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Tribunal Supremo de Puerto Rico

In re: Eddie A. Pérez Pérez

2026 TSPR 3

Poder Judicial de Puerto Rico

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In re: Eddie A. Pérez Pérez

CP-2020-0004

15 de enero de 2026 · Per Curiam · Conducta Profesional – Suspensión del ejercicio de la abogacía por un término de 6 meses y de la notaría de manera indefinida por infringir los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, así como el Art. 2 de la Ley Notarial.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

2026 TSPR 3

217 DPR ___

Eddie A. Pérez Pérez

(TS-16,917)

Número del Caso:

Fecha:

CP-2020-0004

15 de enero de 2026

Oficina del Procurador General:

Hon. Omar Andino Figueroa

Procurador General

Lcda. Lorna Cortés Rivera

Subprocuradora General

Lcda. Mabel Sotomayor Hernández

Subprocuradora General

Lcda. Noemí Rivera De León

Procuradora General Auxiliar

Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez

Procuradora General Auxiliar

Representante legal del querellado:

Lcdo. Carlos S. Dávila Vélez

Comisionada Especial:

Hon. Ygrí Rivera Sánchez

Materia:

Conducta Profesional – Suspensión del ejercicio de la

abogacía por un término de 6 meses y de la notaría de manera indefinida

por infringir los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional,

así como el Art. 2 de la Ley Notarial.

Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso

de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal

Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público

a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

CP-2020-0004

Eddie A. Pérez Pérez

(TS-16,917)

Conducta

profesional

PER CURIAM

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2026.

Nuevamente nos vemos obligados a ejercer nuestra facultad

disciplinaria. En esta ocasión, suspendemos del ejercicio de

la abogacía por un término de seis meses y, de la notaría, de

manera

indefinida,

proceder,

infringió

a

un

miembro

de

la

clase

los

Cánones

35

sobre

togada.

Su

sinceridad

y

honradez, y 38 sobre preservar el honor y la dignidad de la

profesión, del Código de Ética Profesional, infra, así como

varias de las disposiciones del Reglamento Notarial y de la

Ley Notarial de Puerto Rico, infra. Ello ocurrió al dar

testimonio ilegítimo sobre la autenticidad de una firma y dar

fe pública de hechos falsos. Veamos.

I

El Lcdo. Eddie A. Pérez Pérez (licenciado Pérez Pérez o

promovido) fue admitido al ejercicio de la abogacía en Puerto

Rico el 30 de junio de 2008, y a la notaría el 19 de febrero

del año siguiente. Sin embargo, fue a partir de la Resolución

y Orden de la Comisión de Servicio Público (CSP) del 6 de

CP-2020-0004

2

abril de 2018, en el caso administrativo núm. OMC-2014-128,

Comisión de Servicio Público v. Ángel F. Sánchez Acabá, que

el presente caso disciplinario tuvo su génesis. En esta, la

CSP determinó que el 10 de junio de 2013, el Sr. Ángel F.

Sánchez Acabá (señor Sánchez Acabá) radicó una Solicitud de

Autorización de Traspaso (Solicitud) con información falsa.

Concretamente, el señor Sánchez Acabá figuraba en la Solicitud

como cesionario y la Sra. Rosa M. Raíces Vélez Q.E.P.D. (señora

Raíces Vélez) como cedente, posterior a su deceso el 10 de

octubre de 2012.

En lo concerniente a la presente acción disciplinaria,

la

CSP

incluyó

en

sus

determinaciones

de

hechos

que

la

Solicitud fue juramentada ante el licenciado Pérez Pérez el

17 de mayo de 2013. El juramento de la Solicitud lee como

sigue:

Certificación

Certifico que la información suministrada en esta

solicitud es cierta y autorizo, de ser necesario,

la misma sea corroborada. Entiendo que suministrar

información falsa conlleva la imputación de cargos

en mi contra según las disposiciones aplicables del

Código Penal de Puerto Rico.

Rosa M. Raíces Vélez

Firma del Cedente

717210 lic.

Núm. de Identificación

Ángel Sánchez Acabá

Firma del Cesionario

243046

Núm. de Identificación

_________(en blanco)__________

Día/Mes/Año

JURAMENTO

Affidavit Núm..: 710

Jurada y suscrita ante mí por Rosa Raíces Vélez,

mayor de edad, estado civil soltera de profesión

operadora vecino de San Juan quien doy fe de haber

identificado mediante Lic. conducir y por Angel

Sanchez Acaba, mayor de edad, estado civil casado

de profesión operador vecino de San Juan de quien

CP-2020-0004

3

doy fe de haber identificado mediante Lic. Conducir

en Guaynabo, Puerto Rico hoy 17 de mayo de 2013.1

[Sello notarial con el nombre “Eddie Antonio Pérez

Pérez”]

[firma que lee “Eddie A. Pérez Pérez”]

Notario Público o Funcionario de la CSP

Consecuentemente, la CSP refirió la conducta desplegada

por el promovido a esta Curia. El 26 de abril de 2018, este

Tribunal acogió el referido como la Queja AB-2018-0093.

