Tribunal Supremo de Puerto Rico
In re: Celimar Gracia Marín
2026 TSPR 1
Poder Judicial de Puerto Rico
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In re: Celimar Gracia Marín
CP-2022-0002
14 de enero de 2026 · Per Curiam · Conducta Profesional – Censura enérgica y apercibimiento por infringir los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
2026 TSPR 1
217 DPR ___
Celimar Gracia Marín
(TS-11,638)
Número del Caso:
Fecha:
CP-2022-0002
14 de enero de 2026
Oficina del Procurador General:
Hon. Omar Andino Figueroa
Procurador General
Lcda. Mabel Sotomayor Hernández
Subprocuradora General
Lcdo. Edwin B. Mojica Camps
Subprocurador General
Lcda. Yaizamarie Lugo Fontánez
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Gisela Rivera Matos
Procuradora General Auxiliar
Lcda. Melanie M. Mercado Méndez
Procuradora General Auxiliar
Representantes legales de la querellada:
Lcdo. Hugo Rodríguez Díaz
Lcda. Susana C. Serrano Mondesí
Comisionada Especial:
Hon. Nereida Cortés González
Materia: Conducta Profesional – Censura enérgica y apercibimiento
por infringir los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional.
Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso
de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal
Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público
a la comunidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Celimar Gracia Marín
CP-2022-0002
(TS-11,638)
PER CURIAM
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2026.
Una vez más, nos vemos en la obligación de ejercer
nuestro
poder inherente para
disciplinar
a una abogada
miembro de la profesión legal. En esta ocasión, intervenimos
con la Lcda. Celimar Gracia Marín por infringir los Cánones
9 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX. Por
los fundamentos que expondremos y, tomando en consideración
que se trata de la primera queja y querella en contra de la
letrada en su experimentada carrera como representante legal
de personas indigentes, procede únicamente que censuremos
enérgicamente sus expresiones y le apercibamos respecto a
futuras infracciones.
A continuación, describimos los incidentes procesales
y los hechos que motivan nuestra determinación.
I
El 29 de junio de 2020, el Hon. Ricardo G. Marrero
Guerrero, en calidad de Juez Administrador del Tribunal de
Primera Instancia de Caguas, cursó a la Secretaría de este
Tribunal
una
misiva
para
referir
a
nuestra
atención
CP-2022-0002
2
disciplinaria varios incidentes relativos a la conducta de
la Lcda. Celimar Gracia Marín (licenciada Gracia Marín o
querellada)
ante
distintas
salas
penales
de
la
Región
Judicial de Caguas.1 En particular, nos convidó a evaluar si
los incidentes referidos configuraron una infracción al
Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, u alguna
otra disposición. La referida misiva se acogió como una
Queja bajo el alfanumérico AB-2020-0054 y, de conformidad
con la Regla 14 (C) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4
LPRA Ap. XX1-B, se le concedió un término a la licenciada
Gracia Marín para presentar su contestación.
El 28 de septiembre de 2020 la licenciada Gracia Marín
presentó su Contestación a queja. En apretada síntesis,
expuso su respuesta a cada uno de los incidentes señalados,
explicó las circunstancias y los hechos que, a su juicio,
debían tomarse en consideración al evaluar la queja, y nos
solicitó su archivo.
El 4 de diciembre de 2020 se dictó una Resolución para
ordenarle a la Oficina del Procurador General (OPG) que
investigara la conducta desplegada y emitiera un informe.
En cumplimiento, el 7 de junio de 2021, la OPG presentó un
Los incidentes ocurrieron en las vistas de los
siguientes casos: Pueblo v. Carmelo Montañez Pérez, Casos
Núm. E1VP201901172 al 01173 y el E1VP201901522; Pueblo v.
Samuel Santos Correa, Casos Núm. E1VP201901308 al 01310;
Pueblo v. José A. Canino Santos, Casos Núm. E1VP201901844
al 01851; Pueblo v. María de Lourdes Mustafa Claudio, Casos
Núm. E1VP201902194 al 02196; Pueblo v. Guillermo García
Oyola, Caso Núm. ESVP202000006; Pueblo v. Santos I. Nazario
Díaz, Casos Núm. E1VP201800502 al 00507; Pueblo v. Mykhor
Alex Mercado González, Casos Núm. ESVP202000011 al 00014.
1
CP-2022-0002
3
Informe del Procurador General en el que consignó que la
licenciada Gracia Marín pudo haber infringido los Cánones
1, 9, 18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra, y nos
recomendó
iniciar
el
procedimiento
disciplinario
en
su
contra.
El 12 de enero de 2022 se dictó una Resolución para
instruir a la OPG a presentar la querella correspondiente,
con el fin de continuar el procedimiento disciplinario, lo
cual realizó mediante la presentación de la querella de
epígrafe el 9 de marzo de 2022. En esta, se le imputó a la
licenciada Gracia Marín la infracción de los Cánones 1, 9,
18 y 38 del Código de Ética Profesional, supra. En resumen,
respecto a cada uno de los cargos se detalló lo siguiente:
Cargo I, infracción al Canon 1: De las
grabaciones de las diferentes vistas, surge que
la licenciada Gracia Marín, a pesar de ser
abogada de la Sociedad para Asistencia Legal,
informó en diversos casos que no participaría
del proceso, no intervendría en el caso, no
comparecería
a
vistas
o
a
sala
y
no
contrainterrogaría
a
un
testigo.
Además,
intentó abandonar a un cliente en sala, y
regresó solamente porque el Juez Flores Sellés
le indicó que se exponía a un desacato si
abandonaba la sala.
Cargo II, infracción al Canon 9: De las
grabaciones de las vistas surge que la
licenciada
Gracia
Marín
no
solo
hizo
expresiones que resultan insultantes para los
tribunales, como decir “esto es un disparate”
y que lo decidido por el Juez era una
“barbaridad”, sino que retó constantemente la
autoridad de los jueces y la jueza, con la
consecuencia de no respetar la posición que
estos últimos asumían. Incluso, insinuó que la
Oficina de la Administración de Tribunales
había impartido directrices a los jueces para
que no desestimaran los casos.
CP-2022-0002
4
Cargo
III,
infracción
al
Canon
18:
La
querellada no fue diligente, ni rindió una
labor idónea y competente cuando intentó
abandonar la sala del tribunal y dejar al
cliente
solo,
durante
un
procedimiento
criminal, y al manifestar al tribunal que: no
contrainterrogaría, no participaría de un
proceso, no intervendría en un caso porque no
se iba a prestar para eso, y no estaba preparada
para la vista.
Cargo IV, infracción al Canon 38: La totalidad
del comportamiento de la querellada, en sus
comparecencias en los casos ante los diferentes
jueces del Tribunal de Primera Instancia, no
exaltó el honor y la dignidad de la profesión.
La querellada tuvo una conducta que demostró
falta de respeto no solo a los jueces que
presidían los procedimientos, sino que tuvo la
consecuencia de no brindarle representación
legal adecuada a sus clientes y de afectar la
consecución de una mejor administración de la
justicia. El comportamiento de la querellada,
y muchas de sus expresiones, fueron desafiantes
a la autoridad de los jueces.2
El 6 de mayo de 2022, la licenciada Gracia Marín
presentó su Contestación a querella. En esta expuso que, en
ninguno de los incidentes, el Juez o la Jueza que presidía
los procedimientos entendió meritorio hacer uso de las
herramientas a su disposición en caso de que la conducta
atentara contra la dignidad del tribunal o que entorpeciera
los procedimientos, como sería la imposición de desacato o
de sanciones económicas. Además, explicó lo ocurrido en cada
uno de los incidentes y argumentó que, en algunos de estos,
se trató del desahogo de una frustración e incredulidad en
el fragor de la litigación, sin ánimo de faltar el respeto
al
tribunal.
2
Similarmente,
reconoció
que
debió
Querella Núm. CP-2022-0002, págs. 16-17.
haber
CP-2022-0002
5
utilizado otro lenguaje y expresó arrepentimiento por su
proceder.
Por
último,
explicó
que
su
decisión
de
no
contrainterrogar a un testigo obedeció a su estrategia
legal. Por todo ello, solicitó que se declarara no ha lugar
la querella en su contra o, en la alternativa, se tomaran
en
consideración
las
circunstancias
y
los
atenuantes
aplicables.
El 12 de noviembre de 2024 dictamos una Resolución para
designar a la Lcda. Nereida Cortés González como Comisionada
Especial. Ante ello, se le encomendó recibir la prueba y
rendir
un
informe
con
determinaciones
de
hechos
y
la
recomendación disciplinaria que estimara procedente.
