé et al. v. UBS Financial Services, supra, pág. 15;
Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258,
266-267 (2015). Así pues, si se satisfacen las condiciones
requeridas para que un contrato sea válido, los tribunales
no pueden relevar a una parte de cumplir con la obligación
que esta asumió.7 Bobé et al. v. UBS Financial Services,
Si bien el Código Civil de 1930 fue derogado al aprobarse el Código
Civil de 2020, hacemos referencia al estatuto anterior por ser el
aplicable a los hechos del caso. Véase, Art. 1812 del Código Civil de
2020, 31 LPRA sec. 1171.
6
Los requisitos esenciales para la validez de un contrato son tres, a
saber: (1) el consentimiento de los contratantes, (2) un objeto cierto
y (3) causa para la obligación. Art. 1213 del Código Civil de 1930, 31
7
CC-2025-0109
10
supra, pág. 15; Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles,
supra, pág. 267; De Jesús González v. A.C., supra, pág.
271.
Entre
las
figuras
contractuales
comunes
está
el
préstamo y la compraventa. Mediante el acuerdo de préstamo
“una de las partes entrega a la otra […] dinero u otra cosa
fungible, con condición de volver otro tanto de la misma
especie y calidad”. Art. 1631 del Código Civil de 1930, 31
LPRA ant. sec. 4511. Véase, además, Art. 1644 del Código
Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4571.
Por otra parte, a través del Contrato de Compraventa
“uno de los contratantes se obliga [a] entregar una cosa
determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en
dinero o signo que lo represente”. Art. 1334 del Código
Civil
de
1930,
31
LPRA
ant.
sec.
3741.
La
venta
se
perfeccionará y será obligatoria para el vendedor y el
comprador si estos hubieren logrado convenir sobre la cosa
objeto del contrato y el precio, aunque ni una ni el otro
se hayan entregado. Art. 1339 del Código Civil de 1930, 31
LPRA ant. sec 3746. Cabe señalar que “el objeto de una
compraventa puede ser cosas corporales, incorporales o de
cosa futura, siempre que recaiga en una cosa determinada en
su especie y que se encuentre dentro del comercio de las
personas”.
(Negrillas
suplidas).
Bco.
Popular
v.
Registrador, 181 DPR 663, 672 (2011). Véase, además, L.E.
LPRA ant. sec. 3391. En cuanto a esto, “[l]os contratos sin causa, o
con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa
cuando se opone a las leyes o a la moral”. Art. 1227 del Código Civil
de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3432.
CC-2025-0109
11
Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed.,
Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II., págs. 283-284; Arts.
1223 y 1225 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs.
3421 & 3423.
Por otro lado, como parte de la potestad que tienen
los contratantes de plasmar su voluntad e intención en los
acuerdos que formalicen, se ha reconocido que estos también
escojan cláusulas para determinar el foro o el derecho
aplicable en casos de que surjan discrepancias.8 Bobé et
al. v. UBS Financial Services, supra, págs. 15-16. En lo
pertinente a la controversia de autos, hemos dispuesto que
“[l]as cláusulas en que se escoge la ley se consideran
válidas
usualmente
cuando
la
jurisdicción
seleccionada
tiene contactos sustanciales con el contrato”. Unisys v.
Ramallo
Brothers,
128
Walborg
Corp.
Tribunal
v.
DPR
842,
855
Superior,
(1991)
104
(citando
DPR
184,
a
192
(1975)).9 No obstante, “[d]ichas cláusulas son ineficaces
[…] cuando chocan contra consideraciones fundamentales de
orden público del foro”. (Negrillas suplidas). Íd.
Sobre las Cláusulas de Selección de Foro, véase: Bobé et al. v. UBS
Financial Services, 198 DPR 6, 15-19 (2017), y Unisys v. Ramallo
Brothers, 128 DPR 842, 855-857 (1991).
8
En World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352 (1990),
revocamos la normativa pautada en Walborg Corp. v. Tribunal Superior,
104 DPR 184, 192 (1975), la cual establecía que no puede concedérsele
a una Cláusula de Arbitraje mayor fuerza que a la política pública de
protección a los distribuidores, representada por la Ley Núm. 75 de 24
de junio de 1964, según enmendada, conocida como Ley sobre Contratos
de Distribución de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 278 et seq. No obstante,
ese dictamen en nada afectó lo expresado en Walborg Corp. v. Tribunal
Superior, supra, sobre las cláusulas contractuales de selección de
foro. Véase: Unisys v. Ramallo Brothers, supra, n. 3.
9
CC-2025-0109
12
A su vez, en cuanto al poder de las partes de escoger
el derecho aplicable a un acuerdo cobijado por la Ley Núm.
208-1995, supra, la Sección 1-105 de ese estatuto dispone
que:
(1) Las partes podrán pactar el derecho que
gobernará sus derechos y obligaciones, ya sea el
de Puerto Rico o el de cualquier estado o nación.
(2) Cuando una de las siguientes disposiciones de
este subtítulo especifique el derecho aplicable,
esa disposición gobernará y un acuerdo contrario
es válido solo en la medida que lo permita el
derecho (incluyendo las reglas de conflictos de
leyes) así especificado:
[…]
(e) Secciones 2251 a 2257; La Ley que regirá la
perfección, el efecto de la perfección o no
perfección
y
la
prioridad
de
garantías
mobiliarias y gravámenes agrícolas. (Negrillas
suplidas). 19 LPRA sec. 404.
B. Los Intereses Usureros
El Art. 1646 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant.
sec.
4573,
dispone
que
no
se
deberán
intereses
en
un
Contrato de Préstamo, excepto cuando expresamente se hayan
pactado. De haberse acordado los mismos, existen normas que
prohíben el cobro de intereses excesivos. Véanse Arts. 1649
al 1657 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs. 45914599. Al respecto, el Art. 1649 del Código Civil de 1930,
dispone que:
A falta de un contrato previo escrito, el tipo de
interés sobre préstamos o prórrogas de dinero o
mercancías o sobre cualquier clase de obligación
o contrato será de seis dólares ($6) anuales
sobre cada cien dólares ($100) o sobre su
equivalente en valor, y al mismo tipo por una
suma mayor o menor, o por un período más largo o
más corto; Disponiéndose, sin embargo, que no
podrá fijarse un tipo de interés, por convenio
especial, que sea mayor de nueve dólares ($9)
CC-2025-0109
13
anuales sobre cada cien dólares ($100) o sobre su
equivalente en valor, cuando el capital objeto
del préstamo o del convenio no exceda de $3,000 y
de ocho dólares ($8) anuales por cada cien
dólares ($100), cuando pase de dicha cantidad.
Dentro de los límites que por este título se
fijan, será legal descontar letras y pagarés y
otras
obligaciones
análogas.
(Negrillas
suplidas). 31 LPRA ant. sec. 4591.10
En cuanto a las consecuencias de pactar intereses por
encima de estos límites, el Art. 1652 del Código Civil de
1930 expone que:
Excepto como queda autorizado por la sec. 4593 de
este título, ninguna persona podrá exigir o
recibir, directa o indirectamente, dinero o
mercancías, a un tipo de interés mayor por el
préstamo o la prórroga del préstamo de algún
dinero, que el tipo fijado por las secs. 4591 a
4599 de este título. Nada de lo contenido en este
Capítulo se interpretará en el sentido de
prohibir la venta de efectos al contado a un
precio más bajo que al crédito.
Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o
asegure, o se convenga en reservar, aceptar o
asegurar, un tipo de interés mayor que el que se
permite por las secs. 4591 a 4599 de este título,
podrá hacerse efectivo en un tribunal de Puerto
Rico, sino por el importe del capital adeudado; y
el tribunal deberá, además, disponer en la
sentencia condenando al deudor al pago del
capital que el acreedor recobre solamente de su
deudor el setenta y cinco (75) por ciento de
dicho capital y que el veinticinco (25) por
ciento restante sea adjudicado y recobrado por el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien podrá
obtener mandamiento de ejecución, del mismo modo
que el demandante, y sin preferencia sobre el
montante adjudicado a éste, para hacer efectivo
el veinticinco (25) por ciento así adjudicado.