El 15 de mayo de 2018, el licenciado Pérez Pérez contestó

la Queja negando los hechos. A saber, certificó que: (1) no

conocía al señor Sánchez Acabá o a la señora Raíces Vélez;

(2) el último número en su Registro de Testimonios era el 636,

mas no existía el número 710; (3) ante él no se juramentó la

Solicitud de Autorización de Traspaso con fecha del 17 de mayo

de 2013; (4) ante él nunca se había juramentado una Solicitud

de Autorización de Traspaso de la CSP; (5) el sello notarial

que aparecía en la Solicitud era similar al suyo; (6) no

reconocía la letra en manuscrito en el juramento de la referida

Solicitud; y (7) la firma del notario en el documento no era

la

suya.

Por

último,

levantó

la

defensa

de

prescripción

estatuida por el Art. 1807 (5) del Código Civil de 1930, 31

LPRA sec. 5297(5) (derogado), por haber transcurrido tres años

desde

que

la

promovente,

la

CSP,

conoció

de

la

alegada

violación a los Cánones de Ética Profesional.2

Las secciones enfatizadas fueron cumplimentadas de manera manuscrita.

El inciso 5 del Art. 1867 del derogado Código Civil de 1930, 31 LPRA

ant. sec. 5297, dispone que, por el transcurso de tres (3) años, prescriben

las acciones para exigir el cumplimiento de las acciones disciplinarias

1

2

CP-2020-0004

4

El 14 de junio de 2018, remitimos la Queja a la Oficina

de Inspección de Notarías (ODIN) y a la Oficina del Procurador

General para la investigación y rendición de los respectivos

informes.

En cumplimiento con lo anterior, el 19 de julio de 2018,

la ODIN presentó su Informe donde confirmó que el último

asiento del Libro de Registro de Testimonios del licenciado

Pérez Pérez era el núm. 636, correspondiente al año 2013. A

su vez, indicó que el testimonio número 710 no constaba

inscrito en el Registro de Testimonios, como tampoco fue

informado en el Índice Mensual de Actividad Notarial de mayo

de 2013. A pesar de sus hallazgos, la ODIN manifestó que las

controversias suscitadas en torno a la firma y el sello

notarial impregnado en la Solicitud se encontraban fuera del

alcance

de

sus

facultades

investigativas.

Finalmente,

al

entender que se podía estar ante una violación a la fe pública

notarial, los Arts. 2, 56 y 57 de la Ley Notarial, 4 LPRA

secs. 2002, 2091 y 2092, las Reglas 67, 72, y 73 del Reglamento

Notarial y, por consiguiente, a los Cánones 18, 35 y 38 del

contra los abogados y notarios por infracción a los Cánones de Ética

Profesional.

No obstante, en In re Pellot Córdoba, 204 DPR 814 (2020), resolvimos

que dicha actuación legislativa afectaba sustancialmente nuestras

facultades constitucionales de regular la profesión legal e imponer

sanciones disciplinarias a sus integrantes, pues tenía el efecto de

imponernos, unilateralmente, un término para ejercer nuestro poder

inherente. En ese sentido, concluimos que le correspondía a este Tribunal,

mediante un análisis sosegado de cada caso, determinar si una queja debía

ser archivada por frivolidad, por incuria o por la inhabilidad de obtener

prueba que sustentase las alegaciones del quejoso.

Dicho esto, del expediente ante nos no surge argumento alguno, más

allá del mero pasar del tiempo, que mueva nuestro ánimo a considerar el

argumento de prescripción. Por consiguiente, en el presente caso

declinamos le defensa de prescripción como fundamento para que el proceso

disciplinario contra el licenciado Pérez Pérez sea desestimado.

CP-2020-0004

5

Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, le remitió copia

del expediente al Procurador General.3

El 11 de diciembre de 2018, le ordenamos al licenciado

Pérez Pérez a comparecer al Negociado de Ciencias Forenses

(NCF) para someterse a una prueba caligráfica ante el Perito

de Documentos Dudosos, según solicitado por el Procurador

General. Posteriormente, el promovido informó que, el 13 de

febrero

de

2019,

le

fue

administrada

la

referida

prueba

caligráfica.

El Informe del Procurador General, sometido el 25 de

junio de 2019, estableció que el Examinador de Documentos

Dudosos del NCF (perito), comparó la firma contenida en el

juramento de la Solicitud con las firmas del licenciado Pérez

Pérez que figuraban en los Índices Notariales originales

presentados por él desde febrero hasta septiembre de 2013, y

con las muestras de escritura que se le tomaron en su oficina.

Tras culminar su análisis, el perito consignó lo siguiente:

1. Que el sello que aparecía en la Solicitud no

poseía las mismas características del sello que

aparecía en los Índices Notariales presentados

por el Sr. Pérez Pérez en el 2013 ante la ODIN.

2. Que la firma que aparecía en la Solicitud era

altamente probable que fuera realizada por el Sr.

Pérez Pérez.

3. Que el Sr. Pérez Pérez era el autor de la

escritura que aparecía en la página 4 de 6 de la

Solicitud. O sea, que llenó los espacios en blanco

en la sección del Juramento.

