LexIA

Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989

Artículo 3.7. Disposiciones Especiales. (8 L.P.R.A. § 637)

8 L.P.R.A. § 637 · Artículo 3.7

OGP, Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, rev. 12 de septiembre de 2026

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(a) Fianza. — Cuando una persona sea acusada por violación a las disposiciones de esta ley o cuando al momento de la alegada violación estuviere sujeta a los términos de una orden de protección expedida de conformidad con esta ley o cualquier otra ley similar, o hubiere sido convicta previamente de o hubiere hecho alegación de culpabilidad por violación a las disposiciones de esta ley o de violación a cualquier otra disposición legal similar, antes de “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” [Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada]

señalar la fianza; además de lo dispuesto por las Reglas de Procedimiento Criminal, (34

L.P.R.A. Ap. II), el tribunal deberá considerar al imponer la fianza si la persona tiene historial

de haber violado órdenes de un tribunal o de una agencia gubernamental.

(b) Condiciones para libertad bajo fianza.— El tribunal impondrá al acusado condiciones a la

fianza y deberá tomar en consideración si la persona cuenta con un historial de violencia

doméstica o un historial de comisión de actos violentos y si la persona representa una amenaza

potencial para la víctima del delito o para cualquier persona. Además de las condiciones

establecidas en las Reglas de Procedimiento Criminal, el tribunal impondrá las condiciones

siguientes:

(1) Evitar todo contacto directo o indirecto con la víctima de los alegados actos

constitutivos de los delitos tipificados en esta ley, con los familiares de ésta,

exceptuando a los hijos que el acusado y la víctima hayan procreado, salvo que el

tribunal entienda que para los mejores intereses de los menores sea necesario el impedir

el contacto paterno- o materno-filial. Al tomar la determinación de reglamentar o

prohibir al acusado el contacto con sus hijos el tribunal tomará en consideración los

factores siguientes:

(A) Si el acusado representa un peligro para el bienestar de los menores

(B) Si el historial del acusado demuestra una conducta peligrosa que pueda ir en

detrimento del bienestar de los menores.

(C) Si en el historial del acusado hay evidencia de maltrato físico y emocional de

los menores.

(D) La opinión manifestada por los menores cuando ellos así lo hayan solicitado

directamente o a través de un adulto o profesional de ayuda; Disponiéndose,

que el juez podrá escuchar a los menores en privado para proteger su integridad

física y/o emocional.

(2) Evitar todo contacto con las personas que le brinden albergue a la víctima.

(3) Abandonar la residencia que comparte con la víctima del alegado delito.

(4) Abstenerse de intimidar o presionar personalmente, o a través de comunicación

telefónica, o de otro tipo o mediante la intervención de terceros, a la víctima o a los

testigos para que no testifiquen o para que retiren los cargos criminales radicados en su

contra.

(5) Cumplir con las órdenes sobre custodia, pensión alimenticia, relaciones paterno

filiales, bienes gananciales, y cualesquiera otras relacionadas, expedidas al amparo de

esta ley u otro estatuto similar.

(6) Mantenerse en un programa que le ayude a manejar situaciones de violencia doméstica.

(c) Permisos a confinados para salir de las instituciones y libertad bajo palabra. — Además de

lo establecido en la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974, según enmendada [Nota: Derogada y

sustituida por el Plan 2-2011, según enmendado, “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación

de 2011”], y en cualquier otra ley o reglamento al efecto, el Administrador de Corrección o la

Junta de Libertad bajo Palabra al hacer determinaciones sobre la concesión de permisos para

salir de las instituciones penales o centros de tratamiento públicos o privados, o al conceder

libertad bajo palabra a confinados convictos por violación a las disposiciones de esta ley,

deberá tomar en consideración las circunstancias siguientes:

“Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” [Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada]

(1) Si la persona cuenta con un historial de violencia doméstica, o un historial de comisión

de otros actos violentos.

(2) Si la persona tiene historial de haber violado órdenes de un tribunal o de una agencia

gubernamental.

(3) Si la persona representa una amenaza potencial para cualquier otra persona.

(4) La opinión de la perjudicada, o de las personas que testificaron en el caso y cualquier

otra circunstancia que estime pertinente.

(d) Clemencia ejecutiva o indulto. — Al considerar la petición de clemencia ejecutiva o indulto de

una persona convicta de cualquier delito constitutivo de violencia doméstica, la Junta de

Libertad bajo Palabra deberá notificar a la parte perjudicada y a las personas que testificaron

para proveerles la oportunidad de ser escuchadas.

(e) Antes de que cualquier persona pueda ser puesta en libertad bajo las disposiciones de esta

sección, el tribunal, la Junta de Libertad Bajo Palabra, la Administración de Corrección y/o el

Ejecutivo deberán notificarlo a la víctima o parte perjudicada con suficiente antelación para

que ésta pueda tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

(f) Comunicación a la víctima. — El Departamento de Corrección y Rehabilitación tendrá la

obligación de notificarle a la víctima, mediante comunicación escrita o electrónica, sobre la

proximidad del proceso de excarcelación del o la agresor(a) que se encuentre privado(a) de su

libertad por violentar las disposiciones de esta Ley, y el tratamiento recibido para cumplir con

el mandato constitucional a la rehabilitación dispuesto en nuestra Carta Magna.

La referida notificación deberá ser en o antes de los ciento veinte (120) días anteriores

a la consumación de la sentencia. El personal de esta agencia realizará las acciones afirmativas

que sean necesarias para garantizar que la víctima haya recibido la comunicación en referencia,

actuación que se hará constar como parte del expediente de salida preparado por la agencia.

La información que razonablemente pueda identificar a la víctima, incluyendo sin que

represente una limitación, su dirección residencial y postal, número de teléfono o lugar de

trabajo, se mantendrá protegida bajo los más estrictos estándares de confidencialidad, por lo

que la misma no podrá ser provista a un tercero sin la autorización de un Tribunal.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación tendrá la responsabilidad de aprobar

la reglamentación correspondiente, o atemperar la normativa vigente, para garantizar que

exista un procedimiento administrativo uniforme que cumpla con las salvaguardas dispuestas

en este inciso.

[Enmiendas: Ley 185-2012; Ley 166-2014]