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Tribunal Supremo de Puerto Rico

Merchant Advance, LLC v. Conceptos Cuisine, LLC y otros

2026 TSPR 15

Poder Judicial de Puerto Rico

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Merchant Advance, LLC v. Conceptos Cuisine, LLC y otros

CC-2025-0109

6 de febrero de 2026 · Hon. Mildred G. Pabón Charneco · Obligaciones y Contratos; Ley de Transacciones Comerciales – Validez de un contrato de compraventa de ingresos futuros en nuestro ordenamiento jurídico; eficacia de las cláusulas de selección del derecho aplicable en un acuerdo cobijado por la Ley de Transacciones Comerciales.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Merchant Advance, LLC

Peticionaria

v.

Conceptos Cuisine, LLC h/n/c

Pitipuá; Ángel D. Marrero Marrero,

Fulana de Tal y la Sociedad Legal

de Gananciales compuesta por ambos

Certiorari

2026 TSPR 15

217 DPR ___

Recurridos

Número del Caso:

Fecha:

CC-2025-0109

6 de febrero de 2026

Tribunal de Apelaciones

Panel VIII

Representante legal de la parte peticionaria:

Lcdo. Eduardo J. Corretjer Reyes

Materia:

Obligaciones

y

Contratos;

Ley

de

Transacciones

Comerciales - Validez de un contrato de compraventa de ingresos

futuros en nuestro ordenamiento jurídico; eficacia de las

cláusulas de selección del derecho aplicable en un acuerdo

cobijado por la Ley de Transacciones Comerciales.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del

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Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Merchant Advance, LLC

Peticionaria

v.

CC-2025-0109

Conceptos Cuisine, LLC h/n/c

Pitipuá; Ángel D. Marrero

Marrero, Fulana de Tal y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

Recurridos

Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora

Pabón Charneco.

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2026.

En esta ocasión tenemos la oportunidad de aclarar si

un Contrato de Compraventa de Ingresos Futuros —con una

Cláusula de Selección de Ley en la que se escoge el derecho

de Nueva York como el aplicable— puede ser ejecutado en

Puerto Rico o si, por el contrario, se encuentra vedado por

contravenir

el

orden

público.

Un

análisis

de

la

controversia a la luz de la normativa pertinente permite

concluir

que

estos

contratos

son

válidos

en

nuestro

ordenamiento.

Veamos este caso en detalle.

I

El 20 de diciembre de 2019, Merchant Advance, LLC

(Merchant o peticionaria)1 presentó una Demanda en cobro de

Merchant Advance, LLC (Merchant) es una compañía de responsabilidad

limitada organizada bajo las leyes del Estado de Wyoming. No obstante,

1

CC-2025-0109

dinero

2

contra

(Conceptos),2

Conceptos

el

Sr.

Cuisine,

Ángel

D.

LLC

Marrero

h/n/c

Pitipuá

Marrero

(señor

Marrero Marrero) como presidente y dueño de la entidad,

Fulana de Tal y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta

por estos últimos (en conjunto, recurridos). En síntesis,

alegó que el 25 de julio de 2019 las partes formalizaron un

contrato intitulado “Agreement for the Purchase and Sale of

Future Receipts” (Contrato) mediante el cual Merchant le

compró

a

Conceptos

la

cantidad

de

$34,750

en

ingresos

futuros por el precio de $25,000. Por su parte, Conceptos

debía

transferirle

a

Merchant

—a

una

cuenta

de

banco

previamente acordada— la cuantía diaria de $289.58 de los

ingresos que generaran sus ventas hasta cubrir el precio de

venta.

El

señor

Marrero

Marrero

suscribió

una

garantía

personal para asegurar el cumplimiento de las obligaciones

que

fueron

asumidas

por

Conceptos.

De

la

misma

forma,

Conceptos también concedió un gravamen mobiliario a favor

de Merchant.

Merchant argumentó que, para efectos del Contrato, se

consideraría incumplimiento el que Conceptos interfiriera

con su derecho a recolectar la cuantía pactada. Expuso que,

de así ocurrir, Merchant podría reclamar la totalidad de lo

que

faltara

por

cobrar,

además

de

todos

los

gastos

y

surge de los autos que la entidad está localizada en 132 West 36th

Street, New York, New York 10018. Apéndice del Certioari, págs. 52,

85.

Conceptos Cuisine, LLC h/n/c Pitipuá (Conceptos) es una compañía de

responsabilidad limitada formada bajo las leyes de Puerto Rico,

ubicada en Cupey Plaza, Carr. 176, Km 1.6, Ave. Víctor M. Labiosa,

Local #PL5, San Juan, Puerto Rico 00926. Íd., pág. 51.

2

CC-2025-0109

3

recargos que se adeudaran bajo el acuerdo. En esa línea,

reclamó que Conceptos entorpeció su derecho a recobrar la

suma acordada

al cancelar la cuenta de banco donde se

estaban realizando los pagos. Por lo cual, solicitó que se

ordenara a los recurridos a pagarle: $20,560.58 en concepto

de ingresos futuros no recibidos, $5,000 como penalidad por

incumplimiento,

$150

por

la

radicación

del

gravamen

mobiliario y $8,687.50 en costas, gastos y honorarios de

abogado.3

El 27 de diciembre de 2019, los recurridos fueron

emplazados

personalmente.

Sin

embargo,

estos

no

comparecieron. Por tanto, el 30 de enero de 2020, Merchant

presentó

una

Solicitud

de

Anotación

de

Rebeldía

y

Sentencia. El 5 de febrero de 2020, el Tribunal de Primera

Instancia emitió y notificó una Orden mediante la cual le

anotó la rebeldía a los recurridos. A su vez, le concedió

un

término

a

la

peticionaria

para

que

presentara

un

Memorando de Derecho en el que expusiera las bases legales

del Contrato, de forma tal que el tribunal pudiera evaluar

si el mismo era legal al amparo del derecho vigente en

Puerto Rico.

En cumplimiento con lo ordenado, el 2 de marzo de

2020,

Merchant

presentó

un

Memorando

de

Derecho

y

Argumentación. A grandes rasgos, expuso que era una entidad

dedicada a proveer capital líquido a pequeños y medianos

Según se desprende de los Anejos de la Demanda, el 25 de octubre de

2019 Merchant hizo una reclamación extrajudicial a Conceptos y al Sr.

Ángel D. Marrero Marrero, pero la misma resultó infructuosa. Íd.,

págs. 74-84.

3

CC-2025-0109

4

comerciantes, adquiriendo a cambio un interés propietario

sobre ingresos futuros hasta recibir la totalidad de la

cuantía acordada. Señaló que, a pesar de que no es una

práctica

muy

conocida

en

Puerto

Rico,

múltiples

jurisdicciones de los Estados Unidos la han catalogado como

una legítima al amparo del Uniform Commercial Code (UCC).

Destacó

que

la

controversia

que

evaluado

se

ha

centrado

definir

en

otros

si

tribunales

han

este

de

tipo

transacción es un préstamo o no. Expuso que, en este caso,

el Capítulo 9 de la Ley Núm. 208-1995, según enmendada,

conocida como Ley de Transacciones Comerciales, 19 LPRA

sec. 2211 et seq. (Ley Núm. 208-1995), contiene el marco

jurídico aplicable a la relación contractual de autos. En

ese

sentido,

arguyó

que

el

Contrato

se

ajustaba

a

la

definición de Contrato de Venta, la cual incluye tanto la

venta actual de bienes, como la venta de bienes en el

futuro. Por último, sostuvo que el acuerdo suscrito por las

partes no era contrario a la ley, la moral o al orden

público.

Así las cosas, el 17 de abril de 2020, el Tribunal de

Primera Instancia notificó una Sentencia. En esta, concluyó

que el cumplimiento del Contrato que se quería hacer valer

no procedía, ya que iba en contra del derecho vigente en

Puerto Rico. Explicó que, si bien la Ley Núm. 208-1995,

supra, autorizaba los Contratos de Compraventa de Bienes a

Futuro, el dinero no se consideraba un bien para efectos

del estatuto. En ese aspecto, dispuso que en este caso se

CC-2025-0109

5

estaba en realidad ante un Contrato de Préstamo con pactos

de intereses usureros. Expresó que el Art. 1649 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4591, establecía que para

un

préstamo

de

más

de

$3,000,

como

el

presente,

los

intereses no podían ser mayores a un ocho por ciento (8%).

Por lo cual, amparándose en la sanción dispuesta en el Art.

1652 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4594,

resolvió que Merchant solo tenía derecho a recuperar el

setenta y cinco por ciento (75%) de la suma prestada, sin

intereses, y que el veinticinco por ciento (25%) debía ser

adjudicado

al

Gobierno

de

Puerto

Rico.

Por

tal

razón,

ordenó a los recurridos a pagar la suma de $4,560 a la

peticionaria y $6,250 al Estado. Al así hacerlo, tomó en

consideración el hecho de que los pagos realizados por

Conceptos al momento de presentarse la Demanda ascendían a

$14,190.

Inconforme, Merchant acudió al Tribunal de Apelaciones

mediante un recurso de apelación. En esencia, planteó que

el foro primario erró al (1) determinar que el Contrato no

era un acuerdo de compraventa de ingresos futuros, sino un

préstamo y (2) que el mismo establecía intereses usureros,

por lo que procedía limitar el recobro de lo adeudado al

setenta y cinco por ciento (75%), sin intereses incluidos,

y conceder el restante veinticinco por ciento (25%) al

Estado.

El 27 de abril de 2021, el foro apelativo intermedio

emitió

una

Sentencia

a

través

de

la

cual

confirmó

al

CC-2025-0109

6

Tribunal de Primera Instancia.4 En su dictamen, indicó que

no existía duda en torno a que el Contrato se regía y debía

ser interpretado conforme a las leyes del Estado de Nueva

York. Incluso, reconoció que el acuerdo en controversia era

válidamente reconocido en esa jurisdicción y que la Ley

Núm.

208-1995,

disposiciones

embargo,

supra,

la

expresó

también

compraventa

que

el

contemplaba

de

ingresos

estatuto

entre

sus

futuros.