Los derechos definidos en esta sección no son
renunciables. 31 LPRA ant. sec. 4594. (Negrillas
suplidas).11
Véase, además, lo dispuesto en la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de
1973, segun enmendada, conocida como Ley para Fijar las Tasas de
Intereses o Cargos Especiales para Distintas Transacciones Económicas,
10 LPRA sec. 998 et seq.
11 Hoy día, el Art. 1328 del Código Civil de 2020, establece, en lo
pertinente, que:
10
CC-2025-0109
14
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, al amparo del
Art.
12.09
de
la
Ley
Núm.
164-2009,
supra,
las
corporaciones pueden contratar, tomar dinero a préstamo e
incurrir en obligaciones a cualquier tasa de interés que
estas
consideren
aceptables.
En
específico,
dicha
disposición establece que:
No obstante, cualquier limitación o penalidad
establecida por ley, cualquier corporación que
tome dinero a préstamo podrá contratar, incurrir
en obligaciones y tomar dinero a préstamo, bien
en el Estado Libre Asociado o en cualquier otro
sitio, a cualquier tasa de interés que considere
aceptable. Ningún deudor de esta clase, sea una
corporación doméstica o una corporación foránea,
podrá invocar estatuto alguno contra la usura en
un
procedimiento
o
en
una
acción
legal
establecida con el fin de obligar al pago o
cumplimiento de cualquier obligación que surja de
un préstamo de tal naturaleza, esté o no la
obligación representada por cualquier bono,
pagaré, contrato u otro escrito firmado, asumido
o garantizado por tal deudor o cualquier sucesor
o cesionario del mismo. En tal virtud, no se
castigará como delito el exigir o recibir
intereses a cualquier tasa así convenida ni podrá
interponerse, por razón de usura, recurso alguno
para recobrar cantidad alguna pagada en exceso
del interés máximo fijado por ley o para hacer
efectiva
cualquier
otra
penalidad
civil.
(Negrillas suplidas). 14 LPRA sec. 3789. Véase,
además, C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: tratado
sobre derecho corporativo, 2da ed. rev., Ed.
AlmaForte, 2022, págs. 456-457.
De conformidad con el Art. 12.39 de la Ley Núm. 1642009, 14 LPRA sec. 3984, lo anterior también es aplicable a
las
compañías
de
responsabilidad
limitada.
Además,
“Es nula la cláusula contractual que obliga a una persona
natural al pago de intereses mayores a los que disponen
las leyes, los reglamentos y las órdenes administrativas.
La nulidad da lugar a que sólo pueda cobrarse el setenta y
cinco por ciento (75%) de la deuda principal. El restante
veinticinco por ciento (25%) se paga al Secretario de
Hacienda.
No
se
deberán
intereses,
sino
cuando
expresamente se hubiesen pactado”. 31 LPRA sec. 10085.
una
CC-2025-0109
15
persona natural que garantice como fiador un préstamo hecho
a una corporación tampoco puede invocar para sí la defensa
de usura. Véase, Díaz Olivo, op. cit., pág. 457; Mansiones
P. Gardens, Inc. v. Scotiabank, 114 DPR 513, 520 (1983).
C. Los Contratos de Compraventa
“Merchant Cash Advance”
Los
Contratos
(conocidos
como
de
de
Compraventa
“Purchase
and
Ingresos
de
Sale
Futuros
o
Ingresos
Futuros
Future
Receipts
of
Agreement” o “Merchant Cash Advance”, en inglés) son un
tipo de financiamiento utilizado mayormente por negocios
pequeños. Véase, Adam J. Levitin, Predatory Small-Business
Lending: Market and Regulatory Failures, 42 Yale J. on Reg.
732, 754-755 (2025), y Kara J. Bruce, The Murky Process of
Characterizing Merchant Cash Advance Agreements, 42 No. 4
Bankruptcy Law Letter NL 1 (2022).12 Su existencia data de
al menos finales del siglo veinte, pero su popularidad
surgió
tras
la
crisis
financiera
del
2008
debido
al
endurecimiento de los criterios para conceder préstamos.
Íd.
Esta
menores
clase
a
de
las
acuerdo
tiende
a
ser
disponibles
a
través
por
cuantías
de
préstamos
comerciales, pero a un costo superior. Levitin, supra, pág.
758.
Sin
embargo,
a
diferencia
de
un
préstamo,
este
producto: (1) suele ser más fácil de obtener; (2) es más
accesible para empresas pequeñas con historial crediticio
pobre o limitado; (3) generalmente no tiene límites en
Véase, además, J.F. Hilson & S.L. Sepinuck, A “Sale” of future
receivables: disguising a secured Loan as a purchase of hope, 9
Transactional Law. 14 (2019).
12
CC-2025-0109
16
torno a cómo pueden utilizarse los fondos, y (4) tiene una
estructura de pago distinta a la que normalmente provee un
préstamo. Íd., págs. 758-760.
En un acuerdo como este, una parte compra a descuento
los ingresos que la otra recibirá en el futuro de las
cuentas por cobrar que genere o de las ventas que realice.
Íd., pág. 755; Bruce, supra. Es decir, a cambio de recibir
una suma de dinero descontada, fija e inmediata, la parte
que vende sus ingresos futuros se compromete a transferirle
a la parte compradora un por ciento de estos diariamente
hasta
lograr
ordinario,
satisfacer
este
contrato
el
precio
pactado.
Íd.
se
respalda
por
gravamen
un
De
mobiliario y una garantía personal. Levitin, supra, pág.
758; Bruce, supra.
D. El Uniform Commercial Code y sus Comentarios Oficiales
El Código
Uniforme de Comercio
(Uniform Commercial
Code) es un modelo de reglas uniformadas y predeterminadas
propuestas
para
regir
las
transacciones
comerciales
y
simplificar los negocios interestatales.13 Se trata de un
texto
legal
recomendado,
redactado
por
el
American
Law
Institute (ALI) y la Uniform Law Comission (ULC), el cual
los estados han adoptado en parte, con modificaciones o
totalmente.14
Uniform Commercial Code (UCC), Westlaw Practical Law Glossary,
https://next.westlaw.com/Document/I03f4db00eee311e28578f7ccc38dcbee/Vi
ew/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default),
(última visita, 16 de octubre de 2025).
14 Íd. Centraremos nuestro análisis en la versión del Artículo 9 del
Código Uniforme de Comercio, con las enmiendas del 2010 y su
respectivo Comentario Oficial, por ser la utilizada por Nueva York y
Puerto Rico para aprobar los estatutos pertinentes a la controversia
13
CC-2025-0109
17
El Artículo 9 del Código Uniforme de Comercio —sobre
transacciones
transacciones
garantizadas—
en
las
que
aplica
cuentas
o
tanto
pagos
a
las
intangibles
garanticen una deuda, como a la venta directa de una cuenta
o de un pago intangible. No obstante, este deja en manos de
los
tribunales
el
trazar
los
criterios
para
distinguir
entre una transacción y otra.
En
cuanto
Código
Uniforme
scope
of
a
lo
de
anterior,
Comercio
article.] Except
la
Sec.
dispone
as
9-109(a)(3)
que:
otherwise
del
“(a) [General
provided
in
subsections (c) and (d), this article applies to: […] (3) a
sale of accounts, chattel paper, payment intangibles, or
promissory notes”]. (Negrillas y subrayado suplidos). Por
su parte, los Comentarios Oficiales al Código Uniforme de
Comercio añaden sobre esto lo siguiente:
Under subsection (a)(3), as under former Section
9-102, this Article applies to sales of accounts
and chattel paper. This approach generally has
been successful in avoiding difficult problems of
distinguishing between transactions in which a
receivable secures an obligation and those in
which the receivable has been sold outright. In
many
commercial
financing
transactions
the
distinction is blurred.
Subsection (a)(3) expands the scope of this
Article by including the sale of a “payment
intangible” (defined in Section 9-102 as “a
general intangible under which the account
debtor's principal obligation is a monetary
obligation”) and a “promissory note” (also
defined in Section 9-102). To a considerable
extent, this Article affords these transactions
treatment identical to that given sales of
accounts and chattel paper. In some respects,
however,
sales
of
payment
intangibles
and
de autos. Véase,
Refs. & Annos.
Unif.
Commercial
Code
Art.