En cumplimiento, el 19 de agosto de 2025 recibimos el
Informe de la Comisionada Especial. Surge del mismo que, el
18 de julio de 2025 se realizó la vista evidenciaria en la
que
se
admitieron
por
estipulación
varios
documentos,
incluyendo las grabaciones de las vistas celebradas ante el
Tribunal de Primera Instancia, así como sus transcripciones
y
cinco
(5)
declaraciones
juradas
de
los
testigos
de
reputación de la querellada. Además, la licenciada Gracia
Marín ofreció su propio testimonio y fue contrainterrogada
por la representación de la OPG. Según se detallara, la
Comisionada
Especial
encontró
prueba
clara,
robusta
y
convincente de infracción a los Cánones 9 y 38 de Ética
Profesional, mas no de los Cánones 1 y 18.
Finalmente, el 8 de septiembre de 2025, la OPG presentó
una Reacción de la Oficina del Procurador General al Informe
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6
de la Comisionada Especial. En síntesis, expresó que, a su
entender, cumplió con el estándar de prueba requerido para
demostrar la infracción en los cuatro (4) cargos que se le
imputaron a la querellada.
Con ello en mente, examinemos las disposiciones éticas
aplicables.
II
A.
Como parte del poder inherente que tenemos para regular
la
profesión
legal,
nos
corresponde
velar
porque
las
personas admitidas a ejercer la práctica de la abogacía y
de
la
notaría
desempeñen
sus
funciones
de
manera
responsable, competente y diligente. In re Rivera Rodríguez,
2025 TSPR 69, 216 DPR ___ (2025); In re Pérez Fernández, 213
DPR 950, 956 (2024); In re Malavé León, 211 DPR 971, 977
(2023).
Es sabido que el Código de Ética Profesional constituye
las normas mínimas sobre la conducta de los miembros de la
profesión legal que ejercen la abogacía. Preámbulo de los
Cánones de Ética Profesional, supra. El incumplimiento con
las normas que impone el ordenamiento ético y la ley acarrea
la imposición de sanciones disciplinarias.
In re Pérez
Rojas, 2025 TSPR 90; In re Torres Alvarado, 212 DPR 477, 485
(2023); In re Irizarry Irizarry, 190 DPR 368, 374 (2014).
Como vimos, a la licenciada Gracia Marín se le imputó
haber infringido los Cánones 1, 9, 18 y 38 del Código de
CP-2022-0002
7
Ética Profesional, supra. A continuación, repasamos las
exigencias de cada uno de estos.
B.
En múltiples ocasiones hemos expresado que los abogados
y
las
abogadas
que
ejercen
la
práctica
en
nuestra
jurisdicción desempeñan una función eminentemente pública,
por lo que se les considera oficiales de los tribunales. In
re Hance Flores, 193 DPR 767, 774 (2015); In re Rodríguez
Santiago,
157
DPR
26,
31
(2002).
A esos
efectos,
los
abogados y las abogadas tienen un deber ineludible, que
comparten
con
el
Estado,
de
garantizar
a
las
personas
imputadas de un delito asistencia legal en todo proceso
criminal. Véase Art. II, Sec. 11, Const. PR, LPRA, Tomo 1.
Este derecho, de entronque constitucional, se ha reconocido,
además, como un componente fundamental del debido proceso
de
ley.
Véanse: In
re
García
Muñoz,
160
DPR
744,
751
(2003); In re Rodríguez Santiago, supra; Ramos Acevedo v.
Tribunal Superior, 133 DPR 599, 609 (1993). Al desempeñar
esta función, todo profesional del Derecho tiene el deber
de conformar su conducta a aquellos principios dirigidos a
asegurar el justo y buen funcionamiento de nuestro sistema
de justicia. Pueblo v. Quiles Negrón et al., 193 DPR 609,
619 (2015) (Per curiam).
A tenor con este mandato constitucional, el Canon 1 del
Código de Ética Profesional, supra, dispone lo siguiente:
Constituye una obligación fundamental de
todo abogado luchar continuamente para garantizar
que toda persona tenga acceso a la representación
CP-2022-0002
8
capacitada, íntegra y diligente de un miembro de
la profesión legal.
En la consecución de este objetivo el abogado
debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda
razonable de rendir servicios legales gratuitos a
indigentes, especialmente en lo que se refiere a
la defensa de acusados y a la representación legal
de
personas
insolventes.
La
ausencia
de
compensación económica en tales casos no releva
al abogado de su obligación de prestar servicios
legales competentes, diligentes y entusiastas.
También es obligación del abogado ayudar a
establecer medios apropiados para suministrar
servicios legales adecuados a todas las personas
que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye
la de apoyar los programas existentes y la de
contribuir
positivamente
a
extenderlos
y
mejorarlos.
Al interpretar el referido Canon 1, hemos afirmado que
los abogados y las abogadas admitidos a ejercer la profesión
legal en nuestra jurisdicción tienen la obligación ética de
asumir la representación legal de una persona indigente
cuando son designados como abogados o abogadas de oficio por
un tribunal. In re Hance Flores, supra, págs. 775–776. Véase
In re Rodríguez Santiago, supra, pág. 35. Además, hemos
afirmado
que,
luego
de
la
designación
de
oficio
correspondiente por un tribunal, asumir la representación
legal de una persona indigente en un procedimiento criminal
no sólo constituye una obligación ética, sino también un
deber impuesto por ley. In re Hance Flores, supra, pág. 35.
Véase In re García Muñoz, supra, pág. 753.
Como
resultado,
constituye
una
conducta
no
solo
reprochable, sino también sancionable, que un letrado o una
letrada se niegue a ofrecer sus servicios profesionales a
CP-2022-0002
9
una persona indigente a quien se le encausa criminalmente,
sin aducir una razón legítima que pueda anteponerse al
interés apremiante de garantizarle su derecho constitucional
a contar con representación legal. Pueblo v. Quiles Negrón
et al., supra, (Per curiam), citando a In re Rodríguez
Santiago, supra, pág. 36.
C.
Conforme lo ha reiterado este Tribunal en innumerables
ocasiones, el Canon 9 del Código de Ética Profesional,
supra,
exige
que
todos
los
miembros
de
la
profesión
“observ[en] para con los tribunales una conducta que se
caracterice por el mayor respeto”. El deber de respeto que
surge del Canon 9 tiene dos (2) vertientes. La primera
implica el deber de respetar las órdenes y directrices
emitidas por los tribunales, las cuales, a su vez, solamente
pueden ser impugnadas por medio de los cauces apelativos
apropiados (respeto a la autoridad judicial). S. Steidel
Figueroa, Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado,
San Juan, Pubs. JTS, 2010, pág. 312.3 La segunda vertiente
“enuncia el deber de los abogados y las abogadas de respetar
a ̒jueces, empleados y funcionarios del tribunal, tanto en
comparecencias formales, personales o por escrito, como
cuando
interactúa[n]
informalmente
con
éstos
[...]’”
Véase, además, S. Steidel Figueroa, Ética para
juristas: Ética del abogado y responsabilidad disciplinaria
del abogado, San Juan, Ed. SITUM, 2016, pág. 371.
3
CP-2022-0002
(respeto de
10
carácter cívico). I
́d., citado en
Pueblo v.
Quiles Negrón et al., supra, pág. 620.
De esta manera, el Canon 9 requiere que cuando los
profesionales del Derecho se dirijan al tribunal o a uno de
sus funcionarios lo hagan con respeto y deferencia. Íd.
Pueblo v. Quiles Negrón et al., supra. El respeto y la
deferencia hacia los jueces y las juezas trasciende los
formalismos de llamarles “honorable” o “ilustrado”. In re
Crespo Enríquez, 147 DPR 656, 664 (1999). Tales muestras de
respeto y consideración tienen que estar a la altura de lo
que se espera de todos y cada uno de los funcionarios del
tribunal en los planteamientos que luego se formulan. Íd.
Si en algo se equivoca el juez o la jueza que preside los
procedimientos, el remedio que tiene la persona que ejerce
la abogacía no es injuriarlo, sino solicitar que reconsidere
o recurrir a un tribunal de superior jerarquía para no
infringir
los
principios
básicos
de
deferencia
y
consideración hacia los tribunales. Íd., págs. 664-665. Por
ello, hemos expresado que:
el
que
un
abogado
defienda
apasionada
y
diligentemente la causa de acción de su cliente,
no es incompatible con la exigencia de que cuando
vaya a dirigirse al tribunal lo haga respetuosa y
decorosamente. Ello, no empece a que reconocemos
que hay instancias en que a los abogados —que con
tesón y esmero defienden las causas de sus
clientes— les causa desazón las determinaciones
adversas que puedan hacer los tribunales; no
obstante, ello no es licencia para cuestionar la
dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros
de la Judicatura. In re Crespo Enríquez, supra,
pág. 663.
CP-2022-0002
11
En consecuencia, ante determinaciones adversas en los
casos que representan, los abogados y las abogadas poseen
las herramientas y los remedios adecuados que el propio
ordenamiento les provee para revisarlas. En atención a la
autoridad que poseen los tribunales de justicia y a la
deferencia y respeto que merecen, es a esos remedios a los
que los profesionales del Derecho están obligados a recurrir
para vindicar sus reclamos. Pueblo v. Quiles Negrón et al.,
supra,
pág.