Sin

local

prohibía

expresamente que el dinero fuese un bien objeto de este

tipo de transacción. Por lo cual, entendió que este acto

violentaba la ley de Puerto Rico, lo que ocasionaba que no

produjera los efectos jurídicos que Merchant pretendía. Así

pues, coincidió con el foro primario en que se trataba

realmente de un Contrato de Préstamo y que, por tanto,

procedía conceder los remedios otorgados en la Sentencia

apelada. En cuanto al segundo señalamiento de error

—

dirigido a impugnar los presuntos intereses usureros por

alegadamente tratarse de personas jurídicas las cuales, al

amparo

del

Art.

12.09

de

la

Ley

Núm.

164-2009,

según

enmendada, conocida como Ley General de Corporaciones, 14

LPRA

sec.

3789

(Ley

Núm.

164-2009)

podían

convenir

cualquier tasa de interés— el foro apelativo intermedio

decidió no atender el mismo por considerar que no se había

argumentado

ese

asunto

ante

el

Tribunal

de

Primera

Instancia.

Luego de que el Tribunal de Apelaciones les diera oportunidad a los

apelados —aquí recurridos— para que comparecieran y se opusieran, sin

que estos lo hicieran, dicho foro dio por perfeccionado el recurso y

procedió a resolver.

4

CC-2025-0109

7

Insatisfecha,

certiorari

Merchant

presentó

ante este Tribunal

un

recurso

de

(Caso Núm. CC-2021-0409).

Tras expedir el auto, el 23 de octubre de 2023 notificamos

una Sentencia en la cual revocamos la determinación del

Tribunal de Apelaciones y devolvimos el caso a ese foro

para que atendiera en los méritos el segundo señalamiento

de error consignado por la peticionaria en su recurso de

apelación.5

En consecuencia, el 14 de noviembre de 2024 el foro

apelativo

intermedio

emitió

otra

Sentencia.

En

esta,

reprodujo lo resuelto en su primera decisión a los fines de

reiterar que la Ley Núm. 208-1995, supra, prohibía las

transacciones

de

ventas

a

futuro

cuyo

objeto

fuese

el

dinero y que, conforme a la ley vigente en Puerto Rico esa

clase de acuerdo no surtía efectos. A su vez, confirmó que

el Contrato en este caso era un préstamo. No obstante,

razonó que, conforme al Art. 12.09 de la Ley Núm. 164-2009,

supra,

las

partes,

como

corporaciones,

podían

convenir

cualquier tasa de interés y estaban impedidas de plantear

la defensa de usura. Por lo cual, concluyó que la tasa de

treinta y nueve por ciento (39%) era lícita y que, por

ende, procedía revocar la aplicación de la prohibición de

usura, reinstalar la Demanda instada y devolver el asunto

al Tribunal de Primera Instancia para que continuaran los

procedimientos.

En esa

Tribunal.

5

ocasión,

los

recurridos

tampoco

comparecieron

ante

este

CC-2025-0109

8

Aún en desacuerdo, Merchant acudió ante nos mediante

otro recurso de certiorari (Caso Núm. CC-2025-0109). Esta

vez, planteó que el foro apelativo intermedió erró al: (1)

reiterar

los

Sentencia,

planteamientos

pues

la

misma

emitidos

había

sido

en

la

primera

revocada

en

su

totalidad por este Foro previamente; (2) no reconocer que

el Contrato de Compraventa de Ingresos Futuros es válido en

nuestro ordenamiento jurídico y que no se trata

de un

Contrato de Préstamo simulado, y (3) no reconsiderar su

dictamen.

Expedido el auto de certiorari, y habiendo concedido

término a las partes para que presentaran sus alegatos,

procedemos

a

resolver

sin

la

comparecencia

de

los

recurridos.

II

A. Los Contratos y las Cláusulas de Selección de Ley

En Puerto Rico predomina el principio de libertad de

contratación. Bobé et al. v. UBS Financial Services, 198

DPR 6, 15 (2017). Esto implica que la autonomía de la

voluntad rige las relaciones contractuales. Blanco Matos v.

Colón Mulero, 200 DPR 398, 407-408 (2018). Esta facultad al

momento de contratar

Código

Civil

contratantes

de

fue recogida en

1930,

establezcan

el

cual

“los

el Art. 1207 del

contempla

pactos,

que

cláusulas

los

y

condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean

contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

CC-2025-0109

(Negrillas

transgresión

efecto

de

9

suplidas).

de

que

alguno

el

31

LPRA

ant.

de

estos

contrato

sea

sec.

3372.6

La

elementos

conlleva

el

nulo

por

y,

tanto,

inexistente. Pérez Rodríguez v. López Rodríguez et al., 210

DPR 163, 187 (2022); De Jesús González v. A.C., 148 DPR

255, 264 (1999). Sobre el concepto de “orden público” hemos

dispuesto que este:

“puede definirse como el conjunto de valores

eminentes que guían la existencia y el bienestar

de una sociedad, que ampara un interés social

dominante por los derechos que tiende a proteger.

Por eso, es un medio para conseguir un balance

entre

la

autonomía

de

la

voluntad

y

la

imprescindible protección del bienestar común”.

(Citas omitidas). Pérez Rodríguez v. López

Rodríguez et al., supra, págs. 187-188. Véase,

además, Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co.,

152 DPR 652, 659 (2000).

Las obligaciones que surjan como consecuencia de un

contrato tienen fuerza de ley entre las partes por lo que

estas vienen obligadas a cumplir con lo acordado. Art. 1044

del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 2994. Véase,

Bobé et al. v. UBS Financial Services, supra, pág. 15;

Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258,

266-267 (2015). Así pues, si se satisfacen las condiciones

requeridas para que un contrato sea válido, los tribunales

no pueden relevar a una parte de cumplir con la obligación

que esta asumió.7 Bobé et al. v. UBS Financial Services,

Si bien el Código Civil de 1930 fue derogado al aprobarse el Código

Civil de 2020, hacemos referencia al estatuto anterior por ser el

aplicable a los hechos del caso. Véase, Art. 1812 del Código Civil de

2020, 31 LPRA sec. 1171.

6

Los requisitos esenciales para la validez de un contrato son tres, a

saber: (1) el consentimiento de los contratantes, (2) un objeto cierto

y (3) causa para la obligación. Art. 1213 del Código Civil de 1930, 31

7

CC-2025-0109

10

supra, pág. 15; Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles,

supra, pág. 267; De Jesús González v. A.C., supra, pág.

271.

Entre

las

figuras

contractuales

comunes

está

el

préstamo y la compraventa. Mediante el acuerdo de préstamo

“una de las partes entrega a la otra […] dinero u otra cosa

fungible, con condición de volver otro tanto de la misma

especie y calidad”. Art. 1631 del Código Civil de 1930, 31

LPRA ant. sec. 4511. Véase, además, Art. 1644 del Código

Civil de 1930, 31 LPRA ant. sec. 4571.

Por otra parte, a través del Contrato de Compraventa

“uno de los contratantes se obliga [a] entregar una cosa

determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto, en

dinero o signo que lo represente”. Art. 1334 del Código

Civil

de

1930,

31

LPRA

ant.

sec.

3741.

La

venta

se

perfeccionará y será obligatoria para el vendedor y el

comprador si estos hubieren logrado convenir sobre la cosa

objeto del contrato y el precio, aunque ni una ni el otro

se hayan entregado. Art. 1339 del Código Civil de 1930, 31

LPRA ant. sec 3746. Cabe señalar que “el objeto de una

compraventa puede ser cosas corporales, incorporales o de

cosa futura, siempre que recaiga en una cosa determinada en

su especie y que se encuentre dentro del comercio de las

personas”.

(Negrillas

suplidas).

Bco.

Popular

v.

Registrador, 181 DPR 663, 672 (2011). Véase, además, L.E.

LPRA ant. sec. 3391. En cuanto a esto, “[l]os contratos sin causa, o

con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa

cuando se opone a las leyes o a la moral”. Art. 1227 del Código Civil

de 1930, 31 LPRA ant. sec. 3432.

CC-2025-0109

11

Díez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed.,

Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II., págs. 283-284; Arts.

1223 y 1225 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs.

3421 & 3423.

Por otro lado, como parte de la potestad que tienen

los contratantes de plasmar su voluntad e intención en los

acuerdos que formalicen, se ha reconocido que estos también

escojan cláusulas para determinar el foro o el derecho

aplicable en casos de que surjan discrepancias.8 Bobé et

al. v. UBS Financial Services, supra, págs. 15-16. En lo

pertinente a la controversia de autos, hemos dispuesto que

“[l]as cláusulas en que se escoge la ley se consideran

válidas

usualmente

cuando

la

jurisdicción

seleccionada

tiene contactos sustanciales con el contrato”. Unisys v.

Ramallo

Brothers,

128

Walborg

Corp.

Tribunal

v.

DPR

842,

855

Superior,

(1991)

104

(citando

DPR

184,

a

192

(1975)).9 No obstante, “[d]ichas cláusulas son ineficaces

[…] cuando chocan contra consideraciones fundamentales de

orden público del foro”. (Negrillas suplidas). Íd.

Sobre las Cláusulas de Selección de Foro, véase: Bobé et al. v. UBS

Financial Services, 198 DPR 6, 15-19 (2017), y Unisys v. Ramallo

Brothers, 128 DPR 842, 855-857 (1991).

8

En World Films, Inc. v. Paramount Pict. Corp., 125 DPR 352 (1990),

revocamos la normativa pautada en Walborg Corp. v. Tribunal Superior,

104 DPR 184, 192 (1975), la cual establecía que no puede concedérsele

a una Cláusula de Arbitraje mayor fuerza que a la política pública de

protección a los distribuidores, representada por la Ley Núm. 75 de 24

de junio de 1964, según enmendada, conocida como Ley sobre Contratos

de Distribución de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 278 et seq. No obstante,

ese dictamen en nada afectó lo expresado en Walborg Corp. v. Tribunal

Superior, supra, sobre las cláusulas contractuales de selección de

foro. Véase: Unisys v. Ramallo Brothers, supra, n. 3.

9

CC-2025-0109

12

A su vez, en cuanto al poder de las partes de escoger

el derecho aplicable a un acuerdo cobijado por la Ley Núm.

208-1995, supra, la Sección 1-105 de ese estatuto dispone

que:

(1) Las partes podrán pactar el derecho que

gobernará sus derechos y obligaciones, ya sea el

de Puerto Rico o el de cualquier estado o nación.