9
(1972)(1999)(2010),
CC-2025-0109
18
promissory notes are treated differently from
sales of other receivables. See, e.g., Sections
9-309 (automatic perfection upon attachment), 9408 (effect of restrictions on assignment). By
virtue of the expanded definition of “account”
(defined in Section 9-102), this Article now
covers sales of (and other security interests in)
“health-care-insurance receivables” (also defined
in Section
9-102).
Although
this
Article
occasionally distinguishes between outright sales
of
receivables
and
sales
that
secure
an
obligation,
neither
this
Article
nor
the
definition of “security interest” (Section 1201(37)) delineates how a particular transaction
is to be classified. That issue is left to the
courts.
(Negrillas
y
subrayado
suplidos).
Comentarios Oficiales a la Sec. 9-109 del Código
Uniforme de Comercio modelo.
E. Nueva York - Adopción del Artículo 9 del Uniform
Commercial Code y los Criterios Jurisprudenciales para
distinguir entre Préstamos Garantizados y Contratos de
Compraventa de Ingresos Futuros
Las
disposiciones
Código
Uniforme
Estado
de
estatales
de
Nueva
de
“[p]urchases
esa
Comercio
York.15
En
Artículo
9
del
adoptadas
por
el
sido
esa
línea,
han
concluido
tribunales
que
los
transactions
expressly
contemplated by the Uniform Commercial Code”.16
(Negrillas
common
future
los
and
are
of
el
han
jurisdicción
sales
en
receivables
proceeds
and
propuestas
commercial
sales
suplidas). Rapid Capital Fin., LLC v. Natures Mkt. Corp.,
57
Misc.
3d
979,
982,
66
N.Y.S.3d
797,
799
(Sup.
Ct.
Westchester County 2017) (citando a IBIS Capital Group, LLC
Véase, F.C. Amendola et al., Overview of Article 9 of Uniform
Commercial Code as adopted in New York, New York Jurisprudence (2da
Ed.), 95 N.Y. Jur. 2d Secured Transactions sec. 1 (2025).
15
Véase, además, Womack v. Capital Stack, LLC, 2019 WL 4142740, pág. 7
(S.D. N.Y. 2019) (decisión que sustenta su dictamen en una serie de 28
casos estatales y federales en el estado de Nueva York las cuales
caracterizaban las transacciones de “Merchant Cash Advance” como
ventas).
16
CC-2025-0109
19
v. Four Paws Orlando LLC, 2017 N.Y. Slip Op. 30477(U), 2017
WL 1065071 (Sup. Ct. Nassau County 2017)).
Por lo general, los tribunales del Estado de Nueva
York
sopesan
tres
(3)
factores
al
determinar
si
una
transacción es un préstamo garantizado o una compraventa de
ingresos
futuros.
Richmond
Capital
Véase,
Group
Fleetwood
LLC,
No.
Services,
LLC
v.
22-1885-CV,
2023
WL
3882697, pág. 2 (2d Cir. 2023); LG Funding, LLC v. United
Senior Props. of Olathe, LLC, 181 A.D.3d 664, 666, 122
N.Y.S.3d 309, 312 (2d Dep't 2020); K9 Bytes, Inc. v. Arch
Capital Funding, LLC, 57 N.Y.S.3d 625, 632-634 (Sup. Ct.
Westchester County 2017).17 Primero, evalúan si existe una
Cláusula
de
Conciliación
en
el
acuerdo.
Este
tipo
de
disposición permite que el vendedor solicite un ajuste en
las
cuantías
que
paga
diariamente
por
razón
de
una
reducción o un aumento en sus ingresos. Si una transacción
cuenta con un pacto de conciliación es probable que se
trate
de
una
compraventa
de
ingresos
futuros.
Segundo,
examinan si el acuerdo posee un plazo definido para su
cumplimiento. Un plazo definido para el reembolso de la
suma anticipada sugiere que se trata de un préstamo. Por el
contrario,
un
plazo
indefinido
es
consistente
con
una
compraventa de ingresos futuros, en donde el término para
recobrar las cuantías acordadas se podría ver afectado por
el volumen de ingresos que genere el vendedor. Tercero,
Véase, además, E.M. Bosek et al., Applicability of usury laws to
assignment of wages, accounts receivable, and rents, New York
Jurisprudence (2da Ed.), 72 N.Y. Jur. 2d Interest and Usury sec. 79
(2025).
17
CC-2025-0109
20
consideran si existe un remedio en caso de que el vendedor
se acoja a un procedimiento de quiebra. Una disposición en
la que se otorgue, en estos escenarios, el derecho a exigir
de inmediato el pago de la suma adelantada o la facultad de
ejecutar las garantías personales pactadas sería indicadora
de que el negocio
jurídico
objeto de evaluación es
un
préstamo.
En Nueva York, la importancia de la distinción entre
una
compraventa
de
ingresos
futuros
y
un
préstamo
garantizado recae en que a estos últimos les aplican las
leyes de usura.18
F. Puerto Rico - Ley de Transacciones Comerciales
La Ley Núm. 208-1995, supra, fue promulgada en Puerto
Rico con el propósito de: (1) simplificar, clarificar y
modernizar
comerciales;
el
derecho
(2)
que
permitir
rige
la
las
continua
transacciones
expansión
de
prácticas comerciales por medio de las costumbres, los usos
y los acuerdos entre las partes, y (3) uniformar el derecho
entre las diversas jurisdicciones. Sección 1-102(2) de la
Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 401. En ese aspecto, a
menos que sean desplazados por disposiciones particulares
de
este
estatuto,
los
principios
generales
del
derecho
aplican a modo supletorio. Sección 1-103 de la Ley Núm.
208-1995, 19 LPRA sec. 402. Además, con el objetivo de
J.F. Hilson & S.L. Sepinuck, A “sale” of future receivables:
criminal usury in another form, 9 Transactional Law 1, pág. 2 (2019);
Bosek, supra. [“Corporations are generally ineligible to raise a
defense based on civil usury, although they can raise a defense based
on criminal usury”.]
18
CC-2025-0109
21
adelantar los fines y la política fundamental recogida en
la Ley Núm. 208-1995, supra, sus disposiciones deben ser
interpretadas y aplicadas liberalmente. Art. 1-102(1) de la
Ley Núm. 208-1995, supra.
En esencia, la Ley Núm. 208-1995, supra, se deriva de
los artículos modelos del Código Uniforme de Comercio. Cruz
Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 499, 509 (2014).
Ahora bien, mediante la Ley Núm. 21-2012 (2012 [Parte 1]
Leyes de Puerto Rico 273) se añadió un nuevo Capítulo 9 y
se enmendaron varias secciones de la Ley Núm. 208-1995,
supra, en aras de estar a la vanguardia de los adelantos
comerciales y establecer normas mercantiles lo más uniforme
a las de los demás Estados. Exposición de Motivos de la Ley
Núm. 21-2012, supra. La adopción de este estatuto tuvo como
fin aumentar el margen prestatario y las oportunidades de
financiamiento para los pequeños y medianos comerciantes en
Puerto Rico. Íd.
En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21-2012,
supra, la Asamblea Legislativa hizo constar, además, lo
siguiente:
[E]sta legislación tendrá el efecto de modernizar
y actualizar la Ley de Transacciones Comerciales
basado en las experiencias y el conocimiento de
múltiples fuentes, para beneficio de nuestro
desarrollo económico. Las principales fuentes
para la investigación e interpretación de las
disposiciones del Código Uniforme de Comercio
modelo
incluyendo
el
Artículo
9
son
las
siguientes: (1) el propio Código Uniforme de
Comercio modelo; (2) los comentarios oficiales a
cada sección de cada artículo del Código Uniforme
de Comercio modelo preparados por el Instituto de
Derecho Americano y la Conferencia Nacional de
Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes; (3)
CC-2025-0109
22
los comentarios de la Junta Editorial Permanente
del Código Uniforme de Comercio (PEB); y (4) las
decisiones judiciales federales y estatales de
las jurisdicciones que interpretan y aplican el
Código Uniforme de Comercio conforme ha sido
promulgado en cada estado particular. Además del
texto del propio Código Uniforme de Comercio
modelo, los comentarios oficiales son casi
universalmente tratados como las fuentes de
autoridad en la construcción de las Secciones del
UCC. Los comentarios oficiales explican el
propósito e intención de cada sección, y los
cambios al artículo anterior del Código Uniforme
de
Comercio
modelo,
y
son
rutinariamente
utilizados por los tribunales al interpretar las
disposiciones, y esto Puerto Rico no debe ser la
excepción, pues Puerto Rico está completamente
integrado al comercio del resto de los Estados
Unidos, y nuestros tribunales deben hacer lo
propio. (Negrillas suplidas).