621.
Entiéndase,
la
discrepancia
con
una
determinación judicial no justificará que el abogado o la
abogada incurra en el uso de lenguaje impropio o hiriente.
In re Pagán, 116 DPR 107, 111
(1985).
Las razones de
civilidad imponen esta sencilla norma. Íd.4
Los
profesionales
que
ejercen
la
abogacía
pueden
disentir respetuosamente del dictamen de un juez o una
jueza. S. Steidel Figueroa, Ética para juristas: Ética del
abogado y responsabilidad disciplinaria del abogado, op.
cit., pág. 375. Nos comenta el Hon. Juez Steidel Figueroa
que un disenso respetuoso será aquel que “se ciñe a discutir
los
méritos
de
una
determinación
judicial
sin
Para otros casos en los que hemos censurado las
expresiones o disciplinado la conducta de abogados y
abogadas, véanse: In re González Cardona, 179 DPR 548
(2010); In re Rochet Santoro, 174 DPR 123 (2008); In re
López de Victoria I, 163 DPR 1 (2004); In re Markus, 158 DPR
881 (2003); In re Rivera García, 147 DPR 746, 749 (1999);
In re Miranda Marchand, 135 DPR 580 (1994); Pueblo v. Ruiz
Negrón, 113 DPR 17, 22 (1982); In re Pagán Hernández, 105
DPR 796, 801-802 (1977), entre otros.
4
CP-2022-0002
12
consideraciones ajenas al derecho y al razonamiento jurídico
pertinente”. Íd.
Por otra parte, de acuerdo con este Canon, las abogadas
y
los
abogados
tienen
el
“deber
de
cumplir
pronta
y
diligentemente todos nuestros requerimientos y órdenes, pues
su desatención constituye un desafío a nuestra autoridad”.
In re Malavé León, supra, pág. 977. El incumplir con las
órdenes de un tribunal denota una actitud de menosprecio e
indiferencia hacia la autoridad de este último y constituye
una violación al Canon 9. In re Carmona Rodríguez, 206 DPR
863, 868 (2021).
D.
El Canon 18 del Código de Ética Profesional, supra,
requiere que los y las profesionales del Derecho rindan una
labor idónea, competente, cuidadosa y diligente. In re Pérez
Rojas, 213 DPR 244, 256 (2023); In re Lugo Quiñones I, 206
DPR 1, 10-11 (2021). Los abogados y las abogadas tienen el
deber de defender los intereses de su cliente empleando la
mayor capacidad, lealtad, responsabilidad, efectividad y
honradez. In re Amill Acosta, 181 DPR 934, 939 (2011). Esto
implica que la profesión de la abogacía no se puede ejercer
con
indiferencia,
desidia,
despreocupación,
inacción
y
displicencia en la tramitación de un caso. In re Ramos
Bahamundi,
2025
TSPR
43,
215
DPR
___
(2025);
In
re
Carrasquillo Bermúdez, 203 DPR 847, 861 (2020).
Si el abogado o la abogada no puede prepararse y actuar
como la profesión lo exige, no debe asumir la representación
CP-2022-0002
13
legal. In re Bonhomme Meléndez, 202 DPR 610, 623 (2019). Por
tanto,
“[h]emos
sostenido,
sin
ambages,
que
aquella
actuación negligente que pueda conllevar, o que en efecto
conlleve, la desestimación o el archivo de un caso, se
configura violatoria del citado Canon 18”. In re García
Incera, 201 DPR 1043, 1049 (2019). Algunas de las conductas
que acarrean la infracción de este mandato ético son: (1)
no responder planteamientos medulares; (2) ignorar órdenes
judiciales
o
administrativas;
(3)
incurrir
en
errores
crasos; (4) desatender o abandonar el trámite de un caso, y
(5)
permitir
que
la
acción
se
desestime
sin
realizar
esfuerzos para evitarlo. In re Pérez Rojas, supra, pág. 257;
In re Cardona Estelritz, 212 DPR 649, 666 (2023).
E.
El Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra,
establece el deber de todo abogado o abogada de exaltar el
honor
y
la
dignidad
de
su
profesión,
y
de
evitar
la
apariencia de conducta profesional impropia. La apariencia
de conducta impropia lacera la imagen, la confianza y el
respeto que nuestra sociedad deposita en la profesión y en
las instituciones de la justicia. In re Carbone Rosario,
2025 TSPR 88, citando a In re Otero, Pacheco, 200 DPR 561,
584 (2018); In re Guemárez Santiago, 191 DPR 611, 620 (2014).
Así, un abogado o una abogada debe regirse conforme a los
más altos postulados éticos. In re Rádinson Pérez et al.,
204 DPR 522, 542 (2020); In re Rivera Rodríguez, 202 DPR
1026, 1053 (2019). Ello se debe a que nuestra profesión
CP-2022-0002
14
tiene un gran impacto en la vida y en la propiedad de otras
personas. Íd. A la luz de esto, la clase togada debe -y
tiene que– conducirse con dignidad y honor en el ejercicio
de sus funciones profesionales. Canon 38 del Código de Ética
Profesional, supra.
F.
En el pasado, a los fines de guiar la ardua tarea de
examinar y ponderar la conducta de los abogados y las
abogadas —tanto oral como escrita— hemos elaborado tres (3)
criterios que abonan a que emitamos determinaciones más
justas y equitativas. Los criterios son: (1) si, aunque
equivocado, el abogado o la abogada creía en la validez de
las imputaciones al juez o jueza; (2) si, aunque los hechos
no eran ciertos, tenía motivos fundados o causa probable
para creer en su veracidad; y (3) si la imputación no fue
hecha maliciosamente con el propósito deliberado de denigrar
al tribunal. In re Crespo Enríquez, supra, pág. 664; In re
Cardona Álvarez, 116 DPR 895, 906 (1986).
III
Para
adjudicar
este
proceso
disciplinario
y
justipreciar los cuatro (4) cargos imputados, es necesario
evaluar si cierta conducta de la licenciada Gracia Marín
quebrantó el Código de Ética Profesional, supra. Con este
propósito, debemos examinar las determinaciones de hechos
del Informe de la Comisionada Especial, realizadas tras la
debida adjudicación de credibilidad
y evaluación de la
CP-2022-0002
15
prueba documental. Se consignaron, en lo pertinente, las
siguientes determinaciones de hechos:
1. La Lcda. Celimar Gracia Marín fue admitida al ejercicio
de la abogacía el 20 de junio de 1996, y al ejercicio
de la notaría el 14 de febrero de 1997.
2. Desde el 1 de agosto de 1997 se integró a la Sociedad
para Asistencia Legal (SAL), donde ha laborado hasta
el presente, representando a personas indigentes en
casos criminales de naturaleza grave o menos grave.
3. El director de la SAL se encarga de preparar el turno
semanal por abogados, lo que dependerá de la cantidad
de abogados que haya disponible. Esos turnos usualmente
son de una semana.
4. En promedio, cada abogado atiende 1,200 casos por año
y 100 por semana. En Bayamón, la querellada tenía una
carga de aproximadamente 20 casos diarios y en Caguas
entre 10 a 12 casos, en distintas etapas del proceso.
Cada caso por cliente puede tener más de un expediente.
5. La querellada ha participado como abogada de la SAL en
más de 15,000 casos.
6. Al
estar
los
casos
en
distintas
etapas,
los
señalamientos son simultáneos, lo que como abogada
requiere estar en distintas salas y en distintos pisos
del tribunal al mismo tiempo, incluso para los
señalamientos de vista preliminar que se señalan a la
misma hora.
7. Para el año 2000, cuando la querellada llegó al
Tribunal de Caguas a prestar servicios en la SAL, la
Jueza Cruz Vélez presidía una sala de vistas
preliminares. Entonces, Edwin Flores Sellés no era
juez; era su compañero de trabajo en la oficina de la
SAL. El Honorable Marrero Guerrero tampoco era juez en
Caguas.
8. Durante un tiempo, para el mismo periodo en que atendía
asuntos de adultos, la querellada había sido asignada
también al Programa de Menores, por lo que los casos
de esos asuntos se atendían en un piso distinto debido
a la confidencialidad que se provee a ese tipo de
proceso.
9. La licenciada Gracia Marín dejó de trabajar en la
oficina local de Caguas en el 2020. Ese año fue
significativo porque hubo una pandemia que provocó el
CP-2022-0002
16
cierre de los trabajos en los tribunales el 16 de marzo
de 2020.
10. El 24 de agosto de 2020, mientras llevaba a su hija a
la universidad en Massachussets, la licenciada Gracia
Marín fue notificada de una carta del Juez Marrero
Guerrero con relación a un incidente en su sala, la
cual también mencionaba incidentes en las salas de
otros jueces. La carta llegó a la oficina de la SAL de
Humacao, desde donde le llamaron para informarle que
se había recibido, dirigido a ella, un sobre con el
Tribunal Supremo como destinatario.