En consideración a estos hallazgos, el Procurador General

señaló que inquirió al perito sobre su conclusión de que

Hacemos referencia al Código de Ética Profesional por ser el cuerpo

normativo vigente al momento de los hechos.

3

CP-2020-0004

6

existía una alta probabilidad de que la firma que aparecía en

la Solicitud fuese la del promovido. El perito indicó que los

exámenes realizados no le permitieron concluir categóricamente

que la firma fuese de la autoría del licenciado Pérez Pérez.

En cambio, el Procurador General resaltó que el perito sí pudo

concluir que el licenciado Pérez Pérez era el autor del

manuscrito que obraba en el resto del juramento.4 A su vez, el

Procurador General constató que el Registro de Testimonios del

licenciado Pérez Pérez constaba de un libro con asientos

numerados del 1-636, y que este fue inspeccionado y aprobado

el 18 de septiembre de 2014.

El

Procurador

General

también

destacó

que

la

señora

Raíces Vélez feneció casada con el señor Sánchez Acabá el 10

de octubre de 2012, mientras que en la Solicitud del 17 de

mayo 2013 se certificó que esta era mayor de edad, soltera,

operadora, vecina de San Juan y que fue “identificada” mediante

licencia de conducir. Por consiguiente, identificó una posible

violación

a

los

Cánones

35

y

38

del

Código

de

Ética

Profesional, supra, y sometió el caso ante esta Curia.

El 29 de julio de 2019, el licenciado Pérez Pérez nos

solicitó el archivo de la Queja por entender que no se cumplió

con el estándar de prueba clara, robusta y convincente, pues

no se pudo concluir que la firma fuese de su autoría.

Evaluadas ambas posturas, le ordenamos al Procurador

General que presentara la querella en contra del licenciado

4

Véase la nota al calce núm. 1.

CP-2020-0004

7

Pérez Pérez, a quien le concedimos un término para mostrar

causa por la cual no debía ser suspendido temporeramente del

ejercicio de la notaría mientras discurría el procedimiento

disciplinario.

En atención a ello, el 20 de noviembre de 2020, el

licenciado Pérez Pérez presentó una moción en la cual reiteró

los argumentos de prescripción y falta de prueba de

que

legitimó, a sabiendas, una firma falsificada. Al no resultar

persuadidos,

el

26

de

noviembre

de

2019,

ordenamos

su

suspensión del ejercicio de la notaría hasta tanto culminara

el proceso disciplinario.

El 6 de febrero de 2020, el Procurador General presentó

la Querella CP-2020-0004, donde se le imputaron tres cargos

al licenciado Pérez Pérez. El primer y segundo cargo por

infringir los preceptos de la fe pública notarial contenidos

en el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, y el

Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al

dar fe, falsamente, de que la señora Raíces Vélez firmó en su

presencia el Testimonio Núm. 710 del 17 de mayo de 2013. El

tercer cargo se formuló por violar el Canon 38 del Código de

Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, al no exaltar el honor y la

dignidad de la profesión, y al no evitar hasta la apariencia

de conducta impropia al otorgar el Testimonio Núm. 710 del 17

de mayo de 2013, en contravención de la Ley y el Reglamento

Notarial, por consignar hechos falsos en el mismo.

El 11 de marzo de 2020, el licenciado Pérez Pérez presentó

su

Contestación

a

la

Querella.

Una

vez

más,

levantó

el

CP-2020-0004

8

argumento de la prescripción de la acción disciplinaria y negó

los hechos. Añadió que, aunque el manuscrito fuese suyo, sin

la firma no se configuraba una violación a los Cánones de

Ética Profesional y a la Ley Notarial. Adujo, además, que la

conclusión pericial de que la firma era suya era una inferencia

que carecía de certeza matemática. Por último, alegó que su

firma y sello notarial pudieron ser falsificados por un tercero

que tuvo acceso al Registro de Testimonio que le fue hurtado

en noviembre de 2012.

Tras varios trámites procesales, el 27 de septiembre de

2023, designamos a la Hon. Ygrí Rivera Sánchez, Ex Jueza del

Tribunal de Apelaciones, como Comisionada Especial. El 26 de

agosto de 2024, se celebró una vista en la cual se estipuló

el Informe sobre el Estado de Inspección de Obra Notarial

incautada. Con relación al contenido de este, en la vista, el

promovido aceptó que no hubo una notificación formal por su

parte de que su Registro de Testimonios le fue hurtado.

El 4 de noviembre de 2024, ambas partes presentaron el

Segundo

Informe

de

Conferencia

con

Antelación

a

Juicio

Enmendado, el cual fue discutido en la vista en su fondo

celebrada el 14 de noviembre de 2024. En el Informe aludido

estipularon, entre otros hechos, los siguientes:

16. En este procedimiento disciplinario, el

querellado reconoce que la escritura en manuscrito

en la Solicitud de Autorización de Traspaso es suya,

con excepción del número de affidávit.

17. El querellado reconoce que la impresión del

sello que obra en la Solicitud de Traspaso es su

sello notarial. (Énfasis suplido).

CP-2020-0004

9

Además, en dicha vista el Procurador General presentó el

testimonio del perito que le administró la prueba caligráfica

del promovido y analizó los resultados. La vista en su fondo

continuó el 22 de enero de 2025. El licenciado Pérez Pérez no

formuló planteamiento alguno.