Por su parte, en cuanto al alcance y la aplicación del
Capítulo 9 sobre transacciones garantizadas, la Sección 9109 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 2219, dispone
que:
(a) Alcance general del capítulo.-Salvo por lo
dispuesto en los incisos (c) y (d) de esta
sección, este capítulo aplicará a:
[…]
(3) una venta de cuentas, papel financiero, pago
intangible, o pagarés […] (Negrillas y subrayado
suplido).
La Sección 9-102 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec.
2212, incluyó al respecto las definiciones siguientes:
(2) Cuenta.-Excepto según se use en el contexto
de ‘rendir cuentas’, significa un derecho al pago
de una obligación monetaria, haya sido tal
derecho devengado o no por el cumplimiento, (i)
por propiedad que haya sido o será vendida,
arrendada, con licencia, cedida o de otro modo
transferida, (ii) por servicios prestados o a ser
prestados, (iii) por una póliza de seguro emitida
o a ser emitida, (iv) por una obligación
accesoria incurrida o a ser incurrida, (v) por
energía provista o a ser provista, (vi) por el
uso o alquiler de un buque bajo un contrato de
CC-2025-0109
23
fletamento u otro contrato, (vii) que surja del
uso de una tarjeta de crédito o tarjeta de cargos
o información contenida en o para el uso con la
tarjeta, o (viii) como ganancias en una lotería u
otro juego de azar operado o auspiciado por un
estado, entidad gubernamental de un estado o
persona con licencia o autorizada para operar el
juego por el estado o entidad gubernamental de un
estado. El término incluye cuentas a cobrar bajo
contratos de seguros de salud. El término no
incluye (i) derechos a pago evidenciados por
papel financiero o un instrumento, (ii) una
reclamación en daños y perjuicios comerciales,
(iii) cuentas de depósito, (iv) inversiones, (v)
derechos sobre cartas de crédito o cartas de
crédito o (vi) derechos a pago por dinero o
fondos adelantados o vendidos, que no sean
derechos que surjan del uso de una tarjeta de
crédito o de tarjeta de cargos o información
contenida en o para uso con la tarjeta.
[…]
(61)
Pago
intangible.-Significa
un
bien
incorporal bajo el cual la obligación principal
del deudor de la cuenta es una obligación
pecuniaria. (Negrillas y subrayado suplidos).
En lo pertinente a este último término, señalamos que
la Sección 9-102 de la Ley Núm. 208-1995, supra, define
“bienes incorporales” como:
“cualquier bien mueble, incluyendo cosas en
acción, que no sean cuentas, papel financiero,
reclamaciones en daños y perjuicios comerciales,
cuentas
de
depósito,
documentos,
bienes,
instrumentos, inversiones, derechos sobre cartas
de crédito, cartas de crédito, pólizas de seguro,
dinero, y petróleo, gas u otros minerales antes
de su extracción. El término incluye pagos
intangibles
y
programas
de
computadoras”.
(Negrillas y subrayado suplidos).
Expuesto
el
marco
jurídico
aplicable,
pasemos
a
alega,
en
resolver.
III
En
su
síntesis,
recurso
que
los
de
certiorari,
Merchant
foros
inferiores
erraron
al:
(1)
no
CC-2025-0109
24
respetar la Cláusula del Contrato que dispone que el mismo
debe ser interpretado al amparo de la ley de Nueva York;
(2)
concluir
que
la
compraventa
de
ingresos
futuros
contraviene la ley en Puerto Rico, y (3) decidir que el
acuerdo pactado es en realidad un préstamo. La peticionaria
entiende que en este caso no se dan los elementos para
invalidar la disposición de selección de ley acordada. Esto
pues,
considera
que
la
jurisdicción
seleccionada
tiene
contactos sustanciales con el Contrato, por ser su lugar
principal de negocios. De igual forma, argumenta que no se
transgreden consideraciones fundamentales de orden público
en Puerto Rico, debido a que tanto el Código Civil como la
Ley Núm. 208-1995, supra, contemplan y permiten este tipo
de acuerdo.
Luego
de
entendemos
que
analizar
le
asiste
detenidamente
este
la
compareciente.
razón
a
la
asunto,
Veamos.
De manera inicial, debemos precisar cuál es la ley que
aplica al presente Contrato. Según Merchant, el acuerdo
debe ser interpretado a la luz del derecho del Estado de
Nueva York, por haber sido ese el pacto entre las partes.
Sobre
el
particular,
subrayamos
que
las
Cláusulas
del
Contrato fueron redactadas tanto en inglés como en español.
En cuanto al derecho aplicable, la Cláusula 20 establece,
en inglés, que: “This Agreement shall be governed by and
construed in accordance with the laws of the state of New
York,
without
regards
to
any
applicable
principals
of
CC-2025-0109
25
conflicts of law”.19 (Negrillas suplidas). No obstante, en
español, la disposición lee de la manera siguiente: “Este
Contrato será interpretado de acuerdo [con] las leyes del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin consideración de
los
principios
(Negrillas
aplicables
suplidas).
Como
de
es
conflicto
evidente,
de
leyes”.20
existe
una
discrepancia entre ambas secciones. No obstante, un examen
del Contrato refleja que en la Cláusula 29 se contempló una
solución
ante
la
posibilidad
de
que
hubiese
alguna
contradicción en el convenio. En específico, en esta se
hizo constar que:
29. Prevailing Language. In the event of any
inconsistencies between the English provisions
and the Spanish provisions of this Agreement, the
provisions in the English language shall be
controlling and the Spanish language provisions
hereof shall be subject and subordinate to those
in English.
29. Lenguaje que Prevalece. En la eventualidad de
cualquier inconsistencia entre les disposiciones
en inglés y las disposiciones en español en este
Contrato, las disposiciones en inglés regirán y
controlarán y las disposiciones en español
estará[n]
sujetas
y
subordinadas
a
las
21
disposiciones en inglés. (Negrillas suplidas).
Por lo cual, según lo expuesto, debemos entender que
el interés de las partes era que la ley del Estado de Nueva
York
rigiera
el
Contrato.22
19
Apéndice del Certiorari, pág. 62.
20
Íd.
21
Íd., pág. 64.
Superada
esa
interrogante,
En el Contrato, las partes incluyeron una Cláusula de Selección de
Foro, la cual dispone que: “Any suit, action or proceeding arising
hereunder, or the interpretation, performance or breach of this
Agreement, shall, if Buyer so elects, be Instituted in any court
22
CC-2025-0109
26
corresponde examinar si a la luz de los criterios de esa
jurisdicción
el
acuerdo
en
cuestión
cumple
con
los
requisitos para considerarse una compraventa de ingresos
futuros o si, por el contrario, se trata en realidad de un
préstamo garantizado. Para ello, debemos ponderar, primero,
si se incluyó una Cláusula de Conciliación en el acuerdo.
En esa línea, observamos que la Cláusula 2 del Contrato
dispone que:
2. Seller May Request Changes to the Daily
Amount: The initial Daily Amount is intended to
represent the Specified Percentage of Seller's
daily Future Receipts. For as long as no Event of
Default has occurred, once each calendar month,
Seller may request that Buyer adjust the Daily
Amount to more closely reflect the Seller's
actual Future Receipts times the Specified
Percentage. Seller agrees to provide Buyer any
information requested by Buyer to assist in this
reconciliation. No more often than once a month,
Buyer may adjust the Daily Amount on a goingforward basis to more closely reflect the
Seller's
actual
Future
Receipts
times
the
Specified Percentage. Buyer will give Seller
notice five business days prior to any such
adjustment. After each adjustment made pursuant
to this paragraph, the new dollar amount shall be
deemed the Daily Amount until any subsequent
adjustment.23 (Negrillas suplidas).
De
lo
diariamente
citado
por
se
desprende
Merchant
podían
que
las
sumas
ser
ajustadas
cobradas
para
que
reflejaran los ingresos recibidos por Conceptos. Ante ello,
resulta evidente que una Cláusula de Conciliación sí fue
pactada.
sitting in the Commonwealth of Puerto Rico”. (Negrillas suplidas).