11. Al recibir la información sobre esa carta, la
licenciada Gracia Marín pidió traslado para otra
región, puesto que comparecía casi diariamente a las
salas que esos jueces presidian. Se entendió que, el
que ella no pudiera asistir a esas salas, si se mantenía
en Caguas, causaría un disloque sobre los casos.
12. Cuando regresó de Boston, tras conocer de la queja,
como medida correctiva fue directo a laborar a otra
región (Humacao). No ha regresado al Tribunal de Caguas
y no ha tenido contacto con sus salas.
13. Luego, determinó buscar otro lugar de trabajo y en
lugar de postular, dedicarse a preparar escritos de
revisión en la División de Apelaciones de la SAL, labor
a la que se dedica en la actualidad.5
En
adelante,
resumimos
los
hechos
determinados
por
la
Comisionada Especial respecto a cada uno de los incidentes
que motivaron los cargos en contra de la querellada.
Incidente 1: Vista Preliminar ante la Hon. Ana Paulina Cruz
Vélez el 18 de junio de 2018 en la Sala 202, en Pueblo v.
Santos I. Nazario Díaz, Casos Núm. E1VP201800502 al 00507.
El caso era uno de alto interés público, debido a que
la persona fallecida era un policía municipal. La abogada
de oficio de uno de los coimputados había notificado que
llegaría más tarde por un asunto relacionado con su padre,
situación que conocía el Tribunal y la licenciada Gracia
5
Informe de la Comisionada Especial, págs. 6-9.
CP-2022-0002
17
Marín. La demora de la otra abogada había impedido comenzar
la vista preliminar.
Ese día, la licenciada Gracia Marín estaba atendiendo
asuntos
de
distintos
acusados
en
varias
salas,
todos
señalados para el mismo día. Uno de esos casos correspondía
a una vista preliminar en la Sala 201. Mientras se encontraba
postulando en esa sala, se recibieron tres (3) llamadas de
la sala de la Jueza Cruz Vélez requiriendo la presencia de
la licenciada Gracia Marín en su Sala 202. En la tercera
llamada, la Jueza que presidía la Sala 201 interrumpió a la
querellada
mientras
informado
al
postulaba,
alguacil
que
la
para
señalar
abogada
se
que
había
encontraba
postulando y que cuando terminara pasaría a la otra sala.
No se le consultó o brindó oportunidad a la querellada de
ir a la Sala 202. La Jueza de la Sala 201 se encargó
personalmente de notificar que la querellada estaba ocupada
en otro asunto. Incluso, antes de todo ello, la licenciada
Gracia Marín había acudido a la Sala 202 a informar que
estaría en la Sala 201.
Al terminar la vista en la Sala 201, la querellada fue
a la Sala 202 y, al entrar, observó que la vista preliminar
había comenzado, que el testigo principal estaba declarando
mientras su representado estaba, a su entender, solo en la
sala. En el salón de sesiones estaba presente otro abogado
de la SAL de otra jurisdicción, quien apoyaba el trámite del
caso, y la Jueza resolvió que la vista podía dar inicio.
CP-2022-0002
18
Al entrar, la querellada no tenía conocimiento del
estado del procedimiento, por lo que cuestionó el inicio de
la vista y tuvo un intercambio verbal con la Jueza que
excedió los cinco (5) minutos. Su intención era consignar
para récord lo que consideró una absoluta falta de respeto
hacia ella, el que la vista hubiese iniciado sin su presencia
y con el conocimiento de que estaba postulando en la sala
contigua (“ha sido una total y absoluta falta de respeto lo
que ha hecho el tribunal hacia esta abogada”).6
La Jueza Cruz Vélez le apercibió a la querellada que
había dos (2) abogados en la sala y le instruyó en dos (2)
ocasiones a sentarse y no interrumpir los procedimientos.
Luego de esto, la querellada participó activamente en el
contrainterrogatorio de los testigos. Asimismo, postuló ante
la Jueza Cruz Vélez en otros casos.
Incidente 2: Vista Preliminar en alzada ante el Hon. Edwin
Flores Sellés el 30 de septiembre de 2019, en Pueblo v.
Carmelo Montañez Pérez, Casos Núm. E1VP201901172 al 01173 y
el E1VP201901522.
El perjudicado y testigo del caso había fallecido y el
Ministerio Público solicitó que se diera por sometido con
la regrabación de la declaración del testigo, no disponible,
que prestó en una vista en alzada de causa probable para
arresto relacionada a otro delito. La querellada expresó su
reparo al uso de la grabación y consignó sus fundamentos
respecto a asuntos del testimonio anterior y a la falta de
6
Informe de la Comisionada Especial, págs. 10-11.
CP-2022-0002
19
oportunidad de contrainterrogar al testigo por parte de la
defensa.
El Juez resolvió que escucharía la grabación, lo que
dio lugar a una argumentación entre la querellada y el Juez
sobre la determinación tomada. Entretanto, la querellada
indicó que no se podría ver la vista porque iba a recurrir
del dictamen. A eso añadió que “si esa es la justicia que
se le quiere dar a nuestro representado, yo no me voy a
prestar para eso. Yo quiero defenderlo con todas las de la
ley, y que a mí en un Tribunal de superior jerarquía aquí,
me diga que esto está avalado”.7 La argumentación prosiguió,
el Juez reiteró que se vería la vista y le indicó a la
querellada que si se quería marchar lo hiciera, pues no
pelearía con ella. La querellada continuó con expresiones
como: “[e]l tribunal se satisface con cualquier cosa que le
diga el fiscal” y “[e]sto es bárbaro”.8
En
el
procedimiento
disciplinario,
la
querellada
manifestó que para ella era importante que el Tribunal
entendiera su planteamiento en derecho y que, superado ese
asunto,
la
vista
continuó
con
normalidad
y
con
su
participación activa.
Incidente 3: Vista Preliminar ante el Hon. Edwin Flores
Sellés el 25 de octubre de 2019, en Pueblo v. Samuel Santos
Correa, Casos Núm. E1VP201901308 al 01310.
7
Íd., pág. 14.
8
Íd., pág. 15.
CP-2022-0002
20
Terminado el desfile de prueba, el Juez preguntó a las
partes si daban el caso por sometido para proceder con su
dictamen. La querellada le respondió que sí y que esperaría
por la determinación para pedir la reconsideración. El Juez
le preguntó qué quería decir con eso, pues cómo pediría
reconsideración
si
el
Tribunal
aún
no
había
resuelto.
Finalmente, el Tribunal determinó causa probable en todos
los delitos imputados.
En su testimonio en el procedimiento disciplinario, la
licenciada Gracia Marín explicó que, por su experiencia de
veintiocho (28) años de litigio, pudo percatarse de que el
Juez estaba buscando en su agenda una fecha para la lectura
de la acusación y, que, por ello, se expresó de esa forma,
por frustración. A su entender, el asunto debía resolverse
con una determinación de no causa y trató de canalizar su
frustración formulando una reconsideración. Adujo que no
abandonó a su cliente y que, durante el proceso judicial,
hizo varias gestiones a favor del cliente, entre ellas,
visitar a la madre en el pueblo de Cayey.
Incidente 4: Vista Preliminar ante el Hon. Edwin Flores
Sellés el 5 de noviembre de 2019, en Pueblo v. José A. Canino
Santos, Casos Núm. E1VP201901844 al 01851.
Surgió una argumentación entre el Ministerio Público y
la querellada, en su rol como abogada de defensa, respecto
a una solicitud para que el testimonio de una menor fuese
vertido en circuito cerrado. El Juez Flores Sellés decidió
señalar una vista de necesidad y la querellada inició una
alocución a los fines de solicitar la inhibición del Juez.
CP-2022-0002
En
síntesis,
21
señaló
que
para
el
año
2000
habían
sido
compañeros de trabajo en la SAL y que, al realizar la
estadística de los casos que había litigado ante él, todos
habían resultado en causa probable. (“...es una incomodidad,
es un malestar, es una falta de [consideración] en el trabajo
que
nosotros
realizamos.
Nosotros
hemos
hecho
una
estadística de todos los casos que hemos visto en esta sala
y todos, y cada uno de ellos, todos, de los veinticuatro
(24) casos que hemos visto en esta sala, todos han sido
causa”).9
El
Juez
Flores
Sellés
instruyó
a
la
querellada
a
presentar la solicitud formal de recusación conforme al
procedimiento dispuesto para ello. La querellada expresó en
la vista evidenciaria que percibía un trato hostil de parte
del adjudicador y que ella tenía un deber y responsabilidad
ético
con
sus
clientes,
a
fin
de
que
entendieran
su
compromiso con el caso y el servicio. La referida solicitud
de inhibición no se presentó porque, a juicio de la directora
de la SAL, causaría un disloque en el trabajo uniforme de
los casos.