El 21 de febrero de 2025, el Procurador General presentó

un Memorando sobre la Prueba de la Oficina del Procurador

General de Puerto Rico. Concluyó que la prueba presentada ante

la consideración de la Comisionada Especial demostró de forma

clara, robusta y convincente que el promovido había incurrido

en la conducta imputada. A saber, sostuvo que, a pesar de que

en el proceso disciplinario el licenciado Pérez Pérez lo negó

inicialmente,

en

el

Segundo

Informe

de

Conferencia

con

Antelación a Juicio Enmendado, admitió que tuvo el documento

en sus manos, que llenó los blancos, y que el sello notarial

era el suyo, por lo que podía deducirse que él mismo lo

estampó, aunque continuaba insistiendo en que no firmó la

Solicitud. A juicio del Procurador General, esta admisión

corroboraba los hallazgos del perito de que fue el promovido

quien plasmó el manuscrito en el documento.

En torno a la firma, destacó que la prueba pericial

estableció que existía una alta probabilidad ——nivel más

cercano

en

la

escala

a

una

identificación

positiva

del

firmante—— de que el licenciado Pérez Pérez fuese su autor.

Dicha conclusión, la cual no fue rebatida, se sustentó en las

similitudes en rasgos, hábitos, trazos, ángulos, proporciones,

formación de letra, fluidez y continuidad. Por lo cual, el

CP-2020-0004

Procurador

10

General

esgrimió

que,

en

esa

etapa,

la

única

controversia que permanecía ante la Comisionada Especial era

si el promovido firmó la Solicitud.

Por último, esgrimió que, de concluirse que hubo una

infracción al Art. 2 de la Ley Notarial, supra, y a los Cánones

35 y 38 el Código de Ética Profesional, supra, tomáramos en

consideración lo siguiente: (1) el licenciado Pérez Pérez fue

admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de junio de 2008 y

a la notaría el 19 de febrero de 2009; (2) fue previamente

suspendido por este Tribunal; y (3) no aceptó haber autorizado

el testimonio ni demostró arrepentimiento.

Culminado el desfile de prueba, el 21 de febrero de 2025,

el promovido compareció para solicitar que se retirara la

estipulación

de

hecho

núm.

17

del

Segundo

Informe

donde

reconocía que la impresión del sello que obraba en la Solicitud

era el suyo. Además, insistió en que la conclusión pericial

de que el sello notarial que obraba en la Solicitud no tenía

las mismas características que el suyo abonaba a que él no lo

estampó y no dio fe, falsamente. Agregó que, de concluir que

la firma era suya, se debía tomar en consideración que no se

presentó evidencia alguna sobre intención o deliberación de

mentir.

El 28 de agosto de 2025, la Comisionada presentó su

Informe ante esta Curia. En lo concerniente al Cargo I y II,

concluyó que el licenciado Pérez Pérez infringió los preceptos

de la fe pública notarial contenidos en el Art. 2 de la Ley

Notarial de Puerto Rico, supra, y el Canon 35 del Código de

CP-2020-0004

11

Ética Profesional, supra, al dar fe, falsamente, de que la

señora Raíces Vélez firmó en su presencia el Testimonio Núm.

710 del 17 de mayo de 2013. De igual forma, manifestó que los

hechos

transgredían

el

Canon

35,

particularmente,

al

contravenir la Ley y el Reglamento Notarial, y al consignar

hechos falsos en el documento.

Como

parte

de

su

razonamiento,

resaltó

que

quedó

demostrado que la señora Raíces Vélez falleció el 10 de octubre

de

2012,

mientras

que

la

declaración

jurada

contenía

información falsa, pues se hizo constar su comparecencia en

actos

posteriores

a

su

muerte.

Aunque

el

promovido

negó

durante años haber llenado los blancos del juramento con su

puño y letra, y haber estampado el sello notarial, finalmente

admitió

y

estipuló

lo

contrario.

Sin

embargo,

intentó

retractarse de dicha admisión, una vez concluido el desfile

de prueba.

De otra parte, a la Comisionada le mereció credibilidad

la conclusión del perito de que existía una alta probabilidad

de que el promovido fuera el autor de la firma, y que fue

realizada con el mismo bolígrafo que el manuscrito. Destacó,

además, que, conforme al testimonio pericial, la categoría de

alta probabilidad constituía el renglón más cercano a una

identificación del autor. La Comisionada también valoró que

el perito declarara de manera pormenorizada el procedimiento

seguido para analizar las muestras de escrituras, sin que el

promovido

ofreciera

prueba

alguna

que

refutara

dichas

CP-2020-0004

12

conclusiones.

Todo

ello

la

condujo

a

determinar

que

el

licenciado Pérez Pérez firmó el juramento.

Evaluada toda la prueba, la Comisionada concluyó que el

Procurador General probó los tres cargos imputados con el

estándar de prueba clara, robusta y convincente, determinando

que el licenciado Pérez Pérez infringió la normativa ética y

notarial

antes

mencionada.