(2) Cuando una de las siguientes disposiciones de

este subtítulo especifique el derecho aplicable,

esa disposición gobernará y un acuerdo contrario

es válido solo en la medida que lo permita el

derecho (incluyendo las reglas de conflictos de

leyes) así especificado:

[…]

(e) Secciones 2251 a 2257; La Ley que regirá la

perfección, el efecto de la perfección o no

perfección

y

la

prioridad

de

garantías

mobiliarias y gravámenes agrícolas. (Negrillas

suplidas). 19 LPRA sec. 404.

B. Los Intereses Usureros

El Art. 1646 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant.

sec.

4573,

dispone

que

no

se

deberán

intereses

en

un

Contrato de Préstamo, excepto cuando expresamente se hayan

pactado. De haberse acordado los mismos, existen normas que

prohíben el cobro de intereses excesivos. Véanse Arts. 1649

al 1657 del Código Civil de 1930, 31 LPRA ant. secs. 45914599. Al respecto, el Art. 1649 del Código Civil de 1930,

dispone que:

A falta de un contrato previo escrito, el tipo de

interés sobre préstamos o prórrogas de dinero o

mercancías o sobre cualquier clase de obligación

o contrato será de seis dólares ($6) anuales

sobre cada cien dólares ($100) o sobre su

equivalente en valor, y al mismo tipo por una

suma mayor o menor, o por un período más largo o

más corto; Disponiéndose, sin embargo, que no

podrá fijarse un tipo de interés, por convenio

especial, que sea mayor de nueve dólares ($9)

CC-2025-0109

13

anuales sobre cada cien dólares ($100) o sobre su

equivalente en valor, cuando el capital objeto

del préstamo o del convenio no exceda de $3,000 y

de ocho dólares ($8) anuales por cada cien

dólares ($100), cuando pase de dicha cantidad.

Dentro de los límites que por este título se

fijan, será legal descontar letras y pagarés y

otras

obligaciones

análogas.

(Negrillas

suplidas). 31 LPRA ant. sec. 4591.10

En cuanto a las consecuencias de pactar intereses por

encima de estos límites, el Art. 1652 del Código Civil de

1930 expone que:

Excepto como queda autorizado por la sec. 4593 de

este título, ninguna persona podrá exigir o

recibir, directa o indirectamente, dinero o

mercancías, a un tipo de interés mayor por el

préstamo o la prórroga del préstamo de algún

dinero, que el tipo fijado por las secs. 4591 a

4599 de este título. Nada de lo contenido en este

Capítulo se interpretará en el sentido de

prohibir la venta de efectos al contado a un

precio más bajo que al crédito.

Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o

asegure, o se convenga en reservar, aceptar o

asegurar, un tipo de interés mayor que el que se

permite por las secs. 4591 a 4599 de este título,

podrá hacerse efectivo en un tribunal de Puerto

Rico, sino por el importe del capital adeudado; y

el tribunal deberá, además, disponer en la

sentencia condenando al deudor al pago del

capital que el acreedor recobre solamente de su

deudor el setenta y cinco (75) por ciento de

dicho capital y que el veinticinco (25) por

ciento restante sea adjudicado y recobrado por el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, quien podrá

obtener mandamiento de ejecución, del mismo modo

que el demandante, y sin preferencia sobre el

montante adjudicado a éste, para hacer efectivo

el veinticinco (25) por ciento así adjudicado.

Los derechos definidos en esta sección no son

renunciables. 31 LPRA ant. sec. 4594. (Negrillas

suplidas).11

Véase, además, lo dispuesto en la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de

1973, segun enmendada, conocida como Ley para Fijar las Tasas de

Intereses o Cargos Especiales para Distintas Transacciones Económicas,

10 LPRA sec. 998 et seq.

11 Hoy día, el Art. 1328 del Código Civil de 2020, establece, en lo

pertinente, que:

10

CC-2025-0109

14

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, al amparo del

Art.

12.09

de

la

Ley

Núm.

164-2009,

supra,

las

corporaciones pueden contratar, tomar dinero a préstamo e

incurrir en obligaciones a cualquier tasa de interés que

estas

consideren

aceptables.

En

específico,

dicha

disposición establece que:

No obstante, cualquier limitación o penalidad

establecida por ley, cualquier corporación que

tome dinero a préstamo podrá contratar, incurrir

en obligaciones y tomar dinero a préstamo, bien

en el Estado Libre Asociado o en cualquier otro

sitio, a cualquier tasa de interés que considere

aceptable. Ningún deudor de esta clase, sea una

corporación doméstica o una corporación foránea,

podrá invocar estatuto alguno contra la usura en

un

procedimiento

o

en

una

acción

legal

establecida con el fin de obligar al pago o

cumplimiento de cualquier obligación que surja de

un préstamo de tal naturaleza, esté o no la

obligación representada por cualquier bono,

pagaré, contrato u otro escrito firmado, asumido

o garantizado por tal deudor o cualquier sucesor

o cesionario del mismo. En tal virtud, no se

castigará como delito el exigir o recibir

intereses a cualquier tasa así convenida ni podrá

interponerse, por razón de usura, recurso alguno

para recobrar cantidad alguna pagada en exceso

del interés máximo fijado por ley o para hacer

efectiva

cualquier

otra

penalidad

civil.

(Negrillas suplidas). 14 LPRA sec. 3789. Véase,

además, C.E. Díaz Olivo, Corporaciones: tratado

sobre derecho corporativo, 2da ed. rev., Ed.

AlmaForte, 2022, págs. 456-457.

De conformidad con el Art. 12.39 de la Ley Núm. 1642009, 14 LPRA sec. 3984, lo anterior también es aplicable a

las

compañías

de

responsabilidad

limitada.

Además,

“Es nula la cláusula contractual que obliga a una persona

natural al pago de intereses mayores a los que disponen

las leyes, los reglamentos y las órdenes administrativas.

La nulidad da lugar a que sólo pueda cobrarse el setenta y

cinco por ciento (75%) de la deuda principal. El restante

veinticinco por ciento (25%) se paga al Secretario de

Hacienda.

No

se

deberán

intereses,

sino

cuando

expresamente se hubiesen pactado”. 31 LPRA sec. 10085.

una

CC-2025-0109

15

persona natural que garantice como fiador un préstamo hecho

a una corporación tampoco puede invocar para sí la defensa

de usura. Véase, Díaz Olivo, op. cit., pág. 457; Mansiones

P. Gardens, Inc. v. Scotiabank, 114 DPR 513, 520 (1983).

C. Los Contratos de Compraventa

“Merchant Cash Advance”

Los

Contratos

(conocidos

como

de

de

Compraventa

“Purchase

and

Ingresos

de

Sale

Futuros

o

Ingresos

Futuros

Future

Receipts

of

Agreement” o “Merchant Cash Advance”, en inglés) son un

tipo de financiamiento utilizado mayormente por negocios

pequeños. Véase, Adam J. Levitin, Predatory Small-Business

Lending: Market and Regulatory Failures, 42 Yale J. on Reg.

732, 754-755 (2025), y Kara J. Bruce, The Murky Process of

Characterizing Merchant Cash Advance Agreements, 42 No. 4

Bankruptcy Law Letter NL 1 (2022).12 Su existencia data de

al menos finales del siglo veinte, pero su popularidad

surgió

tras

la

crisis

financiera

del

2008

debido

al

endurecimiento de los criterios para conceder préstamos.

Íd.

Esta

menores

clase

a

de

las

acuerdo

tiende

a

ser

disponibles

a

través

por

cuantías

de

préstamos

comerciales, pero a un costo superior. Levitin, supra, pág.

758.

Sin

embargo,

a

diferencia

de

un

préstamo,

este

producto: (1) suele ser más fácil de obtener; (2) es más

accesible para empresas pequeñas con historial crediticio

pobre o limitado; (3) generalmente no tiene límites en

Véase, además, J.F. Hilson & S.L. Sepinuck, A “Sale” of future

receivables: disguising a secured Loan as a purchase of hope, 9

Transactional Law. 14 (2019).

12

CC-2025-0109

16

torno a cómo pueden utilizarse los fondos, y (4) tiene una

estructura de pago distinta a la que normalmente provee un

préstamo. Íd., págs. 758-760.

En un acuerdo como este, una parte compra a descuento

los ingresos que la otra recibirá en el futuro de las

cuentas por cobrar que genere o de las ventas que realice.

Íd., pág. 755; Bruce, supra. Es decir, a cambio de recibir

una suma de dinero descontada, fija e inmediata, la parte

que vende sus ingresos futuros se compromete a transferirle

a la parte compradora un por ciento de estos diariamente

hasta

lograr

ordinario,

satisfacer

este

contrato

el

precio

pactado.

Íd.

se

respalda

por

gravamen

un

De

mobiliario y una garantía personal. Levitin, supra, pág.

758; Bruce, supra.

D. El Uniform Commercial Code y sus Comentarios Oficiales

El Código

Uniforme de Comercio

(Uniform Commercial

Code) es un modelo de reglas uniformadas y predeterminadas

propuestas

para

regir

las

transacciones

comerciales

y

simplificar los negocios interestatales.13 Se trata de un

texto

legal

recomendado,

redactado

por

el

American

Law

Institute (ALI) y la Uniform Law Comission (ULC), el cual

los estados han adoptado en parte, con modificaciones o

totalmente.14

Uniform Commercial Code (UCC), Westlaw Practical Law Glossary,

https://next.westlaw.com/Document/I03f4db00eee311e28578f7ccc38dcbee/Vi

ew/FullText.html?transitionType=Default&contextData=(sc.Default),

(última visita, 16 de octubre de 2025).

14 Íd. Centraremos nuestro análisis en la versión del Artículo 9 del

Código Uniforme de Comercio, con las enmiendas del 2010 y su

respectivo Comentario Oficial, por ser la utilizada por Nueva York y

Puerto Rico para aprobar los estatutos pertinentes a la controversia

13

CC-2025-0109

17

El Artículo 9 del Código Uniforme de Comercio —sobre

transacciones

transacciones

garantizadas—

en

las

que

aplica

cuentas

o

tanto

pagos

a

las

intangibles

garanticen una deuda, como a la venta directa de una cuenta

o de un pago intangible. No obstante, este deja en manos de

los

tribunales

el

trazar

los

criterios

para

distinguir

entre una transacción y otra.