Incidente 5: Vista de necesidad ante el Hon. Edwin Flores
Sellés el 9 de noviembre de 2019, en Pueblo v. José A. Canino
Santos, Casos Núm. E1VP201901844 al 01851.
El Ministerio Público presentó una solicitud para que
el testimonio de una menor fuese vertido mediante circuito
cerrado. Por tratarse de un equipo del Departamento de
9
Íd., pág. 18.
CP-2022-0002
22
Justicia, el mismo no está fijo en la sala y requiere de una
coordinación
con
ese
Departamento,
por
lo
que
debe
solicitarse, de manera que la menor pueda declarar en un
espacio separado, en la eventualidad de que se declare con
lugar la vista de necesidad.
Cuando la licenciada Gracia Marín entró a la Sala y vio
el equipo instalado, cuestionó su presencia e insinuó que
ya se había predeterminado que el caso se vería por circuito
cerrado. El Juez explicó que el sistema de circuito cerrado
no estaba instalado para ese caso, sino para otro de otra
sala que se celebraría en la suya. El Juez manifestó: ”[…]
[e]l usted sugerir que, porque el equipo está instalado, es
que la vista es automática, primero, es una falta de respeto
al tribunal y a este juez”.10
Tras
una
solicitud
de
transferencia
de
vista,
se
coordinó una nueva fecha. La licenciada Gracia Marín declaró
que,
al
ver
el
sistema
instalado,
pensó
que
la
vista
preliminar se llevaría a cabo en lugar de la vista de
necesidad.
Incidente 6: Vista Preliminar ante el Hon. Edwin Flores
Sellés el 29 de enero de 2020, en Pueblo v. José A. Canino
Santos, Casos Núm. E1VP201901844 al 01851.
La
licenciada
Gracia
Marín
cuestionó
si
a
los
funcionarios que se encontraban en el salón de circuito
cerrado se les tomaría juramento y si otras personas podían
permanecer en la sala. El Juez le respondió que la regla
10
Íd., págs. 19-20.
CP-2022-0002
23
procura proteger al menor declarante y que en la sala podrían
quedarse personas si el Tribunal lo permitía. A lo que la
querellada respondió “[e]so es un disparate, Juez”.11
El Juez Flores Sellés le requirió que tuviese cuidado
con la manera en que se refería al Tribunal, le recordó que,
si creía que estaba equivocado, tenía los mecanismos legales
para cuestionarlo sin tener que llamarle “disparatero” y
aseveró que nada en la regla hacía alusión a que el salón
de sesiones debía estar vacío. Posterior a ello, se continuó
con la vista y se determinó causa probable.
Incidente 7: Vista Preliminar en Alzada ante el Hon. Ricardo
Marrero Guerrero el 19 de febrero de 2020, en Pueblo v.
Guillermo García Oyola, Caso Núm. ESVP0202000006.
Al finalizar la vista con una determinación de causa
bajo el Art. 5.05 de la Ley de Armas, se suscitó un diálogo
entre la licenciada Gracia Marín y el Juez Marrero Guerrero.
En síntesis, la querellada hizo múltiples expresiones, como,
por ejemplo, ¿“[c]ómo es posible una cosa semejante?”, “[y]o
no puedo creer esto, de verdad. Esto es una barbaridad”.12
El
Juez
le
apercibió
que
tuviese
cuidado
con
sus
expresiones, pues podía incurrir en una violación ética.
Posteriormente, la querellada manifestó que no sabía
si podría asistir a una vista preliminar en alzada de esa
tarde ante el Juez Marrero Guerrero en el Tribunal de Menores
porque tenía una situación familiar que atender. El Juez
11
Íd., pág. 20.
12
Íd., pág. 22.
CP-2022-0002
24
expresó que llegaría a la vista y haría la determinación, a
lo que la querellada respondió que “[s]i la gobernadora se
puede excusar por
una situación familiar, esta abogada
también”.13
El Juez
Marrero Guerrero volvió a solicitarle que
tuviese cuidado con sus manifestaciones y, de igual manera,
sostuvo que, por el temperamento y tono de la querellada,
parecía que estaba anunciado su ausencia como sanción a la
determinación del caso. La licenciada Gracia Marín respondió
que
era
su
percepción,
que
entendiera
lo
que
quisiera
entender y que no podría llegar en la tarde. (“Esa es su
percepción, esa es su percepción, usted entienda lo que...
verdad, lo que usted quiera entender”).14 Posteriormente, la
vista preliminar en alzada de esa tarde se llevó a cabo con
la comparecencia de la querellada.
Incidente 8: Vista Preliminar en Alzada ante el Hon. Edwin
Flores Sellés el 20 de febrero de 2020, en Pueblo v. María
de Lourdes Mustafa Claudio, Casos Núm. E1VP201902194 al
02196.
La querellada entrevistó a la acusada, quien llegó al
tribunal confinada y expresó que tenía como abogado al Lcdo.
Heriberto
Martínez
representación
Madera.
legal
La
SAL
consideró
asumir
porque
ese
abogado
no
la
había
comparecido. La querellada explicó que trató de ayudar a la
confinada, pero que, por los parámetros de indigencia de la
SAL, estaba impedida de representarla. Estando en sala, el
13
Íd.
14
Íd., pág. 23.
CP-2022-0002
25
alguacil se le acercó a la querellada y le indicó que el
Lcdo. Frank Rosas había llamado preguntando por el estatus
del caso y se le había contestado que debía comparecer si
era el abogado del caso.
El Juez Flores Sellés le preguntó a la imputada si
tenía o no abogado
y esta le dijo que no contrataría
representación, pues estaba presente la querellada. El Juez
decidió que la vista se vería, a lo que la licenciada Gracia
Marín insistió en que se hiciera un re-señalamiento para
dialogar con el abogado de la imputada y aclarar el asunto
de la representación.
Se produjo un extenso diálogo entre el Juez Flores
Sellés y la querellada, pues esta le repitió que, como ella
tenía otros casos señalados para ese día, no podía atender
este caso. El Juez le respondió que los demás asuntos
tendrían que esperar porque ya se encontraban allí. La
querellada le respondió:
No, juez, porque lo que pasa es, que no es tan
sencillo como que lo otro que espere, porque
fíjese que en el día de ayer fue la misma situación
y los demás no pudieron esperar por esta abogada
y el juez de menores estaba molesto, precisamente
por esa dinámica de que los demás esperen.
[…]
Si, pero lo que ocurre es que nosotros hemos sido
más que diligentes con el Tribunal y le hemos
explicado en derecho cuáles son las razones por
la[s] cuales no podemos atender este asunto. Y
nosotros no nos podemos seguir sometiendo a estar
viendo casos en esta sala en los cuales no estamos
preparados y que el Tribunal nos obliga porque
simplemente para sus estadísticas tiene que
aparecer que el caso solamente tenga uno o dos reseñalamientos, sin tomar en consideración a esa
CP-2022-0002
26
dama que está sumariada desde el veintitrés de
diciembre y sin tomar en consideración la
preparación que requiere un abogado para poder
entrar a una vista, y más, cuando tenemos una sala
que no es nada condescendiente con la defensa, y
es harto conocido en este Tribunal.
[…]
Que conste para registro que esta dama se va a
encontrar en la mañana de hoy, gracias al Tribunal
en estado de indefensión, porque la defensa ha
manifestado en múltiples y reiteradas ocasiones,
que no estamos preparados para entrar a ver la
vista
de
este
caso
y
que
el
Tribunal
arbitrariamente insiste en que la defensa entre a
ver este caso a pesar de que solamente la defensa
ha suspendido este asunto en una sola ocasión
porque en las demás ocasiones no tenemos
absolutamente nada que ver con este caso. Y ella
tiene derecho a una representación legal adecuada,
no proforma, no proforma. No que meramente se
siente un testigo y que ella esté sentada y que
el juez cuando termine determine causa. A eso no
es que ella tiene derecho.15
Acto seguido, la querellada solicitó transferencia de
señalamiento para poder brindar una representación legal
adecuada. Por su parte, el Juez reiteró que el caso se
celebraría con ella. La licenciada Gracia Marín repitió que
no vería el caso, aun así el Tribunal le ordenó, so pena de
desacato, que atendiera el asunto. Ante la insistencia de
la querellada de solicitar permiso para retirarse se le
volvió a advertir.
Posteriormente, el Juez ordenó a la querellada tomar
asiento e iniciaron los procedimientos. La licenciada Gracia
Marín informó que no contrainterrogaría al testigo por no
estar preparada. Asimismo, expresó que consideraba que el
15
Íd., págs. 24-26.
CP-2022-0002
Juez
debió
27
ser
más
lenitivo
y
condescendiente
con
los
abogados de la SAL, pues en el pasado laboró para esa
entidad, por lo que debía entender la carga de trabajo.
