Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989
Artículo 2.1. Ordenes de Protección. (8 L.P.R.A. § 621)
8 L.P.R.A. § 621 · Artículo 2.1
OGP, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, rev. 12 de septiembre de 2026
Texto tomado de una compilación pública del Gobierno de Puerto Rico o del Poder Judicial. Confirme la vigencia en la fuente enlazada. No es asesoría legal.
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Cualquier persona, de dieciocho (18) años o más de edad, que haya sido víctima de violencia doméstica o de conducta constitutiva de delito, según tipificado en esta Ley o en el Código Penal de Puerto Rico o en cualquier otra ley especial, en el contexto de una relación de pareja, según definida por el inciso (r) del Artículo 1.3 de esta Ley, podrá radicar por sí, por conducto de su “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” [Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada]
representante legal o por un agente del orden público una petición en el Tribunal y solicitar una
orden de protección, sin que sea necesaria la radicación previa de una denuncia o acusación.
Cuando el tribunal así lo entienda o emita una orden de protección o de acecho, de inmediato
el tribunal ordenará a la parte promovida entregar a la Policía de Puerto Rico para su custodia,
cualquier arma de fuego perteneciente al promovido y sobre la cual se le haya expedido una
licencia de tener o poseer, o de portación, o de tiro al blanco, de caza o de cualquier tipo, según
fuera el caso. La orden de entrega de cualquier arma de fuego así como la suspensión de cualquier
tipo de licencia de armas de fuego se pondrá en rigor de forma compulsoria. Asimismo, al emitirse
dicha orden por un tribunal, dicho dictamen tendrá el efecto de suspender la licencia de poseer o
portar cualquier arma de fuego incluyendo de cualquier tipo, tales como pero sin limitarse a, tiro
al blanco, de caza o de cualquier tipo aun cuando forme parte del desempeño profesional del
imputado.
Dicha restricción se aplicará como mínimo por el mismo periodo de tiempo en que se extienda
la orden. Cualquier violación a los términos de la orden de protección, que resulte en una
convicción, conllevará la revocación permanente de cualquier tipo de licencia de armas que el
promovido poseyere, y se procederá a la confiscación de las armas que le pertenezcan. El objetivo
de este estatuto es eliminar la posibilidad de que el imputado pueda utilizar cualquier arma de
fuego para causarle daño corporal, amenaza o intimidación al peticionario o a los miembros de su
núcleo familiar.
Se establece como requisito en todas las vistas de expedición de orden de protección, al amparo
de esta Ley, que los magistrados que presidan la misma, tendrán la obligación de hacer constar por
escrito breves determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, en las determinaciones de
causa y en las determinaciones de no causa para expedir la orden de protección.
(a) Adjudicar la custodia provisional de los niños y niñas menores de edad de la parte
peticionaria.
(b) Suspender toda relación filial con respecto a los hijos menores de edad de la parte
peticionada, cuando la parte peticionaria se encuentre albergada. Para hacer dicha
determinación el tribunal tendrá que considerar los siguientes elementos:
(1) La capacidad del albergue de proveer seguridad para las personas involucradas
en el proceso de relaciones filiales,
(2) Que el albergue cuente con los recursos necesarios para la transportación de los
menores y las menores a las relaciones filiales.
(3) La distancia entre el albergue y el lugar donde se llevarán a cabo las relaciones
filiales.
(4) La peligrosidad que representa, si alguna, la parte peticionada para las personas
involucradas en el proceso de relaciones filiales: niños/niñas, personal del
albergue y la madre.
(5) La presencia de un recurso aprobado por la parte peticionaria como
intermediario en las relaciones filiales.
(6) Que la parte peticionada no haya incurrido en conducta constitutiva de violencia
doméstica en presencia de los menores según establecido en el Artículo 3.1 de
esta ley.
“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” [Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada]
(7) Que no haya una orden de protección a favor de los menores contra la parte
peticionada.
(8) La duración del patrón de violencia doméstica.
(9) El tiempo transcurrido desde el último contacto con los menores y quien solicita
las relaciones paternofiliales.
(10) La calidad de la relación de los menores con la parte peticionada.
(11) Si la parte peticionada ha incumplido con alguna orden de protección.
(12) Si la parte peticionada ha incurrido en conducta amenazante contra el personal
del albergue.
(13) Si la parte peticionada ha agredido verbal, física o emocionalmente a los
menores.
(14) Si la parte peticionada ha afectado la salud emocional de los menores.