En

cuanto

Código

Uniforme

scope

of

a

lo

de

anterior,

Comercio

article.] Except

la

Sec.

dispone

as

9-109(a)(3)

que:

otherwise

del

“(a) [General

provided

in

subsections (c) and (d), this article applies to: […] (3) a

sale of accounts, chattel paper, payment intangibles, or

promissory notes”]. (Negrillas y subrayado suplidos). Por

su parte, los Comentarios Oficiales al Código Uniforme de

Comercio añaden sobre esto lo siguiente:

Under subsection (a)(3), as under former Section

9-102, this Article applies to sales of accounts

and chattel paper. This approach generally has

been successful in avoiding difficult problems of

distinguishing between transactions in which a

receivable secures an obligation and those in

which the receivable has been sold outright. In

many

commercial

financing

transactions

the

distinction is blurred.

Subsection (a)(3) expands the scope of this

Article by including the sale of a “payment

intangible” (defined in Section 9-102 as “a

general intangible under which the account

debtor's principal obligation is a monetary

obligation”) and a “promissory note” (also

defined in Section 9-102). To a considerable

extent, this Article affords these transactions

treatment identical to that given sales of

accounts and chattel paper. In some respects,

however,

sales

of

payment

intangibles

and

de autos. Véase,

Refs. & Annos.

Unif.

Commercial

Code

Art.

9

(1972)(1999)(2010),

CC-2025-0109

18

promissory notes are treated differently from

sales of other receivables. See, e.g., Sections

9-309 (automatic perfection upon attachment), 9408 (effect of restrictions on assignment). By

virtue of the expanded definition of “account”

(defined in Section 9-102), this Article now

covers sales of (and other security interests in)

“health-care-insurance receivables” (also defined

in Section

9-102).

Although

this

Article

occasionally distinguishes between outright sales

of

receivables

and

sales

that

secure

an

obligation,

neither

this

Article

nor

the

definition of “security interest” (Section 1201(37)) delineates how a particular transaction

is to be classified. That issue is left to the

courts.

(Negrillas

y

subrayado

suplidos).

Comentarios Oficiales a la Sec. 9-109 del Código

Uniforme de Comercio modelo.

E. Nueva York - Adopción del Artículo 9 del Uniform

Commercial Code y los Criterios Jurisprudenciales para

distinguir entre Préstamos Garantizados y Contratos de

Compraventa de Ingresos Futuros

Las

disposiciones

Código

Uniforme

Estado

de

estatales

de

Nueva

de

“[p]urchases

esa

Comercio

York.15

En

Artículo

9

del

adoptadas

por

el

sido

esa

línea,

han

concluido

tribunales

que

los

transactions

expressly

contemplated by the Uniform Commercial Code”.16

(Negrillas

common

future

los

and

are

of

el

han

jurisdicción

sales

en

receivables

proceeds

and

propuestas

commercial

sales

suplidas). Rapid Capital Fin., LLC v. Natures Mkt. Corp.,

57

Misc.

3d

979,

982,

66

N.Y.S.3d

797,

799

(Sup.

Ct.

Westchester County 2017) (citando a IBIS Capital Group, LLC

Véase, F.C. Amendola et al., Overview of Article 9 of Uniform

Commercial Code as adopted in New York, New York Jurisprudence (2da

Ed.), 95 N.Y. Jur. 2d Secured Transactions sec. 1 (2025).

15

Véase, además, Womack v. Capital Stack, LLC, 2019 WL 4142740, pág. 7

(S.D. N.Y. 2019) (decisión que sustenta su dictamen en una serie de 28

casos estatales y federales en el estado de Nueva York las cuales

caracterizaban las transacciones de “Merchant Cash Advance” como

ventas).

16

CC-2025-0109

19

v. Four Paws Orlando LLC, 2017 N.Y. Slip Op. 30477(U), 2017

WL 1065071 (Sup. Ct. Nassau County 2017)).

Por lo general, los tribunales del Estado de Nueva

York

sopesan

tres

(3)

factores

al

determinar

si

una

transacción es un préstamo garantizado o una compraventa de

ingresos

futuros.

Richmond

Capital

Véase,

Group

Fleetwood

LLC,

No.

Services,

LLC

v.

22-1885-CV,

2023

WL

3882697, pág. 2 (2d Cir. 2023); LG Funding, LLC v. United

Senior Props. of Olathe, LLC, 181 A.D.3d 664, 666, 122

N.Y.S.3d 309, 312 (2d Dep't 2020); K9 Bytes, Inc. v. Arch

Capital Funding, LLC, 57 N.Y.S.3d 625, 632-634 (Sup. Ct.

Westchester County 2017).17 Primero, evalúan si existe una

Cláusula

de

Conciliación

en

el

acuerdo.

Este

tipo

de

disposición permite que el vendedor solicite un ajuste en

las

cuantías

que

paga

diariamente

por

razón

de

una

reducción o un aumento en sus ingresos. Si una transacción

cuenta con un pacto de conciliación es probable que se

trate

de

una

compraventa

de

ingresos

futuros.

Segundo,

examinan si el acuerdo posee un plazo definido para su

cumplimiento. Un plazo definido para el reembolso de la

suma anticipada sugiere que se trata de un préstamo. Por el

contrario,

un

plazo

indefinido

es

consistente

con

una

compraventa de ingresos futuros, en donde el término para

recobrar las cuantías acordadas se podría ver afectado por

el volumen de ingresos que genere el vendedor. Tercero,

Véase, además, E.M. Bosek et al., Applicability of usury laws to

assignment of wages, accounts receivable, and rents, New York

Jurisprudence (2da Ed.), 72 N.Y. Jur. 2d Interest and Usury sec. 79

(2025).

17

CC-2025-0109

20

consideran si existe un remedio en caso de que el vendedor

se acoja a un procedimiento de quiebra. Una disposición en

la que se otorgue, en estos escenarios, el derecho a exigir

de inmediato el pago de la suma adelantada o la facultad de

ejecutar las garantías personales pactadas sería indicadora

de que el negocio

jurídico

objeto de evaluación es

un

préstamo.

En Nueva York, la importancia de la distinción entre

una

compraventa

de

ingresos

futuros

y

un

préstamo

garantizado recae en que a estos últimos les aplican las

leyes de usura.18

F. Puerto Rico - Ley de Transacciones Comerciales

La Ley Núm. 208-1995, supra, fue promulgada en Puerto

Rico con el propósito de: (1) simplificar, clarificar y

modernizar

comerciales;

el

derecho

(2)

que

permitir

rige

la

las

continua

transacciones

expansión

de

prácticas comerciales por medio de las costumbres, los usos

y los acuerdos entre las partes, y (3) uniformar el derecho

entre las diversas jurisdicciones. Sección 1-102(2) de la

Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 401. En ese aspecto, a

menos que sean desplazados por disposiciones particulares

de

este

estatuto,

los

principios

generales

del

derecho

aplican a modo supletorio. Sección 1-103 de la Ley Núm.

208-1995, 19 LPRA sec. 402. Además, con el objetivo de

J.F. Hilson & S.L. Sepinuck, A “sale” of future receivables:

criminal usury in another form, 9 Transactional Law 1, pág. 2 (2019);

Bosek, supra. [“Corporations are generally ineligible to raise a

defense based on civil usury, although they can raise a defense based

on criminal usury”.]

18

CC-2025-0109

21

adelantar los fines y la política fundamental recogida en

la Ley Núm. 208-1995, supra, sus disposiciones deben ser

interpretadas y aplicadas liberalmente. Art. 1-102(1) de la

Ley Núm. 208-1995, supra.

En esencia, la Ley Núm. 208-1995, supra, se deriva de

los artículos modelos del Código Uniforme de Comercio. Cruz

Consulting v. El Legado et al., 191 DPR 499, 509 (2014).

Ahora bien, mediante la Ley Núm. 21-2012 (2012 [Parte 1]

Leyes de Puerto Rico 273) se añadió un nuevo Capítulo 9 y

se enmendaron varias secciones de la Ley Núm. 208-1995,

supra, en aras de estar a la vanguardia de los adelantos

comerciales y establecer normas mercantiles lo más uniforme

a las de los demás Estados. Exposición de Motivos de la Ley

Núm. 21-2012, supra. La adopción de este estatuto tuvo como

fin aumentar el margen prestatario y las oportunidades de

financiamiento para los pequeños y medianos comerciantes en

Puerto Rico. Íd.

En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 21-2012,

supra, la Asamblea Legislativa hizo constar, además, lo

siguiente:

[E]sta legislación tendrá el efecto de modernizar

y actualizar la Ley de Transacciones Comerciales

basado en las experiencias y el conocimiento de

múltiples fuentes, para beneficio de nuestro

desarrollo económico. Las principales fuentes

para la investigación e interpretación de las

disposiciones del Código Uniforme de Comercio

modelo

incluyendo

el

Artículo

9

son

las

siguientes: (1) el propio Código Uniforme de

Comercio modelo; (2) los comentarios oficiales a

cada sección de cada artículo del Código Uniforme

de Comercio modelo preparados por el Instituto de

Derecho Americano y la Conferencia Nacional de

Comisionados sobre Leyes Estatales Uniformes; (3)

CC-2025-0109

22

los comentarios de la Junta Editorial Permanente

del Código Uniforme de Comercio (PEB); y (4) las

decisiones judiciales federales y estatales de

las jurisdicciones que interpretan y aplican el

Código Uniforme de Comercio conforme ha sido

promulgado en cada estado particular. Además del

texto del propio Código Uniforme de Comercio

modelo, los comentarios oficiales son casi

universalmente tratados como las fuentes de

autoridad en la construcción de las Secciones del

UCC. Los comentarios oficiales explican el

propósito e intención de cada sección, y los

cambios al artículo anterior del Código Uniforme

de

Comercio

modelo,

y

son

rutinariamente

utilizados por los tribunales al interpretar las

disposiciones, y esto Puerto Rico no debe ser la

excepción, pues Puerto Rico está completamente

integrado al comercio del resto de los Estados

Unidos, y nuestros tribunales deben hacer lo

propio. (Negrillas suplidas).