Se

recordó,

además,

que

el

promovido ya había sido suspendido de la abogacía y la notaría

de

forma

inmediata

e

indefinida

en

el

2013,

y

que

posteriormente fue readmitido al ejercicio de ambas. Asimismo,

resaltó que, como parte del presente proceso disciplinario,

el promovido volvió a ser suspendido del ejercicio de la

notaría en 2019 hasta que este culminara.

El

caso

quedó

sometido

para

su

adjudicación

en

los

méritos por este Tribunal el 19 de septiembre de 2025.

II

A

Hemos

reconocido

profesionales

del

en

Derecho

repetidas

que

ocasiones

ejerzan

la

que

notaría

los

están

obligados al cumplimiento estricto de la Ley Notarial de

Puerto Rico, del Reglamento Notarial de Puerto Rico y los

Cánones del Código de Ética Profesional. In re Pagán Díaz,

198 DPR 398 (2017). No obstante, de encontrar que un miembro

de la profesión infringió alguna de las disposiciones de

dichos cuerpos normativos, ostentamos el poder inherente para

ejercer una acción disciplinaria en contra de este. In re

CP-2020-0004

13

Fontánez Fontánez, 181 DPR 407 (2011); In re Amundaray Rivera,

163 DPR 251 (2004); In re Madera Acosta, 144 DPR 743 (1998).

La fe pública notarial, espina dorsal del notariado,

constituye una delegación del Estado y su quebrantamiento

afecta directamente la confianza del ordenamiento jurídico.

In re Vázquez Margenat, 204 DPR 968 (2020). Esa delegación

ocurre por virtud del Art. 2 de la Ley Notarial de 1987, Ley

Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 LPRA sec.

2002, el cual dispone lo que sigue:

El notario es el profesional del Derecho que

ejerce una función pública, autorizado para dar fe

y autenticidad conforme a las leyes de los negocios

jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales

que ante él se realicen, sin perjuicio de lo

dispuesto en las leyes especiales. Es su función

recibir e interpretar la voluntad de las partes,

dándole forma legal, redactar las escrituras y

documentos notariales a tal fin y conferirle[s]

autoridad a los mismos. La fe pública al notario es

plena respecto a los hechos que, en el ejercicio de

su función personalmente ejecute o compruebe y

también respecto a la forma, lugar, día y hora del

otorgamiento. (Corchetes en el original). In re

Rivera Aponte, 169 DPR 738 (2006).

Conforme surge, la fe pública notarial va acompañada de

un ejercicio pleno del notario o notaria respecto a lo que ha

presenciado. In re González Pérez, 208 DPR 632 (2022); In re

Peña Osorio, 202 DPR 779 (2019). Ello repercute sobre la

presunción de que el documento notarial, endosado por la fe

de un notario o una notaria, cumple con las exigencias de ley.

In re Arocho Cruz et al., 198 DPR 360 (2018) citando a In re

Rivera Aporte, supra. Esa presunción también brinda confianza

en los hechos jurídicos y circunstancias que allí constan como

percibidos y comprobados con sus sentidos, o ejecutados por

CP-2020-0004

14

dicho funcionario o funcionaria. Íd. Es, precisamente, “esta

presunción de legalidad, veracidad y legitimidad lo que le

brinda certeza, garantía y eficacia al documento notarial”.

In re Vázquez Pardo, 185 DPR 1031, 1042 (2012).

Por lo tanto, certificar un hecho falso transgrede la fe

pública

notarial

y

mina

la

confianza

del

sistema

de

autenticidad documental. In re Colón Alvarado, 213 DPR 452

(2024). Incluso, hemos resuelto que la fe pública notarial es

de tal envergadura, que resulta inmaterial la intención del

notario a faltar a la verdad para que incurra en su violación.

In re Sánchez Pérez, 210 DPR 235 (2022). En suma, cualquier

desviación

de

los

deberes

notariales

es

susceptible

de

sanción, pero la consignación de hechos falsos constituye una

de las violaciones más graves al ejercicio del notariado. In

re Rádinson Caraballo, 2025 TSPR 71, 216 DPR__ (2025).

Ahora bien, los Arts. 56 al 60 de la Ley Notarial, 4 LPRA

secs. 2091-2095, y las Reglas 64 a la 73 del Reglamento

Notarial, supra, contienen los preceptos jurídicos aplicables

a los testimonios o declaraciones de autenticidad. Mediante

un testimonio o declaración de legitimación de firma, el

notario acredita que, en determinada fecha, la persona que

evidentemente es quien dice ser firmó un documento en su

presencia. Art. 56 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec. 2091; Regla

67 del Reglamento Notarial de Puerto Rico, 4 LPRA Ap. XXIV.

Así pues, queda diáfano que quebranta la fe pública notarial

el notario o la notaria que da fe de la comparecencia de una

persona otorgante sin que esta, en efecto, haya comparecido.

CP-2020-0004

15

In re González Pérez, supra. Incluso, en In re Llanis Menéndez

I, 175 DPR 22 (2008), enfatizamos que los notarios deben

abstenerse de otorgar fe notarial a una declaración jurada en

ausencia de la comparecencia personal del declarante.