Íd., pág. 62.
23
Íd., pág. 53.
CC-2025-0109
Lo
27
próximo a
determinar es si el Contrato
es por
término definido o indefinido. Al respecto, la Cláusula 4
del acuerdo, intitulada “Sale of Future Receipts (THIS IS
NOT A LOAN)”, establece que: “There is no interest rate or
payment
schedule
and
no
time
period
during
which
the
Purchased Amount must be collected by Buyer”.24 (Negrillas
suplidas). Conforme a este inciso, no existía un plazo
específico para que Merchant recobrara la suma acordada, lo
que
implica
que
la
obligación
tenía
un
término
indeterminado.
Como último punto, debemos evaluar si el comprador
tenía algún remedio disponible en caso de que el vendedor
se declarara en quiebra. Sobre esto, surge de la Cláusula 4
que:
[…] If Future Receipts are remitted more slowly
than Buyer may have anticipated or projected
because Seller's business has slowed down, or if
the full Purchased Amount is never remitted
because Seller's business went bankrupt or
otherwise ceased operations in the ordinary
course of business, and Seller has not breached
this Agreement, Seller would not owe anything to
Buyer and would not be in breach of or default
under this Agreement. Buyer is buying the
Purchased Amount of Future Receipts knowing the
risks that Seller's business may slow down or
fail, and Buyer assumes these risks based on
Seller's
representations,
warranties
and
covenants in this Agreement that are designed to
give Buyer a reasonable and fair opportunity to
receive the benefit of its bargain. […]25
(Negrillas suplidas).
Así pues, si Conceptos cesaba operaciones o se iba a
quiebra,
24
25
este
Íd., pág. 54.
Íd.
no
adeudaría
suma
alguna
a
Merchant.
Es
CC-2025-0109
28
decir, la peticionaria proveyó liquidez económica inmediata
a Conceptos a cambio de una participación en sus ventas
futuras con el riesgo de perder su inversión si la empresa
dejaba de operar o se declaraba en bancarrota. Aun cuando
la
Cláusula
16
del
Contrato
vislumbraba
que
Merchant
pudiera exigir el cumplimiento con la Garantía Personal y
ejercer sus derechos como acreedor asegurado bajo la Ley
Núm. 208-1995, supra, ello estaba atado a la ocurrencia de
los eventos de incumplimiento contemplados en la Cláusula
15, entre los cuales no figuraban el cese de operaciones o
la quiebra del negocio.
En vista de lo anterior, nos parece apropiado concluir
que el Contrato objeto de este caso fue estructurado como
una compraventa de ingresos futuros y no como un préstamo.
Ahora bien, corresponde que examinemos si esta transacción
contraviene los criterios aplicables a las Cláusulas de
Selección de Ley, de modo que no pueda ser ejecutada en
Puerto Rico.
Como
considerar
mencionamos
es
si
la
previamente,
jurisdicción
el
primer
factor
seleccionada
a
tiene
contactos sustanciales con el acuerdo. En este caso, no
existe disputa en cuanto a esto. Incluso, del expediente
surge que las operaciones de Merchant están localizadas en
el Estado de Nueva York, jurisdicción cuyas leyes fueron
seleccionadas por las partes para que aplicaran en caso de
desacuerdo.26 Empero, lo que sí está controvertido es el
26
Íd., págs. 52, 85.
CC-2025-0109
29
segundo criterio dirigido a precisar si la compraventa de
ingresos futuros violenta o no el orden público en Puerto
Rico.
Tanto
el
Tribunal
de
Primera
Instancia
como
el
Tribunal de Apelaciones concluyeron que sí. Expresaron que,
en este foro, los Contratos de Compraventa de Ingresos
Futuros o Merchant Cash Advance están prohibidos por la Ley
Núm. 208-1995, supra. Razonaron que, si bien el estatuto
define un “Contrato de Venta” como un acuerdo que “incluye
tanto la venta actual de bienes al igual que un contrato
para
vender
definición
los
de
bienes
en
el
futuro”,
“bienes”
se
excluye
el
dentro
de
la
“dinero”.27
Sin
La Sección 9-102 de la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, conocida
como Ley de Transacciones Comerciales (Ley Núm. 208-1995), expone que
“Contrato de Venta” “[i]ncluye tanto la venta actual de bienes al
igual que un contrato para vender los bienes en el futuro”. Por su
parte, “bienes”:
27
“[s]ignifica
todas
las
cosas
movible[s]
cuando
se
constituye una garantía mobiliaria. El término incluye (i)
bienes inmuebles por su destino, (ii) madera en pie que
será cortada y removida bajo una transferencia o contrato
de venta, (iii) las crías por nacer de animales, (iv)
cosechas cultivadas, creciendo o a sembrarse, aun si las
cosechas se producen en árboles, en una vid o en arbustos,
y (v) casas prefabricadas. El término incluye un programa
de computadora integrado en los bienes y cualquier
información de apoyo provista en relación con una
transacción relacionada al programa si: (i) el programa
está asociado con los bienes de tal modo que por costumbre
se considera parte de los bienes, o (ii) haciéndose dueño
de los bienes, una persona adquiere un derecho a usar el
programa con relación a los bienes. El término no incluye
un programa de computadora integrado en bienes que son
solamente el medio en el cual el programa está integrado.
El término tampoco incluye cuentas, papel financiero,
reclamaciones en daños y perjuicios comerciales, cuentas
de
depósito,
documentos,
bienes
incorporales,
instrumentos,
inversiones,
derechos
sobre
cartas
de
crédito, cartas de crédito, dinero, petróleo, gas u otros
minerales antes de su extracción”. 19 LPRA sec. 2212.
Por otro lado, según la Sección 1-201 de la Ley Núm. 208-1995, supra,
“dinero” significa: “un medio de cambio autorizado o adoptado por un
gobierno doméstico o extranjero e incluye una unidad de cuenta
CC-2025-0109
30
embargo, el problema con dicho análisis recae en que no
toma en cuenta que en acuerdos como el presente el “dinero”
no es la cosa objeto del negocio. Por el contrario, lo que
se compra y vende es una “cuenta” o un “pago intangible”
mediante el cual se transfiere el derecho a obtener el
cumplimiento de una obligación monetaria posteriormente. En
ese sentido, se trata de un derecho contractual a recibir
dinero en el futuro, lo que no es lo mismo que el dinero en
sí.28
Por
otra
parte,
los
foros
inferiores
tampoco
consideraron que el Capítulo 9 de la Ley Núm. 208-1995,
supra
—proveniente
del
Artículo
9
del
Código
Uniforme
Comercial— aplica tanto a la venta directa de una cuenta
como a la de un pago intangible. Así lo reconoce el propio
Código Uniforme Comercial y su Comentario Oficial el cual,
por mandato legislativo, debe ser la herramienta que se
utilice para interpretar la Ley Núm. 208-1995, supra. Por
tanto, lejos de prohibir este tipo de transacción, la Ley
Núm. 208-1995, supra, la contempla y la regula. De igual
forma, el Código Civil autoriza que sean objeto de los
acuerdos las cosas determinadas que no estén fuera del
monetaria establecida por una organización intergubernamental o por
acuerdo entre dos (2) o más naciones”. 19 LPRA sec. 451.
Véase, a modo ilustrativo, lo dispuesto en In re 3PL4PL, LLC, 619
B.R. 441, 464 (Bankr. D. Col. 2020) (citando a In re Vienna Park
Properties, 976 F.2d 106, 116 (2d Cir. 1996) [“A contractual right to
obtain money at some future time is not the same thing as the money
itself”.]
28
CC-2025-0109
31
comercio, incluyendo las futuras.29 En vista de esto, y
tomando en consideración que al amparo de la Ley Núm. 1642009, supra, estamos ante un contrato al que no le aplican
las protecciones de usura por Conceptos ser una entidad
organizada
bajo
ese
estatuto,
no
existen
razones
para
concluir que un Contrato de Compraventa de Ingresos Futuros
esté vedado en Puerto Rico por razón de infringir el orden
público.