Por su parte, en cuanto al alcance y la aplicación del

Capítulo 9 sobre transacciones garantizadas, la Sección 9109 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 2219, dispone

que:

(a) Alcance general del capítulo.-Salvo por lo

dispuesto en los incisos (c) y (d) de esta

sección, este capítulo aplicará a:

[…]

(3) una venta de cuentas, papel financiero, pago

intangible, o pagarés […] (Negrillas y subrayado

suplido).

La Sección 9-102 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec.

2212, incluyó al respecto las definiciones siguientes:

(2) Cuenta.-Excepto según se use en el contexto

de ‘rendir cuentas’, significa un derecho al pago

de una obligación monetaria, haya sido tal

derecho devengado o no por el cumplimiento, (i)

por propiedad que haya sido o será vendida,

arrendada, con licencia, cedida o de otro modo

transferida, (ii) por servicios prestados o a ser

prestados, (iii) por una póliza de seguro emitida

o a ser emitida, (iv) por una obligación

accesoria incurrida o a ser incurrida, (v) por

energía provista o a ser provista, (vi) por el

uso o alquiler de un buque bajo un contrato de

CC-2025-0109

23

fletamento u otro contrato, (vii) que surja del

uso de una tarjeta de crédito o tarjeta de cargos

o información contenida en o para el uso con la

tarjeta, o (viii) como ganancias en una lotería u

otro juego de azar operado o auspiciado por un

estado, entidad gubernamental de un estado o

persona con licencia o autorizada para operar el

juego por el estado o entidad gubernamental de un

estado. El término incluye cuentas a cobrar bajo

contratos de seguros de salud. El término no

incluye (i) derechos a pago evidenciados por

papel financiero o un instrumento, (ii) una

reclamación en daños y perjuicios comerciales,

(iii) cuentas de depósito, (iv) inversiones, (v)

derechos sobre cartas de crédito o cartas de

crédito o (vi) derechos a pago por dinero o

fondos adelantados o vendidos, que no sean

derechos que surjan del uso de una tarjeta de

crédito o de tarjeta de cargos o información

contenida en o para uso con la tarjeta.

[…]

(61)

Pago

intangible.-Significa

un

bien

incorporal bajo el cual la obligación principal

del deudor de la cuenta es una obligación

pecuniaria. (Negrillas y subrayado suplidos).

En lo pertinente a este último término, señalamos que

la Sección 9-102 de la Ley Núm. 208-1995, supra, define

“bienes incorporales” como:

“cualquier bien mueble, incluyendo cosas en

acción, que no sean cuentas, papel financiero,

reclamaciones en daños y perjuicios comerciales,

cuentas

de

depósito,

documentos,

bienes,

instrumentos, inversiones, derechos sobre cartas

de crédito, cartas de crédito, pólizas de seguro,

dinero, y petróleo, gas u otros minerales antes

de su extracción. El término incluye pagos

intangibles

y

programas

de

computadoras”.

(Negrillas y subrayado suplidos).

Expuesto

el

marco

jurídico

aplicable,

pasemos

a

alega,

en

resolver.

III

En

su

síntesis,

recurso

que

los

de

certiorari,

Merchant

foros

inferiores

erraron

al:

(1)

no

CC-2025-0109

24

respetar la Cláusula del Contrato que dispone que el mismo

debe ser interpretado al amparo de la ley de Nueva York;

(2)

concluir

que

la

compraventa

de

ingresos

futuros

contraviene la ley en Puerto Rico, y (3) decidir que el

acuerdo pactado es en realidad un préstamo. La peticionaria

entiende que en este caso no se dan los elementos para

invalidar la disposición de selección de ley acordada. Esto

pues,

considera

que

la

jurisdicción

seleccionada

tiene

contactos sustanciales con el Contrato, por ser su lugar

principal de negocios. De igual forma, argumenta que no se

transgreden consideraciones fundamentales de orden público

en Puerto Rico, debido a que tanto el Código Civil como la

Ley Núm. 208-1995, supra, contemplan y permiten este tipo

de acuerdo.

Luego

de

entendemos

que

analizar

le

asiste

detenidamente

este

la

compareciente.

razón

a

la

asunto,

Veamos.

De manera inicial, debemos precisar cuál es la ley que

aplica al presente Contrato. Según Merchant, el acuerdo

debe ser interpretado a la luz del derecho del Estado de

Nueva York, por haber sido ese el pacto entre las partes.

Sobre

el

particular,

subrayamos

que

las

Cláusulas

del

Contrato fueron redactadas tanto en inglés como en español.

En cuanto al derecho aplicable, la Cláusula 20 establece,

en inglés, que: “This Agreement shall be governed by and

construed in accordance with the laws of the state of New

York,

without

regards

to

any

applicable

principals

of

CC-2025-0109

25

conflicts of law”.19 (Negrillas suplidas). No obstante, en

español, la disposición lee de la manera siguiente: “Este

Contrato será interpretado de acuerdo [con] las leyes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin consideración de

los

principios

(Negrillas

aplicables

suplidas).

Como

de

es

conflicto

evidente,

de

leyes”.20

existe

una

discrepancia entre ambas secciones. No obstante, un examen

del Contrato refleja que en la Cláusula 29 se contempló una

solución

ante

la

posibilidad

de

que

hubiese

alguna

contradicción en el convenio. En específico, en esta se

hizo constar que:

29. Prevailing Language. In the event of any

inconsistencies between the English provisions

and the Spanish provisions of this Agreement, the

provisions in the English language shall be

controlling and the Spanish language provisions

hereof shall be subject and subordinate to those

in English.

29. Lenguaje que Prevalece. En la eventualidad de

cualquier inconsistencia entre les disposiciones

en inglés y las disposiciones en español en este

Contrato, las disposiciones en inglés regirán y

controlarán y las disposiciones en español

estará[n]

sujetas

y

subordinadas

a

las

21

disposiciones en inglés. (Negrillas suplidas).

Por lo cual, según lo expuesto, debemos entender que

el interés de las partes era que la ley del Estado de Nueva

York

rigiera

el

Contrato.22

19

Apéndice del Certiorari, pág. 62.

20

Íd.

21

Íd., pág. 64.

Superada

esa

interrogante,

En el Contrato, las partes incluyeron una Cláusula de Selección de

Foro, la cual dispone que: “Any suit, action or proceeding arising

hereunder, or the interpretation, performance or breach of this

Agreement, shall, if Buyer so elects, be Instituted in any court

22

CC-2025-0109

26

corresponde examinar si a la luz de los criterios de esa

jurisdicción

el

acuerdo

en

cuestión

cumple

con

los

requisitos para considerarse una compraventa de ingresos

futuros o si, por el contrario, se trata en realidad de un

préstamo garantizado. Para ello, debemos ponderar, primero,

si se incluyó una Cláusula de Conciliación en el acuerdo.

En esa línea, observamos que la Cláusula 2 del Contrato

dispone que:

2. Seller May Request Changes to the Daily

Amount: The initial Daily Amount is intended to

represent the Specified Percentage of Seller's

daily Future Receipts. For as long as no Event of

Default has occurred, once each calendar month,

Seller may request that Buyer adjust the Daily

Amount to more closely reflect the Seller's

actual Future Receipts times the Specified

Percentage. Seller agrees to provide Buyer any

information requested by Buyer to assist in this

reconciliation. No more often than once a month,

Buyer may adjust the Daily Amount on a goingforward basis to more closely reflect the

Seller's

actual

Future

Receipts

times

the

Specified Percentage. Buyer will give Seller

notice five business days prior to any such

adjustment. After each adjustment made pursuant

to this paragraph, the new dollar amount shall be

deemed the Daily Amount until any subsequent

adjustment.23 (Negrillas suplidas).

De

lo

diariamente

citado

por

se

desprende

Merchant

podían

que

las

sumas

ser

ajustadas

cobradas

para

que

reflejaran los ingresos recibidos por Conceptos. Ante ello,

resulta evidente que una Cláusula de Conciliación sí fue

pactada.

sitting in the Commonwealth of Puerto Rico”. (Negrillas suplidas).

Íd., pág. 62.

23

Íd., pág. 53.

CC-2025-0109

Lo

27

próximo a

determinar es si el Contrato

es por

término definido o indefinido. Al respecto, la Cláusula 4

del acuerdo, intitulada “Sale of Future Receipts (THIS IS

NOT A LOAN)”, establece que: “There is no interest rate or

payment

schedule

and

no

time

period

during

which

the

Purchased Amount must be collected by Buyer”.24 (Negrillas

suplidas). Conforme a este inciso, no existía un plazo

específico para que Merchant recobrara la suma acordada, lo

que

implica

que

la

obligación

tenía

un

término

indeterminado.

Como último punto, debemos evaluar si el comprador

tenía algún remedio disponible en caso de que el vendedor

se declarara en quiebra. Sobre esto, surge de la Cláusula 4

que:

[…] If Future Receipts are remitted more slowly

than Buyer may have anticipated or projected

because Seller's business has slowed down, or if

the full Purchased Amount is never remitted

because Seller's business went bankrupt or

otherwise ceased operations in the ordinary

course of business, and Seller has not breached

this Agreement, Seller would not owe anything to

Buyer and would not be in breach of or default

under this Agreement. Buyer is buying the

Purchased Amount of Future Receipts knowing the

risks that Seller's business may slow down or

fail, and Buyer assumes these risks based on

Seller's

representations,

warranties

and

covenants in this Agreement that are designed to

give Buyer a reasonable and fair opportunity to

receive the benefit of its bargain. […]25

(Negrillas suplidas).

Así pues, si Conceptos cesaba operaciones o se iba a

quiebra,

24

25

este

Íd., pág. 54.

Íd.

no

adeudaría

suma

alguna

a

Merchant.

Es

CC-2025-0109

28

decir, la peticionaria proveyó liquidez económica inmediata

a Conceptos a cambio de una participación en sus ventas

futuras con el riesgo de perder su inversión si la empresa

dejaba de operar o se declaraba en bancarrota. Aun cuando

la

Cláusula

16

del

Contrato

vislumbraba

que

Merchant

pudiera exigir el cumplimiento con la Garantía Personal y

ejercer sus derechos como acreedor asegurado bajo la Ley

Núm. 208-1995, supra, ello estaba atado a la ocurrencia de

los eventos de incumplimiento contemplados en la Cláusula

15, entre los cuales no figuraban el cese de operaciones o

la quiebra del negocio.

