Ley 22-2000
Artículo 7.07. Evaluación previa a imposición de sentencia y otros procedimientos. (9 L.P.R.A § 5207)
Ley 22-2000, Art. 7.07
OGP, Biblioteca Virtual · actualizada al 5 de noviembre de 2026
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Leer el texto completo, artículo por artículo · Infracciones de la Ley 22-2000, según enmendada — Tabla de multas y puntos (Rev. abril 2017)
Artículo 7.07. Evaluación previa a imposición de sentencia y otros procedimientos. (9 L.P.R.A § 5207)
Capítulo: Capítulo VII — CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR BAJO EFECTOS DE BEBIDAS EMBRIAGANTES, DROGAS O SUSTANCIAS CONTROLADAS
Fuente: OGP, Biblioteca Virtual · actualizada al 5 de noviembre de 2026. URL: https://bvirtualogp.pr.gov/ogp/Bvirtual/leyesreferencia/PDF/Vehículos y Tránsito/22-2000/22-2000.pdf
En todos los casos en que una persona resulte convicta por infracción a las disposiciones de
los Artículos 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, y 7.06 de esta Ley, sea por alegación de culpabilidad o luego
de evaluada la prueba durante un juicio, el Tribunal deberá dictar sentencia e imponer la sanción
aplicable bajo esta Ley.
Antes de dictar sentencia, se llevarán a cabo los siguientes procedimientos:
(a) El Tribunal ordenará a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción
que se efectúe una investigación minuciosa y le rinda un informe dentro de los treinta (30) días
siguientes a la orden. Dicho informe incluirá los antecedentes penales e historial de la persona
convicta en relación con el uso de bebidas embriagantes o de drogas narcóticas, marihuana o
sustancias estimulantes o deprimentes que le permita determinar si dicha persona se
beneficiaría del programa de rehabilitación establecido y aprobado por la Administración de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción en coordinación con el Departamento de
Transportación y Obras Públicas. En el informe se hará constar si el convicto es reincidente.
Para los efectos de este Artículo, “rehabilitación” significará cualquier tipo de tratamiento,
orientación, consejería o asesoramiento que determine el organismo a cargo de la
rehabilitación.
(b) El Tribunal citará para el acto de imposición de sentencia y dictará la misma de acuerdo a las
penalidades dispuestas en los Artículos 7.04, 7.05 y 7.06 de esta Ley, según sea el caso, dentro
de un período no mayor de diez (10) días contados desde la fecha en que se deba rendir dicho
informe.
(c) En todos los casos, si luego de examinar el informe requerido por este Artículo, el tribunal
determina que la persona es un bebedor o adicto que necesite del programa de rehabilitación
establecido por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, dictará
sentencia.
(d) Si durante el proceso de rehabilitación, la Administración de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicción determinare que la persona necesita ser hospitalizada, y si la persona no
accediera voluntariamente a ser hospitalizada, la Administración de Servicios de Salud Mental
y Contra la Adicción solicitará al tribunal que ordene la hospitalización. La hospitalización se
realizará en alguna institución pública o privada que provea hospitalización y tratamiento
adecuado, previamente aprobado por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra
la Adicción. Si la persona considera que no necesita de la hospitalización y puede presentar
testimonio médico a tales efectos, le solicitará al Tribunal que le dispense de dicha
hospitalización y le permita continuar bajo el programa de tratamiento ambulatorio. En ningún
caso podrá una persona ser hospitalizada para tratamiento, bajo las disposiciones de este
Artículo, por un período mayor de tres (3) meses en forma consecutiva. A solicitud de la
persona hospitalizada, o en consideración al progreso obtenido por la persona bajo tratamiento,
el tribunal podrá en cualquier momento, a su discreción, revisar, modificar o dejar sin efecto
la orden de hospitalización y disponer que la persona continúe bajo tratamiento ambulatorio
en el organismo dispuesto por la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicción.
(e) Se considerará “bebedor o adicto” toda persona que admita voluntariamente su condición de
alcohólico o adicto a drogas o sustancias controladas, o que haya sido objeto de un diagnóstico
médico como tal. En los demás casos, para la determinación de si el convicto es “bebedor o
adicto”, el Tribunal podrá tomar en consideración las siguientes circunstancias:
(1) Historial de contactos previos con agencias de servicios sociales o médicos debido a
problemas con la bebida, drogas o sustancias controladas.
(2) Informes sobre dificultades de índice legal, familiar, social, financiera o de trabajo a
causa de uso de bebidas alcohólicas, drogas o sustancias controladas.
(3) Una o más convicciones previas por ofensas relacionadas con el uso de bebidas
alcohólicas, drogas o sustancias controladas.
(f) En todos los casos en que, conforme a este Artículo, al dictar la sentencia el tribunal podrá
suspender la licencia de conducir, hasta tanto dicha persona participe y apruebe el curso de
mejoramiento para conductores establecido por el Departamento de Transportación y Obras
Públicas o hasta tanto el organismo a cargo de la rehabilitación certifique que la persona está
capacitada para conducir, según fuere el caso. El curso de mejoramiento para conductores se
iniciará dentro de un período no mayor de treinta (30) días después de la orden del tribunal,
decretando la suspensión de la licencia, y el mismo no se extenderá por un período mayor de
treinta (30) días después de haberse iniciado.
(g) No obstante lo establecido en este Artículo, cuando las circunstancias de la persona,
debidamente acreditadas al Tribunal, ameriten el que se le conceda una licencia temporera para
conducir vehículos de motor, el Tribunal podrá así ordenarlo imponiéndole aquellas
restricciones que a juicio del tribunal fueren necesarias para proteger la sociedad y garantizar
la seguridad pública. Dichas restricciones podrán imponer limitaciones sobre el tipo de
vehículo que dicha persona pueda conducir, lugares por donde podrá conducirlo, horas y días
de la semana durante las cuales se autorice a conducir dicho vehículo por las vías públicas, así
como cualquier otra limitación que se estimare necesaria por razones de seguridad, todo lo cual
se hará constar en la licencia que se le expida.
(h) Si la persona rehusara participar en el programa de rehabilitación y asesoramiento, o en el
curso de mejoramiento para conductores, o si no compareciera, o si violare las normas y reglas
establecidas para dicho programa, o si descontinuara su participación, el Administrador de
Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción o el Secretario notificará al tribunal que
procederá a dejar sin efecto la orden de suspensión de la sentencia y ordenará la ejecución de
la misma.
(i) Cuando el organismo a cargo de la rehabilitación certifique que la persona está capacitada para
conducir vehículos de motor, cuando la persona apruebe el curso de mejoramiento para
conductores establecido por el Departamento, o cuando por acción u omisión del Departamento
el curso de mejoramiento de conductores no se inicie o no se complete dentro del término
provisto en este Artículo, el Secretario restituirá inmediatamente a dicha persona su licencia
de conducir, sin las restricciones anteriormente impuestas, si algunas.
(j) Se ordena al Director de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción,
en consulta con el Secretario, a promulgar los reglamentos que sean necesarios para poner en
vigor la imposición y cobro de derechos a los conductores que participen en el curso de
mejoramiento o en el programa de rehabilitación. El reglamento dispondrá las normas para
eximir de esta obligación a aquellos conductores que no puedan pagar los derechos.