La querellada no abandonó la sala y la vista se vio en
sus méritos. El caso terminó con archivo por transacción.
Incidente 9: Vista Preliminar en Alzada ante el Hon. Ricardo
Marrero Guerrero el 22 de junio de 2020, en Pueblo v. Mykhor
Alex Mercado González, Casos Núm. ESVP202000011 al 00014.
Se trató de una vista en la que el imputado estaba bajo
fianza. La determinación de no causa probable para acusar
fue emitida el 16 de enero de 2020 y el mismo día se pautó
la vista preliminar en alzada para el 19 de febrero de 2020.
Ese día no comparecieron los testigos del Ministerio Público
y la vista se recalendarizó para el 16 de marzo de 2020,
como último día de términos. No obstante, ese día se decretó
el cierre de los tribunales por motivo de la pandemia del
COVID-19 y se citó para el 22 de junio de 2020, fecha en que
se reanudaron los trabajos en los tribunales en algunas
instancias.16
Llegada la fecha, el imputado compareció, pero la
prueba de la Fiscalía no asistió. Ante ello, la querellada
solicitó la desestimación por violación al derecho a juicio
rápido.
El
querellada
Juez
declaró
presenció
no
que
ha
lugar
otros
la
solicitud.
abogados
La
hicieron
planteamientos similares, que también habían sido denegados.
Todos los términos estaban paralizados mediante
disposición administrativa hasta el 15 de julio de 2020.
16
CP-2022-0002
La
28
querellada
escuchó
la
alocución
que
había
hecho
el
abogado del caso anterior y, una vez el caso de ella fue
llamado, inició una extensa argumentación con el Juez. En
síntesis,
manifestó
que
todas
las
solicitudes
de
desestimación por violación a juicio rápido iban a ser
denegadas,
debido
a
que
por
directrices
de
“la
Administración de Tribunales, yo sé, que ya está decidida a
declararla
no
ha
lugar”.17
El
Juez
le
clarificó
a
la
querellada que no es la Oficina de Administración de los
Tribunales la que declara ha lugar
o no ha lugar las
mociones, sino cada uno de los jueces y las juezas en las
distintas Salas.
De igual manera, en reiteradas ocasiones le expresó al
Juez que no asistiría a cualquier señalamiento que fuera
antes del 15 de julio de 2020, porque pasaría lo mismo. (“No
voy a venir el 8 de julio, Juez. No puedo venir el 8 de
julio. Y yo creo que el tribunal seriamente debe sentarse a
pensar esto, es más, eso es una injusticia de marca mayor.
Yo jamás en mi vida pensé que yo lo iba a decir a este
tribunal, que iba a dejar a mis hijas en mi casa, para venir
a ver este espectáculo hoy”).18
Tras ofrecerle varias fechas a la querellada, el Juez
le indicó que el 22 de julio sería el último día de términos,
a lo que la licenciada Gracia Marín respondió que eso era
17
Íd., pág. 27.
18
Íd., pág. 29.
CP-2022-0002
29
una barbaridad. (“Que barbaridad, es una barbaridad”).19 El
intercambio continuó hasta que el Juez le advirtió en dos
(2)
ocasiones
que
sus
expresiones
podían
constituir
desacato, pero que se las dejaría pasar.
En la vista disciplinaria, la querellada manifestó que
era una época difícil y confusa por todo lo que estaba
pasando por la pandemia, que su estado anímico no le estaba
permitiendo enfocarse y que estaba atravesando por múltiples
situaciones. Además, expuso que era la única abogada de la
SAL que en ese momento estaba acudiendo al tribunal. Por
último, señaló que compareció a la vista del 22 de julio de
2020 y el Juez desestimó el caso, debido a que la prueba de
cargo tampoco compareció.
IV
Tras evaluar la conducta de la licenciada Gracia Marín
a la luz de los cuatro (4) cargos imputados, el informe
rendido
por
la
Comisionada
Especial
y
la
normativa
aplicable, podemos concluir que se demostró, mediante prueba
clara, robusta y convincente, que la querellada incurrió en
conducta contraria a los Cánones 9 y 38 del Código de Ética
Profesional, supra. Veamos.
A.
Según consignamos, el Canon 9 consagra un principio
básico
en
nuestro
ordenamiento:
“[l]a
práctica
de
la
abogacía exige hacia los tribunales constante respeto”. In
19
Íd., pág. 30.
CP-2022-0002
30
re Díaz Olivo I, 203 DPR 517, 519–520 (2019); In re Pagán,
supra. Además, requiere que “los abogados, cuando hayan de
dirigirse al tribunal —aún para criticarle— lo hagan con
respeto y deferencia”. In re Díaz Olivo I, supra, pág. 520;
In re Crespo Enríquez, supra, págs. 662–663. De esta manera,
reconoce
que
“[p]ara
reclamar
derechos
y
solventar
controversias no es menester lastimar la dignidad personal
ni institucional de los miembros de la judicatura, como de
ninguna otra persona”. In re Pagán, supra.
Después de todo, que un abogado o una abogada defienda
apasionada y diligentemente la causa de acción de su cliente
no es incompatible con la exigencia de que, cuando vaya a
dirigirse al tribunal, lo haga respetuosa y decorosamente.
In re Crespo Enríquez, supra, pág. 663. Hemos resuelto que
un abogado o una abogada le falta el respeto al tribunal
cuando realiza imputaciones infundadas que “tienda[n] a
degradar o a afectar la dignidad, honorabilidad e integridad
de
los
tribunales
o
de
sus
funcionarios
o
que
puedan
debilitar o destruir el respeto a o la confianza pública en
los mismos”. In re Andréu Ribas, 81 DPR 90, 119 (1959).
De la prueba estipulada en este caso se desprende que,
en varios de los incidentes, la querellada se dirigió a los
jueces
del
expresiones
Tribunal
que
de
Primera
excedieron
el
Instancia
respeto
y
la
utilizando
deferencia
requerida. Incluso, coincidimos con la apreciación de la
Comisionada Especial
estrategia
de
de que, en algunas instancias,
litigación
de
la
querellada
rayó
en
la
la
CP-2022-0002
conducta
31
desafiante
y
confrontativa.
Esta
conducta
se
manifestó mediante expresiones que cuestionaron la autoridad
del tribunal y sus órdenes, comentarios despectivos sobre
decisiones judiciales o cuestionamientos en tono airado
sobre
la
manera
procedimientos,
en
que
los
insinuaciones
jueces
condujeron
de
los
irregularidades
administrativas del Poder Judicial e, incluso, el uso de
lenguaje mordaz e impropio. Todo ello, sin duda, la hizo
desviarse
de
las
normas
de
conducta
profesional
que
contempla el Canon 9 de Ética Profesional, supra.
Coincidimos con la Comisionada Especial en que, la
ofensa al respeto exigido al tribunal, no se produjo porque
la licenciada Gracia Marín dejara de cumplir con un trámite
procesal o consignara para el récord su desacuerdo con una
determinación judicial ——pues ciertamente eso está dentro
de lo permitido—, sino por la forma y el lenguaje que utilizó
para expresar sus argumentos.20 Es evidente que, en algunas
instancias, la querellada no supo mantener el control de su
temperamento,
disgusto
e
inconformidad.
calificar
dictamen
de
“disparate”,
un
Por
ejemplo,
“espectáculo”
o
“bárbaro” constituyó un insulto al proceso judicial y una
Si bien este Tribunal ha reconocido la crítica
judicial sana y oportuna como “un medio necesario y efectivo
para mantener a los jueces alertas y atentos al estricto
cumplimiento de sus funciones” —In re Crespo Enríquez,
supra, pág. 663—, claramente ello no significa que los
profesionales del Derecho “tiene[n] licencia absoluta en el
uso del lenguaje para poner en entredicho o mancillar la
dignidad de los jueces”. In re Rochet Santoro, supra, pág.
131 (citando a In re López de Victoria I, supra, pág. 8;
Pueblo v. Quiles Negrón et al., supra, pág. 620).
20
CP-2022-0002
falta
de
32
respeto
a
la
seriedad
y
solemnidad
de
los
procedimientos y mancilló la imagen del adjudicador.
De igual manera, expresiones
que sugieren que “el
tribunal se satisface con cualquier cosa que le diga el
fiscal”,
representó
una
imputación
muy
seria
a
la
imparcialidad y a la independencia judicial del Juez o la
Jueza
que
preside
la
Sala.
Igual
ocurrió
con
la
manifestación en corte abierta que hizo la querellada al
Juez Flores Sellés al intimar insistentemente que debía
inhibirse motu proprio en los casos en que ella actuaba como
abogada porque todos los dictámenes habían sido en contra
del interés de sus representados. Ello, indudablemente,
representó
una
crítica
pública
a
la
imparcialidad
e
independencia del adjudicador, sin ser ese el mecanismo que
provee nuestro ordenamiento para tramitar una solicitud de
recusación.