A tono con lo anterior, autorizar una declaración jurada

sin

la

comparecencia

personal

del

firmante

equivale

a

certificar un hecho falso, lo cual quebranta la fe pública

notarial y erosiona la confianza del sistema de autenticidad

documental. In re Rafols Van Derdys, 211 DPR 34 (2022). Este

tipo de falta quebranta los deberes de ejercer la profesión

con sinceridad y honradez, y de forma digna, consignados en

los Cánones 18, 35 y 38 del Código de Ética Profesional. In

re Colón Alvarado, supra.

Cónsono, al autenticar firmas, el Reglamento Notarial

exige que el notario haga constar, tanto en el testimonio como

en el Registro de Testimonios, el medio de identificación del

firmante ya sea por conocimiento personal o mediante los

métodos supletorios que provee el Art. 17 de la Ley Notarial,

4 LPRA sec. 2035. Art. 57 de la Ley Notarial, 4 LPRA sec.

2092; Regla 67 del Reglamento Notarial, supra. Véase, además,

In re Odell Peck, 176 DPR 237 (2009). Este es el medio para

garantizar la identidad del firmante y que el acto se realizó

ante la presencia del notario. In re Villalona Viera, 206 DPR

360 (2021).

B

Hace más de dos décadas avalamos la postura de que, en

el ejercicio de disciplinar a la abogacía, se justifica una

CP-2020-0004

16

carga probatoria mayor que la preponderancia. In re Caratini

Alvarado, 153 DPR 575 (2001). Por lo cual, al sopesar si se ha

infringido alguno de los deberes éticos o notariales, debemos

emplear el criterio de “prueba clara, robusta y convincente”.

Íd. Después de todo, está envuelto el derecho fundamental a

ganarse el sustento. In re Sanfeliú Vera, 2025 TSPR 53, 215

DPR

__

(2025).

El

estándar

de

prueba

clara,

robusta

y

convincente se define como aquel que “produce en el juzgador

una convicción de que las alegaciones fácticas son altamente

probables”. In re Soto Charraire, 186 DPR 1019 (2012); In re

Rodríguez Mercado, 165 DPR 630, 1028 (2005).

C

Según adelantamos, el notario que falte a la verdad al

otorgar

un

instrumento

público,

medie

o

no

intención,

menoscaba la fe pública notarial, debilita la integridad de

la profesión legal, y viola su deber de sinceridad y honradez

consignado en el Canon 35 del Código de Ética Profesional. In

re Martínez Almodóvar, 180 DPR 805 (2011). En lo pertinente,

el Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX,

expone lo siguiente:

La conducta de cualquier miembro de la

profesión legal ante los tribunales, para con sus

representados y en las relaciones con sus compañeros

debe ser sincera y honrada.

No es sincero ni honrado el utilizar medios

que sean inconsistentes con la verdad ni se debe

inducir al juzgador a error utilizando artificios o

una falsa relación de los hechos o del derecho.

De

otra

parte,

el

Canon

38

del

Código

de

Ética

Profesional, 4 LPRA Ap. IX, precisa el deber de todo abogado

CP-2020-0004

17

de exaltar el honor y la dignidad al ejercer la profesión. In

re Soto Peña, 213 DPR 663 (2024). En In re Rádinson Caraballo,

supra, págs. 30-31, expresamos que “[e]sto significa que todo

profesional

del

Derecho

debe

desempeñarse

de

manera

escrupulosa y guiado por un alto sentido de responsabilidad,

teniendo siempre presente la función social que ejerce y la

institución que representa”.

D

Conforme

a

la

Regla

14

del

Reglamento

del

Tribunal

Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-B, incumbe al Comisionado Especial

designado conducir la vista o vistas que sean necesarias para

recibir

la

Comisionado

prueba.

Culminado

el

desfile

Especial

deberá

rendir

un

de

prueba,

informe

con

el

sus

determinaciones de hechos fundamentadas exclusivamente en la

prueba presentada y admitida. Regla 14 (k) del Reglamento del

Tribunal Supremo, Íd. Al desempeñar un rol análogo al del

juzgador de instancia, dicho funcionario es quien mejor puede

apreciar la prueba testifical y adjudicar credibilidad. In re

Fontánez Fontánez, supra. En consecuencia, sus determinaciones

fácticas merecen nuestro mayor grado de deferencia. Íd.

III

En esta ocasión, tenemos ante nuestra consideración un

proceso disciplinario instado contra el Lcdo. Eddie A. Pérez

Pérez por dar fe pública notarial de hechos falsos en un

testimonio

de

legitimación

de

firma.

Conforme

surge

del

recuento procesal, el 17 de mayo de 2013, el señor Ángel F.

Sánchez Acabá presentó ante la Comisión de Servicios Públicos

CP-2020-0004

una

Solicitud

18

de

Autorización

de

Traspaso.

En

esta,

se

consignó la comparecencia y firma de la Sra. Rosa Raíces Vélez

en

capacidad

de

cedente,

en

una

fecha

posterior

a

su

fallecimiento. Por consiguiente, la CSP refirió la conducta

del promovido a esta Curia, pues surgía que la Solicitud fue

juramentada ante el promovido.