En vista de lo anterior, nos parece apropiado concluir

que el Contrato objeto de este caso fue estructurado como

una compraventa de ingresos futuros y no como un préstamo.

Ahora bien, corresponde que examinemos si esta transacción

contraviene los criterios aplicables a las Cláusulas de

Selección de Ley, de modo que no pueda ser ejecutada en

Puerto Rico.

Como

considerar

mencionamos

es

si

la

previamente,

jurisdicción

el

primer

factor

seleccionada

a

tiene

contactos sustanciales con el acuerdo. En este caso, no

existe disputa en cuanto a esto. Incluso, del expediente

surge que las operaciones de Merchant están localizadas en

el Estado de Nueva York, jurisdicción cuyas leyes fueron

seleccionadas por las partes para que aplicaran en caso de

desacuerdo.26 Empero, lo que sí está controvertido es el

26

Íd., págs. 52, 85.

CC-2025-0109

29

segundo criterio dirigido a precisar si la compraventa de

ingresos futuros violenta o no el orden público en Puerto

Rico.

Tanto

el

Tribunal

de

Primera

Instancia

como

el

Tribunal de Apelaciones concluyeron que sí. Expresaron que,

en este foro, los Contratos de Compraventa de Ingresos

Futuros o Merchant Cash Advance están prohibidos por la Ley

Núm. 208-1995, supra. Razonaron que, si bien el estatuto

define un “Contrato de Venta” como un acuerdo que “incluye

tanto la venta actual de bienes al igual que un contrato

para

vender

definición

los

de

bienes

en

el

futuro”,

“bienes”

se

excluye

el

dentro

de

la

“dinero”.27

Sin

La Sección 9-102 de la Ley Núm. 208-1995, según enmendada, conocida

como Ley de Transacciones Comerciales (Ley Núm. 208-1995), expone que

“Contrato de Venta” “[i]ncluye tanto la venta actual de bienes al

igual que un contrato para vender los bienes en el futuro”. Por su

parte, “bienes”:

27

“[s]ignifica

todas

las

cosas

movible[s]

cuando

se

constituye una garantía mobiliaria. El término incluye (i)

bienes inmuebles por su destino, (ii) madera en pie que

será cortada y removida bajo una transferencia o contrato

de venta, (iii) las crías por nacer de animales, (iv)

cosechas cultivadas, creciendo o a sembrarse, aun si las

cosechas se producen en árboles, en una vid o en arbustos,

y (v) casas prefabricadas. El término incluye un programa

de computadora integrado en los bienes y cualquier

información de apoyo provista en relación con una

transacción relacionada al programa si: (i) el programa

está asociado con los bienes de tal modo que por costumbre

se considera parte de los bienes, o (ii) haciéndose dueño

de los bienes, una persona adquiere un derecho a usar el

programa con relación a los bienes. El término no incluye

un programa de computadora integrado en bienes que son

solamente el medio en el cual el programa está integrado.

El término tampoco incluye cuentas, papel financiero,

reclamaciones en daños y perjuicios comerciales, cuentas

de

depósito,

documentos,

bienes

incorporales,

instrumentos,

inversiones,

derechos

sobre

cartas

de

crédito, cartas de crédito, dinero, petróleo, gas u otros

minerales antes de su extracción”. 19 LPRA sec. 2212.

Por otro lado, según la Sección 1-201 de la Ley Núm. 208-1995, supra,

“dinero” significa: “un medio de cambio autorizado o adoptado por un

gobierno doméstico o extranjero e incluye una unidad de cuenta

CC-2025-0109

30

embargo, el problema con dicho análisis recae en que no

toma en cuenta que en acuerdos como el presente el “dinero”

no es la cosa objeto del negocio. Por el contrario, lo que

se compra y vende es una “cuenta” o un “pago intangible”

mediante el cual se transfiere el derecho a obtener el

cumplimiento de una obligación monetaria posteriormente. En

ese sentido, se trata de un derecho contractual a recibir

dinero en el futuro, lo que no es lo mismo que el dinero en

sí.28

Por

otra

parte,

los

foros

inferiores

tampoco

consideraron que el Capítulo 9 de la Ley Núm. 208-1995,

supra

—proveniente

del

Artículo

9

del

Código

Uniforme

Comercial— aplica tanto a la venta directa de una cuenta

como a la de un pago intangible. Así lo reconoce el propio

Código Uniforme Comercial y su Comentario Oficial el cual,

por mandato legislativo, debe ser la herramienta que se

utilice para interpretar la Ley Núm. 208-1995, supra. Por

tanto, lejos de prohibir este tipo de transacción, la Ley

Núm. 208-1995, supra, la contempla y la regula. De igual

forma, el Código Civil autoriza que sean objeto de los

acuerdos las cosas determinadas que no estén fuera del

monetaria establecida por una organización intergubernamental o por

acuerdo entre dos (2) o más naciones”. 19 LPRA sec. 451.

Véase, a modo ilustrativo, lo dispuesto en In re 3PL4PL, LLC, 619

B.R. 441, 464 (Bankr. D. Col. 2020) (citando a In re Vienna Park

Properties, 976 F.2d 106, 116 (2d Cir. 1996) [“A contractual right to

obtain money at some future time is not the same thing as the money

itself”.]

28

CC-2025-0109

31

comercio, incluyendo las futuras.29 En vista de esto, y

tomando en consideración que al amparo de la Ley Núm. 1642009, supra, estamos ante un contrato al que no le aplican

las protecciones de usura por Conceptos ser una entidad

organizada

bajo

ese

estatuto,

no

existen

razones

para

concluir que un Contrato de Compraventa de Ingresos Futuros

esté vedado en Puerto Rico por razón de infringir el orden

público.

IV

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca aquella

parte

de

Apelaciones

la

Sentencia

en

la

que

emitida

se

por

concluye

el

que

Tribunal

la

de

transacción

comercial entre Merchant y Conceptos es un Contrato de

Préstamo. De acuerdo con la intención de las partes, este

acuerdo trata en realidad de un Contrato de Compraventa de

Ingresos Futuros ejecutable en Puerto Rico por no violentar

el orden público. Así las cosas, se confirman las demás

determinaciones

realizadas

por

el

foro

apelativo

intermedio. Se reinstala la Demanda de la peticionaria y se

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que

continúen

los

procedimientos

de

acuerdo

con

lo

aquí

resuelto.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Mildred G. Pabón Charneco

Jueza Asociada

Al igual que el Código Civil de 1930, el Código Civil de 2020

también permite esto. Véase, Arts. 269 y 1244 del Código Civil de

2020, 31 LPRA secs. 3161 & 9791.

29

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Merchant Advance, LLC

Peticionaria

v.

CC-2025-0109

Conceptos Cuisine, LLC h/n/c

Pitipuá; Ángel D. Marrero

Marrero, Fulana de Tal y la

Sociedad Legal de Gananciales

compuesta por ambos

Recurridos

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de febrero de 2026.

Por los fundamentos expuestos en la Opinión que

antecede, se revoca aquella parte de la Sentencia emitida

por el Tribunal de Apelaciones en la que se concluye que la

transacción comercial entre Merchant y Conceptos es un

Contrato de Préstamo. De acuerdo con la intención de las

partes, este acuerdo trata en realidad de un Contrato de

Compraventa de Ingresos Futuros ejecutable en Puerto Rico

por no violentar el orden público. Así las cosas, se

confirman las demás determinaciones realizadas por el foro

apelativo intermedio. Se reinstala la Demanda de la

peticionaria y se devuelve el caso al Tribunal de Primera

Instancia para que continúen los procedimientos de acuerdo

con lo aquí resuelto.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el

Secretario del Tribunal Supremo.

La Jueza Presidenta

Oronoz Rodríguez disiente con Opinión escrita a la cual se

une el Juez Asociado señor Colón Pérez.

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Merchant Advance, LLC

Peticionaria

v.

CC-2025-0109

Conceptos Cuisine, LLC h/n/c

Pitipuá; Ángel D. Marrero

Marrero y Fulana de Tal y la

Sociedad

Legal

de

Gananciales compuesta por

ambos

Recurridos

La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez emitió una Opinión disidente a

la cual se une el Juez Asociado señor Colón Pérez

En San Juan, Puerto Rico a 6 de febrero de 2026.

De manera errónea, una mayoría de este Tribunal

decreta la validez de un contrato de compraventa sobre

ingresos

futuros

a

pesar

de

lo

estatuido

en

el

ordenamiento jurídico vigente. En particular, avala

una

cláusula

autorizar

un

de

selección

acuerdo

de

foros

contractual

que

que

permite

la

Ley

de

Transacciones Comerciales, Ley Núm. 208-1995, según

enmendada,

19

Núm. 208- 1995)

LPRA

prohíbe

sec.

de

401

manera

et

seq.

(Ley

expresa.

Por

entender que este tipo de contrato vulnera nuestro

orden público, respetuosamente disiento.

I.

El 20 de diciembre de 2019 Merchant Advance, LLC

CC-2025-0109

2

(Merchant)1 presentó una Demanda en cobro de dinero contra

Conceptos

Cuisine,

LLC

h/n/c

Pitipuá

(Conceptos)

y

el

Sr. Ángel D. Marrero Marrero como presidente de la entidad.

En síntesis, Merchant alegó que el 25 de julio de 2019 las

partes formalizaron un contrato intitulado “Agreement for the

Purchase and Sale of Future Receipts” (Contrato). Mediante el

Contrato, Merchant le compró a Conceptos la cantidad de

$34,750 en ingresos futuros por el precio de $25,000.2 Por su

parte, Conceptos debía transferirle a Merchant la cuantía

diaria de $289.58 de los ingresos que generara hasta cubrir

la cantidad acordada, a saber, $34,750.3

Merchant

argumentó

que

Conceptos

interfirió

con

su

derecho de recobro al cancelar y/o desautorizar la cuenta de

la

cual

Merchant

retiraba

la

cuantía

acordada.

A

tales

efectos, solicitó que se ordenara el pago de $20,560.58 en

concepto

de

ingresos

futuros

no

recibidos,

$5,000

como

penalidad por incumplimiento, $150 por la radicación del

gravamen

mobiliario

y

$8,687.50

en

costas,

gastos

y

honorarios de abogado.