Ahora bien, los hechos revelan que, al dirigirse al
tribunal en actitud retante, con lenguaje mordaz e impropio,
así como con expresiones en tono confrontativo y en aparente
menosprecio
a
la
función
e
imparcialidad
judicial,
la
licenciada Gracia Marín no solo infringió el Canon 9, supra,
sino que
tampoco exaltó
el honor y la dignidad
de la
profesión legal. Por ende, su conducta provocó una situación
de apariencia de conducta profesional impropia, contraria
al Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.
La apariencia de conducta impropia “lacera la imagen,
la confianza y el respeto que nuestra sociedad deposita en
CP-2022-0002
33
la profesión y en las instituciones de la justicia”. In re
Otero, Pacheco, supra; In re Guemárez Santiago, supra. Las
expresiones que hizo la querellada en sala pueden dar lugar
a entender -a quien observa- que las partes pueden entrar
en polémicas con los jueces y las juezas o hacer imputaciones
infundadas basadas en la incomodidad que puedan sentir o en
la
inconformidad
con
el
dictamen.
Más
aún,
crear
la
peligrosa y falsa impresión de que están ante un tribunal
parcializado. Por ejemplo, ello ocurrió sin duda alguna
cuando
criticó
Judicial
sobre
públicamente
las
la
de
extensión
directrices
términos
y
del
las
Poder
medidas
administrativas incluidas en una Resolución por motivo de
la pandemia de COVID-19, e insinuó que los magistrados
tenían instrucciones específicas respecto al manejo y la
adjudicación en sala de las solicitudes de desestimación.
No olvidemos que, en todos los incidentes, las salas
se encontraban debidamente constituidas y contaban con la
presencia
de
otros
representantes
legales,
testigos,
imputados y público en general, lo que agravó el impacto
negativo
del
proceder
de
la
licenciada
Gracia
Marín.
Reiteramos que “[l]as discrepancias del abogado[a] con un
dictamen judicial no es licencia para el lenguaje impropio
e hiriente”. In re Pagán, supra. Por el contrario, los
profesionales del Derecho deben esforzarse en controlar su
carácter y temperamento y, con ello, asegurarse que su
reacción a los incidentes procesales y las controversias
jurídicas se ventilen bajo un ámbito solemne, de decoro y
CP-2022-0002
34
respeto, y no movidos por reacciones pasionales, emocionales
o impulsivas que laceren la imagen y dignidad del proceso
judicial.
A fin de cuentas, sin moderación en el lenguaje y el
temperamento, los abogados, abogadas, fiscales, juezas y
jueces no podemos funcionar. In re Rivera García, 147 DPR
746, 749 (1999). En todo caso, siempre debemos evitar la
grosería, la gritería, el empleo de imputaciones infundadas
y, sobre todo, las alegaciones contrarias a la verdad o
desprovistas de una razonable presunción de exactitud. In
re Cardona Álvarez, supra.
Así las cosas, determinamos que la conducta y las
manifestaciones de la licenciada Gracia Marín no fueron
expresiones válidas ni veraces y, además, transgredieron la
dignidad del tribunal. Cuando un profesional del Derecho
realiza
alegaciones
o
expresiones
difamatorias
e
irrespetuosas dirigidas al tribunal, mancilla la dignidad
de todos los funcionarios a cargo de la loable tarea de
impartir justicia. Véase In re Crespo Enríquez, supra, pág.
657. El hecho de que sus intervenciones estuviesen motivadas
por
la
vehemente
defensa
de
sus
clientes,
no
es
justificación para incurrir en expresiones que menoscaben
la imagen de la judicatura.
Reiteramos que si en algo se equivoca el juez o la
jueza que preside los procedimientos, el remedio que tiene
la persona que ejerce la abogacía no es injuriarlo o utilizar
un
lenguaje
soez
o
desafiante,
sino
solicitar
que
CP-2022-0002
35
reconsidere o recurrir a un tribunal de superior jerarquía
para, de esta forma, no infringir los principios básicos de
deferencia y consideración hacia los tribunales.
B.
Por otro lado, en atención a los Cargos I y III,
coincidimos con la Comisionada Especial en que en este caso
no surgió prueba clara, robusta y convincente que nos lleve
a concluir que la licenciada Gracia Marín falló en proveerle
una representación legal adecuada a sus clientes y, con
ello, infringiera el Canon 1 de Ética Profesional, supra.
Similarmente, tampoco surge de la prueba estipulada que la
querellada no actuara con celo, cuidado y responsabilidad
en la tramitación de los casos de sus clientes y que, por
ello, incumpliera con el Canon 18 de Ética Profesional,
supra.
Nada
de
la
conducta
evaluada
en
los
distintos
incidentes tan siquiera sugiere que la querellada desatendió
su
responsabilidad
de
prepararse
en
la
defensa
de
sus
clientes o dejara de defender diligentemente sus intereses.
De hecho, las expresiones de la licenciada, aunque no fueron
las más adecuadas, evidencian que su objetivo era obtener
resultados favorables para sus clientes, lo que refleja que
litigó con firmeza en su defensa. Es decir, no hay prueba
de
que
el
proceder
hacia
sus
clientes
haya
sido
con
indiferencia, desidia, despreocupación o inacción.
Si bien, como hemos indicado, en ciertas instancias la
licenciada
Gracia
Marín
utilizó
un
lenguaje
y
un
tono
CP-2022-0002
36
desacertado e inadecuado hacia el tribunal, esto por sí solo
no constituyó una falta de diligencia, de competencia hacia
sus clientes ni desconocimiento de la materia, todos estos
escenarios protegidos por los Cánones 1 y 18.
Similarmente,
y
como
pudimos
observar,
en
varios
episodios, a pesar de haber verbalizado que no permanecería
en
la
sala
o
que
no
comparecería
a
señalamientos
posteriores, el récord demostró que la querellada continuó
participando activamente de los procedimientos y que los
intereses de sus clientes no se quedaron desprotegidos.
En ese sentido, y como vimos, aunque la conducta de la
licenciada Gracia Marín vulneró los Cánones 9 y 38 del Código
de Ética
Profesional,
suficiente
para
supra,
concluir
no contamos con evidencia
que
los
hechos
constituyeran,
además, una violación en sí misma a los Cánones 1 y 18, como
sostiene el Procurador General.
Así
las
cosas,
nos
resta
determinar
la
sanción
disciplinaria que en derecho procede.
C.
Al disciplinar a los abogados y las abogadas que han
infringido el Código de Ética Profesional, este Tribunal ha
considerado
varios
factores
para
determinar
la
sanción
correspondiente. Específicamente, hemos considerado como
criterios o factores relevantes: (1) la reputación de la
persona que ejerce la abogacía en la comunidad; (2) su
historial disciplinario; (3) si la conducta es una aislada;
(4) si medió ánimo de lucro; (5) si presentó una defensa
CP-2022-0002
37
frívola de su conducta; (6) si ocasionó perjuicio a alguna
parte; (7) si resarció al cliente o la clienta; (8) si
demostró
aceptación
o
arrepentimiento
sincero
por
la
conducta imputada; y (9) otros atenuantes o agravantes que
surjan de los hechos. In re Pérez Rojas, supra; In re Carbone
Rosario, supra; In re Roldán González, 195 DPR 414, 425
(2016).
De
los
hechos
determinados
se
desprende
que
la
licenciada Gracia Marín fue admitida a ejercer la profesión
de la abogacía desde hace veintinueve (29) años. De estos,
veintiocho
(28)
años
los
ha
dedicado
a
representar
a
personas indigentes en asuntos de naturaleza penal en salas
contenciosas,
la
mayoría
de
las
cuales
se
encontraban
confinadas al momento de ser representadas. Desde que la
querellada inició labores en la SAL en el año 1997, el
salario devengado por su trabajo como abogada litigante ha
constituido
su
única
fuente
de
ingreso.
La
querellada
mantiene la notaría activa, pero solo la ha ejercido y la
puede ejercer exclusivamente para asuntos de los clientes
de la SAL. En toda su trayectoria profesional, no había sido
disciplinada y no se conocen quejas anteriores de clientes
ni referidos por causa de su desempeño como abogada. Tampoco
había enfrentado situaciones similares a la que es objeto
de la presente querella.
Debemos tener presente que, al momento en que se refirió
su
conducta
veintitrés
a
nuestra
(23)
atención,
años
la
prestando
querellada
sus
llevaba
servicios
CP-2022-0002
38
ininterrumpidamente en la SAL. Además, el último de los
incidentes reseñados en la Queja, ocurrido en una vista
preliminar en alzada el 22 de junio de 2020, coincidió con
un periodo pandémico que se vivía bajo tensión y durante el
cual se estaban brindando directrices administrativas a
nivel institucional sobre la marcha. Para la fecha de ese
último incidente, los tribunales reanudaron la operación
bajo medidas especiales por la situación mundial que se
vivía.