IV
Por los fundamentos antes expuestos, se revoca aquella
parte
de
Apelaciones
la
Sentencia
en
la
que
emitida
se
por
concluye
el
que
Tribunal
la
de
transacción
comercial entre Merchant y Conceptos es un Contrato de
Préstamo. De acuerdo con la intención de las partes, este
acuerdo trata en realidad de un Contrato de Compraventa de
Ingresos Futuros ejecutable en Puerto Rico por no violentar
el orden público. Así las cosas, se confirman las demás
determinaciones
realizadas
por
el
foro
apelativo
intermedio. Se reinstala la Demanda de la peticionaria y se
devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que
continúen
los
procedimientos
de
acuerdo
con
lo
aquí
resuelto.
Se dictará Sentencia en conformidad.
Mildred G. Pabón Charneco
Jueza Asociada
Al igual que el Código Civil de 1930, el Código Civil de 2020
también permite esto. Véase, Arts. 269 y 1244 del Código Civil de
2020, 31 LPRA secs. 3161 & 9791.
29
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Merchant Advance, LLC
Peticionaria
v.
CC-2025-0109
Conceptos Cuisine, LLC h/n/c
Pitipuá; Ángel D. Marrero
Marrero, Fulana de Tal y la
Sociedad Legal de Gananciales
compuesta por ambos
Recurridos
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2026.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión que
antecede, se revoca aquella parte de la Sentencia emitida
por el Tribunal de Apelaciones en la que se concluye que la
transacción comercial entre Merchant y Conceptos es un
Contrato de Préstamo. De acuerdo con la intención de las
partes, este acuerdo trata en realidad de un Contrato de
Compraventa de Ingresos Futuros ejecutable en Puerto Rico
por no violentar el orden público. Así las cosas, se
confirman las demás determinaciones realizadas por el foro
apelativo intermedio. Se reinstala la Demanda de la
peticionaria y se devuelve el caso al Tribunal de Primera
Instancia para que continúen los procedimientos de acuerdo
con lo aquí resuelto.
Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el
Secretario del Tribunal Supremo.
La Jueza Presidenta
Oronoz Rodríguez disiente con Opinión escrita a la cual se
une el Juez Asociado señor Colón Pérez.
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
Merchant Advance, LLC
Peticionaria
v.
CC-2025-0109
Conceptos Cuisine, LLC h/n/c
Pitipuá; Ángel D. Marrero
Marrero y Fulana de Tal y la
Sociedad
Legal
de
Gananciales compuesta por
ambos
Recurridos
La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente a
la cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez
En San Juan, Puerto Rico a 6 de febrero de 2026.
De manera errónea, una mayoría de este Tribunal
decreta la validez de un contrato de compraventa sobre
ingresos
futuros
a
pesar
de
lo
estatuido
en
el
ordenamiento jurídico vigente. En particular, avala
una
cláusula
autorizar
un
de
selección
acuerdo
de
foros
contractual
que
que
permite
la
Ley
de
Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995, según
enmendada,
19
Núm. 208- 1995)
LPRA
prohíbe
sec.
de
401
manera
et
seq.
(Ley
expresa.
Por
entender que este tipo de contrato vulnera nuestro
orden público, respetuosamente disiento.
I.
El 20 de diciembre de 2019 Merchant Advance, LLC
CC-2025-0109
2
(Merchant)1 presentó una Demanda en cobro de dinero contra
Conceptos
Cuisine,
LLC
h/n/c
Pitipuá
(Conceptos)
y
el
Sr. Ángel D. Marrero Marrero como presidente de la entidad.
En síntesis, Merchant alegó que el 25 de julio de 2019 las
partes formalizaron un contrato intitulado “Agreement for the
Purchase and Sale of Future Receipts” (Contrato). Mediante el
Contrato, Merchant le compró a Conceptos la cantidad de
$34,750 en ingresos futuros por el precio de $25,000.2 Por su
parte, Conceptos debía transferirle a Merchant la cuantía
diaria de $289.58 de los ingresos que generara hasta cubrir
la cantidad acordada, a saber, $34,750.3
Merchant
argumentó
que
Conceptos
interfirió
con
su
derecho de recobro al cancelar y/o desautorizar la cuenta de
la
cual
Merchant
retiraba
la
cuantía
acordada.
A
tales
efectos, solicitó que se ordenara el pago de $20,560.58 en
concepto
de
ingresos
futuros
no
recibidos,
$5,000
como
penalidad por incumplimiento, $150 por la radicación del
gravamen
mobiliario
y
$8,687.50
en
costas,
gastos
y
honorarios de abogado.
Luego de varios trámites procesales, el
Tribunal de
Primera Instancia emitió y notificó un Orden mediante la
Mercahnt Advance, LLC(Merchant) es una entidad dedicada a proveer
capital líquido a pequeños y medianos comerciantes, adquiriendo a cambio
de un interés propietario sobre ingresos futuros hasta recibir la
totalidad de la cuantía acordada.
2 Para una ganancia de 39%.
3 La Opinión mayoritaria sostiene que, mediante el Contrato, Merchant
“compró a Conceptos la cantidad de $34,750 en ingresos futuros por el
precio de $25,000. Por su parte, Conceptos debía transferirle a Merchant
[...] la cuantía diaria de $289.58 de los ingresos que generan sus ventas
hasta cubrir el precio de venta”. Opinión mayoritaria, pág. 2. Según
redactado, se pudiera interpretar que la cantidad adeudada es $25,000, no
obstante, esto no es correcto.
1
CC-2025-0109
3
cual le anotó la rebeldía a Conceptos. Posteriormente, el
foro primario emitió una Sentencia mediante la cual declaró
no ha lugar la Demanda. Concluyó que el Contrato era nulo
pues estaba en contravención con el derecho vigente en Puerto
Rico. Explicó que, si bien es cierto que la Ley Núm. 208- 1995
autoriza los contratos de compraventa de bienes futuros, el
dinero no se consideraba un bien para efectos del estatuto.
A la luz de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia
determinó que el Contrato en realidad era un préstamo con
pacto de intereses usureros. Por lo que, Merchant solo tenía
derecho a recuperar el 75% de la suma prestada, sin interés,
y que el 25% debía adjudicarse al Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.
Inconforme
Merchant
acudió
con
la
determinación
al
Tribunal
de
del
foro
Apelaciones
y
primario,
alegó
que
estábamos ante un contrato de ingresos futuros y no un
contrato de préstamo, por lo cual no procedía limitar el
recobro por intereses usureros.
El foro apelativo emitió una Sentencia mediante la cual
confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.
Expuso que no cabía duda de que el Contrato se regía por las
leyes del estado de Nueva York; sin embargo, sostuvo que la
Ley Núm. 208-1995 prohibía expresamente que el dinero fuese
un bien objeto de este tipo de transacción, por lo cual el
contrato era nulo. Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones
decidió no atender el segundo error en cuanto a la impugnación
de
intereses
usureros
por
entender
que
el
Contrato
se
suscribió entre personas jurídicas, las cuales podían acordar
CC-2025-0109
4
cualquier tasa de interés que entendieran conveniente al
amparo del Artículo 12.09 de la Ley Núm. 164-2009, según
enmendada, Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3789.
Insatisfecho con la determinación del foro apelativo,
Merchant
compareció
ante
nos
mediante
un
recurso
de
certiorari (CC-2021-0409). En aquella ocasión, tras expedir
el recurso, este Tribunal quedo igualmente dividido en cuanto
al curso de acción, por lo que nos abstuvimos de emitir un
pronunciamiento
sobre
a
la
validez
de
los
contratos
de
compraventa sobre ingresos futuros en Puerto Rico. Así, el 23
de octubre de 2023 notificamos una Sentencia mediante la cual
revocamos la determinación del foro apelativo y devolvimos el
caso a ese mismo foro para que atendiera en los méritos el
segundo señalamiento de error, a saber, la procedencia de
intereses usureros en cuanto a personas jurídicas.
Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de
Apelaciones emitió otra Sentencia mediante la cual reiteró
sus
planteamientos
en
cuanto
a
la
nulidad
del
Contrato
conforme a la ley vigente en Puerto Rico. Asimismo, confirmó
que estábamos ante un contrato de préstamo. No obstante,
sostuvo que, por virtud de la Ley Núm. 164-2009, las partes
podían
convenir
cualquier
tasa
de
interés
que
estimaran
conveniente. A tales efectos, el foro apelativo intermedio
concluyó que el Contrato era uno de préstamo, pero que la
tasa de interés de 39% era lícita.