Luego de varios trámites procesales, el

Tribunal de

Primera Instancia emitió y notificó un Orden mediante la

Mercahnt Advance, LLC(Merchant) es una entidad dedicada a proveer

capital líquido a pequeños y medianos comerciantes, adquiriendo a cambio

de un interés propietario sobre ingresos futuros hasta recibir la

totalidad de la cuantía acordada.

2 Para una ganancia de 39%.

3 La Opinión mayoritaria sostiene que, mediante el Contrato, Merchant

“compró a Conceptos la cantidad de $34,750 en ingresos futuros por el

precio de $25,000. Por su parte, Conceptos debía transferirle a Merchant

[...] la cuantía diaria de $289.58 de los ingresos que generan sus ventas

hasta cubrir el precio de venta”. Opinión mayoritaria, pág. 2. Según

redactado, se pudiera interpretar que la cantidad adeudada es $25,000, no

obstante, esto no es correcto.

1

CC-2025-0109

3

cual le anotó la rebeldía a Conceptos. Posteriormente, el

foro primario emitió una Sentencia mediante la cual declaró

no ha lugar la Demanda. Concluyó que el Contrato era nulo

pues estaba en contravención con el derecho vigente en Puerto

Rico. Explicó que, si bien es cierto que la Ley Núm. 208- 1995

autoriza los contratos de compraventa de bienes futuros, el

dinero no se consideraba un bien para efectos del estatuto.

A la luz de lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia

determinó que el Contrato en realidad era un préstamo con

pacto de intereses usureros. Por lo que, Merchant solo tenía

derecho a recuperar el 75% de la suma prestada, sin interés,

y que el 25% debía adjudicarse al Estado Libre Asociado de

Puerto Rico.

Inconforme

Merchant

acudió

con

la

determinación

al

Tribunal

de

del

foro

Apelaciones

y

primario,

alegó

que

estábamos ante un contrato de ingresos futuros y no un

contrato de préstamo, por lo cual no procedía limitar el

recobro por intereses usureros.

El foro apelativo emitió una Sentencia mediante la cual

confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

Expuso que no cabía duda de que el Contrato se regía por las

leyes del estado de Nueva York; sin embargo, sostuvo que la

Ley Núm. 208-1995 prohibía expresamente que el dinero fuese

un bien objeto de este tipo de transacción, por lo cual el

contrato era nulo. Ahora bien, el Tribunal de Apelaciones

decidió no atender el segundo error en cuanto a la impugnación

de

intereses

usureros

por

entender

que

el

Contrato

se

suscribió entre personas jurídicas, las cuales podían acordar

CC-2025-0109

4

cualquier tasa de interés que entendieran conveniente al

amparo del Artículo 12.09 de la Ley Núm. 164-2009, según

enmendada, Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3789.

Insatisfecho con la determinación del foro apelativo,

Merchant

compareció

ante

nos

mediante

un

recurso

de

certiorari (CC-2021-0409). En aquella ocasión, tras expedir

el recurso, este Tribunal quedo igualmente dividido en cuanto

al curso de acción, por lo que nos abstuvimos de emitir un

pronunciamiento

sobre

a

la

validez

de

los

contratos

de

compraventa sobre ingresos futuros en Puerto Rico. Así, el 23

de octubre de 2023 notificamos una Sentencia mediante la cual

revocamos la determinación del foro apelativo y devolvimos el

caso a ese mismo foro para que atendiera en los méritos el

segundo señalamiento de error, a saber, la procedencia de

intereses usureros en cuanto a personas jurídicas.

Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de

Apelaciones emitió otra Sentencia mediante la cual reiteró

sus

planteamientos

en

cuanto

a

la

nulidad

del

Contrato

conforme a la ley vigente en Puerto Rico. Asimismo, confirmó

que estábamos ante un contrato de préstamo. No obstante,

sostuvo que, por virtud de la Ley Núm. 164-2009, las partes

podían

convenir

cualquier

tasa

de

interés

que

estimaran

conveniente. A tales efectos, el foro apelativo intermedio

concluyó que el Contrato era uno de préstamo, pero que la

tasa de interés de 39% era lícita.

Aún inconforme con la

determinación, Merchant acudió

ante nos mediante el recurso de certiorari que nos ocupa.

CC-2025-0109

5

II.

A. La teoría general de contratos

El Artículo 1042 del Código Civil de 1930 (derogado)

dispone

que

contratos

y

“las

obligaciones

cuasicontratos,

y

nacen

de

de

los

la

ley,

actos

y

de

los

omisiones

ilícitas o en que intervenga cualquier género de culpa o

negligencia”. 31 LPRA ant. sec. 2992.4 En el caso de las

obligaciones que nacen de un contrato, estas tienen fuerza de

ley entre las partes contratantes. 31 LPRA ant. sec. 2994.

Ahora bien, aun cuando no esté en controversia la existencia

del vínculo contractual, pueden surgir instancias en las

cuales el contrato adolezca de nulidad relativa o nulidad

radical. Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 180, 187

(2016).

Por virtud de la libertad contractual, las partes pueden

“establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan

por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes,

a la moral, ni al orden público”. (Negrilla y subrayado

suplidos). 31 LPRA ant. sec. 3372. A modo que, si un contrato

se opusiere a las leyes o la moral, o lesionare un interés

del orden público, sería un contrato con causa ilícita que no

produce

efecto

alguno.

(Negrilla

y

subrayado

suplidos).

31 LPRA ant. sec. 3432; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686,

693 (2008).

En lo pertinente, hemos definido el orden público como

Se hace referencia al Código Civil del 1930 (derogado), por ser este

ser el aplicable a los hechos del presente caso.

4

CC-2025-0109

6

“el conjunto de valores eminentes que guían la existencia y

bienestar de una sociedad[;] [...] recoge y ampara un interés

social dominante por su trascendencia, por el número de

personas que afecta y por la valía de los derechos que tiende

a proteger”.(Citas omitidas).Luan Invest. v. Rexach Const.

Co., 152 DPR 652, 659 (2000). Por tanto, se hace necesario

reiterar que:

Independientemente del tipo de contrato de que se trate y de

la

importancia

que

[e]ste

merezca

para

las

partes

contratantes, es nulo y, por lo tanto, inexistente un contrato

que resulte contrario a las leyes, a la moral o al orden

público. En tales casos de nulidad, incluso una parte que se

haya beneficiado del contrato en cuestión puede impugnarlo

por ser contrario a la ley, a la moral o al orden público.

(Citas omitidas). De Jesús González v. AC, 148 DPR 255, 263264 (1999).

B. Las cláusulas de selección de foro

La Sección 1-105(1) de la Ley Núm. 208-1995, establece

que “[l]as partes podrán pactar el derecho que gobernará sus

derechos y obligaciones, ya sea el de Puerto Rico o el de

cualquier estado o nación”. 19 LPRA sec. 404. Lo anterior

está sujeto a ciertas disposiciones contenidas en la ley que

especifican el derecho aplicable y que se recogen en el inciso

(2) de la referida sección. Íd. Cónsono con lo anterior, y al

amparo del principio de la libertad contractual, las partes

pueden pactar cláusulas de selección de foro, esto para

“establecer cuál será el foro donde se atenderán las disputas

posibles que puedan surgir de la relación contractual entre

las partes”. Bobé et al. v. UBS Fin. Servs., 198 DPR 6, 15– 16,

(2017).

No obstante, estas cláusulas, al igual que el resto del

contrato,

quedan

sujetas

a

las

normas

generales

de

los

CC-2025-0109

7

contratos. A saber, no pueden contravenir la ley, la moral o

el orden público so pena de nulidad. 31 LPRA ant. sec. 3372.

Como norma general, las cláusulas de selección de foro son

válidas cuando la jurisdicción seleccionada tiene contactos

sustanciales con el contrato. Unisys v. Ramallo Brothers, 128

DPR

842,

855

consideran

(1991).

ineficaces

No

obstante,

cuando

chocan

dichas

con

clausulas

se

consideraciones

fundamentales de orden público del foro. (Citas omitidas).

Walborg Corp. v. Tribunal Superior, 104 DPR 184, 192 (1975).

C. El contrato de ingresos futuros

El contrato de compraventa de ingresos futuros (también

conocido

como

merchant

cash

advance)

es

una

transacción

estructurada como una compra a descuento de cuentas por cobrar

o ingresos por devengarse. J. Hilson & S. Sepinuck, A “Sale”

of Future Receivables: Disguising A Secured Loan as a Purchase

of Hope, 9 Trans. Law. 14, 15-16 (2019). A modo que, una parte

vende a descuento sus ingresos futuros a otra parte a cambio

de recibir una cantidad fija e inmediata. Se denomina una

compra a descuento porque la parte compradora le entrega a la

parte vendedora una cantidad de dinero menor que la que

recibe. A la misma vez, quien ‘vende’ se compromete a pagar

un porciento de los ingresos que reciba a diario al acreedor.

Aunque la forma en que se hace el pago puede variar, el hecho

de que este se realice a diario es uno de los elementos

distintivos de este tipo de transacción. Véase, a modo de

ejemplo, In re Hill, 589 B.R. 614, 619, 66 Bankr. Ct. Dec.

(CRR) 65 (Bankr. N.D. I11. 2018).

CC-2025-0109

8

El artículo de revista jurídica The Murky Process of

Characterizing Merchant Cash Advance Agreements, el cual la

Opinión mayoritaria cita con aprobación, dispone que el pago

bajo el esquema propuesto en el contrato de ingresos futuros

es

satisfecho

“from

whtever

moneys

the

merchant

has

available”. (Negrilla y subrayado suplidos). Véase K. Bruce,

The Murky Process of Characterizing Merchant Cash Advance

Agreements, 42 No. 4 Bankrupcy Law Letter NL 1.

D. La Ley de Transacciones Comerciales

La

Ley

Núm.

208-1995

se

creó

con

tres

propósitos

fundamentales: (1) simplificar, clarificar y modernizar el

derecho que rige las transacciones comerciales; (2) permitir

la continua expansión de prácticas comerciales por medio de

las costumbres, los usos y los acuerdos entre las partes, y

(3) uniformar el derecho entre las diversas jurisdicciones.