Adelantamos que, examinado con detenimiento el expediente

ante nuestra consideración, constatamos la determinación de

la Comisionada de que quedó demostrado que el licenciado Pérez

Pérez

empeñó

la

fe

pública

notarial,

axioma

de

nuestro

ordenamiento jurídico, al legitimar la firma de una persona

que

había

fallecido

ocho

meses

antes

del

acto

jurídico.

Concretamente, infringió el Art. 2 de la Ley Notarial, supra,

y los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, supra,

al dar fe falsamente de que la señora Raíces Vélez firmó en

su presencia el Testimonio Núm. 710 de 17 de mayo de 2013.

Veamos.

Iniciamos por reiterar que este Tribunal tiene autoridad

disciplinaria, la cual comprende toda actuación que comprometa

la corrección y veracidad de los actos notariales. A tenor,

el Art. 2 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra, suple la

norma sobre la cual se cimenta la práctica notarial, y que

posiciona

al

notario

como

el

depositario

de

una

función

pública que exige probidad absoluta al dar fe respecto a los

hechos que este personalmente compruebe o ejecute. Ello, a su

vez,

reviste

al

documento

notarial

de

una

presunción

CP-2020-0004

19

controvertible de veracidad, certeza y legitimidad. In re

Vázquez Margenat, supra.

Habida

cuenta

autenticidad

que

documental

la

integridad

descansa

del

sistema

precisamente

en

de

dicha

presunción, hemos reiterado que transgredir la fe pública

notarial tiene efectos corrosivos sobre la confianza pública.

In re Vázquez Margenat, supra. Delimitado el marco normativo,

y conscientes de que está en juego el derecho constitucional

del promovido a ganarse el sustento como abogado y notario,

pasamos a analizar los hechos con estricta rigurosidad.

La evidencia estipulada por las partes acredita que la

Sra. Raíces Vélez falleció el 10 de octubre de 2012. Es decir,

ocho meses antes de su comparecencia como cedente en la

Solicitud.

De

aquí

que

el

documento

aludido

contiene

información objetivamente falsa y que no pudo haber sido

verificada personalmente por el notario. Concretamente, no

hay

circunstancia

jurídica

que

permita

la

dación

de

fe

respecto a una persona que ya falleció.

Tras la imputación de estos hechos, el expediente revela

un patrón sostenido de negaciones y contradicciones por parte

del

promovido.

A

saber,

en

al

menos

cinco

ocasiones

el

licenciado Pérez Pérez negó haber redactado el manuscrito

consignado en la Solicitud, negó que fuese su sello notarial

y negó reconocer la firma. Sin embargo, luego admitió que el

manuscrito era suyo y estipuló que el sello también lo era.

Abrimos un paréntesis para puntualizar que, concluida la

vista en su fondo y el desfile de prueba del 22 de enero de

CP-2020-0004

20

2025, el promovido intentó retirar la referida estipulación

mediante una Moción en Cumplimiento de Orden. En torno a ello,

la Comisionada sostuvo en su Informe que “[e]l escrito de las

partes [haciendo referencia a los Memoriales de Derecho que

le solicitó a las partes mediante la Orden del 22 de enero de

2025] era simultáneo y no tenía el propósito de formular nuevos

planteamientos que el querellado pudo haber hecho durante el

procedimiento”. Por consiguiente, juzgamos que la retracción

tardía

del

licenciado

Pérez

Pérez

no

le

restó

fuerza

probatoria ni efecto jurídico.

A

pesar

de

las

inconsistencias

proyectadas

por

el

promovido, el análisis pericial de la prueba caligráfica abona

a la conclusión de que el licenciado Pérez Pérez fungió como

notario en la Solicitud. Esto es, el perito determinó que

existía una alta probabilidad de que la firma plasmada en el

documento fuera del promovido y que, tanto la firma como el

manuscrito

fueron

trazados

con

el

mismo

instrumento

de

escritura. No debe pasar desapercibido que la autoría del

manuscrito sí fue confirmada. Esto es, el perito concluyó

categóricamente que el licenciado Pérez Pérez era el autor de

lo

redactado

en

la

página

4

de

6

de

la

Solicitud.

Concretamente, el promovido llenó los espacios en blanco en

el juramento de la Solicitud, incluyendo que la señora Raíces

Vélez fue identificada mediante su licencia, que era soltera,

y residente de San Juan.

Valorando de forma integral las circunstancias, ante la

realidad de que el promovido no presentó prueba en contrario,

CP-2020-0004

21

y que se limitó a negar los hechos, forzosa es la conclusión

de que se configuró la legitimación de firma y la dación de

fe notarial atribuida al promovido. No albergamos duda de que

el

promovido

presencia,

dio

fe

de

hechos

que

no

certificó

la

comparecencia

ocurrieron

de

una

en

su

persona

ya

fallecida, y refrendó con su sello la legitimación de firma y

juramento de una otorgante, cuya presencia era imposible al

momento del acto.

En el pasado hemos sido categóricos, y hoy reafirmamos

que, la intención es disciplinariamente irrelevante cuando se

certifican hechos falsos. El deber de un notario es diáfano y

exige

veracidad

absoluta.