De no concurrir cualquiera de los elementos descritos en este inciso el tribunal,
amparado en el mejor bienestar del menor, hará cualquier otra determinación basada en las
disposiciones de la "Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad
Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores".
(c) Ordenar a la parte peticionada desalojar la residencia que comparte con la parte
peticionaria, independientemente del derecho que se reclame sobre la misma.
(d) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, hostigar, perseguir, intimidar,
amenazar o de cualesquiera otra forma interferir con el ejercicio de la custodia provisional
sobre los menores que ha sido adjudicada a una de estas.
(e) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre
la parte peticionaria, cuando a discreción del tribunal dicha limitación resulte necesaria
para prevenir que la parte peticionada moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma
interfiera con la parte peticionaria o con los menores cuya custodia provisional le ha sido
adjudicada.
(f) Ordenar a la parte peticionada pagar una pensión para los menores cuando la custodia de
estos haya sido adjudicada a la parte peticionaria, o para los menores y la parte peticionaria
cuando exista una obligación legal de así hacerlo.
(g) Prohibir a la parte peticionada esconder o remover de la jurisdicción a los hijos e hijas
menores de las partes.
(h) Prohibir a la parte peticionada disponer en cualquier forma de los bienes privativos de la
parte peticionaria o los bienes de la sociedad legal de gananciales o la comunidad de bienes,
cuando los hubiere. Disponiéndose, que cuando se trate de actos de administración de
negocio, comercio o industria la parte contra la cual se expida la orden deberá someter un
informe financiero mensual al tribunal de sus gestiones administrativas.
(i) Ordenar cualesquiera medidas provisionales respecto a la posesión y uso de la residencia
de las partes y sobre aquellos bienes muebles enumerados y comprendidos en los incisos
(1), (2), (3), (4), (4)(a), (5) y (6) del Artículo 249 del Código de Enjuiciamiento Civil, según
enmendado, el cual establece las propiedades exentas de ejecución.
(j) Ordenar a la parte peticionada pagar una indemnización económica de su caudal privativo
por los daños que fueren causados par la conducta constitutiva de violencia doméstica.
Dicha indemnización podrá incluir, pero no estará limitada a compensación por gastos de
“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” [Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada]
mudanza, gastos por reparaciones a la propiedad, gastos legales, gastos médicos,
psiquiátricos, psicológicos, de consejería, orientación, alojamiento, albergue y otros gastos
similares, sin perjuicio de otras acciones civiles a las que tenga derecho la parte
peticionaria.
(k) Ordenar que continúen los pagos de los cánones de arrendamiento o hipoteca de la
residencia principal durante la vigencia de la Orden.
(l) Ordenar a la parte peticionada abstenerse de molestar, hostigar, perseguir, intimidar,
amenazar o de cualquiera otra forma interferir con la actividad laboral de la parte
peticionaria, incluyéndose aquellas acciones o expresiones dirigidas a lapidar la reputación
y estabilidad profesional de la parte peticionaria.
(m)Ordenar que se comparta toda información financiera de aquellas cuentas o finanzas en los
que la parte peticionaria o sus dependientes pueden tener interés, incluyendo el mantenerle
informada con precisión sobre comunicaciones, gestiones y reclamaciones relacionadas a
cuentas por cobrar, hipotecas, rentas, o sobre acciones administrativas o judiciales en
ejecución de cualquier tipo de deuda; notificaciones sobre asistencias gubernamentales, o
cualquier otra información relacionada.
(n) Ordenar a la parte peticionada a abstenerse de utilizar indebidamente los recursos
económicos de la peticionaria, incluyendo su dinero, bienes e información crediticia en
perjuicio de la peticionaria.
(o) Emitir cualquier orden necesaria para dar cumplimiento a los propósitos y política pública
de esta ley.
(p) Siempre que el tribunal expida una Orden de Protección, ordenará que se le entregue a la
víctima la guía para elaborar un plan de acción de protección a través de las intercesoras
de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres o del personal que dicha oficina tenga a bien
asignar para dichos propósitos en los casos civiles, y a través del ministerio público en los
casos penales. En aquellos casos en los cuales la víctima comparezca sin acompañante, el
tribunal notificará a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para el desarrollo del plan
de protección y así se lo notificará a la víctima.
[Enmiendas: Ley 159-1995; Ley 100-2004; Ley 525-2004; Ley 542-2004; Ley 14-2010; Ley 23-2013; Ley 18-2017; Ley 26-2018; Ley 74-2023; Ley 68-2024; Ley 145-2024; Ley 5-2025; Ley 138-2025]