19 LPRA sec. 401(2). Por ello, expresa que “se interpretará

y

aplicará

liberalmente

para

promover

sus

propósitos

y

políticas fundamentales”. Íd., sec. 401(1). Dispone que, “[a]

menos que sean desplazados por disposiciones particulares de

[esta ley], los principios generales de derecho de esta

jurisdicción aplicarán de modo supletorio”. 19 LPRA sec. 402.

Asimismo, “estos principios generales de derecho incluyen de

forma muy especial las normas del Código de Comercio que

subsisten después de la aprobación de la Ley Núm. 208-1995,

y las normas del Derecho Civil”. M.R. Garay Aubán, Derecho

cambiario de Estados Unidos y Puerto Rico, Ponce, Ed. Rev.

Der. Pur., 1999, pág. 28.

CC-2025-0109

9

En cuanto a la estructura de la Ley Núm. 208-1995, en su

Capítulo 1, el estatuto contiene definiciones generales y

principios de interpretación que aplicarán a la totalidad del

texto. No obstante, lo allí dispuesto estará sujeto a las

definiciones

adicionales

contenidas

en

los

capítulos

subsiguientes de la ley. 19 LPRA sec. 451.

En lo pertinente, el inciso (24) de la Sección 1-201 de

la Ley Núm. 208-1995 dispone que dinero “significa un medio

de cambio autorizado o adoptado por un gobierno doméstico o

extranjero

e

incluye

una

unidad

de

cuenta

monetaria

establecida por una organización intergubernamental o por

acuerdo entre dos o más naciones”.

Íd. También, dispone que

el término compra incluye una adquisición mediante venta,

descuento, negociación, gravamen o garantía mobiliaria, entre

otros. (Negrilla suplida). Íd.

En lo concerniente al caso de autos, la Sec. 9-102(d)(11)

expresa que el contrato de venta “[i]ncluye tanto la venta

actual de bienes al igual que un contrato para vender los

bienes en el futuro”. 19 LPRA sec. 2212.

Ahora bien, la

propia Ley Núm. 208-1995 aclara qué constituye un bien para

estos efectos:

significa todas las cosas movible[s] cuando se constituye una

garantía mobiliaria. El término incluye (i) bienes inmuebles

por su destino, (ii) madera en pie que será cortada y removida

bajo una transferencia o contrato de venta, (iii) las crías

por nacer de animales, (iv) cosechas cultivadas, creciendo o

a sembrarse, aun si las cosechas se producen en árboles, en

una vid o en arbustos, y (v) casas prefabricadas. El término

incluye un programa de computadora integrado en los bienes y

cualquier información de apoyo provista en relación con una

transacción relacionada al programa si: (i) el programa está

asociado con los bienes de tal modo que por costumbre se

considera parte de los bienes, o (ii) haciéndose dueño de los

bienes, una persona adquiere un derecho a usar el programa

con relación a los bienes. El término no incluye un programa

de computadora integrado en bienes que son solamente el medio

CC-2025-0109

10

en el cual el programa está integrado. El término tampoco

incluye cuentas, papel financiero, reclamaciones en daños y

perjuicios comerciales, cuentas de depósito, documentos,

bienes incorporales, instrumentos, inversiones, derechos

sobre cartas de crédito, cartas de crédito, dinero, petróleo,

gas u otros minerales antes de su extracción. (Negrilla y

subrayado suplidos). 19 LPRA sec. 2212.

III.

La mayoría concluye que no se dan las condiciones para

invalidar

el

Contrato

pues

el

mismo

no

transgrede

consideraciones fundamentales de orden público. Arriba a esta

conclusión por entender que ni el Código Civil de Puerto Rico

ni la Ley Núm. 208-1995 prohíben este tipo de acuerdo. En

particular, plantea que en el caso de autos la cosa objeto

del negocio no es el dinero sino un pago intangible mediante

el cual se transfiere el derecho a obtener el cumplimiento de

una obligación monetaria posteriormente. A tales efectos,

dispone que el Contrato versa sobre “un derecho contractual

a recibir dinero en el futuro, lo que no es lo mismo que el

dinero en sí”.5 Lo anterior no me convence, máxime cuando,

según el Contrato, Merchant queda facultado para retirar el

dinero a la medida que ingrese al patrimonio de Conceptos.

Ahora

bien,

la

Opinión

mayoritaria

determina

acertadamente que la transacción contenida en el Contrato

sobre la compra de ingresos futuros debe evaluarse a la luz

de

la

Ley Núm. 208- 1995.

Es

Ley Núm. 208- 1995 admite la

contrato

de

venta

sobre

necesario

reconocer

posibilidad de

bienes

actuales

y

que

la

suscribir un

futuros.

No

obstante, para determinar qué constituye un bien susceptible

a este tipo de transacción, correspondía circunscribirnos a

5

Opinión mayoritaria, en la pág. 30.

CC-2025-0109

11

las definiciones que provee la Ley Núm. 208-1995. Así, este

estatuto excluye expresamente, entre otros, las cuentas, el

papel financiero, las cuentas de depósito y el dinero. 19

LPRA sec. 2212.

Según se desprende del Contrato, Conceptos se obligó a

vender, asignar y transferir a Merchant lo siguiente:

[T]he Specified Percentage of the proceeds of each future

sale made by Seller (collectively “Future Receipts”) until

Seller has received the Purchased Amount. “Future Receipts”

includes all payments made by cash, check, ACH or other

electronic transfer, credit card, debit card, bank card,

charge card (each such card shall be referred to herein as a

“Payment Card”) or other form of monetary payment in the

ordinary course of Seller’s business. (Bastardillas en el

original). (Negrilla suplida).6

De una lectura de la referida cláusula se desprende que las

partes constituyeron un gravamen sobre un bien prohibido, a

saber,

el

dinero

que

pudiera

entrar

a

las

cuentas

de

Conceptos. Esto implica que, contrario a la contención de

Merchant, la Ley Núm. 208-1995 no contempla el Contrato como

un negocio jurídico legítimo.

Al evaluar la transacción comprendida en el Contrato, es

inevitable concluir que esta se encuentra en conflicto no tan

solo con la Ley Núm. 208-1995, sino que también contraviene

el

amplio

andamiaje

regulatorio

que

rige

en

nuestra

jurisdicción (particularmente, el sector financiero) y la

normativa que rige la usura.7 Por virtud del contrato de

Apéndice del recurso, pág. 55.

Nuestro ordenamiento jurídico repudia el pacto de intereses usureros.

Por virtud del Artículo 1652 del Código Civil de 1930, 31 LPRA

ant. sec. 4594 se estableció lo siguiente:

6

7

Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se

convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés

mayor que el que se permite por este Capítulo, podrá hacerse

efectivo en un tribunal de Puerto Rico, sino por el importe

del capital adeudado; y el tribunal deberá, además, disponer

en la sentencia condenando al deudor al pago del capital que

el acreedor recobre solamente de su deudor el setenta y cinco

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compraventa

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de

ingresos

futuros,

una

parte

adquiere

un

interés sobre el dinero de la otra a la medida que esta última

los vaya generando. Asimismo, dada la amplitud del objeto del

contrato, queda meridianamente claro que el riesgo que asume

la parte acreedora es mínimo, lo que hace todavía menos

justificable la alta tasa de interés que tiende a respaldar

este tipo de contrato, en este caso una ganancia de 39%. Por

ende, validar un contrato de esta naturaleza crearía un

subterfugio para aquellos individuos que pretendan eludir las

normas de usura, las cuales se adoptaron precisamente con el

interés de proteger a la parte deudora necesitada del cobro

excesivo de intereses. Monclova v. Financial Credit Corp., 83

DPR 770, 784 (1961).

De otra parte, las cláusulas de selección de foro se han

reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, a modo que se

presumen

válidas

excepto

en

aquellas

instancias

en

que

choquen con el orden público. Walborg Corp. v. Tribunal

Superior, supra, pág. 192. En el caso de marras, el Contrato

contiene una cláusula de selección de foro que establece que

la ley que regirá el Contrato será aquella del estado de Nueva

York. A pesar de ser una práctica aceptada tanto por este

(75) por ciento de dicho capital y que el veinticinco (25)

por ciento restante sea adjudicado y recobrado por el Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento

de ejecución, del mismo modo que el demandante, y sin

preferencia sobre el montante adjudicado a [e]ste, para hacer

efectivo el veinticinco (25) por ciento así adjudicado. Los

derechos definidos en esta sección no son renunciables.

(Negrilla y subrayado suplidos).

Es sabido que estas normas responden “al deseo de proteger al

prestatario necesitado, que no tiene más alternativa ante su desamparo y

urgencia que aceptar las condiciones que le imponga el prestamista”.

Monclova v. Financial Credit Corp., 83 DPR 770, 784 (1961).

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Tribunal como por la Ley Núm. 208-1995, la implantación de

esta cláusula derrotaría la política pública pues validaría

un

acuerdo

contractual,

contraviene

la

permitido

legislación

local

en

y

Nueva

el

York,

orden

que

público

puertorriqueño.

Por todo lo anterior, es inevitable concluir que el

Contrato, según pactado, se encuentra en conflicto directo

con las leyes aplicables, y, por consiguiente, es nulo ab

initio. Sostener su validez constituye un craso menosprecio

a la normativa que reglamenta los acuerdos contractuales en

Puerto

Rico.

Resalto

que

la

libertad

contractual

no

es

absoluta y queda supeditada a que los contractos no infrinjan

la ley, la moral o el orden público.

Asimismo,

al

analizar

las

disposiciones

y

las

definiciones anteriores, junto con la sustancia del negocio

acordado entre Merchant y Conceptos, me veo imposibilitada de

avalar una cláusula de selección de foro que transgrede la

Ley Núm. 208- 1995, la política pública y el orden público.

Ello así, pues autorizar la cláusula de selección de foro y,

consecuentemente, adoptar el contrato de ingresos futuros en

nuestro ordenamiento jurídico contraviene las disposiciones

que excluyen el dinero y las cuentas como bienes sujetos a

compra futura.

Por los fundamentos expuestos, los foros inferiores

tenían el deber ineludible de decretar la nulidad del Contrato

y

ordenar

la

devolución

de

las

contraprestaciones

según

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dispone el Código Civil de 1930. En vista de que la mayoría

resuelve de forma distinta, respetuosamente disiento.

Maite D. Oronoz Rodríguez

Jueza Presidenta