Cualquier

desviación

de

la

obligación de atenerse a la veracidad de los hechos constituye

una

violación

grave

que

atenta

contra

el

sistema

de

autenticidad documental y los principios éticos que rigen la

conducta de los profesionales del derecho que también ejercen

el notariado. Por lo tanto, la falta de intención argüida por

el promovido no le exime de responsabilidad.

En conclusión, al dar fe, falsamente, de que la señora

Raíces Vélez firmó en su presencia el Testimonio Núm. 710 del

17 de mayo de 2013, el licenciado Pérez Pérez certificó un

hecho falso. Con ello, faltó al deber de veracidad absoluta

que impone el Art. 2 de la Ley Notarial, supra. A su vez,

infringió el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra,

al faltar a la sinceridad y honradez que debe guiar su haber

profesional. También, transgredió el Canon 38 del Código de

CP-2020-0004

22

Ética Profesional, supra, al menoscabar el honor y la dignidad

de la profesión.

IV

Corresponde entonces determinar la sanción disciplinaria

adecuada por razón de las violaciones aquí establecidas. En

la ponderación de las sanciones que esta Curia ha impuesto en

el

pasado,

hemos

certificación

de

sido

consistentes

hechos

falsos

en

por

establecer

parte

de

un

que

la

notario

constituye una de las faltas más graves que puede cometerse.

En

ese

sentido,

este

Tribunal

ha

impuesto

sanciones

que

oscilan desde la suspensión prolongada hasta la separación

indefinida, según la magnitud del daño a la fe pública. In re

Rafols Van Derdys, supra. En el caso del notario que nos

ocupa, existen factores agravantes adicionales que abonan a

la

necesidad

notaría.

de

suspenderlo

indefinidamente

de

la

Específicamente, el notario ha sido previamente

suspendido

por

incumplir

con

nuestras

órdenes

y

los

requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías, lo

que denota que no merece continuar ejerciendo las funciones

notariales.

Véase, In re Eddie A. Pérez Pérez, 189 DPR 98

(2013).

A la luz de la totalidad de los parámetros, la magnitud

del perjuicio a la fe pública causada en este caso al dar fe

de la comparecencia de una persona fallecida, la conducta

procesal evasiva, la falta de arrepentimiento, y que este es

el

segundo

proceso

disciplinario

llevado

en

su

contra,

entendemos que es apropiada una suspensión indefinida del

CP-2020-0004

ejercicio

23

de

la

notaría

y

la

suspensión

inmediata

del

ejercicio de la abogacía por un término de seis meses. Esta

medida es proporcional a la magnitud de la falsedad que

compromete la columna vertebral del sistema de autenticidad

documental que impera en nuestro ordenamiento jurídico.

V

Por los fundamentos que anteceden, suspendemos de forma

indefinida al Lcdo. Eddie A. Pérez Pérez del ejercicio de la

notaría. Así también, decretamos la suspensión inmediata del

ejercicio de la abogacía por un término de seis meses.

El señor Pérez Pérez deberá notificar inmediatamente a

todos

sus

clientes

sobre

su

inhabilidad

para

continuar

representándoles. Además, deberá devolver a sus clientes los

expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios

recibidos por trabajos no realizados. De igual manera, deberá

informar

inmediatamente

judicial

y

su

administrativo

en

suspensión

los

que

a

cualquier

tenga

algún

foro

asunto

pendiente. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta

(30) días, contado a partir de la notificación de esta Opinión

Per Curiam y su correspondiente Sentencia. No hacerlo pudiera

conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión

legal de solicitarlo en el futuro.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y su correspondiente

Sentencia

por

correo

electrónico

al

señor

personalmente.

Se dictará Sentencia en conformidad.

Pérez

Pérez

y

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

In re:

Eddie A. Pérez Pérez

(TS-16,917)

CP-2020-0004

Conducta

Profesional

Sentencia

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 2026.

Por los fundamentos que anteceden, suspendemos de forma

indefinida al Lcdo. Eddie A. Pérez Pérez del ejercicio de la

notaría. Así también, decretamos la suspensión inmediata del

ejercicio de la abogacía por un término de seis meses.

El señor Pérez Pérez deberá notificar inmediatamente a

todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar

representándoles. Además, deberá devolver a sus clientes los

expedientes de los casos pendientes, así como los honorarios

recibidos por trabajos no realizados. De igual manera, deberá

informar inmediatamente su suspensión a cualquier foro

judicial y administrativo en los que tenga algún asunto

pendiente. Asimismo, deberá acreditar a este Tribunal el

cumplimiento con lo anterior, dentro del término de treinta

(30) días, contado a partir de la notificación de esta Opinión

Per Curiam y su correspondiente Sentencia. No hacerlo pudiera

conllevar que no se le reinstale a la práctica de la profesión

legal de solicitarlo en el futuro.

Notifíquese esta Opinión Per Curiam y su correspondiente

Sentencia por correo electrónico al señor Pérez Pérez y

personalmente.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica el Secretario del

Tribunal Supremo

Javier O. Sepúlveda Rodríguez

Secretario del Tribunal Supremo