Aún inconforme con la
determinación, Merchant acudió
ante nos mediante el recurso de certiorari que nos ocupa.
CC-2025-0109
5
II.
A. La teoría general de contratos
El Artículo 1042 del Código Civil de 1930 (derogado)
dispone
que
contratos
y
“las
obligaciones
cuasicontratos,
y
nacen
de
de
los
la
ley,
actos
y
de
los
omisiones
ilícitas o en que intervenga cualquier género de culpa o
negligencia”. 31 LPRA ant. sec. 2992.4 En el caso de las
obligaciones que nacen de un contrato, estas tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes. 31 LPRA ant. sec. 2994.
Ahora bien, aun cuando no esté en controversia la existencia
del vínculo contractual, pueden surgir instancias en las
cuales el contrato adolezca de nulidad relativa o nulidad
radical. Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 180, 187
(2016).
Por virtud de la libertad contractual, las partes pueden
“establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan
por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes,
a la moral, ni al orden público”. (Negrilla y subrayado
suplidos). 31 LPRA ant. sec. 3372. A modo que, si un contrato
se opusiere a las leyes o la moral, o lesionare un interés
del orden público, sería un contrato con causa ilícita que no
produce
efecto
alguno.
(Negrilla
y
subrayado
suplidos).
31 LPRA ant. sec. 3432; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686,
693 (2008).
En lo pertinente, hemos definido el orden público como
Se hace referencia al Código Civil del 1930 (derogado), por ser este
ser el aplicable a los hechos del presente caso.
4
CC-2025-0109
6
“el conjunto de valores eminentes que guían la existencia y
bienestar de una sociedad[;] [...] recoge y ampara un interés
social dominante por su trascendencia, por el número de
personas que afecta y por la valía de los derechos que tiende
a proteger”.(Citas omitidas).Luan Invest. v. Rexach Const.
Co., 152 DPR 652, 659 (2000). Por tanto, se hace necesario
reiterar que:
Independientemente del tipo de contrato de que se trate y de
la
importancia
que
[e]ste
merezca
para
las
partes
contratantes, es nulo y, por lo tanto, inexistente un contrato
que resulte contrario a las leyes, a la moral o al orden
público. En tales casos de nulidad, incluso una parte que se
haya beneficiado del contrato en cuestión puede impugnarlo
por ser contrario a la ley, a la moral o al orden público.
(Citas omitidas). De Jesús González v. AC, 148 DPR 255, 263264 (1999).
B. Las cláusulas de selección de foro
La Sección 1-105(1) de la Ley Núm. 208-1995, establece
que “[l]as partes podrán pactar el derecho que gobernará sus
derechos y obligaciones, ya sea el de Puerto Rico o el de
cualquier estado o nación”. 19 LPRA sec. 404. Lo anterior
está sujeto a ciertas disposiciones contenidas en la ley que
especifican el derecho aplicable y que se recogen en el inciso
(2) de la referida sección. Íd. Cónsono con lo anterior, y al
amparo del principio de la libertad contractual, las partes
pueden pactar cláusulas de selección de foro, esto para
“establecer cuál será el foro donde se atenderán las disputas
posibles que puedan surgir de la relación contractual entre
las partes”. Bobé et al. v. UBS Fin. Servs., 198 DPR 6, 15– 16,
(2017).
No obstante, estas cláusulas, al igual que el resto del
contrato,
quedan
sujetas
a
las
normas
generales
de
los
CC-2025-0109
7
contratos. A saber, no pueden contravenir la ley, la moral o
el orden público so pena de nulidad. 31 LPRA ant. sec. 3372.
Como norma general, las cláusulas de selección de foro son
válidas cuando la jurisdicción seleccionada tiene contactos
sustanciales con el contrato. Unisys v. Ramallo Brothers, 128
DPR
842,
855
consideran
(1991).
ineficaces
No
obstante,
cuando
chocan
dichas
con
clausulas
se
consideraciones
fundamentales de orden público del foro. (Citas omitidas).
Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 DPR 184, 192 (1975).
C. El contrato de ingresos futuros
El contrato de compraventa de ingresos futuros (también
conocido
como
merchant
cash
advance)
es
una
transacción
estructurada como una compra a descuento de cuentas por cobrar
o ingresos por devengarse. J. Hilson & S. Sepinuck, A “Sale”
of Future Receivables: Disguising A Secured Loan as a Purchase
of Hope, 9 Trans. Law. 14, 15-16 (2019). A modo que, una parte
vende a descuento sus ingresos futuros a otra parte a cambio
de recibir una cantidad fija e inmediata. Se denomina una
compra a descuento porque la parte compradora le entrega a la
parte vendedora una cantidad de dinero menor que la que
recibe. A la misma vez, quien ‘vende’ se compromete a pagar
un porciento de los ingresos que reciba a diario al acreedor.
Aunque la forma en que se hace el pago puede variar, el hecho
de que este se realice a diario es uno de los elementos
distintivos de este tipo de transacción. Véase, a modo de
ejemplo, In re Hill, 589 B.R. 614, 619, 66 Bankr. Ct. Dec.
(CRR) 65 (Bankr. N.D. I11. 2018).
CC-2025-0109
8
El artículo de revista jurídica The Murky Process of
Characterizing Merchant Cash Advance Agreements, el cual la
Opinión mayoritaria cita con aprobación, dispone que el pago
bajo el esquema propuesto en el contrato de ingresos futuros
es
satisfecho
“from
whtever
moneys
the
merchant
has
available”. (Negrilla y subrayado suplidos). Véase K. Bruce,
The Murky Process of Characterizing Merchant Cash Advance
Agreements, 42 No. 4 Bankrupcy Law Letter NL 1.
D. La Ley de Transacciones Comerciales
La
Ley
Núm.
208-1995
se
creó
con
tres
propósitos
fundamentales: (1) simplificar, clarificar y modernizar el
derecho que rige las transacciones comerciales; (2) permitir
la continua expansión de prácticas comerciales por medio de
las costumbres, los usos y los acuerdos entre las partes, y
(3) uniformar el derecho entre las diversas jurisdicciones.
19 LPRA sec. 401(2). Por ello, expresa que “se interpretará
y
aplicará
liberalmente
para
promover
sus
propósitos
y
políticas fundamentales”. Íd., sec. 401(1). Dispone que, “[a]
menos que sean desplazados por disposiciones particulares de
[esta ley], los principios generales de derecho de esta
jurisdicción aplicarán de modo supletorio”. 19 LPRA sec. 402.
Asimismo, “estos principios generales de derecho incluyen de
forma muy especial las normas del Código de Comercio que
subsisten después de la aprobación de la Ley Núm. 208-1995,
y las normas del Derecho Civil”. M.R. Garay Aubán, Derecho
cambiario de Estados Unidos y Puerto Rico, Ponce, Ed. Rev.
Der. Pur., 1999, pág. 28.
CC-2025-0109
9
En cuanto a la estructura de la Ley Núm. 208-1995, en su
Capítulo 1, el estatuto contiene definiciones generales y
principios de interpretación que aplicarán a la totalidad del
texto. No obstante, lo allí dispuesto estará sujeto a las
definiciones
adicionales
contenidas
en
los
capítulos
subsiguientes de la ley. 19 LPRA sec. 451.
En lo pertinente, el inciso (24) de la Sección 1-201 de
la Ley Núm. 208-1995 dispone que dinero “significa un medio
de cambio autorizado o adoptado por un gobierno doméstico o
extranjero
e
incluye
una
unidad
de
cuenta
monetaria
establecida por una organización intergubernamental o por
acuerdo entre dos o más naciones”.
Íd. También, dispone que
el término compra incluye una adquisición mediante venta,
descuento, negociación, gravamen o garantía mobiliaria, entre
otros. (Negrilla suplida). Íd.
En lo concerniente al caso de autos, la Sec. 9-102(d)(11)
expresa que el contrato de venta “[i]ncluye tanto la venta
actual de bienes al igual que un contrato para vender los
bienes en el futuro”. 19 LPRA sec. 2212.