Por otro lado, surge del expediente que, desde que se
refirió la conducta de la querellada a nuestra atención, no
se han instado referidos o quejas ulteriores en su contra.
De igual forma, se desprende de autos que la licenciada
Gracia Marín se comprometió a que este tipo de incidentes
no volverá a ocurrir. De hecho, aseveró que modificó su
conducta y que se alejó de la impulsividad que le provoca
la práctica criminal. Por ello, expresó que decidió dejar
los
litigios
en
sala
como
una
medida
auto
correctiva,
evitando con ello tener que postular ante los tribunales, y
que desde enero de 2025 se dedica a la práctica apelativa
en la SAL, centrada en la preparación de escritos en procesos
de revisión judicial.
Similarmente,
ante
la
Comisionada
Especial,
la
licenciada Gracia Marín afirmó bajo juramento que: (1) desde
los incidentes ocurridos, ha experimentado una etapa de
aprendizaje, evolución y reflexión; (2) ha modificado su
forma
de
expresarse;
(3)
no
ha
tenido
inconvenientes
CP-2022-0002
similares
a
39
los
de
la
Querella;
(4)
ha
continuado
el
ejercicio de la representación de personas indigentes; (5)
para
el
momento
de
algunos
Querella,
realizó
extensos
incidentes
sacrificios
objetos
de
personales
la
para
ofrecer una representación competente de sus clientes; y (6)
también enfrentó las dificultades de la carga de trabajo de
la SAL, así como las secuelas de los daños a la planta física
de esa institución.
De esta forma, destacamos además que, desde su primera
comparecencia en este proceso disciplinario y en todas las
ulteriores -incluso cuando brindó su testimonio en la vista
evidenciaria ante la Comisionada Especial-, la licenciada
Gracia
Marín
mostró
su
arrepentimiento
y
solicitó
ser
excusada por la manera en la que manifestó su frustración.
Reconoció
explícitamente
que
el
lenguaje
utilizado
fue
desacertado e inapropiado y que no manejó correctamente sus
emociones.
Su arrepentimiento nos parece genuino y sus
disculpas nos parecen sinceras.
Así las cosas, resolvemos que todos estos elementos
constituyen atenuantes a considerarse al momento de imponer
a la querellada la sanción disciplinaria por la conducta
desplegada y las violaciones éticas incurridas. Asimismo,
enfatizamos que el comportamiento de la licenciada Gracia
Marín no conllevó que se causara un perjuicio directo a los
clientes ni a sus casos, pues en cada uno de los procesos
antes reseñados veló por los intereses de los imputados o
acusados, así como por sus derechos constitucionales.
CP-2022-0002
Pesa
40
además en nuestro ánimo que las declaraciones
juradas de los cinco (5) testigos, presentadas como prueba
de su reputación, reflejan que la licenciada Gracia Marín
goza de una reconocida y positiva reputación profesional
dentro
de
la
comunidad
jurídica.
Cuatro
declaraciones provienen de abogados
(4)
y abogadas
de
estas
que han
litigado o laborado junto a ella en el foro judicial,
mientras que la quinta corresponde a un juez retirado ante
quien la querellada ejerció su función litigante. Sin duda,
este tipo de prueba, estipulada por las partes, proviene de
fuentes con conocimiento directo de su desempeño profesional
durante sus veintiocho (28) años como abogada de la SAL y
posee un alto valor atenuante, ya que, al no ser refutada,
es
indicativa
de
que
la
conducta
observada
en
los
incidentes, no obedeció a un patrón habitual a lo largo de
su extensa carrera como litigante, sino que respondió a
circunstancias excepcionales.
V
Por los fundamentos que anteceden, resolvemos que se
presentó prueba clara, robusta y convincente que acreditó
que la licenciada Gracia Marín se apartó del modelo de
corrección y respeto que debe guiar la actuación de todos
los profesionales del Derecho. Con este proceder, menoscabó
el honor y la dignidad
de la profesión y debilitó la
confianza
administración
de
9
Código
pública
infringiendo
los
en
la
Cánones
Profesional, supra.
y
38
del
la
justicia
de
Ética
CP-2022-0002
Al
41
considerar
las
circunstancias
atenuantes
previamente reseñadas, en particular que se trata de la
primera queja y querella en contra de la letrada en su
experimentada carrera como representante legal de personas
indigentes, procede únicamente que censuremos enérgicamente
sus expresiones y la apercibamos sobre futuras infracciones.
Se
le
advierte
profesional
debe
que
en
todo
mantener
momento
un
en
estilo
su
de
desempeño
litigación
respetuoso, profesional y ecuánime que propenda al justo y
buen funcionamiento de nuestro sistema de justicia.
Se
ordena, a su vez, el archivo de la Querella.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la
Lcda. Celimar Gracia Marín al correo electrónico registrado
en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Se dictará Sentencia en conformidad.
EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
In re:
Celimar Gracia Marín
CP-2022-0002
(TS-11,638)
SENTENCIA
En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2026.
Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam
que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de la
presente Sentencia se resuelve que se presentó prueba clara,
robusta y convincente que acreditó que la licenciada Gracia
Marín se apartó del modelo de corrección y respeto que debe
guiar la actuación de todos los profesionales del Derecho.
Con este proceder, menoscabó el honor y la dignidad de la
profesión
y
debilitó
la
confianza
pública
en
la
administración de la justicia infringiendo los Cánones 9 y
38 del Código de Ética Profesional, supra.
Al
considerar
las
circunstancias
atenuantes
previamente reseñadas, en particular que se trata de la
primera queja y querella en contra de la letrada en su
experimentada carrera como representante legal de personas
indigentes, procede únicamente se censuren enérgicamente sus
expresiones y se le aperciba sobre futuras infracciones. Se
le advierte que en todo momento en su desempeño profesional
debe
mantener
un
estilo
de
litigación
respetuoso,
profesional y ecuánime que propenda al justo y buen
funcionamiento de nuestro sistema de justicia. Se ordena, a
su vez, el archivo de la Querella.
Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia a la
Lcda. Celimar Gracia Marín al correo electrónico registrado
en el Registro Único de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario del
Tribunal Supremo. La Jueza Asociada señora Pabón Charneco
disiente y emite la expresión siguiente, a la cual se unen
los Jueces Asociados señores Feliberti Cintrón y Candelario
López:
CP-2022-0002
“Estoy consciente del esfuerzo que emplean muchos
abogados y abogadas —tanto en el ámbito civil como
criminal— para defender los intereses de personas
con escasos recursos. Sin embargo, una carrera
dedicada a la representación legal de personas
indigentes no brinda acceso a transgredir los
deberes
éticos
que
deben
observar
los
profesionales del derecho. El Canon 9 del Código
de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, le exige a
todos los letrados que se conduzcan con el mayor
respeto hacia los tribunales, independientemente
de lo lucrativa que sea la práctica legal que
desempeñen.
Ciertamente, los foros judiciales no están exentos
de observaciones o críticas por parte de los
abogados, máxime cuando son estos los que acuden
día a día a los tribunales a defender las causas
que representan y, por ende, conocen de primera
mano las áreas en las que se pudieran tomar
medidas correctivas para mejorar los servicios que
el Poder Judicial provee. Así lo he reconocido en
el pasado al destacar que las acciones que generan
desconfianza y reflejan irregularidades en los
procesos judiciales deben ser rechazadas. Véase,
In re Díaz Olivo I, 203 DPR 517, 525 (2019)
(Resolución). Empero, los señalamientos deben
canalizarse a través de los medios apropiados y
no con insultos hacia nuestros jueces y juezas.
En este caso, la Lcda. Celimar Gracia Marín
desafió en varias instancias a los magistrados que
atendían los casos penales en que esta intervenía.
So pretexto de la carga de trabajo que poseía, y
de la pandemia ocasionada por el COVID-19, la
letrada atacó de manera reiterada e injustificada
la dignidad y la honra del tribunal. Al así
hacerlo, permitió que su descontento y frustración
superaran el deber que tenía de ejercer la
práctica legal de manera cortés y respetuosa.
En vista de ello, y tomando en consideración
algunas medidas disciplinarias impuestas en el
pasado por conductas comparables a la presente,
entiendo que lo apropiado sería suspender a la
licenciada Gracia Marín de la práctica legal por
un término de tres (3) meses. Véase, In re Torres
Torres, 214 DPR 713 (2024); In re López de
Victoria I, 163 DPR 1 (2004); In re Vargas Soto,
127 DPR 576 (1990); In re Martínez, Jr., 108 DPR
158 (1978); In re Pagán Hernández, 105 DPR 796
(1977). No obstante, debido a que una Mayoría optó
2
CP-2022-0002
3
por limitar la sanción a una censura enérgica,
disiento.”
Javier O. Sepúlveda Rodríguez
Secretario del Tribunal Supremo