Ahora bien, la
propia Ley Núm. 208-1995 aclara qué constituye un bien para
estos efectos:
significa todas las cosas movible[s] cuando se constituye una
garantía mobiliaria. El término incluye (i) bienes inmuebles
por su destino, (ii) madera en pie que será cortada y removida
bajo una transferencia o contrato de venta, (iii) las crías
por nacer de animales, (iv) cosechas cultivadas, creciendo o
a sembrarse, aun si las cosechas se producen en árboles, en
una vid o en arbustos, y (v) casas prefabricadas. El término
incluye un programa de computadora integrado en los bienes y
cualquier información de apoyo provista en relación con una
transacción relacionada al programa si: (i) el programa está
asociado con los bienes de tal modo que por costumbre se
considera parte de los bienes, o (ii) haciéndose dueño de los
bienes, una persona adquiere un derecho a usar el programa
con relación a los bienes. El término no incluye un programa
de computadora integrado en bienes que son solamente el medio
CC-2025-0109
10
en el cual el programa está integrado. El término tampoco
incluye cuentas, papel financiero, reclamaciones en daños y
perjuicios comerciales, cuentas de depósito, documentos,
bienes incorporales, instrumentos, inversiones, derechos
sobre cartas de crédito, cartas de crédito, dinero, petróleo,
gas u otros minerales antes de su extracción. (Negrilla y
subrayado suplidos). 19 LPRA sec. 2212.
III.
La mayoría concluye que no se dan las condiciones para
invalidar
el
Contrato
pues
el
mismo
no
transgrede
consideraciones fundamentales de orden público. Arriba a esta
conclusión por entender que ni el Código Civil de Puerto Rico
ni la Ley Núm. 208-1995 prohíben este tipo de acuerdo. En
particular, plantea que en el caso de autos la cosa objeto
del negocio no es el dinero sino un pago intangible mediante
el cual se transfiere el derecho a obtener el cumplimiento de
una obligación monetaria posteriormente. A tales efectos,
dispone que el Contrato versa sobre “un derecho contractual
a recibir dinero en el futuro, lo que no es lo mismo que el
dinero en sí”.5 Lo anterior no me convence, máxime cuando,
según el Contrato, Merchant queda facultado para retirar el
dinero a la medida que ingrese al patrimonio de Conceptos.
Ahora
bien,
la
Opinión
mayoritaria
determina
acertadamente que la transacción contenida en el Contrato
sobre la compra de ingresos futuros debe evaluarse a la luz
de
la
Ley Núm. 208- 1995.
Es
Ley Núm. 208- 1995 admite la
contrato
de
venta
sobre
necesario
reconocer
posibilidad de
bienes
actuales
y
que
la
suscribir un
futuros.
No
obstante, para determinar qué constituye un bien susceptible
a este tipo de transacción, correspondía circunscribirnos a
5
Opinión mayoritaria, en la pág. 30.
CC-2025-0109
11
las definiciones que provee la Ley Núm. 208-1995. Así, este
estatuto excluye expresamente, entre otros, las cuentas, el
papel financiero, las cuentas de depósito y el dinero. 19
LPRA sec. 2212.
Según se desprende del Contrato, Conceptos se obligó a
vender, asignar y transferir a Merchant lo siguiente:
[T]he Specified Percentage of the proceeds of each future
sale made by Seller (collectively “Future Receipts”) until
Seller has received the Purchased Amount. “Future Receipts”
includes all payments made by cash, check, ACH or other
electronic transfer, credit card, debit card, bank card,
charge card (each such card shall be referred to herein as a
“Payment Card”) or other form of monetary payment in the
ordinary course of Seller’s business. (Bastardillas en el
original). (Negrilla suplida).6
De una lectura de la referida cláusula se desprende que las
partes constituyeron un gravamen sobre un bien prohibido, a
saber,
el
dinero
que
pudiera
entrar
a
las
cuentas
de
Conceptos. Esto implica que, contrario a la contención de
Merchant, la Ley Núm. 208-1995 no contempla el Contrato como
un negocio jurídico legítimo.
Al evaluar la transacción comprendida en el Contrato, es
inevitable concluir que esta se encuentra en conflicto no tan
solo con la Ley Núm. 208-1995, sino que también contraviene
el
amplio
andamiaje
regulatorio
que
rige
en
nuestra
jurisdicción (particularmente, el sector financiero) y la
normativa que rige la usura.7 Por virtud del contrato de
Apéndice del recurso, pág. 55.
Nuestro ordenamiento jurídico repudia el pacto de intereses usureros.
Por virtud del Artículo 1652 del Código Civil de 1930, 31 LPRA
ant. sec. 4594 se estableció lo siguiente:
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7
Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se
convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés
mayor que el que se permite por este Capítulo, podrá hacerse
efectivo en un tribunal de Puerto Rico, sino por el importe
del capital adeudado; y el tribunal deberá, además, disponer
en la sentencia condenando al deudor al pago del capital que
el acreedor recobre solamente de su deudor el setenta y cinco
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compraventa
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de
ingresos
futuros,
una
parte
adquiere
un
interés sobre el dinero de la otra a la medida que esta última
los vaya generando. Asimismo, dada la amplitud del objeto del
contrato, queda meridianamente claro que el riesgo que asume
la parte acreedora es mínimo, lo que hace todavía menos
justificable la alta tasa de interés que tiende a respaldar
este tipo de contrato, en este caso una ganancia de 39%. Por
ende, validar un contrato de esta naturaleza crearía un
subterfugio para aquellos individuos que pretendan eludir las
normas de usura, las cuales se adoptaron precisamente con el
interés de proteger a la parte deudora necesitada del cobro
excesivo de intereses. Monclova v. Financial Credit Corp., 83
DPR 770, 784 (1961).
De otra parte, las cláusulas de selección de foro se han
reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, a modo que se
presumen
válidas
excepto
en
aquellas
instancias
en
que
choquen con el orden público. Walborg Corp. v. Tribunal
Superior, supra, pág. 192. En el caso de marras, el Contrato
contiene una cláusula de selección de foro que establece que
la ley que regirá el Contrato será aquella del estado de Nueva
York. A pesar de ser una práctica aceptada tanto por este
(75) por ciento de dicho capital y que el veinticinco (25)
por ciento restante sea adjudicado y recobrado por el Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento
de ejecución, del mismo modo que el demandante, y sin
preferencia sobre el montante adjudicado a [e]ste, para hacer
efectivo el veinticinco (25) por ciento así adjudicado. Los
derechos definidos en esta sección no son renunciables.
(Negrilla y subrayado suplidos).
Es sabido que estas normas responden “al deseo de proteger al
prestatario necesitado, que no tiene más alternativa ante su desamparo y
urgencia que aceptar las condiciones que le imponga el prestamista”.
Monclova v. Financial Credit Corp., 83 DPR 770, 784 (1961).
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Tribunal como por la Ley Núm. 208-1995, la implantación de
esta cláusula derrotaría la política pública pues validaría
un
acuerdo
contractual,
contraviene
la
permitido
legislación
local
en
y
Nueva
el
York,
orden
que
público
puertorriqueño.
Por todo lo anterior, es inevitable concluir que el
Contrato, según pactado, se encuentra en conflicto directo
con las leyes aplicables, y, por consiguiente, es nulo ab
initio. Sostener su validez constituye un craso menosprecio
a la normativa que reglamenta los acuerdos contractuales en
Puerto
Rico.
Resalto
que
la
libertad
contractual
no
es
absoluta y queda supeditada a que los contractos no infrinjan
la ley, la moral o el orden público.
Asimismo,
al
analizar
las
disposiciones
y
las
definiciones anteriores, junto con la sustancia del negocio
acordado entre Merchant y Conceptos, me veo imposibilitada de
avalar una cláusula de selección de foro que transgrede la
Ley Núm. 208- 1995, la política pública y el orden público.
Ello así, pues autorizar la cláusula de selección de foro y,
consecuentemente, adoptar el contrato de ingresos futuros en
nuestro ordenamiento jurídico contraviene las disposiciones
que excluyen el dinero y las cuentas como bienes sujetos a
compra futura.
Por los fundamentos expuestos, los foros inferiores
tenían el deber ineludible de decretar la nulidad del Contrato
y
ordenar
la
devolución
de
las
contraprestaciones
según
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dispone el Código Civil de 1930. En vista de que la mayoría
resuelve de forma distinta, respetuosamente disiento.
Maite D. Oronoz Rodríguez
Jueza Presidenta